Raúl Castro se va, pero se queda

El cambio generacional que supone el relevo en la presidencia de Cuba no puede equipararse a un cambio en la orientación política del Estado. En primer lugar, porque el presidente saliente, Raúl Castro, conserva hasta 2021 la dirección del Partido Comunista de Cuba (PCC), columna vertebral de la Administración, y la jefatura de las Fuerzas Armadas, tan implicadas en la gestión económica del país y en el dispositivo de seguridad. En segundo lugar, porque la figura del nuevo presidente, Miguel Díaz-Canel, no puede desvincularse de la peripecia histórica del PCC, de su orientación ideológica y de los recelos que las reformas suscitan en la vieja guardia. Para la gerontocracia que vivió la epopeya de la guerrilla al lado de los Castro, del Che, de Camilo Cienfuegos y de otros nombres insignes del panteón cubano sigue vigente la máxima de Fidel: “Con la revolución todo, sin la revolución nada”.

Recurriendo al léxico clásico, cabe aplicar a Díaz-Canel la consideración de apparátchik: toda su carrera profesional y política se ha desarrollado al servicio del partido, condición sine qua non para escalar en las instituciones. En consecuencia, su implicación y apoyo a la propuesta reformista se atiene a la necesidad imperiosa de modernizar la economía y rescatar a millones de ciudadanos de la mera subsistencia, pero resulta exagerada toda comparación con otros líderes del universo comunista que en su día llegaron a la conclusión de que no cabía otra que ponerse al día o sucumbir. En cambio, es muy posible que comparta con la mayoría de veteranos de la revolución algo resumido en una sola frase por el periodista francés Renaud Lambert: “Cuba quiere el mercado… sin el capitalismo”.

La decisión de ir más allá y actuar como acelerador de la historia es algo que se antoja bastante alejado de los planes de Díaz-Canel. Su propósito confeso de dar continuidad a lo hecho hasta ahora lo pone de manifiesto por más que una sociedad exhaustas y progresivamente más escéptica requiere un esfuerzo suplementario de realismo y de acercamiento a las necesidades más acuciantes. Seguir como hasta ahora equivale a dar marcha atrás, con el agravante para el sucesor de Raúl Castro de que, aun habiendo llegado a vicepresidente con él, carece del carisma y el “pasado heroico” de la generación del Granma, como dice Arturo López-Levy, profesor de la Universidad de Texas. Y esa aureola heroica que amortigua por lo general los brotes de descontento en los momentos de mayor dificultad, crea complicidades entre la élite dirigente y la comunidad, pero no se transmite a los sucesores de los padres fundadores, a quienes han progresado en el seno de las instituciones.

Cuantos quieren ver en Díaz-Canel a una figura reformista al estilo de Deng Xiaoping se anticipan imprudentemente a los acontecimientos. Pues si algunas veces se ha dicho que el ejemplo mejor para Cuba para salir del marasmo es la vía china –un capitalismo tutelado por el partido–, en la práctica se han multiplicado los obstáculos internos y externos para imitarla. Acaso porque remitirse a China y su demografía desorbitada no tiene sentido en una pequeña comunidad que no llega a los 12 millones de habitantes en un solar de poco más de 100.000 kilómetros cuadrados. O acaso también porque los ingredientes constitutivos de la sociedad cubana tienen muy poco que ver con los de la china. ¿Es imaginable un programa reformista en Cuba que, como ha sucedido en China, liquide sin contemplaciones la dimensión social del Estado?

“Incluso si Díaz-Canel tiene deseos secretos de aplicar reformas, tendrá poco margen de maniobra para cambiar la revolución”, sostiene Christopher Sabatini, profesor de la Universidad de Columbia en las páginas de The New York Times, una idea que comparte el periodista Fernando Ravsberg, profundo conocedor del universo cubano, que detecta en la resistencia a las reformas del núcleo duro del partido el temor a que conduzcan del “modelo socialista a la soviética” al capitalista. Ravsberg cita en Le Monde Diplomatique al diplomático cubano Carlos Alzugaray, uno de los convencidos de que el paso dado por Raúl Castro llevará a otros veteranos a imitarle, algo posible, pero no determinante porque la fuente de poder está en la capacidad determinante del PCC de imponer el programa en cada momento. Se trata de un esquema clásico transmitido por el modelo leninista: el partido único controla todas las instituciones, fija el rumbo a seguir y las medidas a aplicar.

El cambio en la relación con Cuba decidido por Donald Trump no hace más que alimentar los recelos de la nomenklatura y estimular a la comunidad cubana instalada en Estados Unidos, de corte conservador. Mientras los guardianes de las esencias del PCC temen una vuelta a los peores días, los profetas del apocalipsis castrista instalados en Miami desde hace décadas rescatan el espíritu de la operación de Bahía de Cochinos o Playa Girón (abril de 1961). Esto es, al mismo tiempo que la ortodoxia revolucionaria en el interior se alinea en formación de combate para resistirse al cambio, los alentadores del espíritu de revancha hacen lo propio para impugnar por completo la reanudación de relaciones diplomáticas alentada por Barack Obama en las postrimerías de su presidencia.

