Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

‘Annus horribilis’ en la Zarzuela

El metabolismo de las monarquías es sustancialmente diferente al de las repúblicas. En las monarquías, la solvencia de la institución descansa en intangibles que tienen que ver más con la adhesión personal que con hechos concretos y palpables. En las repúblicas, por el contrario, la fluidez institucional es inseparable de los resultados: en las presidencialistas, el jefe del Estado es el factótum indispensable; en las restantes, la neutralidad del presidente debe ser útil para enfriar la brega política de todos los días. El único o al menos el más notable elemento común al titular de una monarquía o de una república es el principio de ejemplaridad que los ciudadanos reclaman a quien ocupa la cima de la pirámide institucional con un poder real o simbólico, de ahí que, como dice el psicoanalista Jean-Pierre Winter, sucesos como el affaire Cahuzac en Francia y la imputación de la infanta Cristiana en España causen una “herida narcisista”. En ambos casos, pesa tanto el daño emocional como la concreción material de los hechos.

Cuando el ministro del Presupuesto, Jérôme Cahuzac, aparece como un evasor fiscal con una cuenta en Suiza, los pilares del templo desfallecen y la “república irreprochable” prometida por François Hollande se desvanece sin remedio; cuando un juez cita a declarar a una hija del Rey por un feo asunto de caudales públicos, la monarquía ejemplar de la transición pasa a ser el “reino despuntado” del que habla Le Monde. Si a estos acontecimientos de última hora se suman otros que atañen al funcionamiento de los estados –Francia, España y otros–, la administración del erario y el coste moral y económico de la crisis, el descrédito de los gobernantes alimenta la indignación de los contribuyentes, zozobran las convicciones más arraigadas en un mar de dudas y escepticismo y los demagogos se suben al escenario. Acudiendo al dictamen de Sócrates, la retórica se convierte en el “arte de la mentira”.

La profesora Julie Neveux se remite a otro clásico para referirse a la retórica como sinónimo de mentira: “La metáfora preferida de Platón para hacer comprensible esto es la siguiente: el sofista se ocupa de la cosmética (apariencia ilusoria) allí donde el filósofo, y el buen político, deben ocuparse de la ética y de la verdad, y ejercer su verdad mediante una gimnasia sana y dialogada”. Lo que se preguntan muchos franceses es si cuando el presidente Hollande alude a “una imperdonable falta moral” realiza un ejercicio retórico o pone en marcha una catarsis de urgencia para metabolizar el mal causado por los manejos y las mentiras de Cahuzac. Una duda casi idéntica a la que suscita la disposición de la Zarzuela a aceptar el irrenunciable principio de que todos los ciudadanos son iguales ante la ley, como el mismo Rey recordó en Navidad, pero que luego mediatiza con la crítica al juez que cita a la infanta y el apoyo al fiscal que recurre la imputación.

Aquí acaban las coincidencias entre dos formas de gobierno tan dispares, porque en las repúblicas todo tiene una naturaleza terrenal y en las monarquías, los cimientos descansan en la mitología y el arquetipo del justo sin tacha. Las viejas monarquías europeas constituyen un anacronismo histórico, a menudo popularísimo, que asocia a un grupo muy pequeño de familias en la práctica de ciertas actitudes heredadas. Estas familias no son inmunes al desgaste de la vida cotidiana, a su comportamiento en el seno de sociedades abiertas, pero tienen a su disposición filtros que dejan pasar el agua clara y apartan de los focos los torrentes turbios. Funciona en ellas la estrategia de la sonrisa, de la foto de familia en la cubierta de un yate o en la cola del telesilla, de la rigurosa administración de uniformes y pamelas los días de boda y de retiros calculados si se produce un divorcio. Todo esto suele ser eficaz, marca una distancia de hecho entre las testas coronadas y el resto de la sociedad; solo cuando alguien cambia sin avisar las reglas del juego –la princesa Diana– o no cuadran las cuentas, asoman las grietas en la fachada.

