Incógnitas políticas de la pandemia

“El delirio histórico de Trump sobre el coronavirus” al que alude el editorial de The Washington Post del viernes, a cuatro meses justos de la elección presidencial, establece con bastante precisión las razones que han llevado a Donald Trump a hundirse en las encuestas. Y, al hacerlo, dibuja un marco de referencia aparentemente convincente para otros gobernantes que, anteponiendo las consideraciones económicas a cualesquiera otras de orden moral, han propiciado que el censo de bajas crezca de forma imparable. Frente a la idea de la ciudadanía del mundo, desarrollada en su día por el pensador italiano Norberto Bobbio, se han acogido a la ciudadanía nacional, más aún, a la identidad de grupo de sus votantes, para negar la realidad y emprender una huida hacia ninguna parte.

Una huida relativa, todo hay que decirlo, porque junto a una deformación persistente de la realidad, han adoptado costosas medidas para evitar en lo posible el descalabro económico y una crisis social que, aun así, se vaticina desmesurada. El empecinamiento de Trump en sumarse a la movilización de sus seguidores para obstaculizar las medidas de confinamiento y acabar cuanto antes con la congelación de la actividad no ha sido solo un disparate sanitario mayúsculo, sino que ha limitado la eficacia de los recursos federales destinados a paliar los efectos de la pandemia en la economía. Lo mismo le ha sucedido al primer ministro británico, Boris Johnson, cuyos índices de aceptación decrecen al mismo ritmo que asciende sin parar la cifra de muertos e infectados y se intuye que la consumación del brexit puede tener efectos desastrosos.

El caso de Jair Bolsonaro está en la misma línea, aunque su populismo destemplado erosiona a mayor velocidad su imagen. Solo el 30% de los brasileños considera que el presidente es un demócrata, según una encuesta hecha por Datafolha, el 58% lo percibe como alguien que respeta más a los ricos y el 60%, como un líder autoritario. Aunque logra que sus seguidores le arropen allí donde va, estos son cada vez menos, no solo a causa de los estragos y el miedo causados por la pandemia, sino por los escándalos que zarandean a su Gobierno y por su enfrentamiento permanente con las instituciones. Características del mandatario conocidas desde antes de su elección, pero más visibles cuando el fracaso de la gestión de la crisis ha dejado a la opinión pública en la desorientación más absoluta y a la economía, en caída libre.

Puede decirse que Donald Trump ha sido el guía de esa extraña idea según la cual se puede superar la devastación de la pandemia negando las dimensiones de la emergencia sanitaria. A partir de ahí, sus entusiastas seguidores han establecido pautas de comportamiento adaptadas a sus países, lo que en el caso de Brasil, con un pacto social lleno de carencias, ha implicado una aceleración de la crisis hasta llegar al momento actual, con un presidente progresivamente más aislado y más dispuesto a transgredir el orden constitucional. Cuando medios como O Globo, integrante tradicional del establishment, no pierden ocasión de arremeter contra el presidente, debe interpretarse que la situación es en extremo grave y el riesgo de descalabro, enorme.

El analista Fareed Zakaria sostiene que “los habilitadores republicanos de Trump” son los responsables del estado de la democracia en Estados Unidos. Una opinión que puede hacerse extensiva a otros lugares en los que la pandemia ha dejado al descubierto las costuras de entramados políticos disociados de la realidad o directamente sectarios. Los éxitos de la extrema derecha no obedecen solo a los efectos de la crisis del 2008 en la clase media, a las tensiones sociales enmascaradas por el último ciclo expansivo de la economía o al coste social de la globalización, tan elevado, sino que se deben también a la incapacidad de los partidos conservadores de reaccionar y defender su legado histórico, y al universo socialdemócrata de no plegarse sistemáticamente a las exigencias de los programas neoliberales.

El ciclo empezó con el Tea Party y la colonización neocon del Partido Republicano, siguió con las recetas de austeridad impuesta en la Unión Europea por Alemania y sus acompañantes habituales y culminó con el retroceso de la izquierda en el ecosistema político latinoamericano, lastrada por la corrupción, la ineficacia y los desafíos de una derecha ansiosa de revancha. El coronavirus ha sacado todo esto a la superficie y la incógnita está en saber si el coste de la pandemia llevará aparejado un descenso significativo de la extrema derecha o, por el contrario, las proclamas nacionalistas atraerán nuevas voluntades. De hecho, la pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad de la democracia, su vulnerabilidad “cuando los demagogos hablan y crean masas de seguidores que emplean su mismo lenguaje”, de acuerdo con el análisis de Hanna Arendt, citada por Cristina Casabón en un artículo publicado en Letras Libres en septiembre del 2019.

¿El efecto bandera puede favorecer a Trump, Johnson, Bolsonaro y compañía a pesar de sus errores manifiestos? Una respuesta categórica es imposible. Que Joe Biden le saque a Trump en las encuestas una ventaja media de más de nueve puntos, que Johnson responda de forma deslavazada a los requerimientos laboristas y que Bolsonaro siga su particular cruzada contra todo lo que se mueve en su contra no significa que deba traducirse en un cambio a corto plazo de liderazgos políticos, como por lo demás es fácil comprobar en Europa en países como Polonia, donde la extrema derecha sale indemne de las urnas, bien es verdad que sin que el populismo haya secundado allí las extravagancias que Trump ha convertido en guía para adeptos. Hay en este extraño momento tantas variables por despejar que las incógnitas planteadas dan pie a nuevas incógnitas y solo muy de vez en cuando, a respuestas… inevitablemente inciertas.

