La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.

 

 

 

La campaña de las banderas

Cuando lo que más importa son las banderas, la política de las cosas se desdibuja. Así ha pasado con la campaña que acabó el viernes, con los candidatos envueltos en diferentes combinaciones en rojo y amarillo, con los programas para gestionar el desastre que nos acogota ocultos detrás de las emociones y todas las simplificaciones imaginables expresadas desde las tribuna, con la derecha recalcitrante dispuesta a hurgar en el vertedero para sembrar la duda ética. Los candidatos han querido vender el argumento, excesivamente sucinto, de que la única salida posible de la crisis en Catalunya se ha encarnado en la bandera que defienden; los gestores del basurero informativo han optado por desacreditar a los soberanistas, como si esta operación garantizara el éxito de quienes no lo son; los partidarios de la independencia han presentado a sus adversarios como demócratas bajo sospecha.

Así ha discurrido esa alocada carrera en la que han refulgido el rojo y el amarillo de la bandera española, la senyera y la estelada, donde se han barajado, con suerte y rigor dispares, soberanía, independencia, autodeterminación, derecho a decidir, federalismo, confederación y algunos otros vocablos por el estilo, más propios de un seminario de derecho político que de unas elecciones convocadas con un cuarto de la población activa en paro y el Estado del bienestar en estado catatónico. Nadie se ha molestado en aclarar, por ejemplo, a qué momento histórico y político responde el concepto de autodeterminación, incluido en el quinto de los catorce puntos enunciados por el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson los primeros días de 1918. Así se ha llegado a la hora de la verdad sin que nadie sepa demasiado bien qué consecuencias tendrá su voto, sea este soberanista, federalista, autonomista o algún otro ista no explicitado. Se sabe –es de temer, eso sí– que el día siguiente puede ser mareante, habida cuenta de que a una campaña atosigante, cabe esperar que le suceda fácilmente una interpretación evanescente, delicuescente, puede incluso que hermética.

Woodrow Wilson

El presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson (1913-1921) mencionó el principio de autodeterminación, aplicado a las colonias, en su famoso programa de 14 puntos, presentado ante el Congreso el 8 de enero de 1918.

Para Sandrine Morel, del diario progresista francés Le Monde, la confusión no ha lugar: “Sobre esta capa identitaria maltratada por Madrid, la crisis económica ha sembrado sus propios granos. Ha hecho su camino la idea, largamente alimentada por el Gobierno local, según la cual Catalunya se arreglará mejor sin España”. Edward Cody, comentarista del diario liberal The Washington Post, fue de parecida opinión el 13 de octubre cuando se acercó a los acontecimientos que se desarrollaban en Catalunya: La fiebre separatista crece en España en tiempo de crisis, tituló su artículo, pero le pareció detectar en la opinión pública española la sensación de que, en una sociedad del siglo XXI inmersa en la globalización, el deseo de independencia parecía anacrónico. En todo caso, tanto Morel como Cody abrigan pocas dudas en cuanto a la relación entre el flagelo de la crisis y la efervescencia independentista. ¿Para encubrir con las emociones las políticas puestas en marcha y las por venir, todas ellas condenadas a mutilar el Estado del bienestar? Ahí no entran.

En la crónica de los sentimientos en España y en Catalunya, publicada durante la última semana en las páginas y la web del liberal británico The Guardian, pesan tanto la crisis económica, que ha llevado a la Generalitat a tomar el camino soberanista, como los riesgos de fractura social derivados de la mutua incomprensión del bloque  independentista y del que no lo es, de las diferentes aproximaciones al caso que hacen las sociedades española y catalana. Los autores que han participado en el trabajo de The Guardian hilan muy fino, buscan una explicación global y no dejan escapar un detalle por demás significativo: la naturaleza binaria del debate independentista –a favor o en contra, sí o no– carece en Barcelona del dramatismo con que se produce en otros lugares, según cree percibir el periodista Stephen Burgen. “En nuestro tiempo, las ciudades más internacionales son casi repúblicas por sí solas”, declara Ryan Chandler, que lleva 20 años en la ciudad y es editor de la revista Barcelona INK, escrita en inglés.

