Tiro por la culata de Theresa May

Si cabe asociar victoria a amargura, en pocos casos es tan palpable como en el resultado obtenido por el Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unido, en la trampa para elefantes en la que ha caído Theresa May. En idéntico sentido, puede calificarse de dulce derrota el resultado cosechado por el Partido Laborista y la consolidación de Jeremy Corbyn, un líder denostado dentro y fuera de su partido de forma particularmente sañuda que, sin embargo, ha sabido sacar el mayor beneficio imaginable a la errática campaña conservadora, a la atonía de May, al impacto emocional de los atentados de Manchester y Londres y a la confusión alimentada por la negociación del Brexit, que debe empezar el día 19. Aspiraba la primera ministra a obtener una mayoría reforzada y lo que ha logrado es una “pérdida humillante de la mayoría” (The Times).

El desastre en escaños no es mayor para los conservadores porque el sistema británico –distritos unipersonales y elección a una vuelta– facilita que con un resultado del 42% para los tories y del 40% para el laborismo, la diferencia sea de 318 a 261 diputados. Pero más allá de este dato, lo realmente relevante es que Corbyn ha quedado a menos de un punto del porcentaje logrado por Tony Blair en 2001 (413 escaños). Nadie puede llamar exagerado a Owen Jones, del diario progresista The Guardian, cuando tira de ironía y llama a May “el peor primer ministro desde David Cameron”, su antecesor en Downing Street, que metió al Reino Unido en el galimatías del Brexit el año pasado mediante un referéndum que pudo haberse ahorrado a poco que hubiese sabido domeñar a los eurófobos del Partido Conservador. Como suele suceder a quienes se personan en las urnas para disponer de una mayoría excepcional –Artur Mas, un antecedente de aquí en 2012–, acaban con una minoría comprometedora que obliga a pactos forzados, cuando no indeseados, para cortar la hemorragia del tiro en el pie.

El recurso a los unionistas de Irlanda del Norte (10 escaños) para alcanzar la mayoría necesaria en el Parlamento –hung parliament, Parlamento colgado, de momento– debe entenderse como un juego de manos forzado por las circunstancias y discutido desde ahora mismo por personalidades conservadores como el excanciller del Exchequer, George Osborne, que entiende que la alianza crea “una situación insostenible”. Inestable, debe añadirse, porque la alianza debilita la de por sí debilitada figura de May, deja en el alero el enfoque del Brexit y aplaza la revisión de las políticas de seguridad, cuya ineficacia ha puesto en evidencia el último atentado de Londres. Dice Osborne que los conservadores retienen los despachos, pero no el poder, y no son pocas las personalidades del partido que, como él, temen que las decisiones que corresponden a Londres se tomen ahora en Belfast con demasiada frecuencia.

Se trate o no de una exageración interesada, lo cierto es que esta posible mayoría está lejos de poder garantizar “un buen Brexit”, como decía la primera ministra durante la campaña y que debía entenderse como un hard –duro– Brexit , al estilo del barruntado por el UKIP, el partido eurófobo por antonomasia, que se ha quedado sin representación en los Comunes. Pero tampoco da oportunidades a los posibilistas del Brexit: ya que inevitable, que sea al menos blando, que permita mantener los lazos del Reino Unido con el mercado único y con la unión aduanera. Puede, incluso, que tengan una oportunidad quienes ven en este Parlamento sin mayoría la ocasión de detener el proceso y regresar a la casilla de salida para conjurar el despropósito –¿otras elecciones, otro referéndum?–, como lamentaba Nigel Farage, ideólogo de la eurofobia, la madrugada del viernes.

¿Cambiaría mucho las cosas que Theresa May hubiese presentado la dimisión habida cuenta del fracaso personal cosechado? Probablemente, no demasiado, salvo que su sucesor formara un Gobierno de gestión, aletargara el Brexit y convocara otras elecciones para, esta vez sí, aclarar qué desean realmente los votantes. Una salida a la española considerada entre otros por John Carlin, cuyo diagnóstico de lo que aguarda a los británicos con la salida de la UE es rotundo y sin medias tintas: “El futuro del Reino Unido fuera de Europa es pobre, irrelevante y oscuro”. Pero ¿cambiaría algo los datos del problema si quien sustituyera a May fuese alguien como Boris Johnson, una mezcla extravagante de erudición y patanería?

En ningún caso sería verosímil la formación del Gobierno fuerte y estable que publicitaba el eslogan de campaña de los conservadores porque todos los análisis coinciden en que el tiro por la culata de la primera ministra ha dividido más al partido, alientan en él más que nunca dos puntos de partida históricamente incompatibles desde que Edward Heath sumo el Reino Unido a la UE: el de quienes estiman prioritario el vínculo europeo y el de aquellos que creen todavía que los atributos de soberanía son innegociables y a los británicos siempre les ha ido mejor inmiscuirse en los asuntos continentales desde la distancia. Y este clima de división queda muy lejos del periodo de estabilidad reclamado por May como condición primera para abordar ordenadamente el futuro. Tan lejos queda, quizá, que la deseada estabilidad no deja de ser una quimera (The Independent).

En esta atmósfera de inesperada densidad el peso de los atentados en el comportamiento de los electores tiene menos importancia que descifrar si el Brexit sigue siendo un deseo mayoritario. Porque incluso en el caso probable de que una parte de los votantes haya optado por castigar a May a raíz del doble zarpazo yihadista de los últimos días, las sutilezas y efectividad de la lucha antiterrorista escapan a la opinión pública mucho más que las incógnitas sin despejar de la desconexión de la UE. En última instancia, está muy extendida la convicción de que la seguridad absoluta no existe y siempre es posible que los iluminados de la bomba hallen un resquicio para consumar sus fechorías y, al mismo tiempo, está también muy extendida la idea de que quedarse o no en la UE depende en exclusiva de decisiones políticas perfectamente controlables. Como ha escrito Andrew Grice en The Independent, acaso los partidarios de quedarse en la Unión Europea y los jóvenes que no se molestaron en ir a votar en el referéndum del año pasado tendrán ahora la ocasión de tomarse la revancha, siquiera sea porque el jueves el hard Brexit pasó a mejor vida… Salvo sorpresas nada desdeñables en esa ceremonia de la confusión.

 

 

Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Un desafío llamado ‘Brexit’

Basta leer el artículo del diputado conservador David Davis recogido por la edición británica de The Huffington Post para comprender la arremetida de los euroescépticos de las islas y adláteres al divulgarse la propuesta transmitida a David Cameron por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Y es suficiente porque en él aparecen recogidos los puntos de partida que orientan desde siempre a quienes consideran que la Unión Europea pretende imponer al Reino Unido un modelo que lesiona los atributos de soberanía de la nación más allá de toda medida, lastra su economía y la somete a los dictados de la Eurozona, al enfoque político del núcleo franco-alemán y a las servidumbres de un modelo en crisis. Entre Nigel Farage, el altisonante líder del United Kingdom Independence Party (UKIP) y la prosa de David Davis la mayor diferencia es el tono; en el fondo, sus mensajes son muy semejantes.

