Uvalde, la pesadilla de siempre

El estupor por la muerte de 19 niños y dos maestras en la escuela elemental Robb de Uvalde (Texas), abatidos por un joven de 18 años armado con un fusil de asalto no parece ser suficiente para que algo cambie en la nociva permisividad para la posesión de armas en Estados Unidos. Cada vez que se produce una carnicería vuelve a ser objeto de debate la necesidad de acotar tal derecho, pero el poderoso lobi de fabricantes de armas y de la Asociación Nacional del Rifle saca del archivo la Segunda Enmienda, que data de 1791. Como si se tratara de un dogma de fe, el país más conservador y retardatario moviliza a los cargos electos del Partido Republicano para impedir que todo siga como hasta ahora y, contra el más elemental sentido común, los voceros dispuestos a hacer lo que sea para dejar las cosas como están tienen la desfachatez de asegurar que las armas en manos de particulares aumentan la seguridad de las familias.

Ni siquiera la proximidad de dos matanzas de las dimensiones de las habidas en un supermercado de Buffalo (Nueva York), hace menos de dos semanas, desencadenada por un supremacista blanco, ni la de Uvalde sirve para que el frente de rechazo de cualquier modificación acepte reflexionar. Todo es fruto, sin duda, de la división tajante de la Unión, enfrentada consigo mismo y con la historia a causa de los cambios en el tejido social y de la multiculturalidad, que no hace más que reafirmar en sus más íntimas y añejas convicciones a cuantos en el centro y el sur del país creen llegada la hora de volver a los orígenes. Mientras el reputado analista de The New York Times Nicholas Kristof se pregunta de qué forma es posible reducir los tiroteos, al mismo tiempo que los editorialistas de The Washington Post abren un interrogante enorme sobre cuál es la razón de que después de tantos tiroteos masivos se sigan formulando las mismas preguntas, al fiscal general del estado de Texas no se le ocurre otra estupidez que reclamar que se adiestre a los docentes en el uso de las armas para proteger a sus alumnos.

En ese ambiente viciado que soslaya la realidad de los dramas encadenados por una sociedad dolorida, resulta especialmente venenoso que la Asociación Nacional del Rifle mantenga la convocatoria de este fin de semana en Houston (Texas), a solo cuatro horas en coche de Uvalde, y que a ella asistan el expresidente Donald Trump, el gobernador de Texas, Greg Abbott, y Ted Cruz, senador por el mismo estado del Partido Republicano. Hay en su participación en la conferencia algo de intrínsecamente perverso y dañino, de menosprecio de lo sucedido, de desafío a la decencia y a la moral colectiva. El resumen de ese estado de cosas lo ha resumido el diario francés Le Monde en una sola frase: “Las familias de las víctimas deben contentarse con las plegarias de los cargos electos, que no las escatiman”. Y esa utilización de los sentimientos religiosos en medio de la tragedia, sin otro propósito que no entrar en el fondo del asunto o desvirtuarlo, hace aún más indecente el comportamiento republicano.

La periodista Charlotte Kilpatrick ha publicado en el semanario británico The New Statesman un análisis cuyo título es por demás ilustrativo: El tóxico simbolismo emocional de las armas en América. En él hace una primera constatación: “Quienes se sienten más dotados de poder por las armas son los hombres blancos aislados, temerosos de perder su lugar en la sociedad”. Muchos de estos hombres viven en condiciones de precariedad económica, según recoge de un estudio elaborado en 2017 por la Universidad de Baylor, y cabe incluirlos en la minoría del 3% de la población, propietaria del 50% de todas las armas en manos privadas -casi 400 millones-, de acuerdo con un trabajo conjunto de 2016 de las universidades de Harvard y de Northwestern. Con una particularidad muy reseñable: mientras en 1994 el 46% justificaba la necesidad de poseer armas en razones de seguridad, en 2016 lo hacía el 76%, una subida de 30 puntos en 22 años.

Es así como Estados Unidos sufre una epidemia de efectos a menudo mortales, atrapado en la herencia de una enmienda de hace más de dos siglos, pensada por aquel entonces para que los pioneros que se adentraban en tierras desconocidas pudieran disponer de medios de defensa propios y, de paso, aligerar el gasto federal en material militar mediante la existencia de milicias populares. Nada hay menos cierto que presentar la adopción de mecanismos de control de las armas como el recorte de un derecho fundamental: la sociedad del presente es tan diferente a la del siglo XVIII que si quizá entonces pudo ser el derecho a la autodefensa un atributo necesario para ciudadanos desprotegidos, hoy es con sangrante frecuencia una amenaza para la comunidad. Lo que hay en realidad detrás de ese debate sin desenlace sobre la posesión de armas es la protección de un gran negocio que cuenta con la complicidad republicana por las sustanciosas donaciones de los fabricantes a los candidatos del partido.

