El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

La campaña del 6-N radicaliza a Trump

La pretensión del presidente Donald Trump de descargar en la prensa desafecta la responsabilidad por el clima político en Estados Unidos, enrarecido al máximo, resulta tan incongruente como la maniobra de palacio en Arabia Saudí de presentar a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi como un grupo sin conexión con el rey Salman y su heredero, el príncipe Mohamed. En ambos casos y en otros muchos muy recientes –Matteo Salvini y sus baladronadas, el disparate del brexit, la casi segura victoria de la extrema derecha en Brasil, el avance espectacular de la extrema derecha en Alemania– los inductores de desaguisados de naturaleza muy diversa, pero siempre perjudiciales para la estabilidad política y la seguridad de los más vulnerables, desvían la atención hacia terceros no se diera el caso de que finalmente se descubriera el engaño (la manipulación permanente de una opinión pública sometida a los manejos de los especialistas en sembrar la división social).

En la campaña de paquetes bomba es poco menos que imposible deslindar el suceso de la operación de descrédito sin límite emprendida por la Casa Blanca contra los demócratas. Al alentar las más elementales pasiones, por no decir sentimientos primarios, mediante un nacionalismo estentóreo, se ha dado alas a los sectores más radicalizados por medios y entidades de extrema derecha, que desde el nacimiento del Tea Party disponen de un manual de acción con el que regirse y de un ideario donde cobijar sus anhelos. Ninguna de las circunstancias que concurren en el agravamiento de la división social en Estados Unidos es ajena al fomento de una simplificación de los problemas y de las soluciones, a nuevas formas de supremacismo que lo mismo valen para delimitar los flujos migratorios procedentes de países de mayoría musulmana que para cerrar la frontera sur a cal y canto, para impugnar el multilateralismo en todos los foros y para desequilibrar el comercio internacional mediante un proteccionismo extremo.

No se ha registrado en el último siglo un solo acontecimiento con repercusiones a escala internacional ajeno al comportamiento de Estados Unidos, y tampoco se ha registrado en el país una sola crisis social en la que la Casa Blanca no haya tenido alguna responsabilidad. El presente no es una excepción y el enfoque dado por Trump al envío de paquetes no hace más que abundar en la táctica de tirar la piedra y esconder la mano, de calentar los ánimos a través de Twitter y culpar a la prensa de la degradación de las relaciones entre segmentos ideológicos rivales.

Que el enardecimiento se produzca en medio de la campaña a cara de perro correspondiente a las legislativas del 6 de noviembre no justifica nada, más bien lo agrava después de la larga batalla política desarrollada en torno al nombramiento del juez Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo. Los estudios realizados por varios think tank, consumada la confirmación de Kavanaugh por el Senado, confirman que el sorpasso demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado es posible, un dato que ha alimentado el desánimo en el republicanismo clásico y ha llevado a la facción de Trump y a las diferentes versiones de la extrema derecha a echar más leña al fuego para movilizar a las bases y contener el ascenso demócrata.  Nada nuevo bajo el sol, cabe decir, por esperado y por convencional, pero muy arriesgado por las consecuencias que puede tener –si no las tiene ya– en el laberinto de pasiones diseñado por los asesores del presidente y por él mismo.

Un dato entre otros muchos justifica la preocupación del Partido Republicano: según Politico.com, durante los primeros 17 días de octubre, las candidaturas conservadoras han recibido donaciones privadas por valor de 73,9 millones de dólares, mientras que las demócratas han sumado 82,5 millones de dólares. ¿Qué revelan tales cifras? Que el olfato de los financiadores ha detectado una tendencia hacia la victoria del Partido Demócrata, mientras el nombramiento de Kavanaugh ha provocado un giro en la opinión pública, no solo entre las mujeres, al final de un proceso de desgaste de la figura de Trump. Se trata solo de hipótesis, pero en unas midterm, con flujos financieros menos relevantes que en unas presidenciales, la activación de los donantes es una señal inequívoca de que resultan convincentes los pronósticos de las encuestas, de las que se hacen públicas y de las que manejan en privado los estados mayores.

La pesadilla de todo presidente es tener enfrente un Congreso en el que tengan mayoría sus adversarios. Lo experimentaron en toda su complejidad y dureza Bill Clinton y Barack Obama, maniatados demasiado a menudo por los republicanos. Le puede suceder ahora a Donald Trump, con índices de aceptación según los sondeos de entre el 40% y el 44%. Un analista de The Washington Post recuerda que Clinton perdió la mayoría de la Cámara de Representantes en 1994 con una aceptación del 46% y a Obama le sucedió lo mismo en 2010 con el 45%. ¿De qué forma puede alterar los compartimientos electorales la suma de una aceptación de Trump dentro de lo previsible y del episodio de las bombas, que amenaza a algunos de los demócratas más sobresalientes de la última década?

La otra pregunta que inquieta a los analistas se refiere al comportamiento de Trump si deja de tener un Congreso sometido a sus designios. ¿Cómo reaccionará el presidente si la madrugada del 7 de noviembre se encuentra con una o las dos cámaras del Congreso en manos de los demócratas? ¿Será capaz de limitar el recurso al privilegio ejecutivo a las convenciones y usos de presidentes anteriores o provocará un choque de trenes institucional? La discusión está lejos de ser una digresión meramente académica habida cuenta del comportamiento político de Trump, de su propensión a saltarse las reglas y a recurrir a un populismo estrambótico con harta frecuencia. Si en una situación de suma gravedad como el envío de paquetes bomba a relevantes figuras del establishment demócrata y a conocidos partidarios suyos, Trump busca la culpa en la crítica de la prensa y los informativos de la radio y la televisión, ¿cuál puede ser su reacción si las urnas le son adversas?

El analista Fareed Zakaria recordaba la pasada primavera que Donald Trump tuiteó en 2015: “Necesitamos líderes que puedan negociar grandes acuerdos para los americanos”. Pero Zakaria subraya que a pesar de tal aserto, el verdadero talento de Trump no está en la negociación, sino en el márketing, una habilidad encaminada a vender un producto antes que a pactar con sus adversarios. ¿Es suficiente el márketing para desmarcarse de las mentes más calenturientas y ultras de Estados Unidos y salir victorioso de la prueba del 6 de noviembre? Las encuestas responden que no, pero el personaje es tan retorcidamente singular que cualquier vaticinio parece aventurado para prever cuál puede ser la capacidad de movilización de la extrema derecha a la hora de la verdad.