Pasaje a Tangentópolis

Tangente. Palabra italiana que se aplica a la propina o soborno percibido por un político a cambio de favores.

Tangentópolis. Nombre con el que se conoce las redes de corrupción política puestas al descubierto por los tribunales de Italia en los años 90.

 

Salvo que alguien esté en condiciones de demostrar que una mano negra ha colocado el plato de porquería delante del ventilador para que salpique a todo el mundo, la multiplicación de casos de corrupción en España nos conduce directamente a una crisis del Estado y de los valores democráticos. Es insoportable la pestilencia que emana de los basureros y no hay teoría conspirativa de la historia capaz de desviar la atención acerca del hecho cierto de que los partidos –al menos, muchos de ellos– en todos los peldaños del poder se deslizan por la pendiente de la deslegitimación. La sospecha generalizada se ha adueñado del argumento de la tragedia, y no hay forma de dejar a salvo a los inocentes si antes no se produce la condena de los culpables; no hay manera de que el deshonor quede acotado a los tramposos si los partidos no actúan con diligencia, limpian la casa de parásitos y se dejan de circunloquios para salvar los muebles.

Es profundamente reaccionario sostener que todos los políticos son iguales –como asegurar que todas las mujeres son iguales, que todos los hombres son iguales, que todos los empresarios son iguales, y así sucesivamente–, porque niega la originalidad genuinamente única de cada individuo, pero una de las consecuencias inmediatas en un ambiente dominado por la sospecha universal es que justamente los pareceres más reaccionarios son los que finalmente se adueñan de la opinión pública y la manipulan a su antojo. Desde luego, no todos los políticos son iguales, pero hace falta saber hasta el último apellido de cuantos deshonran al colectivo en el Gobierno, los partidos, los sindicatos, los ayuntamientos, las comunidades autónomas y cualquier otra instancia de poder en la que quepan el latrocinio, la comisión, el favor, el escándalo, la doble contabilidad con su correspondiente doble moral: la ejemplar, que forma parte de la propaganda y la labor de los agitprop; la de situación, que se extiende como una epidemia en los salones del poder y aledaños.

Innerarity

Daniel Innerarity vaticina que en un mundo sin política “perderían la representación de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tienen otro medio de hacerse valer”.

Daniel Innerarity ha escrito esta semana en El País: “En un mundo sin política nos ahorraríamos algunos sueldos y algunos espectáculos bochornosos, pero perderían la representación de sus intereses y sus aspiraciones de igualdad quienes no tienen otro medio de hacerse valer”.  Un mundo sin política sería profundamente injusto, arbitrario y asimétrico porque, como dice el articulista, la política es el único salvoconducto del ciudadano medio hacia un orden social equitativo, garantizado por las leyes, la neutralidad del Estado y la honradez de los gobernantes. Lo que ocurre es que la misma sociedad necesitada de la política y de los políticos, reniega de estos cuando los bochornos se repiten con frecuencia diaria, cuando quienes un día prometieron dimitir si les alcanzaba algún escándalo, se niegan a hacerlo cuando les ha alcanzado, cuando no hay forma de saber dónde acaba la verdad y empiezan las maniobras de intoxicación, cuando los partidos se cierran como las valvas de un molusco para evitar el escrutinio público, cuando los tribunales son tan parsimoniosamente lentos que dejan de cumplir con uno de los requisitos básicos: que la justicia se administre de la forma más rápida posible. Y así resulta que se contabilizan en España más de 400 políticos imputados, pero muchos de ellos siguen en sus puestos, otros hibernan en una especie de limbo condescendiente con los pecadores y solo unos pocos han sido condenados, y penan por ello, o han sido exonerados de toda culpa.

