Fractura agravada en Estados Unidos

La multiplicación de voces que otean el horizonte electoral de Estados Unidos y ven en peligro la democracia constituyen un indicio cierto de los riesgos a los que se enfrenta un país dividido y a expensas de nuevas sacudidas si los resultados del próximo 8 de noviembre no casan con las expectativas del trumpismo. Basta atenerse al precedente de la elección presidencial de 2020 para llegar a la conclusión de que el grueso del Partido Republicano, y aún más el electorado conservador de la llamada América profunda, dan por descontada la victoria y ningún resultado que difiera de tal convencimiento a priori será considerado fruto de un escrutinio limpio. Donald Trump indicó el camino a seguir al no aceptar el triunfo de Joe Biden y su estrategia de intoxicación de la opinión pública se ha visto coronada con el éxito: dos tercios de los votantes republicanos siguen creyendo que a Trump le robaron las elecciones.

¿Estamos encarando una segunda guerra civil? Este es el inquietante titular del último artículo publicado en The New York Times por la respetada columnista Michelle Goldberg. Más allá de la intencionalidad provocativa –ella encuentra “la idea de un colapso total difícil de entender”–, se remite a autores como la profesora Barbara F. Walter, de la Universidad de California, una especialista en la guerra civil (1861-1865), para quienes “una ruptura estadounidense ha dejado de ser improbable”. Una corriente de fondo enormemente compleja, donde encuentran cobijo todos los demonios familiares –la tensión racial, la desconfianza permanente ante el poder de Washington, la dualidad sociedades urbanas-sociedades rurales, el ensimismamiento nacionalista, una cierta convicción mesiánica sobre cuál es la misión histórica de Estados Unidos– y que lleva a vislumbrar un futuro borrascoso donde puede encontrar acomodo la prédica autocrática hasta degenerar el sistema en una democracia mutilada.

El discurso de Biden del 6 enero, primer aniversario del ominoso asalto al Congreso, es significativo en el sentido de advertir sobre los peligros que acechan al sistema más que por la andanada dirigida a Trump, por lo demás muy fácil de compartir por cualquier defensor de la democracia representativa, el Estado de derecho y la normalidad institucional. La llamada de atención del presidente concuerda a grandes rasgos con las alertas difundidas por entidades como International IDEA, cuyo último informe destaca que por quinto año consecutivo los países que enfilan la senda del autoritarismo supera a la de los que enfilan la de la democratización. Y por primera vez incluye a Estados Unidos en el grupo de países con la democracia en retroceso.

La estética en la que se apoya la inercia reactiva del Partido Republicano hasta resultar irreconocible y las multitudes que jalean cada ocurrencia de Trump es un prolegómeno ilustrativo de lo que se avecina si el próximo noviembre consagran las urnas el populismo movilizado que tomó el edificio del Capitolio. Hay demasiados datos que indican que la mitad del país que vota no se reconoce en la progresiva transformación de una sociedad blanca, anglosajona y protestante (wasp) en otra infinitamente más diversificada, fundida en un crisol que tiene poco que ver con el heredado de los padres fundadores. Desde por lo menos la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), la transversalidad ha espoleado la reacción de un conservadurismo anclado en la añoranza de cierta forma inmutable de equilibrio social, cuya primera manifestación fue el Tea Party, tan contenido y limitado en su influencia visto lo que le ha seguido.

Un suceso como el asalto al Congreso solo es posible si detrás de la multitud airada se encuentra un largo proceso de impugnación de la democracia, aunque los impugnadores llamen al activismo radical en defensa de la democracia. Donald Trump y su círculo de asesores no han dado un solo paso para ocupar a codazos espacios de poder sin remitirse a la defensa del sistema democrático, de la transparencia electoral y de la nación frente a sus adversarios interiores y exteriores, pero en la cronología de la presidencia de Trump y en su primer año de líder de facto de la oposición no hay un solo gesto que quepa considerar encaminado a salvaguardar el sistema democrático.

El último artículo de Barton Gellman en el mensual progresista The Atlantic empieza con un párrafo de una rotundidad que hubiese resultado inconcebible hace no demasiados años: “Técnicamente, el próximo intento de derrocar una elección nacional puede no considerarse un golpe. Dependerá de la subversión más que de la violencia, aunque cada una tendrá su espacio. Si el complot tiene éxito, los votos emitidos por los votantes estadounidenses no decidirán la presidencia en 2024. Se desperdiciarán miles de votos, o millones, para producir el efecto requerido. El ganador será declarado perdedor. El perdedor será certificado como presidente electo”. Es deseable que tal cosa no suceda y que los hechos quiten la razón a Gellman, pero es una posibilidad que todo se tuerza a la vista de las modificaciones efectuadas en las leyes electorales de varios estados que autorizan a las autoridades locales  a decidir, llegado el caso, si un determinado tipo o número de votos deben o no contarse, algo que ya intentó Trump en noviembre de 2020 con los votos por correo y los votos anticipados en diferentes estados.

El senador John McCain, un conservador lúcido, consagró el final de su vida a desacreditar la demagogia incendiaria de Trump y sus émulos. “Debilitamos nuestra grandeza cuando confundimos nuestro patriotismo con rivalidades tribales que han sembrado resentimiento, odio y violencia en todos los rincones del mundo”, declaró poco antes de morir en agosto de 2018. Ahí se halla hoy Estados Unidos, viva imagen de una comunidad dividida hasta el paroxismo, con dos proyectos de futuro sin punto de encuentro posible salvo que a un lado y otro de la divisoria se opte por una fórmula híbrida entre coexistencia y convivencia. Pero hay un encanallamiento en el debate político, un falseamiento sistemático de los datos desde que Joe Biden ganó la Casa Blanca, que hace muy difícil que tal apaciguamiento se produzca a diez meses de unas elecciones que todo el mundo estima determinantes, y con el índice de aceptación del presidente en el 43%. Y sin apaciguamiento, la fractura tenderá a agravarse hasta límites impredecibles.

Biden convoca a los aliados

La Cumbre por la Democracia convocada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, no ha emitido señales precisamente tranquilizadoras los pasados jueves y viernes. No dejó de ser chocante que más de un centenar de países fueran invitados a participar en un tótum revolutum en el que lo mismo cabían las viejas democracias europeas que Pakistán, Filipinas e Irak, con credenciales democráticas más que exiguas, y no, en cambio, China y Rusia, que también tienen poco que decir en orden a preservar y desarrollar la democracia, pero que son actores internacionales de primera magnitud. No pasó en absoluto inadvertido que estuviese Brasil, cuyo presidente muestra un compromiso limitadísimo con la democracia, y faltase Bolivia, que remedió mediante un proceso democrático perfectamente pautado los efectos del golpe de Estado que echó a Evo Morales de la presidencia.

Más que una Cumbre por la Democracia, pareció una asamblea de aliados de Estados Unidos y un reconocimiento más –no será el último– de que las vías de comunicación y coexistencia entre Washington, Pekín y Moscú funcionan cada vez peor. El corresponsal de The Washington Post en Taiwan, Christian Shepherd, fue más sangrante al analizar la composición del cónclave: Biden ha abrazado, escribió, “la creencia de que la democracia es como una cadena de comida rápida en la que Estados Unidos suministra los ingredientes”. Algo que llevó al mismo autor a preguntarse si la democracia estadounidense “realiza sueños o crea pesadillas”.

