Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.

 

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Otro regate israelí a la ONU

La reacción tan previsible como histérica de Benyamin Netanyahu, primer ministro de Israel, a raíz de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 2334 cierra un año cargado de referencias relativas al desconcierto cada vez mayor de la comunidad internacional, enfrentada a una impugnación permanente de los tratados, del derecho de injerencia humanitaria (tan difuso) y de la obligación de los estados a aceptar reglas del juego encaminadas a buscar la paz, la estabilidad y la restitución de los derechos de los pueblos vejados.

A nadie puede sorprender la reacción gesticulante del Gobierno israelí, un sopicaldo de nacionalistas radicales, conservadores sectarios, fundamentalistas mosaicos y ultras de muy variado pelaje, ante la determinación del Consejo de Seguridad de aprobar –catorce votos a favor y una abstención (Estados Unidos)– un texto que conmina a Israel a detener la proliferación de asentamientos en los territorios ocupados –600.000 colonos– y condena el recurso al terrorismo, la herramienta de las facciones palestinas radicales. En cambio, resulta más sorprendente que el incumplimiento de la resolución no lleve aparejadas sanciones para Israel si no se atiene a lo sancionado por la Consejo de Seguridad –el directorio del planeta, escribe con tino en Le Monde el exembajador israelí en Francia Elie Barnavi–, algo que en la práctica no hace más que debilitar el poder coactivo del Consejo de Seguridad ante el recurso manifiesto de los gobiernos israelís a practicar una política de hechos consumados.

Dicho esto, hay un motivo de sorpresa aún mayor: el paso dado por la Administración de Barack Obama a menos de un mes de dejar la Casa Blanca en manos de Donald Trump y su corte de ultraconservadores y millonarios. El presidente saliente dispuso de ocho años para hacer lo que ahora ha hecho, y sin embargo nunca dio la sensación de estar dispuesto a dar el paso. Ni con Hillary Clinton ni con John Kerry en el Departamento de Estado pareció capaz de dejar en evidencia a Netanyahu, y sumó fracasos y frustraciones en todas las iniciativas destinadas a resucitar el proceso de paz, poco más que una frase en un conflicto inacabable en el que Estados Unidos aparece siempre a merced de las iniciativas del Gobierno israelí. Y ahora, cuando nada está en juego y se ha liberado de todos los compromisos, cabe pensar que ha optado por la abstención más para incomodar a Trump que para abrir una senda nueva que haga posible la solución de los dos estados.

El temor expresado por el periódico progresista israelí Haaretz de que las invectivas dirigidas por Netanyahu a estados de los cinco continentes condenen a Israel al aislamiento y a caer en el abismo, es tan lógico como el convencimiento del primer ministro de que Trump no le dejará en la estacada. Las resoluciones 242 (1967) y 338 (1973) no son menos contundentes que la 2334 en cuanto a la obligación de Israel de desalojar los territorios ocupados –incluido Jerusalén oriental–, pero en la práctica nunca un presidente de Estados Unidos ha remado en sentido contrario al rumbo fijado por Israel, que ostenta el récord absoluto de resoluciones no cumplidas. Solo en momentos excepcionales como lo es un final de mandato se ha roto la norma o se ha buscado una salida in extremis al problema (Bill Clinton en julio del 2000 fue el último en hacerlo con las infructuosas negociaciones de Camp David).

La creencia del editorialista de Haaretz de que ni siquiera la cobertura de Trump salvará al Gobierno israelí del aislamiento es por lo menos discutible habida cuenta de los instrumentos de presión de que dispondrá la Administración entrante para diluir los efectos o las consecuencias de la resolución. Resulta bastante verosímil, en cambio, la creencia de Elie Barnavi de que pondrá en guardia a Netanyahu la conferencia convocada el 15 de enero en París –unos 70 estados–, antes del relevo en la Casa Blanca. De momento, el ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, tan dado a las comparaciones destempladas, ve en la cita una repetición posmoderna del proceso Dreyfus, la vergonzosa condena en 1894 de un oficial judío del Ejército francés, acusado de traición por pasar información secreta a Alemania (nada era cierto). “El pánico de Lieberman demuestra que no está todo perdido”, afirma el diplomático, que excluye el antisemitismo como resorte de la próxima reunión de París, llamada cumbre por la paz.

La esperanza es lo último que se pierde, pero si se cruza en el matraz de la Realpolitik la convicción de John Kerry de que cada día es más improbable la solución de los dos estados con la declaración de Donald Trump, según la cual la ONU ha humillado a Israel, la conclusión más ajustada al momento es que después del 20 de enero Israel lo tendrá todo de su parte. Dicho de forma sintética: la Casa Blanca no moverá un dedo para contener la política de asentamientos impulsada por Israel, una forma eficaz y rápida de imposibilitar el nacimiento de un Estado palestino. De momento, el presidente electo ha convertido el cumplimiento del derecho internacional en sinónimo de humillación, una declaración de principios que afecta a la concepción misma del poder y antepone la razón de Estado a cualquier consideración de índole ética o de protección del derecho colectivo de una comunidad histórica, la palestina, a disponer de un Estado propio de idéntica forma a como la comunidad judía reivindicó en su día el derecho a disponer de un hogar nacional (national home, la expresión figura en la declaración Balfour, 2 de noviembre de 1917).

Si, como parece decidido, la nueva Administración traslada la embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, el aire enrarecido será aún más irrespirable porque deberá interpretarse como el apoyo explícito a la anexión del este de la ciudad –la parte árabe–, ocupada desde junio de 1967. El mundo musulmán verá en ello un paso decisivo por cuenta de Israel en la tercera ciudad santa del Islam y será interpretado por la sociedad palestina como una afrenta a su propósito de instalar en Al Quds –el nombre árabe de Jerusalén– la capital de su futuro Estado. Es improbable que eso desencadene en los países árabes una reacción más allá de lo meramente simbólico. Con raras excepciones, la calle árabe se manifiesta con una sensibilidad y unos objetivos cada día más alejados del posibilismo sin resultados de los gobernantes –véase el desenlace de las primaveras–, se trate del contencioso con Israel o de cualquier otro asunto; el peso de Arabia Saudí en la Liga Árabe es casi absoluto y el Gobierno egipcio concentra sus esfuerzos en exportar energía a Israel y en neutralizar la efervescencia yihadista en la península del Sinaí.

Por eso resultan tan poco convincentes comentarios como los publicados por el periódico egipcio Al Ahram, tan cercano al poder, cuando reclama una reacción contundente si Donald Trump decide cambiar la embajada de ciudad. Porque una vez más, y ya son muchas, se impone la sensación de que el conflicto árabe-israelí es cada día más un conflicto palestino-israelí, un problema local que incomoda a los gobernantes árabes más influyentes. Frente al desafío del Estado Islámico, a la difusión cada vez mayor de la mitología del martirio en defensa del islam, a la influencia en ascenso de Irán en el desarrollo de la guerra en Siria, las reivindicaciones palestinas no merecen más que frases de aliño sin mayores consecuencias. Disfruten o no tales reivindicaciones del apoyo de la comunidad internacional, que lo tienen, y a pesar de fundamentarse en derechos indiscutibles, como asimismo sucede.

Trump pone la directa

Nada tiene de particular o sorpresiva la elección de Donald Trump como personaje del año por la revista Time. Sí lo tiene, en cambio, el titular de la portada: Donald Trump, presidente de los Estados Divididos de América. Al cumplirse un mes de la elección, una extraña mezcla de sorpresa, desorientación e incertidumbre se ha adueñado del periodo de transición que se prolongará hasta el próximo 20 de enero. En un país inclinado a las rivalidades políticas irreconciliables desde los días de Bill Clinton, la sucesión de Barack Obama no ha hecho más que agravar el clima de confrontación. A nadie puede asombrar cuanto Trump lleva dicho y hecho desde que ganó, pero aun así encrespa los ánimos la búsqueda de futuros integrantes de la Administración en el conservadurismo más polvoriento, sectario y retrógrado, en quienes se disponen sin mayores disimulos a hacer tabla rasa y a dañar varias constantes vitales del sistema, a laminar la herencia de Obama.