En Italia saben bastante de todo esto. A principios de los años 90, la primera república reventó por las costuras y a aquel régimen construido a la medida de las miserias de la guerra fría, las exigencias de la Mafia y la necesidad de levantar la economía a toda prisa para neutralizar el ascenso de la izquierda y los sindicatos se lo llevó la riada provocada por los jueces y fiscales reunidos en lo que se denominó Mani Pulite –nada que ver con el nombre del minisindicato de extrema derecha Manos Limpias que acude con frecuencia a los juzgados de guardia–, el Estado zozobró, en plena tempestad dejaron de existir la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, un primer ministro, Bettino Craxi, se exilió en Túnez, donde murió en el 2000, y, en medio de todo aquello, un financiero bajo sospecha fijó la agenda política de los siguientes 20 años, desde el Gobierno o desde la oposición. Así empezó el reinado de Silvio Berlusconi, durante la digestión de Tangentópolis y el alumbramiento de la segunda república; así fue como un populismo zafio se impuso a las grandes corrientes ideológicas de la posguerra. Y así es como hoy el berlusconismo es capaz de meter en la campaña de unas elecciones cruciales (24 y 25 de febrero) el fichaje de Mario Balotelli por el Milan, propiedad de Il Cavaliere, como una variable que puede elevar hasta dos puntos la intención de voto del Pueblo de la Libertad.

Paolo Flores

Paolo Flores d’Arcais: “Ahora ya está claro para todo el mundo que Berlusconi y su partido (como, por lo demás, la Liga Norte, una vez más aliada suya) nada tienen que ver con la democracia”.

El comportamiento observado en Italia se asemeja mucho al que parece imponerse aquí; la lógica de Tangentópolis también era muy parecida a las tramas de corrupción, comisiones, intercambio de favores, financiación irregular de los partidos y fuentes de ingresos inconfesables. La infección en Italia dañó la espina dorsal del Estado y el relato de los acontecimientos en España va por el mismo camino. En vez de hacer limpieza, se intenta limitar los daños y, mientras tanto, la opinión pública asiste atónita a la multiplicación de explicaciones que a nadie convencen, sino que, por el contrario, abonan la desconfianza y la sospecha y, de paso, inducen a algunos a buscar soluciones milagrosas, caldo de cultivo del populismo. Por eso Berlusconi se atreve a decir que “Mussolini hizo cosas buenas”, porque no afecta a sus expectativas electorales.

“Ahora ya está claro para todo el mundo que Berlusconi y su partido (como, por lo demás, la Liga Norte, una vez más aliada suya) nada tienen que ver con la  democracia, ni tan siquiera en su acepción de derechas, sino que constituyen, por el contrario, la versión italiana del lepenismo (o del putinismo, si se prefiere): la agresión populista, alimentada incluso de racismo, y si es necesario de clericalismo, contra la constitución republicana”,  afirma el filósofo italiano Paolo Flores d’Arcais. Pero antes el Estado se vio sometido a la demagogia y al escándalo, al desprestigio y a la burla, sin que Italia pudiera evitar en buenas condiciones una sola de las epidemias desencadenadas por la crisis económica. Por el contrario, la política proyectó sobre la sociedad la sombra de un individualismo recalcitrante, obsceno, y el Gobierno dejó de tutelar los valores y principios de la democracia que Norberto Bobbio incluyó en su día en El futuro de la democracia.

¿Cómo es posible salir con daños asumibles de un laberinto así? María Dolores de Cospedal se queda corta cuando se remite a “que cada palo aguante su vela”. Se queda muy corta porque, en realidad, debiera haber dicho “que cada partido, institución o similar aguante su vela”. Porque no es un problema de individuos que campan por sus respetos: la corrupción se difunde a la velocidad de la luz cuando, como es el caso, dispone de redes complejas gestionadas por desaprensivos que, en los casos menos graves, buscan recursos donde sea para financiar al partido y, en los más sonrojantes, buscan la forma de llenarse los bolsillos. Cuando coinciden ambos objetivos, el índice de podredumbre crece en progresión geométrica. Si a ellos se suma la utilización oportunista de una institución a la que la Constitución confiere una naturaleza excepcional –la Corona–, se pasa en un suspiro de la sorpresa y el desagrado al vértigo.

Cacciari

Massimo Cacciari: “La discusión no ha de versar solo sobre quién va a ganar, sino sobre los peligros que amenazan al sistema”.

