Palestina, en el olvido

Nada realmente novedoso sucede en Cisjordania, pero la muerte de la periodista de Al Jazira Shireen Abu Akleh el día 11 de este mes y la carga de la policía israelí contra el séquito que portaba el ataúd con sus restos, dos días después, rescató del olvido, aunque solo fuese momentáneamente, un problema histórico desalojado de la atención pública como tantos otros por la guerra en Ucrania. Pero ni siquiera la aceptación inicial de un portavoz del Ejército israelí de que es posible que el disparo de uno de los tiradores presentes en Yenin fuera el que segó la vida de Abu Akleh ni la injustificable decisión posterior del Gobierno de no abrir una investigación han activado los resortes de la opinión pública, que en otras circunstancias habrían dado pie a una movilización significativa para exigir explicaciones.

La realidad es esta: aunque la periodista iba perfectamente identificada, murió mientras hacía su trabajo, el Ejército quiso dar una versión inicial mediante el recurso a unas imágenes que no se correspondían con el lugar donde todo sucedió y, conforme pasan los días, se atenúa el eco de esa muerte. Todo ello debido a la progresiva sensación de que en demasiadas cancillerías se da por amortizado el conflicto palestino-israelí y de que el Gobierno zozobrante de Naftalí Bennett, al igual que cuantos lo precedieron desde hace dos décadas se sienten liberados de responsabilidades para aplicar en Cisjordania la lógica del apartheid y en la franja de Gaza, la del aislamiento permanente.

Lo cierto es que el llamado proceso de paz es solo una etiqueta sin contenido, herido de muerte por la política seguida por Donald Trump y la docilidad de los países árabes requeridos por la Casa Blanca para establecer relaciones diplomáticas con Israel a cambio de alguna forma de compensación, siempre sustanciosa -para Marruecos fue el reconocimiento de su soberanía en el Sáhara Occidental-, facilitar los negocios y dejar sin efecto o casi la implicación del mundo árabe en defensa de la causa palestina. Mientras los propagandistas de Trump vendieron ese nuevo orden, más la consagración de Jerusalén como capital “única e indivisible” de Israel y la anexión israelí de los altos del Golán, como la base a partir de la cual se encauzaría la resolución de la crisis, lo cierto es que ningún actor político relevante, realmente influyente, ha empleado un solo minuto en buscar una forma de concretar el viejo principio paz por territorios. Puede decirse que la solución de los dos estados duerme el sueño de los justos y nadie parece dispuesto a despertarla.

Bien es verdad que la Autoridad Palestina es una entidad desprestigiada, superada por los acontecimientos y demasiado a menudo minada por la corrupción. Pero cuando su inoperancia se complementa con la agresividad del Gobierno y del Ejército israelí, la proliferación imparable de asentamientos y la frustración permanente de una población sojuzgada, en nada puede extrañar que las opciones radicales y el nihilismo yihadista ganen adeptos; a nadie puede extrañar que con investigación oficial o sin ella, Shireen Abu Akleh se haya convertido en una referencia heroica para la población palestina, un mito, escribe el periodista Jack Khoury en el periódico progresista israelí Haaretz. Si para la franje de Gaza se dice que cuanto mayores sean los efectos del sitio, mayor será el apoyo a Hamás, en Cisjordania cabe aplicar la regla según la cual cuanto mayor sea la sensación de apartheid, mayor será asimismo el apoyo a las facciones palestinas más expeditivas, partidarias de la acción directa y, llegado el caso, de poner los cimientos para una tercera intifada.

En cierta ocasión, hace de esto más de veinte años, un mando importante del Tsahal sostuvo que la intifada que acababa de estallar a causa de la visita del general Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas, ciudad de Jerusalén, iba a tener una duración y efectos limitados. Lo cierto es que fue larga y mortífera y que, de una forma u otra, facilitó que el discurso islamista colonizara a una parte de la opinión pública de los territorios ocupados. De forma que, a partir de entonces, el carácter secular y al mismo tiempo multiconfesional de la resistencia palestina, mayoritariamente unida en la OLP, se ha deslizado progresivamente hacia una confesionalidad militante, si no mayoritaria, sí significativa, cuyo crecimiento alimentan episodios como la muerte de la periodista y el desentendimiento de la Administración israelí sobre cuanto sucedió en Yenin.

En la misma edición de Haaretz en la que se alude a la mitificación de Abu Akleh, otro analista, Yossi Verter, presenta el Gobierno de Naftalí Bennett como un equipo especializado en “fallar espectacularmente” en la política interna. El diagnóstico es transferible al tratamiento del problema palestino o, más adecuadamente, de las reivindicaciones palestinas. Es incluso posible suponer que tal carencia es fruto de la tradición desde que el primer Gobierno de Binyamin Netanyahu (1996-1999) demoró el desarrollo de los acuerdos de Oslo y las negociaciones de Camp David de 2000, promovidas por el presidente BIll Clinton, desembocaron en un sonoro fracaso. Pero esa tradición solo se sostiene porque Estados Unidos no la impugna o exige que se rectifique, sino que la apoya porque Israel es la piedra angular sobre la que descansa el dispositivo de seguridad diseñado en Washington para Oriente Próximo. Ese es un dato inamovible.

Dicho de otra forma: desde que la Administración de Barack Obama decidió que lo mejor para Estados Unidos era replegarse de la región y confiar a terceros la gestión del día a día, mayor ha sido la libertad decisoria de Israel en el tratamiento de los asuntos palestinos, complementada con los papeles desempeñados por Egipto y Arabia Saudí como guardianes del orden árabe. De lo que se deduce que la comunidad palestina, salvo casos contados y siempre bajo sospecha, no tiene en Oriente Próximo aliados determinantes para aliviar su postración; acabar con ella es poco menos que impensable a medio plazo. Se cumple así la tesis de Edward W. Said, fallecido en 2003, que siempre presentó los acuerdos de Oslo como la institucionalización de la lógica israelí en el conflicto, dejando para un futuro incierto los pasos decisivos para alumbrar un Estado palestino en los territorios ocupados; tan incierto que para nadie es un secreto el riesgo de que Cisjordania adopte el perfil ominoso de un bantustán.

Otra vez ‘El cuento de la criada’

El largo proceso de fractura social en Estados Unidos se verá agravado en grado sumo si el borrador de opinión mayoritaria del Tribunal Supremo se aprueba con la versión filtrada por Politico o cualquier otra similar que cancele la vigencia del derecho al aborto a escala federal. Si los jueces remiten la aprobación del derecho al aborto a lo que cada estado decida, más de la mitad de ellos adoptarán legislaciones extremadamente restringidas o pura y simplemente prohibirán la interrupción del embarazo 49 años después de que el Tribunal Supremo la aprobase y de que en 1992 lo ratificase con levísimos retoques de matiz. En las 98 páginas redactadas por el juez Samuel Alito, católico muy conservador nombrado por el presidente George W. Bush en 2005, abundan las argumentaciones inconsistentes y las razones peregrinas para dejar sin efecto medio siglo de jurisprudencia y negar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mutilada su autonomía personal en cuanto atañe a los derechos reproductivos.

