Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

El Tea Party desafía a Obama

La estrategia republicana de llevar a Estados Unidos al borde del precipicio con el fin de fulminar la reforma sanitaria promovida por Barack Obama ha decidido al ala dura del partido –encarnada en el Tea Party– a fijar una estrategia de tierra quemada, y al conservadurismo tradicional, a refugiarse en una retórica bajo sospecha. Para una parte significativa de los 232 diputados del Grand Old Party en la Cámara de Representantes puede más el temor a verse obligados a disputar el próximo año una elección primaria ante un aspirante de la extrema derecha, lo que los induce a aceptar con resignación la crisis en curso, que la sensatez de buscar una solución bipartidista que acabe con una situación a la vez demencial y extravagante. Porque el cierre (shutdown) del Gobierno federal por falta de fondos pone a la superpotencia a los pies de los caballos de sus acreedores, crea una inseguridad comprensible a escala mundial y persigue humillar al presidente, algo que probablemente está lejos de ser plato del gusto de la mayoría de la opinión pública.

Aunque The Washington Post haya opinado que el problema de Obama no son los republicanos, sino la Constitución, lo cierto es que cada vez cunde más la idea de que la Casa Blanca es prisionera de la mezcla de fundamentalismo religioso, individualismo exacerbado y dogmatismo político del Tea Party. Aunque los padres fundadores diseñaron un equilibrio de poderes pensado para limitar las atribuciones del Ejecutivo federal y preservar la iniciativa de los estados, las encuestas reflejan estas últimas semanas una corriente de opinión mayoritaria, cercana al 50%, que culpa del cierre a los ultraconservadores. Y aunque estos se han adueñado del Partido Republicano y tienen razonablemente asegurado que mantendrán el próximo año la mayoría en la Cámara de Representantes, según un detallado informe elaborado por la web Politico, es impensable que dobleguen la voluntad del presidente hasta el punto de que desista en la aplicación del Medicaid y cambie la percepción que los ciudadanos de las sociedades urbanas tienen de las causas de la crisis.

El monumento dedicado a la segunda guerra mundial, cerrado a causa del ‘shutdown’ del Gobierno federal.

Lo cierto es que detrás de la obstinación de los líderes republicanos se desarrolla una batalla no exenta de sordidez en la que se enfrentan el líder del partido en la Cámara de Representantes y presidente de la misma, John Boehner, y el segundo en el grupo parlamentario, Eric Cantor, rivales irreconciliables. Quizá Boehner transigiese en alguna fórmula para cerrar un pacto de caballeros con Obama, pero Cantor es un doctrinario que encarna las esencias del Tea Party y de un conservadurismo que sostiene que el mejor Gobierno es el que no existe o es tan sumamente débil y pequeño que no puede imponer su voluntad a nadie. A Cantor le siguen rigoristas religiosas como Michelle Bachmann, políticos de ascendencia hispana adscritos a la nueva fe como Ted Cruz y Marco Rubio, y también ideólogos del individuo libérrimo, herederos remotos de la cultura de frontera que profesan con intensidad variable personajes como Mike Lee, Rand Paul y Steve King, más Sarah Palin, la referencia ineludible de la política de mesa camilla, cuyo bagaje intelectual no va más allá de cuatro vaguedades que regalan los oídos de la América profunda, pero no resisten el análisis cuando se confrontan con las necesidades del país.

Así, por ejemplo, la oposición sin tregua a la reforma sanitaria en nombre de la libertad del individuo soslaya dos realidades complementarias:

  1. La asistencia sanitaria es mucho más cara en Estados Unidos, y a menudo menos eficaz, que en los países de la Unión Europea con una sanidad pública, obligatoria y universal de larga tradición.
  2. Hasta fecha reciente, por lo menos 40 millones de estadounidenses no tenían cobertura sanitaria por carecer de medios para costearse un seguro privado.

Eric Cantor (izquierda) y John Boehner, presidente de la Cámara de Representantes, rivales en el seno del Partido Republicano.

A lo dicho debe añadirse que a causa de la timidez de la reforma impugnada por los republicanos, dos tercios de los pobres de la comunidad negra, un porcentaje parecido de las madres sin pareja y más de la mitad de los trabajadores con ingresos bajos que nunca han tenido un seguro médico quedan fuera del Medicaid, según un estudio realizado por The New York Times. La mayoría de estas personas viven en estados donde gobiernan los republicanos y han llevado a la práctica su oposición a aplicar el Medicaid por las razones mencionadas antes. Es decir, el ultraliberalismo que anima a los ideólogos del Tea Party excluye el reparto de carga sociales, sea cual sea la fórmula que se aplique, en nombre, de nuevo, del derecho de los individuos a procurarse y administrar sus recursos.

De esta forma, mientras un periodista de la revista Forbes, a la que no cabe atribuir veleidades estatistas, advierte de que los grandes acreedores de Estados Unidos andan lejos de aprobar el comportamiento del Tea Party –sugiere que antes de desencadenar el cierre, debió pedir permiso a China–, Sarah Palin escribe en su cuenta de Facebook que el cierre de algunos monumentos, como el dedicado en Washington a los combatientes de la segunda guerra mundial, es “una protesta enojada para generar una mala publicidad”, un recurso de Obama para deformar la realidad, como si dijéramos. Lo cierto es que el Gobierno federal no dispone de dinero, y los acreedores a los que Forbes alude temen que si antes del 17 de octubre no hay acuerdo para elevar el techo de gasto, el presidente deberá decretar la suspensión de pagos.