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El coronavirus marca la pauta

Todo depende del coronavirus y nada escapa a su influjo. Varios gobernantes quedan en evidencia a causa de su gestión de la enfermedad antes de que la realidad del alcance del contagio los descabalgara de su suficiencia injustificada; otros, como Jair Bolsonaro, siguen en sus trece mientras no deja de crecer el censo de enfermos y muertos. Israel y Hamas parecen más cerca que nunca de un acuerdo para el intercambio de prisioneros. Las cotas de popularidad de Donald Trump y Boris Johnson, convaleciente del mal, repuntan a pesar de su desconcertante reacción inicial, casi despreciativa con quienes, mucho antes que ellos, tomaron la decisión de restringir al máximo la movilidad y de hibernar la economía. La Unión Europea se debate entre la cohesión interna, la cicatería de los más ricos y las exigencias de los que no lo son tanto, al tiempo que decaen o se replantean en todas direcciones los fundamentos de la globalización. Y así hasta el infinito, la atmósfera de final de ciclo compite con la idea de una restauración a la mayor brevedad posible del modelo conocido hasta ahora con leves retoques.

Los términos en que el senador Bernie Sanders se ha retirado de las primarias del Partido Demócrata y ha manifestado su apoyo a Joe Biden para vencer en noviembre a Donald Trump discurren en una posición intermedia entre el final de ciclo y la restauración con retoques. Antes de la gran crisis, Sanders movilizó a una parte de la juventud de Estados Unidos para dar un vuelco a las políticas sociales, tuvo un éxito inicial y, con una profundidad difícil de precisar, modificó el perfil ideológico del partido a pesar de la inquietud del establishment, hasta el punto de arrastrar a Biden hacia una posición menos centrista. ¿Es sostenible un new deal para llegar a la Casa Blanca? Si el daño económico causado por el coronavirus es el que se vaticina, puede que sí; si reverdecen las cifras en otoño, el paro queda por debajo de las previsiones –ahora se teme que alcance cifras peores que las de la gran depresión– y se serena Wall Street, puede que no. Las prisas de Trump para activar la economía se atienen a esa lógica.

La decisión del presidente de congelar la contribución a la OMS también es tributaria de la pretensión presidencial de cargar los desastres de la crisis sanitaria a la incompetencia o falta de determinación de terceros para apercibir del avance de la pandemia en China. La evitación de responsabilidades es una manifestación del perfil narcisista que define a Trump, invocado en un artículo por la escritora Siri Hustvedt: “Durante más de tres años, el mundo ha visto a un presidente estadounidense atrapado en su propio presente espontáneo y volátil, con un narcisismo patológico y alimentado a diario por innumerables medios de comunicación, mientras millones de seguidores, tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo, aprueban sus mensajes virales, xenófobos, racistas y misóginos, pero rotundos. Uno de los últimos: el virus es chino”.

Este narcisismo es un ingrediente esencial en la articulación de un mensaje nacionalista, excluyente, que impugna la multilateralidad y el statu quo. Se trata de un discurso reforzado por la vulnerabilidad puesta de manifiesto por la globalización, por la dependencia ciega de las grandes economías de la gran fábrica china, por el desconcierto que siguió a la interrupción de las líneas de suministro. Muy pocos se molestaron en diversificar el abastecimiento durante los mejores años del milagro chino, y ahora Trump explota la idea de que China es un proveedor poco fiable, un competidor imprevisible, sujeto a los designios de la élite política instalada en el partido. Lo dice con otras palabras, con la rudeza que lo caracteriza, pero este es su mensaje.

El programa en tres fases anunciado el jueves para hacer efectiva la reactivación económica, cuya viabilidad y aplicación final queda en manos de los gobernadores de los estados, supone un doble cambio radical en el proceder de Trump: el presidente se olvida de su “autoridad total” para gestionar la crisis, invocada con anterioridad, y antepone sin disimulo la salud de las finanzas a cualquier otro objetivo. “Un bloqueo prolongado, combinado con una depresión económica forzada, infligirá un coste inmenso y amplio en la salud pública”, sostiene Trump, como si la vulnerabilidad del sistema sanitario de Estados Unidos pudiese ser fruto del momento actual y no de la inexistencia de un sistema universal de salud, al que él se opone, sumado a la tardanza de su Administración en reaccionar.

Resulta retórico preguntarse por la influencia de los actores económicos en el gobierno de la crisis: es lógico concluir que sí influyen. Lo que realmente importa ahora es dilucidar qué capacidad de contagio tiene el propósito de Trump de poner en marcha la maquinaria a toda prisa. Y es importante la aclaración porque el riesgo de que empiecen a levantarse voces que pongan en duda la necesidad de la hibernación económica puede agravar la crisis social provocada por la pandemia, alimentar la desconfianza en las instituciones y multiplicar las demandas para suavizar cuanto antes las medidas de confinamiento y distancia social que los científicos estiman fundamentales para contener la propagación del virus.

A falta de grandes certidumbres acerca de cuánto tiempo se prolongará la presente situación de excepcionalidad, solo la confianza en los gestores puede apaciguar la intranquilidad, el cansancio y el desconcierto en sociedades habituadas a prever razonablemente el futuro inmediato. Siri Hustvedt observa que en el catálogo de percepciones de Donald Trump no existen el pasado y el futuro; solo importa el presente, puede decirse, la actuación inmediata, que vale para hoy, pero que quizá ayer se tuvo por inadecuada y acaso mañana no valga. Es esta una actitud que mina la seguridad de los ciudadanos encerrados en sus casas, y que deben evitar los estados europeos, demasiado a menudo enfrentados por el reparto de los costes para salir de la crisis. Nunca en los últimos 75 años fue la fragilidad una característica tan compartida, tan comprometedora de la aldea global.

 

Charcutería política en plena crisis sanitaria

La peor versión de la charcutería política ha hecho acto de presencia en medio de la crisis planetaria del coronavirus. También ha asomado con furor la vieja discusión entre el fuero y el huevo, y han proliferado como las setas en otoño (cuando llovía abundantemente) los especialistas en discusiones bizantinas. Y no han renunciado a sumarse a la función diferentes clases de visionarios, científicos o no, que desacreditan cuanto se hace o se atreven a sostener que vieron venir el desastre mucho antes, advirtieron a quienes debían y no les hicieron caso.