De tal manera que, como escribe Kilpatrick, el bloqueo “se percibe como si Estados Unidos estuviera atrapado en un bucle, una pesadilla surrealista de dolor, indignación e impotencia en la que nada cambiará jamás”. Las armas han dejado de ser simples objetos y han adquirido “un simbolismo casi religioso que muchos sectores de la derecha creen que es todo lo que los protege de la victimización a manos de una élite liberal decidida a que los hombres blancos pierdan su lugar dominante en la sociedad”, explica la articulista. Ocurre, sin embargo, que esa percepción quizá es dominante o está muy extendida en la llamada América profunda, pero es poco perceptible en los grandes núcleos urbanos, en los centros financieros y tecnológicos, en el mundo académico y en la industria cultural y del ocio.

En ese bucle en el que se suceden las muertes y las iniciativas condenadas al fracaso para controlar la venta y uso de las armas se concreta, como en otros muchos campos, la realidad de una sociedad irremediablemente dividida en dos bloques más o menos iguales como los dos hemisferios de un mismo cerebro. Con la particularidad de que los integrantes de ambos bandos corren los mismos riesgos frente a la proliferación de las armas y la permisividad intocable. Estados Unidos es un “país atrapado en esa locura”, como afirma Le Monde, en esa vulnerabilidad consentida por quienes, pudiendo atenuarla, prefieren escudarse en la defensa irrestricta de un derecho individual y, en cambio, corren a cancelar o limitar otros (el del aborto, el último de ellos en riesgo). Algo típico de la extrema derecha, en auge en todas partes.

 

Palestina, en el olvido

Nada realmente novedoso sucede en Cisjordania, pero la muerte de la periodista de Al Jazira Shireen Abu Akleh el día 11 de este mes y la carga de la policía israelí contra el séquito que portaba el ataúd con sus restos, dos días después, rescató del olvido, aunque solo fuese momentáneamente, un problema histórico desalojado de la atención pública como tantos otros por la guerra en Ucrania. Pero ni siquiera la aceptación inicial de un portavoz del Ejército israelí de que es posible que el disparo de uno de los tiradores presentes en Yenin fuera el que segó la vida de Abu Akleh ni la injustificable decisión posterior del Gobierno de no abrir una investigación han activado los resortes de la opinión pública, que en otras circunstancias habrían dado pie a una movilización significativa para exigir explicaciones.

La realidad es esta: aunque la periodista iba perfectamente identificada, murió mientras hacía su trabajo, el Ejército quiso dar una versión inicial mediante el recurso a unas imágenes que no se correspondían con el lugar donde todo sucedió y, conforme pasan los días, se atenúa el eco de esa muerte. Todo ello debido a la progresiva sensación de que en demasiadas cancillerías se da por amortizado el conflicto palestino-israelí y de que el Gobierno zozobrante de Naftalí Bennett, al igual que cuantos lo precedieron desde hace dos décadas se sienten liberados de responsabilidades para aplicar en Cisjordania la lógica del apartheid y en la franja de Gaza, la del aislamiento permanente.

Lo cierto es que el llamado proceso de paz es solo una etiqueta sin contenido, herido de muerte por la política seguida por Donald Trump y la docilidad de los países árabes requeridos por la Casa Blanca para establecer relaciones diplomáticas con Israel a cambio de alguna forma de compensación, siempre sustanciosa -para Marruecos fue el reconocimiento de su soberanía en el Sáhara Occidental-, facilitar los negocios y dejar sin efecto o casi la implicación del mundo árabe en defensa de la causa palestina. Mientras los propagandistas de Trump vendieron ese nuevo orden, más la consagración de Jerusalén como capital “única e indivisible” de Israel y la anexión israelí de los altos del Golán, como la base a partir de la cual se encauzaría la resolución de la crisis, lo cierto es que ningún actor político relevante, realmente influyente, ha empleado un solo minuto en buscar una forma de concretar el viejo principio paz por territorios. Puede decirse que la solución de los dos estados duerme el sueño de los justos y nadie parece dispuesto a despertarla.

Bien es verdad que la Autoridad Palestina es una entidad desprestigiada, superada por los acontecimientos y demasiado a menudo minada por la corrupción. Pero cuando su inoperancia se complementa con la agresividad del Gobierno y del Ejército israelí, la proliferación imparable de asentamientos y la frustración permanente de una población sojuzgada, en nada puede extrañar que las opciones radicales y el nihilismo yihadista ganen adeptos; a nadie puede extrañar que con investigación oficial o sin ella, Shireen Abu Akleh se haya convertido en una referencia heroica para la población palestina, un mito, escribe el periodista Jack Khoury en el periódico progresista israelí Haaretz. Si para la franje de Gaza se dice que cuanto mayores sean los efectos del sitio, mayor será el apoyo a Hamás, en Cisjordania cabe aplicar la regla según la cual cuanto mayor sea la sensación de apartheid, mayor será asimismo el apoyo a las facciones palestinas más expeditivas, partidarias de la acción directa y, llegado el caso, de poner los cimientos para una tercera intifada.

