El ‘impeachment’ entra en campaña

El procedimiento de impeachment en el Senado de Estados Unidos se ha puesto en marcha con la seguridad para Donald Trump de que la mayoría republicana de la Cámara evitará la destitución y con la incógnita del desgaste político que puede llevar aparejado el trámite en año electoral. Instalado en una montaña rusa en la que se alternan para la presidencia las buenas y las malas noticias, la batalla del Senado entraña el riesgo de que desnude las artes de la Administración y, en tal caso, proyecte una imagen poco defendible de la Casa Blanca, aunque en las redes sociales porfíe el presidente en los ataques a sus enemigos. Si la sucesión de acontecimientos en Irán durante un par de semanas se vinculó con frecuencia a la necesidad de Trump de desviar la atención del impeachment, las decisiones que a partir del próximo martes tome el Gobierno serán difícilmente separables del desarrollo de las sesiones en el Senado.

Para la analista de The New York Times Michelle Goldberg, activar la confrontación con Irán fue “un movimiento natural para un presidente con problemas”, y la reacción iraní de “restablecer la disuasión frente a Estados Unidos” también lo fue. Detrás de esta escalada se movió la necesidad de contrarrestar los efectos del pliego de cargos contra Trump concretado por la Cámara de Representantes y el deseo del régimen de los ayatolás de dar satisfacción a los duros y reforzar la figura de Alí Jamenei, el líder espiritual de la república islámica. Y con estos precedentes, es bastante intranquilizadora la posibilidad de que la Casa Blanca opte por una estrategia agresiva en todas direcciones ante nuevas informaciones potencialmente inculpatorias con origen en la Oficina de Control del Gobierno, en unas declaraciones del abogado Lev Parnas, exsocio de Rudolph Giuliani, abogado personal del presidente, y en la posible declaración en el Senado de John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump que dejó el puesto enfrentado con el Despacho Oval.

En los tres casos, la solvencia probatoria va mucho más allá de los dos cargos que la Cámara de Representantes ha llevado al Senado: abuso de poder y obstrucción de la investigación abierta. El informe de la Oficina de Control del Gobierno sostiene lisa y llanamente que el presidente actuó de forma ilegal al bloquear por motivos políticos, que no técnicos, 400 millones de dólares de ayuda militar a Ucrania aprobados por el Congreso. Lev Parnas afirma que Trump estaba al corriente –quizá fue el inductor– de las presiones de Giuliani a las autoridades ucranianas. John Bolton puede dar detalles de los manejos políticos de la presidencia que muy pocos pueden aportar a la causa.

En ningún caso, salvo gigantesca sorpresa, cuanto se sustancie en el Senado cambiará el voto republicano, pero acaso lleve a Trump a dejar pelos en la gatera, a defraudar a electores del segmento menos ultramontano del republicanismo que, como hacía el fallecido John McCain, anteponen una idea básica de la decencia al blindaje de la figura del presidente. Todos los medios informativos solventes dan por descontado que el desarrollo de la causa en el Senado influirá en la campaña electoral, y específicamente en las primarias demócratas que empezarán en Iowa el próximo mes. Los tres principales aspirantes a ser el contrincante de Trump el 3 de noviembre –Elizabeth Warren, Bernie Sanders y Joe Biden– no dejarán pasar la ocasión de degradar la figura del presidente ni renunciarán a resaltar su disposición a transgredir todas las convenciones políticas.

Resulta más difícil de vislumbrar cuál puede ser la estrategia defensiva del presidente, más allá del consabido recurso a las redes sociales. ¿Un endurecimiento en la segunda fase de la negociación con China? ¿Una vuelta de tuerca más en la crisis con Irán? ¿La imposición de aranceles a las importaciones procedentes de los países europeos que subvencionan Airbus? ¿Alguna medida no incluida en el catálogo de objetivos conocidos de Trump? Son ilimitadas las posibilidades a su alcance para endurecer la campaña, arremeter contra la acusación tramitada por los demócratas y desviar la atención del impeachment. Pero algunos estrategas políticos advierten de que una excesiva desmesura puede volverse contra Trump y tener un efecto no deseado por él en algunos de los estados en los que en 2016 ganó por un puñado de votos, que fueron finalmente los que le dieron la presidencia a pesar de perder en votos populares.

El hilo argumental seguido por la Casa Blanca –se trata de una caza de brujas, el impeachment es una farsa y otros por el estilo– está agotado, en especial si las nuevas pruebas de las que habla Chuck Schumer, líder demócrata en el Senado, tienen la consistencia que se presume. Salir victorioso de la votación final del impeachment no significa salir sin rasguños ante una opinión pública extremadamente dividida y enfrentada, de ahí la necesidad de diseñar una estrategia que neutralice los daños que eventualmente puede sufrir la presidencia a partir del próximo martes. Y esta estrategia de nuevo cuño será seguramente más eficaz para garantizar la reelección si se vincula a asuntos de política interior y no a aventuras exteriores, que por lo general tienen poco peso en las campañas electorales.

Donald Trump tiene garantizado el voto ultraconservador sea cual sea el desempeño de la presidencia de aquí a noviembre, pero debe asegurarse la victoria en los llamados swing states (estados oscilantes), de comportamiento imprevisible y muy sensibles a los cambios de humor político. Para varios analistas, depende de detalles menores la fidelidad de los votantes en algunos de estos estados –los que tienen un sector primario importante, los que el cambio de modelo de producción industrial ha dañado, los menos inclinados a apoyar aventuras exteriores–, apegados a problemas locales, pero insensibles a los datos macroeconómicos, por buenos que estos sean, y a cuanto va más allá de la estabilidad en la vida cotidiana. La derrota de Hillary Clinton en 2016 se debió en parte a la dificultad de la candidata demócrata para conectar con este tipo de sociedades en las que la simplificación de la política, una técnica que Trump domina, es el primer requisito para lograr la victoria.

