Arabia Saudí calienta Oriente Próximo

Desde que un ministro saudí dijo el día 6 que el Ejecutivo libanés sería tratado como “un Gobierno que declara la guerra” la escalada verbal y los gestos hostiles han ido en aumento, empezando por la retención o secuestro de Saad Hariri un día después de anunciar desde Riad que renunciaba al puesto de primer ministro. La rivalidad estratégica por la hegemonía en la región entre Arabia Saudí e Irán alienta detrás de este nuevo foco de tensión en el que coinciden la presencia del movimiento chií Hizbulá en el Gobierno libanés, la preocupación de siempre de Israel por lo que sucede más allá de su frontera norte; la suerte de la guerra del Yemen, donde los saudís están muy lejos de poder cantar victoria; el aislamiento catarí promovido por la diplomacia saudí en el seno de la Liga Árabe, sometida a los intereses de la dinastía Saúd; y la decisión del rey Salman de nombrar sucesor a su hijo Mohamed, con su correlato de purgas en las estancias de palacio.

Todo esto concurre en la peligrosa iniciativa saudí de tensar la cuerda en Líbano, con el beneplácito de Estados Unidos y el consentimiento implícito de Israel. “Cuanto hace Arabia Saudí más allá de sus fronteras tiene que ver con Irán”, dice Tamara Wittes, de la Brookings Institution, y esta vez no es una excepción. Los caminos y los intereses de ambos países chocan en el golfo Pérsico, colisionan en Siria a causa del apoyo permanente de los ayatolás a Hizbulá, aliado de Bashar al Asad, se enfrentan en Yemen por la asistencia iraní a los hutís (chiís) y se entrecruzan desde tiempo inmemorial en la rivalidad histórica entre la mayoría suní del mundo musulmán y la minoría chií, cuya referencia primera es la República Islámica fundada por Jomeini. Nada es nuevo en esta última entrega del conflicto salvo la doble aquiescencia estadounidense, que apoya a un tiempo a sus dos grandes socios en el teatro de operaciones, Israel y Arabia Saudí, concretando una triple alianza perfectamente operativa.

Puede decirse que nada es contra natura en esta entente cordiale con israelís y saudís en el mismo bando. Para los primeros, el mayor riesgo en su frontera norte es Hizbulá –20.000 milicianos con un entrenamiento equiparable al de cualquier Ejército convencional, 25.000 reservistas y un arsenal generosamente provisionado por Irán–; para los segundos, Hizbulá es uno de los factores clave de la capacidad de resistencia de Bashar al Asad y un instrumento en manos de los iranís para ampliar su área de influencia. Para ambos, el régimen iraní es el gran adversario a neutralizar para asentar el control sobre el mundo árabe y para mantener la tutela permanente de Estados Unidos sobre el desarrollo de los acontecimientos en Irak (el 60% de la población es chií).

Si hasta la fecha la contención se ha impuesto en el Gobierno israelí a pesar de las presiones de la extrema derecha es a causa de los malísimos antecedentes de las dos anteriores guerras del Líbano, en las que la presión de la comunidad internacional en la primera (1982) y de la opinión pública en la segunda (2006) se entendieron como dos derrotas apenas encubiertas por la propaganda. Pero analistas como el diplomático Dan Shapiro, exembajador estadounidense en Israel, ven en la situación actual los riesgos de un conflicto militar inducido por terceros. “Puede suceder –estima Shapiro– que los saudís intenten crear las condiciones para una forma diferente de impugnar a Irán en el Líbano: una guerra de Israel contra Hizbulá”. Y en este hipotético caso, el temor es que una operación a gran escala contra los milicianos incendiara la región; conllevara costes inasumibles para el Gobierno israelí.

¿Cuáles serían estos costes? Los mismos que en el 2006: un elevado número de bajas, la humillación del empate en el campo de batalla frente a un ejército de milicianos y el rechazo de una opinión pública traumatizada por la llegada de los ataúdes a las bases militares. Los generales entienden que solo una operación relámpago de entre 48 y 60 horas garantizaría una intervención corta y victoriosa, aunque extremadamente cruenta entre la población civil y con un altísimo precio para la imagen internacional del país. “Si se desencadena una guerra (…) necesitamos actuar con todas nuestras fuerzas desde el principio”, declaró en junio el mayor general Amir Eshel, a la sazón comandante de la fuerza área. Con el probable añadido de considerar al Ejército regular libanés, de recursos modestos, “un enemigo al lado de Hizbulá”, según la fórmula usada por el apocalíptico Avigdor Lieberman, ministro de Defensa de Israel.