La crisis es mundial, pero su utilización ha adquirido tintes de local, de política de bajos vuelos. La abundancia de políticos en permanente campaña electoral empaña todas las discusiones; los disidentes a quienes la idea de unidad de acción provoca sarpullidos arremeten contra autoridades legitimadas para adoptar medidas extremas; los expertos que deben tomar decisiones arriesgadas sufren el acoso de otros expertos que no se sienten suficientemente atendidos o creen disfrutar de una excepcional clarividencia (Oriol Mitjà, uno de ellos). No es esta una situación generalizada, pero sí demasiado frecuente.

Mientras cada uno en su casa gestiona el confinamiento con un índice de seguimiento altísimo –calles vacías, tiendas cerradas, el sistema educativo paralizado, la economía en fallo multiorgánico– y una encuesta publicada por el diario El País revela una aceptación del 36% de las medidas adoptadas –65% si se suma el porcentaje de cuantos las valoran como regulares–, al escuchar según qué voces se podría llegar a la conclusión de que vivimos instalados en los errores encadenados en diferentes peldaños de la Administración. Mientras la población asume con serenidad el parte diario de bajas y da muestras reiteradas de solidaridad y disciplina social, la deslealtad se manifiesta con energías renovadas, manipula la realidad o simplemente miente a la opinión pública.

La declaración del estado de alarma ha activado los resortes de un localismo exacerbado, cuyas primeras manifestaciones precedieron al larguísimo y seguramente tormentoso Consejo de Ministros del sábado, 14. Así el papelón de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, que hubo de rectificar después de referirse con desdén a los profesionales de la educación; así Quim Torra, que ocupó la noche del viernes, 13 en anunciar un confinamiento específico para Catalunya que no podía declarar, con una aclaración casi inmediata del conseller Miquel Buch y, a partir de ahí, una traslación del combate contra la pandemia a la precampaña electoral del independentismo desaforado; así, en fin, las diferentes aportaciones de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, y otros ilustres especialistas en sembrar la confusión y la duda en sociedades sometidas a una prueba de estrés sin precedentes en tiempo de paz.

Sin duda, el Gobierno ha cometido errores en la gestión de este aciago asunto porque todos los han cometido, empezando por el de China, como es de imaginar que los han cometido las administraciones autonómicas y los ayuntamientos, con diferentes grados de intensidad y en diferentes momentos. Si no los hubiesen cometido, deberían pasar a los anales de la historia de la humanidad como gobiernos dotados de una lucidez sobrenatural. Es además altamente improbable que alguien disponga de un catálogo de medidas infalibles, capaces de limitar los efectos de la pandemia y de acelerar la solución de la crisis. De la misma manera que es muy improbable que, fuese la que fuese la concreción del estado de alarma, no surgieran inmediatamente voces dispuestas a considerar insuficientes, tardías e inadecuadas las medidas adoptadas.

Desde el principio, ha sido irrefrenable la propensión de bastantes a desacreditar lo hecho en el pasado mediante la información de que se dispone en el presente. Este análisis retrospectivo es, por lo menos, capcioso salvo que su pretensión última sea documentar un precedente de forma suficientemente detallada por si en el futuro hay que afrontar una crisis con la repercusión y dimensiones de la del coronavirus. Y en este análisis no podrá dejarse a beneficio de inventario el debilitamiento sufrido por la sanidad pública, en Madrid y en Catalunya, o viceversa, a causa de recortes a mansalva durante los años de crisis económica, decididos, entre otros por el Govern de Artur Mas, cuyo brazo ejecutor fue Boi Ruiz. Con la particularidad en ambos casos de que abundaron las advertencias acerca del daño que se causaba con tales recortes, incluida la contracción de plantillas.

Finalmente, la politización de la emergencia sanitaria en su fase aguda es un disparate y una irresponsabilidad. Es tanto o más grave el efecto que tiene en la opinión pública la declaración de Quim Torra a la BBC, poniendo en duda que la población esté encerrada en casa –“el coronavirus sólo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”–, una falsedad, que la falsedad en sí misma recogida por un medio que dispone de suficiente información como para que dé crédito a las palabras del entrevistado. De igual manera, es tanto o más grave transmitir la falsa impresión de que la carta dirigida por Torra a los socios de la UE los pondrá sobre aviso de lo mal que se hacen las cosas aquí, que el ridículo institucional y la deslealtad que cabe atribuirle.

La politización de la salud es un recurso éticamente injustificable. Habitualmente, obliga a rectificaciones sobre la marcha, a escudarse en explicaciones difícilmente creíbles y a internarse a menudo por un laberinto de enrevesadas contradicciones. Sucedió con la insólita prolongación del Consejo de Ministros que aprobó el real decreto de declaración del estado de alarma –enfrascados el PSOE y Podemos en una larga discusión entre técnica y doctrinal–, sucedió también con la negligente conducta de Donald Trump y Boris Johnson, empeñados en negar la realidad y aplazar las medidas de excepción, sucedió asimismo con la inconcreción inicial de la UE, sucede con los diferentes ámbitos de la Administración en España que desacreditan sin tregua cuanto se hace y seguirá sucediendo mientras alguien crea que tal conducta puede rendir réditos electorales. Pero es tan radicalmente grave el desafío del Covid-19 que cualquier grieta en el combate unitario debilita enormemente la suerte de la batalla en curso. Dicho de otra forma: la unidad no es una imposición caprichosa, sino una necesidad ineludible.

 

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

Cruce de crisis en la UE

La derrota de tres candidatos a comisarios en los trámites de confirmación que preceden a la formación de la nueva Comisión Europea suma un nuevo problema a los muchos que tiene planteados la UE, especialmente el rompecabezas del brexit y los efectos del proteccionismo estadounidense en los flujos comerciales entre las dos orillas del Atlántico después de la última tanda de aranceles impuestos a productos europeos. Se mire por donde se mire, cuando concluya la constitución del colegio de comisarios que presidirá Ursula von der Leyen, este nacerá doblemente debilitado: por la escueta mayoría de nueve diputados que cosechó en el Parlamento Europeo quien lo presidirá y por el hecho de que los candidatos a comisarios presentados por Hungría, Rumanía y Francia no pasaron las pruebas de idoneidad. Una situación que conspira contra el deseo expresado por Josep Borrell en su audición de que los miembros de la UE compartan “una cultura estratégica común”.