En un ambiente menos enrarecido, acaso Boehner hubiese podido convencer a sus correligionarios para que aprobaran una continuing resolution (CR), un mecanismo provisional para atender a los gastos corrientes esenciales mientras se negocia una solución definitiva. Pero la CR no entra en los planes del Tea Party a pesar de que son muchos los que comparten la idea de Rich Lowry expresada en The National Review: los republicanos se oponen a poner un parche a la crisis porque carecen de planes para el día siguiente. La pieza que quieren cobrar se llama Barack Obama y el resto importa poco: la repercusión que el cierre federal puede tener en la superación de la crisis económica, el mercado de la deuda y las bolsas, que lo mismo que hasta la fecha resisten sin sobresaltos, pueden ser presa del pánico a poco que se degrade la situación. Steve King lo ha dejado del todo claro: el cierre no es cosa de un día o dos, sino que va para largo.

Franklin D. Roosevelt, presidente demócrata de Estados Unidos entre 1933 y 1945, hizo de su partido el de las minorías.

En la tradición aislacionista de los seguidores del Tea Party, las repercusiones internacionales poco importan. Pesa más la convicción de que nada es más eficaz que el libre mercado sin cortapisas, sin que la Administración ponga límites a los negocios. Todo obstáculo remotamente equiparable al Estado social, a un enfoque tibiamente socialdemócrata de la atención a los ciudadanos, les parece un peligroso acercamiento al modelo europeo, que consideran una intromisión intolerable en la autonomía de los ciudadanos. Voces relevantes del Tea Party han tachado a Obama de socialista, algo que no es en absoluto una novedad en el debate ideológico alentado por el conservadurismo más rancio. Antes bien, forma parte del manual de tópicos que maneja la extrema derecha como argumentos de convicción desde la presidencia de John F. Kennedy (1961-1963).

Como ha escrito Rick Pelstein en la publicación progresista The Nation, no queda a los demócratas otra posibilidad que pechar con el lugar común ampliamente difundido de que les mueve cierto extremismo, aunque su misión durante el último medio siglo se ha limitado a “hacer de Estados Unidos un lugar más justo, digno y sostenible”. A la apreciación de Pelstein debe añadirse que el Partido Demócrata no es ajeno a la propensión aislacionista y al recelo antiestatista, pero al convertirse en la formación de las minorías desde los días del New Deal de Franklin D. Roosevelt (1933-1945), ha sumado a su perfil ideológico, acaso sin pretenderlo, cierto gusto por la heterodoxia. Y todo eso pesa en el ánimo de la oposición republicana que ha optado por no levantar el pie del acelerador a pesar de todos los riesgos inherentes a su desafío a Obama.

¿Por qué los peligros son mayores hoy que cuando los republicanos, guiados por Newt Gingrich, hicieron exactamente lo mismo durante la presidencia de Bill Clinton? Porque por aquel entonces no había ninguna gran crisis económica que amenazara con poner patas arriba todo el andamiaje; porque Clinton había obtenido buenos resultados en feudos republicanos y el partido no podía exponerse a llevar las cosas demasiado lejos y desgastar su imagen; porque la Casa Blanca manejaba un presupuesto con superávit que confería un gran margen de maniobra al presidente a pesar del cierre federal; porque los tenedores de deuda pública de Estados Unidos tenían una capacidad de presión menor que ahora, cuando financian con sus ahorros el déficit astronómico de la primera economía mundial. Lo ha dicho Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional: el cierre del Gobierno federal y el riesgo de que no se eleve el techo de gasto antes del día 17 amenazan la economía mundial. El temor a una nueva recesión internacional no es en absoluto gratuito.

 

 

 

Más que una huelga general

Cuando el FMI advierte de que la austeridad recetada por Alemania nos lleva directamente al desastre es que la situación es peor de lo intuido. Algo muy grave se debe cocer entre cajas para que la señora Christine Lagarde y tutti quanti lancen la advertencia en plena campaña de relaciones públicas de la cancillera Angela Merkel para llegar a las elecciones de su país con la popularidad por las nubes, aunque Europa esté literalmente en un grito, sometida al fundamentalismo económico que amenaza con hacer saltar por los aires el pacto social trabajosamente ahormado en la posguerra para pacificar el continente. Si la vara de medir de lo que se avecina es el cabreo manifestado la tarde del 14 en la vía pública por españoles, portugueses, italianos, bastantes franceses e incluso… un notable número de alemanes, entonces la alarma de Lagarde y compañía está más que justificada. Lo cual hace aún más grotesco el empeño de la derecha polvorienta española de medir el descontento social mediante la determinación de la caída del consumo de electricidad durante la jornada de huelga general.

