Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Venezuela consagra la división

Resultados Venezuela

Resultados oficiales finales de la elección presidencial en Venezuela celebrada el 14 de abril.

El fracaso con recompensa de Nicolás Maduro y el éxito sin contrapartidas de Henrique Capriles han llevado a Venezuela a la antesala de la crisis institucional y el caos político. El efecto duelo, tan decisivo en otros casos, fue esta vez un lastre para el heredero ungido en diciembre por el comandante-presidente antes de viajar a Cuba para ser operado: el uso, abuso y utilización exagerada de la memoria del líder desaparecido trasladó a la opinión pública la imagen de un candidato sin proyecto propio, refugiado en una especie de legado mesiánico. El aspirante de la oposición supo sacar partido a las contradicciones del régimen bolivariano, a sus limitaciones para atajar problemas como la inseguridad o la crisis económica, y supo buscar en el frente exterior la proyección cada día más difícil en el interior. Pero la gran brecha social surgió al día siguiente de las elecciones, cuando el establishment chavista se negó a realizar el recuento de votos pedido por Capriles y se apresuró a proclamar la victoria de Maduro por un margen de votos no muy superior al 1,5%.

Así se llegó a una situación que no fue posible gestionar sin costes, incluida la marcha atrás del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente accedió a auditar el 46% de los votos que quedaron excluidos del primer recuento. En la trinchera chavista, el precio inmediato a pagar fue que afloraron las primeras señales de división a través de la necesidad de realizar una autocrítica de las causas del retroceso electoral, una iniciativa encabezada por Diosdado Cabello, presidente de Parlamento. En el Ejército, acaso el precio futuro sea descubrir que el pretendido entusiasmo del generalato para seguir por la senda bolivariana está menos extendido de lo que quieren dar a entender el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. En el conglomerado de oposición Unidad se concreta desde ahora mismo en el hecho de que el reforzamiento de la figura de Capriles no puede ocultar un dato capital: salvo sobresaltos, se abre un periodo de espera de seis años para intentar de nuevo llegar al palacio de Miraflores.

Si se desbordan las pasiones, los costes pueden crecer exponencialmente porque no cicatriza las heridas el recuento aceptado a pocas horas de que Maduro jurara el cargo. En el ánimo de muchos venezolanos, a un lado y otro de la refriega, ha arraigado la idea expresada por el político Oswaldo Álvarez Paz en El Nacional, diario caraqueño que apoya a Capriles: “La naturaleza de la crisis es existencial, de principios y valores que desaparecen en nombre de una revolución socialista a la cubana”. Hay en esa opinión un punto de exageración, pero desde luego pesa en Maduro la enseñanza castrista recibida en La Habana en sus días de joven líder sindical. En cambio, ha olvidado las referencias de una autora clásica del pensamiento revolucionario, Rosa Luxemburgo, recordada por el escritor Carlos Fuentes en su libro póstumo Personas: “La libertad solo para quienes apoyan al Gobierno, solo para los miembros del partido, por numerosos que estos sean, no es de ninguna manera libertad. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para los que piensan distinto”.

Impugnaciones

Datos difundidos por la candidatura de Henrique Capriles.

Los pronunciamientos públicos de las máximas responsables de las cuatro instancias relacionadas con el proceso electoral y la interposición de recursos han contribuido decisivamente a extender la sombra de la sospecha en igual o mayor medida que el memorial de agravios –irregularidades– presentado por Capriles, donde constan los episodios supuestamente impugnables de los que la oposición dice tener constancia. La rapidez de la CNE en dar por bueno el triunfo de Maduro unido a las amenazas más o menos explícitas formuladas por la fiscal general de la República, la defensora del pueblo y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, destinadas todas ellas a imputar a Unidad –léase Capriles– actos de desestabilización, no hacen más que llevar al país a un callejón sin salida. Los tecnicismos para oponerse a un recuento de votos erosionaron la legitimación de Maduro que, como ha escrito Marianella Salazar, debía haber sido el primer interesado en despejar cualquier duda para iniciar su mandato sin plomo en las alas. En cambio, prefirió que cundiera la sospecha de componenda electoral antes de que finalmente se accediera al recuento de todos los votos, algo que en última instancia la oposición, a través del Comando Simón Bolívar –el nombre de Bolívar vale para todo–, puede presentar como un triunfo frente a los juegos de manos de los afectos a Maduro