De momento, es harto improbable que el Parlamento pueda cumplir con los plazos y pueda aprobar en bloque la nueva Comisión el día 23 para que tome posesión el 1 de noviembre, lo que en la práctica significa que ese día seguirá en funciones el equipo de Jean-Claude Juncker, que solo unas fechas antes habrá sabido si se consuma un brexit a las bravas, si hay una prórroga en las negociaciones con el Reino Unido hasta el 31 de enero o si Boris Johnson se ha sacado de la manga una nueva argucia. En cualquier caso, incluso admitiendo que la madeja británica ha cohesionado a los Veintisiete, no es la mejor situación para encarar el galimatías tener una Comisión en funciones a causa de la crisis que se ha abierto en la tramitación del nombramiento de hasta tres comisarios, entre ellos Sylvie Goulard, la candidata presentada por Francia. Un desaire hacia Emmanuel Macron que este no olvidará y que acaso enrarezca sus relaciones con Von der Leyen antes de que tome posesión y con quienes no han olvidado que el presidente forzó la situación para saltarse el proceso de designación del presidente de la Comisión entre los spitzenkandidaten que concurrieron a las elecciones europeas de mayo.

Dicho de otra forma: ni por el peso de Francia en el funcionamiento de Europa ni por las razones del rechazo de Goulart, íntimamente relacionados con la presunta utilización irregular de fondos comunitarios cuando era eurodiputada y una asesoría externa, cabe equiparar su caso al de los candidatos húngaro y rumano rechazados por la Comisión de Asuntos Jurídicos por conflicto de intereses. La única comparación posible es el efecto paralizador que tienen, de forma especial por la situación que se da en Rumanía, donde una moción de censura ha dejado el Gobierno en funciones y es improbable que pueda presentar otro candidato en pocos días.

Puede decirse que todo son complicaciones en torno a la gran complicación del brexit, acerca de cuyo posible desenlace nadie se atreve a emitir un pronóstico. Que Boris Johnson y Leo Varadkar, primeros ministros del Reino Unido y de Irlanda, salieran razonablemente relajados de su entrevista del jueves –¿dieron con una solución para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas?–, tiene un valor inconcreto, es un dato sujeto a toda suerte de interpretaciones que en nada garantiza que se desatasque el proceso. En concreto, nadie sabe si durante los próximos 18 días Johnson enviará una carta a Bruselas para pedir con desgana una prórroga en las negociaciones –para acto seguido disolver los Comunes y convocar elecciones–, si abrirá una crisis constitucional con el Parlamento y se mantendrá en la senda de la salida a toda costa, o si un cambio no previsto en la correlación de fuerzas entre brexiters y remainers modificará los datos esenciales del problema.

La UE se enfrenta así a un futuro incierto, provocado por el comportamiento de un líder imprevisible que sabe que se juega su futuro político a una sola y arriesgada carta, pero que tiene presente que la provisionalidad del entramado comunitario le da quizá alguna pequeña ventaja. Quizá, también, Johnson percibe que ha sido capaz de llevar la negociación con Bruselas al terreno deseado, ha desorientado a sus adversarios y tiene enfrente a una UE enzarzada en acabar cuanto antes con el traspaso de poderes a la Comisión de Von der Leyen. Otros, por el contrario, estiman que Johnson se niega a admitir que, salvo una salida ordenada, reglada y pausada de la UE, las consecuencias pueden ser catastróficas en términos económicos, de cohesión social y de seguridad para los ciudadanos británicos que residen al otro lado del canal y para los europeos instalados en las islas. La opinión del conservador italiano Antonio Tajani de que “Europa no entiende lo que pasa en el mundo” es probablemente extensible al premier, aparentemente incapacitado para comprender las dimensiones del zarzal en el que se ha metido.

Mientras el brexit se mantiene como el mecanismo cohesionador de una UE que tiende a hacer de las crisis internas una seña de identidad política, se ha revelado también como un factor divisorio de la sociedad británica sin comparación posible en el pasado reciente del país. Al mismo tiempo que el europeísmo alaba la unidad de los Veintisiete en un momento tan complejo, los europeístas de las islas arremeten contra el nacionalismo populista que ha llevado al Reino Unido a una situación imposible. Medios de orientación tan diferente como The Guardian y Financial Times multiplican sus análisis para llevar al ánimo de sus lectores los perjuicios que se avecinan, los mundos académico y de la cultura se alarman y la City ve cada día más cerca la tormenta. La analista Polly Toynbee resume así la situación del primer ministro: “Se acaba de encerrar en un rincón donde su política es confusa, engañosa y de la que desconfían las dos facciones de su partido, dividido a causa del brexit”.

En otras circunstancias, los obstáculos para cumplir con los plazos para formar la Comisión tendrían una importancia menor. Pero de lo que se trata en estas próximas semanas es de delimitar el parte de daños, sea cual sea el desenlace final del brexit, y sean los que sean los efectos del choque comercial con Estados Unidos. Porque es indudable que daños los habrá, algunos de enorme calado, y más que nunca conviene que acometan su gestión las instituciones europeas en igual o mayor medida que los gobiernos, convocados por el presidente del Consejo Europeo, más expuestos a las rivalidades entre países que la Comisión, al menos en teoría.

 

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.

