Otra tumba para Franco

“Las guerras civiles no terminan nunca” es una frase de Sebastià Juan Arbó que hace unos días recogía en EL PERIÓDICO Care Santos a propósito de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Pero resulta tan actual que es perfectamente aplicable al aproximar el objetivo a las reacciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de dar por buena la exhumación de los restos del general Franco y su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. No hay paz en las guerras civiles, lo sucedido en ellas se transmite de generación en generación, en el bando de los vencedores y en el de los vencidos, mientras sobre el terreno abundan las muestras de enfrentamiento entre los herederos de los vencedores, que pretenden prolongar ad infinitum los efectos de victoria, y de los vencidos, que quieren dignificar la derrota y honrar a sus muertos: a los que perdieron la vida en combate, a los represaliados, a los que fueron víctimas de la venganza en la posguerra, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes.

La profusión de declaraciones del neofranquismo posteriores al fallo del Supremo abunda en la pretensión de imponer la lógica de los vencedores, de quienes se alzaron contra la legalidad republicana, sepultaron la democracia y sostuvieron una dictadura vesánica durante casi cuatro décadas. Hablar de profanación de tumbas (Santiago Abascal, líder de Vox), declarar que les “da igual que sea legal o no” (Vox de nuevo), manifestar que el único afán es dividir a los españoles (Alfonso Serrano, del PP) no son más que reacciones procedentes del mismo propósito: salvaguardar la memoria de la dictadura. Referirse a la vulneración de los derechos de la familia (Rocío Monasterio, diputada de Vox) es desconocer o manipular la historia habida cuenta de que el general Franco nunca manifestó su deseo de ser enterrado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos es patrimonio del Estado y, en consecuencia, es potestad suya decidir quién puede hacer uso de un bien de titularidad pública.

Es igualmente preocupante que el centroderecha presente el asunto como una herencia del pasado amortizada por el presente, por la vigencia de un régimen democrático. Es tanto como sostener que la ley de memoria histórica carece de sentido o es una concesión a los aficionados a contar batallitas. Si el general tiene derecho a una sepultura digna, según reconoce el Gobierno, no menos derecho tienen aquellos que fueron víctimas de su dictadura y fueron enterrados en fosas comunes, en cunetas y en los osarios del Valle de los Caídos, todos aquellos a quienes aún hoy sus descendientes buscan sin haber tenido siempre de su lado el presupuesto y los medios de los poderes públicos.

De la misma manera que una de las peores herencias del nazismo fue la nazificación de la sociedad alemana y uno de los grandes desafíos de la posguerra, al menos durante dos generaciones, fue la desnazificación, la peor herencia del franquismo fue la franquificación de una parte de los españoles para quienes es un dato irrelevante el hecho de que los tres poderes del Estado coincidan en el deber de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es la franquificación la que procura argumentos para sostener que el cambio de lugar de los restos de Franco es un acto divisorio, como si la dictadura que siguió a la degollina no lo hubiese sido por definición durante décadas.

Escribe Stanley G. Payne en El régimen de Franco: “No sirve sugerir, como lo han hecho algunos, que se puede atribuir a Franco el mérito de haber creado la España democrática y tolerante de los años ochenta. Una dictadura no es una escuela de democracia y Franco no fue el responsable de la democratización de España”. No por evidente, la puntualización es innecesaria. El dictador dejó una herencia de sectarismo e intolerancia y es un hecho que la evolución del régimen democrático hubo de afrontar la resistencia permanente del franquismo sociológico, y aún hoy se dan episodios de resistencia en el Congreso, en las comunidades autónomas, en general en todas las instituciones del Estado, cuya única explicación se halla en el legado franquista.

El cambio de sepultura de Franco es un gesto de saneamiento democrático y es, al mismo tiempo, un caso insólito en Occidente. La dignificación de Cuelgamuros como cobijo de víctimas de la guerra civil y de la dictadura cumple con el deber de separar a los muertos de quien les arrebató la vida; la singularidad del caso es que ningún dictador coetáneo de Franco ha disfrutado de una exaltación post mortem como la a él dispensada. Antes al contrario, se ha procurado rodear de discreción y silencio el lugar donde los dictadores fueron enterrados, se ha evitado convertir las tumbas en santuarios de los añorantes de las dictaduras y se han borrado de todas partes los nombres de los secuaces de regímenes felones que liquidaron la libertad.

La guerra civil no es un capítulo amortizado de la historia porque a cada poco surge el recuerdo del pasado en las discusiones de ahora. Los descendientes de los agraviados, los perseguidos, los sometidos a la arbitrariedad tienen tan presente lo que sucedió que se sienten parte de la tragedia sin haberla vivido o habiéndola vivido durante sus primeros años de vida, y aspiran solo a saber dónde murieron sus antepasados para honrar su memoria. No es el caso de los Franco, movilizados para impedir la aplicación de una medida aprobada por el Parlamento, incluida en el programa del Gobierno y sancionada por el Tribunal Supremo. Es imposible dar con una mayor unanimidad democrática.