Sostiene Amos Arel, un analista del periódico progresista israelí Haaretz, que la volatilidad del momento entraña un riesgo añadido: que un incidente local provoque una escalada militar. Este es el peor escenario imaginable para Israel y quizá el más apetecible para Hizbulá y su dirección política, donde Hasán Nasrala ha impuesto la doctrina de los resultados por encima de la preocupación por el parte de bajas. Así sucedió en 2006, así sucede hoy en las operaciones llevadas a cabo en apoyo de Bashar al Asad y así probablemente sucederá en el futuro, completamente ajena la organización a cómo puede reaccionar la opinión pública mundial, tal como ha demostrado con su prolongada participación en la matanza siria. Hizbulá cuenta con la generosa ayuda iraní y con la complicidad rusa en el frente, y esto le basta para justificarse ante sus seguidores.

Cuanto más se prolongue la estancia de Saad Hariri en Riad más delicada se tornará la situación porque mayor peso específico tendrá el frente radical en el Gobierno libanés. El pasa dado por el rey Salman es un recurso insólito y un dato a tener en cuenta en el futuro inmediato al analizar la pretensión saudí de tratar como disidentes a cuantos discutan o perturben sus designios para Oriente Próximo. De hecho, el programa que aplica la corte de Riad no está exento de riesgos mayores que la teocracia saudí trata de encubrir con gestos modernizadores y una pretendida guerra abierta contra la corrupción, pero el delicado equilibrio en la región más caliente del planeta, en una atmósfera de crisis crónicas, puede saltar por los aires a poco que alguien cometa un error de cálculo. No es tan difícil que esto suceda en el complejo entramado donde porfían actores políticos, con armas o sin ellas, que se oponen a la lógica saudí, con Rusia en primer lugar.

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

La carnicería de nunca acabar

A pocos meses de cumplirse los diez años de la muerte de Yasir Arafat, la carnicería de nunca acabar ha rebrotado en la franja de Gaza sin causar mayor conmoción en la comunidad política internacional que las consabidas buenas palabras, tan previsibles como inútiles para contener la matanza. La sordidez de los argumentos esgrimidos por Israel para poner en movimiento su formidable máquina de guerra está a la altura de las justificaciones no menos sórdidas dadas por Hamás para lanzar cohetes contra territorio israelí. Esta sordidez compartida sucede a la obscenidad intrínseca al asesinato de tres adolescentes israelís y, en represalia, de uno palestino. Aquí acaban los equilibrios del viejo y sangrante conflicto: el resto es pura asimetría, como recordaba José Antonio Sorolla en su columna de este último lunes en EL PERIÓDICO: “No hay equilibrio entre ocupante y ocupado”.

Los juegos de manos de la diplomacia de salón que pretende intervenir en la crisis apenas sirven para ocultar un dato determinante que explica la vergonzosa escalada de los últimos días: el conflicto palestino-israelí –cada día más palestino-israelí y menos árabe-israelí– ha perdido mucha de la importancia estratégica que tuvo antaño. No hay potencia, alianza de estados u organización internacional que vea la posibilidad de obtener beneficios tangibles comprometiéndose con determinación en este viejo y enrevesado contencioso. Los analistas de riesgos de las cancillerías con peso específico comparten la idea de que, acabada la guerra fría, consolidadas las aspiraciones chinas de liderazgo y debilitado el mundo árabe por diferentes factores –las primaveras que no lograron florecer, el yihadismo, la guerra civil siria y la crisis iraquí–, el de Gaza no es más que un conflicto de baja intensidad, más local que regional.

Como ha explicado Alain Frachon en las páginas del periódico francés Le Monde, los problemas de Oriente Próximo pillan muy lejos a las potencias emergentes –las BRIC– reunidas en Brasilia esta semana, cuyo objetivo primordial es engrasar la máquina de hacer negocios. Quedan lejos los días en los que la resolución del agravio palestino figuraba entre los asuntos de cabecera de los países no alineados y, en general, del Sur. En cambio, gana adeptos la idea de que es posible tener ventajosos tratos económicos con Israel sin formular enojosas preguntas y, aún menos, comprometerse en misiones de mediación de suerte incierta. Nadie quiere hipotecar su futuro a causa de un problema que forma parte del relato cotidiano, moviliza de vez en cuando a una opinión pública horrorizada, pero carece de la repercusión estratégica y de seguridad que tuvo en el pasado.