Todo lo dicho no debe inducir a pensar que el impeachment será la tumba de Trump aunque los senadores republicanos le salven de la destitución. En primer lugar, porque todos los presidentes que aspira a la reelección disponen de un abanico de recursos que, aunque no garantizan la victoria –muchas son las excepciones–, suelen facilitarla. En segundo lugar, porque la capacidad de movilización política de Trump a través de las redes sociales y de golpes de efecto calculados está fuera de toda duda. En última instancia, porque mientras el Partido Demócrata carezca de un aspirante indiscutible, y faltan meses que tal cosa suceda, la competencia entre candidatos diluirá en parte la efectividad de la oposición al presidente y, en cambio, él podrá concentrar su campaña en explotar las contradicciones que aflorarán en el bando demócrata… Pero siempre es posible que surja la sorpresa.

 

Trump aviva el fuego en el Golfo

Nunca ha estado más lejos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer realidad su deseo de alejarse del avispero de Oriente Próximo. Si los planes electorales de la Casa Blanca para 2020 incluyen reducir al mínimo la implicación en las diferentes crisis que martirizan la región, el asesinato del general iraní Qasim Soleimani, ordenado por Trump, el sitio de dos días por milicias chiíes de la embajada en Bagdad, la decisión de enviar un refuerzo de 750 hombres y mujeres al cuerpo expedicionario que sigue en Irak y la previsión de desplazar otros 3.000 uniformados si se complica la situación hacen muy difícil cumplir con el gran objetivo: proclamar antes del 3 de noviembre, día de la elección presidencial, que se ha consumado la completa retirada estadounidense de Oriente Próximo.

Si la muerte de 25 milicianos proiranís en varios ataques en Irak y Siria dio pie a los peores presagios, la ejecución de Soleimani en el aeropuerto de Bagdad durante una operación con drones aviva las brasas del conflicto con inusitado vigor. El general era el jefe de la brigada Al Quds de la Guardia Revolucionaria y ocupaba el segundo lugar en la pirámide de poder iraní, solo por detrás del ayatolá Alí Jamenei, líder espiritual y político del régimen. Un perfil que se completaba con su supervisión de la cada vez mayor influencia iraní en el desarrollo de los acontecimientos en Irak a través de la comunidad chií, y en Siria, mediante la milicia de Hizbulá, que dirige Hasán Nasrala. Lo que es tanto como decir que Soleimani era para Estados Unidos un enemigo clave y para Irán, un héroe nacional.

Así las cosas, el propósito de Trump de salir de Oriente Próximo es poco menos que incompatible con el choque frontal con Irán provocado por el presidente a partir del momento en que se retiró del pacto nuclear suscrito por Barack Obama y Hasán Rohani en 2015. Es, al mismo tiempo, incompatible con la paulatina descomposición del régimen iraquí, combatido en la calle desde octubre por una población exhausta y cada día más a merced de la influencia iraní a través de las milicias chiíes agavilladas en las Fuerzas de Movilización Popular. Y agrava la situación la necesidad ineludible que tiene el Gobierno en funciones del chií Abdel Abdul Mahdi de contar con la tutela estadounidense, cuya primera misión es neutralizar a los grupos radicales y a oradores imprevisibles como el clérigo chií Muqtada al Sadr, a quien sus seguidores otorgan el título de sayyid (descendiente del profeta).

Todo ha empeorado las dos últimas semanas: la lógica de la escalada se ha impuesto y es improbable que las aguas vuelvan a su cauce por más que el Gobierno iraquí, por boca de su primer ministro, asegure que no se tolerarán más situaciones como el asalto a la Embajada de Estados Unidos. Como dice un editorial de The New York Times, “es dudoso que los ataques aéreos sirvan como elemento disuasorio, ya que es probable que las milicias intentaran provocar tal respuesta”, una duda que el semanario Time completa con el deseo expresado por varios líderes chiíes de que abandonen el país los 5.000 soldados que Estados Unidos mantiene en sus bases iraquís.

Puede decirse que el ovillo iraquí es fiel reflejo de una situación extremadamente volátil. Estados Unidos ha llevado a Irak su arremetida contra Irán; el régimen de los ayatolás ha consolidado en Irak –la población chií alcanza el 60%– una cabeza de playa y cada día es mayor su influencia en Bagdad; el Gobierno iraquí pretende, contra toda lógica, mantener una alianza lo más simétrica posible con Estados Unidos e Irán, y, por último, la Casa Blanca necesita imperiosamente que la hegemonía de Arabia Saudí en el golfo Pérsico sea una realidad que nadie discuta. Pero para que este último requisito se cumpla es indispensable –eso creen los estrategas de Washington– que el régimen iraní esté tan debilitado que no lo pueda poner en tela de juicio.

Desde su llegada a la presidencia, Donald Trump ha pretendido reducir al mínimo la vinculación con los problemas endémicos en Oriente Próximo mediante una estrategia que tiene en Israel, Egipto y Arabia Saudí los tres pilares de la seguridad regional. Estos días insiste el presidente en que “quiere evitar nuevas guerras”, pero al mismo tiempo culpa a los clérigos iranís de estimular la movilización de la sociedad iraquí contra la presencia estadounidense en Irak, prodiga el recurso a la fuerza y mantiene una política de sanciones que arruina sus finanzas, paraliza el bazar y da pie a la reactivación del programa nuclear. Es decir, esta deseable evitación de la guerra tiene cada día menos visos de ser un auténtico deseo de Trump; en cambio, van en aumento quienes tienen la sensación de que el momento se corresponde con la reconocida capacidad de Trump de oficiar una ceremonia de la confusión tras otra sin un plan preciso, sin que aparentemente nadie haya considerado todas las variables antes de aplicarlo.

Como explica la analista de The Washington Post Jennifer Rubin, son una minoría los votantes que creen en las posiciones que en público sostiene Trump, y es improbable que cambie esta atmósfera de desconfianza si el irresoluble crucigrama iraquí obliga al presidente a una mayor implicación efectiva. “Sus calificaciones personales son horrendas”, escribe Rubin, remitiéndose a las últimas encuestas, y son varios los especialistas que estiman que pueden empeorar si la crisis iraquí-iraní se descontrola más de lo que ya lo está. En mayo se cumplirán 17 años del hundimiento del régimen de Sadam Husein y la historia de estos años demuestra que es enormemente fácil desencadenar un empeoramiento del clima político en un medio azotado por los desastres de la guerra, la puga entre clanes ideológicos, el sectarismo religioso, la codicia de los gobernantes y la multiplicación de adversarios que aspiran a controlar los destinos de la región.

