Trump prende la mecha en Jerusalén

La decisión del presidente Donald Trump de reconocer Jerusalén como capital de Israel es una bomba incendiaria lanzada sobre un medio en el que prende el fuego con extraordinaria facilidad. Es también un trágala impuesto a la sociedad palestina, tantas veces sometida a agravio, y es un desafío dirigido a la comunidad internacional por un presidente peligroso, insensible a la trágica historia del conflicto árabe-israelí y a los riesgos que corre con su gusto por la fuerza y su alergia al diálogo. Trump cumple así uno de sus compromisos electorales más llamativos, pero elude sopesar los costes que tendrá en el futuro inmediato.

La alarma en el Departamento de Estado está por demás justificada. Los diplomáticos que con diferentes administraciones y hojas de ruta han seguido el día a día del litigio palestino-israelí son conscientes de que todo empeorará con el regalo navideño de la Casa Blanca al primer ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, y a su Gobierno de nacionalistas de extrema derecha y fundamentalistas mosaicos. Jerusalén no es cualquier cosa, no es una porción más de los territorios ocupados por el Ejército israelí en junio de 1967, sino que tiene un doble valor político y religioso, no solo para la comunidad palestina, sino para el orbe musulmán. Y el paso dado por Trump es una afrenta cuyas consecuencias inmediatas nadie puede prever. O quizá sí: el lenguaje apocalíptico de Hamas se ha adueñado de las protestas y vuelve a pronunciarse la palabra intifada (la venidera o ya en sus inicios sería la tercera).

Si el llamado proceso de paz hace años que es poco más que una idea vacía de contenido, al desafiar a la historia con el traslado de la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, Estados Unidos simplemente liquida para mucho tiempo la posibilidad de un acuerdo negociado que alumbre un Estado palestino. Pero, además, pone los cimientos o desencadena otros efectos indeseables: refuerza la iniciativa de las facciones palestinas más radicales, obliga a la Liga Árabe a aparentar –de momento, solo aparentar– alguna forma de disgusto y suministra argumentos a la prédica yihadista para atraer más voluntades a su causa. Algo tan previsible y elocuente que ninguno de los presidentes que han precedido a Trump ha estimado oportuno alterar el estatus provisional de la ciudad tres veces santa –aquella que alienta las emociones de los seguidores de las tres religiones del libro– a pesar de la ley aprobada por el Congreso en 1995 para el reconocimiento sin fecha de Jerusalén como capital de Israel.

Cuando aliados fundamentales de Estados Unidos –Alemania, Francia y Reino Unido– se han apresurado a desaprobar sin reservas la decisión de Trump, cuando Arabia Saudí y Jordania hacen lo propio y Turquía amenaza con romper todo vínculo con Israel, cuando todo esto sucede, la atmósfera se carga de electricidad. Como ha escrito Ignacio García Gascón en EL PERIÓDICO, “puede calificarse de hipocresía” la gesticulación de los gobiernos francés y alemán, es incluso razonable hacer extensivo el reproche a cuantos ahora protestan –las presiones sobre Israel para resucitar el proceso de paz nunca han sido mucho más que simbólicas–, pero no es menos cierto que el paso dado por la Casa Blanca agravará la gangrena de la región. Esto es, repercutirá en todas partes en términos políticos y de seguridad.

Si todo el mundo ha preferido congelar el caso de Jerusalén durante 70 años, menos los gobernantes israelís a partir de 1967, es porque nadie cree que sea saludable, estable y pacificador otorgar a la ciudad la capitalidad de Israel a espaldas de los árabes (de los palestinos, para mayor precisión). Todo el mundo ha sido consciente de que era mejor no meterse en el avispero, singularmente a partir de las fracasadas conversaciones de Camp David (julio del 2000) para la creación del Estado palestino, en las que Israel, según varios negociadores, llegó a aceptar alguna forma de presencia institucional de la presidencia palestina en Jerusalén Oriental. En aquella ocasión, Ehud Barak y Yasir Arafat lograron por unos días rescatar la discusión del ámbito de las emociones para llevarla al campo estrictamente político; ahora, a causa de la decisión de Trump, la manipulación de las emociones –los sentimientos religiosos, tan ingobernables– volverá a ser la norma.

El periódico progresista israelí Haaretz se ha molestado en recordar a causa de qué profundas e intrincadas razones la comunidad internacional se ha negado a reconocer la capitalidad de Jerusalén y hasta qué punto fue ambivalente la relación de muchos de los padres fundadores de Israel con la ciudad y sus significados, incluido David ben Gurión. Al citar el libro Jerusalén: la ciudad de los espejos, de Amos Elon, el periódico no hace más que objetivar las dificultades intrínsecas para otorgar un estatus político a Jerusalén que nadie discuta, que a nadie dañe u ofenda. Basta remontarse al plan de partición de Palestina, aprobado por la ONU en 1947, que otorgaba a la ciudad la condición de corpus separatum bajo administración internacional para desgajar el control y uso político de la ciudad y cercanías –Belén, el lugar más sensible– del de por sí complejísimo reparto de la tierra en disputa.

Las referencias a la extrema derecha cristiana de Estados Unidos –si Jerusalén no ha de ser del orbe cristiano, que lo sea al menos del pueblo elegido–, la influencia en el comportamiento de la Casa Blanca de Sheldon Adelson, un contribuyente entregado a la campaña de Trump, y de Jared Kushner, yerno el presidente, ambos destacados integrantes de la comunidad judía estadounidense de registro muy conservador, y la voluntad de contrarrestar el factor iraní en la guerra de Siria se han manejado como resortes principales para accionar la palanca del reconocimiento de la capitalidad. Se trata de ingredientes importantes, pero se antojan insuficientes o revelan por parte del presidente y sus colaboradores más cercanos un desprecio absoluto por los equilibrios estratégicos a que obliga el rompecabezas de Oriente Próximo. En cambio, ese mismo desprecio reafirma la voluntad de Trump de imponer en la política exterior de Estados Unidos una unilateralidad a ultranza, como si el objetivo último fuese desmantelar o borrar del mapa el multilateralismo practicado con Barack Obama y sus dos secretarios de Estado, Hillary Clinton y John Kerry. Que tal unilateralidad sea eficaz o siembre de riesgos las áreas más calientes del planeta cuenta menos que llevar hasta sus últimas consecuencias el eslogan América primero, aunque está por demostrar que una decisión como la que atañe a Jerusalén favorezca los intereses de Estados Unidos más allá del impacto inicial.

Si asisten razones históricas –mitológicas también– para que Jerusalén sea la capital de Israel, se dan estas en igual medida en el campo árabe-musulmán a través de la comunidad palestina. Cuantos invocan la necesidad de negociar entienden que cualquier otro camino lleva indefectiblemente a una solución injusta, inmoral puede decirse, pero cada vez se aleja más la posibilidad de negociar una salida y, al mismo tiempo, cada vez está más cerca un desenlace semejante al apartheid sudafricano, a la consolidación de un sistema arbitrario impuesto por la fuerza por los gobernantes israelís.