Ese deseo manifiesto de no comprometerse alcanza a Estados Unidos, donde cada vez son más los convencidos de que nada se puede ganar con una mediación y sí se puede perder bastante si se fuerza la mano para mediatizar el enfoque israelí de la crisis. Frente a los fundamentos teóricos de la tradición idealista estadounidense se alza la realidad de un problema enquistado en el alma de Oriente Próximo que cada día afecta menos a las relaciones internacionales a gran escala. En un sistema basado en el multilateralismo, la economía global y la diversificación de los suministros de energía, la reclamación palestina cuenta cada día menos. Richard Haas, presidente del Council on Foreign Relations, lo ha resumido con el mayor de los realismos en la revista The American Interest: el nacimiento de un Estado palestino, aun siendo un acontecimiento positivo para los dos bandos enfrentados, no tendría ninguna repercusión en la suerte futura de Siria, Irak y Egipto. Haas, como tantos otros, sostiene que es en el Pacífico donde está en juego el futuro de Estados Unidos y donde sí debe comprometerse.

Ese deseo compartido por casi todo el mundo de distanciarse del conflicto explica el desparpajo con el que Israel ha instaurado de facto, sin coste político alguno, un régimen de apartheid en los territorios ocupados, convertidos en inmensos campos de concentración sometidos a la arbitrariedad de los responsables de la seguridad israelí. Es esa desgana en nombre del realismo la que ha permitido a Israel perder la batalla de la opinión pública sin mayores perjuicios prácticos, incluso cuando se registran sucesos del tenor de la muerte de cuatro niños en una playa de Gaza, alcanzados por fuego israelí abierto desde el mar. Las disculpas dadas por el presidente Simón Peres no valen nada ante la inmoralidad del ataque, pero es más que improbable que se alcen voces con capacidad para presionar al Gobierno de Binyamin Netanyahu a fin de que lleve ante el juez a los responsables de la fechoría.

Así las cosas, ¿quién puede parar la sangría? ¿Quién está en condiciones de convencer a Hamás de que no puede ganar esta guerra? ¿Quién se halla en situación de ofrecer a Israel una tregua realista, de larga duración y no manipulable? Cuando las miradas se dirigen a Egipto, asoma la desconfianza de Hamás, que acusa al presidente Abdel Fatá al Sisi de buscar el acuerdo con Israel sin escuchar a las facciones palestinas. Si la iniciativa es de la Unión Europa –improbable, habida cuenta de las discrepancias entre socios–, surge la desconfianza israelí por la presunta tendencia de los europeos a favorecer la causa palestina. En el caso hipotético de que Estados Unidos se hiciera cargo del problema, el presidente Barack Obama debería afrontar los recelos hacia su persona de una parte muy influyente de la comunidad judía estadounidense, por no hablar del disgusto que expresarían muchos candidatos de su propio partido que participarán en las elecciones de noviembre.

Hay tantas razones para concluir que nadie hará nada para lograr que la degollina en curso sea la última como motivos para pensar que el derecho a defenderse que asiste a todo Estado seguirá siendo la monserga con la que Israel seguirá justificando el ardor combativo de sus generales, fuera de toda medida o proporcionalidad. Cuanto sucede estos días va mucho más lejos de la vieja ley del talión –“ojo por ojo, diente por diente”, se dice en el Éxodo–, que por vieja nadie debiera invocar, y del moderno derecho a repeler una agresión, y más parece todo una forma de venganza a gran escala. La estrategia de Hamás y de los partidarios de la acción directa en nombre del islam no legitima la política de tierra quemada llevada a la práctica por un Gobierno donde son mayoría los adversarios del principio paz por territorios. Si, además, sigue vigente la sospecha de que los gobernantes israelís decidieron provocar una situación límite en cuanto Al Fatá y Hamás formaron un Gobierno de unidad, no hay forma de analizar cuanto sucede sin percibir que todo desprende un intenso, profundo e insoportable olor a podrido.