El episodio confirma lo que es evidente a ojos vista: la larga y persistente radicalización del choque cultural entre dos universos incompatibles: el liberal y el que encontró en la presidencia de Donald Trump al líder capaz de hacer efectiva la restauración de un puritanismo blanco, de devolver la Unión a la situación anterior a la Ley de Derechos Civiles firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964. La mutación genética del Tribunal Supremo facilitada por Trump, que durante su mandato nombró a tres magistrados de un conservadurismo sin fisuras y dejó reducido a tres el número de liberales, es un reflejo más del repliegue a los orígenes de una sociedad descoyuntada por el cambio de costumbres del último medio siglo, agravada la división durante el mandato de Barack Obama.

La elección de adjetivos infrecuentes en medios liberales como The Washington Post (“terrible y repugnante”) y Los Angeles Time (“mordaz y desdeñosa”) para describir el borrador, o la aseveración de The Guardian según la cual Samuel Alito pretende retrotraer Estados Unidos al siglo XVII, es una muestra elocuente del clima alentado por el borrador, apoyado por la extrema derecha política, por los predicadores fundamentalistas desde los púlpitos de diferentes confesiones y por un sinfín de organizaciones y medios que creen que las elecciones de noviembre deben ser la ocasión para el segundo asalto al Congreso, ahora a través de las urnas. Todo ello mientras se multiplican las movilizaciones de las mujeres, que sienten que quieren mutilarles sus derechos, y aumentan los temores de que los capítulos siguientes que escribirá el Tribunal Supremo afectarán a las pastillas abortivas del día después, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a los derechos de la comunidad LGTBI.

Lynn Vavreck, profesora de la UCLA, sostiene que “las actitudes sobre el cambio cultural y la identidad estadounidense ya han surgido como el principal punto de separación entre las partes”, y añade en el mensual The Atlantic: “Una decisión que revoque a Roe [la sentencia del Supremo de 1973] mantendrá el aborto y otros temas sociales en el centro del escenario y consolidará la transición hacia una política polarizada, centrada en las diferencias culturales”. Es decir, se ampliará la brecha entre las dos corrientes políticas mayoritarias del país y se consagrará la desfiguración del Partido Republicano, consumada su abducción por la extrema derecha desde que el Tea Party y los neocons pusieron las primeras piedras para colonizarlo.

Los términos en los que ambos bandos plantean las elecciones de mitad de mandato en noviembre reúnen todos los ingredientes para escenificar esa división tajante. Puede decirse que el borrador de Samuel Alito ya ha activado los resortes de la campaña y la ha agriado medio año antes del día D. Lo que las encuestas aún no han vislumbrado es a qué bando puede favorecer más lo desvelado por Politico: ¿movilizará más el voto conservador para hacer frente a la reacción demócrata-feminista o la sociedad liberal se pondrá en marcha como nunca para preservar la mayoría en la Cámara de Representantes y luchar por obtenerla en el Senado? Diferentes analistas creen que nadie saldrá especialmente beneficiado por lo que finalmente apruebe el Tribunal Supremo y, en cambio, será muy importante la repercusión que tenga la posible ausencia de votantes de las minorías en aquellos estados que han reformado las leyes electorales para complicar su inscripción.

De momento, cada parte alienta el temor de que la victoria del otro desencadene una catástrofe de efectos imprevisibles. El tono de los mensajes en las redes sociales así lo da a entender; las suspicacias liberales a raíz de compra de Twitter por Elon Musk obedecen al temor de que Donald Trump aparezca de nuevo para difundir a todas horas la llamada posverdad; los discípulos de Steve Bannon ahí están para alentar las pulsiones de la América profunda. Las argumentaciones del borrador han suministrado a estos últimos material de propaganda muy efectivo: el juez Alito considera que el derecho al aborto a escala federal no es admisible porque no se menciona en la Constitución –se remonta al siglo XVIII– y porque no ha arraigado en la tradición y en la historia de Estados Unidos.

Son dos fundamentaciones chocantes, pero ahí están. O acaso no lo sean tanto después de leer El cuento de la criada o de ver la serie de televisión inspirada en el libro de Margaret Atwood. De hecho, una usuaria de Twitter difundió el miércoles un mensaje consistente en una fotografía de la Estatua de la Libertad vestida con la cofia blanca y la túnica encarnada de las criadas del cuento. En la alegoría quizá haya un punto de exageración, pero también una dosis comprensible de incertidumbre ante un futuro oscurecido por la voluntad retardataria de una parte muy importante de Estados Unidos, cada vez más apegada al pasado y más dispuesta a no aceptar otro futuro que no suponga la rectificación en profundidad de cambios sociales que estima hostiles, ajenos a lo que entiende imperecedero.

La política tóxica alienta el racismo en Estados Unidos

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes de los que cerca del 14% son afroamericanos mientras que la población blanca representa el 60%. Pero la población reclusa de piel negra es el 33% y la blanca, el 36%, según un informe difundido por la cadena Univisión. El desequilibrio es evidente y los factores que explican tal desfase son por lo menos tres, según un estudio de Ryan D. King y Michael T. Light: las diferencias raciales en la comisión de delitos, leyes aparentemente imparciales, pero con efectos raciales dispares y el trato desigual en el sistema de justicia. Veredictos como el del miércoles de un jurado de Brunsbick (Georgia) –once blancos y un negro–, que declaró culpables de asesinato a tres hombres blancos que persiguieron y mataron al joven de 20 años Ahmaud Arbery en febrero de 2020, tienen el valor que se les quiera dar, pero tienen un poder limitado de transformación en una sociedad en la que el problema racial, legado por la esclavitud, sigue presente en todas partes.

Basta con atender al hecho de que pocos días antes del desenlace del caso Arbery, un jurado de Kenosha (Wisconsin) absolvió al joven Kyle Rittenhouse, que mató a dos personas e hirió a una tercera durante un episodio de disturbios raciales. El principio de legítima defensa, que en Estados Unidos se extiende a una serie de leyes respaldadas por la segunda enmienda de la Constitución –derecho a la posesión de armas–, fue suficiente para poner al procesado en libertad. La fiscalía adujo que no cabía alegar legítima defensa contra un peligro “que tú mismo creaste” –salir a la calle armado y acosar a manifestantes–, pero prevalecieron en el criterio del jurado viejos preceptos, que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump, a quien Rittenhouse visitó en Mar-a-Lago. Trump declaró que el fiscal nunca debió presentar cargos contra el joven y en una entrevista en la ultraconservadora Fox News, el presentador Tucker Carlson definió a Rittenhouse como “un chico dulce”.