No hay duda de que ese esquema de confrontación va camino de afectar la apertura económica de la isla, que siempre será incompleta si Estados Unidos no la secunda o, peor aún, si la dificulta. Después de que Venezuela haya reducido a la mitad el flujo petrolero con destino a Cuba, la estructura productiva, el funcionamiento de servicios esenciales y la economía privada han acusado el golpe, y la única compensación que le queda a la isla es atraer inversores, mejorar las estadísticas de turismo y poner en marcha un cambio global. Las adhesiones políticas en la calle a cambio de un futuro prometedor, pero indeterminado, han pasado a mejor vida y la comparación con otras realidades latinoamericanas, viva imagen de la postración y el atraso, han dejado de tener el efecto taumatúrgico que tuvieron en otro tiempo.

 

Trump o el desbarajuste como sistema

La destitución de Rex Tillerson refuerza la sensación de desbarajuste o improvisación en la Casa Blanca y subraya al mismo tiempo la inconsistencia de los nombramientos hechos por Donald Trump al ocupar la presidencia. Los medios liberales o simplemente ecuánimes entienden que el final de la carrera política de Tillerson obedece a la determinación presidencial de apoyarse solo en el círculo de leales que comparten con él el eslogan América primero por encima de cualquier otra consideración (The New York Times) y, al mismo tiempo o como resultado inmediato, pone en riesgo algunos de los pilares de la estabilidad internacional: el acuerdo nuclear con Irán (Politico.com), el precario sistema de equilibrios en Oriente Próximo y la colaboración con los aliados. Mientras los analistas, las publicaciones y las televisiones que arropan a Trump transpiran entusiasmo, una parte del Partido Republicano teme que en noviembre las elecciones castiguen la ejecutoria del presidente, no exenta de frivolidad.

Se dice que los nombramientos posteriores al 20 de enero del año pasado pretendieron satisfacer las expectativas de los diferentes sectores del republicanismo, desde la extrema derecha surgida del caldo de cultivo del Tea Party al ala conservadora más convencional e influyente durante décadas. Acaso fue una operación de maquillaje para poner en marcha la maquinaria, pero enseguida afloró la incomodidad de Trump con cuantos discreparon de su pensamiento. En poco más de un año, el presidente ha prescindido de una veintena de colaboradores de primer orden, sometidos a un enfoque enteramente personalista e imprevisible de los asuntos públicos, donde siempre han pesado más las opiniones de su hija Ivanka, una especie de primera dama bis al lado de Melania, y de Jared Kushner, marido de Ivanka y tanto o más conservador que el presidente. A pesar de su inexperiencia política, de los escándalos reales o supuestos que le persiguen desde el principio, Trump se ha rodeado de un limitadísimo equipo de fieles, dispuestos a poner en práctica un programa sin conexión argumental con sus predecesores.

Quizá sea cierto que nunca pensó el candidato republicano que ganaría las elecciones de noviembre del 2016, como afirma Michael Wolff en Fuego y furia, pero una vez lograda la victoria adecuó la tarea a su perfil egocéntrico, propio de un empresario acostumbrado a tambalearse en la cima, rehacerse y volver a empezar, y así varias veces en el transcurso de su dilatada biografía. Todas las reorganizaciones, destituciones, controversias con sus asesores y colaboradores se deben a la propensión presidencial a cambiar el paso sobre la marcha cuantas veces haga falta con tal de que prevalezca su propósito de desarmar parte sustancial de la herencia recibida de los últimos presidentes, especialmente de Barack Obama, obsesión permanente de la ultraderecha estadounidense.

Cuando un semanario tan conservador como The Weekly Standard describe el despido de Tillerson de forma especialmente rotunda, cabe suponer que el modus operandi del presidente incomoda incluso a sus alentadores de primera hora: “El despido del secretario de Estado, Rex Tillerson, fue un ejemplo de libro de texto sobre el enfoque de Donald Trump respecto a las decisiones de personal: abrupto, humillante y ejecutado desde una distancia segura”. Esta distancia de seguridad fue la cuenta personal de Trump en Twitter, el mismo canal por el que avanzó el nombre del sustituto, Mike Pompeo, un halcón obsesionado con Irán, y de la sucesora de este al frente de la CIA, Gina Haspel, una exagente de la casa partidaria de la tortura, tan parecida en sus rasgos esenciales a alguno de los personajes de la película La noche más oscura; personajes entregados a aplicar los llamados eufemísticamente “interrogatorios reforzados”, promovidos por la Administración de George W. Bush después del 11-S.

