Europa aguarda a Macron

Los primeros pasos de Emmanuel Macron han hecho de él la nueva esperanza blanca de la Unión Europea, necesitada de iniciativa, unidad de acción y capacidad para competir con los grandes actores internacionales. Entre la espada del auge eurofóbico y la pared del brexit, la activación del eje franco-alemán, motor histórico de la construcción europea, vuelve a aparecer en todos los análisis como el núcleo realmente duro que puede rescatar a la UE de la atonía depresiva que con tanta frecuencia se adueña de la discusión. Pero esa presumible activación es poco más que un objetivo genérico lleno de incógnitas por despejar, especialmente en cuanto al alcance real que pueda tener: ¿reducirá sus efectos a los dos lados del Rin?, ¿será capaz de movilizar a los 27 en un programa común?, ¿alcanzará solo a unos pocos países y consagrará la Europa de dos velocidades?

Sobre la mesa están el papel futuro del Banco Central Europeo, el desarrollo de una estructura europea de defensa, las políticas de convergencia, el efecto del brexit sobre el presupuesto y una lista interminable de problemas propios de la complejidad del proyecto y también de las tensiones entre estados. Y por encima de todo está el debate sobre el papel de Alemania, su iniciativa política, especialmente reforzada a partir de la crisis económica y de la ineficacia de Nicolas Sarkozy y de François Hollande para equilibrar el renombrado eje, cada día más germánico y menos francés.

Poco se sabe del programa de Macron, de su concreción y de la respuesta social que pueden desencadenar actuaciones como la reforma del mercado de trabajo, tan contestado en la calle en la recta final del mandato de Hollande y uno de los resortes que movilizó a los insumisos de Jean-Luc Mélenchon. Menos se sabe aún del papel que puede desempeñar Francia como contrapeso de las políticas de estabilidad recetadas por Alemania, de su capacidad de corregir los excesos de la austeridad dictados por diferentes gobiernos de Angela Merkel desde 2010, con un coste social de sobra conocido. Como afirma Héctor Sánchez Margalef, investigador del Cidob, “la irrupción de Emmanuel Macron ha resucitado el euroentusiasmo, aunque no sabemos si por verdadero amor o como rechazo a las ideas de Marine Le Pen”.

Es preciso remitirse al resultado de las elecciones legislativas (18 de junio) y a las características de la mayoría absoluta obtenida por La República en Marcha, el partido de Macron, para sacar alguna conclusión acerca de si el euroentusiasmo es fruto de una cosa o de la otra o, quizá, de ambas al mismo tiempo. La mayoría aplastante lograda por el presidente en la Asamblea Nacional no debe distorsionar la realidad: se sustenta en el 16% del censo electoral, en una abstención que superó largamente el 50% y en el hundimiento del sistema tradicional de partidos de la Quinta República, especialmente en el campo de la izquierda (el adiós de la patria socialista, ha escrito Jean Daniel), aunque no solo en él, porque el tutti frutti ideológico macroniano ha dividido al conservadurismo francés clásico (la herencia del gaullismo).

“Mayoría absoluta, victoria relativa”, tituló Le Monde, progresista, para resumir el resultado de las legislativas. “Jamás un poder presidencial tan fuerte había descansado sobre una base tan exigua”, subrayó Le Figaro, conservador. “La nueva mayoría solo representa una pequeña parte de Francia”, dijo un analista en televisión la noche del escrutinio. Se trata de tres aproximaciones complementarias a un mismo fenómeno: la representatividad social de los diputados de Macron es débil y el triunfo de la abstención el 18 de junio presagia una posible reacción de la calle en cuanto el presidente pase de la palabra y las promesas a los hechos.

De tal manera de que quizá la consagración de Emmanuel Macron como líder europeo depende de la respuesta social que eventualmente desencadene la aplicación en Francia de grandes reformas estructurales. Significa que la activación del eje franco-alemán no podrá ser eficaz o útil si el presidente debe afrontar la impugnación de su programa en la vía pública o si las elecciones legislativas en Alemania (24 de septiembre) recortan la iniciativa de Angela Merkel, algo que hoy nadie prevé. La idea de que Macron puede ser un líder europeo, aunque no lo sea en su país, es poco realista y se contradice con la inmensa mayoría de precedentes en la historia del eje, esa estructura de facto que condiciona las políticas europeas desde la firma del Tratado de Roma.