 

El ‘brexit’ se adentra en el caos

La Unión Europea ha pasado a controlar sin reservas el calendario del brexit después de meses de idas y venidas sin más progresos que los fallidos intentos de la primera ministra Theresa May de lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes a su acuerdo con los Veintisiete para consumar un divorcio civilizado. A una semana de confirmarse el brexit caótico, el Consejo Europeo de este jueves y viernes ha dejado establecido que la premier dispone hasta el 22 de mayo de una prórroga para una salida ordenada de la organización, siempre y cuando el Parlamento de Westminster se pliegue a la realidad: el único acuerdo posible de salida es aquel pactado por May en noviembre del año pasado. Si tal aproximación a la realidad no se produce, el aplazamiento de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión se retrasará hasta el 12 de abril, calificado por un alto funcionario de la UE como “el nuevo 29 de marzo”.

Ninguna de las suposiciones manejadas por la primera ministra le ha permitido salir vencedora en su pugna con los brexiteers recalcitrantes. Se ha demostrada infundada la creencia de que conforme se acercaba la fecha límite decaería su arrojo y, en cambio, se ha espesado el ambiente entre dos posturas encontradas e irreconciliables: la de quienes en su día tomaron la palabra a May –“mejor un brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo”– y la de cuantos abogan por un adelanto electoral o por un nuevo referéndum que neutralice el desastre que se avecina. La disputa por el poder en las filas conservadoras ha encontrado en el backstop –los requisitos para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas; una frontera inexistente en la práctica– la herramienta política para diferenciar a los brexiteers de los posibilistas, y para contar con el apoyo o complicidad de los unionistas norirlandeses.

Se antoja bastante más que verosímil el cálculo hecho por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de las posibilidades de que May acuda por tercera vez a los Comunes para que voten el acuerdo con la UE y consiga una victoria: no cree que tenga más de un 5% de posibilidades de éxito. La razón no es el acuerdo en sí, su contenido específico, ni la insuficiencia de las aclaraciones sobre el pacto de noviembre hechas en diferentes momentos por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Michel Barnier, sino que los promotores del divorcio aplican el eslogan “brexit means brexit” (brexit significa brexit) hasta sus últimas consecuencias. Es imposible apear del burro a personajes tan opuestos a la permanencia en la UE como Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson, por citar dos de los más combativos, porque entienden que seguir en la UE o prolongar la discusión con Bruselas es más o menos una claudicación, un acatamiento de las reglas del juego dictadas por la UE y de las que ellos pretenden librarse.

Al mismo tiempo, la nave europea ni puede ni quiere quedar atrapada en un bajío mientras al otro lado del canal la discusión se llena de bizantinismos, con una opinión pública dividida y una crisis de liderazgo insólita en los dos grandes partidos (el papelón laborista merece capítulo aparte). De ahí que la UE se haya preocupado de fijar el tempo de la salida, aunque una separación sin acuerdo entraña riesgos de todo orden para ambas partes. “Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que su pueblo ha exigido. El pueblo votó por el brexit”, lamenta Macron. Hasta la fecha de vencimiento, todas las opciones siguen sobre la mesa, manifiesta Tusk. “Estamos en un momento crítico en la construcción de Europa”, declara Pedro Sánchez. Todo suena a lamento por el desaguisado que se avecina.

Solo Angela Merkel mantiene el comedimiento y la esperanza en un desenlace in extremis del brexit bajo control. Al mismo tiempo, Rafael Behr, un brillante analista del periódico progresista y proeuropeo The Guardian, afirma que la UE sabe que Theresa May está acabada, que gastó todo su crédito en el Reino Unido y que el país debe empezar a aceptar un nuevo trato en Bruselas: “Las conclusiones de la cumbre se transmitieron a la nación peticionaria mientras [May] se paseaba por una antecámara. Esta es la relación de poder entre un tercer país y la UE. Gran Bretaña debería acostumbrarse a ello”. La descripción resulta poco menos que patética para la líder de un socio de la UE con tribunos exaltados que prometen que, fuera del entramado europeo, la nación recuperará la grandeza, la soberanía y la autoestima presuntamente perdidas.

El discurso brexiteer soslaya esta imagen, arropado en titulares como el del Daily Telegraph, vocero de un conservadurismo con atributos rancios: “¿Cómo Emmanuel Macron tomó el control del destino del brexit de las manos de Theresa May, mientras la fachada de unidad de la UE comenzó a resquebrajarse?” Un resquebrajamiento imaginado o supuesto que tiene más que ver con el sostenella y no enmendalla que con el desarrollo de los acontecimientos en el Consejo Europeo, pero de una indudable eficacia para mantener cohesionado el campo secesionista, aunque varias encuestas detectan una pérdida permanente de efectivos y una creciente sensación de engaño entre los votantes que apoyaron la salida en junio de 2016.

En medio, una UE de ciudadanos desorientados, que acudirán a la cita electoral de mayo sin saber muy bien cómo les afectará la defección del Reino Unido, y unas instituciones sometidas a la presión permanente de una ruptura sin reglas con el Gobierno británico, coinciden en preguntarse si alguna vez, al otro lado del canal, se sintieron integrantes de una organización basada en el continente, o si aceptaron el paso dado por Edward Heath como un mal menor, un parche inevitable para suavizar la pérdida de influencia que siguió a la descolonización. Forma parte de la historia del periodismo el titular El continente, aislado, impreso en portada por un periódico británico a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha. Y forma asimismo parte de las viejas leyendas urbanas la respuesta de Wiston Churchill a un ayudante de Franklin D. Roosevelt que acudió a recibirle y le preguntó por la situación en las islas en plena segunda guerra mundial: “El viejo corcho sigue flotando”, se dice que respondió el premier. A saber si aquel espíritu de resistencia en solitario sigue siendo hoy el que guía a unas élites que aún se emocionan con la letra de Rule Britannia! –“Los británicos nunca serán esclavos”– o se atienen al programa general de actos de la extrema derecha, enemiga declarada de una Europa fuerte con peso político (más parece esto último).