Una vez más, los acontecimientos dan la razón al escritor Richard Ford. Para él, la mayor diferencia entre Obama y Trump es que el primero se tomó la presidencia en serio, en actitud reflexiva, y el segundo cree poder manejarla según sus designios, sin utilizar el gran angular que requiere una ocupación tan compleja. Frente al compromiso internacional de combatir el cambio climático, con China y la Unión Europea al frente, el presidente invoca la necesidad de reactivar la industria para encubrir que sus inquietudes medioambientales tienden a cero; frente a la libertad de comercio promovida por la OMC, se remite a la necesidad de proteger a los productores estadounidenses de la competencia exterior; frente al compromiso iraní de aparcar el programa nuclear, se remite a una idea preconcebida: que el acuerdo de Obama con los ayatolás es el peor de todos los tratos posibles, aunque la información recogida sobre el terreno desmiente el aserto. Y así con todo: de la posesión de armas a la efervescencia supremacista; de la reforma sanitaria, denostada todos los días, a la construcción de una muralla en la frontera con México.

Aunque le echaron de la Casa Blanca hace unos meses, las decisiones que toma Trump revelan que sigue en vigor una de las máximas más conocidas de Steve Bannon, publicista de extrema derecha y estratega de cabecera del presidente hasta que decidió prescindir de él. La lucha hoy no es entre derecha e izquierda, sino entre nacionalistas y globalizadores, dice Bannon en cuanto tiene ocasión, y esta idea tan simple, propia de un populismo esquemático, impregna todas las decisiones del Despacho Oval, incluso cuando los versados en diferentes materias avisan de que se perpetrará un disparate, así sea reconociendo la capitalidad de Jerusalén mediante el traslado allí de la Embajada de Estados Unidos en Israel o imponiendo gravámenes a las importaciones de acero y aluminio. Es poco menos que imposible encontrar en la historia de la presidencia del país un primer año más desconcertante y errático, incluso entre aquellos inquilinos de la Casa Blanca que han pasado a los anales como ejemplos de lo que nunca debió suceder (Herbert Hoover, Richard Nixon y George W. Bush, tres de ellos).

Gary Younge, uno de los editores del periódico progresista británico The Guardian, no se ha andado por las ramas al describir la línea de conducta seguida por Trump y sus allegados: “La venalidad es tan barroca, la vulgaridad tan ostentosa, las inconsistencias tan severas, la incompetencia tan épica y las mentiras tan descaradas, que te deja sin palabras”. Cree Young que la presidencia se desmorona, pero junto a esta impresión de naturaleza política se manifiesta todos los días otra realidad: la mayoría de los votantes de Trump están encantados con los alardes presidenciales, y movilizaciones como las de los estudiantes contra la permisividad en la tenencia de armas les parecen inspiradas por un espíritu radical o, peor aún, por el contagio de socialistas europeos (no se citan nombres ni procedencia).

Puede que sea verdad que se asiste a un desmoronamiento de la presidencia, es cierto que el índice de popularidad de Trump al cumplir su primer año de mandato era insólitamente bajo, pero mientras siga disfrutando del colchón de adeptos detectado por las encuestas, tiene muchas posibilidades de salir airoso de la prueba electoral de noviembre. En una sociedad tan radicalmente dividida como la estadounidense, más importa conservar los votantes captados que andar a la trabajosa búsqueda del consenso nacional, siempre tan indeterminado y volátil, que Obama persiguió con escasa fortuna. Y Trump, carente de otras virtudes, tiene la de resistir a los adversarios detrás de un muro infranqueable de seguidores que juzgan necesario demoler las convenciones políticas que se olvidaron de ellos. En este tablero juega el presidente la partida.

 

Lucha por el poder en Irán

La lucha por el poder en Irán entre el ala dura del régimen y los reformistas ha entrado en una nueva fase a raíz de las manifestaciones registradas en una cuarentena de ciudades, las contramanifestaciones promovidas por los clérigos conservadores y la represión desencadenada por los guardianes de la revolución y adláteres, que ha dejado más de veinte muertos. Si las elecciones presidenciales de mayo último hicieron aflorar las diferencias sustanciales entre Hasán Rohani, el presidente saliente y finalmente reelegido, y el líder supremo, Alí Jamenei, la reacción de ambos ante la movilización de la calle ha concretado las divergencias entre las dos referencias primeras de la República Islámica. Mientras el entorno de Jamenei ha amenazado a los manifestantes con la pena de muerte, Rohani ha reconocido públicamente el derecho a ser oídos de quienes protestan.

En la compleja estructura ideada por el ayatolá Ruholá Jomeini para situar a los clérigos por encima y al margen de la planta institucional del régimen que él fundó, no cabe imaginar a una sola autoridad política o religiosa como representante de la disidencia o la oposición, al menos dando a este término el significado que tiene en los sistemas pluralistas. El reparto del poder hasta el último alvéolo del sistema está en manos de hijos del sistema, formados y adscritos a su lógica. Dicho de otra manera: Jamenei y Rohani proceden del mismo crisol, aunque discrepen en los métodos y aun en la orientación de sus programas. El hecho mismo de que los candidatos a las elecciones deban contar con la previa aprobación del líder supremo (vilayat e faqih) subraya el carácter extremadamente restrictivo de los mecanismos de participación; no hay carrera política posible sin el nihil obstat del establishment.

