Palestina otra vez

La violencia se adueña de nuevo del largo conflicto palestino-israelí sin que nadie disponga de instrumentos políticos para aplicar una solución que suavice la postración del pueblo palestino y no alarme a Israel. Mientras se discute si nos hallamos ante los inicios de la tercera intifada o ante un brote de exasperación momentánea, se tensa la cuerda en los barrios árabes de Jerusalén Oriental, bloqueados o sometidos a control por el Gobierno israelí, y la Autoridad Palestina da muestras una vez más de una muy escasa influencia en el desarrollo de los acontecimientos en Cisjordania. A un lado y otro de la crisis, las facciones radicales imponen sus agendas, ideales para perpetuar el conflicto, esto es, para empeorar la situación de la comunidad palestina.

Los datos de la Asociación para los Derechos Cívicos en Israel son concluyentes: el 75% de los 300.000 árabes que habitan Jerusalén vive por debajo del umbral de la pobreza y solo el 64% de sus hogares están debidamente conectados a la red de agua potable. Eso sucede a las puertas en un país con un PIB per cápita que supera los 35.800 dólares, disfruta de un elevado desarrollo tecnológico y compite con éxito en la economía global. Pero las deficiencias materiales no son la causa primera del descontento, sino la convicción palestina de que cada vez está más lejos la fundación de su Estado, y la decisión de Estados Unidos de apartarse del problema y dejar las cosas como están después de repetidos fracasos en la mediación durante los dos mandatos de Barack Obama no hace otra cosa que dejar las manos libres al Gobierno israelí para gestionar la situación como mejor le venga.

Nadie escapa al recuerdo del sonoro fracaso en que acabó el empeño de Bill Clinton en julio del 2000 de reunir a Ehud Barak y a Yasir Arafat para despedirse de la presidencia con un acuerdo en Palestina. Hoy la atmósfera es menos respirable que entonces, el Gobierno israelí es un conglomerado de partidos sometido a las exigencias de la extrema derecha y Hamás ha erosionado la imagen pública de la Autoridad Palestina como nadie supo prever. Por si fuera poco, la sintonía de Barack Obama y Binyamin Netanyahu es perfectamente descriptible: es inesxistente, en especial después del acuerdo en materia nuclear alcanzado por la comunidad internacional con Irán. Como ha escrito un articulista en Haaretz, Netanyahu “prefiere gestionar los disturbios como un desastre natural que está fuera de su control”, un desastre que a ojos del primer ministro exige siempre cirugía de hierro, cabe añadir.

En realidad, se trata de un estallido de ira o de frustración de jóvenes condenados a la lógica perversa de un horizonte sin futuro, que han convertido los apuñalamientos de ciudadanos israelís en la seña de identidad de su opción por la violencia. En todo ello ve Jodi Rudoren, de The New York Times, una gran diferencia con relación a la segunda intifada, donde el encuadramiento político de los palestinos movilizados era evidente. Ahora se trata de “arrebatos espontáneos individuales de jóvenes sin filiación en un movimiento político”, sostiene Rudoren, como si los partidos palestinos, enzarzados en sus propias dispuestas, hubiesen defraudado a la última hornada de militantes de la acción directa, a cuantos creen que el llamado proceso de paz exhaló hace tiempo el último suspiro.

Es posible que una parte de los movilizados actúen por un impulso meramente personal, espontáneo si se quiere, pero la agitación en Hamás y la Yihad Islámica induce a pensar que tiene bastante que ver con los acontecimientos en curso. Ambos grupos islamistas han manifestado su apoyo a los ataques de las últimas semanas, y la enésima crisis en las relaciones de Hamás con Al Fatá el pasado verano ha dejado las manos libres a las facciones extremistas para ocupar la calle. La historia del conflicto palestino-israelí enseña que nada es nunca fruto de la casualidad o de la espontaneidad de unos cuantos cuando la violencia se apodera de la calle; siempre hay un pretexto y un grupo instigador que lo utiliza para dar la palabra a las armas, a las piedras o, como ahora, a los cuchillos.

