Otra vez la guerra fría

La decisión de Estados Unidos y Rusia de abandonar el tratado INF, que liberó a Europa de los misiles nucleares de alcance intermedio –entre 500 y 5.500 kilómetros–, pone seguramente el punto final a la posguerra fría y escribe el primer capítulo de una nueva guerra fría, diferente a la anterior, menos exacerbada quizá, pero no exenta de riesgo. Al presentar Rusia en sociedad un nuevo misil de rango intermedio, con un alcance inferior a los 500 kilómetros, según la información facilitada por el Kremlin –poco creíble, dicho sea de paso–, le faltó tiempo a Estados Unidos para dejar en suspenso los términos del documento firmado en Washington el 8 de diciembre de 1987 por el presidente Ronald Reagan y por Mijail Gorbachov, primer secretario del PCUS. Pero sucedió algo más: arrastró a los socios europeos de la OTAN a apoyar una estrategia de confrontación que no los seduce, puede decirse incluso que los incomoda.

Para la mayoría de analistas, la determinación rusa no enlaza solo con la herencia dejada por la Unión Soviética en su pulso permanente con Estados Unidos, sino que remite a la tradición zarista, a su forma de contar en la política europea mediante la presión sobre Occidente. Al mismo tiempo, la retirada estadounidense del tratado INF pone de manifiesto de nuevo la incomodidad del republicanismo más conservador con los límites impuestos al Pentágono a partir de la firma de los acuerdos para la reducción mutua y equilibrada de los arsenales nucleares, que fueron la piedra sillar de la guerra fría.

Tanto los ideólogos de la defensa fuerte, lectores asiduos muchos de ellos de Leo Strauss, como los trashumantes que han viajado desde el universo neocon al Tea Party, y más tarde a la extrema derecha, encarnada en Donald Trump, entienden que Estados Unidos perdió una ocasión de oro para adquirir una ventaja estratégica insalvable durante la presidencia en Rusia de Boris Yeltsin (1991-1999), y ahora el Gobierno debe reaccionar con prontitud y energía. Esto es, debe descartar definitivamente la opción cero de Reagan y neutralizar el rearme ruso con el propio. Un enfoque que Rusia comparte desde que el presidente Barack Obama decidió poner en marcha el escudo antimisiles en el corazón de Europa, que confirió a la Alianza Atlántica una superioridad estratégica indiscutible, aunque Estados Unidos siempre lo negó e incluso llegó a ofrecer a Rusia la posibilidad de cobijarse bajo el mismo paraguas para protegerse de un ataque nuclear.

El analista Keir Giles, del think tank británico Chatham House, sostiene en su último libro, Moscow rules (reglas de Moscú), que Rusia no tiene otra opción que desafiar a Occidente, e insiste en que reconocer y aceptar que esto no cambiará en el futuro inmediato ayudará a la OTAN a encontrar “un camino para el pacto sin riesgo de un conflicto más profundo”. Una opinión semejante a la del Atlantic Council, estadounidense, cuando, aun admitiendo que puede haber algún ingrediente divisivo, advierte que el pulso con Rusia, encabezado por Estados Unidos, no debe debilitar a la OTAN. Sucede, no obstante, que la verborrea del presidente Trump ha fomentado con demasiada frecuencia las divergencias entre la Casa Blanca y sus aliados a pesar de los consejos de los entendidos en la materia, el exsecretario de Defensa James Mattis, el último de ellos.

La institución francesa Fondation pour la Recherche Stratégique apenas desdramatiza el alcance de lo que en otro tiempo se hubiese considerado una escalada. “El tratado INF fue el fruto de su época –dice el informe elaborado por varios investigadores–. Su desaparición de hecho también es el producto de un contexto radicalmente nuevo: política rusa de recuperación como potencia militar a despecho de los compromisos adquiridos por Moscú; desprecio en la Casa Blanca de los tratados, percibidos como grilletes; pero también transformación radical del paisaje estratégico (Asia). Para Europa, el asunto de los misiles de alcance intermedio no es tan central como lo fue hace treinta o cuarenta años, pero el final del tratado no dejará de tener consecuencias para el continente”.

