Crisis de certidumbres a causa de Afganistán

El estado anímico de la identidad colectiva se tambalea cuando se dan desenlaces tan imprevistos o indeseados como el de Afganistán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de atenerse a lo acordado en su día con los talibanes por su antecesor, Donald Trump, ha dado pie a reproches de todo tipo, algunos o bastantes de ellos oportunistas. El “desastre de proporciones épicas” al que alude en The New York Times el congresista demócrata por Massachusetts Seth Multon y la definición de la retirada a toda prisa como “una decisión política” a despecho del consejo de los generales de mayor rango y de la comunidad de inteligencia, recogida en las mismas páginas de boca del congresista republicano por Texas Michael McCaul, orientan a ambos lados de la divisoria el sentimiento de frustración de la opinión pública estadounidense, harta de guerras lejanas, costosas y a menudo desprestigiadas, y, al mismo tiempo, golpeada por el espectáculo ominoso del aeropuerto de Kabul. Un sentimiento extensible a la opinión pública occidental, que ha observado el desarrollo de los acontecimientos como una claudicación sin reservas frente a los yihadistas victoriosos.

El hecho de que Biden haya llevado a la práctica lo que tantas veces defendió sin éxito como vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, salir de Afganistán cuanto antes mejor, no atenúa la sensación de que son imprevisibles las repercusiones de la derrota después de 20 años de guerra y de articulación fallida de un nuevo régimen. Para empezar, porque será ineludible alguna vía de comunicación estable con el régimen talibán; para continuar, porque la segunda entrada de los mujahidines en Kabul –la primera fue en 1996– y el desafío del Estado Islámico puede desembocar en una paradoja: el alineamiento en un mismo bando contra el terrorismo global de Estados Unidos y sus aliados –el Pentágono lo ve posible– y de los nuevos gobernantes afganos. A despecho incluso del restablecimiento de la sharia como fuente principal del orden social y de la previsible mutilación de derechos (los de las mujeres y niñas, en primera instancia).

Como afirman muchos conocedores del ethos talibán, el peligro inmediato de alimentar el terrorismo sin fronteras está en la capacidad de movilización de las franquicias del ISIS. El profesor Olivier Roy entiende que los talibanes sacaron provechosas lecciones del error cometido al acoger y asociar su futuro al de Al Qaeda, cuando en la práctica nunca quisieron el mulá Omar y sus secuaces salirse de los límites afganos, al tiempo que la yihad de Osama bin Laden siempre fue a escala mundial, quizá como fórmula o adecuación del combate a la globalización. Y esa posible cohabitación en pos de un mismo objetivo contra un adversario compartido –el universo del ISIS– puede erosionar el estado anímico, emocional de cuantos, fiados en la justificación propagandística que siguió al ataque del 11-S, creyeron que, efectivamente, la intervención en Afganistán y el desalojo del poder de los talibanes eran la última frontera para evitar la consolidación de una teocracia medieval.

Cuanto ha sucedido en Afganistán hasta el 31 de agosto y sucederá en el futuro inmediato acrecienta un sentimiento de vulnerabilidad generalizada y es combustible de primera calidad para activar el discurso ultraconservador en todas partes. “El negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”, sostiene la economista Deirdre N. McCloskey. Si sale derrotado todo aquello que parecía asentado en los sólidos pilares de la democracia y la defensa de la autonomía de los individuos, si todo se tambalea, con las redes sociales y la televisión como grandes difusores de la debacle, se abre una ventana de oportunidad para alentar el miedo o, por lo menos, para poner en duda la competencia e intenciones de cuantos gestionaron el descalabro. Se da opción, asimismo, a la proliferación de campañas dirigidas a desacreditar apresuradas justificaciones morales para dejar en la estacada a las víctimas inmediatas de la catástrofe, a la cifra incalculable de afganos que desean salir del país.

Más allá o más acá, según se mire, del rompecabezas geoestratégico, profusamente analizado por las cancillerías, el regreso de los talibanes al puente de mando contribuye a alimentar la sensación de que cuanto se dice y hace procede de un mundo extinto o poco menos. A la acumulación de incertidumbres provocadas por la emergencia climática –véase el último informe (IPCC) auspiciado por la ONU– y por la pandemia, que sigue su marcha sin desenlace inmediato, se suma el estado de excepción emocional provocado por Afganistán. La crisis de identidad no es un estado de ánimo pasajero cuando se acumulan tantas situaciones fuera de control, cuya corrección obliga a escalar muros cuya altura se desconoce. En la evacuación de Kabul por Estados Unidos y sus aliados abundan las imágenes equiparables a las de la salida a toda prisa de Saigón en 1975, pero estaban en vigor entonces una serie de convenciones internacionales, la mayoría no escritas, pero sólidamente arraigadas, características de la guerra fría, que hace decenios saltaron por los aires. Hoy la imprevisibilidad se ha adueñado de los teatros de operaciones no solo en Afganistán.