Sería una simplificación considerar que Biden actuó con un criterio maniqueo, dividir el mundo en buenos y malos. Es más probable que la estrategia seguida por la Casa Blanca obedeciera a la necesidad de agrupar efectivos a causa de la distancia cada vez mayor entre potencias con intereses enfrentados. Porque si bien es cierto que la impugnación de la democracia por China y Rusia no hace más que explotar la sensación de crisis en los fundamentos históricos del Estado de derecho, el ejercicio de las libertades y el respeto por los derechos humanos, es improbable que el saneamiento de la democracia pueda hacerse a espaldas de una parte de la comunidad internacional que ocupa un enorme espacio de poder.

Como explica el profesor Daniel Innerarity en Una teoría de la democracia compleja. Gobernar en el siglo XXI, las democracias han sufrido un desgaste y las instituciones deben afrontar una realidad nueva: la necesidad del aprendizaje permanente en un mundo cambiante. En una entrevista en El País, Innerarity sostiene que “resetear la democracia” debe “estar presidido por cómo conseguir realizar (no adaptar) los ideales irrenunciables de la democracia en contextos y situaciones que van cambiando con el paso del tiempo”. No es precisamente eso lo que hace Biden, sino que se adapta a dos datos objetivos: la sintonía con China se mantiene dentro de los parámetros de confrontación establecidos por Donald Trump y la relación con Rusia transita por el sendero de la degradación.

Desde la trinchera de los grandes excluidos se da la coincidencia de que tanto Xi Jinping como Vladimir Putin desean legitimar su poder. Charles Parton, miembro del think tank británico Council on Geoestrategy, dice que por primera vez China “quiere cambiar el mundo en el ámbito ideológico”.  En el enfado chino con Biden ve la confirmación de que la gran potencia asiática está dispuesta “a disminuir el poder ideológico de Estados Unidos porque al hacerlo aumenta el suyo”. Acaso no sea el mismo caso de Rusia, que mantiene la ficción democrática a través de una autocracia encubierta donde la oposición suele acabar en la cárcel o en el exilio. En ambos casos, la naturaleza política de sus aliados carece de significado, pero eso no es una gran novedad; demasiadas veces sigue vigente en Occidente –para muestra, Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas– la frase que Franklin Delano Roosevelt dedicó a Anastasio Somoza, dictador nicaragüense: “Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta”.

Otra vez surge la pregunta: ¿estamos ante una nueva guerra fría? Y aun esta otra: ¿la guerra híbrida es una nueva versión de la guerra fría? Porque la confrontación mediante herramientas que no son ingenios militares, sino intromisiones en la política interior de los estados o crisis inducidas entre bloques da la sensación de que proliferarán en igual medida que se tensarán las relaciones entre contrincantes, adversarios o competidores. Algo que inevitablemente lleva a formular esa otra pregunta: ¿hasta qué punto entraña riesgos la escalada en curso?

El analista estadounidense Jeffrey Bristol parte de la hipótesis de que su país ya no es la potencia hegemónica que fue, y se ve obligado a operar “en un entorno global de naciones emergentes cuyos intereses solo a veces se alinean con los de Estados Unidos”. Y a partir de ahí entiende que fue un error que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 fiase la preservación de la paz “a través de la fuerza”. Quizá en el contexto de los conflictos híbridos haya sido un error dejar fuera de la Cumbre por la Democracia a China, Rusia y algún otro actor de peso si es que esta debía servir para relajar las tensiones además de para mejorar la democracia, que sin duda precisa una puesta al día y debe protegerse de las arremetidas de sus adversarios.

Las nuevas tecnologías, la red, la manipulación extrema de los conflictos sociales, la tendencia al proteccionismo económico, el mercado de la energía y un sinfín de recursos de última generación, incluido el auge de la extrema derecha, proporcionan toda suerte de herramientas a los instigadores de las guerras híbridas, muchas, por no decir todas, lesivas para la democracia. Esta es vulnerable por definición y es dudoso que la cumbre convocada por Biden haya servido para fortalecerla en tiempos inciertos.

El aborto divide Estados Unidos

La discusión sobre si el derecho al aborto forma o no parte de los derechos humanos ha llegado al Tribunal Supremo de Estados Unidos a través de la causa Dobbs contra Jackson Women’s Health Organization, nombre de la única clínica que practica abortos en el estado de Misisipi, de mayoría republicana. El conglomerado de organizaciones políticas, religiosas y de todo tipo que vieron en Donald Trump el ejecutor capaz de hacer realidad sus ensoñaciones, sostiene que el derecho al aborto es inexistente y atenta contra los derechos del no nacido. Los defensores del derecho de la mujer a abortar, y con ellos las democracias avanzadas, que han aprobado regulaciones liberales del aborto, se cogen a la doctrina de las Naciones Unidas que estima que la revocación por los jueces estadounidenses de la sentencia Roe contra Wade, año 1973, sería irreconciliable con el derecho internacional, que considera un derecho humano el de las mujeres a abortar.

En la práctica, afrontar el asunto desde esta doble perspectiva no es más que un falseamiento de la realidad y de la repercusión que puede tener que el Tribunal Supremo deje sin efecto la sentencia que emitió hace casi medio siglo. Porque como ha explicado de forma convincente en las páginas de The New York Times Mary Fitzgerald, responsable de comunicación de Open Society Foundations, los argumentos que manejan los recurrentes ante el Supremo “nos dicen cosas preocupantes tanto sobre la salud de la democracia estadounidense como sobre lo que podría suceder si el tribunal revoca Roe contra Wade el próximo año”. Y dichos argumentos quizá constituyen una amenaza futura en manos de los agitadores de todas las formas y mensajes de la extrema derecha a escala planetaria, que ha encontrado en la herencia del trumpismo aquello que durante décadas anduvo buscando.

La composición del Tribunal Supremo hace temer lo peor: seis conservadores y tres progresistas; tres mujeres y seis hombres. Pero eso no es todo: Trump nombró a jueces rematadamente conservadores –Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Barrett– con la promesa de que ayudarán a revocar la sentencia que garantiza el aborto en todos los estados. Es poco menos que innecesario añadir que los argumentos morales del expresidente son una mera cortina de humo o pretexto habida cuenta su trayectoria manifiestamente amoral; lo que importa es mantener unida a la extrema derecha con la inestimable ayuda de diferentes facciones fundamentalistas cristianas.

El debate abierto se prolongará durante meses, probablemente hasta bien entrada la primavera de 2022, pero la impresión es que los seis jueces conservadores están lejos de compartir la opinión de la británica Helena Kennedy, una respetada defensora de los derechos humanos: obligar a una mujer a soportar nueve meses de embarazo es “un trato cruel e inhumano”. Porque si el Tribunal Supremo revoca la sentencia que reconoce el aborto como un derecho a escala federal, cada estado podrá legislar según su conveniencia, prejuicios o necesidades electorales, y en algunos de ellos puede quedar el aborto prohibido casi por completo.