 

Rusia, de nuevo en la senda de Trump

El zarpazo yihadista del martes en Nueva York es útil al presidente Donald Trump para volver a la carga en su propósito de restringir al máximo la entrada de inmigrantes en Estados Unidos, en especial los que proceden de países de mayoría musulmana, pero es insuficiente para neutralizar el nuevo frente abierto por los tribunales en relación con la implicación rusa en la campaña del candidato presidencial republicano en las elecciones del 2016, de las que el miércoles próximo se cumplirá un año. La tragedia que precedió al desfile de Halloween por el centro de Manhattan volvió a subrayar la vulnerabilidad de las grandes ciudades, la generalización de la técnica del atropello masivo mediante un vehículo robado o alquilado –los casos de Barcelona y de Nueva York– y el previsible aumento de los golpes de mano en nombre del ISIS en cualquier parte, destinados a contrarrestar la derrota militar del Daesh en Siria e Irak. Pero la repercusión de las ocho muertes en un carril-bici es improbable que contrarreste las dudas cada vez mayores acerca de los compromisos privados adquiridos por Trump y su equipo con los gobernantes rusos.

El caso de Paul Manafort y sus asociados vuelve a alimentar las mismas suspicacias de siempre: ¿hasta dónde llegó la injerencia rusa en la campaña?, ¿qué intereses no conocidos hipotecan las decisiones de la Casa Blanca o pueden hacerlo?, ¿hasta qué punto la intromisión rusa alejó a Hillary Clinton de la presidencia y la acercó a Donald Trump?, ¿hasta dónde los intereses del millonario Trump interfieren en las decisiones del presidente Trump? No es solo que se multipliquen las voces que ponen en duda la capacidad y preparación del presidente para cumplir con su cometido, es que se pone asimismo bajo sospecha la transparencia de quienes contribuyeron a sentarlo en el Despacho Oval (Manafort fue director de campaña entre junio y agosto del 2016).

¿Quién es Manafort? Un lobista, un personaje cuyas convicciones políticas sintonizan con quien le paga en cada caso, así se trate de un aspirante a suceder a Barack Obama, de tres de sus antecesores –Gerald Ford, Ronald Reagan y George H. W. Bush, a quienes asesoró–, de los dictadores Ferdinand Marcos (Filipinas) y Mobutu Sesé Seko (Zaire, hoy República Democrática del Congo) y del líder guerrillero Jonás Savimbi (Angola), y más recientemente de Víktor Yanukóvich, expresidente ucraniano, un peón en el tablero de Vladimir Putin. Cuando un lobista representa en Estados Unidos los intereses de un Gobierno foráneo, la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, en vigor desde 1938, obliga al interesado a dar cuenta de su trabajo ante la Administración, algo que Manafort no hizo al asumir la asesoría de Yanukóvich en compañía de su socio Rick Gates.

Manafort y Gates se han entregado al FBI y se encuentran bajo arresto domiciliario, acusados de actuar de acuerdo con los intereses de una potencia extranjera sin haberlo notificado, de blanquear dinero y de diez cargos más de acuerdo con la investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller. Para redondear el pastel, otro exasesor de Trump, George Papadopoulos, ha admitido que mintió con anterioridad y que mantuvo contactos con alguien del entorno del Kremlin que le prometió procurarle información relativa a algún trapo sucio de Hillary Clinton (correos electrónicos comprometedores). Todo francamente maloliente y que remite a la labor encubridora puesta al servicio de la presidencia por los colaboradores de Richard Nixon, urdidores o simples ejecutores de lo que entre 1972 y 1974 se conoció como caso Watergate. Como entonces, lo que se va sabiendo da a entender que la campaña republicana lo fue todo menos limpia.

Que el equipo de asesores de Hillary Clinton elaborara un dosier recopilatorio de la Russian connection, tan llamativo como de dudosa veracidad, no reduce el impacto que sobre la opinión pública y el prestigio de la presidencia tiene el proceso en curso. Porque mientras la excandidata demócrata carece de poder y recursos para interferir en la labor presidencial, Trump tiene en su mano todos los resortes para aplicar un programa presidencial ensombrecido por la sospecha, con el control de las dos cámaras del Congreso asegurado hasta noviembre del 2018. Que, por lo demás, tal control se ponga a menudo en duda por la incompatibilidad entre Trump y el republicanismo clásico no disipa los riesgos potenciales derivados de un vínculo nunca aclarado entre el Kremlin y la Casa Blanca, unos riesgos que apenas alteran el apoyo del que Trump disfruta entre el electorado republicano –alrededor del 78%–, mientras senadores críticos como John McCain, Jeff Flake y Bob Corker pierden peso o apoyos a un año de las elecciones legislativas.

La cadena de televisión Fox News, altavoz oficioso de Trump, ha encontrado en las revelaciones de The Washington Post sobre el dosier clintoniano un argumento definitivo para intensificar la campaña contra Robert Mueller, exigir que deje de husmear en la campaña de Trump y exigir al mismo tiempo que ponga proa a Clinton. “Es hora de desactivarlo, voltear las mesas y encerrarla [a Hillary Clinton]”, ha clamado Jeanine Pirro en la emisora ultraconservadora, mientras se acumulan las pruebas probablemente incriminatorias del ecosistema trumpiano. “Nixon hizo esto en 1973, despidiendo al fiscal especial Archibald Cox y provocando un bramido nacional de indignación”, recuerda Nicholas Kristof, pero el precedente histórico importa poco a un presidente que se siente a salvo con el apoyo de los defraudados por la globalización, por el precio pagado para superar la crisis y por la decadencia de una parte de la industria.

La utilización política de un atentado resulta siempre repulsiva, y la maniobra de Trump y su séquito no es una excepción. Es un síntoma elocuente de la degradación de una parte del establishment y del recurso permanente al oportunismo para imponer un programa de Gobierno que choca demasiadas veces con los tribunales, con la tradición política estadounidense y con la cultura liberal. Es posible que la hipoteca rusa en el mandato de Trump sea menos determinante de lo que se cree o se vislumbra a partir de informaciones fragmentadas, pero hasta que no se aclare el alcance real de la Russian connection la Casa Blanca seguirá envuelta en una atmósfera viciada que, en última instancia, favorece a Putin en diferentes escenarios –en Siria sin ir más lejos– y desorienta a los aliados de Estados Unidos, singularmente a los europeos. Y si cuanto permanece oculto o solo insinuado es tan definitivo como algunos pronostican, entonces las consecuencias futuras de la quiebra moral y política son imprevisibles.

 

Todo el poder para Xi Jinping

La equiparación de Xi Jinping a Mao Zedong y a Deng Xiaoping como referente ideológico absoluto del régimen chino ha puesto en manos del presidente una acumulación de poder del que carecieron sus antecesores, ha cercenado las aspiraciones de quienes podían ansiar sucederle en el 2022 y da pie a toda clase de especulaciones acerca de su propósito de seguir en el poder más allá de este año. Contra lo que se ha convertido en un hábito en la China del capitalismo tutelado por el partido, la limitación a dos mandatos de cinco años del presidente es ahora una incógnita, la edad de los cinco nuevos miembros del comité permanente de siete del Partido Comunista Chino (PCCh) –tienen todos más de 60 años, los inhabilita para la sucesión– no incluye ningún tapado y es imposible saber si entre los jóvenes del politburó lo hay. Como ha titulado un artículo Chris Patten, último gobernador británico de Hong Kong, Xi es en muchos sentidos el nuevo emperador chino.

¿Cómo es posible tal entronización, acompañada del inevitable culto a la personalidad? Un largo análisis publicado por Foreign Policy subraya la preocupación de Xi por combatir a sus adversarios antes de 2012, cuando alcanzó la presidencia. Urgido por el descontento social a causa de la corrupción, el contagio momentáneo de las primaveras árabes y algunas señales de agotamiento del modelo de crecimiento, el futuro presidente se desembarazó de sus competidores o de quienes podían limitar su poder en el seno del PCCh, algo que no estuvieron en situación de hacerlo sus predecesores, Hu Jintao y Jiang Zemin. La purga de Bo Xilai, cabeza de una tupida red de corrupción fue, en este sentido, un episodio determinante para que Xi llegara a la cima sin grandes contrincantes que pudieran discutirle su autoridad.