Del caso Palau al caso Bárcenas, del caso Pallarols al caso Mulas, del caso Gürtel a la operación Clotilde, del embargo preventivo de la sede de CDC al caso de los ERE en Andalucía, del caso Urdangarín al caso Matas, del caso… Demasiados casos para no recordar estas palabras de Massimo Cacciari, otro brillante pensador italiano, pronunciadas en 2001, durante la campaña de las legislativas de aquel año: “La discusión no ha de versar solo sobre quién va a ganar, sino sobre los peligros que amenazan al sistema”. El mayor de todos ellos es que finalmente se produzca un pacto implícito en el seno del establishment político que arrincone el imperativo categórico kantiano y ponga en su lugar un relativismo moral destinado a justificar las peores lacras del sistema. Agravado en el caso español por las debilidades estructurales puestas de manifiesto por la crisis económica y la tensión centro-periferia concretada en el soberanismo de una parte del arco parlamentario catalán.

Este agravamiento pesa tanto en la conciencia colectiva de la sociedad española, enfrentada a la peor crisis moral de los tres últimos decenios, como en la imagen exterior que proyecta, empeorada por el silencio de Mariano Rajoy. No es ni mucho menos episódico que la portada de la edición digital del Financial Times del jueves colocara en lo alto la información publicada aquel mismo día por El País. Fácil es concluir que las grandes preguntas subyacentes estaban meridianamente claras: ¿se puede confiar en un Gobierno bajo sospecha obligado a tomar cada día decisiones impopulares?, ¿cuál es la solvencia de unos gobernantes que pueden sentirse tentados a rebajar la tensión interior mediante la relajación de la austeridad?, ¿qué sorpresas nos aguardan?, ¿qué fuerzas políticas pueden sacar partido del escándalo que zarandea al PP? No hace falta decir que el altavoz de la City no es precisamente un entusiasta de la unión política de Europa y desconfía por principio del sur, pero, aun así, no le faltan razones al periódico para abrir interrogantes llenos de sentido común, compartidos por el resto de las grandes cabeceras de la aldea global. En este caso no vale decir que “el infierno son los otros” (el sufrimiento viene de fuera), como se afirma en el famoso pasaje de A puerta cerrada, de Jean-Paul Sartre.

Tom Wicker

Tom Wicker retrató a Richard Nixon como alguien que ascendió mediante la mentira y la teatralidad pública.

El periodista Tom Wicker publicó en 1991 Uno de los nuestros: Richard Nixon y el sueño americano, un libro donde, según Carlos Fuentes en su ensayo póstumo Personas, se retrata al presidente como alguien que “no era extraño al bien y al mal –la ética– de Estados Unidos, sino un hombre eternamente insatisfecho que ascendió mediante la mentira y la teatralidad pública”, y que “involucró a la nación entera en el caso Watergate”. Esa es quizá la peor consecuencia de la corrupción, real o presunta: que al multiplicarse y extenderse lleva a todo el mundo a compartir la sensación de que vive en un lodazal, de que forma parte de una estructura política moralmente indefendible en la que solo tiene sentido preocuparse de las necesidades e intereses de uno mismo y olvidarse de la comunidad. Ese es el riesgo que se corre aquí y ahora en esa ceremonia de la confusión y de las medias verdades donde no solo está en juego el prestigio de algunas personas, sino el del entramado institucional sobre el que descansan la democracia como sistema y la solidaridad como compromiso moral.

 

 

 

Legitimidad en discusión

La portada del jueves de EL PERIÓDICO era suficientemente expresiva de la distancia entre el programa electoral del PP y la praxis política del Gobierno para considerarla un elemento más de discusión incorporado al debate que se ha abierto en Europa sobre la legitimidad moral de los gobernantes para tomar según qué medidas en según qué circunstancias. Solo aquellos que se den por satisfechos con la tesis de Max Weber sobre la legitimidad, según la cual esta se fundamenta en el ejercicio del poder conforme a las leyes, pueden sostener que no caben dudas ni discusiones. En cambio, cuantos dan por bueno el punto de vista del filósofo italiano Norberto Bobbio sobre la materia sienten que ha llegado el momento de poner en duda algunos supuestos. De acuerdo con Bobbio, “cuando el poder está en crisis, porque su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad, entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica”.