En la elección de mayo, la candidatura de Ibrahim Raisi, un clérigo adscrito al ala dura del régimen, fue promovida por Jamenei, que ve en Raisi el sucesor ideal en la plaza de líder supremo de la revolución previo paso por la presidencia del país, un camino que él mismo siguió hasta convertirse en sucesor de Jomeini. Raisi obtuvo el 38,3% de los votos, un resultado decoroso para seguir en la brega en las presidenciales de 2021 y para agavillar a todas las facciones conservadoras, incluida la que durante ocho años encabezó Mahmud Ahmadineyad, antecesor de Rohani. Un plan de actuación destinado a desbaratar la pretensión de los reformistas de perpetuarse en la presidencia –ya lo intentaron en tiempos de Mohamed Jatamí– y apoyado por la élite política de Teherán.

Más allá de Teherán y de la marcha de los negocios en el bazar, esa trastienda política escapa al interés del país y de los menores de 30 años –el 50% de la población–, que sufren un paro estimado del 40% para los mayores de 16 años. A diferencia de las manifestaciones que siguieron a las elecciones presidenciales de 2009, que movilizaron a la clase media urbana, en esta ocasión la iniciaron jóvenes afincados en zonas rurales, en ciudades medianas y pequeñas donde la crisis económica tiene efectos especialmente graves, donde la filtración por primera vez de partidas secretas del presupuesto destinadas al Ejército, a instituciones religiosas y a la Guardia Revolucionaria han soliviantado a poblaciones muy castigadas por la subida de algunos productos de primera necesidad (gasolina, huevos) y por la reducción de ayudas sociales destinadas a los más vulnerables. ¿Cómo es posible que miles de millones de dólares se desvíen a intervenciones en el exterior –Siria, Irak, Líbano– mientras el estancamiento económico se torna insuperable?, se pregunta la calle en ascuas.

“Es la base social del régimen la que se manifiesta”, sostiene el analista Stéphane Dudoignon, atendiendo al hecho de que el triunfo de la revolución jomeinista se fundamentó en la adhesión de los jóvenes de 1979 y de una parte de las élites ilustradas, opuestas a la monarquía. Pero los jóvenes que hoy protestan carecen del vínculo de complicidad con los clérigos que si se dio hace cuarenta años. Ni vivieron la revolución ni secundaron la exaltación patriótica de la guerra con Irak (1980-1988) ni forman parte de su recorrido histórico los años más enconados de la pugna con Estados Unidos. Se esfumó la complicidad que un día hubo entre el grueso de los iranís y sus gobernantes más allá de Teherán; hoy la capital permanece básicamente en calma y el resto de la república islámica, con el ánimo exaltado.

Debe añadirse al vacío entre la base social y los líderes, los diferentes enemigos que se ha labrado Rohani dentro y fuera de Irán a partir del acuerdo alcanzado con el presidente Barack Obama –final de las sanciones a cambio de la cancelación del programa militar nuclear–, bendecido por Jamenei, pero denostado sotto voce por el ala dura sin demasiado disimulo. Un clima enrarecido más si cabe por las invectivas de Donald Trump, tan contrario al acuerdo con Irán como partidario de Arabia Saudí en su larga disputa con los ayatolás por la hegemonía regional.

En cualquier otro escenario que no fuera el iraní cabría decir que acaso lo que se dilucida es una crisis del régimen. Pero la solidez de los principales resortes del poder –el líder supremo con su red clientelar por todo el país, incluidas las universidades y todos los centros de culto–, los guardianes de la revolución, el Ejército y los basij (paramilitares) aconsejan descartar una conclusión tan rotunda. Por lo demás, los episodios de descontento popular, con mayor o menor repercusión en las redes sociales y en los medios especializados, se producen desde hace tres años, con la crisis económica y el recorte de las subvenciones como causa inmediata.

Hesamodin Ashna, asesor de Rohani, reconoce que se da “una distribución desequilibrada del presupuesto”, según recoge The New York Times, y Abbas Milani, director de Estudios Iranís de la Universidad de Stanford, insiste en la pretensión de Jamenei de interferir en el segundo mandato de Rohani, como si se tratara de alguien que da muestras de haberse escapado a su control. La suma de ambas opiniones, más la obstinación de Trump en desandar el camino seguido por Obama, lleva directamente a formular la pregunta principal: ¿quiénes mueven de verdad los hilos de la protesta? Seguida de esta otra: ¿a quiénes beneficia más la calle enardecida? Las apariencias suelen engañar y el control sobre las redes sociales, la actividad incesante de los servicios de información, con un tupido sistema de agentes en todas partes, y la dimensión misma de la protesta lleva a excluir que se trata sin más de un estallido espontáneo que pilló al régimen por sorpresa, algo improbable.

 

Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.