El diagnóstico hecho por Henry Kissinger en 2007 se ha cumplido en todos sus extremos: la crisis iraquí es más compleja que la de Vietman, requiere del compromiso de terceros países para solucionarla, incluido Irán, e implica el mantenimiento de fuerzas estadounidenses sobre el terreno hasta que se cancele la guerra entre facciones y la estabilidad política sea un hecho. El caso es que Donald Trump no quiere que Irán forme parte de la solución iraquí, desea evacuar las tropas cuanto antes y quiere depositar en sus aliados en la región la responsabilidad de que el problema no desencadene un efecto dominó. Pensado todo para llegar a la gran cita de la reelección como el comandante en jefe que evitó la guerra y, al mismo tiempo, fue capaz de acallar a los ayatolás y de someter Oriente Próximo a los designios de la Casa Blanca. El realismo induce a considerar que la apuesta es demasiado alta y arriesgada incluso para una superpotencia.

Gana el ‘brexit’, crecen las incógnitas

La incontestable victoria de Boris Johnson en las elecciones legislativas celebradas el jueves en el Reino Unido deja las manos libres al primer ministro para acelerar los trámites del brexit, pero plantea un gran número de incógnitas. El vencedor puede traducir en hechos su eslogan preferido, Terminar el brexit, y poner fin a las “miserables amenazas” –palabras suyas– de un segundo referéndum, pero deberá afrontar varios desafíos consecuencia de la salida de la Unión Europea, empezando por las reglas del juego que regirán en la relación futura con los Veintisiete en los ámbitos financiero, comercial y de circulación de personas. Un rompecabezas que con toda probabilidad requerirá más del año previsto para consumar el brexit a partir de la fecha, puede que anterior al 31 de enero, en que entrará en vigor el acuerdo negociado por Johnson con Bruselas.

Los requerimientos de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, para concretar cuanto antes la tramitación del brexit no hace más de traducir una exigencia previsible de la UE después del caótico día siguiente del referéndum de junio de 2016 y de la dificultad para desatascar un bloqueo tóxico para la construcción europea. El problema de Johnson es que la simplicidad de los mensajes de campaña y la debilidad enfermiza del Partido Laborista han permitido transmitir a la opinión pública británica la impresión de que es todo más fácil de los que en realidad lo será después de casi 50 años de una relación a menudo compleja, pero que ha entrelazado más que nunca las dos orillas del canal de la Mancha.

“Sin lo que puede resultar una promesa irresponsable sobre el período de transición y lo que fue una forma bastante espeluznante de tratar a los parlamentarios disidentes, el partido del brexit”, podría haberlo tenido todo más difícil, afirma Daniel Finkelstein en un artículo publicado en el conservador y eurescéptico The Times. Esa “promesa irresponsable” se refiere a las dificultades que planteará la negociación del periodo transitorio, que la UE intentará que sea lo menos dañino posible para sus intereses, inevitablemente afectados por el divorcio. Es imposible que la separación se pueda negociar sin que surjan inconvenientes a cada paso y sin que una parte de la sociedad británica se movilice a pesar de haber salido derrotada en las urnas. El brexit es inevitable, pero normalizar la relación con el resto de Europa requerirá más tiempo de lo que presumiblemente da a entender el eslogan Get brexit done.

Cuando el editorial del Financial Times, altavoz de la City, recordaba a Johnson al día siguiente de la victoria la necesidad de que el premier cumpla su “promesa de una nación” y la necesidad de que gobierne “en interés de todos, no solo de quienes apoyaron el brexit”, no hacía más que adelantarse a los riesgos que conllevaría apoyarse en exclusiva en los electores que le han dado el triunfo. El hundimiento sin paliativos del Partido Laborista puede llevar a los tories a prescindir de los adversarios de la salida de la UE, pero según sea el desarrollo de los acontecimientos en las próximas semanas en campos tan sensibles como la reacción de los mercados después del entusiasmo del viernes y la salud de la libra, la pretensión de quemar etapas puede hacer realidad los peores pronósticos. Algo que ni siquiera una nueva relación comercial con Estados Unidos, prometida por el presidente Donald Trump, podría corregir dada la tendencia de la Casa Blanca a comportarse de forma imprevisible.

Que el laborismo haya defraudado a muchos de sus seguidores, sumergido en una pocos menos que insólita doble crisis –de identidad y de liderazgo–, no diluye la herencia del último congreso del partido, cuando la dirección se mantuvo en una ambigüedad injustificable, mientras el grueso de la base reclamaba actuar con determinación contra el brexit. Puede decirse que uno de los mayores actores políticos en el éxito de Boris Johnson ha sido Jeremy Corbyn, encerrado en sus viejas convicciones euroescépticas. “Corbyn ha permitido que su partido esté dividido por el sectarismo, el antisemitismo y el bréxit”, escribe Polly Toynbee en el progresista The Guardian. Pero tal división y el desastroso manual político de Corbyn no han acabado con el laborismo contrario a la separación ni otorga un cheque en blanco a los tories para actuar sin cautela.