Claro que tal acumulación de poder es “una espada de doble filo” (Patten), aunque las imágenes del 19 congreso del PCCh, rendidos los delegados ante las proclamas de Xi, pueden inducir a pensar justo lo contrario. Y lo es porque la concentración de competencias entraña una contrapartida no escrita: sus adversarios actuales o futuros descargarán sobre el presidente toda la responsabilidad política si se tuercen las cosas. Una posibilidad que en absoluto debe descartarse habida cuenta de los desafíos que deberá afrontar durante los próximos cinco años en tres frentes: el asentamiento de China como potencia global en todos los ámbitos, no solo en el económico, la atenuación de las desigualdades sociales, siempre en aumento, y la corrección que los efectos del desarrollo a toda máquina ha tenido en el medio ambiente (contaminación de las aguas y del aire en las grandes ciudades, destrucción de cultivos, crecimiento desordenado de las periferias urbanas, etcétera).

Se dice que su gran aliado para vender ante el mundo la consistencia del modelo de “socialismo con características chinas” es Donald Trump, ensimismado por una política errática, empeñado en liquidar cuanto hizo su antecesor en el plano internacional y en promover un modelo de crecimiento económico del todo permisivo con las agresiones al medio natural. Pero esa hipótesis de trabajo –la involuntaria complicidad de Trump en la consagración de Xi como líder mundial con inquietudes sociales– no es mucho más que una posibilidad basada en datos aislados, imprecisos las más de las veces. Hay otros muchos, desde la crisis desencadena por Corea del Norte con su programa nuclear hasta las reivindicaciones chinas en el Pacífico occidental que pueden otorgar a Trump en algún momento el inesperado perfil de renovado protector de los intereses de terceros desde Corea del Sur a Filipinas.

Pesa sobre China y su éxito económico del último cuarto de siglo la desconfianza de sus vecinos, persuadidos de que su papel hegemónico en Asia tiene el perfil de la amenaza o la presión a largo plazo, algo que favorece a Trump y perjudica a Xi. La concentración de poder, que desentierra el modelo de dictadura leninista como característica esencial del régimen chino, y el presupuesto de Defensa alarman a países esenciales en el dispositivo de seguridad de Estados Unidos, caso de Japón. Nadie es capaz de vaticinar, por lo demás, cuál es el verdadero significado de la etiqueta “socialismo con características chinas” mientras crecen las desigualdades y los inversores extranjeros se pregunta cada vez con más frecuencias qué riesgos correrá el modelo a poco que el ciclo económico le sea adverso.

Un dato no desmentido es que con un aumento del PIB por debajo del 7% anual –una barbaridad–, la maquinaria económica china es incapaz de absorber los 15 millones de habitantes del campo que cada año se trasladan a las grandes ciudades (cifras de 2011). La decisión del partido de legitimar el enriquecimiento, mantenerse nominalmente como comunista, pero comportarse como un conglomerado nacionalista, y aceptar el papel de gran fábrica del mundo ha permitido hasta la fecha que la nueva China mantenga un crecimiento sostenido sin tensiones inflacionistas, pero la pretensión de que aumente el consumo interno y de que se acorte algo la distancia entre los muy ricos y los rematadamente pobres –una multitud inconmensurable– puede desajustar el engranaje. De hecho, son varios los economistas que afirman que el modelo solo es viable en sus características actuales con una mano de obra extremadamente barata y sin amortiguadores asistenciales (las prestaciones sociales habituales en el Estado del bienestar).

Que esto preocupara poco a los inversores y consumidores occidentales hasta hace unos pocos años no quiere decir que hoy pueda soslayarlo Xi como un molesto dato marginal. Si hasta hace unos pocos años nadie aplicaba a China la convicción de John Mearsheimer de que las superpotencias buscan constantemente “demostrar su fuerza ante sus rivales más allá de sus esferas de influencia”, hoy precisa Xi hacerlo para acallar a cuantos más o menos quedamente, en nombre de la naturaleza nacionalista del partido, exigen una política de mantequilla y cañones. Y en ambos frentes debe actuar Xi para que los destellos del poder absoluto no se conviertan en una cortante espada de doble filo, tan monolíticamente compleja y opaca la estructura del poder en China como un jeroglífico demasiadas veces indescifrable.

 

Un puzle para Macron y Merkel

La activación del eje franco-alemán por enésima vez para ordenar la Unión Europea y rescatarla de diferentes crisis de identidad y cohesión choca con los desafíos inmediatos que deben afrontar el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y la cancillera en funciones de Alemania, Angela Merkel. Macron ve cómo se agita la calle a causa de la reforma del Código de Trabajo, Merkel debe lograr una variopinta mayoría en la que convivan bajo un mismo techo democristianos, liberales y ecologistas (la coalición Jamaica). En ambos casos, se ha abierto un paréntesis que oscurece el futuro, pendiente todo de que la estabilidad social en Francia y la política en Alemania queden a salvo o de que la inestabilidad sea lo menos dañina posible.

Ambos problemas son ineludibles e interesan directamente el futuro de la UE. La reforma de Macron pone a prueba la capacidad de la economía francesa de adaptarse a los requisitos de la globalización, la cintura de un modelo envejecido y a menudo ineficaz, pero característico de la Quinta República e inseparable de ella. “No es la revolución copernicana prometida por Emmanuel Macron, pero es una renovación profunda, sin precedentes, del derecho del trabajo”, se dijo en Les Échos, el diario económico de París, cuando se dio a conocer el proyecto. “Al adoptar el modelo californiano [empresarios de nuevo cuño vinculados a sectores emergentes: las nuevas tecnologías, las tecnofinanzas, las redes sociales, etcétera], el presidente de la República quiere una Francia de empresarios”, publicó el mismo medio en defensa de la propuesta promovida por el Eliseo cuando los sindicatos ya le habían puesto la proa y los insumisos de Jean-Luc Mélenchon protestaban en la calle a voz en grito.

El encaje de bolillos alemán requiere tiempo, paciencia y, quizá, la aceptación de periódicas inestabilidades. “Más allá de la gran coalición nada es demasiado duradero”, sostiene uno de los analistas del Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pero la gran coalición ha fallecido para siempre o al menos para una legislatura, es inimaginable alguna forma de acuerdo o transacción con los ultras de Alternativa para Alemania, eurófobos y xenófobos, y solo cabe un acuerdo multicolor, con contradicciones aparentemente insalvables, para mirar luego a Europa. ¿Cómo se conjuga la disposición de la cancillera a suavizar las aristas más cortantes de la austeridad con las exigencias de los liberales en sentido contrario? ¿Cómo comprometer a los Verdes, que reclaman una actualización a fondo de la Europa social, en un Gobierno de mayoría conservadora?

La gran coalición fue una fórmula electoralmente desastrosa para los socialdemócratas, pero muy útil para salvaguardar la centralidad de Alemania en la UE. Lo que salga de las negociaciones tripartitas en curso, seguramente largas, habrá que ver hasta qué punto es asimismo útil y eficaz. Las apariencias dan a entender que Macron lo tiene más fácil –dispone de una holgadísima mayoría en la Asamblea Nacional–, pero el dinamismo de la calle, con gran tradición en Francia, contrarresta en parte la aritmética parlamentaria. “La balanza está demasiado desequilibrada en favor de la flexibilidad para equilibrarse mediante un compromiso entra la patronal y los sindicatos”, ha escrito un editorialista de Le Monde, una realidad fácilmente detectable: los empresarios alaban la reforma de Macron, los sindicatos temen que sirva para puentearlos en las empresas de menos de 50 trabajadores y aun para dejarlos fuera de juego para siempre en los tratos que las empresas hagan directamente con asalariados encubiertos (lo que en España se conoce como autónomos dependientes). El diagnóstico de Libération, altavoz de las izquierdas, es tajante: la reforma del mercado de trabajo se atiene a las reivindicaciones más antiguas de la patronal, “más trasnochadas”, precisa.