 

Trump, el guerrero sin antifaz

El ataque con misiles de una base del Ejército sirio en la provincia de Homs ha permitido a Donald Trump encarnar por primera vez la figura del guerrero sin antifaz. Como George W. Bush en febrero del 2001 al ordenar un bombardeo en Irak menos de un mes después de haber tomado posesión, Trump emerge como el administrador de una presunta justicia armada universal, impugna el orden internacional tutelado por las Naciones Unidas y despierta del sueño de una noche de invierno –primeras semanas de su mandato–, cuando vislumbró una posible entente o conllevancia con Rusia para acabar con la guerra en Siria sin expulsar del poder a Bashar al Asad y para someter a presión a la Unión Europea por el este y por el oeste. O ocaso el sueño nunca fue tal, sino más bien una maniobra de distracción, un amago para corregir el legado de Barack Obama: reducir al máximo la implicación directa de Estados Unidos en la gestión de las diferentes crisis que zarandean al mundo árabe y rehabilitar a Irán, aliado de Siria, ante la comunidad internacional.

Para todo esto puede valerle a Trump la salvajada cometida en Jan Sheijun, provincia de Idleb, que ha causado conmoción en todas partes y ha resignado a los aliados a aceptar los hechos consumados de una mayor presencia sobre el terreno de Estados Unidos después de que Rusia haya impedido que el Consejo de Seguridad apruebe una resolución de condena de lo sucedido. Ninguna de las alegaciones presentadas por los embajadores ruso y sirio ha convencido al auditorio, y sí, en cambio, las informaciones suministradas por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Londres. Nadie ha creído que la oposición islamista sea la responsable de todo al guardar un arsenal químico en un almacén bombardeado por la aviación de Al Asad. Está muy presente en la memoria colectiva lo sucedido en el 2013 –más de 1.400 muertos en un ataque con gas sarín– y la decisión posterior de los generales sirios de deshacerse de su armamento químico, un gesto inducido por Rusia que desactivó la amenaza de Obama de intervenir in situ en el conflicto si el Gobierno de Damasco cruzaba de nuevo la línea roja de un ataque con armas de destrucción masiva.

La posibilidad de un conflicto crónico, con el Estado Islámico como gran adversario y razón suficiente para una alianza táctica con Rusia, da paso a una nueva realidad: la indigencia moral del régimen sirio obliga a Estados Unidos a matizar la disposición a entenderse con Vladimir Putin. Mientras Devin Nunes, presidente republicano del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, acusado de plegarse a los deseos del Gobierno, deja de participar en la investigación abierta por presunta connivencia de los estrategas de campaña de Trump con los intoxicadores de campaña de Putin, asoma por una esquina la Realpolitik, la tozuda evidencia de la incompatibilidad entre la estrategia rusa de recuperación del tiempo perdido a la disolución de la URSS y las políticas globales de seguridad diseñadas por Estados Unidos. Prueba todo ello de la bisoñez o impericia de una Administración sumida en la desorganización y el oportunismo, y falta de referencias para justificar la utilidad de la russian connection en cuanto el gas sarín ha segado la vida de cerca de 90 personas (una veintena, niños).

Superados los seis años de guerra en Siria, la hipótesis del conflicto crónico como mal menor ha dejado de tener sentido. Think tanks conservadores como Rand Corporation admiten en un informe elaborado por varios expertos que se precisarán años para que mejore la situación en el frente de batalla y cese la matanza, y subrayan al mismo tiempo que es preciso prestar apoyo a fuerzas aliadas para que tengan efecto a ras de suelo los bombardeos desde el aire y el despliegue de alguna unidad de tierra (la última entrega, 400 soldados). Un panorama poco compatible con el diseño de las operaciones rusas en apoyo de Al Asad, dirigidas más a combatir a la oposición englobada en la Coalición Nacional Siria que al Estado Islámico.

Ni siquiera el atentado presumiblemente islamista en el metro de San Petersburgo –14 muertos– altera la naturaleza de la alianza ruso-siria, pues es la que garantiza la influencia decisiva del Kremlin en el desarrollo de los acontecimientos en Oriente Próximo. Desde la liquidación de la resistencia en Alepo no hay duda de que el futuro pasa por el despacho de Putin y es el presidente ruso quien garantiza la continuidad del sirio. Al Asad se siente vencedor a pesar de las repetidas condenas de su régimen en toda clase de foros, de tal manera que en su última entrevista con una emisora de televisión extranjera, un canal de Croacia, ni siquiera se refiere al bombardeo de Idleb. Rusia recurre a la argucia de hablar de la oposición sin matices, mete en el mismo saco al brazo de Al Qaeda en la guerra y a los adversarios de Al Asad que apoya Occidente, y arbitra en el conflicto con la permanente pugna de fondo del chiísmo (Irán) y el sunismo (Arabia Saudí), que se disputan la hegemonía regional en el golfo Pérsico.

Todas estas sutilezas habían escapado hasta la fecha a la diplomacia de brocha gorda exhibida por Trump, al menos en público. Después de echar mano de los Tomahawk, el relato ha cambiado sustancialmente con una agresividad no tan inesperada como pudiera pensarse a la vista del diagnóstico de algunos expertos. Dennis Ross, un veterano embajador con un conocimiento detallado del escenario, ha escrito un artículo para el Washington Institute en el que exhorta al Gobierno a aceptar que la estrategia en Siria no puede reducirse a acabar con el ISIS, porque el desafío del terrorismo global excede con mucho al Estado Islámico. A mayor abundamiento, Ross entiende que la desaparición del califato no figura entre las prioridades rusas (y sirias, cabe añadir). En consecuencia, la colaboración con Rusia, pasados los ardores poselectorales del primer momento, carece de fundamento salvo que se establezcan claramente los objetivos y los límites de tal colaboración.