La tendencia a la extravgancia y al coup de théâtre del primer ministro tampoco es un buen manual para hacer frente a dos asuntos trascendentales de orden interno: la previsible exigencia del nacionalismo escocés de celebrar un segundo referéndum para lograr la independencia y la situación en Irlanda del Norte cuando se produzca el brexit. Se trata de dos asuntos envenenados por la política de las emociones y por realidades insoslayables: en el caso de Escocia, por el europeísmo sin reservas del Scottish National Party (SNP), que ha obtenido un triunfo histórico y es adversario infatigable del brexit; en el caso del Ulster, porque está en juego la continuidad de la paz lograda por los acuerdos de Viernes Santos de 1998. Más allá de los tecnicismos aplicados a cada asunto, no es realista pensar que el paso del tiempo y los hechos consumados todo lo curarán o lo atenuarán, sino que probablemente contribuirán a radicalizar la situación. Ni Nicola Sturgeon, líder del SNP, ni los diputados del DUP –unionistas norirlandeses que Johnson ya no necesita para completar la mayoría–, ni la comunidad católica del Ulster, que exige el mantenimiento de la frontera blanda con la República de Irlanda, transigirán con una serie de componendas supeditadas a los designios de los brexiteers. Dicho de otra forma: el anclaje de Escocia en el Reino Unido después del referéndum y la pacificación del Ulster han colgado hasta la fecha de la pertenencia del Reino Unido a la UE; liquidar ese vínculo está lleno de riesgos en ambos casos.

Los británicos se adentran en terreno desconocido, sin saber muy bien si la simplificación de los problemas hecha por Boris Johnson mantiene algún contacto con la realidad o si la recuperación de la soberanía es una mera promesa electoral cuya concreción es un secreto muy bien guardado por los estrategas tories. Siempre hubo una parte de la sociedad británica incómoda o inadaptada a los requisitos asociados a la pertenencia a la UE, pero nunca desde el final de la segunda guerra mundial se enfrentó el Reino Unido a la travesía por una terra ignota de la trascendencia de separarse de la UE. Aunque la propaganda conservadora ha sido capaz de convencer a muchos electores de que han hecho posible la vuelta a las esencias patrias, sin entrar en detalles sobre la naturaleza de tales esencias, son enormes las dudas que plantea un porvenir incierto.

El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Trump echa una mano a Netanyahu

El reconocimiento de la legalidad de los asentamientos de colonos israelíes en Cisjordania pone un obstáculo más a los ya existentes para que algún día se haga realidad la solución de los dos estados, vista por la comunidad internacional como la única fórmula que puede zanjar el conflicto palestino-israelí. Aunque no es un dato menor el hecho de que la decisión adoptada por Donald Trump es una transgresión flagrante del derecho internacional, lo más grave del paso dado por la Casa Blanca es que debilita a las facciones palestinas más moderadas y da alas a las más radicales, que siempre han considerado el proceso abierto en Oslo en 1993 como un camino impracticable en el que siempre es la parte israelí la que fija la agenda. Y por si esto fuera poco, se prolonga sin fecha de vencimiento la postración de los palestinos de Cisjordania, emparedados entre el muro de hormigón levantado por el Gobierno israelí y la presión de los colonos –entre medio millón y 600.000–, acostumbrados a disfrutar de una impunidad poco menos que ilimitada.

A las consecuencias que puede tener para el primer ministro Binyamin Netanyahu su procesamiento por varios presuntos casos de corrupción ha respondido Trump con un regalo excepcional para que los votantes conservadores, cada vez más, mantengan la confianza en el líder del Likud. Mientras un articulista del periódico progresista israelí Haaretz se pregunta si con su comportamiento sometido a juicio ha arriesgado Netanyahu no solo su libertad, sino también su futuro como gobernante, el gran aliado responde con un gesto de apoyo hacia su proyecto anexionista para los asentamientos de Cisjordania que, en la práctica, pretende hacer imposible el nacimiento de un Estado palestino con todos los atributos de soberanía.

Nada realmente nuevo hay en esta maniobra: responde a la misma lógica aplicada por la Administración de Trump al reconocer la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel, y trasladar allí la Embajada de Estados Unidos, y reconocer asimismo la soberanía israelí sobre los altos de Golán, territorio sirio ocupado en junio de 1967. Se trata de proteger hasta donde sea posible la continuidad de Netanyahu, harto discutida después de dos elecciones que no han permitido armar una mayoría parlamentaria que respalde un Gobierno encabezado por él, y de condicionar a cualquier futuro sucesor del primer ministro en funciones si es que algún día tiene la tentación –una utopía– de buscar una salida a la crisis mediante una negociación con el Gobierno palestino. Esto es, se trata de evitar que alguien se atreva en el futuro a abrir el melón de la soberanía sobre los asentamientos, de la retrocesión de territorios y de la doble capitalidad de Jerusalén, reclamada por la Autoridad Palestina.

Creer que el programa estadounidense perturbará de forma significativa a los líderes árabes es pura ingenuidad. Aunque en teoría Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y Jordania tiene grandes posibilidades de influir en el desarrollo de los acontecimientos, como subrayan los profesores Yossi Mekelberg y Greg Shapland en un artículo difundido por el think tank británico Chatham House, la realidad es muy diferente. Más allá de las declaraciones solemnes que se lleva el viento, se impone otro dato: el sistema de seguridad diseñado por Estados Unidos para Oriente Próximo descansa sobre tres pilares: Israel, Arabia Saudí y Egipto. De forma que la implicación árabe para lograr la solución de los dos estados es cada vez menor a pesar de la observación de Mekelberg y Shapland: “Si los líderes árabes ven la estabilidad regional como algo de interés para sus países, deberían estar tratando de dar forma a cualquier plan de paz eventualmente promovido por la Administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tal manera que formen un marco para las negociaciones que puedan aceptar los líderes israelís y palestinos”.

Lo cierto es que no existe este eventual plan de paz promovido por Estados Unidos, y egipcios y saudís no tienen la menor intención de meterse en el avispero. Es improbable que finalmente la repercusión en el seno de la Liga Árabe del gesto de Trump con los asentamientos desencadene una respuesta activa; más parece que las exigencias árabes se han instalado en el ámbito de las naturalezas muertas, sin aliento. En cambio, es verosímil que los profetas de las organizaciones árabes y musulmanas más radicales sumen nuevos adeptos en la calle árabe sin mayor esfuerzo. En el mundo árabe no queda un solo gobernante dotado del aura carismática de líder emancipador, y la frustración sembrada por el fracaso de las primaveras a partir de 2011 opera como un resorte que atrae seguidores a las proclamas incendiarias.