Sumados y restados todos los factores aparecen por lo menos cuatro diseños diferentes para Europa: el de Macron, bastante alejado del legado gaullista que siempre alienta en la Quinta República; el de Merkel, muy conocido, pero necesariamente precisado de correcciones para ser compatible con el proyecto macroniano –de ahí el envío a la presidencia del Bundestag del fundamentalista de la austeridad Wolfgang Schäuble–; el de los liberales alemanes, partidarios de seguir apretando las tuercas a los meridionales, y el de los Verdes, que parte de la convicción de que hay que revisar de arriba abajo el modelo económico europeo. No es una gran novedad, porque siempre convivieron premisas diferentes en la construcción europea, pero frente a las forzosas revisiones que exige el futuro frente al brexit, al euro discutido, a los desafíos a la seguridad, a los gobernantes en rebeldía –los de Polonia y Hungría, por lo menos–, al auge de los populismos, al euroescepticismo y a la figura imprevisible de Donald Trump, la cohesión del eje franco-alemán es el primer y principal requisito (en realidad, lo ha sido siempre desde los días fundacionales).

En el horizonte macroniano aparece el propósito de refundar la UE para luchar contra la tentación nacionalista de los estados. Para ello precisa a Alemania, en la que confía como asociada en la gran travesía: “Como cada vez que su país se enfrenta a un desafío histórico, [Merkel] sabrá mantener la audacia y el sentido de la historia. Y esto es lo que yo le ofrezco”, afirmó el 26 de septiembre el presidente de Francia durante un discurso en la Sorbona. Sucede, sin embargo, que la proclama no seduce a todos los socios, alarma abiertamente a algunos y aun contiene un enigma: ¿la refundación tendrá en cuenta los intereses de todos, los problemas de todos los estados, o solo los de los dos integrantes del eje?

Desde los días del Tratado de Roma (1957) y más aún desde los del Tratado del Eliseo (1963) –Konrad Adenauer y Charles de Gaulle, los firmantes–, el grueso de las políticas europeas gira en torno a la complicidad de dos viejos adversarios, y con frecuencia enemigos, convertidos en aliados. A partir de 2001, el proceso de Blaesheim estableció el rito de las reuniones periódicas de representantes de París y Berlín, pero el paso que pretende dar Macron, y que secunda Merkel, como culminación de la salida de la crisis económica desencadenada en 2008 y de las tensiones sociales que la siguieron, debe superar un sinfín de inseguridades y desconfianzas, que pueden resumirse en tres enunciados: es mejor consolidar lo logrado y no ser más ambicioso, es preciso poner el freno a la institucionalización política de la UE o, en sentido contrario, hace falta que la integración económica se refuerce y las cesiones de soberanía política también mediante el desarrollo de un modelo federalizante.

La imagen se asemeja más a la de un puzle que a la de un tablero de ajedrez geométricamente ordenado. Es, de hecho, la imagen de una diversidad compleja, de intereses muchas veces divergentes y de gobernantes con un ojo en Bruselas y otro en las urnas, también en Alemania y en Francia. Esa imagen o realidad compleja es la que permite prever que entre el proyecto refundador y su concreción se levantan obstáculos, incoherencias y rivalidades que a nadie pueden escapar, ni siquiera a los promotores, aunque es posible que esta vez, a diferencia de otras, parecen capaces de hacer de la necesidad virtud. Aunque no está de más recordar que Nicolas Sarkozy anunció la necesidad de refundar el capitalismo en pleno vendaval financiero y finalmente fueron las finanzas globales las que impusieron las nuevas reglas del juego, tan reciente todo en la memoria de las víctimas.

 

El ‘Irma’, otro síntoma grave

La devastación causada por los huracanes Harvey e Irma añade argumentos a cuantos se esgrimieron durante la presidencia de Barack Obama para que finalmente Estados Unidos firmara el acuerdo trabajosamente negociado en París en 2015. No hay un solo informe que niegue la contribución humana al cambio climático capaz de refutar la realidad y de poner en duda la solidez de las pruebas. El empeño del presidente Donald Trump de favorecer la minería del carbón, autorizar las explotaciones petrolíferas en ecosistemas especialmente delicados y justificar tales medidas en la necesidad de que la economía se reactive en entornos sociales deprimidos –uno de sus nichos de votos– no es más que una forma de agravar el problema y hacerlo quizá irresoluble.

Salvo los productores de informes adscritos a la estrategia de algunas multinacionales del sector de la energía, no todas por fortuna, que presentan los efectos del calentamiento global como uno de tantos episodios de cambio climático vividos por el planeta y niegan que la acción del hombre tenga algo que ver, todos los modelos elaborados por la comunidad científica coinciden en el diagnóstico. Ningún estudio solvente descarta el factor humano en el aumento de la temperatura media con su correlato de ascenso del nivel del mar, avance del desierto y lluvias torrenciales de efectos catastróficos, por no hablar de la calidad del aire en las grandes conurbaciones, de la sobreexplotación de los mares y de la acumulación incontrolada de residuos. Esto es, no hay modelo o previsión de futuro que no plantee una revisión en profundidad del modelo económico, de las formas de crecimiento y de la sostenibilidad del sistema productivo.

Los grandes países contaminantes han aceptado tomar medidas acordes con el acuerdo de París, siquiera sea por preservar su imagen ante la opinión pública y ganar influencia ante la comunidad internacional. Este es el caso de China, cuyo Gobierno se ha convertido en paladín de las inquietudes climáticas después de años de vulneración sistemática del Protocolo de Kioto (1997) en nombre del desarrollo económico que precisaba el país. A diferencia del rumbo fijado por el Gobierno indio por razones parecidas a las esgrimidas con anterioridad por el chino y de la doctrina defendida por la Casa Blanca, el presidente Xi Jinping ha tomado la iniciativa y ha asociado su nombre al de la Unión Europea para reducir el calentamiento global, promover las energías renovables y detener la depauperación del medio ambiente. Se trate de una maniobra oportunista o de una sincera conversión a la causa ecologista, algo improbable, el compromiso chino pone en evidencia la insensibilidad de Trump ante sociedades cada día más preocupadas por la degradación galopante de los ecosistemas y las hipotecas de futuro que ello conlleva.

Declaraba el escritor José Luis Sampedro al final de su vida –murió el 8 de abril del 2013– que nos hallamos “al final de una cultura” y en “el inicio de algo muy diferente”.  Y mencionaba a China, India, Rusia y Brasil como actores determinantes de esta cultura o mundo diferentes: “En estas circunstancias se mezclan –decía– la evolución del sistema en sí mismo, la endógena, con las influencias externas que pueden ser absorbentes o disolventes con los resultados que en cada caso se produzcan”. Sampedro intuyó, con su habitual brillantez, que la hegemonía cultural en la aldea global no estaría solo al alcance de los grandes poderes consagrados en el pasado, sino de aquellos emergentes que sintonizaran con procesos de cambio muy rápidos, entre ellos la panoplia de problemas relacionados con el cambio climático.