Los jóvenes defraudados comparten el análisis de la situación que hace el periodista Rami G. Khouri: “Hay algo a la vez cómico y trágico cuando la Secretaría de Estado llama a los líderes israelís y palestinos pidiéndoles que restauren el orden. ¿Orden? ¿Qué orden? ¿El orden de la ocupación israelí, la colonización, la explotación, el asedio y la subyugación de los palestinos que viven en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este desde 1967?” Todo el mundo sabe que el modelo surgido de los acuerdos de Oslo ha quedado superado por la realidad; es un modelo agotado, cuya adulteración conduce directamente a hacer inviable la fundación de un Estado palestino con todos los tributos de soberanía, y, por simple reacción, alimenta el pensamiento más radical, la prédica encendida en las mezquitas y el desprestigio de  Mahmud Abás ante una parte cada vez mayor de la opinión pública palestina.

En un Oriente Próximo desquiciado por la guerra civil siria, el desafío del Estado Islámico y las desavenencias entre las grandes potencias, la causa palestina ha dejado de ser el mayor de los problemas que debe afrontar en la región la comunidad internacional. Los think tanks que multiplican los análisis dedicados a la competición entre sunís y chiís en el golfo Pérsico, la rehabilitación de Irán y el dispositivo de seguridad en la zona, apenas prestan atención a la reivindicación palestina, como si se tratase de un problema endémico con el que hay que acostumbrarse a convivir, pero de imposible solución. Lo cierto es que la situación es bastante diferente y los jóvenes enardecidos persiguen, entre otras cosas, mantener viva la atención sobre la Palestina y sobre la política de hechos consumados de los gobiernos de Netanyahu (más asentamientos, más restricciones en Jerusalén Oriental, más medidas discriminatorias).

Importa menos que el camino elegido sea el adecuado: cuanto menos hay que perder, mayor es la osadía. El apuñalamiento de ciudadanos indefensos es inaceptable, también es del todo reprobable el recurso al terrorismo, pero hace décadas que las reservas morales dejaron de estar en vigor en ese entorno desquiciado. La hoja de servicios que presentan las fuerzas de seguridad israelís no es menos deplorable que la que corresponde a la violencia palestina. La diferencia está en el coste material de los desmanes: basta recordar la destrucción planificada, sistemática y periódica de la franja de Gaza, el recurso al castigo colectivo, para adelantar que este nuevo brote de violencia, como los anteriores, entraña riesgos incalculables para la sociedad palestina, condenada a la desesperanza, a la arbitrariedad y a indignidades semejantes a las del apartheid.

Desde que el 30 de septiembre el presidente palestino anunció ante la Asamblea General de la ONU que se desvinculaba de los acuerdos de paz de Oslo, y pidió a Israel que reconociese su condición de potencia ocupante, nada es exactamente igual a antes de la declaración. “Mientras Israel se niegue a acabar con la creación de asentamientos y a liberar al cuarto grupo de prisioneros palestinos, como dictan nuestros acuerdos, no nos dejan más opción que insistir en que no seremos los únicos comprometidos con la aplicación de estos acuerdos, mientras Israel los viola continuamente”, dijo Mahmud Abás. Hubo en sus palabras una exigencia de equilibrio que, por lo demás, no forma parte de la lógica histórica del conflicto, sino más bien todo lo contrario, y dejó abierta la puerta a toda clase de interpretaciones, incluso la extraída por los radicales: si los acuerdos de Oslo no rigen, otras vías están legitimadas.

A decir verdad, no lo están. No solo por principio, sino porque las represalias israelís, cuando la violencia ocupa el escenario, nunca han sido un ejemplo de proporcionalidad y contención; nunca las soluciones expeditivas han llevado a los palestinos a puerto seguro, aunque estuviesen cargados de razón. Que estemos ante los primeros días de la tercera intifada o ante otra cosa con otro nombre importa menos que la certidumbre de que el bando que acumulará más víctimas será el de siempre. También en ese punto la historia está repleta de lecciones.