Escribe Héctor Sánchez Margalef: “Desear que la UE funcione de otra manera no te convierte automáticamente en un fervoroso seguidor de Marine Le Pen. De la misma manera que el euroentusiasmo de Emmanuel Macron no garantiza por sí solo el regreso de la confianza en el proyecto europeo”. Porque la hiperactividad europeísta del presidente de Francia no se ha traducido por el momento en ninguna medida concreta; se ha limitado a ser una mezcla de declaraciones que aconseja practicar el viejo principio de esperar y ver a falta de elementos de juicio concretos.

Jean d’Ormesson, miembro de la Academia Francesa, hizo pública una carta de apoyo a Macron entre la primera y la segunda vuelta de la elección presidencial, no sin recordar al entonces candidato que disentía de él en muchos apartados y que su apoyo no era –no es– un cheque en blanco. Lo que el veterano conservador subrayaba era la necesidad de contener al Frente Nacional, pero, alcanzado este objetivo, prevalece la idea de que el voto de aluvión que ha llevado a Macron al Eliseo y la mayoría parlamentaria en que se apoya no es garantía de nada, sino un formidable desafío para un país a menudo ensimismado, asustado o desorientado, donde el escepticismo suma adeptos cada día. Y el dosier europeo no es inmune a la atmósfera de desconfianza en el futuro que aconseja esperar y ver.

 

Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

La UE, en busca de su futuro

Vuelve la Unión Europea a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos con el desasosiego propio de un proyecto en crisis, consecuencia directa de una sociedad en crisis. Se preguntan los gestores de la UE si hay que seguir como hasta ahora para alcanzar un destino enigmático o indescifrable, si conviene volver al pasado del mercado único y poco más o es más atinado admitir que hay europeísmos y europeísmos y, en este caso, aceptar que quizá la respuesta se halle en una Europa a dos velocidades, aunque se ponga en riesgo la unidad de acción. Así cabe resumir las cinco opciones de futuro contenidas en el Libro blanco aprobado por la Comisión Europea y que deposita en manos de los estados para que sean sus gobernantes quienes indiquen el camino a seguir.

El procedimiento es razonable, pero los precedentes son desalentadores. En una atmósfera de pesimismo y provisionalidad a causa de las elecciones a la vista –Francia (abril-mayo) y Alemania (septiembre)–, cabe esperar un análisis confuso de los gobiernos, seguido de las consabidas discrepancias entre los grandes estados de la mitad occidental de la UE, el escepticismo del norte y el muy difuso europeísmo de los socios del este, metidos de hoz y coz en la recuperación del relato nacionalista que interrumpieron la segunda guerra mundial y las servidumbres de la guerra fría (dependencia de la Unión Soviética, economía planificada, partido único, etcétera).

Lo deseable sería que la cumbre convocada en París por François Hollande para reunir a Francia, Alemania, Italia y España en un debate que dé respuesta a la pregunta qué hacer fuese asimismo el punto de partido para sanear el ambiente, pero la debilidad de los convocados –un presidente con los días contados (Hollande), una cancillera al parecer declinante (Angela Merkel), un primer ministro de perfil bajo (Paolo Gentiloni) y Mariano Rajoy (presidente de un Gobierno minoritario)– presagia poco más que un catálogo de buenas intenciones, que no evitará los recelos de los no convocados, tan contrarios siempre a la concreción de un núcleo duro. Y a pesar de esa desconfianza y después del Brexit, la historia induce a pensar que sin un equipo directivo capaz de sobreponerse a las rivalidades nacionalistas, la UE tiende a desnaturalizarse, a aceptar como irremediable la cicatería de los europeístas a su pesar –Polonia, Hungría, la República Checa y otros–, las arengas populistas y el aplazamiento sine díe de la idea de unión entre diferentes.