Trump y su equipo navegan por mares bastante alejados de tal percepción de futuro y desprecian o ignoran los argumentos de las distopías más difundidas relacionadas con la mutación genética del medio ambiente desencadenada por el hombre y perceptible en todas partes. Cuando George Steiner afirma que el progreso de Europa obedece a que “la naturaleza nunca aplastó al ser humano”, invoca una condición en proceso de cambio alarmante: basta repasar los momentos de catástrofe en lo que llevamos de siglo XXI para concluir que algo grave nos amenaza y solo serán eficaces a largo plazo las soluciones globales. Aunque los asesores de cabecera de Trump lo pongan en duda, el efecto mariposa es algo más que una mera hipótesis; la necesidad de un análisis holístico del medio ambiente y de acciones a escala planetaria es una exigencia irrenunciable.

De hecho, renunciar a ello lleva directamente a la crisis pronosticada por la fallecida nobel de la Paz Wangari Maathai: “En pocas décadas, la relación entre el medio ambiente, los recursos y el conflicto puede parecer casi tan evidente como la conexión que vemos hoy entre los derechos humanos, la democracia y la paz”. Hay ejemplos que ilustran esa deriva hacia la tensión entre estados o grupos de estados por el control de los recursos naturales –petróleo, agua y minerales–, y son numerosísimos los ejemplos que ilustran el choque entre intereses privados y responsabilidades públicas para preservar el futuro viable del planeta. Es este uno de los grandes debates éticos del presente y uno de los terrenos de juego en los que el neoliberalismo se siente más incómodo cuando debe confrontar sus teorías del crecimiento con la prueba del nueve de la sostenibilidad.

A raíz de la arremetida del huracán Katrina, que devastó Nueva Orleans a finales de agosto del 2005, se creyó que los neocon se habían visto obligados a someter a revisión sus opiniones sobre el estado de salud del ecosistema planetario. Fue un espejismo o una opinión precipitada. En el pensamiento conservador, en general, y en el estadounidense en particular, prevalece la creencia y defensa del crecimiento ilimitado, de la sostenibilidad mediante el progreso tecnológico y del derecho de los individuos a gestionar los recursos de la Tierra en función de sus necesidades. Que cualquier trabajo de campo medianamente riguroso desautorice tal esquema importará muy poco mientras los intereses económicos en juego se impongan a cualquier otra consideración. Esta situación no solo se da en Estados Unidos, donde el punto de vista de Trump es heredero de una larga lista de negacionistas, sino en la mayoría de lugares en los que la preservación del medio es incompatible con las finanzas globales… Y como en toda enfermedad, la ecológica se agrava a cada día que pasa sin actuar.

 

 

Cartas marcadas en Corea

Alguien ha dicho que Kim Jong-un y Donald Trump son dos pirómanos a quienes corresponde apagar un fuego. El escritor Paul Auster ve en Trump el perfil de un neurótico y dice rezar para que no repita mandato. Vladimir Puntin vislumbra una “catástrofe global” a causa de la escalada de la crisis con Corea del Norte, pero se opone a nuevas sanciones. China ha dejado de ver en Kim al aliado necesario, pero sigue viéndolo como el peón indispensable. En el Consejo de Seguridad de la ONU, mientras tanto, suenan las alarmas y Japón y Corea del Sur sienten el calor de las llamas, de esa hoguera encendida por los generales norcoreanos para hacer de su pequeño país un territorio invulnerable gracias a su arsenal nuclear de bolsillo, pero de Pekín y Moscú llega la orden de no sumar más sanciones a las ya aprobadas.
Donald Trump declaró, recién elegido, que no tenía inconveniente en entrevistarse con Kim. Pasados los meses, las pruebas con misiles intercontinentales, la detonación de bombas atómicas y la amenaza de un ataque contra la isla de Guam llevaron al presidente de Estados Unidos a amenazar asimismo a Corea del Norte con una lluvia de “furia y fuego”. Cundió el desasosiego en el Pentágono y el secretario de Defensa, James Mattis, apeló a la diplomacia para superar la crisis, pero no se desvaneció la intranquilidad porque es el presidente quien gestiona su cuenta de Twitter y, como tantos usuarios, sus mensajes parecen responder a impulso primarios, poco reflexivos, carentes de un plan surgido del análisis de la situación. Se puede decir que Trump está empeñado en dar la razón a los que ven en él a alguien poco o nada preparado para ocupar el lugar que ocupa.
Así están las cosas, envueltas en la improvisación permanente y la imposibilidad de acogerse a precedentes más o menos útiles para afrontar la crisis con imaginación, prudencia y realismo (tampoco desde la trinchera norcoreana, sobra decirlo). No valen aquí los hábitos de la guerra fría, tantas veces citados con poco fundamento, a pesar de la lejana inspiración de los esquemas mentales de la dictadura de Kim en los mecanismos de acción-reacción que prevalecieron hasta la caída del muro de Berlín y la desaparición de la URSS. Tampoco vale fiarlo todo a la creencia de que, si China se lo propone, el desafío de Pyongyang tiene una salida relativamente fácil y rápida. En ningún caso, en fin, se pueden minimizar los riesgos con la simple creencia de que Estados Unidos y Corea del Norte son conscientes de que una guerra es imposible.
Como ha escrito Katharine H. S. Moon en Foreign Affairs, atrapada en medio de la escalada se halla Corea del Sur, con una capacidad muy limitada para gestionarla, con su capital, Seúl, a 50 kilómetros de la divisoria vigente desde 1953 –la zona desmilitarizada que tiene como referencia el paralelo 38– y al alcance de la artillería de largo alcance del norte, y con el primer socio comercial, China, al lado de su adversario. A lo que quizá debe añadirse el desconocimiento absoluto de los auténticos planes de la Casa Blanca para contener la peor de las inercias: la que margina la negociación y opta por la acción directa. Un disparate absoluto según todas las teorías de la escalada militar tal y como se deduce fácilmente de conflictos archiestudiados –Vietnam, Afganistán, Irak, etcétera– en los que la voluntad negociadora fue a menudo poco más que una simulación para justificar lo injustificable ante la opinión pública.
A primera vista resulta desconcertante que el presidente Trump haga coincidir la última prueba nuclear norcoreana –la detonación de una bomba de hidrógeno– con reproches a Corea del Sur a causa de la disposición al diálogo y al apaciguamiento del Gobierno liberal de Seúl. Pero detrás de la crítica presidencial se adivina el propósito de vincular la crisis de seguridad a los objetivos económicos de la Casa Blanca, según ha puesto de relieve The New York Times; esto es, hacer frente a la competencia asiática siempre creciente en el comercio global, en cuyo núcleo se encuentran China y Corea del Sur. Cuando el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, anuncia un plan para cortar los lazos económicos con “cualquiera que haga negocios con Corea del Norte” se dirige indirectamente tanto al Gobierno de Pekín como al de Seúl, al menos teóricamente, y refuerza la hipótesis de una posible respuesta dura a la exhibición nuclear norcoreana (las maniobras con fuego real en Corea del Sur, un ejemplo).
Hay en todo ello una mezcla del populismo servido por los estrategas de la campaña de Trump en 2016 más la dificultad manifiesta de la Casa Blanca para aceptar las convenciones más elementales y el código de señales en vigor en la península de Corea desde el armisticio de 1953, que creó una zona desmilitarizada de cuatro kilómetros de anchura que separa los dos países. Desde entonces, todo es excepcional y complejo, y ha dado pie al desarrollo de dos regímenes antagónicos, representantes de dos comunidades con designios opuestos: al norte, una dinastía heredera del stalinismo más hermético y propulsora de un nacionalismo extremo; al sur, una república decidida a seguir los pasos de Japón, una suma de tradición, tecnología de última generación y disciplina sin excepciones. Pero esa dualidad evidente no ha roto la unidad cultural a pesar de la propaganda a ambos lados de la frontera, del esfuerzo estéril por separar a ambas comunidades, utilizadas hasta la saciedad por las grandes potencias para sus propios fines a cambio de una prosperidad deslumbrante.
Que los últimos presidentes de Estados Unidos no hayan logrado destensar la situación mediante la negociación y proyectos de cooperación económica no significa que la brocha gorda entrañe mayores posibilidades de éxito. De hecho, la nuclearización de la crisis ha confirmado cuanto se ha dicho del poder de disuasión de los arsenales atómicos: que quienes los poseen ponen a salvo su existencia a causa de su capacidad para desencadenar una respuesta devastadora. La gran diferencia entre el equilibrio del terror de hoy y el de la guerra fría es que este obedecía a un sistema que desde 1962 (crisis de los misiles de Cuba) quedó resguardado de sobresaltos inesperados y el de ahora se da en ausencia de un sistema o acuerdo tácito que regule, paute, module las desavenencias entre adversarios en situaciones límite.
“No ha habido ninguna generación anterior de hombres de Estado que haya tenido que dirigir los asuntos públicos en un ambiente tan desconocido y al borde del Armagedón”, dijo en cierta ocasión Henry Kissinger, convencido de que la coexistencia pacífica era la única forma posible de riesgo calculado entre contrincantes con arsenales nucleares. Hoy el aserto sigue teniendo todo su sentido, aunque en el entorno de Trump haya quien cree en una posible victoria militar o destrucción del régimen norcoreano sin que, por lo demás, Rusia y China pidan explicaciones. Esta crisis es tan antigua y está tan manoseada que todas las cartas están marcadas y ningún tahúr logró nunca ganar la partida.