El precedente histórico de 1979, cuando la Unión Soviética desplegó los misiles SS-20 en su frontera occidental y la OTAN respondió con una siembra de misiles Pershing y Cruise en su área de influencia, da la razón a la percepción francesa de que la prórroga de seis meses hasta la liquidación definitiva del tratado INF, un gesto meramente protocolario, dará paso a un periodo de rearme. Es de prever que se multipliquen las interferencias en las líneas de comunicación entre Rusia y Estados Unidos, y la política de defensa se revestirá de la gravedad amenazante que la caracterizó en el pasado. Poco puede esperarse de este medio año que se han dado las dos potencias para negociar a fin de poner a salvo el acuerdo de 1987 porque ambos contrincantes prefieren enterrarlo.

Para quienes tantas veces han lamentado la pérdida de identidad de la OTAN una vez liquidada la guerra fría y muy debilitada la amenaza rusa, la situación no deja de tener el valor de la identidad recuperada. Pero para los espíritus menos apasionados, la mutación del ecosistema tiene consecuencias no deseadas en materia de seguridad y presupuestarias. Si hasta la fecha Trump no ha dejado de exigir a los europeos una mayor contribución a los recursos de la OTAN, cuando venza en agosto el plazo para dejar sin efecto el INF, se multiplicarán las exigencias en términos bastante más contundentes.

Desposeída Rusia del glacis de seguridad que la Unión Soviética de Josef Stalin exigió a las aliados a partir de la conferencia de Yalta (febrero de 1945) y fracasada la opción wilsoniana de construir un sistema de seguridad colectivo, el retorno a la guerra fría cabe incluirlo en el capítulo de los acontecimientos inevitables. Con el añadido de un tercer actor, China, que hace imposible una vuelta a la bipolaridad de antaño y que, por el contrario, lleva a intuir en el horizonte futuro una tripolaridad de nuevo cuño, con dos grandes potencias militares con economías muy diversificadas, y Rusia, uncida al yugo de los mercados del gas y del petróleo, con tendencia a una inestabilidad cíclica.

¿Habrá que rescatar de los anaqueles el viejo diccionario de la guerra fría precedente: escalada, distensión, coexistencia pacífica, equilibrio del terror, área de influencia, etcétera? ¿O acaso el final de la guerra fría fue poco más que un espejismo o un paréntesis no demasiado largo en la historia moderna de la confrontación por ostentar la mayor cantidad de poder a escala planetaria? ¿Hay riesgo de que el paso siguiente sea impugnar los tratados que afectan a los misiles de largo alcance? El diagnóstico de Henry Kissinger, hace un año, es a la vez preciso e inquietante: “A falta de un concepto compartido entre las principales potencias expansivas para acomodar perspectivas divergentes de nuestros intereses nacionales, parcialmente derivadas de nuestras diferentes experiencias históricas, están regresando los patrones tradicionales de una gran rivalidad de poder (…) La pregunta subyacente es si se puede evitar que una rivalidad renovada entre las principales potencias culmine en un conflicto ”. Los acontecimientos de estas últimas semanas refuerzan tal punto de vista.

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Amenazas ultra en aumento

El documento de 19 puntos presentado por Vox al Partido Popular durante las negociaciones de su alianza en Andalucía resume con palmaria claridad hacia dónde apunta el acelerado resurgir de la extrema derecha en Europa: la restauración de un pasado indeseable, la impugnación de la cultura política liberal puesta a salvo por la victoria aliada en la Segunda Guerra Mundial y, en el caso de España, la recuperación del legado franquista. Los ademanes y la fraseología rescatados del sumidero ideológico ultra por Santiago Abascal, Javier Ortega Smith y otros portavoces no desmerecen ni en una coma las andanadas de Marine Le Pen, Matteo Salvini, Geert Wilders y demás adversarios declarados del régimen de libertades trabajosamente construido durante décadas. Nada hay en las exigencias de Vox para sumergir en un lodazal a la Junta de Andalucía que se desvíe de la línea argumental desarrollada por las fuerzas europeas más retardatarias y, por esta razón, más empeñadas en anteponer la nación al europeísmo, los mitos de la historia a las complejidades del presente y la negación de una sociedad en rápida transformación mediante el recurso a un tradicionalismo profundamente reaccionario.