Es evidente que una diferencia de unos 270.000 votos en un universo de casi 15 millones de votos emitidos es suficientemente pequeña como para que el deseo de Capriles de que hubiera un recuento fuese satisfecho. Realizarlo ahora no mejorará la posición de debilidad poselectoral del sucesor de Hugo Chávez, pero sí su legitimidad para ocupar el palacio de Miraflores. Aun así, Maduro tendrá que ganarse todos los días la adhesión de los suyos, porque perdió casi 700.000 votantes que en octubre del año pasado eligieron la papeleta de Chávez, pero quizá pueda ahorrarse la ruidosa erosión de las caceroladas y el desgaste de los reproches a todas horas. Lo que en ningún caso amortizará Maduro es la desconfianza generada por figuras como Luisa Estella Morales, presidenta del Supremo, que invocó “la seriedad, la sindéresis [discreción, capacidad natural para juzgar rectamente]” para que no llegara la lucha a la calle, ni los recelos sembrados por el tono intimidatorio exhibido por el presidente al excluir “un pacto con la burguesía”, amenazar con “radicalizar la revolución” e invocar “el chantaje del fascismo” (algo que también hizo Capriles, poseído por una fogosidad irrefrenable).

La estrategia de Maduro de rescatar de los manuales revolucionarios de antaño la estrategia de clase contra clase hoy puede encender la mecha del enfrentamiento social y de un caracazo de nuevo cuño a poco que se rompan los diques de la contención política. El núcleo duro del chavismo –¿habría que hablar de poschavismo?– se escuda en que hizo “una campaña electoral apegada a la Constitución y ellos [la oposición] hicieron la guerra”, para, acto seguido, manifestar respeto hacia quienes dieron el voto a Capriles, pero desacreditar al candidato y a su entorno, a los que acusa de someterse a los designios de Estados Unidos y de enfangarse en los preparativos de un golpe de Estado. Y esa diferenciación entre el candidato y los votantes no hace más que revelar que hay sectores en el régimen que comprenden que no puede generalizarse el acoso a la oposición siquiera sea porque la mayoría del 49% de los votantes que prefirieron a Capriles están lejos de ser representantes de la oligarquía retardataria. ¿Forma parte esta convicción de la autocrítica que reclama Cabello?

Puestos a formular preguntas inquietantes, vale la pena plantear esta otra: ¿cuánto ha pesado en la decisión de auditar todos los votos el anuncio hecho por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de no reconocer la elección de Maduro si no había recuento? Más aún: ¿hasta qué punto el chavismo posibilista ha preferido atender las reclamaciones de Capriles a situar a la república bolivariana en un limbo a causa de las dudas suscitadas por la elección de Maduro? Es el ala posibilista la que tiene más meridianamente claro el hecho de que la Casa Blanca de hoy está lejos de ser la caja de resonancia de la derecha reaccionaria, cuyos pasos guían los latinoamericanos resentidos con domicilio en Miami, y es la que reclama en voz baja que se disipen las sospechas sembradas por académicos venezolanos de prestigio como José Domingo Mujica, coordinador de la Red Observatorio Electoral, porque de paso se desarmará a cuantos piensan que es posible un ataque por ese flanco para liquidar al chavismo por la vía rápida. De poco le valdría a Maduro el botafumeiro agitado en Lima por los jefes de Estado del Unasur si persiste la impresión de que “el resultado pudo ser otro” (Mujica) porque el 5% de los votos emitidos permanece bajo sospecha (Mujica otra vez).