 

Trump, en la hora de la ‘finezza’

Para alguien tan poco dado a las sutilezas de la política exterior como Donald Trump, el desafío norcoreano del 4 de julio resulta doblemente complejo porque se trata de una amenaza real a la seguridad de Estados Unidos y porque no puede afrontarse con una exuberante exhibición de fuerza. El lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) Hwasong 14 ha cambiado por completo los términos de la ecuación coreana hasta el punto de que el presidente ha reconocido por primera vez que no afecta solo a la seguridad del noreste de Asia y a la de sus dos principales aliados, Corea del Sur y Japón, sino directamente a Estados Unidos: las islas Aleutianas y el territorio continental de Alaska. Y ha dado especial valor a la puntualización hecha por Philip Bump en The Washington Post: “Olvidamos a veces que la retórica del presidente Trump no se forjó durante años de análisis políticos o en discusiones con expertos en política exterior y asuntos internos, sino en la entrevista telefónica semanal con Fox and Friends (un talk show)”.

El recordatorio resulta pertinente porque es una forma simple y rápida de prever el acercamiento a la crisis que puede realizar el presidente más allá de los factores que objetivamente la delimitan:

-Corea del Norte ha dejado de ser una amenaza potencial para convertirse en real, gestionada además por un dirigente imprevisible, Kim Jong-un, necesitado de gestos contundentes para mantenerse al frente del régimen fundado por su abuelo.

-China y Rusia preservan el régimen de Corea del Norte y lo utilizan por razones diferentes, pero igualmente eficaces, en su competición a escala planetaria con Estados Unidos y más específicamente en el este de Asia.

-Cualquier recurso a la fuerza de Estados Unidos afectaría directamente a Corea del Sur y a Japón.

-La artillería pesada de Corea del Norte, situada a un tiro de piedra de la línea de armisticio, tiene a Seúl a su alcance, según le consta al Departamento de Defensa de Estados Unidos.

En fecha tan relativamente lejana como el 22 de junio del 2006, Ashton B. Carter, futuro secretario de Defensa de Barack Obama, y William J. Perry, uno de los secretarios de Defensa de Bill Clinton, firmaron un artículo en The Washington Post, recordado ahora por The New York Times, que contenía la siguiente afirmación: “Si Corea del Norte persiste en sus preparativos para el lanzamiento [de misiles], Estados Unidos debe dejar clara inmediatamente su intención de bombardear y destruir” las instalaciones en tierra. Eran los tiempos de George W. Bush, tan aguerridos, pero en el caso coreano prevaleció la creencia de que carecía el país de capacidad para dotarse de un pequeño arsenal nuclear que lo convirtiera en un territorio inatacable ante el riesgo de una respuesta con armas atómicas.

Hoy puede decirse que Estados Unidos renunció a limitar la capacidad de su adversario mediante la adaptación al caso de la doctrina de contención del enemigo, desarrollada por George F. Kennan en los albores de la guerra fría con la Unión Soviética, y en cambio ahora parece la única salida apropiada para un conflicto que ha crecido exponencialmente, aunque “esto no soluciona el problema; es solo una forma de vivir con él”, según el análisis de David E. Sanger en The New York Times. Pero esta contención del enemigo debe excluir un análisis meramente militar o especialmente militar de la situación por las antedichas implicaciones; debe, por el contrario, buscar la negociación y la complicidad internacional para evitar riesgos mayores, tal como ha transmitido a Trump el presidente surcoreano, Moon Jae-in. Un camino complejo, pero más seguro que el recurso a los generales, y al alcance de la mano de los tres tenores (en la reunión en Hamburgo del G20, el presidente de Estados Unidos tiene cita con Xi Jinping, presidente de China, y Vladimir Putin, presidente de Rusia).

En este enfoque con predominio de la diplomacia, respaldada por la potencia de fuego, la finezza es esencial. ¿La tiene Trump, exigido por los halcones del Partido Republicano, pero aconsejado por el general Herbert R. McMaster, un analista bastante respetado en Washington? Las dudas ensombrecen el cielo de la Casa Blanca. Philip Bump ha recordado esta semana, en un análisis que se remite a la cuenta de Twitter del presidente, algunos de sus mensajes más rotundos, como este del 8 de abril del 2013: “Pienso que China tiene un control total de la situación (…) [Corea del Norte] no podría existir ni un mes sin China. Y pienso francamente que (…) China no es nuestro amigo”. Ni absolutamente falso ni absolutamente cierto, sino más bien una simplificación de una realidad llena de matices no siempre evidentes, desaparecidos definitivamente en el fragor de la campaña –marzo del 2016–, cuando tachó al líder norcoreano de maníaco y reprochó a Obama no despachar una fuerza de choque al teatro de operaciones (él dijo haberlo hecho en abril del año en curso, pero en realidad nunca hubo barcos en ruta).

No es la primera vez que una Administración siente a su espalda el aliento de la amenaza nuclear. El presidente John F. Kennedy tuvo que afrontar en octubre de 1962 la crisis provocada por la instalación en Cuba de silos de misiles soviéticos de alcance medio, y en aquella ocasión, a pesar de las presiones de una parte del generalato, esa finezza de la que ahora se duda hizo posible una salida que conjuró el Armagedón y, de paso, sistematizó para siempre la guerra fría, la alejó de situaciones altamente peligrosas o ingobernables. Hoy no hay sistema o el sistema está poco asentado, depara sorpresas todos los días y, por esta razón, requiere más que nunca la intervención de gestores que rehúyan los planteamientos binarios, que no comulguen con la creencia de que es posible aplicar soluciones fáciles a problemas enrevesadamente complejos.