14-N“Los últimos acontecimientos ofrecen una nueva oportunidad para dar el vuelco a esta situación. Excepto cierta prensa de Madrid que vive anclada en sus guerras decimonónicas, cualquier observador atento ha visto que el paro del 14-N ha sido también una revuelta de la clase media, que esta vez se ha unido a los trabajadores y a los jóvenes en el clamor contra las consecuencias de las políticas contra la crisis”, escribió el jueves Albert Sáez en su blog de EL PERIÓDICO. En este análisis cuenta poco –por no decir nada– el consumo eléctrico, y en cambio cuenta bastante más la impresión transmitida por las dos grandes manifestaciones de Madrid y Barcelona. ¿Cuál es esa impresión? Que la quiebra social se halla a la vuelta de la esquina y, con ella, la quiebra política que, de producirse, desbaratará el statu quo sobre el que se ha edificado la democracia representativa de las llamadas sociedades avanzadas.

Identificar estos riesgos no es alarmismo ni ganas de molestar. Es la simple certificación de que si el sistema se disloca por completo, puede que se salven las finanzas y la nueva economía, la tecnoeconomía o como se la quiera llamar, pero perecerá todo lo demás. Parece harto trabajoso para algunos comprender que en esas estamos y que cualquier desdramatización del momento tiende a falsear la realidad. Mientras una multitud asustada por el futuro al que debe enfrentarse se manifestaba por los paseos de Gràcia y el de Recoletos, el comisario Olli Rehn echaba un cable al Gobierno al reconocerle los esfuerzos realizados –exigidos, entre otros, por el propio Rehn, claro– para sanear las cuentas, pero el capotazo no hacía más que confirmar todos los miedos y atestiguar que, salvo cambios imprevisibles, la ruta hacia la pobreza es la única que figura en el mapa de la UE.

14-NIncluso la más que previsible oposición del Banco Central Europeo a que España negocie una línea preventiva de crédito con el FMI por si van muy mal dadas, una posibilidad desmentida por el Gobierno, pone de manifiesto que los poderes no electos ejercen una presión inconmensurable sobre los electos. La analista Masa Serdarevic identifica en su blog del Financial Times hasta tres razones para prever que, en última instancia, el Gobierno español optará por olvidarse del asunto:

  1. A los socios de la eurozona no les hará ninguna gracia que uno de los suyos vaya tan lejos en busca de ayuda.
  2. El BCE probablemente no autorizaría la medida, porque la austeridad es el camino fijado, y se desentendería de comprar bonos en el mercado secundario.
  3. Es muy posible que el FMI no quiera verse envuelto en una operación que no incluya a la UE.

A la vista de este tríptico, no resulta exagerado añadir que la única alternativa a las horcas caudinas de la austeridad es la inanición. Algo que no debe sorprender porque el economista ultraliberal alemán Jürgen Donges dijo en su día a Jordi Évole que la única alternativa a la precariedad laboral es el paro, con lo cual se arrogó el papel de repentino regulador de nuestro mercado de trabajo sin mayor representatividad ni títulos democráticos para hacerlo. Y, a pesar de todo, hay quien piensa que el mayor problema es que los sindicatos se atienen a un Modelo caduco, título del artículo colgado por el economista José Miguel Amuedo en la edición digital de Expansión. “Los sindicatos son estructuras caducas, que se siguen moviendo de forma caduca, y utilizan un lenguaje sin duda caduco –opina Amuedo–. Un ejemplo es que siguen organizando las huelgas como hace un siglo. Y la sociedad, sin duda, ha cambiado”. En efecto, ha cambiado tanto que muchos trabajadores no se sienten representados por los sindicatos, tal como sostiene Amuedo en un pasaje de su texto, pero tampoco se sienten atendidos por los cargos electos, a quienes muchos de ellos votaron, y por el Gobierno que administra el país; demasiado a menudo se sienten tripulantes de una nave pilotada a distancia.

14-N“Los ciudadanos europeos perciben cada vez con mayor impotencia que los gobernantes que eligen en sus países tienen menos poder sobre los asuntos que afectan a su bienestar. En el sur de Europa este problema es particularmente agudo. Nos hemos acostumbrado a que decisiones providenciales sobre nuestro futuro las tomen líderes a los que no hemos elegido y sobre los que no tenemos control alguno”, escriben en su blog Carlos Carnicero Urabayen y Antonio Roldán. ¿Es posible imaginar un mecanismo que erosione la democracia más demoledor que ese? Lleva razón Fernando Vallespín cuando sostiene: “Es posible que la huelga sea mala para hacer cuadrar los números. Pero es estupenda para vigorizar la democracia”. Y lo es porque neutraliza aunque solo sea por un día la sensación de indefensión que se ha adueñado de las víctimas de la crisis, afectadas por decisiones tomadas en instancias de poder sin ninguna representatividad, ajenas al dictamen de las urnas, al viejo y saludable juego de las mayorías y las minorías. Hablar de déficit democrático, vistas las consecuencias de lo sucedido hasta la fecha, resulta excesivamente contenido.

El modo imperativo al que recurre el economista Emilio Ontiveros en El País es el adecuado para reclamar un cambio de rumbo lo más rápido posible: “Europa debe escuchar. Sus instituciones, pero de forma destacada el Gobierno alemán, deben asimilar la evidencia de que el ajuste presupuestario indiscriminado y excesivamente concentrado en el tiempo, con bastante independencia del origen de los desequilibrios financieros, no aporta los resultados pretendidos. Destruye posibilidades de recuperación y, también, erosiona la solvencia pública y privada. También, y no menos importante, acerca a millones de ciudadanos a una situación de frustración creciente. A un cuestionamiento de la propia idea de Europa”.