El caso es que nada de esto liberará a la comunidad palestina del aparheid de facto al que se allá sometida. Puede incluso que provoque un endurecimiento de los mecanismos de control israelí y que, en última instancia, caiga en el olvido la solución de los dos estados (si es que no cayó ya). De hecho, en una parte importante de la sociedad israelí, tal asunto se da por amortizado, ni siquiera lo mencionan los partidos enfrascados en una crisis institucional sin salida para formar Gobierno y el partido de los árabes con nacionalidad israelí apenas tiene eco internacional. Pero la crisis subsiste y es susceptible de empeorar a poco que alguien prenda la mecha.

 

 

Trump ya tiene su ‘impeachment’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha logrado reunir en muy pocos días todos los ingredientes de un verdadero Watergate bis. Primero, parece haber transgredido una ley federal en no menos de tres ocasiones al solicitar a gobiernos extranjeros que investiguen a los BidenJoe, posible candidato demócrata a la presidencia, y su hijo Hunter– para desgastar al patriarca de la familia. Segundo, los republicanos más afectos a la figura de Trump han dicho en público no ver mayor problema en la petición del presidente. Tercero, la Cámara de Representantes, con mayoría demócrata, ha instado la apertura del procedimiento de impeachment después de que durante meses se resistiera a dar el paso el establishment del partido, convencido de que es imposible la destitución del presidente a causa de la mayoría republicana en el Senado. Cuarto, un o una garganta profunda adscrita la CIA se dice que ha sido la que ha filtrado la información básica del affaire. Cinco, Trump ha contraatacado pidiendo que la CIA desvele la identidad del informante y ha hablado de caza de brujas (dijo lo mismo del Rusiagate, que sigue ahí).

Para el consejo editorial de The New York Times, el presidente poco menos que se ha disparado un tiro en el pie al pedir a China, en presencia de varios periodistas, que investigue a los Biden, porque se trata de una transgresión en público y con testigos de la ley federal que considera ilegal que una persona “conectada con una elección en Estados Unidos” solicite, acepte o reciba algo de valor de un extranjero. Si hasta la fecha las sospechas que recaían sobre Trump se remitían a dos conversaciones telefónicas –con Volodimir Kelenski, presidente de Ucrania, y con Scott Morrison, primer ministro de Australia–, la declaración pública de Trump debilita su línea de defensa frente a un electorado radicalmente dividido.

Para el periódico, “esto puede parecer autodestructivo”, algo así como alimentar el proceso de impeachment por quien es investigado por el Congreso; incluso puede entenderse como una “violación flagrante (…) de las noción estadounidense de juego limpio y decencia”. Pero este tiro al pie con testigos está lejos de asegurar un empeoramiento de la situación para Trump porque, como reconoce The New York Times, siempre hay detrás de sus actuaciones una operación de márketing político para que sus partidarios cierren filas y para que el Partido Republicano, entre distanciarse del presidente y arroparlo, se decida por el mal menor: blindarlo para no arriesgarse a perder la Casa Blanca.

El fiscal general, Richard Barr, y Rudolph Giuliani, abogado personal de Trump, actúan de acuerdo con esta doble lógica: cohesionar la franja de electores que dio el triunfo al presidente en 2016 y mantener cautiva de esta estrategia a la dirección republicana. De hecho, ambos personajes son dos figuras centrales en el ritual del impeachment, con el añadido de que Giuliani es un político avezado –fue alcalde de Nueva York– que conoce muy bien la letra menuda del oficio y desempeña en ocasiones el papel de enviado oficioso de Trump en gestiones más o menos irregulares.

Si de algo sirven los precedentes históricos, la utilización que Richard Nixon hizo del entramado judicial es harto ilustrativa de hasta qué punto la presidencia tiene a su disposición resortes para neutralizar o enmarañar la investigación. Nixon pudo prolongar su agonía política dos años, y si el 8 de agosto de 1974 presentó la dimisión fue porque la pestilencia del caso llevó al Partido Republicano a abandonarlo a su suerte. Algo bien distinto a lo que sucedió con el impeachment de Bill Clinton, que logró mantener a los demócratas a su lado, ganó la votación en el Senado y facilitó al partido argumentos para salir bien parado de las elecciones legislativas de 1998.

En la práctica, Trump se mira en el espejo de Clinton, en su capacidad para movilizar a los suyos y salir airoso del empeño, con la diferencia enorme de que en 1998 no estuvo en juego la presidencia y en 2020 sí lo estará. Una circunstancia que lleva al presidente a echar mano de una de sus armas preferidas: el lenguaje desabrido. Una forma de enfrentarse a los adversarios que destacó en las páginas de The Times Literary Supplement, durante la campaña de 2016, el escritor Richard Ford, crítico permanente y acerado del trumpismo: “Donald Trump no parece escuchar a las personas, especialmente a las personas que no corroboran lo que defiende (aunque parece escuchar insultos y le gusta burlarse y amenazar e incluso herir a los que considera que le insultan)”.

La posibilidad de que la personalidad del presidente y la trascendencia de la elección enturbien y desnaturalicen la campaña es tan cierta como que el Partido Demócrata, una vez ha dado el paso de buscar la destitución de Trump, fuerce la máquina para promover a Joe Biden como el candidato idóneo para conquistar la Casa Blanca frente a otros aspirantes con proyectos más radicales, pero menos vendible a las clases medias y que incluso desagradan a la facción demócrata más conservadora. Porque ambas partes saben que, con el impeachment de por medio, la victoria ya no dependerá solo de la capacidad de Trump de defenderse atacando y de la de Biden de hacer lo mismo, sino de la habilidad de los respectivos equipos para no alarmar a la opinión pública, con frecuencia incrédula y escéptica en medio del griterío de los políticos. Trump ya tiene su impeachment y su Watergate, pero eso no significa que estén cerca su destitución o su derrota.