Con independencia de las particularidades de cada caso, es enorme la distancia moral en el desarrollo de uno y otro. Algo que no hace más que subrayar la pervivencia del problema racial, quizá agravado y aumentado en los últimos años por la atmósfera tóxica que se respira en la política estadounidense y que mantiene de plena actualidad la opinión emitida por Barack Obama en 2007, cuando, siendo senador, visitó la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color: “A pesar de todo el progreso que se ha logrado, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos más trabajo que hacer cuando hay más jóvenes negros que languidecen en la cárcel que los que van a universidades y facultades en el país”.

En realidad, queda tanto por hacer que en el estado de Georgia aún era vigente la llamada ley de arresto civil, a la que se acogió la defensa de los tres condenados, que databa de 1863 y que autorizaba a los ciudadanos a arrestar a personas “razonablemente sospechosas”. El gobernador del estado, Brian Kemp (republicano), la abolió después de la muerte de Arbery e hizo bien: en Georgia, un estado esclavista, se aprobó en plena guerra civil para facilitar la persecución de esclavos huidos. Pero que tal ley siguiera en vigor en 2020 no deja de ser un síntoma inquietante de hasta qué punto la cultura de la división racial sigue ahí con el indecente vigor de que goza desde que los primeros africanos llegaron a Nueva Inglaterra hace cuatro siglos.

Hay una cultura supremacista blanca tan arraigada que siguen siendo excepción los entornos sociales en los que la convivencia interétnica está por completo normalizada. Contra lo que cabía esperar, la presidencia de Barack Obama agravó las tendencias divisivas: una facción muy grande de la opinión pública de Estados Unidos no aceptó que un negro viviera en la Casa Blanca durante ocho años, y en la victoria de Trump en 2016 fue este uno de los factores determinantes: su ambigüedad a la hora de abordar el problema racial satisfizo a quienes piensan que se ha ido demasiado lejos en rescatar de la marginación y el sometimiento a la comunidad negra. Quizá no sea el clima social de hoy el mismo que desafía la decencia de Atticus Finch en la novela Matar un ruiseñor, o quizá sí lo sea si nos atenemos a lo que aún sucede en demasiados lugares, encubierta la impunidad blanca por un racismo consolidado que alcanza al trabajo de los jueces.

El hecho es que sigue vigente el alegato de John Quincy Adams, año 1840, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del barco esclavista Amistad, presentado en principio por los demandantes como una disputa por la propiedad de los africanos transportados en la nave y que luchaban por recobrar la libertad: “No es una simple cuestión de propiedad, es el caso más importante que se ha presentado ante este tribunal, porque a lo que en realidad concierne es a la naturaleza misma del hombre”. Adams fue presidente entre 1825 y 1829, pero cerca de 200 años después sus palabras explican mucho de cuanto sucede hoy, de la misma manera que lo hacen la alocución de Abraham Lincoln en Gettysburg, el sueño de Martin Luther King y otras voces esclarecidas: el problema racial es el mayor demonio familiar de una sociedad que no lo ahuyentó con la victoria unionista en el campo de batalla.

Basta una travesía por el sur profundo para calibrar la naturaleza del desafío. La proliferación de banderas de la Confederación vencida en 1865, los monumentos al general Lee, la división religiosa, con congregaciones separadas para negros y blancos, toda la gazmoñería paternalista de comunidades blancas frente a la discriminación indiscutible que soportan comunidades negras, parece dar la razón a quienes sostienen que las guerras civiles nunca se acaban, dejan un poso de amargor histórico, de litigio sin resolver. Mientras sea noticia que un jurado de mayoría blanca absuelve a un acusado afroamericano, el ominoso problema racial seguirá vivo en Estados Unidos.

Cuba, la revolución congelada

Todos los vaticinios conocidos sobre cuál sería el proceso de revisión y reforma del régimen cubano a partir del desvanecimiento de la Unión Soviética se han quedado en nada. Ni Fidel Castro optó por imitar el proceso que siguió a la liquidación de la superpotencia comunista ni su hermano Raúl afrontó el ocaso con la capacidad transformadora del modelo chino en la cabeza. Frente a esas dos posibilidades desechadas se afianzó la voluntad de la nomenklatura de perpetuarse en el poder y no transigir en cambios fundamentales para rescatar a la isla de las penalidades encadenadas desde la primera mitad de los años noventa. La hipótesis manejada por algunos think tank de Estados Unidos, que interpretaron el final de la URSS y de su tutela de la isla como el primer capítulo de una evolución con altibajos hacia un modelo mixto de economía público-privada y pluripartidismo bajo control, erraron tanto el tiro como el disidente Carlos Franqui, militante de primera hora de la revolución y amigo de Camilo Cienfuegos, que en 2001 pronosticó una “apertura económica con represión política” a imagen y semejanza del modelo chino.

Nada de esto sucedió porque Raúl Castro fue un presidente que se limitó a hacer retoques cosméticos en la economía –antepuso la pervivencia del legado recibido de manos de Fidel y del partido– y su sucesor, Miguel Díaz-Canel, no hace más de lo que cabía esperar de un apparatchik, aun a riesgo de agravar el hartazgo social a causa del desabastecimiento y la progresiva desvinculación de la élite gobernante del sentir de la calle, de los padecimientos de una población a la que le falta de todo. Aunque un articulista del diario habanero Juventud Rebelde presenta las movilizaciones de julio y la manifestación convocada el día 15 por el colectivo Archipiélago como una operación orquestada desde Estados Unidos para movilizar a “nuevos guerrilleros del imperio neocolonial”, lo cierto es que hay un desapego progresivo de la generación de menos de 40 años, sin vínculos sentimentales con la epopeya de los barbudos de Sierra Maestra.

Escribe Martín Caparrós en Ñamérica, referido a La Habana: “Una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad –que parece– detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio –en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno: los habanos”. Tal descripción es poco menos que un retrato de la decadencia de un proyecto que ha hecho de la bellísima ciudad de las columnas glosada por Alejo Carpentier un escenario de piedra con cicatrices en cada fachada. Esa detención del tiempo, esa congelación del tiempo con el propósito de resistir cueste lo que cueste es definitoria y al mismo explicativa de cuanto está sucediendo en la isla.