La pregunta “¿quién gobernará en un mundo roto?”, formulada hace unas semanas por el profesor Dirk Helbing, puede trasladarse a Europa con pequeños retoques: ¿quién gobernará una Europa que tiende a romperse? Hay demasiadas amenazas en el horizonte para soslayar una respuesta imperiosamente necesaria, para corregir la distancia cada vez mayor entre las pulsiones de la opinión pública y las decisiones de los gobiernos (recuérdese la manifestación de Barcelona, tan reciente), para devolver a la política europea el prestigio que en su día tuvo mediante su capacidad para reinventarse.

La opinión muy extendida de que el poder está cambiando de manos a toda prisa a causa de la transformación de la economía, la degradación del Estado del bienestar después del hundimiento del universo comunista y el éxito momentáneo del modelo chino de expansión debiera llevar a la UE a algo más que a redactar un Libro blanco y sumergirse en la lógica estéril de las cumbres encadenadas que nada resuelven. Porque la claudicación de los grandes bloques ideológicos –democristianos, socialdemócratas y liberales– frente a los requisitos de las finanzas globales ha dañado la idea primigenia de los padres fundadores: el compromiso social para corregir las desigualdades. Ni siquiera se habla del capitalismo compasivo (días de Ronald Reagan) o de la refundación del capitalismo (excesos verbales de Nicolas Sarkozy), sino más bien del sometimiento de los programas políticos a las imposiciones de un modelo económico sin fronteras que escapa al control de las instituciones, cuando no condiciona su funcionamiento.

El vaticinio de Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, de que los países occidentales deberán plantearse en un futuro inmediato la restitución del orden liberal frente al orden de facto surgido al margen de él, implica directamente a la UE frente al enfoque imprevisible que Donald Trump puede dar al asunto, secundado por el Gobierno de Theresa May, embarcada en reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos al tiempo que negocia la deserción de la UE. Eso incluye subrayar el compromiso social de la organización y el de cada uno de sus estados, incluso en apartados tan incómodos para la contabilidad general como lo es el griego. Porque quizá es posible el futuro de la UE sin Grecia en términos superestructurales, o con Grecia convertida en un enfermo crónico, pero es improbable que en tal caso se restaure el prestigio institucional de la UE, ahora muy dañado por una resolución de la crisis que ha dejado demasiadas víctimas por el camino.

“Contra lo que solemos pensar, la historia se repite siempre, solo que se repite de formas tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Ahora ni siquiera es difícil: ahora, sobre todo después de que los británicos hayan cometido el disparate de aislarse de Europa, como si fueran españoles del siglo XVII, y después de que los norteamericanos le hayan entregado el poder a un demagogo siniestro, casi se ha convertido en un cliché comparar nuestra época con la de los años treinta, hasta el punto de que algunos historiadores se han sentido obligados a recordar las diferencias entre ambas”, dijo el escritor Javier Cercas el 7 de diciembre al recibir el Premio al Libro Europeo por El impostor. Cercas ha dicho con frecuencia que “una Europa unida es la única utopía razonable”, y, claro, hay diferencias entre la pestilencia los años treinta y los populismos vociferantes de nuestros días, porque los colchones sociales, aunque averiados, siguen ahí. Pero si la UE se pliega a exigencias que aumenten el censo de vulnerables –ya son legión y no paran de crecer–, entonces todo es posible, incluso que se haga realidad el juego de palabras de George Bernard Shaw, citado por Cercas: “Lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia”. Para el caso, la vuelta a una Europa dislocada y sin peso, incapaz de desagraviar a los sacrificados en el altar de la austeridad y de una visión meramente contable de la UE.

May, pareja de Trump

Las características generales del Brexit expuestas el martes por Theresa May, primera ministra del Reino Unido, y la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump tres días después han alentado el pesimismo en los foros internacionales, en el mundo académico y entre los analistas del futuro inmediato. Al mismo tiempo, una opinión pública entre incrédula, sorprendida y escéptica se tienta la ropa mientras proliferan los diagnósticos catastrofistas y las profecías apocalípticas. ¿Exageración, alarmismo, ganas de hablar por no callar? “Confieso tener muchos problemas para mantenerme optimista”, declara Stephen Martin Walt, profesor de la Universidad de Harvard, al semanario progresista francés L’Obs (Le Nouvel Observateur para los clásicos). Peor aún, en los objetivos de Trump y May avizora que “se reúnen todos los ingredientes de un desastre”.