Si nunca fue en la práctica una realidad indiscutible que el presidente lo es de todos los estadounidenses y no solo de quienes lo votaron –es una declaración casi obligada al proclamar la victoria, pero nada más–, en el caso de Trump todo induce a pensar que el presidente lo será más que nunca y en exclusiva de sus electores. Con el factor añadido de que llegará a la Casa Blanca con dos millones de votos menos que Hillary Clinton, ganadora en las urnas, pero perdedora en votos electorales, un sistema que nadie discute, aunque resulta chocante visto desde fuera. Una situación de minoría social que no importa demasiado a Trump a juzgar por aquello que es de prever a la luz de sus declaraciones, de la interpretación de sus primeros gestos, de la alarma en el ecosistema liberal, incapaz de discernir “si esta elección será un reto terrible en el que las instituciones estadounidenses sobrevivirán o un paso irreversible hacia otra cosa” (James Fallows en el semanario The Atlantic).

Al mismo tiempo que los conservadores que se han distanciado de Trump acusan a Obama de “haber puesto las bases” del autoritarismo que exhibe el presidente electo, Brian Beutler, editor de The New Republic, un prestigioso altavoz progresista, los señala como responsables del desaguisado: “Perdón, conservadores –escribe Beutler–, Trump está con vosotros”. Podía muy bien haber añadido que con él tendrán que apechugar aunque no les guste, aunque la bisoñez política del vencedor y su tendencia a disparar contra cuanto se mueve presagien días difíciles y un descrédito de la nación de modo similar al de los peores días de George W. Bush a raíz de la guerra de Irak (abundan los diplomáticos que recuerdan aquella deslucida etapa).

“Estoy seguro de que no hará todas las cosas que prometió en campaña, pero sí muchas de ellas”, se recogió de labios de un integrante de la campaña de Clinton. La capacidad de contención de Trump es una incógnita y al menos cinco de sus anuncios más llamativos no entrañan demasiados problemas para hacerse realidad. Según The New York Times, son estos: retirarse del TPP (acuerdo comercial transpacífico), cancelar el programa de protección de los inmigrantes menores simpapeles, permitir la construcción del oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, cubrir una vacante del Tribunal Supremo (la de Antonin Scalia) y reducir los impuestos federales para empresas y familias. Es decir, en estos apartados es impensable que rectifique o corrija lo anunciado antes de ser elegido.

En otros cinco apartados, acogerse a la moderación se antoja indispensable, pero Trump evita en todo momento comportarse de forma que pueda dar impresión de debilidad. Prever sanciones para la deslocalización de industrias, reactivar la producción de acero con el recurso a la minería del carbón, alcanzar un crecimiento anual del PIB por encima del 4%, invertir en infraestructuras para crear empleo y construir un muro en la frontera con México son objetivos cuyo solo enunciado desborda –al menos, lo parece– la capacidad del presidente, aunque disponga de mayoría en el Congreso. Aún más si se analiza cómo puede afrontar un programa de activación del empleo con un plan de obras públicas sin aumentar el déficit habida cuenta de que, al mismo tiempo, se dispone a bajar los impuestos. E incluso más si se sopesan las crisis sociales presumibles asociadas a políticas con un componente alarmante de autoritarismo y erosión de los derechos humanos.

Esa intranquilidad ante lo venidero no es solo un fenómeno de puertas para adentro. Jeet Heer, otro editor de The New Republic, teme que Trump “está listo para aplicar una política exterior autocrática”; una política que puede desestabilizar el mundo, añade. Se remite a esa llamada telefónica de Trump a la presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen, que ha incomodado a China, aunque disimulara el enfado y dejara la sal gruesa para un comentario en Global Times, pero la inquietud se puede hacer extensiva al nombramiento del negacionista del cambio climático Scott Pruitt para dirigir la Agencia de Protección del Medio Ambiente, que parece el preámbulo de la retirada de Estados Unidos del Protocolo de París para frenar el aumento de la temperatura media de la tierra, y quizá puede remitirse también al nombramiento del general James Mattis para dirigir la Secretaría de Defensa, un tipo duro al que se le conoce con el expresivo sobrenombre de Perro Loco (el mote lo dice todo).

No hay precedente de tanta inquietud desasosegante en un relevo presidencial desde la elección de Abraham Lincoln en 1860 (tan cerca la guerra civil). Ni siquiera la sucesión de Herbert Hoover por Franklin D. Roosevelt, con el país empobrecido por la depresión de 1929 y el mundo conservador alarmado por el New Deal, alteró tanto los biorritmos de una sociedad enfrentada a una profunda crisis de identidad. Entonces hubo un asomo de esperanza, de regeneración del sistema; hoy conviven una atmósfera de revancha histórica entre quienes auparon a Trump y otra de preocupación profunda por lo que puede significar para el sistema quedar en manos de lo que en Europa, sin ninguna reserva, se califica de populismo de extrema derecha. Encierra en sí misma una incógnita esa mezcla de supremacistas blancos, fundamentalistas cristianos, racistas (no todos encubiertos), víctimas de la crisis económica y ultraliberales, recelosos todos ellos del poder federal y añorantes de un individualismo sin cortapisas.

Dice el intelectual canadiense Michael Ignatieff que “el Estado es la solución, no el problema”. En cambio, la impugnación real u oportunista del establishment hecha por Trump, sus acólitos, electores y seguidores viste los ropajes de la nueva derecha libertaria, desreguladora, enfrentada a las prorrogativas redistributivas del Estado, que acepta el darwinismo social como resultado inevitable de la eficacia del sistema, cuando no como justa penalización para cuantos no han hecho lo suficiente para salir a flote en el proceloso mar de la selección económica, que no natural. Ahí radican muchos temores acerca de lo que puede venir los días siguientes al 20 de enero, cuando todo el poder sea para Trump y un Partido Republicano sometido a sus designios, aunque estos anden tan lejos del libro de ruta del conservadurismo clásico.

 

Netanyahu desafía a Obama

La insólita situación forzada por el primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, después de denostar las negociaciones con Irán durante un discurso pronunciado ante las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos regocija a los republicanos, que han puesto en un aprieto al presidente Barack Obama, pero emponzoña las relaciones de por sí muy difíciles entre la Casa Blanca y su gran aliado en Oriente Próximo. Al decir que las conversaciones en curso alumbrarán “un mal acuerdo, un muy mal acuerdo, estamos mejor sin él”, Netanyahu llevó hasta sus últimas consecuencias la agria disputa que precede en Israel a las elecciones legislativas del día 17, dominadas por la intemperancia de los oradores, pero hizo más: tuvo un gesto despectivo hacia quien, sea quien sea el vencedor en las urnas, seguirá siendo el gran valedor y defensor de la política isaelí en las instituciones internacionales.

Todo en esa intervención del martes de Netanyahu tuvo el perfil y las maneras de un movimiento oportunista del Partido Republicano, pilotado por John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, que invitó al primer ministro a dirigirse al Congreso sin contar con el beneplácito o al menos el conocimiento de Obama. Pero tuvo también el trasfondo de una campaña que apenas da sus primeros pasos, la correspondiente a la elección presidencial en Estados Unidos, en noviembre de 2016. Y obedeció, al mismo tiempo, a la presión de organizaciones como la American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), con mucha influencia en la política estadounidense, singularmente entre los republicanos, y más singularmente entre aquellos de la hornada afecta al Tea Party y al pensamiento neoconservador.