Por desgracia, la cita va en una dirección radicalmente contraria a la expresada el martes en Lisboa por la cancillera alemana, que llenó de parabienes al primer ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, obligado a pauperizar el país mientras la calle enardecida grita “Merkel no manda aquí”. El mensaje de Ontiveros también es incompatible con el sonsonete que repiten el Gobierno de Mariano Rajoy y sus agitprop de papel cuando justifican los tijeretazos, llamados reformas, con las felicitaciones de Rehn por lo bien que se están haciendo las cosas. Nada justifica la confianza gubernamental en el camino emprendido, pero parece que la proletarización de la clase media, base de sustentación de los sistemas democráticos, importa menos que cumplir con un ajuste fiscal que, primero, se antojó duro y hoy merece el calificativo de extravagante, porque resulta “política y socialmente insostenible” en opinión de un foro tan identificado con el establishment financiero como el FMI.

14-NEs de lamentar que el enfoque dado a la crisis por el equipo del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, haya contaminado tan poco los análisis europeos, porque en la estrategia de la Casa Blanca ha prevalecido la necesidad de hacer compatible el saneamiento de las finanzas y la salud del dólar con el rescate de la clase media, como se han ocupado en señalar los analistas liberales y ratificaron las urnas el día 6. Cuando Thomas L. Friedman escribió en The New York Times que los electores prefirieron dar una segunda oportunidad Obama, a pesar de que la tasa de paro bordea el 8%, a otorgar su confianza a Mitt Romney, añadió una frase significativa, reflejo del hipotético pensamiento de la mayoría que hizo posible la reelección del presidente: “Pensamos que lo estás intentado. A partir de ahora será aún más difícil. Aprende de tus errores”. Nadie en Europa da señales de estar dispuesto a aprender de sus errores, y los riesgos que se corren son enormes.

Uno de los mayores, si no el mayor, es el rápido alejamiento de la población de las instituciones y los partidos, de los ámbitos en los que se adoptan las decisiones políticas. “Sería un error interpretar el seguimiento de la huelga de ayer como un escrutinio del grado de irritación de una sociedad. La desafección, la frustración, afecta a un contingente mucho mayor”, opina Emilio Ontiveros en el artículo antes mencionado. “Es un mensaje enviado a los jefes de Estado europeos. Todos están incluidos, se trate del de Francia, del de Alemania, del de Italia. Y hoy son ellos quienes toman decisiones, a escala europea, que nos colocan en una situación imposible”, declaró al semanario francés de izquierdas Le Nouvel Observateur el secretario general del sindicato CFDT, François Chérèque, al final de la jornada del miércoles. Chérèque no es un radical ni cosa parecida, sino más bien alguien apegado al realismo.

Otro riesgo es que llegue al ánimo de los ciudadanos que solo la movilización social rinde frutos. La negociación emprendida por el Gobierno y el PSOE para contener la injusticia lacerante de los desahucios, después de vivirse episodios de un dramatismo apabullante, no puede decirse que sea precisamente una muestra de reflejos; parece sobre todo un tratamiento de choque, de efectos más que modestos, arrancado con fórceps por el descontento social, la protesta ante las sucursales bancarias y las concentraciones frente a los domicilios de los condenados a perder su casa. Es improbable que sirvan el decreto del Gobierno y lo que le siga, si lo hay, para restaurar la confianza en las instituciones y en el compromiso de los gobernantes con los vaqueteados por la crisis, porque ¿puede alguien asegurar que sin las movilizaciones se habría puesto freno a los desahucios? Mal asunto para la salud de la democracia reglada que la gestión directa y en caliente de los problemas sea más eficaz y ejecutiva que la mecánica institucional.

Aun así, toda situación de desconfianza o debilidad democrática es susceptible de empeorar. Por ejemplo, si se confirma que, a ojos de Bruselas, el Gobierno se ha pasado en sus atribuciones al ocuparse de los desahucios sin consultar ni pedir permiso para modificar normas que pueden afectar a la cuenta de resultados de los bancos, los sanos y los enfermos. En este caso, visto que la vocación depredadora de los mercados es incompatible con el Estado del bienestar, y visto también que puede ser incompatible con algo políticamente menos comprometido como la simple caridad, habrá que preguntarse: ¿con qué son compatibles los mercados?

 

Europa, atrapada en el laberinto

Si algún ingrediente faltaba para que la depresión emocional completara la material, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha llegado dispuesto al descabello para alertarnos de que España no recuperará los índices económicos del 2008 hasta el 2018. La década perdida, la confirmación de nuestros peores presagios; la consagración del fatalismo y el determinismo económicos, aunque el ministro de Economía, Luis de Guindos, se haya apresurado a decir que los modelos macroeconómicos solo “tienen cierta capacidad predictiva”. ¿Quiere decirse que, puesto que el vaticinio se remite a cinco o seis años vista, su fiabilidad es discutible? Nadie lo sabe. La única certidumbre realmente existente es que el horizonte se llena de restricciones, recortes, vueltas de tuerca y más miserias cotidianas; el Estado del bienestar es una entelequia en la acepción de “cosa irreal”; por el desagüe de la economía posindustrial se deslizan la seguridad jurídica de los ciudadanos y la esperanza en el futuro.