Se diría que un nacionalismo destemplado y agresivo pretende suplantar la globalización, tan llena de imperfecciones como de posibilidades. El “Brexit is Brexit” descrito por May es “Brexit is hard Brexit” –sin posibilidades de adaptar la salida al modelo de asociación de Noruega y Suiza con la UE–; el proteccionismo prometido por Trump pone el sistema de intercambios económicos tutelado por la Organización Mundial de Comercio bajo la amenaza de una guerra comercial de imprevisible virulencia. Los promotores de cambios tan radicales como los que se avecina han puesto en marcha mecanismos que, salvo rectificación, conducen directamente a un clima permanente de confrontación y desconfianza, con la UE, China y las economías emergentes obligadas a seguir una senda que es la contraria a la se entendía consolidada con la apertura de los mercados.

Frente a la unión aduanera y el mercado único, May plantea un juego de manos imposible: mantener un diálogo o relación fluidos con la UE sin disponer de ninguna de las herramientas que lo hacen posible. Frente a la herencia de Barack Obama –recuperación de la economía a través, entre otros instrumentos, de la fluidez en los intercambios comerciales– Trump predica un proteccionismo resumido en una simplificación tan llamativa como superficial: para que los BMW sigan siendo habituales en la Quinta Avenida de Nueva York deben verse Chevrolet por la Unter der Linden de Berlín. En ambos casos, la banalización de las propuestas no desfigura ni la hondura ni los riesgos asociados a ellas, entre otros el de un choque de trenes –Estados Unidos y China– y otro choque no menos ruidoso entre el Reino Unido y las grandes economías europeas. Ahí están las palabras de Xi Jinping en Davos, de Angela Merkel y de François Hollande para deducir sin esfuerzo que nada bueno se oculta a la vuelta de la esquina.

El profesor Philippe Legrain, de la London School of Economics, asesor durante tres años de José Manuel Durao Barroso, anterior presidente de la Comisión Europea, comparte una idea bastante extendida fuera de las filas del Brexiteers: en ningún lugar está escrito que el apoyo de Trump a la salida del Reino Unido de la UE sea finalmente favorable a los planes de May. El planteamiento general de la primera ministra es cerrar acuerdos bilaterales de comercio, en especial con Estados Unidos, pero tal propósito se compagina mal con el de la nueva Casa Blanca de corregir el déficit comercial con sus principales competidores. Dicho de forma resumida: la industria británica exporta bastante más a Estados Unidos de lo que la industria estadounidense vende al Reino Unido. Brexit en Trumpland se titula el artículo en el que Legrain advierte de la contradicción entre lo que proyecta May y lo que promete el presidente.

El financiero George Soros, que apoyó a Hillary Clinton, ha hecho dos vaticinios en Davos: que Donald Trump “es un estafador y fracasará” y que los británicos “pronto se darán cuenta de que tomaron una decisión equivocada y que les lleva en una mala dirección”. Aun reconociendo a Soros su demostrada habilidad para prever el futuro, sus palabras se antojan sobre todo un reflejo de sus deseos. Ni Donald Trump se encontrará todos los días la vía pública tomada por sus detractores ni la victoria de Hillary Clinton en votos –cerca de tres millones más que su oponente– neutraliza la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. Y aún menos parece que Theresa May y su Brexit duro deban afrontar alguna respuesta seria de la calle a pesar de que el 52% de los partidarios de la salida de la UE lo son también de mantenerse en el mercado único, al que ella renuncia.