La columnista de The Guardian Moira Donegan cree que a lo máximo que cabe aspirar que salga del Supremo es “un derecho disminuido al aborto” que dejará a criterio de los estados fijar límites que, cabe suponer, imitarán en muchos casos leyes restrictivas como las de Polonia, Hungría y Brasil. Por no hablar de la extravagancia de la doctrina del primer latido –estado de Texas–, que limitaría la posibilidad de abortar a seis semanas, cuando muchas mujeres ni siquiera saben que están embarazadas. Todo lo cual abunda en la idea de que hay un riesgo cierto de dañar la calidad de la democracia en Estados Unidos y de revisar algo consustancial a la autonomía de las mujeres: decidir sobre su cuerpo, algo que incomoda por no decir que enerva a los profetas de la tradición, de una configuración patriarcal y sectaria de la sociedad.

No deja de ser paradójico que todo esto suceda al mismo tiempo que México y Argentina, dos países con una larga y consolidada militancia católica, autorizan el aborto. Pues si no se trata de estados confesionales, como tampoco lo es Estados Unidos, no cabe imponer en el siglo XXI aquello que, en gran medida, se sustenta en convicciones morales de raíz religiosa, respetables, pero que solo obligan a quienes las profesan. Las leyes que regulan el aborto pautan un derecho al que se pueden acoger las mujeres, pero no establece ninguna obligación ineludible: depende solo de la decisión autónoma e intransferible de cada mujer. De la misma manera que la maternidad es una posibilidad, pero no una obligación, llevar adelante un embarazo no deseado tampoco lo es; ese es el criterio inmensamente mayoritario en el feminismo se le den las vueltas que se le den.

No deja de ser chocante que las autodenominadas organizaciones provida de todas partes presenten el aborto como algo que no tiene la trascendencia que en realidad tiene para cuantas mujeres deciden acogerse a él. Lo cierto es que todos los especialistas coinciden en señalar que repercute en el doble plano físico y emocional. Pero los adversarios de la ley del aborto en Estados Unidos lo desconocen o lo soslayan y esperan que el Supremo les dé la razón; esperan que criterios de orden religioso se impongan al laicismo consagrado en la Constitución.

Finalmente, todo emite una señal más de la tajante división de una sociedad que parece empeñada en afilar un poco más cada día las aristas de la confrontación. Los espacios para la tregua y la coexistencia se reducen al mismo tiempo que la sociedad liberal y la conservadora tienen enormes dificultades para reconocerse mutuamente como parte de una misma comunidad. En el caso del aborto, además, la arremetida de sus adversarios en las redes sociales ha adquirido la naturaleza de un gran desafío, un anticipo de lo que puede ser la campaña de las elecciones de noviembre en términos de violencia, confiemos en que solo verbal. El problema es que con los agitadores del trumpismo nunca se sabe cómo puede acabar la fiesta.

La política tóxica alienta el racismo en Estados Unidos

Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes de los que cerca del 14% son afroamericanos mientras que la población blanca representa el 60%. Pero la población reclusa de piel negra es el 33% y la blanca, el 36%, según un informe difundido por la cadena Univisión. El desequilibrio es evidente y los factores que explican tal desfase son por lo menos tres, según un estudio de Ryan D. King y Michael T. Light: las diferencias raciales en la comisión de delitos, leyes aparentemente imparciales, pero con efectos raciales dispares y el trato desigual en el sistema de justicia. Veredictos como el del miércoles de un jurado de Brunsbick (Georgia) –once blancos y un negro–, que declaró culpables de asesinato a tres hombres blancos que persiguieron y mataron al joven de 20 años Ahmaud Arbery en febrero de 2020, tienen el valor que se les quiera dar, pero tienen un poder limitado de transformación en una sociedad en la que el problema racial, legado por la esclavitud, sigue presente en todas partes.

Basta con atender al hecho de que pocos días antes del desenlace del caso Arbery, un jurado de Kenosha (Wisconsin) absolvió al joven Kyle Rittenhouse, que mató a dos personas e hirió a una tercera durante un episodio de disturbios raciales. El principio de legítima defensa, que en Estados Unidos se extiende a una serie de leyes respaldadas por la segunda enmienda de la Constitución –derecho a la posesión de armas–, fue suficiente para poner al procesado en libertad. La fiscalía adujo que no cabía alegar legítima defensa contra un peligro “que tú mismo creaste” –salir a la calle armado y acosar a manifestantes–, pero prevalecieron en el criterio del jurado viejos preceptos, que fueron respaldados por el expresidente Donald Trump, a quien Rittenhouse visitó en Mar-a-Lago. Trump declaró que el fiscal nunca debió presentar cargos contra el joven y en una entrevista en la ultraconservadora Fox News, el presentador Tucker Carlson definió a Rittenhouse como “un chico dulce”.

Con independencia de las particularidades de cada caso, es enorme la distancia moral en el desarrollo de uno y otro. Algo que no hace más que subrayar la pervivencia del problema racial, quizá agravado y aumentado en los últimos años por la atmósfera tóxica que se respira en la política estadounidense y que mantiene de plena actualidad la opinión emitida por Barack Obama en 2007, cuando, siendo senador, visitó la Asociación Nacional para la Promoción de las Personas de Color: “A pesar de todo el progreso que se ha logrado, aún nos queda mucho trabajo por hacer. Tenemos más trabajo que hacer cuando hay más jóvenes negros que languidecen en la cárcel que los que van a universidades y facultades en el país”.

En realidad, queda tanto por hacer que en el estado de Georgia aún era vigente la llamada ley de arresto civil, a la que se acogió la defensa de los tres condenados, que databa de 1863 y que autorizaba a los ciudadanos a arrestar a personas “razonablemente sospechosas”. El gobernador del estado, Brian Kemp (republicano), la abolió después de la muerte de Arbery e hizo bien: en Georgia, un estado esclavista, se aprobó en plena guerra civil para facilitar la persecución de esclavos huidos. Pero que tal ley siguiera en vigor en 2020 no deja de ser un síntoma inquietante de hasta qué punto la cultura de la división racial sigue ahí con el indecente vigor de que goza desde que los primeros africanos llegaron a Nueva Inglaterra hace cuatro siglos.

Hay una cultura supremacista blanca tan arraigada que siguen siendo excepción los entornos sociales en los que la convivencia interétnica está por completo normalizada. Contra lo que cabía esperar, la presidencia de Barack Obama agravó las tendencias divisivas: una facción muy grande de la opinión pública de Estados Unidos no aceptó que un negro viviera en la Casa Blanca durante ocho años, y en la victoria de Trump en 2016 fue este uno de los factores determinantes: su ambigüedad a la hora de abordar el problema racial satisfizo a quienes piensan que se ha ido demasiado lejos en rescatar de la marginación y el sometimiento a la comunidad negra. Quizá no sea el clima social de hoy el mismo que desafía la decencia de Atticus Finch en la novela Matar un ruiseñor, o quizá sí lo sea si nos atenemos a lo que aún sucede en demasiados lugares, encubierta la impunidad blanca por un racismo consolidado que alcanza al trabajo de los jueces.

El hecho es que sigue vigente el alegato de John Quincy Adams, año 1840, ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso del barco esclavista Amistad, presentado en principio por los demandantes como una disputa por la propiedad de los africanos transportados en la nave y que luchaban por recobrar la libertad: “No es una simple cuestión de propiedad, es el caso más importante que se ha presentado ante este tribunal, porque a lo que en realidad concierne es a la naturaleza misma del hombre”. Adams fue presidente entre 1825 y 1829, pero cerca de 200 años después sus palabras explican mucho de cuanto sucede hoy, de la misma manera que lo hacen la alocución de Abraham Lincoln en Gettysburg, el sueño de Martin Luther King y otras voces esclarecidas: el problema racial es el mayor demonio familiar de una sociedad que no lo ahuyentó con la victoria unionista en el campo de batalla.