La redención a cualquier precio de las víctimas de la historia está en entredicho en Venezuela desde la noche del 14 de abril porque una parte de los destinatarios del mensaje de Maduro prefirieron a Capriles. Es más, dudaron de que Maduro pueda ser el continuador esclarecido del empeño de Hugo Chávez de rescatar de la miseria a los más débiles. Quizá sea esto lo peor que le puede ocurrir a un líder pretendidamente populista, aunque poco dotado para utilizar las herramientas del populismo y enardecer a la calle. La denegación del recuento y “la sucia trampa” invocadas por el analista Antonio A. Herrera-Vaillant en el conservador El Universal no hicieron más que empeorar las cosas. Llevaba razón el presidente de México Lázaro Cárdenas, un reformador social de referencia, al reclamar el respeto al adversario para dejar a salvo la democracia en América Latina. ¿Acaso Maduro olvidó leer a Cárdenas?

El chavismo es el Estado o casi

El debate abierto en Venezuela referido a la constitucionalidad o no del aplazamiento de la toma de posesión de Hugo Chávez tiene el valor jurídico y académico que se le quiera dar, pero siempre será inferior al peso político de la controversia. La Constitución venezolana, y más aún la interpretación que de ella se hace a cada lado de la polémica, está lastrada por su naturaleza ad hominem. Se trata de un texto al servicio de la singularidad del régimen articulado por el presidente Chávez, esa república bolivariana de perfiles difusos en la que se mezclan las rentas del petróleo con un nacionalismo socializante difundido a los cuatro vientos por los resortes de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), más la aquiescencia del Ejército en el seno de una sociedad pavorosamente dual.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, a quien Hugo Chávez confío la continuidad del régimen.

La estrategia informativa seguida por el vicepresidente Nicolás Maduro para informar del estado de salud del presidente, el comportamiento de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y el veredicto del Tribunal Supremo, que ha dado por buena la prórroga para que Chávez renueve mandato, responden a las previsiones constitucionales no escritas, pero sobreentendidas, según las cuales la agenda debe ajustarse a las necesidades del comandante-presidente, un apelativo con resonancias castristas. Es este un camino transitado con frecuencia por regímenes latinoamericanos de perfil democrático y no democrático, que en el caso venezolano permite al chavismo organizarse –Maduro y Cabello mediante– para atar las previsiones sucesorias ante la más que probable ausencia definitiva de Chávez del puente de mando. Y a Cuba le da tiempo a garantizar el futuro de la alianza de privilegio que mantiene con el petróleo venezolano, sobre la que descansan las necesidades energéticas más apremiantes de la isla y la reforma económica inaplazable emprendida por Raúl Castro.

Los argumentos jurídicos vertidos por especialistas que militan en el bando bolivariano y en el de sus adversarios admiten toda clase de juicios. Es discutible que a Chávez no se le deban aplicar los plazos para tomar posesión (Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo), pero no es un dogma de fe que el juramento para desempeñar el cargo sea un requisito que legitima a la institución, no a la persona (Armando Rodríguez García, jurista). Este último va más allá al declarar a Los Angeles Times que “la ausencia de Chávez de la ceremonia puede ser inconstitucional”. En todo caso, el bizantinismo de la discusión no da para mucho más que las conclusiones en las que cada bando se encastilla. “Una especie de traje listo para llevar”, ha llamado a la Constitución venezolana Asdrúbal Aguiar, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un debate entre personalidades de la oposición emitido por Globovisión, la cadena a la que el chavismo puso la proa y ha de emitir por internet; “una garantía de continuidad institucional”, ha escrito el editorialista de una publicación afecta al chavismo; “ninguna de las personas que está en el poder actualmente fue electa el 7 de octubre”, recuerda con acierto Henrique Capriles, que disputó la presidencia a Chávez.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional del Venezuela, que tutela la continuidad del chavismo al lado de Nicolás Maduro.