El artículo de Alain Frachon termina con un vaticinio descorazonador: las  bombas seguirán cayendo. Aunque ahora se logre una tregua, aunque el presidente Mahmud Abás halle un resquicio para mencionar una vez más el proceso de paz, a pesar de todo lo imaginable para evitar el reino de la muerte, más temprano que tarde, volverá a caldearse el ambiente, volverán los profetas del pasado que recordarán la frase del sionista británico Israel Zangwill –“una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra”–, volverá la autorización de nuevos asentamientos, volverá la xenofobia de Avigdor Leiberman, volverá la propaganda desabrida de Hamás y los generales dispondrán de nuevo de un pretexto para atacar. Porque lo cierto es que Israel considera vencido el compromiso de Oslo y no deja pasar ocasión para que el nacimiento de un Estado palestino sea cada día menos viable. Por eso las bombas seguirán cayendo sin que la comunidad internacional haga gran cosa para evitarlo.

 

 

El proceso de paz que nunca existió

“Es una cuestión psicológica y emocional que los palestinos sientan que están unidos”

(Ziad Abú Amr, viceprimer ministro de la Autoridad Palestina)

El acuerdo alcanzado el miércoles entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamás para constituir un Gobierno de tecnócratas encabezado por Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, ha permitido prender por unos instantes la llama de la unidad en Cisjordania y Gaza, mientras los gobiernos de Israel (mucho) y de Estados Unidos (no tanto) se rasgaban las vestiduras. Pero si acuden al archivo, los adversarios irreconciliables han de serenar los ánimos de inmediato: los palestinos, porque darán con la frustración que siguió a los acuerdos del 2011 en El Cairo y del 2013 en Doha, cuya aplicación práctica nunca se produjo; los israelíes, porque no perdieron ni un milímetro de territorio ocupado, sino que, sin mayores inconvenientes, aumentaron la construcción de asentamientos en Cisjordania hasta superar de muy largo la cifra de 300.000 colonos.

De forma que esta vez nada induce a ser más optimista que las ocasiones anteriores en el largo y confuso relato de la división palestina ni a achacar al acuerdo interpalestino el fracaso de las negociaciones de paz entabladas por la Autoridad Palestina e Israel, que debían traducirse en algo tangible el día 29. Habida cuenta de que los mismos enemigos íntimos que fueron incapaces de evitar la división palestina en el bienio 2006-2007 son los que ahora dicen haberse puesto de acuerdo, y de que sigue en manos del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, la posibilidad de autorizar nuevos asentamientos, pudiera ser que todo quedara en un castillo de fuegos artificiales sin más recorrido. Resulta tan aventurado confiar en que de aquí a un máximo de cinco semanas Abás habrá logrado formar un Gobierno de técnicos sin compromisos políticos, como vislumbrar tal contención en el campo islamista que sea imposible la presión de la Yihad Islámica (muy radical) sobre Hamás (radical, pero no tanto); resulta tan poco imaginable que Estados Unidos, pasado el disgusto, controle los biorritmos del Gobierno israelí, como que este se resista a autorizar nuevos asentamientos. Más parece todo condenado al estancamiento y la ruptura después de que Netanyahu decidiera suspender la sesión negociadora con los palestinos prevista para el jueves, mientras la aviación israelí bombardeaba el norte de la franja de Gaza y la Yihad lanzaba dos cohetes contra territorio israelí.

Las prisas que pueda tener el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por pasar a la historia como el forjador de un acuerdo global del mundo árabe con Israel después de dar una salida al agravio palestino no deben separarse del precedente de julio del 2000: entonces, el presidente Bill Clinton reunió a Yasir Arafat y Ehud Barak en Camp David sin otro resultado apreciable, dos meses después, que el estallido de la segunda Intifada después de la provocativa visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. A lo que debe sumarse que la tradición política en Estados Unidos adjudica una considerable debilidad a la figura del presidente durante la recta final de su segundo mandato, cuando se le cuelga la etiqueta de pato cojo (lame duck). Esta será la situación de Obama después de noviembre, cuando se celebrarán elecciones legislativas –renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado–, agravada a partir de la segunda mitad del 2015 por la cercanía de las primarias, durante las cuales, como de costumbre, el presidente saliente apenas podrá contar con los suyos, enfrascados en la pugna política para sucederle sin asumir compromisos ni excesivos ni concretos.