 

 

Siria, una tragedia sin límites

La primera víctima incruenta de la conferencia Ginebra 2 ha sido el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, obligado por Estados Unidos a retirar la invitación previamente cursada a Irán para que participara en las conversaciones. Desde el desaire sufrido en 1996 por Butros Butros-Ghali, cuya reelección al frente de los destinos de la ONU fue vetada por el presidente Bill Clinton, no se daba una situación de debilitamiento tan extremo de la dirección del organismo que en el plano puramente teórico tutela las relaciones internacionales. Prueba de las grandes dificultades que presenta detener la matanza en Siria y dar con el punto intermedio que haga posible, por lo menos, pasar del campo de batalla al encuentro entre adversarios. Prueba, asimismo, de los riesgos que contrae quien asume compromisos concretos en esa larga tragedia, que suma 130.000 muertos y varios millones de desplazados –las cifras se han desbocado–, además de transmitir al resto del mundo la impresión de que el desastre va para largo.

La ausencia de Irán de Ginebra 2 daña irremediablemente las de por sí escasísimas posibilidades de sacar algo en limpio de la coreografía diplomática. El deseo de la Casa Blanca de desvanecer toda sospecha de concomitancia con la diplomacia iraní, a la que con frecuencia se refieren los republicanos adscritos al Tea Party, ha hecho caer en el olvido el diagnóstico de Kofi Annan, cuando aceptó el encargo de mediar en la guerra de Siria: “Irán es un actor. Debería formar parte de la solución. Tiene influencia y no podemos ignorarlo”. En ese olvido voluntario ha pesado el reciente acuerdo sobre el programa nuclear de los ayatolás, atacado con parecida violencia por los neocons en Estados Unidos y por los halcones de Teherán, pero, al plegarse a esa realidad, el presidente Barack Obama ha renunciado a la eventual capacidad de persuasión del hábil Muhamad Javad Zarif, ministro iraní de Asuntos Exteriores, para atemperar los ímpetus belicistas de una parte del chiísmo radical.

La segunda víctima incruenta es el diplomático argelino Lajdar Brahimi, superado por la situación y atenazado en la misión que tiene encomendada a causa de la gestión del conflicto desde Estados Unidos y Rusia, de la división en las filas de la oposición siria, del pulso que mantienen las teocracias suní (Arabia Saudí) y chií (Irán) por la hegemonía en el Golfo, de la segunda vida de Al Qaeda, reactivada en Irak, y del temor muy extendido a que el conflicto sirio acabe contaminando toda la región si es que no lo ha hecho ya. Cuando Brahimi se acerca a la mesa de la conciliación para acercar posiciones lo hace sin más posibilidades de éxito que las ganas que tengan sus interlocutores de renunciar a la grandilocuencia. Una disposición infrecuente en el clima de invectivas cruzadas por el Gobierno de Bashar el Asad y las diferentes oposiciones que le hacen frente con desigual fortuna e influencia.

La situación de Brahimi es fiel reflejo de la división en la Liga Árabe, que se debate entre la implicación de Arabia Saudí y sus aliados del momento, más o menos dispuestos a seguirla, y el deseo de los países más alejados del conflicto de limitar los compromisos. Pero la situación de Brahimi explica también hasta qué punto pesa en la crisis siria la falta de sintonía entre Arabia Saudí y el equipo de Obama y el deseo expresado por el presidente de mantener alguna forma de equilibrio regional compartido por saudís e iranís. Eso es tanto como decir alguna forma de equilibrio entre sunís y chiís, del Mediterráneo oriental al Golfo, según el análisis del especialista Husein Ibish, con las dificultades inherentes a tejer una red de intereses comunes con una hebra árabe y otra que no lo es (Irán).

La tercera víctima incruenta es la oposición posibilista, reconocida por Occidente como representante legítima del pueblo sirio que se levantó contra el autócrata, pero extremamente debilitada por su incapacidad manifiesta para neutralizar sobre el terreno a los yihadistas. Esta oposición, con la que Occidente creyó poder desalojar del poder a Asad al precio de daños colaterales mínimos, está dirigida por figuras largo tiempo alejadas de Siria, poco representativas del argumento que se desarrolla en el interior del país, y no siempre capaces de ponerse de acuerdo para aplicar un programa a largo plazo de reconstrucción del país.

