Vías nuevas hacia el 21D

El curso acelerado de Derecho Penal a que ha sido sometida la opinión pública desde que entró en acción el inquietante José Manuel Maza hasta la liberación de Carme Forcadell después de pasar una noche en la cárcel y de depositar una fianza de 150.000 euros abre nuevas rutas en el laberinto catalán, aunque el camino de salida no se adivine o siga sujeto a toda clase de interpretaciones apasionadas. De momento, ha quedado meridianamente claro que el Tribunal Supremo practica la virtud de la proporcionalidad, el magistrado Pablo Llarena su representante, y la Audiencia Nacional, Carmen Lamela su cara visible en este caso, tiende a la desmesura. Si la DUI no fue más que simbólica, si todo fue un exceso al calor de las emociones y la movilización en la calle, como dice la presidenta del Parlament, mejor abrir las celdas, destensar la cuerda y esperar a ver qué deciden los votantes el 21D.

De hecho, si todo el mundo está dispuesto a participar en la cita electoral, incluida la expedición bruselense, todo el mundo acata implícitamente la aplicación del artículo 155 de la Constitución, nada simbólica, y deja en el desván de la memoria las agitadas jornadas que transcurrieron entre el 6 de septiembre y la declaración de la DUI, el 27 de octubre. Si cuanto se aprobó aquel día careció de valor jurídico –ni siquiera se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat–, si todo fue un error, un despropósito y un exceso, según se afirma ahora, la rebelión, la sedición o cualesquiera otras figuras que se le puedan ocurrir al inquietante Maza son meramente simbólicas y no tiene sentido tener a los exconsellers en la cárcel y a la calle, en un grito.

Si, por el contrario, un problema político de dimensiones inabarcables se reduce a una disputa entre diferentes formas de fundamentalismo autoritario, entonces todo se complica, el cielo se oscurece y surge la duda, la gran duda: qué capacidad aclaratoria puede tener el 21D si hemos de seguir oyendo que la ley dice, que la Constitución dice o que la república llegó para quedarse, aunque nadie la reconozca. Que hay que cumplir la ley es una obviedad, que toda opción política no violenta está legitimada en un marco democrático, también lo es, pero cuando surgen incompatibilidades manifiestas entre la aplicación de la ley y un determinado proyecto político con peso específico en una comunidad –hoy sucede en Catalunya–, los únicos caminos que ni siquiera hay que considerar son el recurso a los tribunales desde una acera y los métodos expeditivos desde la otra.

Las soluciones binarias debieran estar proscritas en los conflictos políticos de nuestro tiempo: o estás conmigo o contra mí; o proclamas la independencia o eres un traidor; o cumples la ley o la fiscalía se pone en marcha sin mayores consideraciones de oportunidad y tiempo; y así hasta ninguna parte. Las tertulias plurales en la televisión y la radio –bastante menos frecuentes de lo deseable– suelen acabar en empate porque los planteamientos binarios no conducen a ninguna estación de llegada, aunque se abren vías nuevas hacia el 21D, sobre todo si el magistrado Llarena reclama para sí la causa seguida por la jueza Lamela contra Oriol Junqueras y más de la mitad del Govern suspendido. Y si eso sucede es porque el enconamiento, fruto de un enfoque binario del problema ha calado en muchos opinantes con la misma o parecida pasión que los seguidores de un club (como fans envueltos en la bandera las más de las veces; excepcionalmente, como hooligans tempestuosos).

En la frase de Pablo Llarena “tranquilos, esto no es la Audiencia Nacional” hay dosis muy estimables de sentido común –tan invocado desde todos los frentes; Mariano Rajoy el más proclive a hacerlo– y puede que también una vieja disputa jurisdiccional. En cualquier caso, la razón última de las libertades bajo fianza decididas por el magistrado importa menos que el hecho de que rompe con los planteamientos binarios, los excesos procesales y los agravios comparativos. Rompe asimismo con el dilema de quién, por encima o al margen de la ley, es poseedor de la hegemonía político-cultural en el marco de la crisis: el Gobierno, que activó a la fiscalía, o el soberanismo catalán, que aplaudió la DUI (ese es también un esquema binario).

La partida que se disputa no es a blanco o negro, a par o impar y así sucesivamente, como en la ruleta, ni es tampoco un juego de astucias o engaños, como el póker, sino más bien una partida reservada a jugadores sutiles, a adictos a la inacabable gama de grises que caracteriza la política moderna, sin buscar la derrota humíllate del adversario. Acaso el viaje de descubierta de Carles Puigdemont y acompañantes a Bruselas persiga lograr un triunfo sin paliativos, pero no es precisamente la UE el lugar mejor para ir en pos tal objetivo, tan acostumbrados los timoneles de la institución a situarse en el gris propio de la transacción y del pacto, de un juego de pesas y medidas apegado al realismo a todas horas. No hay en las gestiones bruselenses del expresident el menor atisbo de apego al gris, a esa zona indeterminada en la que todo es posible y, al mismo tiempo, nada es para toda la vida.