Más allá del virtuosismo jurídico está la realidad política, que Capriles ha resumido en una sola frase: “El tribunal tomó una decisión para resolver un problema del PSUV”. Algo en lo que abunda El Nacional, en las filas de la oposición caraqueña: “La crisis política que estamos viviendo tiene su origen en la ausencia de Chávez y en la subsiguiente turbulencia en el interior del PSUV –asegura el sociólogo Heinz Sonntag–. Se ha sabido que una fracción cada vez mayor de oficiales de la FAN [Ejército] ve con creciente irritación la influencia de Cuba. Por otro lado, la alternativa democrática ha logrado construir una corriente de oposición que tiene creciente influencia en la ciudadanía”. En realidad, la “corriente de oposición” está lejos de agavillar las voluntades suficientes para competir con la movilización chavista en la calle y cada vez que se convocan elecciones. Al mismo tiempo, el problema interno del PSUV es solo relativo porque nadie discute de momento que Maduro fue ungido por Chávez antes de marchar a Cuba para operarse por cuarta vez, y tampoco que Maduro es el enlace con La Habana y, por añadidura, con los aliados más próximos: el sandinismo desfigurado por la corrupción de Daniel Ortega, el neoindigenismo de Evo Morales y el populismo petrolero de Rafael Correa, más unas gotas de solidaridad peronista siempre que Cristina Fernández caiga en la cuenta de que la política de balcón y pancarta pasa por Cuba y Venezuela.

En el 2008, el economista venezolano Francisco Rodríguez publicó en Foreign Affairs un artículo de análisis de la situación en su país titulado Una revolución vacía, que dio pie a un prolongado intercambio de opiniones. Poco después, en las páginas del liberal The New York Times, con un título casi idéntico –La revolución vacía de Venezuela–, volvió a la carga para poner en duda el efecto beneficioso de la revolución más allá de los logros alcanzados a caballo del aumento de los precios del petróleo. Rodríguez se refirió a los estereotipos que permiten el arraigo de diferentes formas de populismo y llegó a la siguiente conclusión: “Esos estereotipos refuerzan la opinión de que el subdesarrollo latinoamericano se debe a los vicios de sus clases depredadoras en vez de a algo más prosaico como las políticas equivocadas. Una vez se acepta esto, es fácil olvidarse de la necesidad de elaborar iniciativas en el mundo real que podrían ayudar a América Latina a crecer”. Dando por descontado que en el relato de Rodríguez hay una dosis no pequeña de antichavismo, es lo cierto que las carencias y debilidades del régimen –inflación, desabastecimiento, inseguridad, corrupción– se achacan a una mezcla de adversarios en el interior y en el exterior, y ese enfoque ha calado en segmentos sociales que consideran la dinámica chavista la única vía que les queda para salir de la postración. Y la música que llega de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de Ecuador ayuda a crear este clima de confianza desmedida en el mensaje del comandante-presidente.

Luisa Estella Morales

Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, que no vio inconstitucionalidad en que se aplace el juramento de Hugo Chávez.

Entre tanto, la realpolitik se mueve entre bambalinas con las exigencias de siempre, porque el régimen afronta un gran problema a medio plazo: Estados Unidos, el primer importador de petróleo venezolano, será autosuficiente hacia el año 2020 gracias a la explotación de los esquistos bituminosos. En consecuencia, mientras nadie sabe exactamente más allá de la familia y unos pocos fieles hasta dónde llega la gravedad de Chávez, Maduro ha iniciado los preparativos para asegurar el futuro al poschavismo a través de una fórmula de acercamiento a la Casa Blanca que incluiría la reanudación de las relaciones diplomáticas. Lo cuenta Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald de Miami, con justa fama de portavoz de todos los anticastrismos imaginables, pero con antenas muy bien orientadas en los salones de Washington. O sea que la conversación telefónica de Roberta S. Jacobson, responsable de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, con Maduro, de la que habla Oppenheimer, debió producirse –el pretexto fue la cooperación en la lucha contra el narcotráfico–, decidido el heredero de Chávez a hacer de la necesidad virtud y a dejar la grandilocuencia para los momentos de zozobra.