Habría que empezar por preguntarse si alguna vez se sintieron los conservadores británicos a gusto con el paso dado en su día por Edward Heath o si, a las primeras señales de politización de la empresa europea, la sensación de incomodidad se adueñó de ellos y empezaron los gestos desaprobatorios, el deseo de corregir el rumbo o modificar la vinculación con los socios mediante un trato excepcional, cortado a su medida, con mucho libre cambio y pocos compromisos políticos. Habría que empezar por ahí para entender en toda su hondura diagnósticos como el de Davis: “En 1975, la UE era el futuro brillante, una visión de un mundo mejor. Ahora es una reliquia en ruinas de un pasado sombrío. Hay que levantar la mirada al resto del mundo”.

¿Por qué es precisa tal operación? Porque para los euroescépticos cobijados en el UKIP, sentados en la Cámara de los Comunes –conservadores y laboristas, empezando por su líder, Jeremy Corbyn– y que se agitan en la prensa todos los días, mirar al resto del mundo significa más desregulación, menos política y más mercado; más fronteras para gestionar los flujos migratorios y menos derechos adquiridos para los no británicos de cuna; más libra y menos obligaciones y condicionantes a causa del euro; más soberanía nacional y menos cesiones de soberanía.

A ojos de cuantos se han movilizado para exigir más concesiones a la UE bajo la amenaza de promover el Brexit en el referéndum que Cameron se ha comprometido a celebrar, la UE es hoy, por exceso de reglas, menos democrática, menos competitiva y más disfuncional, lo que la ha condenado al declive, castigada por el lento crecimiento, el desempleo alto y una influencia menguante. Nada dicen los euroescépticos de la necesidad de poner a salvo el Estado del bienestar, aunque pudiera deducirse de sus ideas que creen poder ir tras ello evitando la institucionalización política de la UE, pero la realidad constatada es que allí donde se manifiestan las inquietudes sociales, el programa euroescéptico pasa de puntillas. En cambio, se extienden en recriminaciones a las obligaciones impuestas por la UE, más o menos como hace Cameron cuando critica el proteccionismo social comunitario, muy menguado por la crisis económica y la austeridad, pero aún en vigor.

La llegada a Europa de más de un millón de refugiados durante el 2015 ha exacerbado la movilización con voces tan potentes como la de Rupert Murdoch, que ha puesto sus cabeceras a disposición del Brexit o de un cambio sustancial, profundo, que puede dejar irreconocible a la UE. Los editoriales de The Times, el buque insignia de Murdoch, proponen poco menos que una mutación genética de la UE para que, siquiera sea en el caso británico, acepte ser algo así como un club que admite socios a la carta: Londres pone las reglas y Bruselas las da por buenas. Llevado a la práctica: aquello que se decida para el caso de los refugiados o para preservar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios no será efectivo en el Reino Unido.

El analista Matthew d’Ancona en The Guardian ha escrito que las instituciones europeas tal como funcionan en la actualidad “están fallando frente a la movilidad de la población del siglo XXI”. Tan cierto como que la forma de afrontar el desafío por el primer ministro permite vislumbrar un futuro con tres categorías de ciudadanos: de primera, los británicos y los comunitarios con más de cuatro años de residencia; de segunda, los comunitarios con menos de cuatro años de residencia; y de tercera, los refugiados, si es que queda abierto algún resquicio en la frontera después de denostar el tratado de Schengen, del que el Reino Unido no forma parte.

Nadie duda de que Cameron quiere seguir en la UE, entre otras razones de peso porque la City lo desea fervientemente, aunque sus portavoces se manifiesten en términos muy contenidos. Pero el de Cameron es un deseo de quedarse lleno de condiciones para frenar la dinámica de los euroescépticos –un tercio de los diputados conservadores y al menos cinco ministros lo son– y convocar el referéndum con suficientes garantías para alcanzar la victoria, y, al mismo tiempo, para sentar un precedente que sirva para poner freno y aun marcha atrás a la construcción política de Europa. Y aun así, los euroescépticos no se dan por satisfechos porque, según creen adivinar, nada de cuanto Tusk ha ofrecido al primer ministro altera sustancialmente el engranaje institucional y normativo de la UE, como recoge el semanario conservador The Spectator en un artículo significativamente titulado Todo les ha salido bien a los euroescépticos. Entonces ¿por qué están en crisis?

La respuesta está en el comentario de George Eaton en New Statesman, el viejo semanario de centroizquierda: no hay forma de que los euroescépticos lleguen a un acuerdo sobre cómo sería la vida al día siguiente del Brexit. Dicho de otra forma: ¿es factible y viable el Brexit más de 40 años después del ingreso en la UE o es poco menos que un sueño nacionalista tardío, alejado de la realidad y el pragmatismo tan propios de la cultura anglosajona? En este punto, se acumulan las dudas, desfallecen las quimeras y se imponen las certidumbres, el hecho indiscutible de que la economía británica está indisolublemente unida a las ventajas y a las exigencias del mercado europeo, guste más o guste menos. Pocas dudas caben en cuanto a los efectos poco deseables que el Brexit tendría en la articulación de Europa, pero el día siguiente a la salida no sería menos dañino para el Reino Unido, para su influencia económica y para su cohesión política (el Brexit seguramente movilizaría al independentismo escocés, del todo europeísta).

¿Qué pesará más de aquí a junio, cuando se celebre el referéndum: el desapego de los euroescépticos o la determinación de los votantes de aferrarse a lo seguro; la nueva relación del Reino Unido con la UE o un particularismo caduco? En el imaginario colectivo británico tiene aún mucha fuerza la idea de que el viejo corcho se ha mantenido siempre a flote merced a su voluntad de quedar al margen de las disputas en el continente, pero en el seno de la economía global es cada día más difícil actuar en solitario. Y acaso esa característica de nuestros días es la que juega más en contra del euroescepticismo y más a favor del realismo de los votantes.

Reclamaciones de Cameron a la UE

Después de saberse el punto de partida de David Cameron para defender el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea vuelve a tener sentido la pregunta tantas veces formulada: ¿qué es menos deseable: la aceptación por la UE de las exigencias británicas o una UE sin los británicos? Y lo es porque el premier ha abierto la precampaña del referéndum del 2017 que deberá decidir la permanencia o no del Reino Unido en la UE presentando a Bruselas una serie de condiciones o modificaciones en las relaciones británico-comunitarias que interesan el acervo jurídico paneuropeo y, al mismo tiempo, desnaturalizan futuras etapas en la construcción política de Europa. Así sucede en los campos de la libre circulación de personas, de la relación de la economía de la libra con la del euro y en los atributos administrativos y de Gobierno de las instituciones europeas so pretexto de que las cesiones de soberanía deben acabarse.