Es evidente que las sanciones de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, que canceló la apertura posibilista promovida por Barack Obama, y la parsimonia de Joe Biden tienen mucho que ver con las penurias cubanas, con el ahogo económico. Es igualmente evidente que una parte importante de la población cubana se identifica con la peripecia revolucionaria. Pero ambas realidades no restan valor al lamento de Fidel Castro en julio de 1991, cinco meses antes de esfumarse la URSS: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. Porque lo que sucedió en verdad en los 35 años que siguieron al fracaso de la expedición anticastrista en Playa Girón (1961) fue el encubrimiento de las carencias del régimen mediante la asistencia de Moscú a La Habana, fruto de la guerra fría.

La progresiva disolución de las reglas del juego de la guerra fría en una nueva realidad multipolar que está lejos de constituir un sistema, un marco internacional con comportamientos previsibles, ha perjudicado la viabilidad del experimento cubano. Pero sus gestores no se han acogido al análisis gramsciano de la correlación de fuerzas, sino que han optado por un numantinismo sobrevenido con el conocido coste para los ciudadanos; para los gestores del momento ha pesado más garantizar la supervivencia del sistema que poner remedio a sus limitaciones endémicas. Puede decirse que la élite dirigente del Partido Comunista y del  Ejército se ha atenido a un acto reflejo común a todas las élites: perpetuarse en el puente de mando.

Para el núcleo dirigente, sin embargo, el mayor problema es la progresiva desconexión de la mitología revolucionaria de una parte cada vez mayor de la sociedad cubana. La propaganda política permanente surte efecto en la fase expansiva de los procesos de cambio, pero activa el escepticismo e inmuniza de sus efectos a los receptores de tal propaganda si finalmente llegan a la conclusión de que el rey estaba desnudo. Los iconos de los 60, los eslóganes rotundos y las transformaciones en la isla de aquel entonces son historia, quedan demasiado lejos para que puedan generar complicidades políticas y mecanismos emocionales de adhesión. Cuando un dramaturgo como Yunior García es de repente motivo de preocupación del sistema o los Latin Grammy dan un premio a la canción Patria y vida –el eslogan de los movilizados en julio–, la sensación que se trasmite es que la hegemonía cultural de la revolusión presenta muchas brechas.

Hay dos futuribles probables: que la tensión social no decrezca –quizá la fractura vaya a más– y que el enroque del régimen en el inmovilismo se mantenga. La suma de ambos comportamientos solo da pie a malos presagios. Porque en un régimen de opinión pública, con pareceres diferentes expuestos a la luz del día, la fabricación del consentimiento, un concepto desarrollado por Walter Lippmann, está sujeto al debate entre iguales, pero en un entorno sin libertad de información, el disenso entre el poder, que manufactura el consentimiento a su antojo, y los discrepantes lleva directamente a la protesta cuando no al enfrentamiento. Tal cosa sucede en Cuba, aunque la propaganda echa la culpa de todo a los viejos demonios familiares.

Crisis de certidumbres a causa de Afganistán

El estado anímico de la identidad colectiva se tambalea cuando se dan desenlaces tan imprevistos o indeseados como el de Afganistán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de atenerse a lo acordado en su día con los talibanes por su antecesor, Donald Trump, ha dado pie a reproches de todo tipo, algunos o bastantes de ellos oportunistas. El “desastre de proporciones épicas” al que alude en The New York Times el congresista demócrata por Massachusetts Seth Multon y la definición de la retirada a toda prisa como “una decisión política” a despecho del consejo de los generales de mayor rango y de la comunidad de inteligencia, recogida en las mismas páginas de boca del congresista republicano por Texas Michael McCaul, orientan a ambos lados de la divisoria el sentimiento de frustración de la opinión pública estadounidense, harta de guerras lejanas, costosas y a menudo desprestigiadas, y, al mismo tiempo, golpeada por el espectáculo ominoso del aeropuerto de Kabul. Un sentimiento extensible a la opinión pública occidental, que ha observado el desarrollo de los acontecimientos como una claudicación sin reservas frente a los yihadistas victoriosos.

El hecho de que Biden haya llevado a la práctica lo que tantas veces defendió sin éxito como vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, salir de Afganistán cuanto antes mejor, no atenúa la sensación de que son imprevisibles las repercusiones de la derrota después de 20 años de guerra y de articulación fallida de un nuevo régimen. Para empezar, porque será ineludible alguna vía de comunicación estable con el régimen talibán; para continuar, porque la segunda entrada de los mujahidines en Kabul –la primera fue en 1996– y el desafío del Estado Islámico puede desembocar en una paradoja: el alineamiento en un mismo bando contra el terrorismo global de Estados Unidos y sus aliados –el Pentágono lo ve posible– y de los nuevos gobernantes afganos. A despecho incluso del restablecimiento de la sharia como fuente principal del orden social y de la previsible mutilación de derechos (los de las mujeres y niñas, en primera instancia).

Como afirman muchos conocedores del ethos talibán, el peligro inmediato de alimentar el terrorismo sin fronteras está en la capacidad de movilización de las franquicias del ISIS. El profesor Olivier Roy entiende que los talibanes sacaron provechosas lecciones del error cometido al acoger y asociar su futuro al de Al Qaeda, cuando en la práctica nunca quisieron el mulá Omar y sus secuaces salirse de los límites afganos, al tiempo que la yihad de Osama bin Laden siempre fue a escala mundial, quizá como fórmula o adecuación del combate a la globalización. Y esa posible cohabitación en pos de un mismo objetivo contra un adversario compartido –el universo del ISIS– puede erosionar el estado anímico, emocional de cuantos, fiados en la justificación propagandística que siguió al ataque del 11-S, creyeron que, efectivamente, la intervención en Afganistán y el desalojo del poder de los talibanes eran la última frontera para evitar la consolidación de una teocracia medieval.

Cuanto ha sucedido en Afganistán hasta el 31 de agosto y sucederá en el futuro inmediato acrecienta un sentimiento de vulnerabilidad generalizada y es combustible de primera calidad para activar el discurso ultraconservador en todas partes. “El negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”, sostiene la economista Deirdre N. McCloskey. Si sale derrotado todo aquello que parecía asentado en los sólidos pilares de la democracia y la defensa de la autonomía de los individuos, si todo se tambalea, con las redes sociales y la televisión como grandes difusores de la debacle, se abre una ventana de oportunidad para alentar el miedo o, por lo menos, para poner en duda la competencia e intenciones de cuantos gestionaron el descalabro. Se da opción, asimismo, a la proliferación de campañas dirigidas a desacreditar apresuradas justificaciones morales para dejar en la estacada a las víctimas inmediatas de la catástrofe, a la cifra incalculable de afganos que desean salir del país.