El semanario The Economist ha invitado, entre otros, a Henry Kissinger para analizar la retirada estadounidense. En su artículo sostiene que no fue posible convertir Afganistán en una democracia moderna, “pero la diplomacia creativa y la fuerza podrían haber vencido al terrorismo”. Ambas aseveraciones son fruto de las convicciones de uno de los grandes actores de la guerra fría, pero los cambios en el ecosistema político del presente son demasiado profundos para que resulte eficaz la mezcla de diplomacia creativa y fuerza. De hecho, tampoco lo fue en Vietnam, aunque quiso aparentarse lo contrario hasta que se produjo la derrota. Puede decirse que, al menos en el plano teórico, el índice de incertidumbre aumenta todos los días y el de desorientación, también, con China como única superpotencia dispuesta a batirse por la hegemonía sin necesidad de plantearse enojosas preguntas porque no hay a las puertas de la Ciudad Prohibida una opinión pública entregada al libre examen crítico de los hechos, sino instalada en una euforia colectiva irrefrenable. Quizá es esta la foto fija de nuestros días.

 

Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

Cuba, una revolución devaluada

El desarrollo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue la ocasión esperada para desentrañar qué futuro aguarda a la isla y también la ocasión presentida de que ninguna aclaración sería efectiva, negro sobre blanco. Emparedados los congresistas entre el mensaje de Raúl Castro, 89 años, guardián de las esencias, y una pretendida renovación generacional, encarnada por Miguel Díaz-Canel, 61 años, presidente del país y nuevo secretario general del PCC, los discursos dejaron para momentos más propicios el esclarecimiento del futuro que aguarda a una sociedad exhausta a la que le falta de todo, a una economía agonizante y a un establishment acomodado a los estados carenciales de un régimen en un ocaso inacabable.

Sin quitar importancia a los efectos de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, la imagen de insimismamiento revolucionario prevalece sobre cualquier otra. La “ciudad detenida” –La Habana–, descrita en 2019 por el escritor Andrés Caparrós, se antoja una síntesis corpórea de las flaquezas de un sistema progresivamente deteriorado e ineficaz. La “ciudad de las columna”, homenajeada en su día por Alejo Carpentier, sobrevive al paso del tiempo como una referencia del pasado, pero las bellas columnas están desconchadas y no hay recursos para repararlas. La incapacidad para renovar el régimen parece una enfermedad congénita sin curación posible.

Aunque “una generación, hija de los mambises con barba que bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al frente del partido que vela por los sueños de los humildes de esta isla”, como escribió un analista en Granma antes de empezar el congreso, las líneas rojas las fijó con trazo grueso y bien visible el secretario general saliente, Raúl Castro: el control estratégico de la propiedad estatal y el partido único no admiten discusión. El temor a que la pequeña y la mediana empresa se muestren más rentables y eficaces que la anquilosada gestión estatal impregnó el mensaje de Castro en igual o mayor medida que el temor a que una liberalización excesiva de la economía agrave las desigualdades, muy visibles hoy entre las familias que reciben regularmente remesas en dólares y las que no cuentan con tal ayuda.

La remisión de un comentarista de Juventud Rebelde a un discurso pronunciado por  Raúl Castro en el último congreso de los jóvenes del partido presagia un horizonte borrascoso: el líder de la revolución pronóstico a las nuevas generaciones “muchos años más de lucha y sacrificios”. Un mensaje que en cualquier otro lugar habría resultado sombrío y desesperanzador, pero que un auditorio de futuros apparatchiks lo acogió sin sobresalto. Como si el sacrificio ilimitado formara parte de la mitología castrista, los padecimientos hace tiempo que dejaron de tener fecha de caducidad.

Lo cierto es que, como sucede en todos los procesos emancipadores, la legitimación de que disfrutan sus líderes sí tiene fecha de caducidad: la de su desaparición entre los vivos. A sus herederos no se les mide con la misma vara. El vínculo personal entre líderes y ciudadanía se quiebra, las generaciones que no vivieron la gran epopeya mantienen con los gobernantes una relación sin anclajes sentimentales y lo que realmente importa son los resultados. Por esa misma razón, ningún dirigente cubano puede ni remotamente sincerarse en los términos que lo hizo Fidel Castro el 18 de julio de 1991: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”.

Al mismo tiempo, hay quien intuye que la situación cubana es un caso excepcional. “Cuba es el único caso regional [latinoamericano] de un régimen autocrático cerrado con alta capacidad estatal y bajos niveles de movilización social”, sostiene el politólogo Armando Chaguaceda en la revista Letras Libres. Claro que el régimen castrista es el mejor pertrechado para la antiinsurgencia preventiva desde el episodio de Playa Girón (15 de abril de 1961). Es decir, que hay una maquinaria estatal de control con un grado de efectividad muy por encima del que caracteriza a la mayoría de sectores. Pero tal realidad no devalúa la apreciación de Chaguaceda, y entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de adhesión o de conformismo de la población, desaparecida casi la totalidad de líderes históricos de la revolución y los integrantes de la generación de cubanos marcados por la liberación?