Las facilidades dadas por el PP a Vox para convertirse en actor político de primer orden resultan sorprendentes. Con la vista puesta únicamente en lograr la presidencia de Andalucía para Juanma Moreno, se ha adaptado a un léxico y unos objetivos que son los de la extrema derecha de siempre. Es una falacia el mensaje de Pablo Casado según el cual los populares han probado en Andalucía –negociando en Madrid, no se olvide– que son el único partido capacitado para negociar con quienes desfilan a su derecha y a su izquierda. En realidad solo ha quedado demostrada su disposición a entenderse con la extrema derecha sin necesidad de ponerse una pinza en la nariz; en la práctica ha confirmado que responde a una pregunta inquietante: ¿vale todo para alcanzar el poder?

El dontancredismo de Ciudadanos no resulta menos perturbador. Al ponerse de perfil y no darse por enterado de en qué condiciones compartirá el Gobierno andaluz con el PP, bendice la componenda y alarma a la familia liberal europea, singularmente a Manuel Valls, que persigue la alcaldía de Barcelona con el apoyo de los de Albert Rivera, y a Emmanuel Macron, presidente de Francia. Ambos entienden que no cabe pacto alguno con los partidos extramuros del sistema que pretenden desdibujar las libertades mediante demagógicas apelaciones a la seguridad, a la desnaturalización de la identidad nacional y a una tópica serie de emociones primarias.

Todo ello invita a recordar las advertencias de dos grandes pensadores europeos, Edgar Morin y Stéphane Hessel, que advirtieron reiteradamente en el pasado de los peligros que se ciernen sobre Europa, sometida a inacabables reivindicaciones nacionalistas, a los efectos sociales de la salida de la crisis y al desparpajo de la extrema derecha para arremeter contra el proyecto de integración a través de una mezcla heterogénea de promesas sociales y contracción de las libertades. Al mismo tiempo, la situación que se da en los prolegómenos de la campaña para las elecciones europeas de mayo permite a autores como la profesora Paola Subacchi, de la Universidad de Bolonia, referirse al “viejo nuevo populismo de Italia”, y a Barry Eichengreen, de la Universidad de California, mencionar la necesidad que tiene Europa de “avanzar para evitar retroceder”, puesto que si no se encamina hacia nuevas metas, la presión de la extrema derecha puede llevarla a dar marcha atrás en muchos ámbitos.

Desde que Morin y Hessel publicaron en 2012 El camino de la esperanza hasta el presente, bastantes cosas en el mosaico político europeo han cambiado a peor, y la más preocupante es justamente la recomposición de la extrema derecha y la disposición de un segmento muy importante de las clases medias defraudadas a dejarse seducir. Con dos momentos excepcionalmente importantes en el desarrollo de los acontecimientos: el éxito del nacionalismo británico más rancio en el referéndum del brexit (junio de 2016) y la victoria de Donald Trump (noviembre del mismo año). En ambos casos, la extrema derecha se ha sentido reconfortada con una andanada contra la línea de flotación de la Unión Europea y con la consagración del presidente de Estados Unidos como referencia ineludible de la nueva internacional retrógrada que aspira a todo.

Al mismo tiempo, las advertencias reiteradas dirigidas a los partidos conservadores para que aíslen la oferta ultra han caído en saco roto con demasiada frecuencia. Cada vez que el conservadurismo clásico pacta con los extremistas no hace otra cosa que alimentar las expectativas de crecimiento de estos últimos de acuerdo con el viejo axioma según el cual las copias salen perdedoras –siempre juegan en campo contrario– cuando imitan a los originales a fin de neutralizarlos. Pero ni siquiera los precedentes históricos inducen a rectificar a los conservadores partidarios del posibilismo a ultranza.