En cierta ocasión, hace de esto más de veinte años, un mando importante del Tsahal sostuvo que la intifada que acababa de estallar a causa de la visita del general Ariel Sharon a la Explanada de las Mezquitas, ciudad de Jerusalén, iba a tener una duración y efectos limitados. Lo cierto es que fue larga y mortífera y que, de una forma u otra, facilitó que el discurso islamista colonizara a una parte de la opinión pública de los territorios ocupados. De forma que, a partir de entonces, el carácter secular y al mismo tiempo multiconfesional de la resistencia palestina, mayoritariamente unida en la OLP, se ha deslizado progresivamente hacia una confesionalidad militante, si no mayoritaria, sí significativa, cuyo crecimiento alimentan episodios como la muerte de la periodista y el desentendimiento de la Administración israelí sobre cuanto sucedió en Yenin.

En la misma edición de Haaretz en la que se alude a la mitificación de Abu Akleh, otro analista, Yossi Verter, presenta el Gobierno de Naftalí Bennett como un equipo especializado en “fallar espectacularmente” en la política interna. El diagnóstico es transferible al tratamiento del problema palestino o, más adecuadamente, de las reivindicaciones palestinas. Es incluso posible suponer que tal carencia es fruto de la tradición desde que el primer Gobierno de Binyamin Netanyahu (1996-1999) demoró el desarrollo de los acuerdos de Oslo y las negociaciones de Camp David de 2000, promovidas por el presidente BIll Clinton, desembocaron en un sonoro fracaso. Pero esa tradición solo se sostiene porque Estados Unidos no la impugna o exige que se rectifique, sino que la apoya porque Israel es la piedra angular sobre la que descansa el dispositivo de seguridad diseñado en Washington para Oriente Próximo. Ese es un dato inamovible.

Dicho de otra forma: desde que la Administración de Barack Obama decidió que lo mejor para Estados Unidos era replegarse de la región y confiar a terceros la gestión del día a día, mayor ha sido la libertad decisoria de Israel en el tratamiento de los asuntos palestinos, complementada con los papeles desempeñados por Egipto y Arabia Saudí como guardianes del orden árabe. De lo que se deduce que la comunidad palestina, salvo casos contados y siempre bajo sospecha, no tiene en Oriente Próximo aliados determinantes para aliviar su postración; acabar con ella es poco menos que impensable a medio plazo. Se cumple así la tesis de Edward W. Said, fallecido en 2003, que siempre presentó los acuerdos de Oslo como la institucionalización de la lógica israelí en el conflicto, dejando para un futuro incierto los pasos decisivos para alumbrar un Estado palestino en los territorios ocupados; tan incierto que para nadie es un secreto el riesgo de que Cisjordania adopte el perfil ominoso de un bantustán.

Otra vez ‘El cuento de la criada’

El largo proceso de fractura social en Estados Unidos se verá agravado en grado sumo si el borrador de opinión mayoritaria del Tribunal Supremo se aprueba con la versión filtrada por Politico o cualquier otra similar que cancele la vigencia del derecho al aborto a escala federal. Si los jueces remiten la aprobación del derecho al aborto a lo que cada estado decida, más de la mitad de ellos adoptarán legislaciones extremadamente restringidas o pura y simplemente prohibirán la interrupción del embarazo 49 años después de que el Tribunal Supremo la aprobase y de que en 1992 lo ratificase con levísimos retoques de matiz. En las 98 páginas redactadas por el juez Samuel Alito, católico muy conservador nombrado por el presidente George W. Bush en 2005, abundan las argumentaciones inconsistentes y las razones peregrinas para dejar sin efecto medio siglo de jurisprudencia y negar el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, mutilada su autonomía personal en cuanto atañe a los derechos reproductivos.

El episodio confirma lo que es evidente a ojos vista: la larga y persistente radicalización del choque cultural entre dos universos incompatibles: el liberal y el que encontró en la presidencia de Donald Trump al líder capaz de hacer efectiva la restauración de un puritanismo blanco, de devolver la Unión a la situación anterior a la Ley de Derechos Civiles firmada por el presidente Lyndon B. Johnson en 1964. La mutación genética del Tribunal Supremo facilitada por Trump, que durante su mandato nombró a tres magistrados de un conservadurismo sin fisuras y dejó reducido a tres el número de liberales, es un reflejo más del repliegue a los orígenes de una sociedad descoyuntada por el cambio de costumbres del último medio siglo, agravada la división durante el mandato de Barack Obama.

La elección de adjetivos infrecuentes en medios liberales como The Washington Post (“terrible y repugnante”) y Los Angeles Time (“mordaz y desdeñosa”) para describir el borrador, o la aseveración de The Guardian según la cual Samuel Alito pretende retrotraer Estados Unidos al siglo XVII, es una muestra elocuente del clima alentado por el borrador, apoyado por la extrema derecha política, por los predicadores fundamentalistas desde los púlpitos de diferentes confesiones y por un sinfín de organizaciones y medios que creen que las elecciones de noviembre deben ser la ocasión para el segundo asalto al Congreso, ahora a través de las urnas. Todo ello mientras se multiplican las movilizaciones de las mujeres, que sienten que quieren mutilarles sus derechos, y aumentan los temores de que los capítulos siguientes que escribirá el Tribunal Supremo afectarán a las pastillas abortivas del día después, a los matrimonios entre personas del mismo sexo y a los derechos de la comunidad LGTBI.