Lo que ha hecho The Guardian con el caso catalán, imposible de desligar del escocés para un medio británico, es un esfuerzo de descripción para comprender qué está pasando y por qué. En realidad le importan más los porqués que otras consideraciones. Y la instrumentalización o el aprovechamiento de la crisis económica para capitalizar el sentimiento independentista aparece por doquier, en los reportajes de The Guardian y en los análisis de otros medios, como el que firma Brad Plumer en su blog de The Washington Post, donde recoge un informe elaborado por Crédit Suisse que incluye este párrafo: “Es extremadamente improbable que Catalunya elija la opción de declararse unilateralmente independiente”. ¿Por qué motivo? “El punto de partida básico es –escribe Plumer– que sería económicamente desastroso, y por este motivo es improbable que suceda. Para empezar, el resto de España sería mucho, mucho más pobre”. Esto es: el presunto miedo del Gobierno español a que se consume la secesión llevaría a este a extremar las presiones internas y externas, en especial en la Unión Europea, para cercenar el camino hacia la independencia. Menos alarmado, Louis Emanuel, en el liberal de Londres The Independent vislumbra una crisis constitucional en España si la derecha gobernante no admite que ha llegado la hora de abordar la reforma.

Crédit Suisse

La situación del PIB per cápita catalán y español en el seno de la UE después de una eventual independencia de Catalunya.

Lo cierto es que la crisis constitucional es poco menos que insalvable. Solo sería posible evitarla en el caso muy improbable de que todos los actores políticos cayeran del caballo como le sucedió a Saulo camino de Damasco. De momento, las diferencias de criterio entre la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cuanto a que la segunda da por “radicalmente falsa y mendaz” la información difundida por El Mundo y ha abierto diligencias por presuntas calumnias, pone de manifiesto la sonrojante politización de los tribunales. Es extremadamente complejo desligar el comportamiento, la opinión y el desempeño profesional de ambas fiscalías –Eduardo Torres-Dulce, en Madrid; Martín Rodríguez Sol, en Barcelona– de los ecosistemas circundantes que las observan, salvo que se tenga cierta predisposición natural a pecar de inocente.

Por la misma regla de tres, no hay forma de deslindar la seguridad de los soberanistas relativa a que Catalunya seguiría en la UE en caso de independizarse de la necesidad de minimizar los inconvenientes y resaltar las ventajas de la soberanía, destinado todo a evitar un enojoso debate técnico-político que determine si el futuro que aguarda en Ítaca es de leche y miel o una ruta llena de repechones interminables como los de los puertos hors catégorie del Tour de Francia. Hasta la fecha se han puesto sobre la mesa una variada muestra de reflexiones inconcretas, adulteradas por la imprecisión de los debates apresurados. Entre las afirmaciones hechas en la campaña se cuentan las siguientes:

-Es posible seguir en la UE después de un corto periodo transitorio de salida y vuelta a la organización a la velocidad de la luz.

-Es posible seguir en el seno del euro mientras se serenan las aguas y puede negociarse el reingreso sin mayores alteraciones.

-Es posible seguir en la UE visto que no hay precedente de expulsión de una parte de su territorio (tampoco lo hay de una secesión seguida de readmisión automática).

-Es posible seguir en la UE sin problemas porque Catalunya cumple todas las condiciones.

Dominique de Villepin

El exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin, partidario de aprovechar la capacidad de los estados intermedios de facilitar el diálogo.

En muy raras ocasiones se ha ido más allá de enunciados tan esquemáticos para considerar otras realidades que forman parte del acervo político-jurídico de la UE: la interpretación más común de los tratados constitutivos de la UE, la interpretación del Tratado de Àmsterdam, la interpretación del Tratado de Lisboa y el pronunciamiento por escrito del 2004 de la Comisión Europea, mencionado por José Manuel Durao Barroso. El presidente de la Comisión, resulta ocioso recordarlo, no es ninguna autoridad infranqueable, pero no habla a humo de pajas en este caso porque, por encima de todos los textos, exégesis y dictámenes figura el cumplimiento de la regla de unanimidad para que un nuevo Estado pase a formar parte del club. Quiere decirse que los eventuales adversarios de la permanencia automática o casi de Catalunya en la UE disponen de material técnico suficiente para escudarse detrás de él.