Aun así, como ha publicado el periódico beirutí L’Orient le Jour, de perfil progresista, “los dos mejores enemigos no podrán nunca prescindir de los buenos oficios del viejo Tío Sam”. Sobre todo, los palestinos, cuya causa se diluiría por completo en la política de hechos consumados de Israel, la duda existencial de muchos dirigentes árabes a raíz de las primaveras y la incapacidad de la Unión Europea de ser un actor político determinante en Oriente Próximo. Incluso con la firma de Hamás en el acuerdo interpalestino, que incomoda a la Casa Blanca, la implicación de Estados Unidos es imprescindible para que algo se mueva, aunque de cara al exterior prevalezca la consideración de que Hamás es una organización terrorista con la que no cabe llegar a pacto alguno. ¿O acaso no es tan obscena como la propaganda de Hamás y las declaraciones de Ismail Haniyá la multiplicación de asentamientos autorizados por el Gobierno israelí a pesar de las indicaciones de Estados Unidos? ¿O no perjudica la lógica de una negociación política que Netanyahu haya dejado sin efecto la liberación de 106 presos palestinos?

Más allá de los eslóganes publicitarios –“Abás debe decidir si busca la paz con Israel o con Hamás” (Netanyahu); “[el acuerdo] no es malo para ambas partes, es malo para el proceso de paz” (Shimrit Meir, analista israelí)– y de la posibilidad de que el diario israelí Maariv lleve razón al considerar el pacto palestino “una simple estratagema de relaciones públicas”, aquello que realmente cuenta es que solo una de las partes está en condiciones de actuar de facto y que la otra ve que la solución de los dos estados se aleja un poco más con cada nuevo asentamiento. La profesora Patricia DeGennaro, del World Policy Institute, lo ha explicado de la siguiente manera en el canal Al Jazira America: “Seamos realistas: los asentamientos son un grave problema. Crecen cada año. Aumentan cada vez que hay un proceso de paz. Así que constituyen un contencioso. Son también una forma de imponer la solución de un solo Estado”. El análisis de DeGennaro se asemeja a la descripción de una partida con todas las cartas marcadas.

El primer ministro de Israel está lejos de correr el peligro de que alguien le mueva la silla para acelerar un acuerdo con los palestinos y, además, dispone de información solvente recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del ultra Avigdor Lieberman, que da por descontado que difícilmente se prolongará por mucho tiempo el modus vivendi entre Al Fatá, la principal organización integrada en la OLP, y Hamás, según ha aparecido publicado en las páginas del diario progresista israelí Haaretz. Netanyahu no tiene ninguna necesidad de ocupar su tiempo en sopesar una vez más las ventajas y los inconvenientes del principio general resumido en la expresión paz por territorios: le basta con dejar que corra el tiempo, que llegue el día 29 sin novedades y luego se imponga la realidad de la floración imparable de asentamientos hasta que carezca de sentido considerar la posibilidad de que bien vale la pena perder algunos kilómetros cuadrados a cambio de una paz segura.

Un informe difundido en marzo por el International Crisis Group, referido a la situación en Gaza, afirma lo que sigue: “Aunque ninguna de las partes quiere luchar, tampoco tiene intención de presionar por la paz. Ambas partes están convencidas de que está próxima una ronda de negociaciones y no darán ningún paso que entrañe desventajas militares”. Es otra forma de decir que todas las cartas están marcadas y que ni el Gobierno de Israel ni Hamás harán un solo movimiento que proyecte una imagen de debilidad. Porque, si así lo hacen, son conscientes de que sus competidores pescarán en los caladeros de los decepcionados con la condescendencia de los líderes. Por eso son verosímiles las cábalas acerca de una casi imposible concreción del acuerdo interpalestino que haga posible en lo que queda de año la consolidación de un Gobierno unitario, la convocatoria de legislativas y la elección de un presidente. Logrado todo ello sin que, más que probablemente, la negociación con Israel haya avanzado un ápice, según es fácil deducir de lo sucedido hasta ahora, con el secretario de Estado, John Kerry, desbordado todos los días por la frenética actividad de los constructores de viviendas en Cisjordania, impugnación sobre el terreno del proceso de paz que quizá nunca existió.