Lynn Vavreck, profesora de la UCLA, sostiene que “las actitudes sobre el cambio cultural y la identidad estadounidense ya han surgido como el principal punto de separación entre las partes”, y añade en el mensual The Atlantic: “Una decisión que revoque a Roe [la sentencia del Supremo de 1973] mantendrá el aborto y otros temas sociales en el centro del escenario y consolidará la transición hacia una política polarizada, centrada en las diferencias culturales”. Es decir, se ampliará la brecha entre las dos corrientes políticas mayoritarias del país y se consagrará la desfiguración del Partido Republicano, consumada su abducción por la extrema derecha desde que el Tea Party y los neocons pusieron las primeras piedras para colonizarlo.

Los términos en los que ambos bandos plantean las elecciones de mitad de mandato en noviembre reúnen todos los ingredientes para escenificar esa división tajante. Puede decirse que el borrador de Samuel Alito ya ha activado los resortes de la campaña y la ha agriado medio año antes del día D. Lo que las encuestas aún no han vislumbrado es a qué bando puede favorecer más lo desvelado por Politico: ¿movilizará más el voto conservador para hacer frente a la reacción demócrata-feminista o la sociedad liberal se pondrá en marcha como nunca para preservar la mayoría en la Cámara de Representantes y luchar por obtenerla en el Senado? Diferentes analistas creen que nadie saldrá especialmente beneficiado por lo que finalmente apruebe el Tribunal Supremo y, en cambio, será muy importante la repercusión que tenga la posible ausencia de votantes de las minorías en aquellos estados que han reformado las leyes electorales para complicar su inscripción.

De momento, cada parte alienta el temor de que la victoria del otro desencadene una catástrofe de efectos imprevisibles. El tono de los mensajes en las redes sociales así lo da a entender; las suspicacias liberales a raíz de compra de Twitter por Elon Musk obedecen al temor de que Donald Trump aparezca de nuevo para difundir a todas horas la llamada posverdad; los discípulos de Steve Bannon ahí están para alentar las pulsiones de la América profunda. Las argumentaciones del borrador han suministrado a estos últimos material de propaganda muy efectivo: el juez Alito considera que el derecho al aborto a escala federal no es admisible porque no se menciona en la Constitución –se remonta al siglo XVIII– y porque no ha arraigado en la tradición y en la historia de Estados Unidos.

Son dos fundamentaciones chocantes, pero ahí están. O acaso no lo sean tanto después de leer El cuento de la criada o de ver la serie de televisión inspirada en el libro de Margaret Atwood. De hecho, una usuaria de Twitter difundió el miércoles un mensaje consistente en una fotografía de la Estatua de la Libertad vestida con la cofia blanca y la túnica encarnada de las criadas del cuento. En la alegoría quizá haya un punto de exageración, pero también una dosis comprensible de incertidumbre ante un futuro oscurecido por la voluntad retardataria de una parte muy importante de Estados Unidos, cada vez más apegada al pasado y más dispuesta a no aceptar otro futuro que no suponga la rectificación en profundidad de cambios sociales que estima hostiles, ajenos a lo que entiende imperecedero.

Encubiertos por la guerra

La gran obscenidad de nuestros días es la guerra de Ucrania. Pero hay otras obscenidades, algunas muy antiguas, otras no tanto, algunas muy recientes que parecen poco menos que haberse esfumado tras el parte de guerra diario. La matanza que no cesa corre el riesgo de ser útil como instrumento de encubrimiento, de olvido, de atenuación de la gravedad de los hechos que quieren deslizarse sin que nadie o muy pocos sean capaces de seguir su rastro. Frente a las atrocidades servidas por los noticiarios, el resto parece carecer de importancia, conmovida la opinión pública por la tragedia humana.

Ahora mismo hay un envalentonamiento de la ofensiva del neofranquismo en España que permite al diputado de Vox José María Sánchez llamar führer al presidente del Gobierno y equiparar al ministro Félix Bolaños con Joseph Goebbels sin que, por lo demás, pase nada especialmente relevante en orden a restablecer la decencia en los debates parlamentarios. Es decir, nadie con una tribuna a su disposición ha dicho que el diputado es un personaje peligroso, movido por pulsiones ajenas a la democracia, que, sin embargo, se sirve de ella para degradarla. De la misma manera que en un informativo de Tele5 apareció María Jamardo para distorsionar la historia a propósito de la referencia al bombardeo de Gernika hecha por el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su videoconferencia en el Congreso. “Ni el que bombardeaba era malo ni los bombardeados, tan buenos”, dijo Jamardo, militante de un revisionismo histórico ad hoc muy del momento.