Basta una travesía por el sur profundo para calibrar la naturaleza del desafío. La proliferación de banderas de la Confederación vencida en 1865, los monumentos al general Lee, la división religiosa, con congregaciones separadas para negros y blancos, toda la gazmoñería paternalista de comunidades blancas frente a la discriminación indiscutible que soportan comunidades negras, parece dar la razón a quienes sostienen que las guerras civiles nunca se acaban, dejan un poso de amargor histórico, de litigio sin resolver. Mientras sea noticia que un jurado de mayoría blanca absuelve a un acusado afroamericano, el ominoso problema racial seguirá vivo en Estados Unidos.

Cuba, la revolución congelada

Todos los vaticinios conocidos sobre cuál sería el proceso de revisión y reforma del régimen cubano a partir del desvanecimiento de la Unión Soviética se han quedado en nada. Ni Fidel Castro optó por imitar el proceso que siguió a la liquidación de la superpotencia comunista ni su hermano Raúl afrontó el ocaso con la capacidad transformadora del modelo chino en la cabeza. Frente a esas dos posibilidades desechadas se afianzó la voluntad de la nomenklatura de perpetuarse en el poder y no transigir en cambios fundamentales para rescatar a la isla de las penalidades encadenadas desde la primera mitad de los años noventa. La hipótesis manejada por algunos think tank de Estados Unidos, que interpretaron el final de la URSS y de su tutela de la isla como el primer capítulo de una evolución con altibajos hacia un modelo mixto de economía público-privada y pluripartidismo bajo control, erraron tanto el tiro como el disidente Carlos Franqui, militante de primera hora de la revolución y amigo de Camilo Cienfuegos, que en 2001 pronosticó una “apertura económica con represión política” a imagen y semejanza del modelo chino.

Nada de esto sucedió porque Raúl Castro fue un presidente que se limitó a hacer retoques cosméticos en la economía –antepuso la pervivencia del legado recibido de manos de Fidel y del partido– y su sucesor, Miguel Díaz-Canel, no hace más de lo que cabía esperar de un apparatchik, aun a riesgo de agravar el hartazgo social a causa del desabastecimiento y la progresiva desvinculación de la élite gobernante del sentir de la calle, de los padecimientos de una población a la que le falta de todo. Aunque un articulista del diario habanero Juventud Rebelde presenta las movilizaciones de julio y la manifestación convocada el día 15 por el colectivo Archipiélago como una operación orquestada desde Estados Unidos para movilizar a “nuevos guerrilleros del imperio neocolonial”, lo cierto es que hay un desapego progresivo de la generación de menos de 40 años, sin vínculos sentimentales con la epopeya de los barbudos de Sierra Maestra.

Escribe Martín Caparrós en Ñamérica, referido a La Habana: “Una ciudad detenida en el tiempo. Una ciudad –que parece– detenida en el tiempo. Una ciudad donde aquellos que prometieron un gran cambio detienen todo cambio –en nombre de aquellos cambios que siguen prometiendo. Una ciudad que se parece a un trabalenguas, cuyo nombre es el nombre de un veneno: los habanos”. Tal descripción es poco menos que un retrato de la decadencia de un proyecto que ha hecho de la bellísima ciudad de las columnas glosada por Alejo Carpentier un escenario de piedra con cicatrices en cada fachada. Esa detención del tiempo, esa congelación del tiempo con el propósito de resistir cueste lo que cueste es definitoria y al mismo explicativa de cuanto está sucediendo en la isla.

Es evidente que las sanciones de Estados Unidos, la presidencia de Donald Trump, que canceló la apertura posibilista promovida por Barack Obama, y la parsimonia de Joe Biden tienen mucho que ver con las penurias cubanas, con el ahogo económico. Es igualmente evidente que una parte importante de la población cubana se identifica con la peripecia revolucionaria. Pero ambas realidades no restan valor al lamento de Fidel Castro en julio de 1991, cinco meses antes de esfumarse la URSS: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. Porque lo que sucedió en verdad en los 35 años que siguieron al fracaso de la expedición anticastrista en Playa Girón (1961) fue el encubrimiento de las carencias del régimen mediante la asistencia de Moscú a La Habana, fruto de la guerra fría.

La progresiva disolución de las reglas del juego de la guerra fría en una nueva realidad multipolar que está lejos de constituir un sistema, un marco internacional con comportamientos previsibles, ha perjudicado la viabilidad del experimento cubano. Pero sus gestores no se han acogido al análisis gramsciano de la correlación de fuerzas, sino que han optado por un numantinismo sobrevenido con el conocido coste para los ciudadanos; para los gestores del momento ha pesado más garantizar la supervivencia del sistema que poner remedio a sus limitaciones endémicas. Puede decirse que la élite dirigente del Partido Comunista y del  Ejército se ha atenido a un acto reflejo común a todas las élites: perpetuarse en el puente de mando.

Para el núcleo dirigente, sin embargo, el mayor problema es la progresiva desconexión de la mitología revolucionaria de una parte cada vez mayor de la sociedad cubana. La propaganda política permanente surte efecto en la fase expansiva de los procesos de cambio, pero activa el escepticismo e inmuniza de sus efectos a los receptores de tal propaganda si finalmente llegan a la conclusión de que el rey estaba desnudo. Los iconos de los 60, los eslóganes rotundos y las transformaciones en la isla de aquel entonces son historia, quedan demasiado lejos para que puedan generar complicidades políticas y mecanismos emocionales de adhesión. Cuando un dramaturgo como Yunior García es de repente motivo de preocupación del sistema o los Latin Grammy dan un premio a la canción Patria y vida –el eslogan de los movilizados en julio–, la sensación que se trasmite es que la hegemonía cultural de la revolusión presenta muchas brechas.

Hay dos futuribles probables: que la tensión social no decrezca –quizá la fractura vaya a más– y que el enroque del régimen en el inmovilismo se mantenga. La suma de ambos comportamientos solo da pie a malos presagios. Porque en un régimen de opinión pública, con pareceres diferentes expuestos a la luz del día, la fabricación del consentimiento, un concepto desarrollado por Walter Lippmann, está sujeto al debate entre iguales, pero en un entorno sin libertad de información, el disenso entre el poder, que manufactura el consentimiento a su antojo, y los discrepantes lleva directamente a la protesta cuando no al enfrentamiento. Tal cosa sucede en Cuba, aunque la propaganda echa la culpa de todo a los viejos demonios familiares.

Violencia ‘escuadrista’ en Italia

El asalto por militantes de Forza Nuova (FN) a la sede del sindicato CGIL, el mayor de Italia, el pasado sábado en Roma ha abierto por enésima vez el debate sobre hasta qué punto debe el Estado democrático consentir la existencia de organizaciones neofascistas cuyo objetivo último es justamente liquidar las libertades democráticas. La discusión va mucho más allá de la conveniencia o no de levantar un cordón sanitario que aísle a la extrema derecha del resto de partidos porque aspira a dilucidar si puede tener cabida una organización que hace un uso oportunista de las reglas del juego en el ámbito democrático para subvertirlo. La controversia no es nueva, en ella tienen enorme peso las referencias históricas –años 20 y 30 del siglo pasado–, pero es evidente que en Europa el auge de los partidos ultras, difusores de una mezcla de nacionalismo atronador, de populismo desgarrado y de voluntad recuperadora de figuras determinantes en un pasado ominoso y no tan lejano, confiere a los sucesos de Roma una trascendencia europea.