Más allá o más acá, según se mire, del rompecabezas geoestratégico, profusamente analizado por las cancillerías, el regreso de los talibanes al puente de mando contribuye a alimentar la sensación de que cuanto se dice y hace procede de un mundo extinto o poco menos. A la acumulación de incertidumbres provocadas por la emergencia climática –véase el último informe (IPCC) auspiciado por la ONU– y por la pandemia, que sigue su marcha sin desenlace inmediato, se suma el estado de excepción emocional provocado por Afganistán. La crisis de identidad no es un estado de ánimo pasajero cuando se acumulan tantas situaciones fuera de control, cuya corrección obliga a escalar muros cuya altura se desconoce. En la evacuación de Kabul por Estados Unidos y sus aliados abundan las imágenes equiparables a las de la salida a toda prisa de Saigón en 1975, pero estaban en vigor entonces una serie de convenciones internacionales, la mayoría no escritas, pero sólidamente arraigadas, características de la guerra fría, que hace decenios saltaron por los aires. Hoy la imprevisibilidad se ha adueñado de los teatros de operaciones no solo en Afganistán.

El semanario The Economist ha invitado, entre otros, a Henry Kissinger para analizar la retirada estadounidense. En su artículo sostiene que no fue posible convertir Afganistán en una democracia moderna, “pero la diplomacia creativa y la fuerza podrían haber vencido al terrorismo”. Ambas aseveraciones son fruto de las convicciones de uno de los grandes actores de la guerra fría, pero los cambios en el ecosistema político del presente son demasiado profundos para que resulte eficaz la mezcla de diplomacia creativa y fuerza. De hecho, tampoco lo fue en Vietnam, aunque quiso aparentarse lo contrario hasta que se produjo la derrota. Puede decirse que, al menos en el plano teórico, el índice de incertidumbre aumenta todos los días y el de desorientación, también, con China como única superpotencia dispuesta a batirse por la hegemonía sin necesidad de plantearse enojosas preguntas porque no hay a las puertas de la Ciudad Prohibida una opinión pública entregada al libre examen crítico de los hechos, sino instalada en una euforia colectiva irrefrenable. Quizá es esta la foto fija de nuestros días.

 

Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

Cuba, una revolución devaluada

El desarrollo del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) fue la ocasión esperada para desentrañar qué futuro aguarda a la isla y también la ocasión presentida de que ninguna aclaración sería efectiva, negro sobre blanco. Emparedados los congresistas entre el mensaje de Raúl Castro, 89 años, guardián de las esencias, y una pretendida renovación generacional, encarnada por Miguel Díaz-Canel, 61 años, presidente del país y nuevo secretario general del PCC, los discursos dejaron para momentos más propicios el esclarecimiento del futuro que aguarda a una sociedad exhausta a la que le falta de todo, a una economía agonizante y a un establishment acomodado a los estados carenciales de un régimen en un ocaso inacabable.

Sin quitar importancia a los efectos de las sanciones impuestas por la Administración de Donald Trump, la imagen de insimismamiento revolucionario prevalece sobre cualquier otra. La “ciudad detenida” –La Habana–, descrita en 2019 por el escritor Andrés Caparrós, se antoja una síntesis corpórea de las flaquezas de un sistema progresivamente deteriorado e ineficaz. La “ciudad de las columna”, homenajeada en su día por Alejo Carpentier, sobrevive al paso del tiempo como una referencia del pasado, pero las bellas columnas están desconchadas y no hay recursos para repararlas. La incapacidad para renovar el régimen parece una enfermedad congénita sin curación posible.

Aunque “una generación, hija de los mambises con barba que bajaron de la Sierra Maestra, se pondrá al frente del partido que vela por los sueños de los humildes de esta isla”, como escribió un analista en Granma antes de empezar el congreso, las líneas rojas las fijó con trazo grueso y bien visible el secretario general saliente, Raúl Castro: el control estratégico de la propiedad estatal y el partido único no admiten discusión. El temor a que la pequeña y la mediana empresa se muestren más rentables y eficaces que la anquilosada gestión estatal impregnó el mensaje de Castro en igual o mayor medida que el temor a que una liberalización excesiva de la economía agrave las desigualdades, muy visibles hoy entre las familias que reciben regularmente remesas en dólares y las que no cuentan con tal ayuda.

La remisión de un comentarista de Juventud Rebelde a un discurso pronunciado por  Raúl Castro en el último congreso de los jóvenes del partido presagia un horizonte borrascoso: el líder de la revolución pronóstico a las nuevas generaciones “muchos años más de lucha y sacrificios”. Un mensaje que en cualquier otro lugar habría resultado sombrío y desesperanzador, pero que un auditorio de futuros apparatchiks lo acogió sin sobresalto. Como si el sacrificio ilimitado formara parte de la mitología castrista, los padecimientos hace tiempo que dejaron de tener fecha de caducidad.

Lo cierto es que, como sucede en todos los procesos emancipadores, la legitimación de que disfrutan sus líderes sí tiene fecha de caducidad: la de su desaparición entre los vivos. A sus herederos no se les mide con la misma vara. El vínculo personal entre líderes y ciudadanía se quiebra, las generaciones que no vivieron la gran epopeya mantienen con los gobernantes una relación sin anclajes sentimentales y lo que realmente importa son los resultados. Por esa misma razón, ningún dirigente cubano puede ni remotamente sincerarse en los términos que lo hizo Fidel Castro el 18 de julio de 1991: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”.

Al mismo tiempo, hay quien intuye que la situación cubana es un caso excepcional. “Cuba es el único caso regional [latinoamericano] de un régimen autocrático cerrado con alta capacidad estatal y bajos niveles de movilización social”, sostiene el politólogo Armando Chaguaceda en la revista Letras Libres. Claro que el régimen castrista es el mejor pertrechado para la antiinsurgencia preventiva desde el episodio de Playa Girón (15 de abril de 1961). Es decir, que hay una maquinaria estatal de control con un grado de efectividad muy por encima del que caracteriza a la mayoría de sectores. Pero tal realidad no devalúa la apreciación de Chaguaceda, y entonces cabe preguntarse: ¿cuál es el grado de adhesión o de conformismo de la población, desaparecida casi la totalidad de líderes históricos de la revolución y los integrantes de la generación de cubanos marcados por la liberación?

El hecho de que 80 congresistas demócratas mandaran en marzo una carta al presidente Joe Biden pidiéndole una aproximación más constructiva a la situación en Cuba quizá se explica en parte por esa aceptación sin tensiones en la isla de un momento tan difícil como muchos otros vividos desde 1959. Y así, de la misma forma que Raúl Castro pone límites a la transformación del sistema, es improbable que el Gobierno ponga obstáculos a una relación puesta al día con Estados Unidos de la forma que lo hizo Barack Obama, porque no correrá ningún riesgo. Las directrices del congreso del PCC pueden ser una determinación de objetivos para consumo interno, pero su utilidad es más que dudosa en el ámbito de la Realpolitik.

