Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.