Guerra sin cuartel entre ‘tories’

Después de cuarenta años de guerra civil en el seno del Partido Conservador del Reino Unido, la batalla del brexit lleva camino de convertirse en el episodio que debe dilucidar si el partido puede seguir unido o si la unidad es imposible. La victoria de Theresa May en la votación de confianza a la que hubo de someterse el miércoles ha debilitado extraordinariamente a la primera ministra ante sus correligionarios y ha robustecido el frente brexiter. Los 117 votos obtenidos por los adversarios de May frente a los 200 de apoyo a la premier han permitido conocer a cuánto equivale el descontento en las filas conservadoras: más de un tercio del grupo parlamentario es contrario a que May siga al frente de las operaciones.

Por lo demás, la victoria no tiene efectos sobre el asunto principal: aprobar el pacto con Bruselas para el periodo transitorio comprendido entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Los diputados díscolos no se sienten obligados a apoyar lo que en primera instancia rechazaron, sino que se mantienen en sus trece, secundados por los unionistas norirlandeses y quién se sabe si, llegado el momento, fortalecidos –algo más que posible– por el voto laborista contra el texto que May llevará en enero a la Cámara de los Comunes. Tampoco tiene mayor trascendencia en plena tempestad que la primera ministra haya renunciado a presentarse en unas próximas elecciones: el ala brexiter coincide con todos los analistas en que se trata de un lame duck (pato cojo) sin futuro político. En Estados Unidos, de donde procede el apelativo, referido al presidente durante sus dos últimos años de mandato, la cojera ha sido en ocasiones un resorte liberador que ha dado pie a decisiones inesperadas o atrevidas –Barack Obama, el último precedente–, pero en el Reino Unido no es más que sinónimo de pura y simple debilidad.

Por encima del asunto concreto que de forma divisiva alarma a los partidarios de la salida de la UE sin contemplaciones –la frontera blanda entre las dos Irlandas, un apartado con enormes implicaciones políticas–, lo que realmente importa a la facción disidente es hacerse con las riendas del poder. Si el propósito de acabar con la guerra civil tory indujo a David Cameron a convocar el referéndum de junio de 2016, el resultado de la consulta no hizo más que avivar el fuego del desacuerdo entre los europeístas y los deseosos de cortar el vínculo con Bruselas, herederos de quienes no dejaron de denostar la adhesión a las instituciones comunitarias desde el ingreso en 1973. La incomodidad de una franja muy importante del conservadurismo para insertarse en el entramado europeo nunca se moderó, coincidiendo demasiado a menudo con similar incomodidad en el Partido Laborista, tan desaparecido o poco resolutivo en la crisis en curso.

La analista Gaby Hinsliff sostiene en el progresista The Guardian que el dinamismo de “los tigres de papel de Jacob Rees-Mogg aún pueden dividir la fiesta tory” de forma poco menos que irreconciliable. Rees-Mogg es con Boris Johnson, Sajid Javid, Jeremy Hunt, Amber Rudd, Dominic Raab, David Davis y algún otro profeta del brexit menos activo la voz que clama en los Comunes contra el acuerdo con Bruselas. Sus intervenciones, escritos y proclamas apelan a una supuesta recuperación de la soberanía plena, liberado el Reino Unido de la intromisión bruselense, y soslaya o silencia el parecer de los expertos, que vaticinan un desaguisado económico. Y su beligerancia tiene una capacidad manifiesta de fracturar el partido de forma irremediable al final de más de cuarenta años de peleas cainitas que el referéndum de 1975 –67% de votos a favor de la integración en Europa– apenas sirvió para mucho más que para oficializarlas y el de 2016 ha llevado al paroxismo.

¿Qué opciones le quedan a May en medio de la escalada? Solo tres: convocar elecciones, algo que seguramente llevaría a los conservadores a la oposición y a los laboristas al Gobierno (se desconoce cuál es su propuesta para sacar al país del atolladero); dejar las cosas como están y exponerse a una derrota sonora en Westminster cuando someta a votación el compromiso negociado con la UE o amenazar a la congregación brexiter con convocar un nuevo referéndum y paralizar el proceso de salida hasta conocer el resultado. Nadie puede decir ahora, en medio de la confusión, si tal camino es o no transitable, pero el analista Thomas Wright lo presenta en Politico.com como aquel que más puede alterar el pulso a los brexiters y en cierta medida puede convertir a los remainers en aliados ocasionales de la premier. May “puede hacer el siguiente cálculo –escribe Wright–: aunque detestan el acuerdo, los rebeldes lo respaldarán para evitar el riesgo de una reversión (que ganaran los partidarios de quedarse en la UE)” si una segunda consulta se celebrara y se cumplieran los vaticinios de los sondeos.

Incertidumbre sobre incertidumbre, la City se agita ante la imposibilidad de adivinar siquiera remotamente qué deparará el futuro. Los think tanks, el Banco de Inglaterra, los gabinetes de análisis de riesgo de las multinacionales y el mundo académico solo se atreven a aventurar que el brexit equivaldrá en su caso a una contracción de la economía que, si se consuma a las buenas, recortará el PIB el 4% y si se hace a las bravas, caerá no menos del 8%. Por no hablar de los aspectos más directamente relacionados con el futuro que aguarda a los jóvenes británicos en sus expectativas profesionales si su país no tiene con la UE un vínculo sólido y estable. Porque las garantías para los ciudadanos del Reino Unido que viven al otro lado del canal y para los europeos en territorio británico se limitarán al censo actual de residentes, pero nada aseguran en el futuro.

Solo los promotores entusiastas del divorcio han salido enaltecidos de este enésimo asalto del disparate. Mientras, el fuego amigo a discreción y el paso de los días acucian a May para encontrar una vía de escape, pacto o compromiso con la UE que no lleve directamente el proceso a una separación dura; confía May en sacar un conejo de la chistera en el tiempo de descuento y se arrepiente todos los días de haber dicho que es preferible una salida sin acuerdo que un mal acuerdo. Pero este coup de magie que la primera ministra busca a todas horas pretende comprometer a los Veintisiete, unidos como nunca en la gestión del brexit con una sola voz como quedó patente el jueves. Jean-Claude Juncker y Donald Tusk han advertido que queda fuera de sus cálculos toquetear lo aprobado: caben aclaraciones sobre aquello que se antoje más oscuro o impreciso a ambas partes, pero no se revisará una coma de un documento reputado el único posible. Esto es, cualquier modificación solo puede empeorarlo sin que con ello se apacigüe la belicosidad de cuantos defienden la ruptura.