El régimen cubano presenta todos los síntomas de la senectud, de una larga y azarosa vida. “Cuba está más arrinconada que nunca. Los cubanos están como en una balsa que está a flote, pero tienen menos salvavidas que antes”, opina el periodista Jon Lee Anderson. Descartan sus líderes copiar el modelo chino o el vietnamita y siguen con la letanía de la herencia revolucionaria recibida, pero son demasiados los datos que inducen a pensar que, a pesar de todo, algo se mueve, siquiera sea sigilosamente, para salvar los muebles; siquiera sea para evitar que la colonia cubana de Miami imponga sus designios. Dijo Eduardo Galeano que la revolución cubana “fue lo que pudo ser y no lo que quiso ser”, y la frase, impregnada de realismo, es hoy del todo vigente; quizá sea el destino reservado a un experimento social devaluado.

Racismo sistémico en Estados Unidos

Si en algún momento pudo confiar la sociedad estadounidense en una progresiva atenuación de las tensiones raciales, el agravamiento de los últimos años no hace más que sentar al país frente a un espejo que devuelve la imagen de una angustiosa realidad. Mientras se desarrolla en Minneápolis el juicio contra el policía Derek Gauvin, que causó la muerte por asfixia del ciudadano afroamericano George Floyd, en un suburbio de la misma ciudad la policía Kim Potter ha dado muerte (11 de abril) a un joven de 20 años, Daunte Wright, y el policía de Chicago Eric Stillman ha acabado con la vida del niño Adam Toledo, de 13 años y ascendencia hispana, que estaba desarmado y con las manos en alto (las autoridades tardaron más de dos semanas en dar cuenta del suceso, ocurrido el 29 de marzo). Nada contrarresta la tradición propia de una sociedad tan a menudo dividida por el racismo, tan a menudo alentada por el discurso supremacista, tan irresponsablemente excitada durante el mandato de Donald Trump.

La multiplicación de cargos públicos en las diferentes administraciones apenas ha sido capaz de construir un escenario de normalidad. “He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales están mejor de lo que estaban 10, 20 o 30 años atrás, no importa lo que digan algunos”, proclamó Barack Obama en su discurso de despedida de la presidencia, pero poco después matizó sus palabras: “La raza sigue siendo una fuerza potente y a menudo divisiva en nuestra sociedad”. La frialdad de las estadísticas le dan la razón: el 45% de los pobres pertenecen a las comunidades negra e hispana; la renta media de las familias negras equivale al 59% de la de las blancas; los afroamericanos constituyen el 13% de la población estadounidense, pero aportan alrededor del 35% de los reclusos y el 40% de los condenados a muerte.

Michael Dayson, profesor de la Universidad de Georgetown, coincide con muchos estudiosos en considerar la presidencia de Obama un acontecimiento de gran relevancia social y política, pero también un suceso que alarmó a una parte significativa de la comunidad blanca e hizo resurgir “el feroz antirracismo negro”. De lo que es fácil deducir que Trump encontró el terreno abonado para dar en la comunidad blanca con un caladero de votos que ni siquiera los neocons lograron captar en la misma proporción para George W. Bush. Seguramente, durante la presidencia del antecesor de Obama se daban en potencia las condiciones para un renacimiento o activación del racismo blanco, pero nada en el horizonte presagiaba un cambio tan radical en la atmósfera política como la llegada a la Casa Blanca de un ciudadano negro.

Ni siquiera la colonización del Partido Republicano por el pensamiento ultraconservador, que se remonta a los mejores días del Tea Party, vaticinó en toda su gravedad y profundidad la activación de los resortes racistas. Por el contrario, mediante un cambio progresivo en las industrias culturales, las universidades y la orientación multirracial de la producción audiovisual, sobre todo para la televisión, se transmitió la ilusión de una sociedad en lenta, pero progresiva armonía. Se desdibujó así a ojos de muchos el hecho cierto de que el racismo es una enfermedad sigilosa, enmascarada con frecuencia por formalismos sociales que alimentan la idea de una relativa normalidad.

La recopilación de factores constitutivos de la identidad de la nación hecha por la nobel Toni Morrison sigue siendo válida en toda su extensión. La gran escritora identificó, entre otros, la raza, la esclavitud, la memoria, la discriminación y la integración de la cultura afroamericana. De ahí el choque con la cultura hegemónica, transmitida generación tras generación por la población blanca de ascendencia europea. Aquello que aparece en los libros de Morrison es el nítido reflejo de esa confrontación, de la asimetría en la correlación de fuerzas y de los brotes de tensión casi sesenta años después del sueño de Martin Luther King.

No es una exageración decir que la asimetría racial es consustancial al ADN de muchos estados, donde se ha puesto en marcha la maquinaria legislativa para dificultar al máximo la votación a las minorías raciales e impedir una movilización como la vivida en noviembre del año pasado. Mientras el eslogan Black lives matter guía los pasos de los manifestantes contra la violencia policial y Joe Biden dicta órdenes ejecutivas para mejorar la equidad racial, hay una corriente de fondo dispuesta a hacer cuanto esté en su mano para garantizar el predominio de la sociedad blanca. Al mismo tiempo, una minoría afroamericana cada día más radicalizada por la sucesión de episodios luctuosos ha llegado a la conclusión de que la convivencia no es posible, de que sus acometidas en la calle son para defender derechos mínimos por los que nadie está dispuesto a jugarse de verdad su futuro político.

“Me postulé para la presidencia porque creo que estamos en una batalla por el alma de esta nación. Y la simple verdad es que nuestra alma estará atribulada mientras se permita que persista el racismo sistémico”, dijo Biden el 23 de marzo. La declaración presidencial choca con el conservadurismo blanco extremo, que cree exactamente lo contrario: el alma de la nación no sobrevivirá al multiculturalismo, al mestizaje y a la igualdad racial. Y este sentimiento de pertenencia a una raza más que a una comunidad multicolor, Estados Unidos, se percibe tanto en estados con una presencia importante de afroamericanos como en los que no hay más color o casi que el blanco.

¿Cabe esperar una evolución tranquilizadora a medio plazo? Seguramente, no; seguramente la tendencia a que se agrien las relaciones condicionará el futuro. Los hechos han confirmado la sospecha de que el color de la piel del presidente, de la vicepresidenta, de tal o cual integrante del Gobierno no es un dato determinante para serenar los ánimos porque el racismo es un factor constitutivo de la nación, por más que la guerra civil (1861-1865) acabara con la derrota de los secesionistas del sur. Hay en la herencia dejada por la esclavitud el veneno inaprensible de la superioridad blanca, del convencimiento aún para muchos de que los descendientes de esclavos son una amenaza para la preservación del legado fundacional blanco, anglosajón y protestante. Ese es el gran lastre.