“Para un presidente casado con su propia versión de las fake news –pudiera decirse posverdad–, la manera más fácil de afrontar una verdad inconveniente puede ser redefinir o simplemente soslayar la línea roja original”, aquel presupuesto a partir del cual solo es posible una respuesta o reacción contundente, sostiene el analista John Nilsson-Wright, del think tank Chatham House. Pero, en el caso norcoreano, es poco menos que imposible no darse por enterado de que el lanzamiento del misil intercontinental ha ido más allá de cualquier previsible amenaza o línea roja, es imposible consagrar la improvisación para gestionar el problema sin tomar decisiones que blinden la seguridad de Estados Unidos y de sus aliados sin agravar la situación, grave de por sí.

David Talbot recuerda en su libro La conspiración que el presidente Kennedy creía que la guerra en la era nuclear “constituía un asunto demasiado importante” como para que quedara en manos de los generales. Eran los tiempos de Curtis LeMay y otros uniformados de gatillo fácil, dispuestos a desencadenar una hecatombe planetaria con tal de barrer a la Unión Soviética de la faz de la Tierra. ¿En qué papel se siente más a gusto Trump: en el de Kennedy o en el de LeMay; en el de posibilista paciente o en el de comandante en jefe desbocado? A saber.

 

Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Trump ya tiene su Watergate

Los  vapores nauseabundos del caso Watergate empiezan a envolver la atmósfera viciada de la Casa Blanca a causa de las prácticas poco convencionales del presidente Donald Trump y su equipo. Los prolegómenos de este Rusiagate que todo lo contamina reúne demasiados ingredientes coincidentes o que recuerdan aquel otro escándalo que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974. Como entonces, medios prestigiosos vituperados desde el Despacho Oval han puesto manos a la obra para, en este caso, desvelar el argumento no escrito del camino seguido por Trump para ganar las elecciones en noviembre con la ayuda de Vladimir Putin. Como ha escrito John Yoo en The New York Times, de momento no hay constancia de que el presidente haya obligado a mentir a algunos testigos, haya destruido pruebas o haya bloqueado el trabajo de agentes del FBI, pero se multiplican las sospechas de que todo esto ha podido suceder.

En una de sus informaciones del jueves, el mismo diario utiliza el verbo engulf (envolver) para referirse a la situación de Trump, origen de todas las dudas y envuelto en la investigación que dirigirá el fiscal especial Robert S. Mueller, exdirector del FBI (2001-2013), para esclarecer si en efecto el Kremlin intervino en la campaña del presidente. Pero engulf tiene otras acepciones o posibles traducciones más inquietantes –tragar, sepultar–, que presagian que se cierne sobre Washington una tempestad política y constitucional habida cuenta de que el foco de la investigación apunta a la cima del sistema. Y al enumerar las preguntas que de una u otra forma saldrán al paso del trabajo de Mueller se hace aún más evidente la inconmensurable dimensión del conflicto, desde la interferencia rusa en la campaña a la por lo menos sorprendente decisión del presidente de facilitar a Serguei Lavrov información en materia de seguridad obtenida por otra potencia –quizá Israel– y que puede poner en riesgo a quienes la obtuvieron.

Algunas de estas preguntas pueden formularse mediante enunciados muy simples, pero dan pie a respuestas eventualmente intranquilizadoras para los conciudadanos de Donald Trump, que pueden sentirse legítimamente defraudados por prácticas ajenas a la transparencia democrática exigible en cualquier proceso electoral. Al preguntar cuál fue el alcance de la intromisión rusa en la campaña, hasta dónde llegaron las presiones para que el FBI dejara de investigar la russian connection de Michael T. Flynn, efímero consejero de Seguridad Nacional, y qué información se llevó Lavrov a Moscú, facilitada por Trump, caben toda clase de respuestas alarmantes para el sistema, en general, para la continuidad en las tradiciones políticas de Estados Unidos y para la inconsistencia de un Ejecutivo que sigue creyendo que el Estado puede gestionarse como una empresa asociada a otras empresas. Sin sutilezas ajenas a la rentabilidad del momento, condicionado todo por la fijación de metas rentables y nada más.

Dice Donald Trump sentirse perseguido como no lo fue ningún otro presidente, una exageración sin duda. En todo caso, ninguno de sus predecesores empezó con tan mal pie, suscitando tantas dudas acerca de su capacidad para ocupar el puesto que ocupa y tan contestado en la calle. Pero hay más: desde que el republicano Kevin McCarthy le dijo a Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes y asimismo republicano, que está convencido de que Putin paga a Trump (15 de junio de 2016) y James Comey, destituido por Trump como director del FBI, anotó en un memorándum que el presidente le exigía que dejara de investigar a Flynn (febrero de este año), puede decirse que se dispone de algo bastante cercano a pruebas documentales para colegir que algo huele a podrido en la Casa Blanca. Y es poco menos que imposible que el olfato de Mueller no lo detecte.

Es tan poco probable que el nombramiento de un fiscal especial, decidido por Rod J. Rosenstein, número dos del Departamento de Justicia, es un movimiento político lleno de riesgos para la estabilidad republicana. La CNN sostiene que los republicanos juegan al todo o nada, algo siempre peligroso, salvo que haya ganado adeptos la hipótesis desarrollada por uno de los analistas de Politico.com, insinuada varias veces las últimas semanas: que el establishment del partido daría por buena, impeachment mediante, una resolución de la crisis institucional con Mike Pence, vicepresidente ahora, en la presidencia, y Paul Ryan en la vicepresidencia. Un juego de manos, una componenda para serenar el republicanismo y apartar del puente de mando a la extrema derecha populista que lleva en él desde el 20 de enero.

Todo esto es algo más que una teoría de la conspiración ad hoc porque, salvo ingenuidad manifiesta, es imposible que Trump salga indemne del laberinto en el que se ha metido, rodeado de asesores inexpertos o poco rodados que son incapaces de ordenar la Administración, fijar prioridades y desarrollar un programa reconocible. Dana Milbank, un reputado analista de The Washington Post, sostiene que acaso el nombramiento de Mueller sirva para salvar al Partido Republicano y al presidente de sí mismos, pero es inimaginable que tal salvamento no deje algunas víctimas para preservar el sistema, respetar la división de poderes y salvaguardar el equilibrio entre Gobierno y Parlamento. Aquí no valen la posverdad, los hechos alternativos y otras zarandajas pensadas en el ala oeste de la Casa Blanca para construir una realidad virtual a gusto del presidente.

Por decirlo con palabras muy de cuando el escándalo Watergate: hay pistolas humeantes en el horizonte. En los días de Richard Nixon fueron las cintas grabadas en el Despacho Oval, que sumieron a la presidencia en el oprobio; hoy son las conversaciones de unos, las anotaciones de otros y esa transcripción del diálogo de Trump con Lavrov que reclaman los dos grandes partidos y que Putin dice estar dispuesto a entregar, aunque la fidelidad documental del presidente ruso sea más que discutible y la utilidad probatoria de lo que dé por escrito sea poco más que papel mojado. “Entonces como ahora el problema principal no es el delito en sí mismo, sino el intento de encubrirlo”, explica un analista de The Guardian al comparar las miserias del caso Watergate con esas otras miserias tan recientes, esa frase recogida por Comey de labios de Trump: “Espero que pueda dejarla” (la investigación sobre los contactos de Flynn en Rusia).