La realidad es que Cameron se comprometió en su momento a convocar un referéndum que desea ganar, pero que, en parte por convicción propia y en parte por la presión del euroescepticismo histórico británico –más el posmoderno del UKIP–, ha de plantear como una disputa con la UE de la que salga vencedor con algunos triunfos para contrarrestar la brega de sus adversarios. “La jugada es enormemente arriesgada”, opina el profesor Christopher Tulloch, de la Universitat Pompeu Fabra, quizá porque el primer ministro cree equivocadamente que “puede manejar las cartas de la misma manera que las jugó en Escocia” con ocasión del referéndum independentista. Esta vez la historia va en contra de la propensión de Cameron a practicar las habilidades propias de un judoca, adiestrado para aprovechar la fuerza de sus contrincantes en beneficio propio.

A diferencia de John Major, que entendió que no podía condicionar permanentemente la política europea al toque británico, el conservadurismo que ganó con extraordinaria holgura las últimas elecciones legislativas entiende que es la hora de poner condiciones a la UE. El objetivo es preservar la unidad del partido, con un bloque de euroescépticos nada desdeñable –quizá más de cien diputados en la Cámara de los Comunes– y, de paso, dejar sin argumentos al correoso Nigel Farage, el líder del UKIP, tan propenso a la demagogia como imprevisible. No hay nada genuinamente nuevo en el programa de Farage, sino más bien una remisión al pasado, a aquella creencia muy extendida durante la era victoriana de que todo lo no británico era por lo menos sospechoso, se tratase de una manufactura o de un programa político, pero sigue teniendo aceptación y resonancia en la Inglaterra profunda, más alejada de Londres mentalmente que físicamente.

“En realidad, el referéndum será sobre nuestra identidad nacional”, ha escrito Rachel Sylvester en las páginas del muy conservador The Times. O, lo que es lo mismo, desde el conservadurismo histórico se ve la europeización de la política y la economía como una desnaturalización del toque británico. Como si, frente a la intromisión de los europeos, aún fuese posible publicar titulares como el que apareció en un periódico de Londres el 22 de octubre de 1957 a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha: Heavy fog in Channel. Continent cut off (Densa niebla en el Canal. El continente, aislado). Si en 1957 el titular podía entenderse como una boutade o una extravagancia ocurrente, hoy se consideraría un gesto de suficiencia injustificable a pesar del peso de la libra, de la influencia de la City y de la densidad histórica del vínculo atlántico por no decir hermandad atlántica (la sintonía de Londres con Washington).

El general Charles de Gaulle, tan conservador como nacionalista, astuto y culto, entendió con admirable anticipación cuál sería el papel del Reino Unido en el seno de la Europa unida esbozada en el tratado de Roma, y así se opuso con obstinación a su ingreso en lo que entonces se conocía como Mercado Común. Esa incomodidad manifiesta y permanente de atenerse a la política comunitaria, unida a la fidelidad británica a la política europea de Estados Unidos, fue adelantada por el general, y cada vez que ha surgido el desacuerdo o el desapego británico a los designios europeos se ha hecho memoria de los vaticinios gaullistas. El presente no es una excepción y el recuerdo del general no está de más.

“Si este es el modelo del primer ministro tory ofreciendo la paz para nuestro tiempo, preparémonos para la guerra civil”, afirma con fina ironía Rafael Behr en The Guardian, un periódico de tradición progresista y europeísta. En la carta de Cameron a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde se detallan los cambios que desea introducir en el estatus británico en la UE, el articulista adivina varias maniobras al mismo tiempo encaminadas a neutralizar a los antieuropeístas y euroescépticos de su propio partido y a desmovilizar a una parte del electorado del UKIP. En suma, en la pretensión de revisar la europeidad del Reino Unido ve Behr algo por demás repetido: desactivar el Brexit y los riesgos que conlleva. Claro que si Cameron no consigue acallar a los díscolos se expone a llegar al día del referéndum con la opinión pública dividida y, lo que sería aún peor, con el establishment conservador fragmentado y su liderazgo sometido a discusión.

En Bruselas está muy extendida la impresión de que la propuesta del primer ministro no tiene cabida en la ordenación de la UE, pero, en cambio, un semanario con tanta audiencia como The Economist se atreve a titular así uno de sus análisis: David Cameron está jugando bien una mala mano elegida por él mismo. El problema real es que, como se reconoce en el artículo, el primer ministro debe lograr un acuerdo que mantenga equilibrada la balanza entre quedarse e irse, y ese equilibrio topa de entrada con dos grandes obstáculos: la suspicacia de los europeístas continentales, que consideran incompatibles los tratados de la UE y las exigencias de Cameron y, al mismo tiempo, la convicción de los euroescépticos británicos de que ninguna alternativa es mejor que dejar la UE. Y si es posible que un retoque meramente cosméticos del estatus británico sea aceptable para el europeísmo militante, nunca lo será para los partidarios del repliegue a las islas o para quienes, más contenidos, transigen con permanecer en la UE si se deja de veleidades políticas –institucionalizar y reforzar la unión política– y se limita a ser una zona de libre cambio con mecanismos reguladores comunes.

El historiador Tony Judt dejó escrito en Posguerra: “Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto –que define dónde se encuentran un país o un pueblo– como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan con relación con los demás”. En el Reino Unido, en lo que cabe considerar cultura espontánea de muchos británicos, ese sentimiento de pertenencia europeo es difuso, cuando no, inexistente. Es difícil discernir si la crisis ha revitalizado o no tal sensación o estado de ánimo, pero los casi cuatro millones de votos logrados por el UKIP en las últimas elecciones certifica que sigue muy vivo y la apuesta de Cameron no está exenta de riesgos si la política de los sentimientos o la demagogia populista se imponen al realismo y la visión de futuro que guiaron los pasos de Edward Heath, conservador, al negociar la adhesión hace más de 40 años.