Arabia Saudí, un socio incómodo

La decisión de la Administración de Joe Biden de desclasificar el informe elaborado por la CIA sobre el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en el Consulado de Arabia Saudí en Estambul entraña una revisión escalonada de la relación de la Casa Blanca con el trono de Riad. La investigación del caso realizada por la agencia llega a la conclusión de que la muerte de Khashoggi fue autorizada por Mohamed bin Salman, hijo del rey y gobernante de facto, que quiso silenciar una voz crítica con la teocracia de los Saud, un respetado columnista de The Washington Post. Nada nuevo aporta el informe de la CIA, habida cuenta el convencimiento generalizado de que la desaparición del periodista fue decidida en los salones más exclusivos del poder; lo verdaderamente novedoso es que, al contrario de lo dispuesto en su día por Donald Trump, su sucesor ha hecho públicas las conclusiones.

Si durante décadas Arabia Saudí ha sido solo el aliado necesario, ahora es además el socio incómodo. Quizá debió haberlo sido antes, sobre todo a partir de las muy fundamentadas sospechas de que algunas ramas del árbol genealógico de la familia real saudí tuvieron comunicación, contacto, incluso información de los planes de Al Qaeda antes del 11-S, pero el Gobierno de George W. Bush optó por una aplicación extrema de la Realpolitik y dejó sin efecto la posibilidad de ahondar en algo que parecía más que probable. Quizá también hubiese sido saludable cierta voluntad anticipatoria para preservar el espíritu democratizador de las primaveras árabes, combatidas con denuedo por Arabia Saudí, pero de nuevo la Realpolitik se impuso a cualquier otra consideración.

Durante el mandato de Trump se hizo aún más evidente la inmunidad de los gobernantes saudís mientras se atuvieran a la política de acoso a Irán y a la necesidad de salvaguardar la seguridad de Israel. El príncipe Bin Salman se convirtió en el aliado necesario ideal: promovió cambios cosméticos en su país para pasar por un reformista y se sometió con entusiasmo a las directrices de Washington para Oriente Próximo. Fue así como la muerte de Khashoggi quedó por esclarecer o, por decirlo de forma más precisa, quedó pendiente la difusión de las conclusiones de la investigación de la CIA.

Lo cierto es que Arabia Saudí es, con Israel y Egipto, el ingrediente determinante en la estructura de seguridad y control político de Oriente Próximo diseñado por Estados Unidos. Es decir, es improbable que Joe Biden renuncie a este aliado, pero es posible que cambie el ADN de la relación (de momento, ha suspendido la ayuda militar destinada a la guerra de Yemen). Hay varias razones para que tal cosa suceda, entre ellas el deseo del presidente de resucitar, aunque sea en otros términos, el plan para contener el programa nuclear iraní mediante una rehabilitación más o menos oficial de la república de los ayatolás ante la comunidad internacional. Es algo necesario para diluir los efectos del disparate cometido por Trump al denunciar y salirse del acuerdo negociado en su día por Barack ObamaHasán Rohani.

Pero no es este el único factor trascendente en la repercusión que puede tener la nueva modulación del vínculo de Estados Unidos con Arabia Saudí. De producirse, lo será también para el reformismo político árabe, emparedado entre fracaso de las primaveras y la complicidad de Arabia Saudí en la restauración de la autocracia en Egipto –con influencia en toda la región–, y para el reformismo musulmán. Es esto último algo fundamental para que decrezca la presión del islamismo retardatario en sociedades como la tunecina, objetivamente secularizadas, y para que dispongan de nuevos medios de expresión los promotores de un islam puesto al día, que existen, aunque su voz deba vencer casi siempre enormes obstáculos.

El título de protector de los santos lugares de La Meca y de Medina ha conferido históricamente a los monarcas saudís un poder e influencia añadidos que han facilitado la labor a un islam anclado en el pasado, ajeno a inquietudes básicas para adecuarse al presente. Son muchas las voces que comparten la opinión expresada en 2018 por la eminente historiadora Karen Armstrong en una conferencia pronunciada en Madrid: “El apoyo que los gobiernos occidentales han dado a Arabia Saudí ha hecho mucho daño al mundo musulmán”. Armstrong señaló la expansión del wahabismo, favorecida por el régimen durante decenios, que ha cambiado a una generación de jóvenes musulmanes, como un factor determinante en la percepción que del islam se tiene en Occidente. Basta comparar la situación actual con la que se daba hace medio siglo en lugares tan diferentes del mundo árabe –en general en cualquier lugar del islam– como Marruecos, Egipto e Irak para concluir que el influjo saudí ha sido determinante.

En cierta ocasión, un imán marroquí cenó en Casablanca con cuatro periodistas españoles. Uno de ellos le preguntó cuál podía ser la repercusión de un cambio de régimen en Arabia Saudí o simplemente una apertura de la monarquía al concepto de modernidad (cultural, cabe añadir). El imán no hubo de meditar ni un segundo: “Sería una liberación”, respondió. Es poco menos que innecesario aclarar que probablemente no es mayoritaria esta opinión entre el establishment político y religioso del mundo árabe, pero resulta significativa siquiera sea porque cuanto procede de Riad es indisociable del mensaje religioso, de esa pretensión de palacio de ser una referencia siempre.

El príncipe Salman es una figura clásica del poder absoluto en todos los órdenes de la vida que encarna la monarquía saudí. Es invulnerable porque no está sujeto a ningún control externo a la institución de la que forma parte, y ha sido hasta la fecha un actor político necesario para Occidente –especialmente para Estados Unidos– para garantizar la sucesión a la corona sin sobresaltos. Pero acaso la utilidad saudí de hoy, pilotada por el príncipe, sea el obstáculo árabe de mañana para la revisión o adecuación del statu quo en el golfo Pérsico, para responder a la crisis social extrema en muchos países árabes y para evitar que la lógica del autoritarismo sin tregua dé alas a los promotores de soluciones extremas incontrolables. Nada es para siempre y la influencia saudí, gestionada por el príncipe Mohamed bin Salman, no tiene por qué ser una excepción.