En palabras de Edgar Morin, “la política del día a día alienta a la extrema derecha” por varias razones que se retroalimentan: el coste social de la salida de la crisis, el desprestigio de los políticos, sometido a los rigores de las tecnofinanzas, la corrupción allí donde es rampante y ostentosa y la certidumbre cada vez más extendida de que los hijos de la generación que ha padecido y gestionado la última crisis vivirán peor que sus padres. Poco importa que los programas ultraconservadores pretendan retrasar el reloj de la historia en apartados tan relevantes y variados como los anotados por Vox –violencia de género, memoria histórica, colectivos con diferentes orientaciones sexuales, atención de los flujos migratorios, etcétera–, lo que cuenta para una franja del electorado es salir como sea del laberinto en el que se siente abandonado por el establishment. Se ha dicho ad nauseam y no está de más repetirlo: la mayoría de los electores que han otorgado su favor a la extrema derecha en Andalucía y en otros lugares no son representantes de un posfacismo renacido, sino integrantes de una minoría en crecimiento entre harta y desilusionada

Buscar la complicidad de la extrema derecha para alcanzar el poder o caricaturizarla no hace más que alimentar sus expectativas y difundir su discurso en todas direcciones. Diríase incluso que reconforta a sus votantes si en algún momento han dudado del acierto de su elección porque en la medida en que políticos ultras entran en las instituciones, su oferta pasa a ser, al menos teóricamente, la de una fuerza convencional y deja de ser, asimismo teóricamente, la de un grupo antisistema, aunque su programa sea netamente anticonstitucional, como sucede en el caso de Vox. De lo que se desprende que el cordón sanitario en torno a la extrema derecha no es una opción más, sino una necesidad imperiosa para preservar la vigencia de la cultura democrática.

Rusia y Ucrania, a cara de perro

La crisis del estrecho de Kerch ha pillado entre dos fuegos a los principales actores en la cumbre del G-20 en Buenos Aires: el de Rusia, al capturar tres pequeñas embarcaciones ucranianas artilladas, y el de Ucrania, al reclamar a la comunidad internacional y en especial a los socios de la OTAN gestos explícitos de apoyo a su causa. Ni pueden los países occidentales excederse en sus mensajes de desaprobación ni puede aspirar Rusia a que nada suceda después de arrestar a 24 tripulantes e iniciar el procedimiento para que sean juzgados. Superado el quinto año de enconamiento entre ambas partes, transformada la guerra en una enfermedad crónica, pero no en una dolencia terminal, solo la diplomacia puede atemperar los ánimos, que no resolver el conflicto de fondo: la sublevación prorrusa del Donbás, apoyada por los generales de Vladimir Putin, la anexión por Rusia de la península de Crimea, la radicalización de los espíritus en Ucrania y el bloqueo de facto del estrecho de Kerch, responsabilidad del Kremlin.

Lo cierto es que las partes implicadas viven días de zozobra o desencanto. Ambas economías emiten señales de debilidad creciente, sin otro resorte para mantener el pulso que los mercados de la energía, tan apegados a la incertidumbre. El clima social en Ucrania y en Rusia tiende a degradarse, condenadas las clases medias a una política de empobrecimiento manifiesto. De forma que al mismo tiempo que parecen invulnerables los oligarcas enriquecidos durante los procesos de privatización de las economías planificadas rusa y ucraniana, se descoyunta la cohesión social y se multiplican los segmentos de población vulnerables o que corren el riesgo de serlo a corto plazo.

Tampoco permite abordar el meollo de la crisis la política de las emociones, estimulada por ambos gobiernos. La opinión pública a los dos lados de la divisoria se moviliza más a lomos de un sentimiento de pertenencia que para reclamar que baje el souflé y busquen las partes una salida para que el ambiente no se emponzoñe más de lo que ya lo está. Ser ucraniano de raíces ucranianas o serlo de raíces rusas se ha convertido en la razón mayor de una sociedad exasperada por los bandazos o el oportunismo de sus líderes desde que el presidente Víktor Yanukóvich dio marcha atrás en el propósito de vincular el país a la UE (2013), Rusia apoyó la rebelión del Donbás y se anexionó la península de Crimea (2014), el presidente Petró Poroshenko, sucesor del depuesto y huido Yanukóvich, puso en marcha la maquinaria para agrandar un nacionalismo exacerbado, y por último, mediante una política de hechos consumados, Rusia unió con un puente la península con la orilla rusa del estrecho de Kerch (mayo de este año).