El hecho de que 80 congresistas demócratas mandaran en marzo una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una aproximación más constructiva a la situación en Cuba quizá se explica en parte por esa aceptación sin tensiones en la isla de un momento tan difícil como muchos otros vividos desde 1959. Y así, de la misma forma que Raúl Castro pone límites a la transformación del sistema, es improbable que el Gobierno ponga obstáculos a una relación puesta al día con Estados Unidos de la forma que lo hizo Barack Obama, porque no correrá ningún riesgo. Las directrices del congreso del PCC pueden ser una determinación de objetivos para consumo interno, pero su utilidad es más que dudosa en el ámbito de la Realpolitik.

El régimen cubano presenta todos los síntomas de la senectud, de una larga y azarosa vida. “Cuba está más arrinconada que nunca. Los cubanos están como en una balsa que está a flote, pero tienen menos salvavidas que antes”, opina el periodista Jon Lee Anderson. Descartan sus líderes copiar el modelo chino o el vietnamita y siguen con la letanía de la herencia revolucionaria recibida, pero son demasiados los datos que inducen a pensar que, a pesar de todo, algo se mueve, siquiera sea sigilosamente, para salvar los muebles; siquiera sea para evitar que la colonia cubana de Miami imponga sus designios. Dijo Eduardo Galeano que la revolución cubana “fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser”, y la frase, impregnada de realismo, es hoy del todo vigente; quizá sea el destino reservado a un experimento social devaluado.

Racismo sistémico en Estados Unidos

Si en algún momento pudo confiar la sociedad estadounidense en una progresiva atenuación de las tensiones raciales, el agravamiento de los últimos años no hace más que sentar al país frente a un espejo que devuelve la imagen de una angustiosa realidad. Mientras se desarrolla en Minneápolis el juicio contra el policía Derek Gauvin, que causó la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd, en un suburbio de la misma ciudad la policía Kim Potter ha dado muerte (11 de abril) a un joven de 20 años, Daunte Wright, y el policía de Chicago Eric Stillman ha acabado con la vida del niño Adam Toledo, de 13 años y ascendencia hispana, que estaba desarmado y con las manos en alto (las autoridades tardaron más de dos semanas en dar cuenta del suceso, ocurrido el 29 de marzo). Nada contrarresta la tradición propia de una sociedad tan a menudo dividida por el racismo, tan a menudo alentada por el discurso supremacista, tan irresponsablemente excitada durante el mandato de Donald Trump.

La multiplicación de cargos públicos en las diferentes administraciones apenas ha sido capaz de construir un escenario de normalidad. “He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20 o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”, proclamó Barack Obama en su discurso de despedida de la presidencia, pero poco después matizó sus palabras: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad”. La frialdad de las estadísticas le dan la razón: el 45% de los pobres pertenecen a las comunidades negra e hispana; la renta media de las familias negras equivale al 59% de la de las blancas; los afroamericanos constituyen el 13% de la población estadounidense, pero aportan alrededor del 35% de los reclusos y el 40% de los condenados a muerte.

Michael Dayson, profesor de la Universidad de Georgetown, coincide con muchos estudiosos en considerar la presidencia de Obama un acontecimiento de gran relevancia social y política, pero también un suceso que alarmó a una parte significativa de la comunidad blanca e hizo resurgir “el feroz antirracismo negro”. De lo que es fácil deducir que Trump encontró el terreno abonado para dar en la comunidad blanca con un caladero de votos que ni siquiera los neocons lograron captar en la misma proporción para George W. Bush. Seguramente, durante la presidencia del antecesor de Obama se daban en potencia las condiciones para un renacimiento o activación del racismo blanco, pero nada en el horizonte presagiaba un cambio tan radical en la atmósfera política como la llegada a la Casa Blanca de un ciudadano negro.

Ni siquiera la colonización del Partido Republicano por el pensamiento ultraconservador, que se remonta a los mejores días del Tea Party, vaticinó en toda su gravedad y profundidad la activación de los resortes racistas. Por el contrario, mediante un cambio progresivo en las industrias culturales, las universidades y la orientación multirracial de la producción audiovisual, sobre todo para la televisión, se transmitió la ilusión de una sociedad en lenta, pero progresiva armonía. Se desdibujó así a ojos de muchos el hecho cierto de que el racismo es una enfermedad sigilosa, enmascarada con frecuencia por formalismos sociales que alimentan la idea de una relativa normalidad.

La recopilación de factores constitutivos de la identidad de la nación hecha por la nobel Toni Morrison sigue siendo válida en toda su extensión. La gran escritora identificó, entre otros, la raza, la esclavitud, la memoria, la discriminación y la integración de la cultura afroamericana. De ahí el choque con la cultura hegemónica, transmitida generación tras generación por la población blanca de ascendencia europea. Aquello que aparece en los libros de Morrison es el nítido reflejo de esa confrontación, de la asimetría en la correlación de fuerzas y de los brotes de tensión casi sesenta años después del sueño de Martin Luther King.