El poder es, además de un afrodisíaco, un eficaz mecanismo de persuasión. Si antes de jurar el cargo Trump logró que algunas compañías que pensaban invertir en México dieran marcha atrás, temerosas de tener que afrontar alguna forma de penalización, ¿qué no sucederá a partir de ahora? Cosa distinta es la negociación del Brexit –aquí la persuasión no cuenta– a partir de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión, un proceso sin precedentes, lleno de dificultades técnicas, inevitablemente afectado por el clima político, siempre cambiante, y que en teoría deberá cerrarse en menos de dos años a partir de marzo próximo. Philippe Legrain es categórico: “Es imposible negociar y ratificar un acuerdo comercial sector por sector” con tan poco tiempo. ¿Qué coste político puede tener para May llegar a 2019 con la negociación abierta?

El periódico alemán Die Welt, siempre moderado, ve en los propósitos de May el aislamiento del Reino Unido. La Repubblica, expresión del pensamiento socialdemócrata en Italia, entiende que el Gobierno británico quiere levantar un muro. Le Monde, europeísta sin fisuras, interpreta que la estrategia de Trump contra Europa ha envalentonado a la primera ministra, que porfía por construir un vínculo nuevo y diferente con Estados Unidos. ¿La complicidad de antaño entre Margaret Thatcher y Ronald Reagan inspira a los herederos del conservadurismo más conservador? ¿Vuelve la agresividad de las identidades nacionales para cuartear la aldea global?

Detrás de tantas incertidumbres concatenadas asoma el fantasma de la inestabilidad política y de los mercados, una agudización de la crisis que zarandea el proyecto europeo y una fractura aún más profunda en la sociedad estadounidense, cuya foto fija más reciente es la composición de la multitud que asistió al juramento de Trump, tan llena de ausencias destacadas. Hay en todo ello muchos motivos para el desasosiego, para que cunda la impresión de que se inicia la marcha más o menos larga y decidida hacia una tierra desconocida, que no figuraba en los planes de los think tank hace solo cinco años. Hay también en todo ello una confirmación del lóbrego vaticinio que hicieron intelectuales progresistas de diferentes tradiciones políticas a raíz de la crisis económica aún vigente: el éxito contable de la globalización es un enorme fracaso social a causa de la desregulación sin cautelas, la presión del mundo financiero, la revolución tecnológica y la devaluación del trabajo. Nadie diría que la enfermedad es pasajera y pronto remitirá la amenaza contra la esencia de las sociedades abiertas.

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

Erdogan saca partido

El estado de emergencia decretado el jueves por el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, no hace más que oficializar la atmósfera que se respira en el país desde el día 15, cuando fracasó un extraño golpe de Estado dado por uno de los ejércitos más entrenado y expeditivo de la OTAN. Pareciera que el cuartelazo se convirtió en horas 24, o acaso menos, en la ocasión propicia para que Erdogan pudiese llevar a la práctica su programa máximo, aquel destinado a neutralizar a todos sus adversarios –reales o presentidos– y a rediseñar el Estado de acuerdo con criterios autoritarios, de culto a la personalidad y de elusión de los derechos humanos. Nunca transmitió Erdogan la imagen o las convicciones de un demócrata sin reservas, pero a partir de aquella noche de sobresaltos, más que en ningún otro momento de su carrera, justifica toda clase de desconfianzas dentro y fuera de Turquía.

Nada de lo sucedido desde que los uniformados regresaron a los cuarteles y Erdogan aterrizó en el aeropuerto de Estambul para hacerse cargo de la situación tiene el empaque y las formas de los golpes clásicos, sino más bien de las chapuzas convenientes para que alguien o algunos –el presidente, el Partido de la Justicia y el Desarrollo, los añorantes del legado otomano– dispongan de un pretexto para llevar a cabo una rectificación acelerada de la historia. Se trata de una perversión política nada original y a menudo eficaz que, en el caso turco, pone en duda la viabilidad del islamismo político como alternativa de gobierno libre de toda sospecha. Más exactamente obliga a dudar de su validez democrática al comportarse como un motor de depuración política que persigue despojar al Estado de cuanto no se ajusta a los designios de sus gestores.