El escritor Carlo Bonini  ha publicado en el diario progresista La Repubblica un artículo en el que afirma: “El tiempo se acabó. Y el límite impuesto por nuestra Constitución republicana ha sido ampliamente superado”. La dirección del medio pide al Gobierno la abolición de las siglas del partido neofascista con independencia del trámite parlamentario de la moción del Partido Democrático, que persigue la ilegalización de FN. Y en términos más o menos parecidos se expresan los grandes medios italianos, que recogen sin excepción el significado profundo de la descripción que del asalto ha hecho el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini: “Acto de escuadrismo”, una referencia explícita a la violencia fascista que caracterizó la dictadura de Benito Mussolini.

La pregunta que las instituciones democráticas deben formular y responder es si el Estado democrático tiene derecho a defenderse de sus adversarios o debe tolerar que pongan en riesgo su supervivencia en nombre de la libertad de pensamiento. Porque si una manifestación contra el pasaporte verde en Roma puede derivar en el asalto a la sede de un sindicato, un instrumento de la democracia, cabe pensar en qué puede degenerar con el tiempo el desafío al Estado de derecho, sobre todo si se prolongan situaciones de gran volatilidad como la vulnerabilidad de capas sociales cada vez mayores.

El profesor Daniel Innerarity da algunas pistas en su libro Una teoría de la democracia compleja: “La democracia, por su propia definición, será siempre un sistema de gobierno frágil y vulnerable. Y tenemos que aprender a gestionar esa vulnerabilidad”. Esa gestión debe hacer frente, por así decirlo, a una vulnerabilidad intrínseca –la derivada de la creciente complejidad de un sistema que garantiza las libertades– y otra extrínseca –la causada por las agresiones de actores ajenos al sistema, FN uno de ellos–, que utiliza el marco democrático para arremeter contra el sistema.

En el paisaje europeo, no solo italiano, abundan los ejemplos. De Polonia a España, de Alemania a Italia, de Hungría a los Países Bajos, proliferan los partidos que impugnan la esencia del Estado democrático, sin que, por lo demás, vean seriamente amenazada su libertad de movimientos, que persigue retrotraer las sociedades democráticas a otras con las libertades recortadas y sometidas a diferentes formas de sectarismo. Es una simplificación asociar tal auge a la presidencia de Donald Trump, porque mucho antes de su victoria en 2016, la familia Le Pen había consolidado un espacio político muy grande para la extrema derecha en Francia y en Austria llegó a gobernar un partido de extrema derecha en coalición con los conservadores. La demagogia de Trump fue sin duda un factor de aceleración del crecimiento de la oferta ultra europea, pero de antemano se dieron en el continente todos los ingredientes para que echara raíces.

Dice Carlo Bonini que FN luce de “manera ostentosa su matriz neofascista”, pero tal cosa no es privativa de ese partido. Detrás de cada reaparición de símbolos y eslóganes en otros partidos europeos es fácil encontrar anclajes en el pasado. Las referencias a la nación, a un pasado glorioso, a la soberanía mellada, a una identidad cultural uniforme y a la libertad coartada por el Estado intervencionista aparecen en todos los discursos; el asentamiento de realidades reconocidas y reconocibles de nuestro tiempo –el feminismo, la violencia de género, los diferentes modelos de familia, los movimientos migratorios masivos y tantas otras– dan pie a una propaganda encaminada a presentar tales realidades como una adulteración del legado histórico transmitido a través de generaciones.

Quizá el asalto a la CGIL tenga menos importancia de la intuida ahora, pero no deja de ser inquietante y anunciador de posibles riesgos futuros. Las dos grandes crisis sociales encadenadas desde 2008 –la financiera y la provocada por la pandemia– han armado el andamiaje en el que la extrema derecha escala puestos y puede seguir escalándolos si los gestores de la democracia no afrontan con determinación la salvaguarda del Estado de bienestar y la actualización del pacto social a él vinculado. “Hoy tenemos muchos traficantes de verdades. Gente que te vende su verdad como una verdad universal”, avisa el profesor Nuccio Ordine, y la mayoría de ellos recurren en algún momento a la violencia para imponer su verdad. Y visto así, acaso resulta más fácil explicar qué resortes desencadenaron el ataque a la CGIL.

Crisis de certidumbres a causa de Afganistán

El estado anímico de la identidad colectiva se tambalea cuando se dan desenlaces tan imprevistos o indeseados como el de Afganistán. La decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de atenerse a lo acordado en su día con los talibanes por su antecesor, Donald Trump, ha dado pie a reproches de todo tipo, algunos o bastantes de ellos oportunistas. El “desastre de proporciones épicas” al que alude en The New York Times el congresista demócrata por Massachusetts Seth Multon y la definición de la retirada a toda prisa como “una decisión política” a despecho del consejo de los generales de mayor rango y de la comunidad de inteligencia, recogida en las mismas páginas de boca del congresista republicano por Texas Michael McCaul, orientan a ambos lados de la divisoria el sentimiento de frustración de la opinión pública estadounidense, harta de guerras lejanas, costosas y a menudo desprestigiadas, y, al mismo tiempo, golpeada por el espectáculo ominoso del aeropuerto de Kabul. Un sentimiento extensible a la opinión pública occidental, que ha observado el desarrollo de los acontecimientos como una claudicación sin reservas frente a los yihadistas victoriosos.

El hecho de que Biden haya llevado a la práctica lo que tantas veces defendió sin éxito como vicepresidente durante los dos mandatos de Barack Obama, salir de Afganistán cuanto antes mejor, no atenúa la sensación de que son imprevisibles las repercusiones de la derrota después de 20 años de guerra y de articulación fallida de un nuevo régimen. Para empezar, porque será ineludible alguna vía de comunicación estable con el régimen talibán; para continuar, porque la segunda entrada de los mujahidines en Kabul –la primera fue en 1996– y el desafío del Estado Islámico puede desembocar en una paradoja: el alineamiento en un mismo bando contra el terrorismo global de Estados Unidos y sus aliados –el Pentágono lo ve posible– y de los nuevos gobernantes afganos. A despecho incluso del restablecimiento de la sharia como fuente principal del orden social y de la previsible mutilación de derechos (los de las mujeres y niñas, en primera instancia).

Como afirman muchos conocedores del ethos talibán, el peligro inmediato de alimentar el terrorismo sin fronteras está en la capacidad de movilización de las franquicias del ISIS. El profesor Olivier Roy entiende que los talibanes sacaron provechosas lecciones del error cometido al acoger y asociar su futuro al de Al Qaeda, cuando en la práctica nunca quisieron el mulá Omar y sus secuaces salirse de los límites afganos, al tiempo que la yihad de Osama bin Laden siempre fue a escala mundial, quizá como fórmula o adecuación del combate a la globalización. Y esa posible cohabitación en pos de un mismo objetivo contra un adversario compartido –el universo del ISIS– puede erosionar el estado anímico, emocional de cuantos, fiados en la justificación propagandística que siguió al ataque del 11-S, creyeron que, efectivamente, la intervención en Afganistán y el desalojo del poder de los talibanes eran la última frontera para evitar la consolidación de una teocracia medieval.