 

Reparto de refugiados en la UE

La solidaridad por cuotas a la que se ha referido el diario progresista francés Libération al dar cuenta de la propuesta elaborada por Bruselas para hacer frente al drama de los refugiados deja al descubierto, con un punto de maliciosa ironía, el enfoque que la Unión Europea da a un problema que la desborda, la incomoda y la divide, pero que debe encarar de forma ineludible para no abundar en la impresión de que han impuesto su criterio los partidarios de la Europa balneario, de la Europa fortaleza y de la Europa encerrada en sí misma. Los flujos migratorios irregulares, las guerras, la pobreza y la porfía de las mafias que trafican con seres humanos han llevado hasta las puertas de la prosperidad europea la realidad que se vive al otro del Mediterráneo, a unas pocas millas de nuestras costas, donde la única salida es huir y dejar atrás el pasado. Al mismo tiempo, la presión migratoria se ha transformado en un arma política rentable en las contiendas electorales de sociedades asustadas y envejecidas, que no entienden el futuro que vislumbran o que reciben mensajes manipulados con descaro por organizaciones políticas depositarias de toscos nacionalismos xenófobos: así UKIP en el Reino Unido (cuatro millones de votos en las elecciones legislativas del día 7), el Frente Nacional en Francia, la Liga Norte en Italia y otras etiquetas de parecido tenor.

Algo debe hacer Europa cuando el mar es, a la vez, tumba de muchos que no logran llegar a ella y autopista para muchos más que tocan tierra en Italia, Malta y Grecia. Algo debió haber hecho hace bastante tiempo Europa y no lo hizo, como reconoce implícitamente Martin Schulz, presidente del Parlamento Europeo: “Si cojo mis discursos de hace 20 años y les pongo fecha de hoy, podría mantenerlos perfectamente”. Algo más de lo hecho debió hacer Europa cuando las sucesivas crisis de las pateras y de los cayucos hicieron del estrecho de Gibraltar el pasadizo más utilizado para llegar a ella desde África, cuando Libia era un territorio poco menos que inaccesible para las mafias y no había guerra en Siria. Mucho quedó por hacer cuando los estados de la UE decidieron recortar la partida destinada a controlar el trasiego de seres humanos, y hoy vuelve a situarse el debate en el campo de los costes económicos y políticos del reparto de refugiados, así los llegados a la UE como los procedentes de terceros países, aunque todo se revista con giros del lenguaje que persiguen encubrir tal enfoque.

Cuando la vicepresidente del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, manifiesta que es prioritario llegar a acuerdos con los países de origen, elude el hecho de que algunos de estos países –Libia, Somalia– son pocos menos que un nombre en un mapa, sumergidos en un caos permanente donde el Estado se ha esfumado y el futuro está en manos de una variedad inabarcable de actores políticos, y otros –Siria es el ejemplo más notable– están sometidos a la arbitrariedad de gobernantes al margen de todas las convenciones políticas. El planteamiento de la vicepresidenta es quizá inatacable desde la lógica institucional –a España le tocaría el 9,1% de los refugiados si se aprueba el proyecto de la Comisión–, pero queda muy lejos de cualquier análisis de la realidad que se vive en los países de origen. Ni es posible comprometer a gobernante libio alguno en el control efectivo de las costas desde la que parten personas de todas partes de África hacia Europa ni hay nadie en Somalia preocupado en contener la diáspora en un país desquiciado. Ni hay noticia de que alguien en Eritrea intente retener a la población que huye de la miseria ni tampoco la hay en Etiopía, y aún menos en los países del Sahel, sometidos a la triple plaga del caudillismo, la intervención extranjera y la presión del yihadismo, por no hablar de la fuga permanente con destino al norte de ciudadanos procedentes de países subsaharianos.

Portada de ‘El Periódico’ deljueves, 14 de mayo.

La posición española y los argumentos esgrimidos por el Gobierno no son, por lo demás, excesivamente originales. Son, eso sí, bastante más contenidos que los del Reino Unido: la ministra del Interior, Theresa May, es simplemente partidaria de devolver a los inmigrantes a sus lugares de origen, un procedimiento alejado de toda inquietud humanitaria que ni siquiera se justifica con la contaminación por el UKIP de la política británica. Suponer a estas alturas, como hace el Gobierno de David Cameron, que la articulación de mecanismos de acogida tendrá un efecto llamada –“solo servirá para fomentar que la gente arriesgue sus vidas”, dice May– es soslayar adrede las causas de los flujos migratorios, eludir los datos esenciales del problema: no hace falta estimular el viaje a Europa con medidas como las propuestas por la Comisión Europea porque está ahí, inamovible, la necesidad de huir de según qué lugares en busca de seguridad y de futuro.

No es este un fenómeno nuevo, extraño y característico de nuestros días. Más bien todo lo contrario: forman parte de la historia de Europa los movimientos migratorios, en ocasiones de una intensidad superior a la del presente, con destino a América, y, en el siglo XX, son una constante los desplazamientos forzados de población a causa de las guerras (el exilio republicano español), de las persecuciones (las comunidades judías en Europa central y oriental) y de la ruina económica que siguió al final de la segunda guerra mundial. Esa cicatería de muchos estados es un ejercicio de negación de la propia historia de Europa, que si hoy es tierra de llegada de multitudes desposeídas antes lo fue de salida de generaciones condenadas a la nada; esa proclama dramatizada por Theresa May sobre el provecho que las mafias sacan de la inmigración irregular es poco más que una cortina de humo para que no se perciba que, lisa y llanamente, es partidaria de cerrar el acceso a la UE bajo siete llaves sean cuales sean las consecuencias que de ello se deriven.

En todo caso, el Reino Unido, Irlanda y Dinamarca, de acuerdo con el Tratado de Lisboa y la cláusula de exención que se incluyó en él, no se verán afectados por el eventual reparto de refugiados. Algo que plantea una vez más la viabilidad conceptual de una unión política que los conservadores británicos ven con desconfianza desde los tiempos de Margaret Thatcher, que los laboristas sobrellevan como un proyecto en el que se sienten incómodos y que una parte no determinada pero muy significativa de la opinión pública inglesa observa como una disolución de la identidad insular en el minestrone de nacionalidades del continente. Agravado todo con los nuevos flujos migratorios que presagian un cambio progresivo del perfil cultural de Europa, de su composición social y de su identidad colectiva, pues las antenas parabólicas y la sociedad digital garantizan a cuantos emigraron una relación afectiva en directo con sus lugares de origen.

La fotografía de portada de EL PERIÓDICO del jueves (españoles en el sur de Francia, 1939) es un buen recordatorio de qué significa ser refugiado, por encima incluso de la definición que figura en la convención aprobada por la ONU en 1951. Como ha dicho el papa Francisco, “emigrantes y refugiados no son peones sobre el tablero de la humanidad”, sometidos al juego de la conveniencia política, siempre cambiante. El refugiado es alguien desvalido, extremadamente vulnerable, perseguido o marginado por razones muy diversas que requiere la ayuda de alguien para salir del pozo. Que esa ayuda tiene un precio es indudable, que esa precio hay que pagarlo si queremos mirarnos al espejo sin vergüenza todos los días, también. Dejar a su suerte a quienes nada tienen, y alguien persigue u hostiga, es una forma extrema de egoísmo que lleva directamente a un peligroso relativismo moral.