El riesgo cierto es que este tipo de mensajes pasen a formar parte de la hegemonía cultural, de esa amalgama que configura el pensamiento y las opiniones dominantes, tengan estas que ver o no con los datos históricos y el trabajo de los expertos. La recensión de la biografía de Antonio Gramsci, escrita por Jean-Yves Frétigné, que el profesor Thomas Meany ha publicado en el mensual estadounidense The New Republic resalta justamente el valor anticipatorio del intelectual comunista, analista riguroso de los ingredientes constitutivos de la hegemonía. “Nadie entendió mejor los frentes de la batalla política”, afirma Meany, y la brega diaria del campo ultraconservador europeo, inspirado casi siempre por el legado dejado por la presidencia de Donald Trump –la difusión de una realidad alternativa–, no hace más que darle la razón.

Resulta por lo menos inquietante que en medio del fragor por la hegemonía, por la relativización del pasado, cuando no distorsión o deformación de los hechos, aparezca Alberto Núñez Feijóo, recién elegido presidente del Partido Popular, y no vea mayor inconveniente en entenderse con Vox, habida cuenta de que ha llegado al Parlamento a través de las urnas y se ajusta a las formalidades democráticas. El argumento es de una pobreza manifiesta porque el mismo líder que sostiene tal principio denuesta el pacto de Gobierno del PSOE con Podemos, y la mayoría parlamentaria que invistió a Pedro Sánchez, formada por diputados cuyo mecanismo de legitimación fue el mismo que el de Vox. Con una diferencia moral sustantiva: ninguno de los partidos de la investidura considera mejores a los gobiernos del franquismo que al que encabeza Pedro Sánchez; Vox, por el contrario, sí lo cree y manifiesta.

Todo esto pasa desapercibido, se diluye enseguida porque lo que urge y conturba las conciencias es la invasión de Ucrania. Con lo que, en última instancia, Vladimir Putin resulta doblemente útil para el populismo ultra: lo fue en el pasado, viva imagen del líder investido con los atributos del macho alfa, jefe de la manada, y lo es ahora mediante una guerra que convierte en peccata minuta cualquier otro asunto por grave que sea, y el envalentonamiento del neofranquismo lo es sin duda. Antonio Gramsci acuñó el término revolución pasiva para referirse, entre otros procesos, al ascenso del fascismo en Italia, y esa aparición de la extrema derecha para impugnar la cultura democrática reúne muchos de los ingredientes del análisis gramsciano (Steve Bannon seguramente leyó al pensador italiano en beneficio propio).

Surge así una corriente revisionista del statu quo social de la posguerra, concretado en el Estado del bienestar, en plena revisión forzosa del statu quo internacional a causa de la guerra de Ucrania. Aquello que desde los escaños de Vox se denomina pensamiento progre no es más que la mistificación de una realidad histórica,  el dinamismo de los cambios sociales, tan combatidos desde siempre por el conservadurismo recalcitrante. No hay que rascar mucho en la superficie para dar con las verdaderas razones de tal comportamiento, encaminado a salvaguardar situaciones de privilegio, disfrazado todo con una propuesta de nacionalismo agresivo para el que el gran adversario es el Estado dispensador de servicios y corrector de desigualdades. Claro que los desastres de la guerra todo lo encubren, y eso también; claro que el asalto al Congreso de Estados Unidos dejó al descubierto todas las vergüenzas del populismo ultra y es preciso recordarlo todos los días.

Mar embravecido en Ucrania

Llegada la crisis de Ucrania al territorio de los aspavientos en público, podría ser sumamente revelador conocer cómo se desarrollan los acontecimientos bajo la superficie de un mar encrespado. Se llame a esto diplomacia secreta o labor de inteligencia, o ambas cosas al mismo tiempo, importa saber siempre quiénes mueven los hilos para lograr un desenlace no traumático en una crisis que reúne todos los ingredientes de la exasperación. Tal estado de ánimo es detectable en el campo euroatlántico y en el ruso más allá de la propaganda y de la versión oficial que suministran los portavoces del Kremlin y de la Casa Blanca. En su empeño por transmitir una determinación ilimitada, tales voceros contribuyen a alterar el pulso a opiniones públicas más inclinadas a temer lo peor que a confiar en que, en última instancia, se imponga la razón.

Los precedentes de acuerdos logrados entre bambalinas son demasiado abundantes como para descartar que esta vez, vencido el plazo de la retórica apocalíptica, sea posible una salida honorable y defendible por todas las partes, aunque cada una se presente como vencedora de la crisis para consumo interno. Los perjuicios asociados a una salida no equilibrada resultan demasiado evidentes y predecibles; los factores de vulnerabilidad de unos y otros ahí están, con la repercusión económica negativa en primer plano de las predicciones. Porque la Unión Europea y Estados Unidos ya han amenazado a Rusia con sanciones de un alcance desconocido hasta la fecha si desencadena alguna forma de ataque o injerencia en la política interna ucraniana y porque, sin duda alguna, un corte del suministro de gas ruso a Europa, incluso siendo remediable mediante el recurso a nuevos proveedores, dispararía los precios de la energía y, en cascada, de casi todo, y la recuperación prevista para 2022 quedaría tan hipotecada como poner coto a la inflación.