Cuanto ha sucedido en Afganistán hasta el 31 de agosto y sucederá en el futuro inmediato acrecienta un sentimiento de vulnerabilidad generalizada y es combustible de primera calidad para activar el discurso ultraconservador en todas partes. “El negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”, sostiene la economista Deirdre N. McCloskey. Si sale derrotado todo aquello que parecía asentado en los sólidos pilares de la democracia y la defensa de la autonomía de los individuos, si todo se tambalea, con las redes sociales y la televisión como grandes difusores de la debacle, se abre una ventana de oportunidad para alentar el miedo o, por lo menos, para poner en duda la competencia e intenciones de cuantos gestionaron el descalabro. Se da opción, asimismo, a la proliferación de campañas dirigidas a desacreditar apresuradas justificaciones morales para dejar en la estacada a las víctimas inmediatas de la catástrofe, a la cifra incalculable de afganos que desean salir del país.

Más allá o más acá, según se mire, del rompecabezas geoestratégico, profusamente analizado por las cancillerías, el regreso de los talibanes al puente de mando contribuye a alimentar la sensación de que cuanto se dice y hace procede de un mundo extinto o poco menos. A la acumulación de incertidumbres provocadas por la emergencia climática –véase el último informe (IPCC) auspiciado por la ONU– y por la pandemia, que sigue su marcha sin desenlace inmediato, se suma el estado de excepción emocional provocado por Afganistán. La crisis de identidad no es un estado de ánimo pasajero cuando se acumulan tantas situaciones fuera de control, cuya corrección obliga a escalar muros cuya altura se desconoce. En la evacuación de Kabul por Estados Unidos y sus aliados abundan las imágenes equiparables a las de la salida a toda prisa de Saigón en 1975, pero estaban en vigor entonces una serie de convenciones internacionales, la mayoría no escritas, pero sólidamente arraigadas, características de la guerra fría, que hace decenios saltaron por los aires. Hoy la imprevisibilidad se ha adueñado de los teatros de operaciones no solo en Afganistán.

El semanario The Economist ha invitado, entre otros, a Henry Kissinger para analizar la retirada estadounidense. En su artículo sostiene que no fue posible convertir Afganistán en una democracia moderna, “pero la diplomacia creativa y la fuerza podrían haber vencido al terrorismo”. Ambas aseveraciones son fruto de las convicciones de uno de los grandes actores de la guerra fría, pero los cambios en el ecosistema político del presente son demasiado profundos para que resulte eficaz la mezcla de diplomacia creativa y fuerza. De hecho, tampoco lo fue en Vietnam, aunque quiso aparentarse lo contrario hasta que se produjo la derrota. Puede decirse que, al menos en el plano teórico, el índice de incertidumbre aumenta todos los días y el de desorientación, también, con China como única superpotencia dispuesta a batirse por la hegemonía sin necesidad de plantearse enojosas preguntas porque no hay a las puertas de la Ciudad Prohibida una opinión pública entregada al libre examen crítico de los hechos, sino instalada en una euforia colectiva irrefrenable. Quizá es esta la foto fija de nuestros días.

 

La extrema derecha asalta el lenguaje

El sabio George Steiner recogió en 1959, en el ensayo El milagro hueco, una cita de Thomas Mann que empieza así: “Grande es el misterio del lenguaje; la responsabilidad ante un idioma y su pureza es de cualidad simbólica y espiritual; responsabilidad que no lo es meramente en sentido estético. La responsabilidad es, en esencia, responsabilidad humana”. Se refería Mann, y lo secundaba Steiner, a la adulteración de los significados, a la degradación de las palabras, a la pretensión de superar la barrera de lo inefable o lo indefinible mediante la apropiación del idioma por los propagandistas nazis a partir de 1933. Nada es hoy equiparable a la atmósfera podrida de la Alemania hitleriana, pero hay en Europa una masa crítica de ciudadanos dispuesta a dejarse convencer por los nuevos manipuladores del lenguaje, de los expertos en construir una realidad alternativa o paralela –otra versión de la realidad, dijo una colaboradora de Donald Trump a poco de la toma de posesión– que va mucho más allá de las ocasionales fake news o de la tarea de los agitprop, muy requeridos en las instancias de poder públicas y privadas.

Hay en ese clima propicio a la mutación de significados ejemplos numerosos y aplastantes. El más reciente, la acusación de promarroquíes hecha a todos los partidos representados en la Asamblea de la ciudad autónoma de Ceuta por Carlos Verdejo, de Vox, un orador bociferante sin mayor mérito que disparar contra cuanto se mueve. Otro muy reseñable es el caso de Ignacio Camuñas, que niega que los sucesos del 18 de julio de 1936 fuesen un golpe de Estado –Pablo Casado guardó silencio al oír tal disparate–, con lo que se cargó –con fortuna o no está por ver– todas las teorías asentadas sobre qué es y qué no es un golpe de Estado. Y otro episodio muy llamativo es la pretensión conservadora de cambiar el concepto reparador de Ley de Memoria Democrática por el de Ley de Concordia, una mistificación flagrante de los significados que pretende liquidar o por lo menos neutralizar el legado ominoso aún presente de la guerra civil.

¿Por qué suceden tales cosas? Porque la constante histórica del combate por la hegemonía cultural ha adquirido la virulencia desasosegante que caracteriza a la extrema derecha desde tiempo inmemorial o no tan inmemorial como pueda parecer. A la sucesión de crisis de orden moral y material que caracterizan los dos primeros decenios del siglo XXI, con la emergencia y concreción de nuevos actores políticos –el feminismo, las nuevas izquierdas, el ecologismo, las oenegés y otros–, ha seguido la respuesta de aquellos sectores que impugnan el Estado del bienestar, se apropian de conceptos clásicos de la cultura democrática para adulterarlos o subvertirlos, niegan la gravedad de los grandes desafíos –la emergencia climática, el aumento de las desigualdades– y plantean otros –los ataques a la división de poderes, el nacionalismo y el populismo como expresión de la identidad colectiva, las cortapisas a la ciudadanía europea– con el objetivo de consagrar nuevas formas de sometimiento e intoxicación de la opinión pública.

El nobel Paul Krugman se pregunta esta semana en The New York Times si debe ser solo “la gente pequeña” la que pague impuestos. El interrogante abierto por Krugman es meramente retórico, pero hay una corriente de opinión animada por Trump y sus émulos que es partidaria de que, en efecto, la contribución al erario de las clases opulentas, incluidas las grandes empresas, sea simbólica o muy limitada. Mientras tanto, la multiplicación de la pobreza o de los pobres con empleo es una realidad que la cultura hegemónica en Estados Unidos soslaya o encubre con datos macroeconómicos sin ninguna conexión con los padecimientos de quienes asisten a una degradación imparable de sus condiciones de vida. Sigue pendiente la operación de rescate de la clase media vapuleada.