“¿Cuál es la resistencia de la sociedad? -se pregunta Iñaki Gabilondo– ¿Cuál es el coste social que la sociedad puede resistir?”. No es una pregunta retórica porque la crisis social forma parte de la vida diaria y no hay un solo síntoma que induzca a pensar que dejará de agravarse en los próximos años. Al contrario, el mismo FMI teme que si no se adoptan soluciones rápidas, la prima de riesgo española escale hasta los 750 puntos y el PIB disminuya el 3,1% en el 2013, con la consiguiente inviabilidad de todo el modelo, si es que tal modelo existe. ¿Cabe, pues, pensar en que es posible la hecatombe en nuestras cuentas públicas y privadas? Nadie lo sabe. Lo único que si saben bastantes –dentro y fuera del área de gestión de la crisis– es que, “sin cambios económicos, habrá fractura social” (Àngels Guiteras, presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en el desayuno de Primera Plan@ del 5 de octubre).

FMI

Sesión de la asamblea del Fondo Monetario Internacional, celebrada en Tokio.

Son un mal presagio la mezcla de realismo académico y cinismo social exhibidos por el profesor Jürgen Donges, asesor de varios gobiernos alemanes, en el programa Salvados del último domingo. Y lo son porque las víctimas meridionales de la crisis hace tiempo que se hartaron de recibir lecciones de ética y de buen comportamiento, los analistas temen que la vía germánica para la salvación de Europa lleve a una vía muerta y, entre tanto, el orbe financiero se debate entre la necesidad de salvar al euro del estallido y la necesidad de imponer la ley de los mercados, si es que existe tal ley o, por el contrario, la única ley es la ausencia de leyes. A todo eso, ¿dónde quedan España y su Gobierno? En tierra de nadie, entre las pocas ganas de Alemania de que se acoja al rescate y la resistencia a pedirlo de Mariano Rajoy, atrapado en la maraña de la duda hamletiana, el patetismo del hidalgo arruinado y las elecciones a la vista en Galicia, el País Vasco y Catalunya, más la degradación de la calificación de la deuda española decidida por Standard & Poor’s.

¿Dónde está la salida de ese laberinto para que la crisis no descoyunte los equilibrios sociales sin asegurar, por lo demás, el futuro político y económico de Europa? “En última instancia, se trata de esbozar conjuntamente una visión política de Europa”, opina el joven analista francés Cyril Novakovic. En caso contrario, Novakovic describe una situación de pesadilla: “En ausencia de tal esclarecimiento, los hombres políticos del Viejo Continente estarán condenados a ser gestores de la crisis, hundiéndose irremediablemente en las arenas movedizas del corto plazo, ahogados hasta el punto de no poder pensar un proyecto y anticipar el futuro”.

Esta visión política conjunta incluye necesariamente la reclamación hecha por José Viñals, responsable del departamento de finanzas del FMI: “El Mecanismo Europeo de Estabilidad y el programa de compra de bonos deben ser percibidos por los mercados como reales, no virtuales”. Lo de Viñals es de una lógica aplastante, sobre todo porque la crisis espolvorea la miseria de forma nada virtual, pero el léxico de cuanto se relaciona con el antedicho mecanismo se acoge a la exuberancia barroca de un lenguaje herméticos, de elucubraciones indescifrables, de conceptos que se anulan entre sí y que ningún ciudadano ajeno a los entresijos de la crisis es capaz de comprender. Sí entienden los afectados de qué se les habla cuando se menciona la década perdida, sí saben qué significa que, incluso si se reactiva la economía, la tasa de desempleo seguirá siendo terrorífica, pero se ven incapaces de sacar conclusiones de la confusión terminológica reinante. Solo tienen por seguro, y hacen bien, que cuanto se avecina será peor de lo que ahora viven.

“Espíritu empresarial, religión, justicia, información, partidos, sindicatos… son vistos hoy más que nunca con la tristeza y agotamiento de una sociedad desilusionada y traicionada”, escribe en su blog un empresario italiano, Guiseppe Iudici, atrapado en la crisis. Y sigue: “El elenco merece ser repudiado y con él, el engaño: con la excusa de que la prioridad era salvar las cuentas públicas, han olvidado el verdadero significado de la economía real, y aún peor, con sus políticas irresponsables de ayer y restrictivas de hoy han determinado el cierre de muchas empresas. Muchos empresarios han muerto en la indiferencia y soledad absolutas, y es triste que se les haya olvidado”. ¿Cuántos empresarios españoles que dejaron de serlo suscribirían esas palabras? ¿Cuántos trabajadores sin trabajo estamparían su firma al pie de esas frases?

Europa consolida a toda velocidad su condición de enfermo del planeta y, en su seno, algunos organismos emiten señales ininterrumpidas de agravamiento. El resultado es la viva imagen de la decadencia, con efectos secundarios en todas partes, incluidas las economías emergentes, que hasta la fecha han sorteado la crisis. “Para calmar la ansiedad sobre el despilfarro gubernamental, el BCE ha impuesto condicionalidad en su programa para compra de bonos. Pero si las condiciones tienen efectos como las medidas de austeridad –impuestas sin grandes medidas de crecimiento que las acompañen–, será algo parecido al derramamiento de sangre: el paciente arriesgará la muerte antes de recibir una verdadera medicina”, asegura el nobel de Economía Joseph E. Stiglitz en el artículo colgado en la web Project Syndicate, una plataforma de opinión estadounidense que acoge firmas consagradas.