No es una exageración decir que la asimetría racial es consustancial al ADN de muchos estados, donde se ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para dificultar al máximo la votación a las minorías raciales e impedir una movilización como la vivida en noviembre del año pasado. Mientras el eslogan Black lives matter guía los pasos de los manifestantes contra la violencia policial y Joe Biden dicta órdenes ejecutivas para mejorar la equidad racial, hay una corriente de fondo dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el predominio de la sociedad blanca. Al mismo tiempo, una minoría afroamericana cada día más radicalizada por la sucesión de episodios luctuosos ha llegado a la conclusión de que la convivencia no es posible, de que sus acometidas en la calle son para defender derechos mínimos por los que nadie está dispuesto a jugarse de verdad su futuro político.

“Me postulé para la presidencia porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”, dijo Biden el 23 de marzo. La declaración presidencial choca con el conservadurismo blanco extremo, que cree exactamente lo contrario: el alma de la nación no sobrevivirá al multiculturalismo, al mestizaje y a la igualdad racial. Y este sentimiento de pertenencia a una raza más que a una comunidad multicolor, Estados Unidos, se percibe tanto en estados con una presencia importante de afroamericanos como en los que no hay más color o casi que el blanco.

¿Cabe esperar una evolución tranquilizadora a medio plazo? Seguramente, no; seguramente la tendencia a que se agrien las relaciones condicionará el futuro. Los hechos han confirmado la sospecha de que el color de la piel del presidente, de la vicepresidenta, de tal o cual integrante del Gobierno no es un dato determinante para serenar los ánimos porque el racismo es un factor constitutivo de la nación, por más que la guerra civil (1861-1865) acabara con la derrota de los secesionistas del sur. Hay en la herencia dejada por la esclavitud el veneno inaprensible de la superioridad blanca, del convencimiento aún para muchos de que los descendientes de esclavos son una amenaza para la preservación del legado fundacional blanco, anglosajón y protestante. Ese es el gran lastre.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

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Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

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EEUU, enfrentado consigo mismo

Aunque Joe Biden ocupe finalmente la Casa Blanca el próximo 20 de enero, el daño infligido por Donald Trump al sistema, a las reglas esenciales de la democracia y al respeto a las instituciones seguramente permanecerá en el imaginario colectivo de Estados Unidos mucho más tiempo del deseable. La alocución del presidente la madrugada del viernes fue una sarta de disparates y falsedades manifiestas, una insólita ceremonia de intoxicación que reprobaron de inmediato los grandes medios –algunas televisiones cortaron la conexión a mitad del monólogo–, encaminada a desacreditar un recuento que no por farragoso e inacabable es menos legítimo y está menos sometido a toda clase de garantías. Al insistir en la división entre votos legales (los contados la noche electoral) e ilegales (los escrutados en los días siguientes) y pedir la suspensión de los recuentos allí donde iba perdiendo o se acortaba la ventaja que le sacaba a Biden, Trump llevó su desprecio por las normas más allá de toda medida.

Nada hay de nuevo o inesperado en el comportamiento de la Casa Blanca, que ha movilizado a un número enorme de abogados para impugnar el proceso; todo fue advertido y adelantado por el presidente durante la campaña, como si el único resultado aceptable fuese su victoria; nada puede sorprender hoy ante la amarga frustración de un candidato que aun obteniendo siete millones de votos más que en 2016 se ve superado por un adversario que ha conseguido ocho millones más que los sumados por Hillary Clinton. Un dato que, en otras circunstancias, debería interpretarse como un síntoma de buena salud de la democracia participativa, pero que para el caso se antoja más un signo inquietante de la división de una sociedad, de la rivalidad irreconciliable entre dos realidades excluyentes: puede decirse que medio país ha dejado de soportar al otro medio o eso parece. La tensión en la calle en cuanto se cerraron las urnas, las proclamas en apoyo de un recuento hasta el último voto o, en sentido contrario, para la suspensión del proceso nada bueno presagian porque el caudal de las dos riadas desborda los cauces cívicos.

La condición de hombre-pueblo que cabe atribuir a Trump –“yo soy vuestra voz”, dijo durante la campaña de 2016 a auditorios entregados–, transformada en culto a la personalidad durante su mandato a través de todos los instrumentos a su alcance, ha desembocado en algo parecido a una militancia política sobrevenida, como si los movilizados de cada bloque creyesen que el otro es la semilla a punto de germinar de una distopía. Y quien ha incitado esta confrontación insana desde el primer día ha sido sin duda el presidente, convertido en el culmen de un proceso que se inició con el conservadurismo del Tea Party, siguió con la llegada al poder de la prédica neocon con George W. Bush, continuó con la desfiguración del Partido Republicano y ha llegado hasta esta mezcla sin precedentes de populismo, egolatría y desprecio por las convenciones. Serenar los espíritus se vislumbra ahora mismo una empresa imposible.