La sensación de que el concepto erdoganiano de democracia se resume en un cheque en blanco que se entrega a los vencedores de las elecciones después de lograr la mayoría absoluta y en que, hasta la siguiente elección, nadie puede impugnar su comportamiento, resulta tan inquietante como cercana a la realidad a la vista de los mecanismos de depuración política puestos en marcha en el Ejército, la judicatura, la carrera fiscal, el sector educativo, los medios de comunicación y diferentes ámbitos políticos, especialmente aquellos que engloban al nacionalismo kurdo (sin armas) y a los seguidores del clérigo Fetullah Gülen, exiliado en Estados Unidos.

Todas las referencias que el Gobierno turco hace de este personaje recuerdan las técnicas de construcción de un enemigo identificable para invocar el derecho a la defensa cuando no el recurso a la violencia, pero resulta tan enigmática la eventual relación de Gülen con el golpe como su capacidad para dirigir desde tan lejos una trama encaminada a apartar a los islamistas del poder. Nadie pone en duda el derecho que asiste al Gobierno turco de poner en marcha la maquinaria judicial para depurar responsabilidades a través de tribunales independientes; lo que los aliados de Turquía estiman inaceptable es que ese golpe indescifrable sea la excusa o el pretexto para estimular una represión sin límites ni garantías que incluirá, quizá, la reinstauración de la pena de muerte.

Si esta ha de ser la evolución del modelo turco, invocado hasta ahora por algunos teóricos del islamismo político como ejemplo a seguir, entonces el proceso resulta doblemente decepcionante. Cuantos pensaron, con razón o sin ella, que el islamismo moderado podía desempeñar en las sociedades musulmanas un papel equiparable al de la democracia cristiana europea, aunque no igual o similar, sienten hoy que Erdogan ha cercenado este camino. Porque la mezcla de conservadurismo sin exageraciones, inquietudes sociales y respeto por las reglas de la democracia representativa da la sensación de que queda bastante lejos de la vía turca y, en cambio, se asienta en ella un totalitarismo encubierto por la celebración regular de elecciones que, según vaya todo, pueden adquirir el papel de consultas plebiscitarias.

El periódico The New York Times recogió en su edición del 18 de julio un interesante estudio sobre los riesgos de golpe de Estado, realizado por Jay Ulfelder, un analista que durante un tiempo trabajó para la CIA. El trabajo de Ulfelder, tan discutible como metodológicamente riguroso, sitúa a Turquía en el puesto 56º entre 160 países en el apartado de posibilidades de sufrir un golpe de Estado, equivalentes a una estimación del 2,5% de que tal suceso se produzca. Esto es, resulta muy improbable que se registre un golpe y, lo que es más importante, no se dan en Turquía las condiciones clave para que se concrete un levantamiento contra el Gobierno. La información del Times se titula Turquía: un candidato improbable a un golpe de Estado improbable, y contiene la siguiente afirmación: “En retrospectiva, el golpe parecía tan condenado al fracaso que solo surgen más preguntas. Aún no está claro qué provocó el intento, quién lo lideró y por qué pensaron que tenían suficientes posibilidades de éxito como para arriesgar sus vidas”.

No hay respuestas verosímiles para despejar estas tres incógnitas esenciales. Ni siquiera vale la suposición de que midieron mal sus fuerzas algunos generales, herederos de la tradición constitucional turca, que otorga al Ejército la misión de tutelar el carácter laico del Estado, porque también forma parte de la tradición del generalato turco encabezar asonadas en las que todo está previsto, incluido el éxito de la operación. Y aún vale menos creer que una parte de las Fuerzas Armadas confío en que arrastraría al resto a la aventura en el seno de una sociedad dividida entre el legado europeizante de Mustafá Kemal Ataturk y el recuerdo del sultanato, de la sublime puerta como principio y fin de todo (política, religión, derecho, vida cotidiana).