Que el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, declare que tener el derecho de dirigir un país no puede “proceder de la tortura, los barriles-bomba y los misiles Scud” tiene menos eficacia real para la oposición moderada que la determinación de Sergei Lavrov, ministro ruso de Asuntos Exteriores, de descartar “posiciones premeditadas” –el apartamiento de Asad del poder– en Ginebra 2. Porque mientras las palabras de Kerry apenas sirven para un titular de prensa, la actitud de Lavrov implica que el presidente sirio seguirá en el poder por un tiempo indeterminado, pero largo a todas luces. Y a continuación de Lavrov, con efectos prácticos no menos importantes, deben contabilizarse los apoyos externos que recibe Asad desde el chiísmo radical, empezando por la milicia libanesa de Hizbulá, presente en el teatro de operaciones sirio.

Todo eso debilita el posibilismo tanto como la determinación de las organizaciones yihadistas de oponerse a cualquier desenlace negociado del conflicto. “El futuro de Siria será decidido aquí, sobre el terreno, y firmado con la sangre de los frentes y no en conferencias vacías a las que acuden aquellos que no se representan ni a sí mismo”, ha manifestado Abú Omar, dirigente del Frente Islámico, un conglomerado de grupos “wahabís takfiris”, en expresión utilizada por la emisora de televisión Al Manar, que pertenece a Hizbulá. Detrás de las palabras de Omar alienta la estrategia defendida por Al Qaeda en el último mensaje de voz conocido de su máximo dirigente, Aymán al Zauahiri: que cesen los combates entre facciones rebeldes.

Los fundamentalistas saben que la guerra dentro de la guerra aligera la presión interna sobre Asad y las grandes potencias comparten esa opinión, pero mientras los primeros aspiran a imponer su enfoque de la crisis siria mediante la unidad de acción, las segundas entienden que mientras sean los islamistas los que dirigen la batalla, la guerra dentro de la guerra es un mal necesario. Es esta una de las pocas coincidencias de criterio de Estados Unidos y Rusia, cuya preocupación por el auge yihadista está en relación directa con sus propios problemas con el islamismo radical en Daguestán, Chechenia y otras regiones del Cáucaso, tal como explica en su web Brian Whitaker. El Gobierno ruso teme el contagio y que alguna franquicia de Al Qaeda arraigue dentro de sus fronteras en territorios de tradición musulmana, una razón más para que apoye a Asad, que se presenta ante la comunidad internacional como un luchador decidido contra el terrorismo global.

Cuando el rompecabezas es tan complicado, las esperanzas menguan a cada palabra dicha de más, a cada gesto abrupto que delata el desacuerdo profundo entre las partes, y, en la guerra de siria, los gestos abruptos se remontan a casi tres años atrás, cuando de la protesta popular se pasó a los combates esporádicos y de ahí, a la guerra civil, las armas químicas, la infiltración fundamentalista, las líneas rojas de Obama que dejaron de serlo y así sucesivamente hasta llegar a Ginebra 2. Hasta llegar a la aspiración tan sensata como tremendamente difícil de establecer un periodo transitorio en el que Gobierno y oposición compartan el poder, después de la salida de Asad, para pacificar el país, evitar que se convierta en un Estado fallido a las puertas de Israel y conjurar el riesgo de que toda la región padezca las consecuencias. Sería magnífico pensar que, por sensato, es posible el futuro así descrito, pero hay demasiados indicios para no creer que el rumbo que se sigue es muy otro.

 

 

 

 

El Tea Party desafía a Obama

La estrategia republicana de llevar a Estados Unidos al borde del precipicio con el fin de fulminar la reforma sanitaria promovida por Barack Obama ha decidido al ala dura del partido –encarnada en el Tea Party– a fijar una estrategia de tierra quemada, y al conservadurismo tradicional, a refugiarse en una retórica bajo sospecha. Para una parte significativa de los 232 diputados del Grand Old Party en la Cámara de Representantes puede más el temor a verse obligados a disputar el próximo año una elección primaria ante un aspirante de la extrema derecha, lo que los induce a aceptar con resignación la crisis en curso, que la sensatez de buscar una solución bipartidista que acabe con una situación a la vez demencial y extravagante. Porque el cierre (shutdown) del Gobierno federal por falta de fondos pone a la superpotencia a los pies de los caballos de sus acreedores, crea una inseguridad comprensible a escala mundial y persigue humillar al presidente, algo que probablemente está lejos de ser plato del gusto de la mayoría de la opinión pública.