“Una amplia proporción del electorado optó por el sociópata”, titula Tom Nichols su artículo en The Atlantic; “no debería ser necesaria la mayor participación de votantes en la historia de Estados Unidos para garantizar que un presidente rechazado por la mayoría del pueblo estadounidense deje de ser presidente”, escribe en la misma publicación David Frum, que fue redactor de discursos de Bush hijo. El diagnóstico de Nichols es visceral, en consonancia con el aire que se respira: “No importa cómo acabe esta elección, América es ahora un país diferente. Cerca de la mitad de los votantes han visto a Trump en todo su esplendor –sus diatribas infantiles, sus desastrosas y letales políticas, su desprecio por la democracia en todas sus formas– y decidieron que querían más de eso”. El de Frum tiene más profundidad porque atañe a la solvencia misma del sistema, a la fiabilidad de las instituciones y a la alternancia no traumática del poder. Entre ambos límites se concreta la reacción de una opinión pública que asiste atónita o crispada a un espectáculo que causa sonrojo incluso entre aquellos republicanos –Marco Rubio, Mitch McConnell y algunos otros– que entienden que la Casa Blanca ha traspasado todos los límites.

Decir que Trump ha decidido quemar sus naves es solo una aproximación inmediata al caso. Lo que realmente importa si funcionan los mecanismos de control del poder que establece la Constitución y hay relevo en la presidencia, es que el trumpismo se ha instalado en el andamiaje político de Estados Unidos para quedarse, aun perdiendo la presidencia, porque desborda energía, porque ha suplantado al Partido Republicano como gran adversario del Demócrata. La mutación genética es muy relevante: el partido –la institución– se ha visto ampliamente superado por la dinámica de un personaje ajeno a la historia y tradiciones de la formación, que ahora depende en todo de su poder de captación.

La repercusión mundial del proceso en curso será notable en términos de consolidación de diferentes modalidades de populismo de extrema derecha. Tiene mucho sentido la teoría de Peter Baker y Maggie Haberman expuesta en The New York Times según la cual Trump abre el camino para disputas legales sin futuro para presentarse luego como mártir de la causa, como alguien vencido por sus enemigos con malas artes, pero sobrado de seguidores en todo el país. Otra manera de reforzar su figura de hombre-pueblo y de dejar a un lado los requisitos inherentes a la democracia. A Trump le da igual el principio de checks and balances (controles y equilibrios) que se desprende de la Constitución, y muchos de sus seguidores en la calle consideran que las cosas han ido demasiado lejos en los campos cultural, social y político como para detenerse en enojosos detalles. A lo que debe añadirse que la presidencia de Barack Obama fue la gota que colmó el vaso para una gran parte de la llamada América profunda.

Si finalmente se da el relevo, la primera tarea de Joe Biden será una triple misión poco menos que imposible: recoser los costurones que seguramente dejará la larga disputa en los tribunales que se avecina, sanear el clima político para que deje de ser un combate sin reglas y restablecer los consensos sociales básicos. Porque el enconamiento presente, por muchas que sean las razones que lo expliquen, no hará más que agravar el enfrentamiento del país consigo mismo, debilitará la democracia y erosionará la influencia de Estados Unidos, la hiperpotencia de finales del pasado siglo y comienzos de este sumida hoy en una crisis de identidad sin parangón.

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Trump y “El cuento de la criada”

Después del primer debate de campaña entre Donald Trump y Joe Biden ha quedado meridianamente claro que el presidente no aceptará el 3 de noviembre otro resultado que no sea el de su victoria. Se trata de una situación insólita en la historia de Estados Unidos que da pie a los peores presagios o, como mínimo, hace temer que el escrutinio se prolongue lo indecible, se ponga en marcha una campaña de intoxicación informativa desde la Casa Blanca, se multipliquen los recursos ante los tribunales y quién sabe si, en caso de relevo, el presidente saliente obstaculizará finalmente el traspaso de poderes. Todo es posible porque, al tiempo que los analistas menos apasionados coinciden en que los grandes perdedores del debate del martes fueron los electores, las encuestas siguen dando una ventaja sustancial a Biden y pronostican que Trump tiene todas las de perder en alguno de los swing states que le dieron la victoria en 2016.

Hay tres factores desde la noche ominosa del 29 de septiembre que pueden agravar la situación de Trump: el positivo en coronavirus de él y su esposa, la negativa del equipo de la campaña presidencial a cambiar algunas reglas para el segundo debate a fin de evitar el espectáculo bochornoso del primero –Biden fue interrumpido más de 30 veces– y la inquietud de una parte seguramente minoritaria, pero significativa del establishment republicano. Al enfermar el matrimonio Trump han quedado más en evidencia que nunca los disparates y la estupidez presidencial al encarar la pandemia –“solo quiero decir que el final de la pandemia está a la vista y el próximo año será uno de los mejores en la historia de nuestro país”, declaró pocas horas antes de certificarse su contagio–; al no aceptar cambios en el formato de los debates propuesto por la comisión nacional ad hoc certifica que donde se siente más a gusto es en medio de un barrizal; al multiplicarse las opiniones de republicanos compungidos se manifiesta una alteración de efectos imprevisibles en el ecosistema electoral del partido.