Entre la UE y Escocia

La victoria sin paliativos del Partido Conservador en las elecciones celebradas el jueves en el Reino Unidos ha costado la carrera política a tres líderes –Ed Miliband (laborista), Nick Clegg (liberal demócrata) y Nigel Farage (eurófobo)–, ha dejado en bastante mal lugar a los institutos de opinión, que no detectaron el voto oculto partidario de la continuidad, y ha consagrado al Partido Nacionalista Escocés (SNP por sus siglas en inglés) como el depositario del poder hegemónico al norte de la frontera de Inglaterra. Dicho de otra forma, las elecciones legislativas han desmentido bastantes supuestos, en especial el agotamiento de la figura de David Cameron –excesivamente elitista para repetir mandato, según se decía–, el cansancio de un electorado que no percibe los efectos de la recuperación económica y el desafío ultranacionalista del UKIP. Del voto del jueves solo han salido vencedores Cameron y Nicola Sturgeon, la líder del SNP, que ha borrado del mapa a los laborista en Escocia, y con ello ha facilitado el aplastante triunfo del primer ministro, pero afianza su papel de referencia insoslayable del complejo dosier escocés.

Acaso la afirmación de Philip Collins en el conservador The Times de que “no se puede ganar desde la izquierda” sea excesivamente categórica, pero el resultado en el Reino Unido deben alertar a cuantos, a partir de las encuestas, están dispuestos a vender la piel del oso antes de cazarlo. Es tan cierto que el Reino Unido salió de la crisis antes que el resto de la Unión Europea, como que la reforma laboral puesta en marcha por Cameron lleva camino de consagrar la figura de los pobres con trabajo, debilitados los sindicatos de tal manera que apenas pueden presentarse ante la opinión pública como una herramienta para corregir las desigualdades. Pero, incluso así, muchos electores han preferido la continuidad de la prosperidad macroeconómica a las incertidumbres reales o supuestas vislumbradas detrás de tímidos programas de reforma social, defendidos, bien es cierto, por alguien tan poco dotado para enardecer a los electores como Ed Miliband, una especie de anticlímax del laborismo en palabras de un analista radiofónico.

Al mismo tiempo, Cameron ha transmitido a los votantes atraídos por el discurso de Farage la impresión de que ha situado al partido tory allí donde ellos desean que esté. “Los votantes del UKIP parecen tener a los tories donde les importaba, sea asustados por la posibilidad de poner accidentalmente a Ed Miliband en Downing Street o por la amenaza de Nicola Sturgeon”, según interpreta Gaby Hinsliff en el diario liberal The Guardian. Esto es, Cameron tuvo la habilidad de llevar a su terreno la permanencia futura del Reino Unido en la UE y desposeyó a Farage de sus señas de identidad; Farage jugó siempre en campo contrario –ni siquiera logró que le eligieran en South Tanet, donde se presentaba– y, como habían calculado los estrategas tories, acabó perdiendo. Dicho todo lo cual queda en el aire la gran pregunta: ¿alguien cree que Cameron se puede comprometer en el futuro con los euroescépticos furibundos y ponerse en contra el mundo de los negocios de la City, trasfondo económico del conservadurismo desde tiempo inmemorial?

Por lo demás, el referéndum del 2017 sobre la permanencia del Reino Unidos en la UE queda lo suficientemente lejos como para que desde ahora hasta entonces las variables que se manejen sean tan diferentes que lo dicho hoy carezca de valor político dentro de dos años. Por de pronto, la relación especial del Reino Unido con Estados Unidos ha perdido intensidad; para continuar, el grueso de las exportaciones británicas tiene como destino la zona del euro mientras que cada vez es menos importante la relación económica y afectiva con la Commonwealth; para terminar, el Tratado Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP por sus siglas en inglés), que ahora negocian Estados Unidos y la UE, cambiará para siempre las relaciones económicas entre las dos orillas del Atlántico y, quizá, deje a los eurófobos sin argumentos para defender la salida de la UE, sea cual sea la intensidad de la protesta social que seguramente desencadenará el acuerdo.

A cuanto viene dicho debe añadirse el éxito rutilante del SNP: 56 diputados sobre 59 posibles en Escocia. Porque el resultado ha conllevado la derrota aplastante de los laboristas, tradicionalmente mayoritarios allí donde desde la madrugada del viernes se han quedado con un solo diputado. Porque una parte de los electores ha preferido reforzar la figura de Cameron ante la eventualidad de un pacto para gobernar de laboristas y nacionalistas escoceses. Y porque, como ha publicado el Financial Times, altavoz de la City, la aparente desaparición laborista de Escocia “permite a los nacionalistas describir al primer ministro Cameron como alguien no legitimado al norte de la frontera”. “Puede que tenga que conceder cierta descentralización radical del poder a Escocia”, ha escrito Janan Ganesh, que sostiene que el Reino Unido se siente como “un país maduro para el federalismo, y tal vez otro referéndum sobre la secesión de Escocia sea cuestión de años”.

El nacionalismo escocés no será en los próximos años un actor político comprometido con ningún partido a escala británica y, por esta razón, tendrá las manos libres para afianzar su perfil social –una parte importante de la victoria se la debe a los votantes laboristas, seducidos por la independencia de criterio de Nicola Sturgeon– y, al mismo tiempo, mantener en pie su exigencia de más poder para Escocia, de momento dentro del Reino Unido. Que esa libertad de movimientos desemboque en la petición de un nuevo referéndum de independencia resulta impredecible, pero es más que posible que la eventual deslegitimación por el SNP de Cameron, con un solo diputado en Escocia, abra una crisis constitucional sin precedentes en el Reino Unido. Basta fijarse en el caso de España, donde las tensiones nacionalistas nunca han dejado al PP y al PSOE en una situación de representación apenas simbólica en Catalunya y el País Vasco, para comprender la debilidad extrema formal, que no legal, de los conservadores frente al nacionalismo escocés.

La “dulce derrota” del referéndum soberanista, según la expresión utilizada por el profesor Christopher Tulloch en EL PERIÓDICO, se ha convertido a la postre en una victoria absoluta del SNP sobre sus adversarios en suelo escocés, ha puesto en evidencia que más allá del sueño independentista hay vida y ha fijado una nueva regla del juego: que solo es posible retener a los electores no soberanistas mediante un programa de objetivos sociales y vinculación a Europa que no haga entrar en crisis la pertenencia de Escocia al Reino Unido. El peso del voto de procedencia laborista, no soberanista, ha crecido de tal forma en la contabilidad electoral del SNP que en el futuro será un dato determinante, porque a nadie escapa que en la bolsa de papeletas contra la independencia (55%) en el referéndum del 18 de septiembre del 2014 había bastantes correspondientes a laboristas que el jueves optaron por candidatos nacionalistas.