La argumentación de Brad Plumer en The Washington Post abona la tesis de que la independencia llevaría aparejada la salida de Catalunya de la UE, aunque no dice explícitamente que tal riesgo exista. Pero, en todo caso, acerca el objetivo de la cámara a las zonas de sombra que nadie ha iluminado durante la campaña. En este mar de banderas convertidas en símbolos del futuro tampoco ha habido tiempo y ganas de explicar y sopesar los riesgos inherentes a cada viaje, la naturaleza irreversible de algunas decisiones y el anquilosamiento del esquema autonómico, innovador en su día, pero hoy injusto e ineficaz.

Para Arnaud Leparmentier, el agotamiento de los modelos destinados a garantizar la unidad de los estados se debe a que “Europa es víctima de la paz”. “Esta paz que fue el cemento de la construcción comunitaria –afirma Leparmentier en Le Monde–, talmente parece que permite a los europeos lanzarse a la fragmentación de las entidades estatales en una carrera sin fin”. Es decir que el rumbo que ha tomado la campaña de las autonómicas obedece tanto a la agenda soberanista catalana, establecida por el president Artur Mas desde que empezaron los preparativos de la manifestación del 11 de septiembre hasta la jornada de reflexión, como a la inercia europea. “El país pequeño parece la vía de futuro, como lo atestigua el éxito en las clasificaciones internacionales de las democracias nórdicas. Es más fácil lograr el consenso para acometer las reformas e integrarse en la mundialización”, según le parece a Leparmentier. Y pone ejemplos: “Es el caso de Irlanda, que reduce el impuesto de sociedades; de Luxemburgo, que se transforma en una plaza financiera offshore; de Dinamarca, que goza de todas las ventajas del euro sin los inconvenientes”.

En la larga digresión de Leparmentier no falta el reproche: reputa “egoístas” a esos pequeños países ricos. “Los candidatos secesionistas no quieren financiar sin límite a sus no-compatriotas menos afortunados y a menudo menos trabajadores [sic]: Catalunya se juzga excesivamente explotada por Madrid; los ricos flamencos, por la Valonia desindustrializada; la Italia del norte, por el Mezzogiorno”. Y, después de los reproches, deja que asomen los peligros: “La atomización de Europa conduce a su desmantelamiento. Solo los grandes estados están en situación de responder a la amenaza militar o a la de los mercados”. “Es Europa y no el euro lo que puede estallar”, previene en el mismo artículo el diplomático danés Jörgen Öström Möller.

Ernest Renan

El pensador francés Ernest Renan (1823-1892) pronunció en La Sorbona el 11 de marzo de 1882 la famosa conferencia ‘¿Qué es una nación?’.

El exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin escribe en su blog: “El mundo tiene necesidad de países intermedios que facilitan el diálogo. Es el papel tradicional de Suecia o de Francia. También es hoy el papel de Turquía, de Catar o de Brasil. Estas son las sinapsis que permiten que el mundo evolucione, se convierta en más razonable, esté más conectado consigo mismo”. En la reflexión de Villepin, se trata del “poder de compartir el poder”, que no depende del tamaño de los estados ni de su situación geográfica, sino de otras variables –influencia cultural, capacidad financiera, horizonte de crecimiento, influencia política regional–; a veces depende de verdaderos intangibles. La visión de Villepin se diría que desdramatiza las repercusiones de la propuesta soberanista en términos políticos. Pero ¿es posible desdramatizar el debate de las emociones en la que se ha transformado la campaña de las autonómicas? ¿Hay alguna pócima capaz de serenar los espíritus cuando se barajan propuestas en las que no hay sitio más que para el éxtasis o la frustración?

“La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un plebiscito cotidiano”, dijo el pensador francés Ernest Renan en una famosa conferencia pronunciada en La Sorbona el 11 de marzo de 1882, titulada ¿Qué es una nación? ¿Es ese el material ideológico que llevó al president Mas a poner la máquina en marcha y al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer lo propio para neutralizar la operación? No parece que quepa otra posibilidad que responder sí, salga lo que salga de las urnas, porque, sea cual sea el resultado, se multiplicarán los analistas que le otorgarán un valor plebiscitario.