Como en la película À bout de souffle, vivir sin aliento impone un desgaste, un cansancio y finalmente una desazón insoportables. El vigor de las protestas, el recurso a las estelades, las manifestaciones que desbordan las avenidas, la solidaridad con los Jordis y esa secuencia interminable de actos reivindicativos de toda índole impone una tensión colectiva en ambos bandos condenada a transformarse en decepción si, como es muy probable que suceda, nadie queda completamente satisfecho con el desenlace del 21D. A los cómicos de la legua de Viaje a ninguna parte, Fernando Fernán Gómez el autor, les vence el cansancio y el fracaso, algo a lo que ahora se exponen en otro viaje aventurado quienes creen que el partido puede disputarse aún en Bruselas y no, en Madrid y en Barcelona.

La ‘V’ apunta a Mas y Rajoy

La V de la Diada fue la de votar y la de voluntad, de acuerdo con lo declarado por Carme Forcadell, presidenta de la Assemblea Nacional Catalana. Pero fue también la V de victoria, a tenor de lo manifestado por Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural y compañera de brega de Forcadell: “Hemos vuelto a ganar 300 años después de 1714”. Fue, incluso, la V de Victus, pues es difícil imaginar una torpeza mayor –por no hablar de censura– que suspender a última hora la presentación del libro en Utrecht (Holanda) a instancias del Ministerio de Asuntos Exteriores y caldear el ambiente de por sí movido a días de la gran concentración. Y pudo, asimismo, no ser una V propiamente dicha, sino la punta de la flecha que figura en la señal de dirección obligatoria.

La V admite toda suerte de interpretaciones, de traducciones, menos una: que el jolgorio se acabó cuando se dispersaron los manifestantes. Basta indagar más allá de nosotros mismos para comprobar que la V del tricentenario no admite brindis al sol, fundamentalismos constitucionalistas y desobediencias civiles; que en estricta aplicación del sentido común que Mariano Rajoy tanto invoca, entraña más riesgos que nunca la posibilidad de llegar al 9-N sin que las urnas estén en la calle o sin que se haya concretado una alternativa razonable a la celebración de un referendo consultivo. Basta navegar un rato por la red para llegar a la conclusión de que, salvo que todo el mundo esté equivocado, el desenlace de la Diada obliga a recurrir al mejor arte de la política para evitar que la obcecación acabe en disparate, sea este el que sea.

Lleva razón el president Artur Mas cuando declara a la agencia France Presse que la victoria del en Escocia crearía un precedente –“si una nación como Escocia tiene el derecho de decidir su futuro, por qué no Catalunya”–, pero este agarradero se asemeja más a la política de las emociones que a la política de lo posible. De la misma manera que la solidaridad como razón última que justifica mantener la unidad de España, mencionada por Rajoy el mismo jueves durante un acto relacionado con el programa nacional de trasplantes, suena a regate en corto para eludir el problema de fondo. Todo esto tiene poco que ver con el arte de la política y bastante con el trabajo de los fabricantes de eslóganes que trabajan en las salas de máquinas de los partidos.

No es menos inconsistente fiarlo todo a las declaraciones de apoyo a la posición del Gobierno español procedentes de las cuatro esquinas de la UE, incluidas las muy explícitas de la cancillera alemana, Angela Merkel, cuando se reunió en Galicia con Rajoy. Que la fundamentación jurídica de los tratados impida la permanencia automática o a corto plazo en la UE de una Catalunya eventualmente independiente no significa que, a la hora de la verdad, el pacto político no pudiera imponerse en el club europeo a la letra de la ley mediante alguna componenda ahora imprevisible, sobre todo si para entonces Escocia se encuentra en situación parecida. En sentido contrario, en ningún lugar está escrito que el  rumbo que pudiera tomar Escocia, si es que el día 18 gana el , sería de aplicación al caso catalán, porque los puntos de partida de Escocia y Catalunya son diametralmente diferentes, y el ambiente en Londres es muy distinto al de Madrid.