La pertenencia a Europa y el resultado en Escocia resumen las dudas existenciales del Reino Unido. Un primer ministro conservador y partidario de seguir en la UE, con mayoría absoluta y los laboristas a cien diputados de distancia, debe gobernar con el lastre de los euroescépticos alojados en su partido y con la obligación ineludible de negociar con Bruselas un nuevo marco de referencia y después someterlo a un referéndum sobre cuyo resultado es muy arriesgado adelantar un pronóstico. Un partido decididamente europeísta, el SNP, es también nacionalista y pone en duda con su victoria el futuro del viejo Estado. Al combinar ambas situaciones quedan al descubierto las debilidades del Reino Unido, la paulatina disminución de su influencia en el mundo.

 

 

Escocia echa el freno

La victoria del no en el referendo de Escocia, intuido por las bolsas bastantes horas antes de que empezara el recuento, deja varias incógnitas por despejar y certifica el peso del voto no militante cuando se trata de tomar grandes decisiones. A la hora de decidir entre el del corazón y el no de la razón, como lo llama el periódico progresista francés Le Monde, aunque puede que sea más exacto hablar del no a las incertidumbres, este último se impone por razones prácticas, no forzosamente ajenas a los sentimientos. Porque de la misma manera que en el bando del fue muy grande durante toda la campaña el peso de las emociones, también en el del no desempeñó un papel de innegable trascendencia, como lo expresó Jason Cowley, editor del semanario británico New Statesman, referencia del centro izquierda: si Gran Bretaña no puede trabajar para mantenerse unida “a pesar de lo mucho que nos une –lengua, cultura, sacrificio compartido, sangre–, los presagios para el siglo XXI son en efecto oscuros”.

No hace falta decir que el triunfo del no está lejos de ser una especie de bálsamo de Fierabrás que cura la descohesión territorial y política en varios estados europeos, con España y Bélgica al frente de todos ellos, pero desaparece para la Unión Europea el reto de tener que afrontar el precedente escocés, esto es, la salida de Escocia del club, las repercusiones de tal situación y, no menos importante, los mecanismos de ingreso –plazos, condiciones, riesgos asociados– de una parte segregada de un Estado miembro. La UE respira aliviada y, con ella, los estados que la integran, aunque la vía catalana constituya un desafío de grandes dimensiones y resulta del todo precipitado suponer que el resultado de Escocia templará los ardores soberanistas. Puede incluso estimularlos, acrecentarlos, multiplicar el dinamismo de los organizadores de la V, a despecho de la reacción imprevisible de los ciudadanos silenciosos –hablar de mayoría silenciosa acaso fuera exagerado–, apegados a aquello que conocen y recelosos ante cualquier cambio brusco.

Mensaje final de Cameron, Clegg y Miliband publicado por el diario escocés 'Daily Recod'.

Últimas promesas de futuro de Cameron, Miliband y Clegg publicadas por el diario escocés ‘Daily Recod’.

Nadie sabe cuánto han pesado en el 55% de noes las dudas acerca de la permanencia en la UE, las divagaciones sobre el efecto inmediato de la secesión en la aplicación de los tratados europeos. Nadie puede aventurarlo, aunque cabe imaginar que, al adentrarse en esa terra incognita, muchos votantes deben haberse preguntado por las garantías de futuro de una Escocia independiente. Solo es posible afirmar con bastante seguridad que la perspectiva de un alejamiento de Europa debe haber sido importante en muchos noes, pero los estados europeos no pueden sentirse confortados con el poder persuasivo de permanecer en la UE o quedarse fuera, porque las cicatrices que deja el referendo serán visibles durante mucho tiempo, si no es que lo serán para siempre por más que el primer ministro británico, David Cameron, dé por zanjada la movilización independentista escocesa para, por lo menos, una generación.

El primer ministro escocés, Alex Salmond, ha presentado la dimisión porque es el precio de la derrota, porque ni siquiera los más pesimistas podían temer un resultado tan contundente en contra de sus planteamientos, y también porque se cierra un ciclo político. Pero al abrirse un nuevo camino para la Escocia del futuro en el seno del Reino Unido no se cancelan las dudas sobre la consistencia de la UE tal cual fue configurada, con los estados como únicos actores políticos. Antes al contrario, en el horizonte amenazan algunos nubarrones y el final de la carrera política de Salmond no modifica ese dato esencial: la unidad europea solo tendrá una base sólida si sabe adaptarse, reformarse, para gestionar las novedades que depare el porvenir sin que cada dos por tres se adueñe de la UE una atmósfera de crisis.

De forma que el alivio en los despachos de Bruselas y en los de Madrid solo puede ser momentáneo, transitorio, como la calma entre dos tempestades. Y lo mismo sucede en los de Londres, donde ha desaparecido la necesidad imperiosa de negar la permanencia de Escocia en la libra, la obligación de discutir hasta el tercer decimal el reparto de la explotación del petróleo del mar del Norte y la discusión no menos ineludible del reparto de la deuda del Reino Unido. Porque se mantienen sobre la mesa las promesas del trío David Cameron-Edward Miliband-Nick Clegg, que afectarán directamente a la autonomía fiscal de Escocia y, por este camino, a la gestión de las rentas del petróleo y su impacto en el erario escocés. Porque la llamada por el analista Gerry Hassan tercera Escocia –los votantes laboristas y la izquierda en general, descontenta con los gobiernos de Tony Blair, el periodo de Gordon Brown y la oposición de Ed Miliband–, que ha apoyado el proyecto secesionista de Salmond, no se conformará con unas transferencias más o menos llamativas y exigirá que el Estado del bienestar quede razonablemente garantizado.

Los riesgos de fracaso económico a un año vista y de aislamiento en Europa de una Escocia independiente, pronosticados por The National Institute for Economic and Social Research, han dejado de perturbar el sueño a los operadores de la City y de los bancos escoceses, pero el día siguiente del referendo no solo abre nuevos interrogantes a propósito de la reforma federalizante que deberá encarar el Reino Unido –extendida a Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, según promesa posreferendo de Cameron–, y la influencia que el proceso puede tener en otros estados europeos, sino el papel asignado a los grandes partidos, desbordados con frecuencia por el reto escocés. Desaparecen unos riesgos y asoman otros; se derrumban unas hipótesis y enseguida surgen otras; Escocia no sentará ningún precedente en la UE, pero otros pueden tratar de sentarlo, espoleados por la movilización en la calle, que en las ciudades escocesas nunca tuvo la envergadura de la de las tres últimas diades.

Portada del diario sensacionalista ‘Daily Mirror’ el día anterior al referendo. El titular dice ‘No nos dejéis de esta manera’, y de la bandera del Reino Unido ha desaparecido el color azul de la de Escocia.