La alarma de los medios informativos más influyentes de Israel después de escuchar a Obama decir que “el primer ministro no ha ofrecido ninguna alternativa viable”, ocultando apenas su enfado detrás de la contención que impone el cargo, es la mejor vara para medir la trascendencia de lo sucedido. Cuando periódicos tan distantes como Haaretz (progresista) y Yediot Ajronot (conservador) coinciden en criticar la osadía destemplada del primer ministro es que, a poco que se afine el análisis, solo se puede llegar a una conclusión igual o parecida a la del diario Le Monde: quizá esta sea la última vez que Netanyahu pise la Casa Blanca hasta después del 20 enero de 2017, cuando tomará posesión el sucesor de Obama. Por no hablar de la repercusión que el desplante puede tener en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, cuyos cinco miembros permanentes más Alemania andan enfrascados en llegar a un acuerdo con Irán antes de julio para limitar el programa nuclear de los ayatolás.

Esta no es la primera vez que Netanyahu choca con su gran aliado. Forma parte de la pequeña historia de la presidencia de Estados Unidos la arrogancia con que se presentó en 1996 ante Bill Clinton, quien, según uno de sus asesores, llegó a decir cuando hubo despedido al político israelí: “Quién se cree que es? ¿Quién es aquí la puta superpotencia?” De la misma manera que son harto conocidas las divergencias manifiestas entre Netanyahu y la exsecretaria de Estado Hillary Clinton, que varias veces vio fracasar sus gestiones para que se reanudaran las conversaciones palestino-israelís a causa de la política de asentamientos en Cisjordania. Y todo ello a pesar de la comprensión y el reconocimiento del derecho de Israel a defenderse expresado por Estados Unidos durante las dos últimas operaciones de tierra quemada que han devastado la franja de Gaza.

La gran diferencia entre otras veces y ahora es que en la interpretación del complejo jeroglífico iraquí, en el que Irán es un actor esencial, la Casa Blanca no puede soslayar el hecho de que el apoyo dispensado por la república islámica a los 30.000 soldados de Irak encargados de arrebatar Tikrit al Estado Islámico es, al mismo tiempo, un apoyo indirecto a la ofensiva desplegada por Estados Unidos y sus aliados en Irak y Siria contra los islamistas sin pisar suelo enemigo. Aunque diferentes portavoces han negado a The New York Times que las operaciones del Pentágono estén coordinadas con las de los iranís, eso no pasa de ser una verdad meramente técnica. “Quienes han planificado la guerra en Estados Unidos han estado controlando de cerca la guerra paralela de Irán contra el Estado Islámico”, asegura el periódico, que precisa cómo se articula este control o seguimiento: “A través de diferentes canales que incluyen radiofrecuencias que cada parte sabe que la otra está controlando. Y los ejércitos tratan de evitar conflictos en sus operaciones mediante el uso de centros del mando iraquí como intermediario”.

Esa es la realpolitik en el campo de batalla y no otra, y esa es la gran contradicción republicana: está de acuerdo en combatir al Estado Islámico, juzga incluso insuficiente el despliegue en curso, pero pretende que Irán no saque tajada de la situación, algo poco menos que imposible, aunque disguste a Israel. Diríase que el análisis republicano del momento, con independencia de la estrategia electoral del partido para recuperar la Casa Blanca, parte de un dato equivocado o superado por los acontecimientos: Estados Unidos sigue siendo la potencia indispensable en Oriente Próximo, pero algunos estados de la región –Turquía, Irán– han dejado de ser meros espectadores del diseño de la seguridad en la zona realizado en despachos de Washington y ajustado a las necesidades de Israel en un entorno abiertamente hostil.

Al mismo tiempo, lo sucedido en el Congreso confirma la impresión muy extendida de que, más que nunca, la Administración de Obama anda siempre por detrás de las iniciativas políticas y, en muchos casos, estas condicionan las de Estados Unidos. No es desdeñable el dato de que en seis años de presidencia, Obama no ha obtenido ningún resultado relevante encaminado a poner un parche, ya que no una solución, al agravio palestino. Esa tendencia a ir a remolque explica también la osadía del conservadurismo radical, que ve este momento como el propicio –mayoría en las dos cámaras– para arremeter contra el Despacho Oval antes de que se concrete la candidatura de Hillary Clinton para el próximo año y se desaten las pasiones con la reconocida capacidad de los directores de campaña demócratas para movilizar a la opinión pública. Si Nancy Pelosi, una política brillante, pero que no pasa de ser la líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, considera el discurso de Netanyahu “un insulto a Estados unidos”, ¿qué partido sería capaz de sacar Clinton a una situación como la vivida?

La pregunta no es ociosa porque no hay precedentes del comportamiento de Netanyahu, considerado escandaloso por los legisladores más veteranos. Ni siquiera el comportamiento del general Douglas MacArthur en abril de 1951, cuando una semana después de ser apartado del mando de las operaciones en Corea pronunció en el Congreso un discurso demoledor contra el propósito del presidente Harry S. Truman de abrir conversaciones para lograr un alto el fuego. MacArthur fue interrumpido por los aplausos hasta 30 veces, convertido por unos días en estrella de la América conservadora a la que, en plena guerra fría, cualquier transacción con el adversario le parecía una claudicación. Pero no se puede comparar aquello con lo de hoy porque, al final, la comparecencia del general fue un asunto de política interior, entre estadounidenses, mientras que Netanyahu no deja de ser un invitado extranjero que dispara contra la política exterior del Estado que lo acoge.

Como ha señalado Tamara Cofman Wittes, del think tank Brookings Institution, lo peor del episodio es que ha ensanchado la brecha entre los votantes republicanos y demócratas, cada día más escépticos estos últimos en cuanto a la conveniencia de optar de nuevo por la guerra en Oriente Próximo y de enfrentarse a Irán, y, lo que aún es más grave, ha resaltado la oposición de Netanyahu a articular una relación más decorosa con las autoridades palestinas. Porque este y no un acuerdo internacional con Irán es el problema mayor de Israel ante la opinión pública internacional, conmovida aún por los bombardeos del último verano en Gaza. Y así, mientras el Gobierno y algunos de los posibles futuros aliados del Likud la emprenden contra el Ejecutivo de Mahmud Abás mediante una campaña de desprestigio sin resultados, Netanyahu autoriza nuevos asentamientos en Cisjordania. Como si la estrategia a seguir fuese ocultar detrás del eco de discursos altisonantes el aumento constante del censo de ciudadanos israelís en suelo palestino hasta hacer imposible que se lleve a la práctica la vieja fórmula paz por territorios, paz a cambio de la creación de un Estado palestino viable y soberano.

 

 

EEUU duda de nuevo de los saudís

El asesinato de un piloto jordano, quemado vivo por el Estado Islámico (EI), y la venganza jordana de ahocar a dos terroristas condenados a muerte, pero con la pena capital suspendida en el país desde el 2008 , han llevado la degradación moral del caos en Oriente Próximo hasta límites insospechados, si es que ello era o es posible. El relato de los atropellos cometidos por las huestes del califato empalidece cualquier referencia anterior de la crueldad en directo como instrumento de propaganda para sembrar el terror o ganar adeptos, pero las ejecuciones decididas en Jordania, un Estado reconocido por la comunidad internacional y que cabe imaginarle comprometido con el principio de legalidad, resulta demoledor y permite albergar toda clase de dudas sobre las inquietudes de la monarquía hachemí en el plano moral. No hay en esa carrera alocada hacia la aniquilación nada que permita vislumbrar una salida decorosa; se adivina en cambio una influencia cada vez mayor de los partidarios de las soluciones radicales, de aquellos que reclaman una victoria militar por encima de cualquier otro objetivo.