 

¿’Catalonia, capital Edinburgh’ o ‘Spain, capital London’?

Ahora resulta que el modelo a imitar es el anglo-escocés: formas versallescas, apretones de manos y un referendo para la independencia comprometido para antes de que acabe el 2014 y que organizará el Gobierno de Escocia. Catalonia, capital Edinburgh o algo así. La verdad es que las similitudes entre la peripecia escocesa y la catalana, más allá de las emociones, son inexistentes y las del Gobierno británico con el español, imposibles de concretar. La vinculación de Inglaterra con Escocia se remite a la Act of Union de 1707, que cerró un proceso iniciado un siglo antes, cuando el rey de Escocia se convirtió en soberano de Inglaterra. Es lo que el ministro José Manuel García-Margallo, de forma delicuescente, denomina “proceso tasado”, homenaje innecesario al legado literario de Eugeni d’Ors, a quien se atribuye la expresión “oscurezcámoslo un poco” después de haber escrito un texto que a su secretaria le pareció meridianamente claro.

Los ingredientes constitutivos del Reino de España se remiten a tantas posibles variables y memoriales de agravios, más la brega de la sociedad catalana por salvar del naufragio su identidad cultural, que no hay forma de aplicar aquí lo que vale para las islas, salvo, claro, la voluntad manifiesta de ambas partes –David Cameron y Alex Salmond– de renunciar a la política vociferante y las frases hirientes… Al menos, de momento, porque no es oro todo lo que reluce y en cuanto se pongan en marcha los engranajes del referendo habrá que ver dónde quedan la flema británica y la ironía, legada, entre muchos, por George Bernard Shaw, que además era irlandés: “Hemos tomado prestado el golf de Escocia, y pedimos prestado el whisky”. Aunque, cuando Shaw se ponía serio, se ponía muy serio: “Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él”.

Act of Union

Original de la Act of Union, firmada el 16 de enero de 1707, que consumó la unión de Inglaterra y Escocia.

Se dan, eso sí, coincidencias escenográficas entre Escocia y Catalunya. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Escocés (SNP, en sus siglas inglesas) sostiene que la independencia haría de Escocia la sexta economía del mundo. ¿A causa de qué o cómo se obraría el milagro? ¿Mediante un incremento de la explotación del petróleo del mar del Norte? ¿Mediante un cambio radical en la política fiscal? “Es un reclamo poderoso”, reconoce Michael White en el progresista londinense The Guardian, pero, acto seguido, ondula la superficie de las tranquilas aguas del estanque con este guijarro lanzado con toda la intención: “Habría que ver cómo se han hecho las sumas”. Todo muy parecido al diagnóstico referido a España de Kenneth Rogoff, execonomista jefe del FMI, recogido por la revista Capital en abril del año pasado: “Tiene multinacionales que son excelentes, tiene regiones como Catalunya que, aislada, sería uno de los países más ricos del mundo…”. Sin pérdida de tiempo, los periódicos soberanistas Ara (papel) y e-Notícies (en la red) recogieron la profecía de Rogoff, cuyo método de cálculo es tan desconocido en este caso como el del SNP para aquilatar la riqueza de Escocia.

Sin llegar al extremo de inquirir si la patria es un negocio o el negocio, todo eso suena a economía de mercado más que a patriotismo, lo mismo que la perdigonada disparada por La Gaceta, extrema derecha de toda la vida, mediante la remisión a un estudio elaborado por Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Completense: “El PIB catalán sufriría una caída de 50.580 millones de euros o del 23,4% si se independizara de España”. En realidad, no hay forma de saber si se trata de una excursión por la fría realidad contable de un futuro posible o, por el contrario, de una amenaza envuelta en consideraciones académicas. O de contribuir a la confusión, la ambigüedad y los razonamientos expuestos a medias por las partes implicadas en el asunto: los políticos que operan a escala española, los que lo hacen a escala catalana, los que opinan desde Bruselas. O, peor aún, no hay forma de saber si obedece todo a la desorientación generalizada, que cada bando gestiona a su gusto, a causa de la movilización independentista escocesa, vasca, flamenca, quizá quebequesa, y alguna más de la que por el momento no se tiene noticia.