El Reino Unido ha evitado la crisis constitucional de consecuencias devastadoras para Cameron y Miliband vaticinado por Gerry Hassan, pero los estados mayores de los partidos catalanes y españoles, el Gobierno de Mariano Rajoy, las asociaciones y movimientos de la V y sus oponentes tienen ante sí un trabajo descomunal de interpretación de lo sucedido, de cómo afectará al caso catalán y de quiénes pueden sacar más partido del no escocés. ¿Tranquilizará a los animadores más radicales de ambos bandos? ¿Azuzará las discrepancias entre CDC y ERC? ¿Sumará adeptos a la vía federalista, reforma constitucional mediante? ¿Sentenciará la ruptura de CiU o se recompondrá la federación a través de los sectores moderados de Convergència y de Unió? ¿Recurrirá Artur Mas a un léxico nuevo que serene los espíritus?

Resulta por lo menos lamentable que el nacionalismo español, de un europeísmo a menudo tibio, eche las campanas al vuelo por la victoria del no en nombre de la unidad europea. No es más reconfortante que persevere en un fundamentalismo constitucionalista que lleva a la parálisis política, a los disparates de José Manuel García-Margallo –la suspensión de la autonomía– y a diagnósticos como el de la periodista Maite Alcaraz en el programa Los desayunos, de TVE, donde sostuvo que el nacionalismo lleva a la división, algo que es posible compartir, dando a entender que el comportamiento del Gobierno no responde a ninguna forma de nacionalismo, algo imposible de aceptar salvo ceguera acusada. De la misma manera que no hay forma de suscribir, salvo pecado de ingenuidad, que el desenlace escocés no tendrá efectos en la estrategia y la táctica del bloque soberanista por más que en las formas se siga con el guion preestablecido: aprobación de la ley de consultas, publicación del decreto en el DOG, impugnación del Gobierno, suspensión emitida por el Tribunal Constitucional y luego ya se verá.

En ese ya se verá hay una mezcla de política constitucional y de política electoral en los términos que lo ha hecho el analista británico Michael Binyon al desmenuzar el trasfondo de la campaña y de las consecuencias del referendo de Escocia. Ese trasfondo es extensible a España, pero aquí apenas se menciona y las preferencias de los oradores son otras: invocaciones forzadas a los grandes principios y referencias a la ley cortadas a su medida. Pero si para los laboristas era crucial mantener a Escocia en el Reino Unido, donde tienen 40 diputados por solo uno los conservadores, ¿qué decir de la importancia que para el PP tiene sostenella y no enmendalla para retener al electorado más refractario al Estado plurinacional? O, en sentido contrario, ¿qué decir de la necesidad de ERC de recurrir al agravio intolerable para asegurarse el sorpasso en la primera cita electoral que se lo permita? Y así con todos los partidos españoles y catalanes, con alguna razón electoral de peso para, más allá de los principios ideológicos y de las emociones, apoyar la consulta del 9-N o bien oponerse a ella.

Sería muy tranquilizante que a ambos lados del disenso catalán se oyeran voces autorizadas cuyas reflexiones se adentraran en la senda seguida por la doctora Paola Subacchi, directora de investigación del think tank británico Chatham House, en el artículo titulado La geometría variable de la soberanía nacional: “Las islas británicas se han convertido en el laboratorio ideológico para pensar y repensar el concepto de Estado-nación y su papel en un mercado global y muy integrado”. Pero nada de eso se percibe, al menos en la superficie, sino más bien una partida de desarrollo incierto, riesgos ciertos de que el sectarismo se imponga a los argumentos transversales y la tentación permanente de dar a la política un inusitado toque dramático.      

La OTAN se asoma al califato

Los asesinatos de dos periodistas estadounidenses perpetrados por el Estado Islámico (EI) han agrandado el desafió fundamentalista, que traza un reguero de sangre cada vez más caudaloso. En el artículo publicado este último jueves en el diario conservador británico The Times, prolegómeno de la cumbre de la OTAN celebrada en Gales, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y el primer ministro del Reino Unido, David Cameron, dicen haberse juramentado para no acobardarse ante las amenazas del sedicente califa IbrahimAbú Bakr el Bagdadi hasta fecha reciente– y sus secuaces. “Países como el Reino Unido y Estados Unidos no serán intimidados por asesinos”, aseguran ambos líderes, pero lo hacen a muy pocos días de que uno de ellos, Obama, reconociese que carece de una estrategia precisa para combatir a los yihadistas. Un rasgo de sinceridad que le honra, pero que desorienta a la opinión pública, conmovida por las decapitaciones de James Foley y Steven Sotloff, y alarma a los candidatos demócratas que en noviembre concurrirán a las elecciones legislativas de midterm (mitad de mandato).

Obama y en menor medida sus aliados se enfrentan una vez más a un dilema angustioso: hay que ceder al chantaje para salvar una vida amenazada o hay que sacrificar a un inocente para no envalentonar a los chantajistas. La Casa Blanca se inclina por no ceder, pero el resultado de su resistencia al intercambio de favores con los islamistas apenas modifica de momento sobre el terreno los datos esenciales del conflicto. Antes al contrario, parece que la siembra del terror afianza al califato en aquellas regiones de Irak y Siria en las que se ha hecho fuerte. Y las invocaciones a la prudencia sirven al mismo tiempo para reconocer que, incluso si se acierta con la forma de encarar la crisis, “es evidente que lo que se haga no será concluyente”, como publicó el diario liberal británico The Guardian al repasar los puntos calientes que ocupan la agenda de la OTAN.

Ni siquiera es seguro adelantar qué efecto tendrá en la reacción de los electores de Estados Unidos la muerte de Foley y Sotloff, cuyas familias han ocupado noticiarios y debates conmovedores. Cuantos creen que a Obama le faltaron recursos para salvar la vida de los periodistas, incluso una vez iniciada la campaña de bombardeos contra posiciones del EI, recuerdan que en junio accedió a intercambiar a cinco caudillos talibanes por el sargento Bowe Bergdahl, cuyo cautiverio de cinco años en Afganistán sigue bajo sospecha, y los términos de la liberación el 24 de agosto del reportero Peter Theo Curtis, dos años en poder de Al Nusra, franquicia de Al Qaeda en Siria, alimenta la sospecha de que no siempre se aplica a misma vara de medir. Una duda que no disipa la posibilidad de que Curtis haya recobrado la libertad como parte de una operación de Al Nusra para suavizar su imagen por comparación con los verdugos del EI.