Poco tienen que decir el derecho internacional en lo que atañe al caso de Crimea o al control de las aguas jurisdiccionales en los estrechos cuando una de las partes, Rusia, niega la mayor, y la otra no admite otra solución que restablecer el orden político anterior al Euromaidán, las protestas que sucedieron al cambio de opinión de Yanukóvich, durante las cuales Rusia se implicó en el conflicto y envió al este de Ucrania unidades propias (ni los vehículos ni los soldados llevaban distintivos que permitieran identificarlos). Debería ser la política la que encauzara el problema y lo dilucidara, pero las necesidades acuciantes de Putin y Poroshenko para mejorar sus índices de aceptación no permiten suponer que ello es posible. Y la maraña del Rusiagate impide a Donald Trump desempeñar el papel arbitral que se ha atribuido tradicionalmente a los presidentes de Estados Unidos en tanto que líderes indiscutidos de la OTAN; ni siquiera lo hace posible el temor a una rusificación sin respuesta del pequeño mar de Azov, con orillas en Rusia y Ucrania.

Nada conspira a favor de un desenlace próximo y solvente de la crisis, sino más bien a favor de un enquistamiento, con Ucrania exigiendo la aplicación del derecho internacional para neutralizar la estrategia rusa de hechos consumados y Rusia agitando el avance de Occidente, a través de la OTAN, hasta las puertas del país como el gran argumento –una constante histórica– para recelar de cualquier movimiento al otro lado de la frontera. Aunque el analista Dmitri Trenin afirma en las páginas de The Moscow Times, un altavoz del Kremlin dirigido a Occidente, que la respuesta rusa a las acciones ucranianas “necesita ser firme en espíritu, pero inteligente en la ejecución”, enseguida saca a relucir razones de seguridad para el apresamiento de los tres barcos ante “posibles ataques contra el puente recientemente construido sobre el estrecho de Kerch”. Algo así como una acción preventivo a pequeña escala.

La pretensión rusa de que, a falta de Trump, sea Angela Merkel quien ejerza la función de mediadora para evitar una escalada choca con las pocas ganas de la cancillera de meterse en el avispero sin disponer de toda la información. O lo que es lo mismo, sin conocer la letra pequeña de un asunto tan importante como el vínculo personal entre el presidente de Estados Unidos y el de Rusia, los intereses privados que condicionan el comportamiento de la Casa Blanca y que la prensa liberal no deja de airear. “Las [últimas] revelaciones sugieren que Trump engañó a los votantes sobre sus aspiraciones comerciales en Rusia, incluso cuando solicitó su voto durante las primarias de 2016. Eso no es una transgresión menor”, afirmó un editorial de The Washington Post el mismo día que el presidente decidió no aprovechar la reunión del G-20 para entrevistarse con Putin, uno más de los asuntos importantes que quedarán fuera de la cita de Buenos Aires salvo que alguien esté dispuesto a pagar el precio político de salirse del guion.

Más munición para la derecha populista

La decisión del Gobierno polaco de desandar el trecho recorrido y dejar sin efecto el adelanto de la edad de jubilación de los integrantes del Tribunal Supremo so pena de castigo de la UE no deja de ser una excepción en la estrategia de las extremas derechas de impugnar el acervo legal europeo, la separación de poderes y la independencia de jueces y magistrados. El famoso twit del desprestigiado Ignacio Cosidó y la crisis abierta en la renovación del Consejo General del Poder Judicial apunta en idéntica dirección y el choque frecuente de la Casa Blanca con jueces que bloquean las acometidas del presidente Donald Trump transita por el mismo camino (con el discutido nombramiento de Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo). No hay día en el que no surja una polémica por el control de las togas de por en medio, salpimentada en España con la certidumbre de que el Poder Judicial pasó de la dictadura a la democracia sin renovar la atmósfera que se respira en la cima de la institución, por decirlo de forma contenida.

Aunque Alfonso Guerra dio en su día por superado a Montesquieu –a saber si se trató de una boutade o de una opinión arraigada en el personaje–, el cometido de los jueces debe disfrutar de independencia de criterio para que la interpretación que de la ley hagan no esté bajo permanente sospecha. Tan malo resulta politizar la justicia –controlarla entre bambalinas, según el mensaje de Cosidó– como judicializar la política –el camino elegido por el anterior Gobierno–, porque en ambos casos se adultera o modifica el cometido de las instituciones. Tan negativo es para el prestigio de la función del Gobierno pasar la patata caliente a los jueces como lo es para los jueces la revisión inaudita de una sentencia del Supremo promovida por el mismo Supremo a causa del perjuicio –relativo, hay que añadir– que podía causar a los bancos.