El Pérsico se calienta

La paulatina tendencia a la baja del precio del barril de Brent, que el lunes rozó los 68 dólares, es un buen indicio de hasta qué punto se han serenado los ánimos después del ataque con drones del día 14 contra dos refinerías saudís. Pero este no es el único parámetro válido para medir la volatilidad del momento en la pugna histórica entre Irán y Arabia Saudí, alimentada por Estados Unidos e Israel, para hacerse con la hegemonía en el golfo Pérsico, para controlar las rutas de suministro desde los yacimientos de Oriente Próximo hacia el océano Índico, y a través de este, hacia Extremo Oriente y hacia Europa a través del estrecho de Bab el Mandeb. Y puesto que de esta disputa histórica depende en gran medida la estabilidad de precios del crudo, una mejora de la estabilidad política y militar en la región y el comportamiento de la Liga Árabe, debe concluirse que se multiplican las incógnitas y es harto arriesgado hacer vaticinios.

Que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, limite sus amenazas a un aumento de las sanciones económicas impuestas a Irán y evite recurrir a las armas –esta prudencia relativa fue una de las razones de la destitución de John Bolton, aguerrido consejero de Seguridad Nacional– tiene mucho que ver con el hecho de que dentro de poco más de un año se someterá a reelección. Una razón de peso para evitar que el comandante en jefe dé la orden de ataque, pero una posición frecuentemente contestada desde el entorno presidencial, que ve en la república de los ayatolás el gran adversario del dispositivo de seguridad en Oriente Próximo. Un punto de vista compartido por el príncipe Mohamed bin Salmán, hombre fuerte de Arabia Saudí y heredero de la corona, muy bien relacionado con Trump y su entorno, cuyos planes de diversificación e internacionalización de la economía de su país incluyen acabar con la competencia iraní.

Al mismo tiempo, el régimen iraní recurre directa o indirectamente a provocar fluctuaciones en el precio del petróleo para dañar la economía de quienes se benefician de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Mediante las acciones de algún aliado –la rebelión hutí en Yemen– o con iniciativas que perturban el tránsito de buques tanque por el estrecho de Ormuz. En el primer caso, la responsabilidad iraní queda difuminada –el ataque a las refinerías saudís–, pero no caben demasiadas dudas acerca de la asistencia tecnológica de Irán –el suministro de drones, probablemente– en el golpe de mano, perpetrado, según ellos lo reclaman, por quienes desde 2015 están condenados a la política de tierra quemada aplicada en Yemen por los saudís y apoyada con más o menos entusiasmo por la mayoría de capitales árabes.

Nada escapa a esta lógica, ni siquiera el nombramiento de Robert C. O’Brien para ocupar el puesto de John Bolton. Más allá de la frivolidad subyacente al hecho de que Trump vaya por el cuarto asesor de Seguridad Nacional desde que llegó a la Casa Blanca (20 de enero de 2017), la elección de O’Brien obedece a la necesidad de contar con un analista moderado que sintonice con la necesidad de llegar a las elecciones del 3 de noviembre de 2020 sin más compromisos militares que los actuales. Que esto complazca más o menos a saudís e israelís es harina de otro costal, pero es improbable que en ambos casos radicalicen el enfrentamiento con Irán sin contar con el visto bueno y la complicidad de Estados Unidos, algo improbable.

Por lo demás, la confusión política que enmaraña a los partidos israelís después de las elecciones legislativas de este último martes, que han dejado las cosas más o menos igual que después de la convocatoria de abril, y la debilidad o incapacidad demostrada por el Ejército saudí para neutralizar el ataque con drones, facilita la pretensión de Trump de prolongar esta situación de ni paz ni guerra, un conflicto crónico de baja intensidad que daña la economía iraní, pero que no incendia la región ni lleva inexorablemente a contabilizar bajas. La “furia y el fuego” deben ser sobre todo alegóricos –véase la evolución de los acontecimientos en Corea del Norte–, pero resulta determinante el convencimiento de que la opinión pública de Estados Unidos es del todo reacia a nuevas aventuras en el exterior; abunda la radicalidad en las redes sociales sin que se den pasos irreversibles sobre el terreno.

Ahora mismo es imposible prever cuál será la solución del crucigrama israelí, que por primera vez en mucho tiempo puede disponer de un Gobierno de concentración nacionalista laico, con los partidos religiosos en la oposición y la Lista Conjunta –coalición de partidos árabes– como el primer grupo de la oposición. Un dato esencial para saber si la hostilidad permanente hacia Irán se mantendrá tal cual en el futuro, se moderará o adquirirá un perfil más o menos imprevisible. Algo asimismo esencial es saber si el resultado de las elecciones consagra a Benny Gantz y señala el final de la carrera política de Binyamin Netanyahu o puede prolongarla, y en tal caso, mantenerse inmutable la consideración de Irán como un enemigo estratégico y de Arabia Saudí como un aliado necesario, Estados Unidos mediante.

Las incógnitas son igualmente llamativas en el futuro inmediato de la monarquía saudí, sometida de tiempo en tiempo a los vaivenes de las peleas en el seno de la familia reinante. Si se repasa la historia de las disputas de palacio durante el último medio siglo, se comprueba fácilmente que en cada situación excepcional o cada vez que Arabia Saudí ha emitido señales de debilidad, algún movimiento telúrico ha propiciado cambios significativos en la corte. Sin duda, los daños causados por un ataque con drones, procediera de donde procediera –Washington y Riad dicen que de suelo iraní–, cabe incluirlo en el capítulo de los episodios capaces de desencadenar una sacudida en las inmediaciones del trono.

Aunque toda situación es susceptible de empeorar, las variables a tener en cuenta en Oriente Próximo son tantas y están tan llenas de riesgos que la mejor opción hoy es dejar las cosas tal como están, piensan los asesores electorales. Porque cualquier forma de empeoramiento posible seguramente tendría reflejo en las encuestas, en la tendencia de voto, facilitaría la campaña del candidato demócrata, sea quien sea este, y llevaría a Donald Trump a una encrucijada altamente peligrosa para la reelección, contando incluso con la fidelidad de la mayoría de sus electores, para quienes la política exterior es un asunto menor salvo, quizá, cuando se trata de ir a la guerra.