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio (Turín, 1909-2004): "El Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes". ('Diccionario de política')

¿En esas estamos? Juan Alberto Belloch (PSOE), alcalde de Zaragoza, sostiene que “la mayoría absoluta del PP descansa sobre un vacío de legitimidad”, toda vez que “ni uno solo de los programas del PP se está realizando”. Incluso si se admite que la opinión de Belloch obedece a una decantación política evidente, debe aceptarse que manifiesta una opinión ampliamente extendida y que constituye el meollo del asunto: ¿acaso una victoria electoral, con mayoría absoluta o sin ella, otorga un cheque en blanco para actuar en dirección absolutamente contraria a lo prometido? Y, si no es así o, aun peor, si los redactores del programa eran conscientes de que no se podía aplicar y armaron un artificio político con un objetivo meramente electoral, ¿se produce una quiebra de la legitimidad democrática, aunque, como en el caso español, la elección fuera escrupulosamente limpia y los procedimientos seguidos para aprobar los recortes se atengan rigurosamente a la ley?

La discusión trasciende con mucho el hachazo dictado por la tecnocracia germano-bruselense y los mercados, y aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, porque la misma pregunta se formula en muchos lugares, salvo en los foros poseídos por el fundamentalismo contable neoliberal o por aquellos que creen a pies juntillas que no hay posible alternativa viable al recetario de la cancillera Angela Merkel, salvo el precipicio de la quiebra financiera del Estado. Se lo pregunta la comunidad académica en Italia, a pesar de que Mario Monti ha obtenido un apoyo bastante multicolor en el Parlamento; se lo preguntan en Grecia, donde la gran coalición se ha puesto manos a la obra a pesar de que el país se precipita por el pozo de la miseria. Se lo preguntan, en suma, cuantos creen que Europa ha tomado el peor de todos los caminos posibles y arriesga degradar la preservación de la democracia representativa como sistema político.

El pensador alemán Jürgen Habermas expresó claramente sus temores en los mejores días del dúo Merkozy: “Si no me equivoco, intentan consolidar el federalismo ejecutivo implícito en el Tratado de Lisboa en un control intergubernamental del Consejo Europeo contrario al tratado. Con un régimen así sería posible transferir los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales sin ninguna legitimación democrática”. Algo de eso sospechamos en España, aunque Nicolas Sarkozy haya perdido la presidencia de Francia. Hay tal asimetría en el impacto social de las medidas aprobadas por el Gobierno, que en la práctica institucionalizan la pobreza entre millones de personas y, por esta razón, hacen dudar legítimamente –esta vez sí– de que cuentan con un apoyo social razonable, ya que carecen de la coartada del anuncio previo en la campaña electoral, durante la cual los propagandistas de la derecha se dedicaron a prometer todo lo que después no han podido cumplir.

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929): "Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han llegado a un acuerdo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés, que tiene un contenido totalmente distinto".

Habermas se refiere a una “Europa posdemocrática” o “vía posdemocrática” en cuyo seno la traducción de la democracia en medidas concretas depende de factores externos a los programas de los partidos y al propósito de los gobiernos. En esa realidad posdemocrática, las instituciones reducen su función a la configuración de una mayoría dispuesta a poner en práctica las medidas estipuladas por terceros, carentes de representación democrática y subordinados a intereses externos al Estado, a sus necesidades y a las de los ciudadanos, pero dotados de un mecanismo de presión inapelable: un sistema financiero globalizado, opaco y fuera de control.

“Un Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes”, dejó escrito Bobbio en el Diccionario de política. ¿Se da este “consenso manifestado libremente” en la aplicación del hachazo o es fruto de un cambio de rumbo sobre la marcha, algo así como cambiar las reglas del juego una vez empezada la partida? ¿Se ha fijado el Gobierno español algún imperativo categórico moral o el imperativo presupuestario es el único que cuenta? Si es así, ¿se da por satisfecho el Gobierno con constituirse en una entidad meramente caritativa mientras el Estado social y democrático de derecho, que figura definido en la Constitución, se desdibuja y los impuestos se convierten en un mecanismo de redistribución de la pobreza?