Joe Scarborough, un exmiembro republicano de la Cámara de Representantes por el estado de Florida y respetado analista, sostiene en The Washington Post que el comportamiento de Trump en el primer debate “probablemente le costará la reelección” porque la reacción que suscitó fue “rápida y radical”. Scarborough recoge opiniones autorizadas como la del historidor Jon Meacham, premio Pulitzer –“fue el momento más bajo de la presidencia desde los informes racistas de Andrew Johnson”–, la del también historiador Michael Beschloss –“la democracia fue barrida”– y la del periodista Bob Woodward, que acusa a Trump de “asesinar la presidencia”. Todo remite en el fondo a la opinión tantas veces manifestada por el senador por Arizona John McCain, republicano, fallecido en 2018, que no dejó de deplorar hasta el último días la forma y los mensajes del presidente, siempre hirientes, siempre desaforados, siempre despectivos con sus adversarios.

Nada hay de extraordinariamente original en la vulgaridad del personaje, en su falta de principios, en la catadura moral de quienes le inspiran o en quienes se apoya para capturar la atención de un segmento muy importante de votantes conservadores que han encontrado en la propuesta política de Trump el antídoto a cuanto les molesta procedente de Washington, de los ambientes liberales, de quienes discuten la posesión de armas, de quienes recelan de la proliferación de predicadores retardatarios, afectos a una aplicación radical y zafia de las escrituras. Son los mismos electores que acogieron con angustia la elección de Barack Obama, los mismos que se reconocen como guardianes de las esencias en la llamada América profunda. Son electores que nada tienen que ver ni política ni culturalmente con los electores de estados industrializados, votantes asimismo de Trump, dañados por los efectos sociales de la salida de la crisis de 2008, que optaron por él en 2016 porque creyeron que sanaría sus heridas.

Lo cierto es que la pandemia ha trastocado todos los esquemas, y el endurecimiento del presidente tiene mucho que ver con la tragedia humana y la crisis económica que ha desencadenado. Todo cuanto dice, hace y prevé el presidente está íntimamente relacionado con esa realidad inesperada e insoslayable, desde la propuesta de que Amy Coney Barrett, una integrista católica, sea la sucesora en el Tribunal Supremo de la progresista Ruth Bader Ginsburg, hasta su mención positiva en el debate de los Pround Boys, una organización supremacista blanca (Trump renegó de sus palabras dos días después para remansar las aguas en el Partido Republicano, pero fue demasiado tarde).

No es de extrañar que lo que Donald Trump hace y representa se vea a menudo como una precuela de El cuento de la criada, de Margaret Atwood, y de la subsiguiente teleserie; no debe sorprender que se perciba como el primer sillar de un universo que tiende a las ideas totalitarias, que discute las reglas básicas de la democracia liberal, que ve a la Administración federal como un mecanismo intrusivo. De momento, la Casa Blanca ha sido capaz en cuatro años de alterar la relación entre republicanos y demócratas de tal manera y con tal intensidad que ha agudizado sin freno la división social; ha convertido en norma el desprecio al adversario hasta hacer imposible las políticas bipartidistas, consustanciales al sistema.

Martin Luther King III dijo el mes de junio, a propósito de los disturbios raciales en varias ciudades, que el presidente “se mantenía sordo a la realidad” e “incitaba a la violencia”. Lo más probable es que no se trate de sordera, sino de la traducción práctica del eslogan Ley y orden, pasadas ambas exigencias por el tamiz de la extrema derecha, de igual manera a cómo en la obra de Atwood el fundamentalismo religioso da origen de una teocracia asfixiante y cruel. Hay algo de intrínsecamente dañino en el mundo de Trump porque atenta directamente contra la vigencia de la democracia; en el entorno de la Casa Blanca se esconde algo de profundamente peligroso para la solvencia moral del poder, para la diversidad cultural y la convivencia entre diferentes. Declarar que “la democracia está amenazada”, como han hecho un grupo de escritores estadounidenses, convocados por Paul Auster y Siri Hustvedt, no es resultado de un alarmismo extemporáneo, sino de una atmósfera irrespirable que envenena el futuro.

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Trump saca partido al racismo

El deterioro del clima social en Estados Unidos ha llevado la campaña electoral al terreno en el que Donald Trump se siente más cómodo, aquel en el que no importan los datos y los programas, sino la explotación de sentimientos tan primarios como el miedo. El correlato de las convenciones demócrata y republicana ha sido en un primer momento el acercamiento de las expectativas de voto del presidente a las de Joe Biden, confirmando así la creencia de algunos asesores políticos de que quien más grita parece, de entrada, estar en lo cierto, llevar razón. Pero, al mismo tiempo, las baladronadas de Trump da la impresión de que desconciertan a una parte de su electorado sobrevenido de 2016, que buscó en él el antídoto a los efectos de la crisis económica y se encuentra hoy con el paro desbocado, la pandemia fuera de control y un aire irrespirable en las calles de demasiados lugares.