Los asesores estorban a Trump

Dos artículos publicados esta semana por reputados analistas estadounidenses centran su atención en la presunta capacidad del presidente Donald Trump de perjudicarse a sí mismo. David Axelrod, que asesoró a Barack Obama en las elecciones de 2008, sostiene en The New York Times que si los demócratas son inteligentes, deberán limitarse a dejar que Trump se destruya en el transcurso de la campaña para las presidenciales del año próximo. Elizabeth Drew, una veterana –83 años– del ensayo político radicada en Washington, reprocha en varios medios al Partido Republicano haberse puesto en manos de un líder “cada vez más desquiciado” cuya suerte electoral dependerá de la capacidad de resistencia que tenga en los próximos meses su ego inabarcable. En ambos casos, asoman las dudas si no rectifica acerca de la disposición del presidente de llegar a noviembre de 2020 con posibilidades indiscutibles de salir reelegido.

Al mismo tiempo, las encuestas indican que el colchón de votantes fieles apenas ha disminuido desde 2016 a pesar de que su índice de aceptación es bajo –menos del 40%– o muy bajo –alrededor del 30%– dependiendo de los sondeos. Entre los estrategas a los que acuden los dos grandes partidos para diseñar sus campañas está muy extendida la idea de que, por desconcertante que pueda resultar la tendencia a la improvisación y a las decisiones contradictorias, los seguidores de Trump se sienten confortados con su nacionalismo de campanario. Nada de cuanto alarma a los liberales clásicos, a los grandes medios, al mundo académico y a los veteranos del Congreso conmueve el universo trumpiano, ni siquiera la política de personal y la permanente reorganización de equipos en la Casa Blanca.

La destitución o dimisión de John Bolton, tercer consejero de seguridad nacional desde enero de 2017, no es una excepción. A pesar de la importancia tradicional del puesto, de la suposición de que era el halcón ideal para asesorar a Trump y de las muy prontas diferencias que surgieron entre ambos, la salida de Bolton por la puerta falsa no ha alterado el pulso a quienes están encantados con el comportamiento político del presidente. Antes al contrario: la rudeza de los métodos del Despacho Oval confirma a los votantes de Trump en sus más íntimas convicciones. Ese populismo grandilocuente y estruendoso, tan presente en los tuits presidenciales, lo entienden como muestra de una firmeza sin límites frente al léxico de los políticos convencionales.

Al mismo tiempo que los observadores más atentos a la línea de conducta de la Casa Blanca se preguntan por qué fue John Bolton el elegido sin prever que pronto sería desautorizado o desoído, mientras se buscan razones para entender cómo es posible que el presidente no supiese de antemano que su nuevo asesor iba a exigir mano dura con Irán, con Corea del Norte, con los talibanes y aun con China, el electorado más conservador y defraudado por los costes sociales de la salida de la crisis se mantiene inasequible al desaliento. Lo mismo jalea la amenaza de Trump de aniquilar a un adversario en una hecatombe de “furia y fuego” que aplaude el apretón de manos con Kim Jong-un; lo mismo puede apoyar sucesivamente una decisión y su contraria sin que por ello se hundan las columnas del templo.

Como persiguen las campañas de las grandes empresas para asegurarse la fidelidad de sus clientes, Trump ha logrado entre su masa de votantes lo que un editorialista llamó hace meses “lealtad absoluta al producto” que es él mismo. Un producto que ha logrado enardecer a sus rivales, retener a sus fieles y no empeorar demasiado las cosas con su unilateralismo sin fisuras a pesar de su tendencia a prodigarse en amenazas y frases rotundas que hacen temer lo peor. Si en política interior la Casa Blanca nunca habla a humo de pajas, en el plano exterior la vociferación es sometida luego a matices a la hora de actuar, con la excepción del conflicto palestino-israelí, donde Trump ha suscrito hasta la última coma el programa de Binyamin Netanyahu.

Afirma Elizabeth Drew que “quizá el mayor peligro político para Trump radica en la creciente evidencia de que ha utilizado la presidencia para enriquecerse”, y siendo cierto esto, también lo es que, hasta la fecha, ha sido mínima la capacidad de desgaste asociada a tal comportamiento. Como en el caso de la descontrolada política de nombramientos y destituciones del presidente, parece que es invulnerable al coste que entrañan las sospechas. Ni siquiera el prestigio y la solvencia moral del senador John McCain, fallecido hace un año, que reprochó con frecuencia al presidente su comportamiento desbocado, dañó su imagen en la llamada por el escritor Richard Ford “América silenciosa”, aquella que observa a Washington como algo lejano y ajeno a ella misma y que comparte con la cultura difundida por el universo neocon la idea de que el Gobierno es el problema, fuente de toda clase de excesos y resorte que limita la autonomía de los individuos.

En este espacio político, Trump ha dado con la tecla para no defraudar, pero está por ver si cuando arrecie la tormenta electoral, con un candidato demócrata dotado para el cuerpo a cuerpo, es capaz de mantener la casa en pie. De momento, le es útil disponer de asesores de los que espera solo opiniones que ratifiquen sus decisiones, tal como se describe en una información publicada por The Washington Post: “En la órbita del presidente Trump, hay reglas tácitas que espera que sigan sus asesores. Tolera un mínimo de disidencia, siempre que siga siendo privado, espera que los asesores se alineen y defiendan sus decisiones y exige absoluta fidelidad en todo momento”. Y le es aún más útil aparecer en auditorios favorables como alguien que se sale de todas las normas y no busca asesores, sino cómplices para aplicar su programa y alcanzar objetivos específicos.

Anthony Scaramucci, exasesor de Comunicación de la Casa Blanca, lo cuenta así en el Post: “Quiere una lealtad catatónica, y quiere que estés detrás de las luces de fondo. Hay un foco de atención en el escenario que brilla sobre Trump y tú eres un accesorio en la parte de atrás con la luz atenuada”. Se trata de una situación a menudo kafkiana, concluye el periódico, porque al final todo depende de la intuición del presidente en cada momento y no de la capacidad de análisis y previsión de los especialistas. Algo poco menos que insólito en una organización tan compleja como el Gobierno de una gran potencia, cuya eficacia depende tanto del gancho popular del líder como de la opinión de los expertos, especialmente cuando, en los prolegómenos de una campaña, el Partido Demócrata puede llegar a la conclusión de que Donald Trump es muy capaz de cocerse en su propia salsa, en sus propios errores, sin renegar de ellos.

