Mohamed VI entra en acción

El giro de la diplomacia española en el conflicto del Sáhara, por no decir bandazo, suma un nuevo dato a tener en cuenta: la aparición de Mohamed VI en la gestión final de la crisis de confianza –enfado mayúsculo marroquí, cabe decir– a raíz de la presencia en España, abril del año pasado, de Brahim Gali, presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, para ser tratado de covid. La invitación cursada por el rey de Marruecos a Pedro Sánchez para que acuda a Rabat en los próximos días y selle la reconciliación ha de servir para olvidar la provocación de palacio de enviar a la playa de Ceuta, mayo último, a miles de jóvenes e inducir una situación imposible, no resuelta del todo, con un flujo migratorio que fijó en la retina de la opinión pública imágenes ciertamente turbadoras. Pero ha de servir o debería servir –el modo potencial, tan necesario en estos casos– para dejar la seguridad de Ceuta y Melilla a salvo de manipulaciones desde el otro lado de sus respectivas fronteras, y para que los flujos migratorios con origen en Marruecos no sean terreno abonado para las mafias.

El caso es que el comportamiento de Mohamed VI y de su Gobierno es difícil de prever más allá de la gesticulación presente que ha permitido al rey asegurarse que es él quien fija el ritmo de los acontecimientos: enfado, crisis en Ceuta, retirada de la embajadora, visitas de enviados de Estados Unidos en Rabat, apoyo español al plan autonomista de Marruecos para el Sáhara, regreso a Madrid de la embajadora, visita de Pedro Sánchez a Rabat, y aquí paz y después gloria, con la brújula en manos de palacio. El caso es que la posición de Marruecos en el flanco sur de la OTAN se ha visto singularmente reforzada desde que Donald Trump reconoció la soberanía marroquí en el Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos estableciera relaciones diplomáticas con Israel. El caso es que, de iure, el Sáhara Occidental es un territorio por descolonizar y que, al mismo tiempo, la ONU carece de los resortes mínimos necesarios para que tenga algún efecto la labor de intermediación de Staffan de Mistura, el enviado especial de la ONU para el Sáhara.

Ese marco de referencia se ha consolidado sin que nadie se haya preocupado en poner en antecedentes o prevenir al exilio saharaui en Tinduf, en ponerse en contacto con el Frente Polisario, que la Unión Africana considera el legítimo representante del pueblo saharaui. Atrás ha quedado la iniciativa de las Naciones Unidas para celebrar un referéndum de autodeterminación y la escandalosa negativa de Marruecos a aceptar la revisión del censo reclamada por la dirigencia saharaui a partir del hecho indiscutible de que la guerra y el exilio han falseado la composición del censo original de residentes en el Sáhara, sometido a una marroquinización intensiva a partir de la Marcha Verde y la subsiguiente evacuación española. Todo se ha olvidado, todo ha sido arrasado por la realpolitik y por las perentorias urgencias impuestas por la guerra de Ucrania y la necesidad de la OTAN de liberar el flanco sur, más allá de los límites de la Alianza, de situaciones potencialmente inestables, y eso incluye mantener a Argelia alejada del influjo ruso, históricamente importante desde los tiempos de la Unión Soviética.

Es más que discutible que ese zurcido apresurado sea útil y eficaz. En primer lugar, porque el Frente Polisario no se siente obligado por nada de lo acordado y seguirá reclamando el referéndum, aun a costa de prolongar la condena del exilio en el desierto y de depender del enfoque que Argelia haga del caso en cada momento. En segundo lugar, porque Estados Unidos, España, Francia, Alemania y algún otro Estado de los que apoyan la autonomía carecen de influencia para cambiar la posición saharaui a fin de dar con un atajo para liquidar la crisis. En tercer lugar, porque décadas de penalidades han establecido un vínculo emocional muy especial entre la opinión pública española y la comunidad de Tinduf, y es imposible que una resolución destemplada del conflicto, sea cual sea el Gobierno que la apoye, no entrañe un coste político con un gran potencial divisivo en el seno de una sociedad abonada a la división y a las polarizaciones extremas.

En la práctica, lo que ha sucedido estos días es que el rey de Marruecos se ha procurado un falso mecanismo de legitimación del plan de autonomía para el Sáhara, pero tal cosa no lo hace ni más viable, ni más aceptable ni más resolutivo. La única legitimación posible, al menos en términos morales, es aquella que tenga en cuenta a los representantes de la comunidad saharaui y cuente con el respaldo de la comunidad internacional; cualquier otra desviación para resolver el crucigrama tendrá un carácter superestructural, de imposición a la fuerza de una solución ajena al sentir mayoritario de los saharauis y a la percepción que la opinión pública tiene del caso. Es posible que más temprano que tarde saque el Gobierno de Marruecos de su chistera una ley de autonomía del Sáhara, y aun sea capaz de instalar un Gobierno ad hoc, pero tal cosa, de darse, no cambiará sustancialmente los enunciados del problema, es posible incluso que los empeore.

En un artículo publicado en 1994 por el escritor marroquí de expresión francesa Tahar Ben Jelloun, este recordaba, desde su convicción de que el Sáhara Occidental debe ser parte integrante de Marruecos, que Mohamed Boudiaf, el único presidente argelino que creyó factible llegar a un acuerdo con sus vecinos, incluido un pacto sobre el futuro del Sáhara, murió asesinado en circunstancias nunca esclarecidas al poco de regresar de su exilio en Rabat. Fuese o no la muerte de Boudiaf fruto de una conspiración urdida en el seno del Frente de Liberación Nacional, el partido que logró la independencia de Argelia, para mantener viva la política de confrontación con Marruecos, el recuerdo de aquel lejano episodio (29 de junio de 1992) ilustra hasta qué punto el emponzoñamiento del conflicto del Sáhara es una constante histórica, de parecida manera a cómo lo es en la arena de Tinduf el desencanto ante un futuro desesperanzado, tan incierto desde hace décadas.