En un artículo publicado en The Wall Street Journal a finales del 2015 advertía Henry Kissinger que “la estructura diplomática de las últimas cuatro décadas está en ruinas”, y subrayaba que cuatro estados árabes habían dejado de funcionar como tales: Libia, Yemen, Siria e Irak. De ahí a aplicar la teoría kissingeriana del dominó media un paso: el poder de contagio de una guerra en fase aguda –Siria hoy– desencadena crisis en su periferia, y así un conflicto local se convierte a toda prisa en regional. Frente a esta teoría, fruto de la experiencia de la guerra de Vietnam y sus secuelas, parece una simplificación de 140 caracteres la del conflicto limitado a un solo país del atormentado mundo árabe, manejada hasta ahora por el círculo de Trump, y con Rusia de socio preferente.

Siria, la matanza crónica

El revés sufrido por la Casa Blanca en un tribunal de apelación de San Francisco ha reducido en parte el impacto del informe difundido por Amnistía Internacional sobre las ejecuciones masivas de opositores en la cárcel de Saidnaya, al norte de Damasco. Mientras el presidente Donald Trump intenta poner en pie una nueva política de acogida de refugiados y de seguridad –ambas cosas en un mismo paquete–, la causa primera y principal de los flujos migratorios con origen en Oriente Próximo se aborda con la indecisión exhibida por Occidente desde que estalló la guerra en Siria, va para seis años. Ante la dificultad de abordar en origen las razones de la crisis sin pagar un elevado precio político, la matanza se convierte en una enfermedad crónica y el régimen de Bashar al Asad quiere presentarse a la opinión pública como un mal de difícil curación o incluso necesario para no empeorar las cosas.

A decir verdad, la situación presente es hija de la incapacidad que caracterizó a la Administración de Barack Obama para reaccionar con determinación cada vez que el régimen sirio cruzó las líneas rojas dibujadas por la propia Casa Blanca. Pareció que la decisión de Asad de deshacerse de su arsenal químico conjuró para siempre la exigencia estadounidense de apartar del poder al autócrata y su camarilla, como si cuanto ha sucedido después en todos los frentes no fuese suficiente para buscar la complicidad de la comunidad internacional y, de paso, adelgazar la corriente de refugiados rumbo a Europa en busca de futuro. Aquel cambio de estrategia de Estados Unidos a principio del 2014 tuvo una doble consecuencia: consagró el papel de Rusia en la gestión del conflicto y dejó a Asad con las manos casi libres para proteger el cometido del ISIS –luego Estado Islámico– como el enemigo ideal para legitimar su continuidad en el poder.

Es improbable que el informe de Amnistía Internacional lleve a alguna de las partes a cambiar su política o a maquillarla. Son escalofriantes los testimonios aportados por quienes han vivido en directo los ahorcamientos masivos, resulta angustioso este trasiego de sentenciados en farsas de juicio, pero dentro de un conflicto que supera de muy largo los 400.000 muertos, los seis millones de refugiados y los seis millones de desplazados dentro de Siria, la movilización de recursos en nombre de los derechos humanos hace tiempo que dejó de invocarse cuando los medios no están presentes. Pesan más las diferentes teorías del mal menor –es preferible el régimen de Asad que la consolidación del Estado Islámico–, que rigen con más o menos efectividad desde que el terrorismo global hizo saltar por los aires las certidumbres en el orden internacional.

Las negociaciones de Kazajistán, tuteladas por Rusia en el bando gubernamental y por Turquía en el bando opositor, son reflejo vivo de esa opción por el mal menor cuyo resultado final, en el mejor de los casos, no puede ser otro que una solución menor. Ni Vladimir Putin, portaestandarte de un neoimperialismo a la rusa que entusiasma a sus conciudadanos, ni Recep Tayyip Erdogan, artífice de una autocracia con urnas que sueña con la hegemonía regional, son mucho más que aliados ocasionales en una crisis que repercute en todo el mundo árabe, inquieta a la OTAN y debilita la cohesión interna de la Unión Europea. De esta forma, mientras los apologetas de las Realpolitik creen más prudente esperar y ver, sin comprometerse ni mucho ni poco, los profetas del final del orden liberal temen que la crisis se enquiste y dé alas a los populismos de extrema derecha, cuyo mayor interés es mantener viva la llama del desafío exterior para sumar votos en el interior (de cada país).

Un minucioso trabajo de campo realizado por el think tank británico Chatham House revela que una media del 55% de los habitantes de la UE son partidarios de detener los flujos migratorios y en ningún país los favorables a acoger a más demandantes de asilo supera el 32%. Cifras ilustrativas que dan un apoyo indirecto a la política de restricciones radicales promovida por la Administración de Trump, a pesar de no ser el presidente del agrado de la mayoría de los europeos, y que disuaden a los gobiernos de implicarse de forma activa en la gestión de conflictos lejanos que, se mire por donde se mire, son el motivo principal de la presión migratoria, pero están erizados de riesgos. Quizá no sea exagerado decir que el lamento por los ahorcamientos en masa marca el límite de la disposición a revisar lo hecho hasta ahora para detener la sangría; nadie quiere ir más allá de los comunicados de condolencia.