¡Ah, las cuentas! Herida la inmensa mayoría de la sociedad por los zarpazos de una crisis económica cuyo final no se vislumbra, la más mínima sospecha de trapisonda resulta irritante. La actividad evasora de Cahuzac conmueve a los contribuyentes no solo por el fraude cometido, sino también por el agravio comparativo. La desvergüenza enerva a los ciudadanos, pero si quien la ejerce es precisamente quien debía haberla combatido, entonces el dolor es poco menos que insoportable. Y si quienes son sospechosos de haberse lucrado gracias a su nombre y circunstancias personales –Iñaki Urdangarín y compañía– ocupan un sitial con privilegios atávicos, entonces se pasa del dolor a la crisis de identidad. Duele más descubrir las debilidades de una leyenda que las flaquezas morales de un plutócrata como Jean-Jacques Augier, tesorero de la campaña electoral de Hollande, que regatea a la hacienda francesa con una sociedad en un paraíso fiscal. Y lo de Augier duele mucho a sus compatriotas.

En el caso español, la crisis de identidad obedece en no menor medida al “respeto reverencial” que ha hecho de la monarquía “un jarrón chino en lugar de vigorizarla como algunos pretendían”, tal como ha escrito Albert Sáez esta semana. Averiguar, además, si la crisis se debe a la sensación de orfandad de unos ciudadanos turbados por las flaquezas de la familia real, a la torpeza del entorno de la Zarzuela, a una idea trasnochada de la monarquía o a un poco de cada cosa importa menos que la crisis misma. Porque si en los regímenes republicanos en situaciones extremas se habla de cambiar a los gobernantes mediante el concurso de las urnas, en las monarquías en parecidos trances se incorpora al relato el fantasma de la abdicación y, en última instancia, el de la quiebra de la institución. Incluso en Televisión Española, canal 24 Horas, de una prudencia ilimitada cuando de la Corona se trata, se barajó la noche del miércoles como hipótesis no descartable la convocatoria en un futuro indeterminado de una consulta para decidir entre monarquía y república.

Diríase que es ilusorio pensar que se puede vivir siempre de las rentas de la historia y que, por el contrario, el peso de la historia desgasta a los actores si encadenan errores y decepcionan al patio de butacas que les observa. La web de referencia en el Reino Unido politics.co.uk subraya el poco interés que despierta el papel político de la monarquía e insiste, en cambio, en el debate permanente referido al coste de la institución, al régimen fiscal del que disfruta y a la desigualdad entre la tributación de las rentas reales y las de los demás contribuyentes. Aun así, la reina se mantiene por encima de la crítica, pero antes hubo de cambiar el paso y acercar su comportamiento al de los demás mortales para superar sin daños mayores su annus horrobilis.

“¿Por qué los más afortunados en el seno de nuestras sociedades quieren escapar a los impuestos –se pregunta el economista Paul Jorion a propósito de Cahuzac– y por qué han considerado hasta muy recientemente que evitarlos es un pecado venial en el que se complace la gente de la alta sociedad? Porque su sentimiento era que las sumas que les reclaman sirven para una redistribución de la riqueza en la que son los donantes y no los beneficiarios”. ¿Por qué es posible que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación descubra que 130.000 fortunas guardan el dinero en el calcetín de los paraísos fiscales y ninguno de los interesados se siente avergonzado? La respuesta seguramente se asemeja mucho a la dada por Jorion a la pregunta anterior. ¿Por qué hay quien puede llegar a la conclusión de que se encuentra por encima o al margen del cumplimiento de la ley por el simple hecho de ser quién es? Vale otra vez una respuesta parecida a la de Jorion.

¿Puede encontrarse la puerta de salida del laberinto de un annus horribilis como el de la familia real con reglas del juego que se alejan de las corrientes de opinión dominantes? No, con toda seguridad: la igualdad de los ciudadanos constituye un bien cívico irrenunciable en las sociedades democráticas; es un pilar de la decencia. En asuntos como el caso Nóos, donde la relevancia social de los implicados forma parte de la causa, no valen los juegos de manos porque, a poco que el prestidigitador no ande listo, el truco queda enseguida al descubierto aunque se presente envuelto en la jerga abstrusa del papeleo judicial. Y de esta forma todo se vuelve aún más horriblemente intratable de lo que era de prever.