No hay duda de que en el ánimo de Estados Unidos y sus aliados en las operaciones contra el Estado Islámico ha calado de forma mayoritaria el principio de que toda solución, salida, arreglo o mecanismo de control de los islamistas requiere alcanzar tal victoria. Es esta una idea genérica, poco desarrollada y que exige una dirección cohesionada de las operaciones en curso –algo que está lejos de darse ahora–, pero es el enunciado que más partidarios tiene, puesto que se descarta la viabilidad de un desenlace pactado: el EI, el ISIS, el Daech o como llamársele quiera no tiene otro objetivo que diluir Siria e Irak, poner en duda el mapa político de Oriente Próximo y someterlo a sus designios según es fácil deducir de la desaparición de facto de la frontera sirio-iraquí, establecida por las potencias vencedoras de la Primera Guerra Mundial antes del armisticio de 1918 (acuerdos Sykes-Picot de 1916).

Max Boot, un historiador militar de perfil conservador cuyas ideas tienen gran difusión en Estados Unidos, entiende que el presidente Barack Obama debe asumir que salir al paso del ISIS requiere tomar un mínimo de ocho decisiones, que detalla en un artículo publicado en la web del think tank Council of Foreign Relations. Boot escribe: “Una meta razonable para Estados Unidos no sería ni degradar el ISIS (vaga e insuficiente) ni destruirlo (demasiado ambicioso ahora), sino más bien derrotarlo o neutralizarlo, poniendo fin a su capacidad de controlar un territorio significativo y reduciéndolo, en el peor de los casos, a un pequeño grupo terrorista de alcance limitado”. Y enumera las ocho condiciones que la Casa Blanca debe cumplir:

  1. Intensificar los bombardeos.
  2. Levantar la prohibición de que los soldados de Estados Unidos combatan en tierra (boots on the ground).
  3. Aumentar el tamaño del cuerpo expedicionario.
  4. Enviar unidades de operaciones especiales.
  5. Atraer a Turquía a la guerra.
  6. Declarar el espacio aéreo sirio zona de exclusión.
  7. Movilizar a las tribus sunís de Irak y Siria.
  8. Preparar la reconstrucción Estado después de la guerra en Irak y Siria.

Lo que hace Boot en su artículo es decir en voz alta lo que en muchos despachos se dice a puerta cerrada. Es, al mismo tiempo, un ejercicio de realismo lleno de aristas porque interesa la relación de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN con Rusia, la pretensión de Turquía de no enredarse en un conflicto que excede su capacidad de influencia, el compromiso de los países árabes con la coalición internacional y el coste material de una estrategia más agresiva que la actual (desplazar 10.000 soldados al teatro de operaciones puede costar 10.000 millones de dólares al año). Y entraña también el riesgo de enfrentarse a una opinión pública atemorizada por la degradación de la seguridad en Occidente, pero reacia a afrontar nuevas aventuras militares en Oriente Próximo de suerte incierta que, además, pueden llevar la respuesta islamista a la puerta de su casa.

Aunque eso fuese todo, sería suficiente para comprender que los pasos a dar en la dirección que sea –la indicada por Boot o cualquier otra– son de una gran complejidad en un horizonte lleno de incertidumbres. Pero hay que añadir inexcusablemente las dudas que atenazan a una parte de la Administración de Estados Unidos, más incluso que a la opinión pública en cuanto a la solvencia y lealtad de algunos aliados, de manera especial Arabia Saudí, bajo sospecha permanente de participar en un doble juego: sumarse ahora a la causa contra el Estado Islámico después de haber promovido el fundamentalismo en el orbe musulmán; presentarse como el aliado comprensivo de Estados Unidos después del 11-S a pesar de haber financiado antes a Al Qaeda con desparpajo apenas disimulado por la corte de Riad.

En ese clima de sospecha, no pasa de ser un problema menor la decisión de los Emiratos Árabes Unidos de mantener sus aviones en tierra hasta que Estados Unidos se comprometa a acudir al rescate de sus pilotos si son derribados por el EI, una consecuencia directa de la muerte del piloto capturado por los combatientes del califato. Lo que realmente importa son las informaciones difundidas estos días por The New York Times, que implican directamente a la familia real saudí, incluido el rey Salmán, que sucedió a su hermanastro Abdulá hace dos semanas. Aquello que realmente preocupa es el contenido de las 28 páginas clasificadas que contienen información recogida por los comités de Inteligencia del Senado y de la Cámara de Representantes después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, donde aparecen los nombres de saudís que prestaron “apoyo crucial a los secuestradores” y están implicados en la financiación del terrorismo. Aquello que de verdad inquieta es si las acusaciones de Zacarias Moussaoui acerca de los planes discutidos en la palacio real de Riad a finales de los años 90 –presidencia de Bill Clinton– para derribar con un misil Stinger el Air Force One son el delirio sin fundamento de un condenado o, quién sabe, las revelaciones de quien no tiene nada que perder y ha decidido poner el depósito de detritus delante del ventilador para salpicar a cuantos más, mejor.

Eso es lo que importa. Mientras sean imprecisas las respuestas a una serie de preguntas que se formulan con lógica insistencia los analistas de los Departamentos de Defensa y Estado, el plan de Boot cojea irremediablemente porque a un problema árabe-musulmán es impensable darle una solución consistente si es fruto de una actuación unilateral de Occidente en la que los gobiernos y las opiniones públicas de la región sean poco más que figurantes. El precedente de Irak está ahí para recordar a todo el mundo cuáles fueron los errores cometidos y en qué desembocaron. Cuando el dedo acusador señala una vez más al príncipe Bandar bin Sultán, embajador saudí en Estados Unidos desde 1983 a 2005 y amigo de la familia Bush, como uno de los financiadores de Al Qaeda, quedan pocas dudas acerca de la debilidad de la coalición que se enfrente al Estado Islámico. Pues si cabe la posibilidad de que la familia real saudí o parte de ella actuara con frecuencia como el banquero encubierto de Al Qaeda, ¿quién puede asegurar que la historia no se repite ahora con el califato? ¿Quién puede garantizar que el califa Ibrahim ha dejado de ser la niña de los ojos de alguno de los clérigos más influyentes de las petromonarquías?

La resolución redactada por el representante demócrata por Massachusetts Stephen F. Lynch, apoyada también por los republicanos, que anima al presidente Obama a desclasificar las famosas 28 páginas de los comités de Inteligencia es un arma cargada de riesgos. Si establece de forma meridianamente clara que los saudís jugaron con dos barajas antes y después del 11-S, agravará la crisis de confianza que mina las relaciones de la Casa Blanca con el palacio real de Riad desde hace más de una década; si el memorial no aclara nada y todo queda en una insinuación, es probable que la comunidad de inteligencia exija realizar nuevas investigaciones, comprometedoras quizá para algunos jeques árabes, para garantizar la seguridad de sus efectivos en Oriente Próximo, como se ha apuntado varias veces en los últimos años. En cualquier caso, la publicación de las 28 páginas será un ejercicio de transparencia, probablemente necesario y al que los contribuyentes tienen derecho, pero que despejará bastante poco las dudas sobre la utilidad o eficacia de la alianza militar que se opone al EI desde el aire.

¿Cuáles son los riesgos si las cosas siguen como hasta ahora?, se preguntan los estrategas del Pentágono y los diplomáticos del Departamento de Estado. La respuesta es tan simple como lógica: la prédica del Estado Islámico puede contaminar la política de Jordania y Arabia Saudí, relativamente convencional hasta ahora en ambos casos, y la de Líbano, desquiciada por la guerra civil siria, la arrogancia militar de Hizbulá y la debilidad de un reparto del poder entre comunidades que impide la cohesión del Estado. Si los efectos de esa contaminación en Siria e Irak son perfectamente medibles, ¿qué consecuencias tendría si se extendiera por toda la región como mancha de aceite? Ningún análisis resulta tranquilizador.