El profesor Javier Sádaba afirmó el 16 de julio en Onda Cero: “La legitimidad democrática es inseparable de la moral”. Y fue aún más allá: “Cuando alguien ha prometido en un programa algo, ha hecho un pacto con los electores y, si no lo cumple, eso desde luego es inmoral y está perdiendo legitimidad (…) No vale decir no me gusta, pero lo hago”. Incluso es posible admitir que no todo lo prometido se puede cumplir; en cambio es bastante menos admisible hacer justo lo contrario de lo que se prometió. Visto así existe desde luego alguna forma de imperativo categórico, que en el caso que nos ocupa ha saltado por los aires; visto así no es posible aplicar sistemáticamente una moral de situación ajena a todo compromiso cuyas consecuencias recaen en el segmento más indefenso y dañado de la población. Visto de esta forma no estrictamente instrumental o formalista, la legalidad de los procedimientos se antoja claramente insuficiente para legitimar las decisiones que se adoptan de igual forma a como la aplicación irreprochable y textual del derecho se aleja muchas veces de la justicia (valga para comprobarlo la epidemia de desahucios).

Los gobiernos europeos, en general, se han mantenido al margen de este tipo de digresiones, y el español no es una excepción. Salvo la actitud del presidente de Francia, François Hollande, cuya estación de llegada no se vislumbra, los demás gobernantes han optado por la funcionalidad –puede que eficacia– de las decisiones que adoptan, y han obviado una cuestión capital, planteada por pensadores y politólogos a raíz de la crisis y del desmantelamiento del Estado del bienestar, siempre negado y tozudamente evidente: ¿cómo es posible lograr el equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad? El profesor Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco, plantea el problema de una forma por demás transparente: “La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de legitimidad y aceptación”.

Daniel Innerarity

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959): "¿Cómo se justifican demcráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de austeridad presupuestaria?"

La despolitización a la que alude Innerarity es la más preocupante de todas porque es extremadamente política. La paradoja obedece al hecho de que el funcionamiento de la economía globalizada, de las tecnofinanzas y de la especulación financiera escapa al control y reglamentación de la política institucionalizada, pero constituye una superestructura con una ideología concreta que persigue reducir el Estado a su más mínima expresión y desviar a la iniciativa privada el grueso de la gestión de los servicios distintivos del Estado del bienestar. Todo ello aliñado con la correspondiente prédica referida a la ineficacia del Estado como prestatario de servicios, aunque la realidad desmienta por completo tal aseveración, caso de la sanidad pública en España, por poner solo un ejemplo.

La pregunta que se formula Innerarity es tan sutil como perturbadora: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?” Las referencias parlamentarias de la última semana parecen haber encorsetado el mensaje del Gobierno español entre la pura realidad contable y el recurso a la soberbia absolutista de Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”. Algo bastante diferente a la contención en las formas y el léxico de Mario Monti, mucho más a salvo de las críticas gracias a una rara mezcla de conocimientos técnicos y tradición humanista que se echa muy en falta en esta esquina de la UE. Cuando suena en el Congreso la voz de la vulgaridad más abyecta –“que se jodan”–, es casi un sarcasmo contentarse con afirmar que manca finezza (la del profesor Monti). Vuelva pues la inquietante pregunta: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?”

Es de desear que la haya y que, a pesar de todos los pesares, alguien piense en algún momento que no se puede echar por la borda la inquietud social que ha impregnado la política española desde la restauración democrática. Esa inquietud es un ingrediente más, y no menor, de la legitimación del poder, pero también es el único agarradero al alcance de los más vulnerables, porque su vida cotidiana depende de preservar el cumplimiento de las leyes que los protegen –el Estado del bienestar– y de la compasión de los poderosos y de quienes gobiernan, que no siempre coinciden en las mismas personas. Si alguien duda de que es este un imperativo categórico legitimador, que se remita al artículo publicado el último domingo por el profesor Reyes Mate y anote en un cuaderno: “Eso que unos autosuficientes ministros presentan como ‘valientes medidas que hay que tomar y que este Gobierno tomará’ (la vicepresidenta Soraya dixit) significa de hecho humillación para padres sin trabajo ante sus hijos, miseria en la familia, enfermedad para muchos, hambre en algunos casos, angustia, renuncia a proyectos de vida…”. ¿Alguien es capaz de ponerlo en duda sin recurrir al cinismo?