Los analistas que publican en Project Syndicate ven pocas alternativas para que Europa se recupere. Ashoka Mody, de la Universidad de Princeton, solo vislumbra tres opciones: “Más austeridad para los países muy endeudados, la socialización de la deuda en Europa o un creativo nuevo perfil de la deuda, con los inversores dispuestos a aceptar pérdidas antes o después”. En el primer caso, sociedades exhaustas -entre ellas, España- se verían condenadas a la inanición o poco menos. En el segundo, el Bundesbank debería cambiar por completo su código genético y Angela Merkel dejar de ser Angela Merkel. El último atajo se adivina inviable salvo cambios imprevisibles en el comportamiento de los grandes tenedores de deuda.

Kemal Dervis, vicepresidente de la Brooking Institution y exministro de Economía de Turquía, observa que si los políticos conservadores del norte de Europa insisten en sus políticas macroeconómicas, pueden “provocar el fin de la Eurozona y con él, el fin del proyecto europeo de paz e integración [el que ha ganado el Premio Nobel de la Paz] que hemos conocido durante décadas”. Dervis no soslaya la necesidad de introducir reformas estructurales en las economías europeas del sur, sino que resalta las consecuencias resultantes de su fracaso. El profesor de la Universidad de Harvard Dani Rodrik va más allá: “Si los líderes europeos quieren conservar la democracia, deberán elegir entre la unión política y la desintegración económica. O bien renuncian explícitamente a la soberanía económica o bien comienzan a emplearla activamente en beneficio de sus ciudadanos. Lo primero supone sincerarse con los respectivos electorados y construir un espacio democrático por encima del nivel de los estados-nación. Lo segundo, renunciar a la unión monetaria y poner en marcha políticas monetarias y fiscales de nivel nacional que sirvan a una recuperación sostenida”.

Así de simple y así de rotundo. Según sea la salida de la crisis, los cimientos de la democracia pueden verse dañados más allá de toda previsión. ¿Estamos ante una exageración o ante una proyección verosímil? Parece que ante lo segundo. En realidad, el agravamiento de España marca la frontera entre lo gestionable y lo insostenible por el entramado europeo, incluso dando por supuestos los costes sociales de la manejabilidad de la crisis. Megan Greene, colaboradora del economista Nouriel Roubini, el enfant terrible del claustro de la Universidad de Nueva York, lo plantea en términos meramente académicos en la web del think tank Council on Foreign Relations a partir de cifras bastante incontestables: el rescate completo de España ascendería a 200.000 millones de euros, y entonces todos los ojos mirarían a Italia, otra gran economía, pero “los fondos de rescate disponibles no son lo suficientemente grandes para rescatar a España e Italia”. Según Greene, “en realidad, España es la puerta de entrada de la crisis para pasar de sostenible y manejable –cuando solo había alcanzado a países más pequeños como Grecia, Portugal e Irlanda– a ser compleja e inmanejable”. A decir verdad, es imprevisible qué puede suceder si España cruza la puerta con una tasa de paro próxima al 25% y el 20% de la población por debajo del umbral de la pobreza.

Edgar Morin

Portada de 'La vía para el futuro de la humanidad', último libro del filósofo francés Edgar Morin.

Cuando la directora general del FMI, Christine Lagarde, pide más tiempo para que España cumpla con sus compromisos no hace otra cosa que reclamar medidas para que el parte de bajas no alcance cifras escandalosas. Lagarde va bastante más allá que la cancillera Merkel al acudir a Atenas: reconoce que los griegos andan con la lengua fuera, pero, al mismo tiempo, sostiene que deben agravar su estado para cumplir con sus compromisos o con los que les impusieron. Pero Lagarde se queda también mucho más acá que el filósofo francés Edgar Morin, que invoca el “humanismo global” para oponerlo a la crisis, porque Morin antepone la suerte de los condenados por la crisis a la de quienes les han condenado. ¿Utopía, caridad, justicia? Un poco de todo para impedir que Europa se suma en un largo invierno de pobreza y desigualdades.

Entre el ‘colapso’ y el crecimiento

A los indómitos predicadores de la austeridad a toda costa les aparecen adversarios por todas partes dentro y fuera de Europa. Mientras la cancillera de Alemania, Angela Merkel, y sus economistas de cabecera imparten doctrina y la recesión se adueña del futuro –el calificativo de “impresionantes” aplicado con Wolfgang Schäuble a las medidas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy se antoja más un sarcasmo que un elogio–, crece el bando de los partidarios de estimular el crecimiento y dejar de escuchar solo a los fundamentalistas del ajuste fiscal, alias recortes, que han impuesto un diktat innegociable. El énfasis que ponen en sus recomendaciones es más decidido que los proyectos de reactivación económica tímidamente apoyados por los agitprop de la germanización de la economía europea, cuyos efectos son de momento demoledores. Frente a la aniquilación sin pausa del Estado del bienestar proponen abrir la escotilla de las medidas de estímulo para evitar la asfixia. Claro que tal camino discurre en la dirección contraria a la utopía neoliberal, instalada en el puente de mando de la crisis: reducir el Estado a su mínima expresión mediante la jibarización de sus atribuciones.