Es justamente lo contrario de lo que analistas independientes de variada orientación ideológica creen que debería hacerse. Así Shlomo Ben Ami, exministro israelí de Asuntos Exteriores, que el 23 de enero explicó en Barcelona por qué cualquier tratamiento del conflicto de los refugiados que no actúe en origen está llamado al fracaso. Así las advertencias del pensador Edgar Morin, que advierte de la ceguera que afecta a los grandes partidos de Francia, empeñados en acercar sus programas de control de las migraciones al de Marine Le Pen para atenuar su predicamento en auditorios alarmados por la proliferación de atentados, votantes cada día más inclinados a otorgar un mismo significado a inmigrante y a sospechoso. Así también las advertencias del alcalde de Londres, Sadiq Khan, que advierte sobre el error de proteger la frontera y soslayar cuál es el origen del mal que expulsa de su hogar a multitudes de desposeídos.

Si todo en Siria ha estado marcado por una gravedad extrema desde el principio de su primavera (marzo del 2011), la pasividad inasequible al recuento de cadáveres presagia un futuro inestable, convertidas la guerra y la paz en herramientas multiuso. La ausencia de Occidente más allá de las campañas de bombardeos sobre enclaves yihadistas apenas afecta a la continuidad del régimen sirio, mientras la garantiza el sistema de alianzas pergeñado por el Gobierno de Asad, aunque sea en un escenario devastado. Y ni siquiera informes como los de Amnistía Internacional tienen el poder de cambiar el signo de los acontecimientos en año electoral en Francia y Alemania, donde el nacionalismo xenófobo impone su agenda, o eso parece al menos, respaldado por las cuentas de Donald Trump en las redes sociales y sus discursos incendiarios sobre los peligros que acechan a la nación. Tan alejados, cabe añadir,  de los análisis desapasionados que convienen al momento.

 

 

Trayectoria de colisión en EEUU

La tormenta desatada por Donald Trump antes de cumplir dos semanas en la Casa Blanca tendría la apariencia de un sainete o una comedia de enredo si no fuese porque es motivo de alarma generalizada dentro y fuera de Estados Unidos. En la memoria colectiva de la comunidad internacional no hay ninguna referencia remotamente parecida a la sensación de que el sistema está siendo agredido desde dentro por un presidente que, en un editorial de esta semana en The New York Times, se tacha de incompetente. Ni siquiera la desafortunada y aguerrida presidencia de George W. Bush transmitió tantos riesgos ciertos como la de Trump, apenas iniciada, pero que amenaza con minar todas las convenciones imaginables, con debilitar las relaciones con Europa y con envalentonar a la extrema derecha en todas partes, que dispone ahora de un símbolo con poder para ajustar sus mensajes y estrategias.

La reacción reprobatoria del expresidente Barack Obama, a tan pocos días de dejar el Despacho Oval, es un gesto comprensible frente a la zozobra de unas instituciones que parecen condenadas a convertirse en herramientas de un sectarismo grosero, frente a unas relaciones sociales obligadas a soportar una atmósfera irrespirable y frente a la pretensión del equipo de Trump de someter el Estado a un programa que Paul Krugman estima que es fruto de la ignorancia. Esto es: al mismo tiempo que el presidente enardece a la ultraderecha populista, xenófoba y aislacionista-nacionalista hasta ser su fuente de inspiración, Obama lleva camino de asumir el papel de referencia para los defensores de las sociedades abiertas, quizá, lisa y llanamente, de las sociedades sostenibles, ya que no armoniosas.

Dentro de la tradición democrática estadounidense es explicable la decisión del profesor Peter Singer, de la Universidad de Princeton, de no bajar a la calle a protestar hasta que Trump empezara a gobernar, pero transcurrida una semana desde el 20 de enero se movilizó ante los disparates acumulados por un rosario de órdenes ejecutivas radicales, alterado en sus más profundas convicciones por la capacidad destructora de la nueva Administración. En idéntico sentido, la pronta reaparición de Obama en la escena política no tiene precedente en la biografía de los presidente que dejaron de serlo, un dato que subraya la gravedad del momento, la preocupación por la suerte que puede correr un sistema que funciona mediante un complejo engranaje de contrapesos y controles que el equipo de Trump se manifiesta dispuesto a alterar. Dicho de otra forma: si no cambia Trump o se ve obligado a echar el freno, lo que realmente cambiará será la lógica de un modelo con bastante más de dos siglos de vida.