El nacionalismo alienta el ‘brexit’

La convocatoria de unas elecciones anticipadas, presuntamente esclarecedoras del sentir de los británicos frente al brexit, es la última baza que juega Boris Johnson antes de cerrar el Parlamento durante cinco semanas. Ni la oposición ni los sublevados del Partido Conservador, que se oponen tajantemente a un divorcio a las bravas, quieren hacer más indescifrable el jeroglífico y dar al primer ministro más instrumentos políticos, de intoxicación o persuasión de la opinión pública, sometida a insólitos bandazos de la clase dirigente y al espectáculo transmitido en directo por las televisiones. Después de cuatro derrotas consecutivas del premier, con una sociedad dividida y desorientada, más allá de las encuestas aparentemente favorables a los tories brexiters, se acumulan los riesgos de que, llegado el 31 de octubre, con el Reino Unido en un callejón sin salida, se consume un brexit sin acuerdo y el proceso se adentre por un territorio más desconocido e imprevisible que el de ahora.

Si el clima no fuese el de una tormenta desbocada, cabría hablar de nuevo de la convocatoria de un segundo referéndum, con más y mejor información del significado de la salida de la UE en poder de los electores. Como la tempestad no mengua y la demagogia nacionalista no cesa, es poco menos que impensable una nueva consulta con la atmósfera serena que requiere el caso. Fue posible en cuanto se concretaron las dificultades que entraña la operación de salida y, aún más, cuando quedaron en evidencia las falsedades difundidas por Nigel Farage y sus secuaces, pero la tibieza de la dirección laborista –Jeremy Corbyn y los veteranos del partido– y de los conservadores disidentes lo hizo inviable. Esa inviabilidad ha ido en aumento, de forma que se antoja inevitable que el brexit se produzca, y ahora lo que importa es lograr que sea lo menos dañino posible para el Reino Unido y para los Veintisiete.

Al mismo tiempo, ha calado en la estrategia de los promotores del brexit a toda costa la convicción de que una parte sustancial del electorado británico ve en la salida de la UE la ocasión de realizar el viaje de vuelta a un pasado ideal o mitológico. La analista Lynsey Hanley lo desmiente en un artículo publicado en el periódico The Guardian, europeísta, y se remite para ello a las conclusiones del libro Me, Me, Me?, del profesor Jon Lawrence, un recorrido por los comportamientos de la gente corriente desde el final de la segunda guerra mundial. Según Hanley, la “guerra cultural” planteada por Boris Johnson “para ganar votos cruciales” entre los trabajadores es un error. Y añade: “La mayoría de los partidarios de la salida no ansían una comunidad mítica perdida. Solo quieren una mejor calidad de vida”.

La gran incógnita, aquella más presente en todos los debates, en las conversaciones a pie de calle, en las preocupaciones de la City, entre los británicos que residen en países de la UE y entre quienes anuncian toda suerte de perjuicios es si, en efecto, “una mejor calidad de vida” es posible sin el vínculo europeo. O si, por el contrario, el debilitamiento del engarce entre las islas y el continente, sustituido o alentado por una relación económica preferente con Estados Unidos, perjudicará a la libra, constreñirá las exportaciones, debilitará la bolsa y, en términos generales, empeorará las perspectivas de futuro de los ciudadanos. De momento, no hay un solo informe o estudio solvente que prevea una mejora objetiva con el brexit y, por el contrario, todos vaticinan descensos del PIB, desvalorización de la libra y dificultades de toda índole para mantener los flujos comerciales.

La determinación de la UE de no tocar una coma del pacto firmado con Theresa May en noviembre del año pasado abunda en la idea de que es el mejor de todos los acuerdos posibles, limita el parte de daños y pone a salvo la paz en Irlanda. Las alusiones a la plena soberanía hechas por Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y un elenco muy extenso de brexiters para oponerse al mantenimiento de la frontera blanda entre las dos Irlandas (backstop) responde a un nacionalismo caduco, a la necesidad de mantener a los unionistas norirlandeses en el bando conservador y a la incomodidad manifiesta de los tories más retrógrados con los acuerdos de Viernes Santo de 1998, que apaciguaron el Ulster. Esta falta de realismo no obedece a la incapacidad del Gobierno británico para analizar la situación, sino a la decisión de recurrir a la política de las emociones para mantener unido el bando brexiter.

Quizá la gran sorpresa para Boris Johnson ha sido la unidad y unanimidad de los Veintisiete en esta larga crisis, en ocasiones indescifrable. Lo cual no quiere decir que conforme se acerque el 31 de octubre y se radicalicen las posiciones en el Reino Unido no surjan disidentes partidarios de revisar algunos extremos del acuerdo de noviembre. Porque aunque es de forma indirecta, el conflicto provocado por la salida del Reino Unido ha reforzado el perfil político de la institución, algo combatido a menudo por la mayoría de los socios más recientes de la UE y aun por algunos veteranos que han abierto el Gobierno a partidos de extrema derecha –Italia y Austria, los casos más recientes–, siempre dispuestos a presentar Bruselas como el origen de todos los males nacionales.

He ahí un asunto capital en la crisis en curso: la preminencia de la idea de Europa frente a la de las naciones, el cosmopolitismo de los Veintiocho o Veintisiete frente a las políticas identitarias, al retorno al pasado, entendido este como un estado ideal de plenitud cultural y cohesión social. Un mito más que un programa político en un mundo globalizado, sumergido en el cambio tecnológico y en la emergencia medioambiental. Pero un eficaz canto de sirena que en Estados Unidos llevó a Donald Trump  a la presidencia y en el Reino Unido dio el triunfo al brexit en junio de 2016, de ahí la enorme dificultad de deshacer la madeja de los nacionalismos exaltados, incluido el británico, que quiere agrandar la anchura del Canal.