 

El racismo una vez más

Hay algo profundamente inmoral, desalentador y enfermizo en la decisión de un gran jurado del estado de Misuri de no llevar a juicio por falta de pruebas al agente de policía Darren Wilson, que el 9 de agosto mató de varios disparos en la pequeña ciudad de Ferguson a Michael Brown, de 18 años, negro o afroamericano, como ahora gusta decirse. La víctima iba desarmada y, según el testimonio de uno de sus amigos y de algunos transeúntes, levantó las manos y no hizo ademán de encararse con el agente o amenazarle, pero este sostiene, en cambio, que actuó “para salvar su vida”, que siente lo ocurrido, pero que volvería a reaccionar de igual forma. Los nueve blancos y tres negros que formaron el gran jurado han entendido que, más allá de la tragedia, no hay material probatorio para instar procedimiento penal contra Wilson, de piel blanca, y secundan de hecho la posición del fiscal Robert McCulloch, asimismo blanco, que desde el principio se sintió más inclinado a proteger al policía que a atender los requerimientos de los familiares de la víctima en el seno de una comunidad de mayoría negra, pero gestionada mayoritariamente por blancos, en especial en cuanto se refiere a la seguridad y a la administración de justicia.

Dice Wilson que tiene la “conciencia tranquila” y al decirlo a pesar de la muerte del joven, por al descubierto una especie de seguridad a priori sobre la bondad de la misión que se le encomendó, aunque al cumplirla perdiera la vida alguien desarmado. Hay en esa tranquilidad de conciencia admitida por el policía el rastro de un aire viciado, respirado desde siempre y que alimenta el principio de sospecha generalizada aplicado a la sociedad negra por la blanca –al menos por una parte de ella– de la ciudad de Ferguson. Hay también el rastro y la creencia de una sociedad inducida a pensar desde siempre que el mundo de los blancos está llamado a cumplir una tarea trascendental, indeclinable, intransferible, que forma parte del destino mesiánico alentado por la tradición del pensamiento más conservador y menos permeable a las virtudes del mestizaje.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparón contra Michael Brown.

Disturbios en Ferguson (Misuri) en los que intervino la Guardia Nacional después de conocerse la decisión de un gran jurado de no procesar al policía Darren Wilson, que disparó contra Michael Brown.

En cierto sentido, pervive en todo ello la justificación moral del racismo que se fundió con modelos puritanos extremos y una acusada inclinación por los hábitos aristocráticos, algo que influyó en la configuración de la cultura de las sociedades poco industrializadas del sur de Estados Unidos, donde la tradición –el estilo del sur, decían los confederados que se levantaron en armas en 1861– quedó contaminada por el esclavismo. El eco de aquella división social tajante, insuperable, llega hasta hoy y sube de tono cada vez que se da una situación como la de ahora en Ferguson. Quizá se ha superado la fase aguda de la dolencia, quizá las aristas más cortantes no tienen del filo hiriente de episodios como el reconstruido en la película Arde Misisipi, quizá el Ku Kux Klan esté más cerca del recuerdo ominoso que de otra cosa, pero se asaltan comercios en Ferguson y la Guardia Nacional ocupa la calle porque la confrontación racial pasa de generación en generación un siglo y medio después de la emancipación de los esclavos y del final de la Guerra de Secesión en 1865.

“Todo racismo es sustancialismo”, escribió hace 30 años el diplomático marroquí Abdalá Laraui, y esa simplificación implícita en el sustancialismo, ese acercamiento receloso a la realidad del otro, de quien es diferente, es una poderosa arma de división social, de segregación, de sectarismo profundo. Es, se quiera o no ver así, una enfermedad social que obliga, como en el caso de Ferguson, a sopesarlo todo a través del prisma del color de la piel. Resulta casi repulsivo contar las circunstancias de la muerte de Michael Brown, la actuación de la policía, del fiscal y del gran jurando con referencias constantes a los blancos y negros implicados en el caso, pero es esa reiteración inevitable la que pone de manifiesto que el racismo sigue siendo una dolencia de la que una parte no pequeña de la sociedad de Estados Unidos no logra curarse. No importa que el presidente del país sea negro, que el fiscal general también lo sea, que en la comunidad académica y en el mundo de la cultura estén cada día más presentes los rostros de color, lo que Laraui llama sustancialismo sigue contaminando las relaciones sociales en muchos lugares y las estadísticas revelan con harta elocuencia que la comunidad negra aún es aquí y allá un colectivo estigmatizado. He aquí algunos datos:

  1. Los jóvenes negros tienen 21 veces más posibilidades de morir por disparos de la policía que los jóvenes blancos, con independencia del segmento social al que pertenezcan o del que procedan.
  2. La población negra constituye el 13% del total, pero alcanza el 42% la población penitenciaria negra.
  3. El grado de vulnerabilidad social de blancos y negros en situaciones de pobreza extrema es similar, pero la vulnerabilidad penal es muy superior entre los negros pobres que entre los blancos en idéntica situación.

No es exagerado decir que en partes importantes de Estados Unidos, a pesar de las leyes de derechos civiles aprobadas hace medio siglo y de la cultura de la discriminación positiva seguida en muchos lugares, los negros siguen siendo sospechosos habituales; se hallan en una situación desventajosa que puede derivar en tragedia y en disturbios, como sucede ahora en Fergunson y, desde allí, al resto del país. O como sucedió en el pasado en Los Ángeles (caso Rodney King, en 1992) y en Sanford (Florida) hace dos años a raíz de la muerte del joven Treyvon Martin, abatido a tiros por el vigilante voluntario George Zimmerman, que fue declarado inocente. Esa sensación de falta de ecuanimidad de los funcionarios públicos encargados de aplicar las leyes, esa atmósfera cargada de prejuicios que condiciona a los jurados, esa administración vengativa de la justicia –el mantenimiento de la pena de muerte en 32 estados–, que pesa como una losa sobre amplias capas de la comunidad negra, el entramado que antepone el color al principio de ciudadanía, se manifiestan de forma radical en cuanto se colocan en un platillo de la balanza los derechos presumiblemente ultrajados de un ciudadano de color y en el otro, los derechos o las garantías en riesgo de un funcionario público blanco (para el caso, un policía).

El presidente Barack Obama, que en el caso de Treyvon Martin se unió a la desolación que sentían los allegados del muchacho, tiene que afrontar un momento de crispación extrema y neutralizar las declaraciones poco meditadas –o puede que sí lo fueron– del gobernador de Misuri, Jay Nixon, del Partido Demócrata para mayor complicación, dispuesto antes a hacerse eco de los estragos causados por una multitud airada que a analizar el sentimiento de frustración alentado por el gran jurado al dejar sin cargos al policía que disparó. Cuando Obama fue elegido por primera vez en el 2008, se insistió en la condición transversal del candidato, pero las inquinas del universo estadounidense más conservador y la desconfianza hacia el presidente en sectores de su propio partido cuando la cuestión racial anda de por medio atestiguan que la transversalidad del presidente es un atributo que está lejos de serle reconocido por todos los ciudadanos. Si no fuese así, muchas de las críticas dirigidas a la Casa Blanca desde que se instaló en ella el primer presidente negro hubiesen tenido un registro más contenido, menos desabrido.

“Debemos limpiar nuestra casa de racismo”, declaró Bill Clinton en 1995, después de que en diferentes estados del sur ardieran iglesias de congregaciones negras. Y añadió: “Hay demasiados blancos y negros, en la izquierda y en la derecha, en las esquinas y en las ondas de radio, que quieren sembrar la división”. La siembra prosigue, aunque en los periodos de paz entre dos episodios de racismo, visible o encubierto, parezca que se remansan las aguas, que ha perdido vigencia la más abyecta de todas las divisiones posibles. El día de la primera victoria de Obama, el reverendo Jesse Jackson describió el momento como de éxtasis. “Muchos blancos han elegido la razón en lugar de la raza, la esperanza en lugar del miedo –dijo–. Para muchos ha sido la ocasión de decir: somos mejores de lo que hemos sido”. Pero la siembra no se ha interrumpido y aún son poderosos los resortes que maneja la cultura del racismo para temer sin asomo de duda que habrá más Ferguson, más momentos en los que se desvanecerá en la memoria el éxtasis y tomará cuerpo de nuevo el espectro de la confrontación racial.