Lo que Krugman plantea de forma implícita es si el discurso cotidiano de los políticos de la extrema derecha –confesos o encubiertos– obliga a disponer de un descodificador para descubrir con él el nuevo significado de las palabras. Cuando Iván Espinosa de los Monteros se refiere a los progres, al pensamiento pogre y a otros conceptos parecidos no hay una delimitación específica de a quiénes alude, sino más bien una referencia genérica a cuanto queda fuera del universo de Vox, incluida el ala menos afecta al discurso dominante en el PP. Dicho de otra forma: Espinosa de los Monteros participa de una técnica de adulteración del lenguaje que violenta la “responsabilidad humana”, según la entendió Thomas Mann.

Este juego de las palabras violentadas lo practican personajes ideológicamente tan próximos como Viktor Orbán, Marine Le Pen, Geert Wilders y tantos otros, entregados a la empresa de construir una realidad paralela, compatible con un conservadurismo radical y retardatario que pretende restaurar espacios de privilegio –una fiscalidad a la medida–, de exclusión –la Europa fortaleza cerrada a los flujos migratorios– y de neutralización de las dinámicas sociales, según la ocasión, el momento y los vaticinios de las encuestas. La extrema derecha vulnera el significado de las palabras para dotar a su mensaje de una aparente coherencia y compromiso con la realidad.

La economista estadounidense Deirdre N. McCloskey sostuvo el 9 de mayo en El País que “el negocio del populismo que vemos crecer cada día es hacer que la gente tenga miedo”. ¿Acaso al violentar los significados se alimenta el miedo? Seguramente sí, seguramente se compone un mosaico lleno de amenazas que configura un futuro caótico o inviable, desposeído de las referencias aportadas por la cultura dominante, hegemónica, la que algunos autores llaman cultura espontánea, entendida tal espontaneidad como efecto sobrevenido de la hegemonía. Pero, como afirma el filósofo Edgar Morin, “la política es el arte de lo incierto, lo que nos lleva a un principio de incertidumbre generalizada”, de lo que se colige que debiera carecer de efectividad la siembra del miedo mediante la desfiguración de las palabras porque el futuro es una puerta permanentemente abierta a la incertidumbre; ninguna mutación puede corregir la naturaleza incierta del porvenir.

 

Torbellino de crisis en Cuba

Al prender la chispa de la protesta social en Cuba y enfrentar el Gobierno de Miguel Díaz-Canel una crisis solo equiparable al maleconazo de 1994 asoman por las costuras del régimen las contradicciones, limitaciones y falta de horizontes de futuro de un modelo que desde hace décadas emite señales de agotamiento. Tan cierto es que la presión permanente de Estados Unidos sobre la isla ha desempeñado y desempeña un papel fundamental en cuanto sucede como que el régimen se ha revelado incapaz de buscar vías para renovarse, para buscar la forma de salir de algo similar a un ensimismamiento revolucionario, envuelto en la vieja retórica de los barbudos de Sierra Maestra que entraron victoriosos en La Habana el 1 de enero de 1959. Cada vez son menos los testigos presenciales de aquel momento histórico que alineó a toda la izquierda detrás de la peripecia castrista y cada día son más los que perciben los eslóganes –Patria o muerte, Hasta la victoria siempre– como algo ajeno a ellos, como un eco demasiado lejano para tenerlo como referencia o estímulo.

Con el correr de los decenios, el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha convertido en un gigantesco engranaje omnipresente de poder con todos los reflejos conservadores que distinguen a las organizaciones políticas sin competidores. El PCC es el alma del Estado, la columna vertebral de cuanto tiene que ver con la organización de la sociedad, la economía, el funcionamiento de los ascensores sociales, la seguridad y la defensa y la relación con el resto del mundo. Conservar ese poder ilimitado es hoy uno de los objetivos irrenunciables del partido, lo que en la práctica se traduce en una incapacidad crónica para encarar reformas capitales para salir del marasmo presente. Mientras la protesta en la calle grita Patria y vida, el PCC sigue apegado a la herencia del famoso O Roma o morte de Giuseppe Garibaldi.

El 18 de julio de 1991, un mes antes del golpe de Moscú que aceleró la desaparición de la Unión Soviética, Fidel Castro no se anduvo por las ramas: “Nunca hemos sido capaces de alcanzar nuestros objetivos con nuestras propias fuerzas, a pesar de los inmensos recursos de nuestra naturaleza y la inteligencia de nuestros pueblos. Pudimos serlo todo y no somos nada”. El reproche fue dirigido a su entorno más cercano en plena decadencia de la URSS, encubridora permanente de las limitaciones de la economía cubana mientras pudo sufragar sus carencias, pero no tuvo –quizá no podía tenerlo– el efecto transformador que parecía inspirarlo; grosso modo, el PCC siguió por la senda continuista.

El segundo mandato de Barack Obama dio pie a un reformismo contenido, eternamente aplazado cuando no denostado, pero la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca restableció la versión más dura del embargo a la isla y funcionó como un instrumento de ratificación de las opiniones y advertencias del núcleo duro de la nomenklatura del partido. Cayó en el olvido el ya entonces lejano reconocimiento del Fidel Castro de que la dirigencia había fracasado para alcanzar los objetivos que ella misma había fijado y hoy, en mitad de la tormenta, resucitan las proclamas de antaño en las portadas de Granma y Juventud Rebelde, voceros respectivos del PCC y de su rama juvenil: “No estamos dispuestos a entregar la obra, ni la independencia, ni la soberanía conquistadas con la revolución”, dice Díaz-Canel, como si el monopolio del partido fuese la única forma de preservar la identidad cubana.

Lo cierto es que de las tres grandes crisis que castigan a la población –la de subsistencias, la económica y la sanitaria–, solo la referida a la pandemia tiene remedio a corto plazo si, como parece, llegan a la isla varios millones de jeringuillas enviadas por oenegés para acelerar la campaña de vacunación (el regreso del turismo depende de ello). La de artículos y alimentos de primera necesidad requiere una revisión en profundidad de la estructura productiva y de los cauces para facilitar la iniciativa privada; la económica depende en gran medida de que la Administración de Joe Biden permita que fluyan en dirección a la isla las remesas de dólares que alivian el día a día de miles de familias. Es esa última una realidad insoslayable, una debilidad estructural del régimen cubano que no tiene un remedio ni inmediato ni a medio plazo porque no genera el sistema la riqueza suficiente para atender las necesidades materiales de muchos ciudadanos.

No cabe la menor duda de que en este marco de referencia es posible toda manipulación y utilización política del hartazgo porque son demasiados los condicionantes que facilitan la intromisión de terceros, quienes, dicho sea de paso, tienen a su disposición las violaciones de los derechos humanos, las agresiones a la libertad de prensa, la desconexión de internet y la represión de los manifestantes para estimular la movilización con la sola remisión al carácter dictatorial del régimen. Puede decirse que el anquilosamiento del modelo cubano ha facilitado las cosas en grado sumo a sus adversarios históricos y ha defraudado con igual intensidad a cuantos lo defendieron durante años y lo presentaron como la gran esperanza liberadora de América Latina. El castrismo y sus continuadores han facilitado la tarea a sus enemigos y han ido perdiendo, decepcionados, a la mayoría de sus amigos.