Aunque The Washington Post haya opinado que el problema de Obama no son los republicanos, sino la Constitución, lo cierto es que cada vez cunde más la idea de que la Casa Blanca es prisionera de la mezcla de fundamentalismo religioso, individualismo exacerbado y dogmatismo político del Tea Party. Aunque los padres fundadores diseñaron un equilibrio de poderes pensado para limitar las atribuciones del Ejecutivo federal y preservar la iniciativa de los estados, las encuestas reflejan estas últimas semanas una corriente de opinión mayoritaria, cercana al 50%, que culpa del cierre a los ultraconservadores. Y aunque estos se han adueñado del Partido Republicano y tienen razonablemente asegurado que mantendrán el próximo año la mayoría en la Cámara de Representantes, según un detallado informe elaborado por la web Politico, es impensable que dobleguen la voluntad del presidente hasta el punto de que desista en la aplicación del Medicaid y cambie la percepción que los ciudadanos de las sociedades urbanas tienen de las causas de la crisis.

El monumento dedicado a la segunda guerra mundial, cerrado a causa del ‘shutdown’ del Gobierno federal.

Lo cierto es que detrás de la obstinación de los líderes republicanos se desarrolla una batalla no exenta de sordidez en la que se enfrentan el líder del partido en la Cámara de Representantes y presidente de la misma, John Boehner, y el segundo en el grupo parlamentario, Eric Cantor, rivales irreconciliables. Quizá Boehner transigiese en alguna fórmula para cerrar un pacto de caballeros con Obama, pero Cantor es un doctrinario que encarna las esencias del Tea Party y de un conservadurismo que sostiene que el mejor Gobierno es el que no existe o es tan sumamente débil y pequeño que no puede imponer su voluntad a nadie. A Cantor le siguen rigoristas religiosas como Michelle Bachmann, políticos de ascendencia hispana adscritos a la nueva fe como Ted Cruz y Marco Rubio, y también ideólogos del individuo libérrimo, herederos remotos de la cultura de frontera que profesan con intensidad variable personajes como Mike Lee, Rand Paul y Steve King, más Sarah Palin, la referencia ineludible de la política de mesa camilla, cuyo bagaje intelectual no va más allá de cuatro vaguedades que regalan los oídos de la América profunda, pero no resisten el análisis cuando se confrontan con las necesidades del país.

Así, por ejemplo, la oposición sin tregua a la reforma sanitaria en nombre de la libertad del individuo soslaya dos realidades complementarias:

  1. La asistencia sanitaria es mucho más cara en Estados Unidos, y a menudo menos eficaz, que en los países de la Unión Europea con una sanidad pública, obligatoria y universal de larga tradición.
  2. Hasta fecha reciente, por lo menos 40 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria por carecer de medios para costearse un seguro privado.

Eric Cantor (izquierda) y John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, rivales en el seno del Partido Republicano.

A lo dicho debe añadirse que a causa de la timidez de la reforma impugnada por los republicanos, dos tercios de los pobres de la comunidad negra, un porcentaje parecido de las madres sin pareja y más de la mitad de los trabajadores con ingresos bajos que nunca han tenido un seguro médico quedan fuera del Medicaid, según un estudio realizado por The New York Times. La mayoría de estas personas viven en estados donde gobiernan los republicanos y han llevado a la práctica su oposición a aplicar el Medicaid por las razones mencionadas antes. Es decir, el ultraliberalismo que anima a los ideólogos del Tea Party excluye el reparto de carga sociales, sea cual sea la fórmula que se aplique, en nombre, de nuevo, del derecho de los individuos a procurarse y administrar sus recursos.