La comprensión del presidente con el joven ultraderechista que mató a dos personas en Kenosha (Wisconsin) y su defensa sin excepciones del comportamiento de la policía, inaceptable con preocupante frecuencia, devuelve la imagen de un racista cada día menos encubierto y más dispuesto a sacar partido de los disturbios que han desfigurado a veces la campaña Black lives matter. Al mismo tiempo, la reiteración de casos de violencia -el último, en Rochester (Nueva York)- induce a pensar que la peor tradición policial en Estados Unidos cuenta con el respaldo de la Casa Blanca y que sus ejecutantes se sienten legitimados para perseverar en prácticas brutales. Es un hecho que hacía décadas que el problema racial en Estados Unidos no se manifestaba de forma tan lacerante, tan fuera de control y tan próximo a invocar todos los demonios familiares, todos los fantasmas de la historia del país.

En plena refriega, con la movilización de sectores con gran proyección social como el deporte profesional, el cine y el mundo académico, los sondeos intentan desentrañar hasta qué punto el paisaje favorece a Trump. Las cifras publicadas el jueves por Politico.com referidas a diferentes encuestas nacionales y estatales indican que la aproximación de Trump a Biden es menor a lo que pareció inmediatamente después de la convención republicana. Según la recopilación de datos hecha por el medio, Biden mantiene una ventaja sustancial sobre Trump, “aunque está lejos de ser segura”, un matiz importante porque faltan dos meses para las elecciones y las variables se suceden a velocidad de vértigo. Es decir que aunque ninguna encuesta da al candidato demócrata una intención de voto inferior al 49% ni al presidente una superior al 43%, nada está ni mucho menos decidido.

Alguien tan poco sospechoso de veleidades liberales como el muy conservador Bill Kristol estima que un segundo mandato de Trump es muy peligroso. Desde luego, lo puede ser para la cohesión social de una sociedad atravesada de parte a parte por varias fallas tectónicas, de las que la provocada por el problema racial es quizá la más preocupante en términos de estabilidad, equilibrio emocional e igualdad ante la ley. En la complejidad moral de una sociedad para la que, en términos históricos, la herencia de la esclavitud es algo presente en la vida cotidiana de muchos estados, es determinante el poso dejado por la guerra civil, la cultura de los prejuicios raciales, las movilizaciones por los derechos civiles y la respuesta del racismo organizado.

El analista Robert North Patterson formula una doble pregunta íntimamente relacionada con tal herencia: ¿cuánto tiempo preocupará a la comunidad blanca la violencia policial ejercida sobre la afroamericana y en qué momento se truncará su apoyo a causa de la violencia y el desorden en la calle? La pregunta no pretende generalizar –una parte de la sociedad blanca seguirá al lado de la negra y de sus reivindicaciones pase lo que pase–, pero sí alertar sobre un riesgo cierto de futuro. Seguramente, los estrategas de Trump cuentan con ello y las declaraciones a televisiones nacionales y extranjeras de ciudadanos blancos de Portland, Kenosha y otros lugares parecen dar la razón a Patterson: muchos se inquietan por las noches de saqueo y a regañadientes o convencidos se inclinan por la ley y el orden que predica la Casa Blanca.

No todo vale para captar votos durante una campaña electoral. Pero este fundamento de la democracia, que impone límites éticos al comportamiento de los candidatos, tiene un valor secundario para Trump y su entorno. Al manifestar el escritor Colson Whitehead en EL PERIÓDICO que “un gato muerto sería mejor presidente que Trump” no hace más que recoger el sentir liberal, el mayoritario en la sociedad afroamericana y en diferentes minorías, pero hay una comunidad realmente grande de votantes que han encontrado en el presidente el escudo de seguridad necesario para protegerse en tiempos de zozobra. Nada es más importante para ellos que mantenerse en una zona de relativo confort, sin que importe demasiado cuál es el precio a pagar. Para los acogidos a tal planteamiento, lo más importante es sentirse preservados de los efectos de las sacudidas sociales, y ese enfoque del futuro engrana sin dificultad con el discurso de Trump.

Cuando un presidente incita a sus seguidores de Carolina del Norte a votar por correo y luego de forma presencial en su circunscripción, algo que es un delito y no solo una infracción administrativa, no hace más que dar la razón a Kristol sobre los riesgos que entraña un segundo mandato. Si el jefe del Estado es capaz de invitar a los suyos a vulnerar la ley, ¿cuál puede ser el paso siguiente? Ni siquiera el propósito de Trump de deslegitimar el voto por correo justifica la maniobra porque, llegado el caso, podría provocar un bloqueo institucional sin precedentes si la victoria es para Biden el 3 de noviembre y la Casa Blanca pone en marcha una estrategia de impugnación general del resultado, algo que cada día temen más voces acreditadas. Pero tal posibilidad queda muy lejos de las preocupaciones inmediatas de muchos partidarios del presidente que, cuatro años después, ven en él al restaurador de las esencias después de la pesadilla de ocho años que para ellos fue la presidencia de Barack Obama. Por eso Trump tiene posibilidades y las encuestas pueden equivocarse.