En los análisis asoma ese batiburrillo de confusión interesada del que no se salva nadie, esa propensión a exigir la Luna un día, amenazar con las siete plagas de Egipto al otro, bajar el volumen al siguiente, poner mala cara una jornada más tarde, y así sucesivamente. En Escocia y en Inglaterra, también, aunque ahora sean el modelo a emular. Por ejemplo, el analista Peter Kellner, contrario a la secesión escocesa, sostiene en un artículo colgado en su web que Alex Salmond nunca pensó en obtener la mayoría que le obligaría a cumplir con la promesa de convocar un referendo para separarse de Inglaterra, y ahora se encuentra atrapado en su propia trampa para elefantes: “Al ganar la mayoría absoluta, ha disparado contra sí mismo. En vez de derramar lágrimas de cocodrilo por su incapacidad para convocar un referendo, ahora debe poner el tema a prueba. Como un hombre astuto e inteligente –de hecho, uno de los más astutos y más inteligente en la política británica–, debe saber que su misión es imposible, que dentro de dos años su país votará seguir en el Reino Unido, y que, lejos de alcanzarse, la independencia se aplazará durante al menos una generación”.

¿Explica la seguridad de los unionistas en ganar el referendo las prisas de David Cameron en llegar a un acuerdo y celebrar la consulta cuanto antes? ¿La actitud del premier sería la misma si las encuestas no vaticinaran la derrota de los secesionistas o se asemejaría más a la del Gobierno español, sin la trágica grandilocuencia de manual que gastan en la Moncloa y aledaños? ¿Podría ser todo más sutil, menos sumario y esquemático, si la crisis económica y las consecuencias que se derivan de ella no quemaran en las manos de los gobernantes en todos los peldaños de responsabilidad? ¿Se ahondaría más en las repercusiones que eventualmente puede tener la secesión en cuanto atañe a la permanencia en la Unión Europea? Las preguntas se agolpan y los ideólogos de cada bando prefieren disparar por elevación y soslayar estos interrogantes o darles una respuesta de argumentario de campaña, en Escocia y en Catalunya.

Surgen de vez en cuando, eso sí, voces tranquilas que aportan material para la reflexión. Así la de Margo MacDonald, en el Evening News, de Edimburgo: “Catalunya se halla ahora en la misma situación que Escocia: en la UE, pero representada por otro poder con diferentes prioridades”. Así también Michael White cuando cree adivinar en Francia una oposición frontal a la multiplicación de nuevos y pequeños estados en un ambiente en el que 27 socios ya son muchos, o cuando el mismo comentarista se atreve a aventurar que la idea de los pequeños estados ejemplares, bastante difundida en el pasado, ha pasado a mejor vida: “Ese modelo no se ve tan claro con la crisis de la eurozona, cuando los pequeños países periféricos como Irlanda están teniendo más problemas –y por consiguiente, menos independencia del control de la UE– para que se sientan cómodos”.

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw: “Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él”.

Más allá de los tamaños, merece la pena detenerse un instante en la documentadísima secuencia de datos contenidos en un artículo de Jean-Pierre Stroobants en Le Monde:

  1. Si una región o nación histórica decidiera independizarse, parece ser que estaría obligada a “formular una nueva demanda de adhesión, seguir el difícil recorrido impuesto a todos los candidatos”.
  2. “Una Catalunya independiente no podría integrarse en la Europa comunitaria más que con el aval de Madrid”.
  3. “El Tratado de Lisboa ha previsto un derecho, no a la escisión, sino a la denuncia de la adhesión”, una exigencia del Reino Unido para no transmitir a los euroescépticos la impresión de un matrimonio eterno, en expresión del profesor Pierre Argent, de la Universidad de Lovaina.
  4. “El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999, evocaba, por el contrario, la integridad del territorio de la Unión, una noción que podía dar a entender que la secesión de un Estado era imposible y que la Unión podía hacer cualquier cosa para que una región no la dejara”.
  5. Ninguno de estos preceptos comunitarios responde de manera nítida a la gran pregunta: “¿qué hacer exactamente si una región quiere dejar un país miembro y acto seguido ingresar de nuevo en la Unión Europea?”