De esta forma, mientras un periodista de la revista Forbes, a la que no cabe atribuir veleidades estatistas, advierte de que los grandes acreedores de Estados Unidos andan lejos de aprobar el comportamiento del Tea Party –sugiere que antes de desencadenar el cierre, debió pedir permiso a China–, Sarah Palin escribe en su cuenta de Facebook que el cierre de algunos monumentos, como el dedicado en Washington a los combatientes de la segunda guerra mundial, es “una protesta enojada para generar una mala publicidad”, un recurso de Obama para deformar la realidad, como si dijéramos. Lo cierto es que el Gobierno federal no dispone de dinero, y los acreedores a los que Forbes alude temen que si antes del 17 de octubre no hay acuerdo para elevar el techo de gasto, el presidente deberá decretar la suspensión de pagos.

En un ambiente menos enrarecido, acaso Boehner hubiese podido convencer a sus correligionarios para que aprobaran una continuing resolution (CR), un mecanismo provisional para atender a los gastos corrientes esenciales mientras se negocia una solución definitiva. Pero la CR no entra en los planes del Tea Party a pesar de que son muchos los que comparten la idea de Rich Lowry expresada en The National Review: los republicanos se oponen a poner un parche a la crisis porque carecen de planes para el día siguiente. La pieza que quieren cobrar se llama Barack Obama y el resto importa poco: la repercusión que el cierre federal puede tener en la superación de la crisis económica, el mercado de la deuda y las bolsas, que lo mismo que hasta la fecha resisten sin sobresaltos, pueden ser presa del pánico a poco que se degrade la situación. Steve King lo ha dejado del todo claro: el cierre no es cosa de un día o dos, sino que va para largo.

Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1933 y 1945, hizo de su partido el de las minorías.

En la tradición aislacionista de los seguidores del Tea Party, las repercusiones internacionales poco importan. Pesa más la convicción de que nada es más eficaz que el libre mercado sin cortapisas, sin que la Administración ponga límites a los negocios. Todo obstáculo remotamente equiparable al Estado social, a un enfoque tibiamente socialdemócrata de la atención a los ciudadanos, les parece un peligroso acercamiento al modelo europeo, que consideran una intromisión intolerable en la autonomía de los ciudadanos. Voces relevantes del Tea Party han tachado a Obama de socialista, algo que no es en absoluto una novedad en el debate ideológico alentado por el conservadurismo más rancio. Antes bien, forma parte del manual de tópicos que maneja la extrema derecha como argumentos de convicción desde la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963).

Como ha escrito Rick Pelstein en la publicación progresista The Nation, no queda a los demócratas otra posibilidad que pechar con el lugar común ampliamente difundido de que les mueve cierto extremismo, aunque su misión durante el último medio siglo se ha limitado a “hacer de Estados Unidos un lugar más justo, digno y sostenible”. A la apreciación de Pelstein debe añadirse que el Partido Demócrata no es ajeno a la propensión aislacionista y al recelo antiestatista, pero al convertirse en la formación de las minorías desde los días del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), ha sumado a su perfil ideológico, acaso sin pretenderlo, cierto gusto por la heterodoxia. Y todo eso pesa en el ánimo de la oposición republicana que ha optado por no levantar el pie del acelerador a pesar de todos los riesgos inherentes a su desafío a Obama.

¿Por qué los peligros son mayores hoy que cuando los republicanos, guiados por Newt Gingrich, hicieron exactamente lo mismo durante la presidencia de Bill Clinton? Porque por aquel entonces no había ninguna gran crisis económica que amenazara con poner patas arriba todo el andamiaje; porque Clinton había obtenido buenos resultados en feudos republicanos y el partido no podía exponerse a llevar las cosas demasiado lejos y desgastar su imagen; porque la Casa Blanca manejaba un presupuesto con superávit que confería un gran margen de maniobra al presidente a pesar del cierre federal; porque los tenedores de deuda pública de Estados Unidos tenían una capacidad de presión menor que ahora, cuando financian con sus ahorros el déficit astronómico de la primera economía mundial. Lo ha dicho Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: el cierre del Gobierno federal y el riesgo de que no se eleve el techo de gasto antes del día 17 amenazan la economía mundial. El temor a una nueva recesión internacional no es en absoluto gratuito.