 

Vigilias de Intifada o casi

Al cumplirse diez años de la muerte de Yasir Arafat lo menos que puede decirse es que la situación en Palestina y las perspectivas de futuro han empeorado en igual medida que han crecido los asentamiento de colonos israelís en Cisjordania, y las operaciones emprendidas por Israel contra la franja de Gaza –Plomo Fundido (2008-2009), Pilar Defensivo (2012) y Margen Protector (2014)– han devuelto en gran medida la iniciativa a las facciones radicales palestinas, si es que alguna vez la perdieron. La intransigencia  del primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, empeñado en una campaña de derechización y huida hacia adelante del Gobierno para llegar el 6 de enero a las primarias de su partido, el Likud, como el líder inflexible que siempre fue, debilita la imagen débil de por sí de Mahmud Abás, sucesor de Arafat, carente de las habilidades tácticas de este y sometido a la presión de Hamás, el partido que controla Gaza, y a la gestión apocalíptica del momento que hace la Yihad Islámica. Si a ello se suman los episodios de violencia a un lado y otro del muro de Cisjordania, no es exagerado temer que estamos ante los prolegómenos de la tercera intifada salvo que algo o alguien serene los ánimos.

Son impredecibles los efectos que sobre el desarrollo de los acontecimientos puede tener la tanda de reconocimientos por países europeos del Estado palestino. A primera vista, es algo que no debiera alarmar a Israel, tal como Nathan Thrall, del International Crisis Group, razonó hace unas semanas en The New York Times. Puesto que la solución admitida por las partes es la de los dos estados, y uno de ellos será el palestino, no debiera perturbar los sueños del Gobierno israelí que, por diferentes caminos, los parlamentos de Suecia, el Reino Unido, Francia y España –el próximo martes– reconozcan a Palestina. Antes bien, debiera entender que tal reconocimiento, de gran contenido simbólico, pero sin ningún efecto práctico, refuerza la fórmula que dice defender, aunque visto el disgusto de funcionarios de la Administración israelí quizá la disposición a lograr los dos estados sea solo una pose.

Las palabras recogidas por El País de Emmanuel Nahshon, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, al conocer el propósito del Congreso de los Diputados, refuerza esa impresión: “Será mucho mejor que el Parlamento español mande un mensaje a favor de la vuelta a la mesa de diálogo”. Cabe incluso atribuir un punto de cinismo o de doblez a la declaración, pues la hostilidad manifestada por Israel hacia el Gobierno palestino a partir del acuerdo de la última primavera entre Al Fatá y Hamás y la carnicería de Gaza –más de 2.000 muertos entre julio y agosto– apenas precisan comentario para entender que lo que pretende Netanyahu es que se reanuden las negociaciones en las condiciones y los términos que él imponga, y mientras tanto seguirá la autorización de nuevas colonias en Cisjordania y el hostigamiento a la población árabe de Jerusalén oriental.

¿Sigue la opinión pública israelí a favor de la mano dura? A juzgar por la encuesta realizada en octubre por el Instituto de Democracia de Israel y la Universidad de Tel Aviv, cabe ponerlo en duda. Según el sondeo, el 57% está a favor de negociar –52,7% entre la población judía y 81,2% entre los árabes de nacionalidad israelí–, aunque son mayoría entre los judíos quienes piensan que no servirá para afianzar la paz. Pero, hecha esta aclaración, no deja de ser significativo que en mayo otra encuesta elaborada por las mismas instituciones revelara que el 68% de la población israelí era partidaria entonces de interrumpir las negociaciones a causa del acuerdo de gobierno de Al Fatá con Hamás.

Hay un ingrediente de realismo en el resultado de la encuesta que se suma al puesto de manifiesto por varios generales israelís que se han pronunciado a favor de negociar un acuerdo con los palestinos y acelerar la solución de los dos estados. Algo bastante alejado del dardo dirigido por Netanyahu a los árabes de Galilea que se manifiestan contra su política, a quienes ha invitado a abandonar el país, y de la propuesta del ministro de Asuntos Exteriores, Avigdor Lieberman, de compensar a los palestinos con la anexión a Cisjordania del llamado triángulo árabe –territorio israelí de mayoría árabe– a cambio de mantener los asentamientos en suelo ocupado en la guerra de 1967. Algo que nunca han planteado los árabes con pasaporte israelí ni los negociadores palestinos. Una forma, eso sí, de enredar más la madeja y, en la práctica, hacer inviable el acuerdo que se supone se persigue.

La derrota demócrata en las elecciones habidas en Estados Unidos el 4 de noviembre, y el consiguiente debilitamiento de Barack Obama, que se ha estrellado varias veces contra el parapeto construido por el Gobierno israelí para no ceder ni un milímetro en sus planteamientos, facilita las cosas a Netanyahu, que ahora cuenta con el paraguas protector de la mayoría republicana en las dos cámaras del Congreso. El lobi judío estadounidense integrado en el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC), manifiestamente incómodo con Obama y con su primera secretaria de Estado, Hillary Clinton, disfruta de un mayor margen de influencia en el enfoque que Estados Unidos da al conflicto palestino-israelí. Y si el AIPAC se siente aliviado por la suerte corrida en las urnas por los demócratas, Israel comparte el mismo sentimiento, aunque el final del segundo mandato de los presidentes suele coincidir con el periodo de mayor actividad diplomática de la Casa Blanca.

La particularidad del momento es que así como Bill Clinton quiso legar para el futuro la solución del agravio palestino –conversaciones de Camp David de julio del 2000– y fracasó, la preferencia de Obama, la herencia histórica que quizá espera dejar, es un acuerdo con Irán que rehabilite a la república islámica ante la comunidad internacional y cancele los riesgos inherentes al programa nuclear auspiciado por el núcleo duro del clero chií. Frente al hecho incuestionable de que Obama casi siempre ha andado a remolque de los acontecimientos en Oriente Próximo y ha sido en Israel donde se han establecido las reglas del juego, en la gestión del dosier iraní la oposición israelí pesa, pero no hasta el extremo de hacer inviable un acuerdo que, por diferentes motivos, desean todos los grandes actores políticos, además de Estados Unidos: Rusia, porque Irán es uno de sus aliados y quiere acabar con las sanciones que acogotan la economía del país; la Unión Europea, por razones económicas y de equilibrio estratégico en el golfo Pérsico; China, porque los campos petrolíferos de Irán son una de sus fuentes de suministro.

Hay, por lo demás, variables en la periferia del conflicto palestino-israelí cuya evolución es del todo imprevisible y están llenas de riesgos. La situación en Siria, la inestabilidad en Irak y, por encima de todos ellos, la capacidad de contaminación del Estado Islámico, convertido en nuevo predicador de la vuelta a los orígenes, al califato, a la sharia, al martirio y al gobierno de los defensores irreductibles de la tradición. Como dice Brian Whitaker en el ensayo Arabs Whitout God (Árabes sin Dios), en Oriente Próximo “la religión es difícil de evitar incluso para quienes lo intentan”, y las sociedades palestina e israelí no son una excepción. La influencia de los oradores más incendiarios en mezquitas y sinagogas es cada día mayor, y la descendencia de las comunidades en gran medida laicas que libraron las primeras guerras ha transformado el campo de batalla en un ecosistema donde las razones políticas valen casi tanto como los textos sagrados. Son cada día más los partidarios de hacer ostentación de la práctica religiosa, y mantener la política dentro de los parámetros de un determinado credo, con el corolario inevitable de las rivalidades sectarias, tal como subraya Whitaker.