En la mar arbolada por la que navega Trump, las contradicciones resaltan la insensatez del programa puesto en marcha. Así resulta que ninguno de los siete países de mayoría musulmana recogidos en una lista negra ha tenido nunca arte ni parte en los zarpazos del terrorismo yihadista en territorio estadounidense, pero no figuran en la relación ni Arabia Saudí ni Egipto, de donde eran los muyahidines que desataron la tragedia del 11-S: 15 eran saudís y cuatro, egipcios. Así sucede también que el presidente ha abierto las puertas del Consejo de Seguridad Nacional al intemperante Steve Bannon –ultraderechista de manual–, pero ha restringido su participación en él al jefe del Estado Mayor, el general Joseph Dunford Jr., y al director de la Inteligencia Nacional, Dan Coats, que por definición son parte comprometida en las políticas de seguridad. Y así se puede seguir con las muy difundidas acometidas dialécticas de Trump con relación a Europa –nombrar para la embajada ante la UE a un antieuropeísta reconocido como Ted Malloch es un gesto desafiante –, con el famoso muro en la frontera con México, con esa habilidad especial para arremeter contra los aliados históricos de Estados Unidos y excitar los ánimos entre sus adversarios, asimismo históricos, salvo Rusia.

“Como demostró su primera semana en el cargo, Trump no tiene conocimientos básicos de la toma de decisiones de seguridad nacional, no tiene sofisticación alguna para la gobernanza y aparentemente poca comprensión de lo que se necesita para liderar a una nación grande y diversa”, afirma el editorialista de The New York Times en el mismo texto en el que tacha al presidente de incompetente. Pero acaso no sea esta opinión lo más llamativo, sino la posibilidad de que se concrete algo así como una presidencia paralela o en la sombra, compartida por dos asesores o colaboradores de Trump tan inexpertos y poco dados a las sutilezas como Bannon y Jared Kushner, yerno del presidente. En todo caso, rompe con una constante en las presidencias, por lo menos desde John F. Kennedy: salvaguardar el Consejo de Seguridad Nacional de la pugna política en caliente mediante la colonización del organismo por agitadores de la confianza del presidente, situados en el mismo plano que el consejero de Seguridad Nacional –en el presente, Michael Flynn– y el secretario de Defensa –hoy, James Mattis–, a quienes se supone expertos en la materia.

Portada de esta semana de 'The Economist'.

Portada de esta semana de ‘The Economist’.

Para una opinión pública en la que son mayoría los partidarios de Hillary Clinton –sacó casi tres millones de votos más que Trump–, pero quedó en minoría en el Colegio Electoral, es poco menos que una afrenta el nombramiento de Bannon y su influencia en cuanto ha hecho la Casa Blanca desde el 20 de enero. Ni reúne títulos para fijar el rumbo ni habilidad para evitar que cada decisión desate una tormenta, para que no dibuje una trayectoria de colisión que haga saltar por los aires algunas de las constantes vitales de la política estadounidense. “¿Cuál es el rumbo?”, se pregunta un comentarista en The Guardian. El de Un insurgente en la Casa Blanca, responde The Economist en su titular de portada de esta semana con una ilustración de Trump a punto de lanzar un cóctel molotov contra cualquiera de los numerosos objetivos señalados por él.

Las apelaciones a la prudencia de prestigiosos analistas, como David Ignatius en The Washington Post, concuerdan con el anhelo de que el insurgente atenúe su fogosidad y entienda que, si no se modera, con amenazas dirigidas a Irán o con ataques en Yemen fruto de una improvisación que persigue el impacto emocional inmediato, alimentará con gasolina situaciones de por sí incendiarias. La preocupación del republicanismo clásico por el salto en el vacío, por la convicción de muchos colaboradores de Trump de que el país debe administrarse como una empresa, por el comportamiento irreflexivo del nuevo Gobierno en áreas muy sensibles para la seguridad y la cohesión social, traduce la intranquilidad de una nación enfrentada a sus peores presagios dentro y fuera del pensamiento conservador. Porque al contrario de la lógica política, que sostiene que una gran potencia debe ser previsible salvo en momentos excepcionales, la Administración de Trump se ha convertido en un ente imprevisible a fuerza de llevar a la práctica promesas electorales que pocos creyeron que osara cumplir si lograba la victoria el 8 de noviembre. Se dijo que el triunfo obligaría a Trump a contenerse, pero no ha sido así: para sorpresa de la mayoría, pocas veces habló a humo de pajas, aunque su oratoria fuese –sea– abrupta y desordenada.

Trump ha cogido las riendas con el desparpajo inconsciente de quien cree que puede modelar la realidad a su antojo. Quizá porque en la teoría y la práctica de la difusión de realidades alternativas –la posverdad y demás técnicas de intoxicación informativa–, los hechos importan poco, no conviene atenerse a ellos y es preferible actuar como si fuesen otros diferentes a los percibidos por la mayoría como reales o cercanos a la realidad. Que eso pueda llevar a la larga a una crisis de Estado parece importar poco a quienes han alcanzado la cima del poder después de trasgredir muchas reglas que hasta la fecha siempre fueron respetadas. He aquí el punto de inflexión del 2017 vaticinado para la historia de Estados Unidos y para la del mundo por el nobel Joseph Stiglitz. Cuando lo dijo por primera vez, pareció una exageración, pero es evidente que no lo fue.