Obama y Summers

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y Lawrence Summers, en la Casa Blanca.

El último detractor de la austeridad sin paliativos es Lawrence Summers, profesor de la Universidad de Harvard, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos (1999-2001) y expresidente del Consejo Nacional de Economía con Barack Obama (2009-2010). El diagnóstico de Summers, contenido en un artículo difundido el 30 de abril en la red por The Huffington Post, abunda en las mismas ideas expresadas por personalidades de registros tan diferentes como el nobel de Economía Paul Krugman y la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde: “Los altos déficits son mucho más un síntoma que una causa de los problemas. Y el tratamiento de los síntomas y no de las causas es generalmente una buena manera de hacer que un paciente empeore (…) La causa de los problemas financieros de Europa es la falta de crecimiento. En cualquier situación financiera en la que las tasas de interés son muy superiores a las tasas de crecimiento, la espiral de los problemas de la deuda queda fuera de control. El enfoque correcto para Europa se encuentra en el crecimiento. En esta situación, una mayor austeridad es un paso en la dirección equivocada”.

John Maynard Keynes cabalga de nuevo a través de los consejos de Summers, que da la razón a Lagarde. “Habrá que estar atento para no matar el crecimiento”, ha dicho al Financial Times la directora del FMI. Lagarde no hace más que reiterar lo declarado el 10 de febrero a Les Échos, el periódico económico francés de referencia: “Los políticos denuncian la insuficiencia de las medidas de austeridad tomadas (…) Y, al mismo tiempo, estiman imperativo relanzar el crecimiento con medidas de apoyo financiero”.

Tim Jackson

Tim Jackson, autor de 'Prosperidad sin crecimiento'.

El presidente del Banco Mundial, Robert Zoellick, que no es precisamente un keynesiano desbocado, considera “muy difícil” para los países europeos alcanzar los objetivos que se han fijado –reformas estructurales y reequilibrio de las cuentas públicas– sin crecimiento. Li Keqiang, viceprimer ministro chino, apenas oculta su intranquilidad al prometer que “China continuará estudiando medios posibles y eficaces para cooperar con las partes implicadas a fin de hacer una contribución conjunta para ajustar el problema de la deuda soberana de Europa”. Al mismo tiempo, los analistas certifican que en el transcurso del mes de abril se ha contraído de nuevo la actividad industrial y el índice PMI (Purchasing Managers Index), que mide las compras en el sector de las manufacturas, ha bajado del 47,7 en marzo al 45,9 en abril, el peor desde el 2009. Con la vista puesta en el futuro, el Instituto de Estudios Fiscales del Reino Unido prevé que “el peso de la deuda” generada por el presente periodo de recesión puede prolongarse hasta más allá del 2030, según recoge el profesor Tim Jackson, de la Universidad de Surrey, en el libro Prosperidad sin crecimiento.

Summers se apoya en las “comparaciones sistemáticas”: las medidas políticas de reducción del déficit con relación al PIB entre un punto y un punto y medio o un aumento equivalente de los impuestos recortan el PIB entre el 1% y el 1,5%. Sigue Summers: “En esencia, los recortes del déficit tendrán un efecto desproporcionadamente adverso sobre el PIB (…) Estas consideraciones se multiplican en el ámbito continental”. La recesión en España y el Reino Unido, los datos que maneja el FMI y las estadísticas de destrucción de empleo dadas a conocer por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) parecen darle la razón. Al cruzar todas las cifras se concreta el riesgo de sacrificar toda una generación en el altar de la austeridad. De momento, hay suficientes indicios para temer que la desaceleración en los países periféricos –sobre todo en España e Italia, que en conjunto representan más del 20% del PIB nominal de la UE– se extienda a Francia y Alemania, según una encuesta efectuada por la consultora Markit entre directores de compras de grandes empresas.

“El enorme éxito de Alemania de los últimos años se ha logrado al convertirse en un exportador neto a gran escala –escribe Summers–, que no habría sido posible sin los préstamos a gran escala y las importaciones de la periferia de Europa. La periferia no puede tener éxito en reducir sustancialmente su endeudamiento a menos que Alemania siga políticas que permitan contraer su superávit (…) Solo si se restablece el crecimiento, el euro puede aguantar y los europeos, resolver sus problemas financieros”. George Soros, que no bebe en fuentes keynesianas, sostiene lo mismo con meridiana sencillez: “Hace falta también una agenda de crecimiento para la zona del euro”.

Paul Krugman

Paul Krugman, autor de '¡Acabad ya con esta crisis!'.

Se trata de moderar los ímpetus de los austeríacos, tal como explicaba el 29 de abril Josep Maria Ureta al reseñar en EL PERIÓDICO el último libro de Paul Krugman, ¡Acabad ya con esta crisis! ¿A quién se tilda de austeríaco? El término fue acuñado en inglés –austerian– por Robert Parenteau, funde las palabras austerity y Austrian School of Economics  –Ludwig von Mises y Friedrich Hayek, entre otros– y tiene el siguiente significado, recogido en el texto de Ureta: “Dícese de los partidarios de una política fiscal centrada en el déficit antes que en la creación de empleo, una política monetaria que combata obsesivamente el mínimo signo de inflación y que eleve las tasas de interés incluso frente al desempleo elevado”. Exactamente lo contrario de los remedios que propone Krugman: más gasto y mayor equidad Norte-Sur, que Alemania sea más expansiva si quiere recuperar lo que su banca prestó a España y a otros socios de la UE.