Todo dicho y analizado de forma bastante más sosegada a cómo lo hace en nuestro entorno Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas: “Si en España se fuera hacia atrás como el cangrejo, el horizonte federal de la Unión se vería directamente perjudicado. Por eso, la UE debe ser clara: una secesión unilateral no cabe jurídicamente en su seno, pero además no la vería con buenos ojos. Catalunya, nuevo estado europeo es una contradicción evidente con los objetivos básicos de la UE”. Lo más discutible de la opinión de Carnero es que dé por bueno el objetivo federalizante de la UE, que lo es, y en cambio el así llamado núcleo duro del Estado no quiera afrontar la transformación del Estado en un sentido federal e insista en perpetuar el modelo autonómico simétrico que contiene la Constitución, como si se tratara de un texto revelado e intocable que, por lo demás, ha sido corregido varias veces (la última, en el verano del 2011 para incorporar la famosa regla de oro presupuestaria).

Manca finezza. Por desgracia, en todas partes. Bernat Dedéu, periodista, filósofo y musicólogo de registro independentista, asoma en BTV y suelta la siguiente andanada, dedicada a Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes: “Con la gente que me engaña no soy respetuoso. Y este señor nos está engañando. Quiere un referendo validado por el Gobierno español, y esto no sucederá nunca. Él lo sabe”. Vaya. Aparece José Ignacio Wert y anuncia y enuncia sus propósitos españolizadores. Surje de cualquier parte un energúmeno, tira de fotoshop y viste a Artur Mas con el negro uniforme de las SS. Se sube a la tarima Felip Puig y hace juegos de manos con los Mossos. Se sube a otra peana Esperanza Aguirre y otorga a la historia de España 3.000 años de antigüedad. Todo esto resulta tan lamentablemente pintoresco e inconsistente como aquella extraña película en la que aparecía Arturo Pendragón (el del ciclo artúrico, la reina Ginebra, el mago Merlín, la Dama del Lago, Fata Morgana, los caballeros de la mesa redonda y toda la parentela) convertido en general romano de descubierta por Escocia o cerca de ella. Y, a todo eso, no hay día en el que Mas dé el mismo significado a las palabras soberanismo e independencia.

Parlamento de Escocia

El Parlamento de Escocia, en Edimburgo.

En medio de esa ilimitada capacidad para diversificar el disparate, surgen espacios de sólida reflexión. El Centre d’Estudis Jordi Pujol cumple este cometido cuando reproduce el editorial publicado el día 15 por The Guardian. “España y Canadá se han sorprendido por la disposición del Gobierno del Reino Unido a facilitar ese movimiento [el referendo] –escribió el diario de Londres–. En un momento en que el sentimiento separatista catalán y quebequés es alto, Madrid y Ottawa no han actuado de forma tan relajada como Londres. El Gobierno del Reino Unido merece crédito por este enfoque. Es el camino democrático. Pero puede parecer imprudente y un exceso de confianza si Escocia vota sí. No hay que subestimar este momento”.

¿Es de desear un Spain, capital London o algo así? Por lo menos, es de desear que el rigor político prevalezca para que sean imposibles comentarios tan demoledoramente certeros como el que sigue de Sandrine Morel en las páginas de Le Monde: “¿Hay un independentista catalán infiltrado en el Gobierno español? ¿Cómo explicar si no es así las recientes declaraciones del ministro de Educación, José Igancio Wert, quien afirmó el 10 de octubre ante el Congreso de los Diputados que era preciso ‘españolizar a los alumnos catalanes’?” Si se acabara este griterío, se acabaría también con la polisemia a todas horas, la anfibología interesada, la tendencia de todos a envolverse en la bandera y remontarse a pasados gloriosos que siempre lo fueron menos de los que se dice. Y así sería más fácil indagar por qué, de momento, Inglaterra y Escocia se atienen al british way of life; estaríamos más cerca de preguntarnos cuál es el truco y de apartarnos de las respuestas fáciles e inverosímiles, que en este asunto más que en ningún otro carecen de validez.