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Trump zarandea el sistema

El estupor y la desorientación que han seguido al asalto al Capitolio de Washington de una multitud de seguidores de Donald Trump tardará mucho tiempo en metabolizarlo una sociedad enfrentada a sus demonios familiares, a esa incompatibilidad poco menos que orgánica entre la tradición liberal y la conservadora, entre dos universos con visiones radicalmente diferentes de la nación, de la identidad colectiva, del papel de Estados Unidos en un mundo cambiante, cada vez más alejado de las grandes certidumbres de antaño, acaso del legado de los padres fundadores. Nada de cuanto ha destilado el paso de Donald Trump por la Casa Blanca ha atenuado el clima de confrontación extrema que empezó a gestarse en tiempos de Bill Clinton y que se agravó durante los dos mandatos de George W. Bush, con el auge de los neocon en la Administración y con la sensación creciente de que el Partido Republicano claudicó ante el éxito electoral de un conservadurismo extremo, todo ello en mitad del entusiasmo por la consagración de una hiperpotencia a escala global sin adversario posible que le pudiera discutir tal papel.

Pareció que la América mesiánica, cuya presunta misión debe ser siempre difundir la democracia cueste lo que cueste, había llevado con éxito al puente de mando a los herederos de Leo Strauss, de cuantos asumieron el mensaje del profesor de la Universidad de Chicago: la impugnación de la modernidad como una ruptura con los fundamentos del pensamiento clásico. Lo que realmente sucedió fue que fraguó en el crisol del conservadurismo la impresión de que era posible una cierta vuelta al pasado, a un país blanco, condescendiente con las minorías y al servicio de un capitalismo sin cortapisas. De ahí que la victoria de Barack Obama en 2008 fuese interpretada por el grueso del mundo conservador como una derrota sufrida por la nación clásica frente a un conglomerado de minorías movilizadas por un presidente afroamericano, moderadamente reformista. Así las cosas, el grueso del establishment republicano aceptó el deslizamiento hacia la extrema derecha con la vista puesta en la reconquista de la Casa Blanca.

La llegada al poder de un populista megalómano como Donald Trump fue a partir de entonces solo una cuestión de tiempo y de los errores cometidos por el Partido Demócrata en la campaña de 2016. Hillary Clinton nunca consiguió arrastrar a las minorías que siguieron a Obama en los estados industrializados más dañados por el coste social que para las clases medias tuvo la salida de la crisis financiera de 2007-2008. Trump tomó prestados los votos de un electorado especialmente decepcionado y, al mismo tiempo, supo encarnar el arquetipo del estadounidense de la llamada América profunda, receloso del poder federal, de la libertad de costumbres, que nunca ha dudado de la excepcionalidad de la nación a la que pertenece.

Lo que ha propiciado el asalto al Capitolio es que una parte de la multitud de portavoces desinteresados con los que ha contado Trump han comprendido que los exaltados, alentados por el presidente, han puesto el sistema al borde del precipicio. Si en las filas republicanas del trumpismo se han multiplicado las deserciones –Mitch McConnell, uno de los casos más destacados por su apoyo al presidente hasta fecha reciente–, fuera de ellas, entre los electores que creyeron de verdad que se produjo un fraude electoral, han aumentado las dudas en cuanto a la idoneidad y limpieza del método escogido para protestar. Aunque, según las encuestas, el 75% de los votantes de Trump sigue pensando que se manipuló el escrutinio, seguramente un porcentaje significativamente menor está de acuerdo con arremeter contra las instituciones. Y hay quien incluso se arrepiente públicamente de haber seguido a Trump en su prédica apocalíptica en las redes sociales posterior al 3 de noviembre.

Es especialmente significativo de la fractura en las filas trumpistas la reacción de clérigos evangelistas blancos analizada por David Brooks en The New York Times a la luz de las últimas encuestas, que registran entre los seguidores de Trump una caída media de diez puntos en el índice de aceptación de su comportamiento. El predicador Jeremiah Johnson, muy conservador, escribió el día 7 en su cuenta de Facebook, que “Dios destituyó a Donald Trump de su cargo por su orgullo y arrogancia, para humillar a quienes lo habían apoyado fervientemente” (Johnson, uno de ellos). Otro pastor, Tim Remington, asimismo muy conservador, exige que “se acabe esta basura”, y Brooks concluye con una idea harto repetida: la sinrazón “es una bestia voraz” que puede devorar no solo a un partido (el republicano), sino a una nación.

Esa sin sinrazón a la que alude el analista da pie a diferentes supuestos –nacisistas secundado a un narcisista (Joshua Hart y Nathaniel Stekler), terrorismo interior o diferentes formas de nacionalismo extremo–, posibles todos ellos gracias a las redes sociales, herramientas ideales para la demagogia, la intoxicación política y el sectarismo. Lo que lleva directamente a preguntar por el papel desempeñado en la red por Twitter, Facebook, Instagram y otras aplicaciones de alcance universal, por la tolerancia extrema con Trump y sus disparates cotidianos, por cuáles deben ser los límites de la libertad de expresión cuando un usuario de las redes tan relevante como el presidente de Estados Unidos defiende desde el inicio de su mandato la existencia de una “realidad alternativa”. La pregunta que formula Joyce White Vance, profesora se la Universidad de Alabama, en el semanario Time cabe hacerla extensiva a los gestores de las redes sociales: ¿puede haber una responsabilidad penal por la inducción de actos violentos limitada solo al autor de los mensajes o es extensible a los responsables de las plataformas que han consentido su difusión?

El mismo o parecido planteamiento tiene sentido cuando se trata de calibrar si la responsabilidad de Trump en el asalto obliga a incluir su nombre en la lista de los investigados por el FBI y que en su día pueden ser juzgados, acusados de un delito de terrorismo interior. La profesora White se remite a la definición de terrorismo consagrada por el FBI: actos de naturaleza violenta y criminal cometidos de forma individual o por grupos con diferentes objetivos ideológicos. Para Eugene Robinson, en The Washington Post, los republicanos “están fuera de tiempo para repudiar las mentiras electorales de Trump”, pero puede que no para contribuir a que se sustancien responsabilidades dentro y fuera de las redes sociales, para esclarecer quién apretó el botón del asalto a la democracia,

Esta es en última instancia la cuestión esencial para que el mandato de Joe Biden no empiece en una atmósfera viciada por el encubrimiento de responsabilidades. Porque es evidente que ni todo el conservadurismo es responsable del disparatado final de Trump ni nadie es responsable de nada; porque no hay duda que de que las redes sociales no pueden seguir siendo el refugio de difusores de todas las formas imaginables de odio y manipulación hasta que una insurrección como la del 6 de enero las obliga a actuar a toda prisa (Trump disfrutó en ellas de barra libre durante cuatro años). Si la democracia es un modelo pautado de derechos y libertades, es preciso dar con la tecla para que años de mensajes divisivos, de descalificaciones del sistema y del principio de legalidad, no vuelvan a zarandear las libertades y a inspirar a otros, en los cuatro puntos cardinales, dispuestos a imitar a Trump para asaltar el poder.

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