Los consejos de Krugman están enraizados en la historia de Estados Unidos y en la realidad del momento, porque las políticas de estímulo aplicadas desde el bienio 2008-2009 han dado algunos resultados llamativos que en Europa no se adivinan ni por asomo. Pero no son tan radicalmente solo estadounidenses como para considerar el punto de vista del nobel absolutamente incompatible con la situación europea. El programa de François Hollande, que el lunes puede ser presidente de Francia, no está tan lejos de la música de fondo neokeynesiana; el centro griego se encuentra muy cerca de porfiar por el equilibrio entre austeridad y crecimiento, aunque el resultado de las legislativas puede configurar un Parlamento ingobernable; la socialdemocracia alemana apunta en parecida dirección y si Angela Merkel sale debilitada de las elecciones en Renania del Norte Westfalia, el 13 de mayo, lo hará más; incluso Mariano Rajoy ha reclamado con sordina políticas europeas de crecimiento.

¿Hace falta un nuevo Plan Marshall en el seno del cual tengan cabida austeridad y crecimiento? De momento, hace falta que el estado mayor de la eurozona admita que el camino elegido por Europa es por lo menos insuficiente para levantar cabeza, conviene que ponga en duda la ortodoxia calvinista que impera en nuestros dies irae y que reconozca que la dieta alemana sienta bien casi en exclusiva… a Alemania. Carmelo Cedrone, profesor de la universidad romana de La Sapienza, sostiene en el diario económico Cinco Días: “Tenemos ante nosotros un plan concreto (la emisión de eurobonos), disponemos del marco jurídico e institucional necesario y resulta evidente que los europeos no quieren renunciar a su modelo económico y social. Se dan cita todos los elementos para un cambio de modelo (…) excepto por la voluntad política”.

Si falta esta voluntad política, para la emisión de eurobonos o para concretar alguna otra fórmula que estimule la economía y fortalezca el euro, sin renunciar al ajuste fiscal, pueden hacerse realidad los temores expresados por Alexis Papachelas en las páginas del diario conservador griego I Katimerini: “Si Francia es el objetivo de los mercados después de una victoria del candidato presidencial François Hollande, esto también tendrá efecto en España e Italia, y puede hacer muy difícil para Berlín y Bruselas tirar de Grecia. De nuevo, Grecia correrá el riesgo de convertirse en el Lehman Brothers de Europa”. Unos temores que no son muy diferentes de los enumerados por Antonio Polito en Corriere della Sera, el gran diario conservador del norte de Italia: “Los mercados han castigado primero el poco rigor de los países deudores, después han castigado el exceso de rigor impuesto a los países deudores, y ahora parecen temer que los electores detengan las políticas de rigor”.

Martin Shulz, presidente del Parlamento Europeo, expresó en los Desayunos de Primera Plana del último miércoles una preocupación cada día más extendida: “Por primera vez, estamos en una situación en la que la Unión Europea puede fracasar”. Y cabe añadir que, de producirse, no se tratará solo de un fracaso económico, sino también moral, porque millones de ciudadanos deberán soportar más “sufrimientos absurdos”, según acertada expresión utilizada en este diario por José Carlos Díez, y porque la retórica al uso “libera de responsabilidad” de cuanto ha sucedido hasta hoy “al sistema financiero y a su flagrante desregulación, imputando la culpa de la crisis a los que son sus víctimas”, tal como ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Xavier Martínez Celorrio. Si la cumbre europea de junio es algo más que un baile de salón, algún cambio de rumbo debería vislumbrarse.

En realidad, reclamar políticas de crecimiento no es el colmo de la heterodoxia, sino todo lo contrario. El profesor Jackson, en el libro citado con anterioridad, se refiere al crecimiento como algo consustancial al sistema capitalista: “La respuesta a la pregunta de si el crecimiento es esencial para la estabilidad sería: sí, en una economía basada en el crecimiento, este es esencial para alcanzar la estabilidad. El modelo capitalista no dispone de una vía sencilla para lograr un estado estacionario. Su dinámica natural lo impulsa hacia uno de estos dos estados: la expansión o el colapso”. Más que de colapso –una mala traducción del término inglés collapse– habría que hablar de derrumbe, hundimiento o caída, pero, hecha esta salvedad, hay que admitir que la línea argumental de Jackson es perfectamente coherente y se ajusta a todos los precedentes históricos. Además, la proletarización de la clase media a través del desmantelamiento del pacto social alumbrado en Europa después de la segunda guerra mundial, lleva directamente al colapso o, lo que es aún peor, a una crisis en la escala de valores de las sociedades democráticas avanzadas (véanse los éxitos cosechados por la extrema derecha xenófoba y antieuropeísta en países tan diferentes como Francia, Holanda y Finlandia). El presidente Barack Obama sabía muy bien qué estaba en juego al inicio de su mandato, en el 2009, cuando insistió en que urgía acudir al rescate de la clase media para evitar males mayores.