El profesor David McCrone, de la Universidad de Edimburgo, resalta alguna de estas diferencias: “La creación del Reino Unido fue constitucional y no el resultado de una conquista”. “La posibilidad para Escocia de dejar la unión ha existido siempre –añade McCrone–, mientras que el Gobierno español ha esgrimido siempre la Constitución para rechazar el referendo”. Aun así, el Govern otorga gran importancia a los vasos comunicantes entre el proceso escocés y el catalán, y elude, en cambio, un factor diferenciador determinante: los ingredientes culturales de la reivindicación soberanista. “El movimiento nacionalista en Catalunya se concentra desde hace tiempo en la preservación de una herencia cultural”, según Charles King, profesor de la Universidad de Georgetown, en Washington, mientras que los independentistas escoceses “rechazan expresamente las definiciones más culturales de su identidad”, habida cuenta de que solo el 1% de la población habla gaélico.

Estos datos son esenciales en el élan vital de los proyectos soberanistas y explican en parte el perfil muy diferente de cada caso. Es menos creíble el planteamiento recogido por France Presse de José Vicente Rodríguez, uno de los fundadores de Ciutadans, que imparte clases de Economía en la Universidad de Edimburgo: el nacionalismo-independentismo catalán parte de un sentimiento de superioridad, mientras que el escocés nace de un sentimiento de inferioridad. Es muy osado aventurar que la próspera sociedad escocesa alberga algún complejo –“podemos ser uno de los estados más ricos del mundo”, sostiene Alex Salmond, líder del SNP–, y no lo es menos suponer que ha sido este complejo el que ha robustecido el nacionalismo.

Solo la política sin apriorismos puede gestionar la situación con decoro y evitar que la demagogia se adueñe de la situación. “Cuando los hombres se hacen masa, los demagogos los hornean”, escribió El Roto en su viñeta-editorial de El País al día siguiente de la V. El mismo día, en su columna de EL PERIÓDICO, Antón Losada advirtió del peligro que encaran Rajoy y Mas, o viceversa, si no pasan de los eslóganes para la clientela a la negociación del futuro sin prejuicios: “Saben cuánto necesitan un acuerdo y hasta lo habrán hablado. Pero ambos han ido tan lejos en su discurso y su táctica que ahora el drama es cómo contárselo a los suyos sin resultar acusados de alta traición”.

Puesto que existe el peligro apuntado por Losada, el papel de los portavoces debe darse por superado. La única palabra que vale es la de los responsables últimos que han de dar con la salida, si es que la hay. Cada vez que se acercan al micrófono ilustres nombres de los aparatos de gobierno y de partido en Madrid y en Barcelona, hinchan el pecho los adeptos, pero se difumina más y más la salida del laberinto. Como reclamaba Alfredo Di Stéfano cuando la pelota andaba demasiado por los aires, alguien debe bajar el balón y jugar al pie para evitar que al final sean los hinchas radicales los que marquen la pauta. Cuando en el corto periodo de tres diades se pasa del pal de paller y el peix al coba a reclamar en la calle, con gran éxito de público, que la independencia se someta a consulta, es indispensable alejarse de los agitprop y perseverar en la idea de que nada es completamente blanco o totalmente negro.

Después de la V se echan en falta voces capaces de relativizar las cosas y, si se quiere, de acotar el problema sin dramatizarlo. Es indispensable desacralizar aquello que, por lo demás, nunca fue sagrado, incluidos el derecho a decidir diga lo que diga la ley de un Estado democrático y la Constitución de ese mismo Estado. También es indispensable desacralizar la Transición, el consenso de aquellos días y otros tópicos políticos que conducen directamente a la parálisis, el ensimismamiento y la falta de alternativas. La Transición, el consenso como norma, la Constitución y un sinfín de herramientas políticas de aquel entonces son hijas de su tiempo, resultaron ser instrumentos útiles, pero han dejado de serlo según todos los indicios. Y no solo para los independentistas, sino también para los que no lo son y contemplan incrédulos los acontecimientos en curso.

¿Puede dejarse a beneficio de las emociones la dimensión de la movilización soberanista o acaso las fotografías –las cifras oficiales poco importan– no son suficientemente expresivas? Y, si lo son, ¿pueden mantenerse los gobernantes en sus respectivos puntos de partida y promover diferentes formas de frentismo con un ojo puesto en las urnas y otro en la ocupación de la vía pública? Porque la gestión de la marcha catalana hacia el 9-N, en la Generalitat y en La Moncloa, parece guiada cada vez más por el efecto electoral que puede tener en Catalunya y en España, como si el motivo de fondo para no encarar una negociación política realista fuese precisamente la posibilidad de sacar el máximo partido a la polarización del voto: independentistas frente a autonomistas o federalistas; nacionalistas españoles frente a nacionalistas catalanes; y así sucesivamente. ¿Puede alguien sostener que solo a un bando, el que sea, asiste la razón y el otro, el que sea, no merece ser escuchado y, a poder ser, respetado y comprendido?