La mezcla explosiva de mentiras, encubrimientos y obstrucción a la justicia hace cada día más difícil que Trump pueda recuperar su imagen pública, incluso entre una parte de quienes lo votaron hace solo medio año. Al cumplir cuatro meses en el Despacho Oval, el desprestigio de la presidencia es de tal calibre que va más allá del simple desgaste personal del titular de la institución, alcanza al partido y agrava la fractura social en una sociedad profundamente dividida por dos visiones antagónicas, irreconciliables, del futuro de Estados Unidos. Como en los días del Watergate, lo excepcional se ha convertido en cotidiano, el presidente ha pasado a ser un sospechoso habitual y su equipo de colaboradores más cercanos ha quedado en evidencia, desacreditado por una política errática que incomoda a los aliados y carece de precedentes en la historia del país. Todos los hombres del presidente, la gran investigación periodística de Bob Woodward y Carl Bernstein, vuelve a ser de lectura imprescindible.

Francia corre riesgos

La victoria de Emmanuel Macron, exministro liberal en un Gobierno socialista, solo dos puntos por encima de Marine Le Pen, extrema derecha xenófoba y antieuropeísta, no permite banalizar el éxito de esta última en la primera vuelta de la elección presidencial en Francia, sino subrayarlo con tinta roja. Solo 15 años después de que Jean-Marie Le Pen disputara a Jacques Chirac la presidencia de Francia, la hija del viejo caudillo ultra ha obtenido 2,8 millones de votos más que los que él logró en la primera vuelta del 2002 y, tanto o más importante que este dato, ha conseguido proletarizar el Frente Nacional (FN), hacerlo más transversal y agravar la división latente en una sociedad desorientada por dos presidencias sin logros –las de Nicolas Sarkozy y François Hollande–, por el descrédito de los grandes partidos, por el coste social de la crisis económica y por el desafío yihadista. Las bolsas europeas respiraron tranquilas el lunes, pero los vaticinios de una segunda vuelta en la que el voto ultra puede acercarse al 40% configuran una Francia nueva, con más de un tercio de los electores movilizados contra la tradición republicana y europeísta, conquistados por el nacionalismo primario “de un clan familiar cínico y sin escrúpulos” (Le Monde).

La presunta sutileza de los análisis que consideran un fracaso del FN no haber alcanzado el 30% en la primera vuelta, requisito mínimo para aspirar a la presidencia con fundamento en la segunda, no hace más que ocultar los riesgos que corre Francia, y por extensión Europa. Nada hay más alejado de las convenciones políticas, del pacto republicano y del equilibrio social que el populismo vociferante de Marine Le Pen envuelta en la bandera. Ese recurso a las emociones o a las esencias nacionales ha sido útil, por el momento, para dejar en ruinas el sistema de partidos característico de la Quinta República, puede serlo para hipotecar la gestión de futuros gobiernos si en las legislativas de junio alcanza el FN una representación significativa en la Asamblea de la República y puede serlo aún más si deja vía libre a los partidarios de agitar la calle, que los hay.

Marine Le Pen se refiere a la necesidad de una “unión nacional” para pedir el apoyo en las urnas el 7 de mayo, una apelación a la identidad antes que a los valores. Emmanuel Macron reclama la “unidad republicana” y, con ella, la del abanico político que va de los posgaullistas de François Fillon a la izquierda clásica, que se remite a los valores del pacto republicano más que a una nación en abstracto. No es esta una diferencia menor o secundaria, o al menos no debiera serlo cuando lo que está en juego no es solo la presidencia de Francia, sino la complicidad del país para rescatar a la Unión Europea de la lógica diabólica de la crisis permanente, de la herencia del Brexit y de diferentes modalidades de euroescepticismo, sazonado todo con las múltiples fobias estimuladas por la crisis de los refugiados, el terrorismo global y la lejanía de los tecnócratas de Bruselas.

De ahí que resulten sorprendentes las reservas de Jean-Luc Mélenchon, candidato de la izquierda emergente, para pedir el voto para Macron, como si fuese posible una alternativa, como si abstenerse o votar en blanco no fuese casi tanto como apoyar a Le Pen. Esa doctrina expresada en España por Podemos, según la cual la nueva izquierda no quiere de presidente ni a Macron ni a Le Pen, es una incongruencia, una contradicción en términos o una falta manifiesta de madurez política. Basta revisar las hemerotecas para comprobar que en el 2002, con bastantes menos riesgos a la vista, la izquierda votó sin fisuras a Chirac con una pinza en la nariz para cortar el paso a la demagogia intemperante de la ultraderecha. Fue un voto sin ilusión, pero fue un voto necesario o voto útil, que hoy vuelve a serlo a la luz del desafío a la decencia que plantea el FN en el seno de una sociedad crispada.

Quizá los cálculos para junio (elecciones legislativas), que serán el ser o no ser de conservadores y socialdemócratas, pero también la prueba del nueve de la fuerza electoral del FN y de la nueva izquierda, hayan llevado a Mélenchon y a los insumisos a abrazar la ambigüedad. Si es así, solo cabe concluir que son insensibles al “perfume nauseabundo” (Paul Quinio en L’Obs) que desprende el pulso de Le Pen al sistema, que lo es también a la viabilidad de la UE y a la gestión de los desequilibrios sociales. En la práctica, la actitud de Mélenchon se suma a la indefinición de muchos electores de Fillon, que acaso prefieran el 7 de mayo el nacionalismo sectario de Le Pen antes que el realismo europeísta de Macron. Esto es, en su afán por llegar a un puerto aceptable para llevar a la práctica un programa clásico de izquierdas, el progresismo de nuevo cuño acepta imprudentemente correr el riesgo de que la caverna desacredite el próximo domingo todas las encuestas con una victoria.

Es cierto que nada hace prever que esto suceda, pero tampoco creyó nunca el establishment que Donald Trump llegaría a la Casa Blanca y allí está, convertido en líder de la internacional populista, que impugna la vigencia de las sociedades abiertas, del mestizaje cultural y del auxilio a los más vulnerables. El desmantelamiento de facto de un sistema de partidos que ha dejado de ser reflejo de la estructura social de Francia hace posible cualquier cosa, incluida una fragmentación acelerada del bloque conservador y del bloque de centroizquierda, sumidos en una doble crisis, programática y de liderazgo, que solo en parte remedia el entusiasmo movilizador de En Marche!, el conglomerado que debe llevar a Macron al Eliseo. No es este un momento de reconstrucción del andamiaje partidista de la Quinta República, sino de protección de lo que de él queda, sin más complicidades entre viejos adversarios que proteger el sistema de quien lo desprecia.

Como aconsejó Paul Quinio la madrugada del escrutinio de la primera vuelta, Emmanuel Macron debe desconfiar de una victoria el 7 de mayo anunciada de antemano por los sondeos. “Es el primer síntoma de esta impalpable indiferencia que envuelve desde este momento el peligro Le Pen”, escribió el periodista, avisado de que el ambiente que se respira es el menos favorable de los imaginables para que prevalezca la tradición política heredada del diseño del Estado hecho por el general Charles de Gaulle. Vive sus últimos días aquel sistema basado en la alternancia entre socialistas y liberal-conservadores a partir de la victoria de François Mitterrand en 1981, y el Parlamento que saldrá de las elecciones de junio acaso esté insólitamente dividido con nuevos actores políticos ocupando una parte de los escaños. De ahí la importancia de que Francia cuente con un presidente que responda al nuevo espectro y, al mismo tiempo, defienda el anclaje del país en la UE para dar continuidad al eje franco-alemán, esencial en la marcha de los asuntos europeos desde los días de los padres fundadores. Un ejercicio de compromiso político ajeno a la demagogia de Le Pen.