El proceso de islamización a toda máquina de las convenciones políticas en Turquía, criticado por la Unión Europea y Estados Unidos casi siempre con la boca pequeña, quizá haya llevado a una situación imposible. Para los europeos, porque precisan a los gobernantes turcos para externalizar la gestión de la crisis de los refugiados; para Estados Unidos, porque el Ejército turco es una pieza clave en el dispositivo de seguridad de la OTAN en el sudeste de Europa y a las puertas de Siria. Los recordatorios de la cancillera alemana, Angela Merkel, y del secretario de Estado, John Kerry, sobre la necesidad de que Erdogan respete las reglas básicas del juego democrático son al mismo tiempo un síntoma inequívoco de que el clima de excepcionalidad arrastra a Turquía hacia un territorio desconocido, a medio camino entre la política de balcón y un nacionalismo incontinente, al que la propaganda islamista quiere adjudicar un carácter trascendente a través de su impregnación religiosa.

Surgen así, una vez más, las preguntas que de una u otra forma aparecen en todos los debates: ¿es posible garantizar la pervivencia del Estado de derecho en una democracia islamista?, ¿es posible poner a salvo la neutralidad de las instituciones cuando los islamistas llegan al poder?, ¿puede sobrevivir el Estado laico en una sociedad mayoritariamente musulmana, gobernada por un partido confesional? En definitiva, el modelo tunecino, una democracia sin calificativos, ¿tiende a ser una excepción en el orbe musulmán? Entendido el comportamiento de Erdogan como una respuesta a estas preguntas, el futuro induce a la intranquilidad, a vislumbrar una decantación del islamismo político hacia versiones reñidas con el pluralismo sin cortapisas y el libre examen, requisitos ineludibles de la democracia.

 

Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

El juego de Putin

La complejidad de la crisis siria ha subido un punto más en su particular escala de Richter a raíz de la intervención directa de la aviación rusa en los bombardeos contra enclaves de la oposición al régimen de Bashar el Asad más que contra las del Estado Islámico, según muy solventes indicios. Mientras Rusia defiende su derecho a apoyar un régimen elegido democráticamente, según el muy previsible articulista de Pravda Timothy Bancroft-Hinchey, cunde la alarma en Occidente por el riesgo de un incidente entre aviones rusos y estadounidenses sobrevolando un mismo espacio aéreo, y aún más por el apoyo explícito dispensado en el campo de batalla por Rusia al presidente sirio. Un apuntalamiento o protección de la autocracia de El Asad que lleva inexorablemente a aceptar como única hipótesis viable para detener la matanza la participación del presidente en cualquier negociación política.

Cuando al menos en una ocasión se ha podido confirmar que las bombas rusas cayeron sobre un grupo entrenado por la CIA, cuando se han puesto en marcha obras de ampliación de la base rusa de Tartus, en la costa siria, y cuando Vladimir Putin defiende la conveniencia de una actuación preventiva “para luchar y destruir militantes y terroristas sobre el terreno dispuestos a ocuparlo”, sin especificar de quiénes se trata, no es muy difícil imaginar que el presidente de Rusia ha cogido su fusil con el debido cuidado de no provocar un enfrentamiento directo con Estados Unidos y sus aliados, pero también sin especial disposición a atender los argumentos de François Hollande y Angela Merkel para que los ataques se circunscriban a las bases del Estado Islámico. Hay en todo ello cierta lógica heredada de la guerra fría, pero también la reparación o compensación de la marginación de Rusia por la OTAN a raíz de la intervención en Libia, cuando Putin era primer ministro y Dmitri Medvédev, presidente (a partir del 2012 se intercambiaron los papeles). Asoma en la crisis el propósito ruso de no quedar fuera de la solución política siria y, de forma más amplia, de la maraña de influencias en Oriente Próximo.

Un largo informe colgado en la web estadounidense Politico.com desarrolla la idea de que la estrategia rusa obedece al convencimiento de Putin de que fue un gran error la actitud de Rusia en el 2011 al abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU y dejar las manos libres a la OTAN en Libia. Pero obedece también, asegura el medio,  a una pugna por el poder en el interior del Kremlin entre sus dos hombres fuertes, el propio Putin y Medvédev, comprometido el primero en restablecer la influencia de Rusia mediante dosis intensivas de nacionalismo radical y empeñado el segundo en adecuar la política rusa a la capacidad de resistencia de su economía, baqueteada por las sanciones occidentales a raíz de la crisis ucraniana. Se dé o no esa disputa, lo cierto es que el compromiso ruso con El Asad prefigura objetivos políticos muy diferentes a los del 2011, después de que Medvédev negociara un nuevo acuerdo nuclear con Barack Obama, aprobado por la Duma y es de suponer que bendecido por Putin.