 

 

Ceremonia del caos en el ‘brexit’

La tramitación del brexit ha dejado de ser solo un desafío insólito para la UE y para el futuro del Reino Unido para convertirse además en un escenario caótico en el que se desarrolla una doble función: el cumplimiento de la opción ganadora en el referéndum de 2016 y la guerra entre familias políticas en el seno del Partido Conservador, una batalla despiadada para descabalgar del poder a Theresa May. Un espectáculo lamentable cuyo primer acto se representó el martes, cuando la premier afirmó con satisfacción desmedida que se había llegado a un acuerdo de principio en la negociación para una salida ordenada de la UE, siguió el miércoles con el anuncio del presunto apoyo del Gobierno británico a lo pactado y escaló el jueves hasta altas cotas de desconcierto cuando el goteo de dimisiones ministeriales se hizo incontenible y los brexiters se presentaron en formación de combate para impedir que una mayoría parlamentaria secunde lo dispuesto en Bruselas para que el divorcio sea amistoso.

Acuciada por el calendario y prisionera de sus palabras –“es mejor una salida sin acuerdo a un mal acuerdo”–, May se ha quedado sin apoyos suficientes en su partido, en extremo dividido y con los brexiters marcando el tempo político, ha puesto en un grito a los unionistas del DUP al aceptar una frontera blanda entre las dos Irlandas y ha abonado la pasividad del laborismo, sumido en una crisis de identidad cuya imagen más elocuente la ofreció el último congreso del partido. Seguramente, y también paradójicamente, la única complicidad sólida con la que cuenta May es la de Bruselas, con el negociador Michel Barnier en primer lugar, y la disposición de los 27 de dar por bueno lo inicialmente acordado. Pero entre los ideólogos del brexit, si así se les puede llamar, prevalece la idea de que el pacto de May es poco menos que una rendición, un atentado a la soberanía y un cheque en blanco para la UE que, dicen, puede prolongar indefinidamente la inclusión del Reino Unido en la unión aduanera (Iain Martín en el conservador The Times).

Mientras tanto, la opinión pública se divide, crece el número de los que votaron a favor del brexit que ahora se opondrían a él y la City maniobra para que, de haberlo, sea lo menos lesivo posible para una economía que emite señales manifiestas de desconfianza en el futuro. Y con ser estos elementos capitales para calibrar hasta qué punto dejar la UE es un mal negocio, la peor de las señales es la fractura generacional, con el grueso de los jóvenes a favor de la permanencia y la mayoría de los más veteranos a favor de la salida, una situación más preocupante si cabe que la fractura emocional entre la cultura urbana –la conurbación de Londres, los grandes polos industriales–, el mundo académico y el de la cultura, de una parte, y de la otra, el universo de la tradición y las viejas convenciones sociales con cobijo en las pequeñas ciudades y en el campo.

El analista Rafael Behr se pregunta en el europeísta The Guardian si la primera ministra está en condiciones de cerrar un acuerdo y, de hacerlo, si puede presentarlo “como un éxito a su partido y al Parlamento” o, posibilidad aún peor, que no pueda lograrlo, en cuyo caso la pregunta que formula es “qué será de ella y del país”. Sin embargo, estas incógnitas nucleares han desaparecido de los debates, incluso se ha esfumado en buena medida la posibilidad de adaptar al caso británico la solución noruega –permanecer fuera de la UE, pero formar parte del Espacio Económico Europeo– porque los promotores del brexit duro se sienten con fuerzas para imponer su criterio y, de paso, lograr que alguien más afín a su pensamiento se instale cuanto antes en el 10 de Downing Street. Envuelto todo en la teoría del vasallaje impuesto por la UE al Reino Unido, desarrollada por el tan brillante como excéntrico e imprevisible Boris Johnson, el exministro de Asuntos Exteriores que considera inaceptable seguir en el marco económico europeo porque supone aceptar unas reglas del juego en cuya redacción el Gobierno británico no podrá participar una vez se consume la salida.

Una verdadera ceremonia del caos, la improvisación y la falta de liderazgo para defender una de estas tres opciones: un brexit ordenado, que siempre será menos pernicioso, dar el portazo y poner la economía y las relaciones entre europeos patas arriba o, tercera posibilidad, organizar una nueva consulta, con todos los datos sobre la mesa, para comprobar si efectivamente los remainers siguen siendo una minoría. Ni siquiera quienes han puesto a May contra las cuerdas disfrutan de un liderazgo efectivo: simplemente, disparan contra cuanto se mueve sin ofrecer un proyecto político acabado y viable, favorecidos en su estrategia por la ausencia en el Parlamento de un núcleo europeísta consolidado y multipartidista (el papelón del laborista Jeremy Corbyn pasará a la historia de la pasividad política, rehén de su euroescepticismo).

Siempre el establishment británico ha tenido dificultades para adaptarse al eurpeísmo, pero nunca pareció tan incapaz como ahora de encontrar la salida del laberinto. El brexit ha sentado a los políticos del Reino Unido frente a un espejo que devuelve imágenes de ineficacia, prejuicios atávicos y falta de realismo. Creer el mantra de que sin las ataduras de la UE todo funcionará mejor, el ejercicio pleno de la soberanía será una fábrica de progreso y de cohesión social, es tanto como suponer que el país sigue siendo lo que en realidad dejó de ser hace décadas y llevó al conservador Edward Heath a cruzar el canal de la Mancha en 1973 para vincular el futuro al de los demás estados europeos. Aquella operación sigue teniendo todo el sentido aunque los euroescépticos, los eurófobos y otras camadas crean que aquello fue poco menos que una capitulación.