En abril del 2012, el expresidente Jimmy Carter publicó un artículo en el que preveía acerca de la viabilidad cada vez menor de alumbrar un Estado palestino. “Mientras manifiestan su apoyo a la solución de los dos Estados –escribió Carter–, todas sus acciones [las de las autoridades israelís] contribuyen a crear un gran Israel, del mar Mediterráneo al río Jordán”. Y concluía entonces que la solución de los dos estados aún era factible, “pero no por mucho tiempo”. El tiempo le da la razón y no hay forma de detener la marcha de los acontecimientos hacia la consagración de facto de un Estado binacional, permanentemente inestable, con ciudadanos de primera y de segunda, de forma parecida a como en el pasado sucedía en la Sudáfrica del apartheid. De ahí el riesgo cierto de que se pueda imponer en el campo palestino la lógica de una tercera Intifada para contrarrestar la frustración de un futuro sin esperanza.

El proceso de paz que nunca existió

“Es una cuestión psicológica y emocional que los palestinos sientan que están unidos”

(Ziad Abú Amr, viceprimer ministro de la Autoridad Palestina)

El acuerdo alcanzado el miércoles entre la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y Hamás para constituir un Gobierno de tecnócratas encabezado por Mahmud Abás, presidente de la Autoridad Palestina, ha permitido prender por unos instantes la llama de la unidad en Cisjordania y Gaza, mientras los gobiernos de Israel (mucho) y de Estados Unidos (no tanto) se rasgaban las vestiduras. Pero si acuden al archivo, los adversarios irreconciliables han de serenar los ánimos de inmediato: los palestinos, porque darán con la frustración que siguió a los acuerdos del 2011 en El Cairo y del 2013 en Doha, cuya aplicación práctica nunca se produjo; los israelíes, porque no perdieron ni un milímetro de territorio ocupado, sino que, sin mayores inconvenientes, aumentaron la construcción de asentamientos en Cisjordania hasta superar de muy largo la cifra de 300.000 colonos.

De forma que esta vez nada induce a ser más optimista que las ocasiones anteriores en el largo y confuso relato de la división palestina ni a achacar al acuerdo interpalestino el fracaso de las negociaciones de paz entabladas por la Autoridad Palestina e Israel, que debían traducirse en algo tangible el día 29. Habida cuenta de que los mismos enemigos íntimos que fueron incapaces de evitar la división palestina en el bienio 2006-2007 son los que ahora dicen haberse puesto de acuerdo, y de que sigue en manos del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, la posibilidad de autorizar nuevos asentamientos, pudiera ser que todo quedara en un castillo de fuegos artificiales sin más recorrido. Resulta tan aventurado confiar en que de aquí a un máximo de cinco semanas Abás habrá logrado formar un Gobierno de técnicos sin compromisos políticos, como vislumbrar tal contención en el campo islamista que sea imposible la presión de la Yihad Islámica (muy radical) sobre Hamás (radical, pero no tanto); resulta tan poco imaginable que Estados Unidos, pasado el disgusto, controle los biorritmos del Gobierno israelí, como que este se resista a autorizar nuevos asentamientos. Más parece todo condenado al estancamiento y la ruptura después de que Netanyahu decidiera suspender la sesión negociadora con los palestinos prevista para el jueves, mientras la aviación israelí bombardeaba el norte de la franja de Gaza y la Yihad lanzaba dos cohetes contra territorio israelí.

Las prisas que pueda tener el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por pasar a la historia como el forjador de un acuerdo global del mundo árabe con Israel después de dar una salida al agravio palestino no deben separarse del precedente de julio del 2000: entonces, el presidente Bill Clinton reunió a Yasir Arafat y Ehud Barak en Camp David sin otro resultado apreciable, dos meses después, que el estallido de la segunda Intifada después de la provocativa visita de Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas en Jerusalén. A lo que debe sumarse que la tradición política en Estados Unidos adjudica una considerable debilidad a la figura del presidente durante la recta final de su segundo mandato, cuando se le cuelga la etiqueta de pato cojo (lame duck). Esta será la situación de Obama después de noviembre, cuando se celebrarán elecciones legislativas –renovación de la Cámara de Representantes y de un tercio del Senado–, agravada a partir de la segunda mitad del 2015 por la cercanía de las primarias, durante las cuales, como de costumbre, el presidente saliente apenas podrá contar con los suyos, enfrascados en la pugna política para sucederle sin asumir compromisos ni excesivos ni concretos.

Aun así, como ha publicado el periódico beirutí L’Orient le Jour, de perfil progresista, “los dos mejores enemigos no podrán nunca prescindir de los buenos oficios del viejo Tío Sam”. Sobre todo, los palestinos, cuya causa se diluiría por completo en la política de hechos consumados de Israel, la duda existencial de muchos dirigentes árabes a raíz de las primaveras y la incapacidad de la Unión Europea de ser un actor político determinante en Oriente Próximo. Incluso con la firma de Hamás en el acuerdo interpalestino, que incomoda a la Casa Blanca, la implicación de Estados Unidos es imprescindible para que algo se mueva, aunque de cara al exterior prevalezca la consideración de que Hamás es una organización terrorista con la que no cabe llegar a pacto alguno. ¿O acaso no es tan obscena como la propaganda de Hamás y las declaraciones de Ismail Haniyá la multiplicación de asentamientos autorizados por el Gobierno israelí a pesar de las indicaciones de Estados Unidos? ¿O no perjudica la lógica de una negociación política que Netanyahu haya dejado sin efecto la liberación de 106 presos palestinos?

Más allá de los eslóganes publicitarios –“Abás debe decidir si busca la paz con Israel o con Hamás” (Netanyahu); “[el acuerdo] no es malo para ambas partes, es malo para el proceso de paz” (Shimrit Meir, analista israelí)– y de la posibilidad de que el diario israelí Maariv lleve razón al considerar el pacto palestino “una simple estratagema de relaciones públicas”, aquello que realmente cuenta es que solo una de las partes está en condiciones de actuar de facto y que la otra ve que la solución de los dos estados se aleja un poco más con cada nuevo asentamiento. La profesora Patricia DeGennaro, del World Policy Institute, lo ha explicado de la siguiente manera en el canal Al Jazira America: “Seamos realistas: los asentamientos son un grave problema. Crecen cada año. Aumentan cada vez que hay un proceso de paz. Así que constituyen un contencioso. Son también una forma de imponer la solución de un solo Estado”. El análisis de DeGennaro se asemeja a la descripción de una partida con todas las cartas marcadas.

El primer ministro de Israel está lejos de correr el peligro de que alguien le mueva la silla para acelerar un acuerdo con los palestinos y, además, dispone de información solvente recogida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, a cargo del ultra Avigdor Lieberman, que da por descontado que difícilmente se prolongará por mucho tiempo el modus vivendi entre Al Fatá, la principal organización integrada en la OLP, y Hamás, según ha aparecido publicado en las páginas del diario progresista israelí Haaretz. Netanyahu no tiene ninguna necesidad de ocupar su tiempo en sopesar una vez más las ventajas y los inconvenientes del principio general resumido en la expresión paz por territorios: le basta con dejar que corra el tiempo, que llegue el día 29 sin novedades y luego se imponga la realidad de la floración imparable de asentamientos hasta que carezca de sentido considerar la posibilidad de que bien vale la pena perder algunos kilómetros cuadrados a cambio de una paz segura.