Hay, por lo demás, un riesgo evidente en el recurso al gran garrote: exportar el combate islamista a suelo occidental. Los cálculos elaborados por el semanario The Economist relativos a ciudadanos europeos y estadounidenses en Siria no ofrecen dudas sobre el éxito de la prédica yihadista más allá de su marco histórico tradicional. Desde que los atentados de Londres de julio del 2005 desvelaron la adhesión de ciudadanos británicos a la causa de la guerra santa, no ha dejado de crecer el temor de que, en cualquier momento, en cualquier circunstancia no previsible, es posible y viable la exportación del combate yihadista en entornos propicios. La seguridad de que fue un ciudadano británico quien segó las vidas de Foley y Sotloff no ha hecho más que acrecentar los temores.

Frente a la tradición del libre examen, herencia de las Luces, una parte del mundo musulmán defiende la idea de que “la gente puede (y debe) ser castigada y discriminada siempre por sus opiniones y prácticas religiosas incorrectas”, afirma el especialista Brian Whitaker, que acaba de publicar un libro ilustrativo: Arabs without God (Árabes sin Dios). Llevado este principio hasta sus últimas consecuencias, con más razón cualquier no musulmán, dentro y fuera de tierra del islam, puede ser un blanco justificado para una mente fanatizada. Si alguien cree que lo que antecede es una simplificación del problema, basta que busque en la red los mensajes de Ibrahim-El Bagdadi para despejar dudas.

¿Cómo ha sido posible tal dislocación del relato político de Oriente Próximo hasta el punto de que el EI lo condiciona todo? Según el profesor libanés Ziad Majed, de la Universidad Americana de París, el nacimiento y consolidación del EI “tiene más de un padre y es el producto de más de una enfermedad de larga duración y generalizada”. Según explica Majed en un artículo publicado en junio en su blog, no es casual que Irak y Siria acojan el último episodio de efervescencia islamista, y da seis razones para que se haya llegado a la situación de este verano:

1º. Sadam Husein, en Irak, y Hafez y Bashar el Asad, en Siria, mataron a cientos de miles de personas, oponentes o no, practicaron un sectarismo profundo y pusieron en marcha “un mecanismo de exclusión y polarización” ideológica.

2º La creación en Irak después de la invasión del 2003 de una nueva autoridad, que excluyó a cuantos habían formado parte del régimen anterior, al mismo tiempo que entró en acción el grupo islamista de Abú Musab el Zarqaui, del que el Estado Islámico de Irak y Levante (EIIL), predecesor del EI, fue su heredero directo.

3º La política regional agresiva de Irán, chií, en Líbano e Irak, con consecuencias en Siria, que ha estimulado la división confesional y “ha hecho de estas divisiones la espina dorsal de la movilización ideológica y una política de revancha” en el campo suní.

4º Los jóvenes de algunas redes salafistas del golfo Pérsico que emergieron y crecieron durante los años 80 y han seguido operando durante las dos últimas décadas “bajo varios nombres, siempre en favor del extremismo y el oscurantismo”.

5º La crisis “profundamente enraizada en el pensamiento de algunos grupos islamistas” que buscan escapar de los desafíos del presente mediante la remisión al siglo VII, primero del islam, convencidos de que en la tradición se hallan las respuestas a cualquier desafío de hoy o del futuro.

6º La perpetuación de un ambiente de violencia brutal en Irak y Siria que ha permitido “el crecimiento de esta enfermedad y facilitado el surgimiento de lo que se puede llamar isismo (de ISIS, siglas inglesas de Estado Islámico de Irak y Siria)”.

La delimitación de las causas que hace Majed le lleva a una conclusión de la que bastantes disienten en las cancillerías occidentales y que los analistas de la OTAN descartan por demasiado peligrosa: que Bashar el Asad no es un muro de contención del islamismo en armas, sino la raíz del problema. En consecuencia, tolerar el régimen sirio como un mal menor es una forma de dar oxígeno a los predicadores del califato y a los partidarios de una respuesta radical del islam. Si esta es la realidad y no otra, entonces fue mayúsculo el error cometido por Estados Unidos y sus aliados al no implicarse directamente en el combate contra Asad a cambio de que este renunciara a sus arsenales de armas químicas. Y quizá fuese realmente enorme habida cuenta de que en una situación de guerra abierta el Ejército sirio no necesitaba recurrir al arsenal químico para sojuzgar a la población y asediar a la oposición laica, rápidamente colonizada por el yihadismo y sometida a su estrategia política.

De igual forma, la libertad de movimientos del primer ministro de Irak, Nuri al Maliki, empeñado en encabezar la venganza chií frente a la comunidad suní, favorecida en tiempos de Sadam, no hizo más que alimentar una guerra sectaria presente en las cuatro esquinas de un Estado debilitado por la división confesional, el nacionalismo kurdo y la inoperancia de un Ejército desprestigiado. Un panorama propicio para que por lo menos en un primer momento la llegada del califa suní encontrara auditorios dispuestos a escucharle, a vislumbrar un futuro libre de la presencia occidental y de las arbitrariedades del Gobierno blindado por Estados Unidos. Poco importa que el sueño se convirtiese pronto en pesadilla y que se retirase a El Maliki el encargo de formar Gobierno para confiar a otro la tarea de constituir un Ejecutivo de amplio espectro, porque para entonces la frontera entre Siria e Irak había desaparecido y el EI era una realidad política ineludible.

Los analistas que observan el desaguisado sirio-iraquí aventuran que la misma cadena de errores podría repetirse en Afganistán, donde la misión de la ISAF acabará a final de año. Janine Davidson y Emerson Brooking se preguntan en la web del Council on Foreign Relations “si Afganistán puede seguir por una camino parecido y qué acciones puede llevar a cabo la OTAN para ponerlo a salvo”. En realidad, la incógnita planteada es meramente retórica porque, si no se produce un cambio de estrategia para fortalecer al nuevo presidente afgano –Ashraf Ghani Ahmadzai– y el Gobierno que forme, pocas dudas hay en cuanto a la incapacidad de las autoridades de Kabul de hacerse respetar mucho más allá de los límites de la capital. Es más verosímil un entendimiento de facto entre los señores de la guerra y de la amapola de opio y los guerrilleros talibanes, que algo remotamente parecido a un compromiso político que salvaguarde la normalidad institucional y el principio de legalidad.

Puede decirse que el éxito estratégico del EI, mediante la renuncia al terrorismo global en favor del combate local, ha hecho saltar por los aires algunas de las previsiones más sólidas que siguieron a las primaveras árabes y a la laboriosa rehabilitación de la República Islámica de Irán. Porque la capacidad de contagio es enorme y la llamada a las armas ha seducido a jóvenes de todas partes, del Reino Unido a Mesopotamia, y está lejos de ser flor de un día. La degradación de la estructura social y política en el orbe árabe-musulmán y las conveniencias de Occidente no hacen más que azuzar la hoguera.