 

 

El ‘brexit’ ahonda las divisiones

Si el voto a favor del brexit en el referéndum de junio de 2016 fue un factor de división en la sociedad británica, la negociación de los términos de la salida lo es doblemente porque ha dañado la cohesión de los dos grandes partidos del Reino Unido y figuras políticas relevantes, una parte importante de la comunidad académica y en términos generales el mundo de la cultura han levantado un muro frente a la provocación de Theresa May: es preferible un brexit sin acuerdo que un mal acuerdo. Al llamado plan de Chequers, defendido por la primera ministra y rechazado por la Unión Europea, apenas le quedan partidarios, las encuestas delatan una disparidad radical de criterios entre jóvenes y mayores y el griterío populista sube el volumen –Boris Johnson, uno de los oradores más destemplados–, mientras el mundo financiero se tienta la ropa y teme que se consume el disparate desencadenado por David Cameron.

A medio año de distancia del fatídico 29 de marzo, día en el que, si nada lo remedia, se consumará el brexit, laboristas y conservadores andan buscando la cuadratura del círculo, y al mismo tiempo, personajes como los alcaldes de Londres y Manchester reclaman la celebración de otro referéndum que permita saber si de verdad divorciarse de la UE es la opción que prefieren más británicos o, por el contrario, son muchos los arrepentidos, los deseos de rectificar su voto y ahuyentar el fantasma de la ruptura. Lo que parecía imposible en junio de 2016 se ha producido: la tozuda realidad se ha impuesto y los temores a un fiasco económico aumentan a cada día que pasa.

Jeremy Corbyn, líder laborista instalado en la duda hamletiana desde su euroescepticismo poco menos que confeso, reconoce ahora que salir de la UE sin un acuerdo “corre el riesgo de ser un desastre nacional”. Y lo dice después de deshojar la margarita antes, durante y después del congreso de su partido en Liverpool, del que salió debilitado por no decir desairado por los remainers (los que quieren seguir en la UE), encabezados por Keir Starmer, responsable de seguir las negociaciones del brexit en el Gobierno en la sombra. Quizá podía haberse referido al “desastre nacional” antes del referéndum, cuando su tibieza facilitó la labor de los promotores de la salida, pero lo dice ahora porque no le queda más remedio, porque en el congreso fue manifiesta la mayoría partidaria de celebrar una nueva consulta, no sobre el acuerdo final que alcance May, sino sobre la cuestión de fondo: nos quedamos o nos marchamos.

Lo que le gustaría a Corbyn sería un adelanto electoral si los Comunes votan en contra del acuerdo que arranque la premier a Bruselas, cada día más improbable. Pero, como se dice ahora, esta pantalla quedó atrás hace tiempo, la discusión ya no es sobre la bondad o el daño que causará el brexit –más, esto último–, sino cómo evitarlo o cómo perseverar en él, aunque sea a un altísimo precio. Además, la perspectiva de un adelanto electoral es un futurible que atemoriza a los conservadores, enzarzados en una batalla por el poder más cruenta si cabe que la de los laboristas habida cuenta de la energía desplegada por los euroescépticos para presentarse ante la opinión pública como los defensores de un brexit duro, sin concesiones o pactos con la UE (eso dicen al menos).

Cuando esta próxima semana sea Theresa May la que se someta al dictamen del congreso conservador contarán sus competidores con el apoyo entusiasta del trumpismo, de los adscritos a la operación dirigida por Steve Bannon para unir a las diferentes extremas derechas europeas para minar la UE y del conglomerado de adversarios de todo pelaje y condición cosechados por la Europa unida. El programa de Chequers quedará tan lejos a pesar de su corta vida, que la discusión sobre el mantenimiento del Reino Unido dentro de la unión aduanera y el problema de la frontera entre las dos Irlandas, tan debatidos ambos asuntos, acaso se desvanezca y lo que domine las discusiones sea simplemente la punga entre aspirantes a ocupar la silla de May. Cuando la secretaria de Interior, Amber Rudd, se refiere a los enemigos surgidos en el Parlamento para un posible arreglo parecido al tratado de libre comercio Canadá-UE, parece hacer referencia a esta guerra de trincheras desatada y su imprevisible desenlace.

La presencia de Jeremy Corbyn en Bruselas para entrevistarse con Michel Barnier, el negociador de la UE, y con Martin Selmayr, secretario general de la Comisión Europea, no está exenta de la ambigüedad practicada por el líder laborista. ¿Va Corbyn a prometer el apoyo a un brexit decoroso, sin sobresaltos irremediables? ¿Acude a Bruselas con algún programa propio bajo el brazo, parecido quizá al programa de Chequers, pero con mejores anclajes y compromisos con la UE? ¿O se trata simplemente de un gesto para que no se diga que es insensible a las inquietudes del congreso del partido y que prefiere esperar y ver? Conocer las respuestas a estas preguntas es esencial para saber qué papel desempeñara el laborismo a partir de ahora en este laberinto sin salida, en este viaje hacia lo desconocido.

El Financial Times, portavoz de una City alarmada, ha publicado un estudio sobre las posibilidades de celebrar un nuevo referéndum a partir de la situación creada por Theresa May, al ver rechazado el plan de Chequers, y por la militancia laborista, al dar su apoyo entusiasta a los remainers. Aunque en el análisis del periódico hay una dosis evidente de preferencia por una nueva consulta, ciertamente nunca se dieron tantos factores para que sea posible preguntar de nuevo: ¿quieren abandonar la UE? Pero a nadie escapa que una nueva convocatoria entraña un elevado coste político, puede dar pie a una crisis constitucional de gran alcance y no suturará las heridas abiertas por el resultado de 2016: el voto diferente en Inglaterra y Escocia, la división tajante entre las grandes ciudades y el resto del país y la sensación de que, si no hay brexit, subsistirá una incomodidad manifiesta en segmentos importantes de la sociedad británica que seguirán reclamándolo, que siguen pensando que el canal de la Mancha es el mejor regalo que la naturaleza hizo a las islas para mantenerlas separadas del continente.