Un informe difundido en marzo por el International Crisis Group, referido a la situación en Gaza, afirma lo que sigue: “Aunque ninguna de las partes quiere luchar, tampoco tiene intención de presionar por la paz. Ambas partes están convencidas de que está próxima una ronda de negociaciones y no darán ningún paso que entrañe desventajas militares”. Es otra forma de decir que todas las cartas están marcadas y que ni el Gobierno de Israel ni Hamás harán un solo movimiento que proyecte una imagen de debilidad. Porque, si así lo hacen, son conscientes de que sus competidores pescarán en los caladeros de los decepcionados con la condescendencia de los líderes. Por eso son verosímiles las cábalas acerca de una casi imposible concreción del acuerdo interpalestino que haga posible en lo que queda de año la consolidación de un Gobierno unitario, la convocatoria de legislativas y la elección de un presidente. Logrado todo ello sin que, más que probablemente, la negociación con Israel haya avanzado un ápice, según es fácil deducir de lo sucedido hasta ahora, con el secretario de Estado, John Kerry, desbordado todos los días por la frenética actividad de los constructores de viviendas en Cisjordania, impugnación sobre el terreno del proceso de paz que quizá nunca existió.

Crimea desorienta a Occidente

La anexión de Crimea por Rusia ha operado como el excitativo ideal para poner en marcha a los gabinetes de análisis, que pretenden dar respuesta a las preguntas que mantienen en vigilia permanente a las cancillerías de Occidente. Después del gesto de autoridad del presidente Vladimir Putin parece casi inconcebible que un especialista de solvencia de Charles A. Kupchan planteara hace solo cuatro años el ingreso de Rusia en la OTAN. Afirmaba Kupchan en las páginas del ejemplar de mayo-junio del 2010 de la publicación Foreign Affairs que se cometía “una equivocación histórica tratando a Rusia como un paria estratégico”, y le parecía deseable y verosímil “anclar a Rusia en un orden euroatlántico ampliado”.

Lo cierto es que en aquel momento, con Putin retirado momentáneamente en la función de primer ministro, se tenía la impresión de que había margen de maniobra para establecer cierto grado de complicidad con los gobernantes rusos a pesar de todos los pesares, aunque el texto de Kupchan, incluso entonces, sonó algo despegado de la realidad. Tenía más consistencia la opinión ya muy extendida de que la macroampliación de la UE hacia el este y el alistamiento en la OTAN de los antiguos socios de la URSS había equivalido a meter el dedo en el ojo del Kremlin. Y hoy se repite a todas horas que el rumbo seguido por el Occidente europeo para atraerse la voluntad de los países que un día fueron comunistas fue una estrategia contra Rusia a la que hay que sumar la determinación del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de poner en pie el escudo antimisiles en Polonia y la República Checa. El Centro Internacional de Estudios Estratégicos sostiene hoy este punto de vista con idéntico fundamento que los que llegaron a la misma conclusión antes de que se desencadenara la invasión de Crimea.

Si se está ante una versión revisada y puesta al día de la guerra fría o estamos ante algo genuinamente diferente, compete más a los especialistas en sacar punta a la jerga política que a los analistas de la situación. Cuando uno de ellos, Peter Baker, que escribe en The New York Times, se aproxima a la cuestión, pergeña un título que no saca de dudas: Si no es una guerra fría, es una vuelta a una rivalidad fría. “Si no estamos en la nueva guerra fría que algunos temen, parece probable que nos adentramos en un periodo sostenido de confrontación y alineación que será duro superar”, afirma Baker. Razones no le faltan para llegar esa conclusión a tenor de las opiniones recogidas por él entre antiguos funcionarios del Gobierno, a menudo sinceramente desorientados, reflejo fiel de la sorpresa de Occidente ante la determinación de Putin, aplicado en rectificar alguna de las consecuencias del hundimiento de la URSS y la proliferación de estados nuevos nacidos gracias a aquel cataclismo. Una desorientación resumida en una frase por Toby T. Gati, que trabajó en el Departamento de Estado durante la presidencia de Bill Clinton: “No sabemos cómo reaccionar a esto”.

Hay una sensación muy extendida de que, a diferencia de episodios anteriores en los que se tensó la cuerda, en esta ocasión no es posible destensarla con el consabido recurso a la diplomacia secreta y a la contención pública de los líderes pasado el momento de paroxismo. Si este método fue útil otras veces –después de la guerra de Georgia (verano del 2008), por ejemplo–, ahora no es posible aplicarlo, siquiera sea porque el dinamismo de Putin ha dejado en evidencia la debilidad de la diplomacia europea y de Estados Unidos, una vez quedó descartada la movilización efectiva de la OTAN. Y si no cabe una componenda para superar el momento, entonces es de temer, obligada por las circunstancias, una revisión in extenso de las relaciones de Estados Unidos y la UE con Rusia –algo así está sucediendo–, incluido cuanto atañe al ámbito militar.

Es este un camino lleno de riesgos, que requiere consumir dosis inagotables de realismo para evitar que se imponga una osadía irreflexiva del estilo de la de Kurt Volker, exembajador de Estados Unidos en la OTAN. Para Volker, es preciso establecer que “cualquier otro asalto a la integridad territorial de Ucrania, más allá de Crimea, representa una amenaza directa para la seguridad de la OTAN y tendrá una respuesta de la organización”. Para Yochi Dreazen, especialista de la revista Foreign Policy, “nuestra preocupación es que Rusia no quiera parar”. Para el exsecretario de Estado Henry Kissinger, resulta más útil acercarse al pensamiento y las convicciones de Putin, a quien conoce bien, para comprender que no podía ser indiferente a los sucesos que se desarrollaron en Ucrania. En general, para los analistas de situaciones de riesgo, una vez Occidente ha decidido aplicar sanciones económicas, carece de utilidad práctica la escalada verbal gratuita, que enrarece la atmósfera sin obtener ningún resultado.

Es más fructífero sacar conclusiones objetivables y extraer algunas lecciones, de acuerdo con la radiografía realizada por Piotr Smolar en Le Monde:

  1. La operación de Crimea “marca la afirmación de una Rusia desacomplejada frente a un Occidente que cree arruinado, militarmente impotente y corrompido en el ámbito moral”.
  2. No hay dos bloque cara a cara, “sino un vacío, una ausencia de autoridad, un mundo roto, puesto a subasta”. En este panorama, consecuencia de una perturbadora falta de liderazgo global, “los náufragos” son los europeos, que mantienen una tupida trama de intereses económicos con Rusia.
  3. Ha dejado de ser viable a corto plazo el propósito de Obama de relanzar las relaciones con Rusia y, en cambio, ha quedado maltrecha la capacidad de anticipación de la Casa Blanca.
  4. El precio de los riesgos que asume Putin para saciar “la sed de revancha geopolítica de una parte de las élites” puede recaer sobre la sociedad rusa, en general, y muy particularmente sobre la disidencia en cuanto esta vuelva a dar señales de vida, una vez atemperados los ardores nacionalistas.

Conclusión de Smolar: “Doctrina militar, organizaciones supranacionales, intercambios comerciales, alianzas: todo parece que de pronto debe revisarse”. Parece que el sistema que siguió a la liquidación de los regímenes comunistas de Europa ha dejado de ser eficaz, ha puesto al descubierto debilidades estructurales de todas clases y justifica que, a causa de la desorientación subsiguiente, surjan dudas en cuanto al camino seguido por Occidente. Pero también en cuanto a la capacidad rusa de mantener el desafío sin dañar la economía. Hasta la fecha, los logros de la política exterior de Putin no han castigado las finanzas; ahora, en cambio, pueden resultar perjudicadas.

¿Adónde puede llevar una revisión exhaustiva del sistema? ¿Cuál debe ser el límite? Cuando el pensador francés Raymond Aron publicó Paz y guerra entre las naciones (1962) se tendió a achacarle cierto desprecio por el derecho internacional en favor de la potencia de los estados. En aquel mundo bipolar, sometido a la pugna a escala planetaria entre Estados Unidos y la URSS, lo que hizo Aron fue un ejercicio de realismo que quizá hoy, medio siglo después, deba realizarse de nuevo, aunque el coste del ejercicio sea reconocer que, salvo contadísimos casos, las apelaciones al derecho internacional tienden a encubrir la violación del mismo. Poco importa que esto se corresponda con la guerra fría o con una situación nueva, compleja y arriesgada que todavía no tiene nombre.