Realidades tan obvias como el influjo de las redes sociales en los usos, costumbres y metas de los jóvenes han sido despreciadas por la propaganda y por la praxis diaria, como si asistiera a la cima del Estado una razón última e indiscutible, un imperativo categórico inmune a toda crítica. Lo cierto es que primero el turismo y después internet han abierto ventanas a realidades diferentes, muchas de ellas meros espejismos de una sociedad de consumo fundamentada en grandes desigualdades, pero que posee un brillo imposible de contrarrestar con el léxico legado por los padres fundadores de la revolución.

Que aún mantenga el PCC un colchón importante de seguidores dispuesto a la movilización no hace más que abundar en la impresión de que la sociedad cubana corre el riesgo de sumergirse en una profunda y larga fractura. “Nuestra libertad y su sostén cotidiano tienen color de sangre y están henchidos de sacrificio”, dejó dicho Ernesto Che Guevara, reciente aún la victoria, pero tantos años después carece de sentido y oportunidad que el presidente Díaz-Canel, en plena crisis, anuncie que “la orden de combate está dada: revolucionarios a las calles”. En este llamamiento intempestivo hay demasiados ingredientes para el pesimismo, para no temer un agravamiento en un texto de por sí inquietante.

 

Futuro incierto en Afganistán

El anuncio hecho por el presidente Joe Biden de que Estados Unidos completará la retirada total de Afganistán el próximo 31 de agosto se produce en una atmósfera de creciente pesimismo acerca de la capacidad del Gobierno de Kabul de hacer frente en solitario al desafío de los talibanes, que controlan un tercio del territorio y mantienen sitiadas o en situación precaria varias capitales de provincia. Han fracasado todos los intentos para llegar a un acuerdo con los líderes talibanes para garantizar la pervivencia de la república alumbrada con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados, han fracasado asimismo los esfuerzos encaminados a cercenar la capacidad operativa de las milicias talibanes y no ha sido mayor el éxito para implicar a Pakistán en el desmantelamiento o, por lo menos, el control sistemático de los santuarios talibanes en su territorio.

El general Austin Scott Miller, al mando del contingente que aún se encuentra en la base de Bagram, manifestó hace un mes su temor de que Afganistán se sumerja en una guerra civil cuando sea su Ejército la única fuerza de choque que se enfrente a los talibanes, según recogió el periódico The Washingron Post. El mismo medio se hizo eco de los temores del senador republicano Lindsey O. Graham, que cree posible un renacimiento poco menos que inmediato de Al Qaeda y el ISIS en el corazón de Asia, algo que parece improbable a los analistas militares –los líderes talibanes no tienen mayor interés en reeditar viejas alianzas–, y que, en cambio, si admiten que es posible un rápido avance de los fundamentalistas islámicos en dirección a Kabul de aquí a final de año.

Después de una guerra de dos meses (octubre-diciembre de 2001), veinte años de presencia permanente en Afganistán y dos billones de dólares del contribuyente gastados en un conflicto imposible de coronar con la victoria nada es sustancialmente diferente en orden a hacer del régimen afgano un muro de contención fiable. Han fracasado todos los intentos para comprometer a los talibanes en un acuerdo de coexistencia pacífica con el Gobierno de Kabul. Hillary Clinton no encontró interlocutores fiables cuando los buscó desde la Secretaría de Estado; no corrió mejor suerte la pirotecnia diplomática de Donald Trump, que optó por fijar la retirada definitiva para el 11 de septiembre de 2021; no ha hecho otra cosa Biden que rendirse a la evidencia.

Visto retrospectivamente, nunca tuvo demasiado sentido la búsqueda en las filas de la resistencia talibán de una facción dispuesta a comprometerse con el statu quo. Habida cuenta su naturaleza de organización antisistema, retardataria y antioccidental, era poco menos que imposible dar con un ala pactista que, por lo demás, nunca había dado señales de vida. Fue más una forma de justificar que, agotados todos los trámites para una evacuación sin riesgos futuros para Afganistán, no quedaba otra que confiar en que su Ejército –300.000 soldados razonablemente pertrechados e instruidos– sea capaz de contener al adversario. El recuerdo del desastre iraquí, cuando el ISIS avanzó hasta muy cerca de Bagdad después de tomar Mosul (junio de 2014), no deja de ser un precedente inquietante.

Al mismo tiempo, ha dejado de tener sentido para la opinión pública estadounidense seguir en el pedregal afgano y aplazar lo inevitable. Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001 hasta hoy, el apoyo de las operaciones en Afganistán ha pasado del 90% a aproximadamente el 40%. Los vaticinios agoreros que remiten a una pronta escalada del terror y la restauración del régimen talibán en Kabul tienen menos fuerza que la sensación generalizada de que nada se logró de sustancial tan lejos de casa en términos de influencia y, en cambio, se perdió la posibilidad de presionar y en su caso desactivar a los talibanes. El presidente del Council on Foreign Relations, Richard Haas, lo resumió así la pasada primavera: “Estados Unidos debilitó su influencia con los talibanes por su obvio deseo de poner fin a su presencia militar”. Con el daño añadido de que se ha reforzado la alianza de facto –siempre azarosa– entre la mayoría de líderes talibanes y jefes tribales o territoriales, muchos de ellos vinculados al cultivo y tráfico de la amapola de opio.

Es más que probable que la retirada ordenada por Biden se consume en contra del consejo de los generales, porque es evidente que poco han cambiado los datos esenciales de la situación en Afganistán: el Gobierno solo controla en la práctica la capital, algunas capitales de provincia especialmente importantes y una parte sustancial, pero ni mucho menos total de las vías de comunicación; la frontera con Pakistán sigue siendo extremadamente porosa y de cuanto se cuece al otro lado de la divisoria tiene Kabul noticias imprecisas y fragmentadas. Por decirlo con las mismas palabras empleadas hace unos años por un funcionario de la OTAN: el primer deber de los soldados afganos y de sus aliados es garantizar su seguridad; no es posible plantear objetivos más ambiciosos y resolutivos.

Ante esta realidad inobjetable, han prevalecido en la decisión de la Casa Blanca, además de las razones enumeradas por el presidente –“¿cuántos miles de hijas e hijos más han de seguir corriendo riesgos?”, dijo el jueves–,las relacionadas con la pugna por la hegemonía que mantienen Estados Unidos y China. El mapa y los intereses de Afganistán quedan muy lejos de la cuenta del Pacífico, de la complicidad con los aliados en Extremo Oriente y de la economía global. Si en algún momento, después de dar la orden de ataque, pasó por la cabeza del presidente George W. Bush la posibilidad de construir una nación, Biden deshizo el equívoco al anunciar la retirada: “No fuimos a Afganistán a construir un país. El pueblo afgano tiene el derecho y la responsabilidad de decidir por sí solo su futuro y cómo quiere gobernar su país”.

Puede que los neocon que rodeaban a Bush vieran la oportunidad, recién caído el régimen talibán, de acabar con la tradicional fragmentación de la sociedad afgana, que ni las potencias coloniales en el pasado ni las superpotencias de nuestro tiempo comprendieron nunca en toda su complejidad, pero la experiencia de veinte años in situ ha disipado cualquier duda. Quedará Afganistán a expensas de sus propias fuerzas antes de que acabe el verano, quizá para ser en muy poco tiempo un foco de inestabilidad. Pero Estados Unidos ha decidido una serie de retiradas estratégicas para concentrarse en la rivalidad con China y la regeneración de la política en Estados Unidos, tan degradada. Todo lo demás le parece al establishment un compendio de problemas accesorios.