En un largo comentario firmado por Tom McTague en el mensual progresista estadounidense The Atlantic, se subrayan las contradicciones que debe afrontar el bloque occidental, englobado en la OTAN, tanto desde la perspectiva europea como desde el punto de vista de Estados Unidos. Defiende McTague que las tres grandes potencias europeas –el Reino Unido, Alemania y Francia– afrontan la crisis desde posiciones y objetivos no coincidentes. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden quiere proyectar una imagen de fuerza, pero es consciente de que el premio inherente al desenlace de la crisis puede ser para Rusia acabar o por lo menos reducir el papel determinante desempeñado en Europa por Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.

De acuerdo con el análisis de McTague, Boris Johnson quiere aprovechar el momento para reforzar el papel británico en el seno de la OTAN; para el premier, “lo más importante en la política mundial es el zeitgeist, sean o no sólidas las ideas que lo sustentan”. Alemania se empeña en mantener un perfil relativamente bajo para preservar sus vínculos económicos con Rusia a pesar de ser de largo la primera potencia europea. Y Francia intenta conservar su status de medidora indispensable a través de la pervivencia del Cuarteto de Normandia –Francia, Alemania, Ucrania y Rusia–, cuyo mayor logro fue establecer un alto el fuego en el Donbáss, aunque luego se impuso la realidad en el campo de batalla y hoy suman más de 14.000 los muertos habidos en una guerra inconclusa.

“La ironía es que cada posición adoptada por los tres grandes de Europa socava a los otros dos. Estados Unidos sigue siendo el señor paternal de Europa, al igual que lo fue cuando los Balcanes se derrumbaron a principios de la década de 1990, solo que esta vez es un protector envejecido y algo más desaliñado, con enemigos que parecen más fuertes de lo que eran. El resultado, en otras palabras, es la inmovilidad, que, si se es cínico, conviene a todos en Europa: Estados Unidos sigue pagando y no hay que enfrentarse a decisiones difíciles”, escribe McTague. Claro que este esquema de trabajo no es para toda la vida: si Donald Trump regresa a la Casa Blanca en 2025, volverán los reproches de Washington a los europeos, poco dados a incrementar las partidas destinadas a defensa.

Al final, es de aplicación a la atmósfera europea, por encima de las declaraciones de unidad que prodigan las cancillerías, la primera frase de la novela Ana Karenina: “Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera”. La ausencia de desavenencias públicas no puede soslayar esa realidad: en cada capital influyente hay un fondo de insatisfacción, de infelicidad por cómo se gestiona la crisis, por el daño potencial que puede hacer mella en sus intereses inmediatos. Cierto es que la cohesión europea se ha conseguido asentar de una forma razonablemente segura a golpe de sucesivas crisis resueltas sin que nadie pudiese declararse por completo vencedor, pero en esta ocasión, como en los 90 durante la crisis de los Balcanes, los resortes de la tensión interna tienen un origen externo.

Al acudir al criterio de los analistas rusos, también cabe detectar el silencio sobre uno de los grandes temores de Vladimir Putin: que un gesto de fuerza sin paliativos dé como resultado una Ucrania permanentemente antirrusa, hostil, semillero de un conflicto interno que afecte a su poder omnímodo. Aunque a la opinión pública rusa le parece remota la posibilidad de una guerra, y atribuye los vaticinios en este sentido a los medios informativos de Estados Unidos y el Reino Unido, lo cierto es que es cada vez menor el margen de seguridad para evitar que se acelere la escalada. Esto es, nadie quiere que la crisis ucraniana derive en una guerra, pero hay demasiada agitación en ese mar embravecido, tan alejado de las sutilezas del ajedrez y tan cercano a una confrontación sin las reglas no escritas que en el pasado acotaron la guerra fría.

Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.

La política tóxica alienta el racismo en Estados Unidos

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes de los que cerca del 14% son afroamericanos mientras que la población blanca representa el 60%. Pero la población reclusa de piel negra es el 33% y la blanca, el 36%, según un informe difundido por la cadena Univisión. El desequilibrio es evidente y los factores que explican tal desfase son por lo menos tres, según un estudio de Ryan D. King y Michael T. Light: las diferencias raciales en la comisión de delitos, leyes aparentemente imparciales, pero con efectos raciales dispares y el trato desigual en el sistema de justicia. Veredictos como el del miércoles de un jurado de Brunsbick (Georgia) –once blancos y un negro–, que declaró culpables de asesinato a tres hombres blancos que persiguieron y mataron al joven de 20 años Ahmaud Arbery en febrero de 2020, tienen el valor que se les quiera dar, pero tienen un poder limitado de transformación en una sociedad en la que el problema racial, legado por la esclavitud, sigue presente en todas partes.