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Trump acumula malas noticias

Una sobrina del presidente de Estados Unidos vendió el jueves casi un millón de ejemplares de su libro Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man (Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo). El título del trabajo de Mary Trump es poco menos que una declaración de principios o de propósitos, muy en la línea de otros libros que tratan de desentrañar, con más o menos rigor expositivo, el perfil psicológico y los impulsos que mueven al inquilino de la Casa Blanca. Es un libro más dentro de un subgénero, los ensayos de consumo –usar y tirar–, dedicados a Donald Trump, que seguramente dará más de qué hablar que otros por la proximidad siquiera genealógica de la autora con el personaje sujeto a escrutinio.

Un artículo del nobel Paul Krugman en The New York Times vaticina un cataclismo social inminente a causa de la errática gestión de la pandemia, la ligereza con la que la presidencia ha impuesto y levantado los confinamientos y la expansión de la enfermedad en todas direcciones. Teme con cifras el economista que la debilidad de los mecanismos de protección social y las ayudas a los desempleados sean insuficientes, y temen muchos de sus colegas de profesión que la lluvia de dólares decidida por Trump para evitar el colapso de la economía sea insuficiente o se malbarate a causa justamente de una expansión incontrolada de la enfermedad causante de la crisis económica. Krugman aporta, en este sentido, un dato perturbador: el estado de Florida suma una media diaria de muertos superior a la de toda Europa a pesar de tener una población equivalente a la vigésima parte de la europea.

Las encuestas se han desplomado desde que la enfermedad se manifestó en toda su crudeza. La media de todos los sondeos atribuye al candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, entre 11 y 13 puntos de ventaja sobre Trump, que ha despedido a su jefe de campaña, soslayando el hecho de que ni el mejor y más experto de los estrategas tiene en sus manos neutralizar el impacto emocional diario del recuento de fallecidos y de nuevos contagios. Según varios estudios del Pew Center, cambia progresivamente la opinión de una parte importante del electorado republicano acerca de la gestión de la pandemia, algo que subrayan los análisis demoscópicos en todos los swing states (estados indecisos u oscilantes), en los Biden gana a Trump. Es solo una tendencia, pero muy relevante, porque en 2016 el candidato republicano ganó en todos ellos.

A estos datos que configuran la actualidad debe añadirse el ruido de fondo de una parte del Partido Republicano, que teme encarar la cita del 3 de noviembre en una situación de debilidad extrema, sobre todo si se da el caso de que un medio disponga de los documentos que acrediten el comportamiento fiscal de Trump. Aunque en principio este material solo puede ponerse a disposición del Congreso, pero no hacerlo público, y posiblemente su difusión desencadenaría una batalla legal, hay suficientes precedentes en la historia de Estados Unidos para pensar que incluso es posible su publicación con respaldo judicial. Algunos acreditados analistas sostienen que en nombre de la transparencia y del derecho del contribuyente a estar informado, acaso puedan revelarse las cuentas particulares del ciudadano y empresario Donald Trump.

Es decir que no solo el coronavirus puede costarle el puesto al presidente, sino que otros factores coincidentes con la pandemia –las opacas relaciones con Rusia siempre están ahí– son potenciales elementos desestabilizadores de una campaña que hasta ahora transita en el filo de la navaja. Pero de ahí a dar por políticamente amortizado a Trump media un mundo. Hace cuatro años era bastante habitual preguntarse si podía ganar Trump, como si el candidato elegido por los republicanos no pudiese derrotar a Hillary Clinton, representante del establishment político estadounidense, y no solo del Partido Demócrata. La derrota entonces de la favorita probó que todo es posible cuando vota una sociedad muy dividida, una clase media dañada por los costes sociales de la salida de la crisis financiera y un universo político muy conservador en las entrañas de la nación que vivió la presidencia de Barack Obama como una vulneración de su forma de vida.

¿Qué tiene Trump a su favor? La fidelidad de la llamada América profunda a su apostolado ultraconservador, la sensación para muchos de que uno de los suyos ha llegado a la Casa Blanca y no caerá en experimentos políticos importados –la sanidad universal, el control de armas y otros apartados– ni “se meterá en sus casas”, como dijo un joven ciudadano de Montana en un reportaje de la CNN. Trump tiene a su favor todo aquello que adopta el aspecto de una rectificación del reformismo moderado de Obama. Puede que no sea mucho, pero ninguno de los disparates cometidos por la Casa Blanca, de los errores encadenados y del desorden en el Gobierno empaña esta sensación entre los seguidores de la senda trumpiana. El alto grado de disciplina electoral que se atribuye a los votantes del presidente parte de este fundamento: él ha cumplido con la promesa de hacer exactamente lo contrario de cuanto guió los pasos de Obama.

El problema está en más allá de los adeptos, de aquellos que en 2016 vieron en Trump a alguien que les podía rescatar de la decadencia, del altísimo precio pagado por algunos estados a causa del auge de las nuevas tecnologías y del ocaso de las industrias tradicionales. El problema para el presidente reside en retener a sus votantes accidentales, a aquellos que no han visto mejorada sustancialmente su situación a pesar del auge económico y hoy forma parte de los sectores sociales golpeados por los efectos demoledores de la pandemia en la economía, a aquellos defraudados por la gesticulación de un presidente incapaz de afrontar con realismo y compromiso social el combate contra la enfermedad.

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