Se completa así el círculo de los tres poderes fácticos sobre los que se sostiene la república bolivariana: el partido, que encuadra al chavismo militante; el Ejército, cuna de Chávez, que garantiza la continuidad institucional; y la compañía petrolífera PDVSA, que nutre de divisas el experimento social. Esta trinidad de facto enmaraña la clásica división de poderes, pero se ajusta como un guante a una mano a los objetivos socializantes del régimen, al espíritu de la Constitución, que ahora está en boca de todos, y puede que también al propósito inconfesable de controlar a la oposición. Todo esto tiene poco que ver con la búsqueda apresurada de argumentos jurídicos para legitimar la ausencia de Chávez o poner en duda la legitimidad del régimen desde el jueves, cuando el presidente no compareció para jurar el cargo. Y hace aún más estéril la verborrea desquiciada a la que se entregan algunos articulistas, como Antonio A. Herrera-Vaillant en El Universal, de un tremendismo sin límite: “La verdadera tragedia no es que el poder esté en Cuba, sino que está vivito y coleando en la chusma desaforada y procaz de la Asamblea y algunos cuarteles: un atajo de perros sin amo que rápidamente pierde legitimidad. Los cubanos lógicamente intentan que no se caigan a dentelladas entre sí”.

Herrera-Veillant recuerda que en 1952 aparecieron en Buenos Aires pintadas que rezaban ¡Viva el cáncer!, la enfermedad que acabó con la vida de Eva Perón, convertida desde entonces en referencia ideológica y mitológica del justicialismo. Acto seguido, se atreve a decir que aún hoy paga Argentina aquel atrevimiento, porque sigue siendo el peronismo la fuerza hegemónica, y teme que en Venezuela suceda otro tanto –no lo dice, pero es fácil sacar esta conclusión– si la enfermedad vence a Chávez. Sea o no esta una opinión muy extendida en las filas de la oposición, el hilo argumental del articulista es, además de poco respetuoso con la peripecia vital del presidente, bastante inexacto: nada tiene que ver con la carnadura peronista ni el momento histórico ni la cronología de acontecimientos que permitieron a un comandante golpista llegar al poder a través de las urnas. Merece la pena leer en la publicación progresista estadounidense In These Times las reflexiones de Bhaskar Sunkara después de la reelección de Chávez en octubre, discutibles, pero bien argumentadas, para concluir que el peronismo y el chavismo no tienen más nexo de unión genérico que la tradición populista, y aun este debe tomarse con todas las reservas. “Juan [Domingo] Perón y sus seguidores cooptaron una izquierda en ascenso. Chávez aparentemente la ha resucitado y ha tenido a veces dificultades para mantenerse en sintonía con las fuerzas que ayudó a liberar”.

Venezuela. Mapa

Parámetros esenciales de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo que la oposición venezolana apenas es capaz de reconocer es que el chavismo es un producto genuino del país, que ha arraigado porque el turno de partidos –un rato para la socialdemocracia (Acción Democrática) y otro para la democracia cristiana (COPEI)– acabó siendo un ominoso negocio familiar que se despeñó por la pendiente de la decadencia a partir del caracazo de 1989. Mucho antes de la asonada de Hugo Chávez, todo dejó de ser chévere, las desigualdades crecieron de forma galopante, pero el bipartidismo permitió que el edificio se hundiera sin que el petróleo alcanzara para atenuar el descontento social. Entonces no hubo debate constitucional ni intervención judicial, cuando era posible y necesario que los hubiera, y hoy los hay, aunque sin que tengan efectos prácticos porque el chavismo es el Estado o casi.