Basta con atender al hecho de que pocos días antes del desenlace del caso Arbery, un jurado de Kenosha (Wisconsin) absolvió al joven Kyle Rittenhouse, que mató a dos personas e hirió a una tercera durante un episodio de disturbios raciales. El principio de legítima defensa, que en Estados Unidos se extiende a una serie de leyes respaldadas por la segunda enmienda de la Constitución –derecho a la posesión de armas–, fue suficiente para poner al procesado en libertad. La fiscalía adujo que no cabía alegar legítima defensa contra un peligro “que tú mismo creaste” –salir a la calle armado y acosar a manifestantes–, pero prevalecieron en el criterio del jurado viejos preceptos, que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump, a quien Rittenhouse visitó en Mar-a-Lago. Trump declaró que el fiscal nunca debió presentar cargos contra el joven y en una entrevista en la ultraconservadora Fox News, el presentador Tucker Carlson definió a Rittenhouse como “un chico dulce”.

Con independencia de las particularidades de cada caso, es enorme la distancia moral en el desarrollo de uno y otro. Algo que no hace más que subrayar la pervivencia del problema racial, quizá agravado y aumentado en los últimos años por la atmósfera tóxica que se respira en la política estadounidense y que mantiene de plena actualidad la opinión emitida por Barack Obama en 2007, cuando, siendo senador, visitó la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color: “A pesar de todo el progreso que se ha logrado, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos más trabajo que hacer cuando hay más jóvenes negros que languidecen en la cárcel que los que van a universidades y facultades en el país”.

En realidad, queda tanto por hacer que en el estado de Georgia aún era vigente la llamada ley de arresto civil, a la que se acogió la defensa de los tres condenados, que databa de 1863 y que autorizaba a los ciudadanos a arrestar a personas “razonablemente sospechosas”. El gobernador del estado, Brian Kemp (republicano), la abolió después de la muerte de Arbery e hizo bien: en Georgia, un estado esclavista, se aprobó en plena guerra civil para facilitar la persecución de esclavos huidos. Pero que tal ley siguiera en vigor en 2020 no deja de ser un síntoma inquietante de hasta qué punto la cultura de la división racial sigue ahí con el indecente vigor de que goza desde que los primeros africanos llegaron a Nueva Inglaterra hace cuatro siglos.

Hay una cultura supremacista blanca tan arraigada que siguen siendo excepción los entornos sociales en los que la convivencia interétnica está por completo normalizada. Contra lo que cabía esperar, la presidencia de Barack Obama agravó las tendencias divisivas: una facción muy grande de la opinión pública de Estados Unidos no aceptó que un negro viviera en la Casa Blanca durante ocho años, y en la victoria de Trump en 2016 fue este uno de los factores determinantes: su ambigüedad a la hora de abordar el problema racial satisfizo a quienes piensan que se ha ido demasiado lejos en rescatar de la marginación y el sometimiento a la comunidad negra. Quizá no sea el clima social de hoy el mismo que desafía la decencia de Atticus Finch en la novela Matar un ruiseñor, o quizá sí lo sea si nos atenemos a lo que aún sucede en demasiados lugares, encubierta la impunidad blanca por un racismo consolidado que alcanza al trabajo de los jueces.

El hecho es que sigue vigente el alegato de John Quincy Adams, año 1840, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del barco esclavista Amistad, presentado en principio por los demandantes como una disputa por la propiedad de los africanos transportados en la nave y que luchaban por recobrar la libertad: “No es una simple cuestión de propiedad, es el caso más importante que se ha presentado ante este tribunal, porque a lo que en realidad concierne es a la naturaleza misma del hombre”. Adams fue presidente entre 1825 y 1829, pero cerca de 200 años después sus palabras explican mucho de cuanto sucede hoy, de la misma manera que lo hacen la alocución de Abraham Lincoln en Gettysburg, el sueño de Martin Luther King y otras voces esclarecidas: el problema racial es el mayor demonio familiar de una sociedad que no lo ahuyentó con la victoria unionista en el campo de batalla.

Basta una travesía por el sur profundo para calibrar la naturaleza del desafío. La proliferación de banderas de la Confederación vencida en 1865, los monumentos al general Lee, la división religiosa, con congregaciones separadas para negros y blancos, toda la gazmoñería paternalista de comunidades blancas frente a la discriminación indiscutible que soportan comunidades negras, parece dar la razón a quienes sostienen que las guerras civiles nunca se acaban, dejan un poso de amargor histórico, de litigio sin resolver. Mientras sea noticia que un jurado de mayoría blanca absuelve a un acusado afroamericano, el ominoso problema racial seguirá vivo en Estados Unidos.