Para David F. Gordon, especialista en seguridad, Putin entiende que la situación en Siria es una gran oportunidad geopolítica para mitigar los efectos de la debilidad económica causada por la caída de los precios en el mercado de la energía y por las sanciones. Más que una pelea entre los hombres fuertes del establishment ruso, Gordon sostiene en Foreign Affairs que el comportamiento de Putin responde a su convencimiento de que puede sacar partido al fracaso estadounidense para detener al Estado Islámico, encontrar una solución política para Siria y, acto seguido, resolver la crisis de refugiados en Europa. “Putin es un oportunista que trata de aumentar la influencia rusa en Oriente Próximo y, al mismo tiempo, proyecta la imagen del Kremlin en el mundo, y especialmente en Europa, como parte esencial de la solución a los problemas”, escribe Gordon.

Resulta más difícil descifrar de qué hablaron Obama y Putin en Nueva York para que un día más tarde Estados Unidos mostrara su sorpresa por el inicio de los bombardeos rusos, como si el asunto no hubiese formado parte de la conversación. Los aires de sorpresa del secretario de Defensa, Ashton B. Carter, al recordar que algunos de los grupos de oposición bombardeados “están apoyados por Estados Unidos y es necesario que formen parte de una solución política en Siria”, parecen fruto del desconcierto, pues el apoyo ruso al régimen sirio ha pasado de la retórica y los suministros a la implicación directa. Es decir, a través de la política de hechos consumados la situación ha evolucionado hacia una mayor complejidad; no se trata solo de salvar el régimen de Bashar el Asad, sino de convertirlo en la pieza clave en el tablero de Oriente Próximo.

La sorpresa y el desconcierto se agrandan en la medida en que, al mismo tiempo que el Pentágono denuesta los bombardeos rusos, el Departamento de Estado se entrega a la diplomacia directa, y John Kerry se presta a discutir el problema con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov. ¿Síntomas de debilidad o necesidad acuciante? Charles Krauthammer, analista de The Washington Post, se inclina por el retroceso de Estados Unidos en el escenario de referencia, parte del convencimiento de que cuando Obama llegó a la Casa Blanca, “Estados Unidos había emergido como el actor regional dominante” en Oriente Próximo, para lamentar acto seguido: “El último domingo, Irak anunció el establecimiento de una alianza con Irán, Siria y Rusia, símbolo de la nueva alianza del creciente chií (…) bajo el paraguas de Rusia, la potencia regional hegemónica ascendente”. Un análisis que comparte la creencia de los gabinetes de estrategia que ven en la retirada estadounidense de Oriente Medio el primer mojón del camino que conduce directamente a la intensificación de la guerra fría no declarada en el golfo Pérsico entre el mundo suní, encabezado por Arabia Saudí, y el chií, pilotado por la teocracia de los ayatolás.

Nadie pensó al inicio de la guerra civil de Siria, hace cuatro años, que un dictador desprestigiado y sanguinario, a pesar del apoyo ruso e iraní, pudiese sobrevivir a la presión internacional y a las matanzas obscenas. Nadie apostó por un asentamiento del Estado Islámico como factor determinante en la crisis. Por el contrario, fueron mayoría los que creyeron que la vesania de El Asad cavaría su tumba. Todo ha sucedido al revés: el presidente sirio se ha convertido en la alternativa soportable y preferible al Estado Islámico (al menos para Occidente) y, en cambio, sus adversarios políticos, organizados bajo diferentes nombres, han sucumbido a la realpolitik y a la habilidad de Rusia para sacar partido a la indecisión de Estados Unidos y sus aliados. Si Putin no ha tomado la iniciativa, al menos ha igualado el compromiso de Occidente en el campo de batalla y ha hecho de Siria, quizá, la moneda de cambio para afrontar otras crisis o atenuar por lo menos los efectos de la interferencia rusa en Ucrania. Este parece el juego.