Cuba, la revolución congelada

Todos los vaticinios conocidos sobre cuál sería el proceso de revisión y reforma del régimen cubano a partir del desvanecimiento de la Unión Soviética se han quedado en nada. Ni Fidel Castro optó por imitar el proceso que siguió a la liquidación de la superpotencia comunista ni su hermano Raúl afrontó el ocaso con la capacidad transformadora del modelo chino en la cabeza. Frente a esas dos posibilidades desechadas se afianzó la voluntad de la nomenklatura de perpetuarse en el poder y no transigir en cambios fundamentales para rescatar a la isla de las penalidades encadenadas desde la primera mitad de los años noventa. La hipótesis manejada por algunos think tank de Estados Unidos, que interpretaron el final de la URSS y de su tutela de la isla como el primer capítulo de una evolución con altibajos hacia un modelo mixto de economía público-privada y pluripartidismo bajo control, erraron tanto el tiro como el disidente Carlos Franqui, militante de primera hora de la revolución y amigo de Camilo Cienfuegos, que en 2001 pronosticó una “apertura económica con represión política” a imagen y semejanza del modelo chino.

Nada de esto sucedió porque Raúl Castro fue un presidente que se limitó a hacer retoques cosméticos en la economía –antepuso la pervivencia del legado recibido de manos de Fidel y del partido– y su sucesor, Miguel Díaz-Canel, no hace más de lo que cabía esperar de un apparatchik, aun a riesgo de agravar el hartazgo social a causa del desabastecimiento y la progresiva desvinculación de la élite gobernante del sentir de la calle, de los padecimientos de una población a la que le falta de todo. Aunque un articulista del diario habanero Juventud Rebelde presenta las movilizaciones de julio y la manifestación convocada el día 15 por el colectivo Archipiélago como una operación orquestada desde Estados Unidos para movilizar a “nuevos guerrilleros del imperio neocolonial”, lo cierto es que hay un desapego progresivo de la generación de menos de 40 años, sin vínculos sentimentales con la epopeya de los barbudos de Sierra Maestra.

Escribe Martín Caparrós en Ñamérica, referido a La Habana: “Una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad –que parece– detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio –en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno: los habanos”. Tal descripción es poco menos que un retrato de la decadencia de un proyecto que ha hecho de la bellísima ciudad de las columnas glosada por Alejo Carpentier un escenario de piedra con cicatrices en cada fachada. Esa detención del tiempo, esa congelación del tiempo con el propósito de resistir cueste lo que cueste es definitoria y al mismo explicativa de cuanto está sucediendo en la isla.

Es evidente que las sanciones de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, que canceló la apertura posibilista promovida por Barack Obama, y la parsimonia de Joe Biden tienen mucho que ver con las penurias cubanas, con el ahogo económico. Es igualmente evidente que una parte importante de la población cubana se identifica con la peripecia revolucionaria. Pero ambas realidades no restan valor al lamento de Fidel Castro en julio de 1991, cinco meses antes de esfumarse la URSS: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. Porque lo que sucedió en verdad en los 35 años que siguieron al fracaso de la expedición anticastrista en Playa Girón (1961) fue el encubrimiento de las carencias del régimen mediante la asistencia de Moscú a La Habana, fruto de la guerra fría.

La progresiva disolución de las reglas del juego de la guerra fría en una nueva realidad multipolar que está lejos de constituir un sistema, un marco internacional con comportamientos previsibles, ha perjudicado la viabilidad del experimento cubano. Pero sus gestores no se han acogido al análisis gramsciano de la correlación de fuerzas, sino que han optado por un numantinismo sobrevenido con el conocido coste para los ciudadanos; para los gestores del momento ha pesado más garantizar la supervivencia del sistema que poner remedio a sus limitaciones endémicas. Puede decirse que la élite dirigente del Partido Comunista y del  Ejército se ha atenido a un acto reflejo común a todas las élites: perpetuarse en el puente de mando.

Para el núcleo dirigente, sin embargo, el mayor problema es la progresiva desconexión de la mitología revolucionaria de una parte cada vez mayor de la sociedad cubana. La propaganda política permanente surte efecto en la fase expansiva de los procesos de cambio, pero activa el escepticismo e inmuniza de sus efectos a los receptores de tal propaganda si finalmente llegan a la conclusión de que el rey estaba desnudo. Los iconos de los 60, los eslóganes rotundos y las transformaciones en la isla de aquel entonces son historia, quedan demasiado lejos para que puedan generar complicidades políticas y mecanismos emocionales de adhesión. Cuando un dramaturgo como Yunior García es de repente motivo de preocupación del sistema o los Latin Grammy dan un premio a la canción Patria y vida –el eslogan de los movilizados en julio–, la sensación que se trasmite es que la hegemonía cultural de la revolusión presenta muchas brechas.

Hay dos futuribles probables: que la tensión social no decrezca –quizá la fractura vaya a más– y que el enroque del régimen en el inmovilismo se mantenga. La suma de ambos comportamientos solo da pie a malos presagios. Porque en un régimen de opinión pública, con pareceres diferentes expuestos a la luz del día, la fabricación del consentimiento, un concepto desarrollado por Walter Lippmann, está sujeto al debate entre iguales, pero en un entorno sin libertad de información, el disenso entre el poder, que manufactura el consentimiento a su antojo, y los discrepantes lleva directamente a la protesta cuando no al enfrentamiento. Tal cosa sucede en Cuba, aunque la propaganda echa la culpa de todo a los viejos demonios familiares.