En plena efervescencia y auge de los populismos, tal cadena de despropósitos da alas a la extrema derecha vociferante, a los nacionalismos encendidos y a la división de la sociedad en dos realidades enfrentadas: el pueblo, mencionado sin más especificaciones, y los políticos. Dos grandes periódicos europeos han publicado en fechas recientes artículos que analizan por qué el desgaste de las democracias liberales ha facilitado el ascenso del griterío demagógico de los populismos, que disparan a cuanto se mueve: el historiador Thomas Branthôme escribe en Le Monde que “el populismo es menos un concepto analítico que una estrategia” y el politólogo holandés Cas Mudde, en The Guardian, define el populismo “como una ideología que considera la sociedad separada en dos bloques, el pueblo puro frente a la élite corrupta”. En ambos casos hay una convicción implícita, compartida por el politólogo francés Alexandre Dorna: se trata de una enfermedad contraída por la democracia.

El hecho es que el contagio de la enfermedad ha contaminado a la derecha clásica, dispuesta a asumir partes significativas de los programas de las organizaciones ultras y a practicar un nacionalismo ruidoso y exaltado, que en España ha transformado el perfil ideológico del Partido Popular y de Ciudadanos, amenaza con hacer lo propio con la CDU en cuanto Angela Merkel deje la dirección –ahí están las primeras salvas disparadas por Friedrich Merz– e impregna las proclamas de la derecha francesa desplazada del poder por un partido de perfiles tan inconcretos como La République En Marche de Emmanuel Macron. Todo ello forma parte del paisaje político europeo, es fácil encontrarlo detrás del galimatías del brexit y amenaza con dañar toda la política, con sumar adeptos a la idea expresada por el alemán Jan-Werner Müller: “El populismo no es solo antielitista, sino también y sobre todo antipluralista”.

¿Por qué este populismo de derechas, depositario de algunas inquietudes sociales, se tiene en Europa por más lleno de riesgos para el futuro que el así llamado populismo de izquierdas? Porque salvo en el caso de Italia, con el experimento en curso del M5S asociado a La Liga, los partidos populistas que rondan a la izquierda clásica –la socialdemocracia y derivados– han atenuado el discurso –el ejemplo de Podemos–, ejercen una radicalidad mayor en el léxico que a la hora de actuar y han asumido como algo insuperable que el electorado de izquierdas es mayoritariamente moderado y nunca apoyará experimentos políticos de desenlace manifiestamente incierto. Esto es, el votante de izquierdas aspira a preservar el Estado de bienestar, a combatir la pobreza y a garantizar la continuidad sin sorpresas del régimen de libertades.

De ahí que sea mucho mayor la alarma de la izquierda populista cuando el sistema liberal quiebra las reglas, cuando las instituciones presentan vías de agua que es imposible taponar, cuando los parlamentos se convierten en foros aptos para oradores destemplados –el Congreso de los Diputados y el Parlament de Catalunya estos días–, donde el debate político se transforma en una mera disputa entre enemigos y deja de ser un diálogo entre adversarios. En estos episodios cada vez más frecuentes, la extrema derecha desarrolla a brochazos una teoría del pueblo “como si lo conociese de memoria, como si lo hubiese hecho” (Noémie Rousseau, en Libération después de la victoria de Trump).

Son demasiados los motivos de insatisfacción o de queja que los gestores de las instituciones dan a los ciudadanos para que estos no se suman en una desorientación creciente, conscientes quizá de que todo es política, y no pueden excluirla de sus vidas, pero hartos de asistir a las mismas peleas por los mismos motivos. Así empieza lo malo, puede decirse, remisión a la frase escrita por William Shakespeare que da título a una gran novela de Javier Marías; así empieza lo malo porque los caminos elegidos impiden enfrentar la realidad presente o la soslayan, o la desvirtúan groseramente, y todo empeora sin remedio.

Trump multiplica su agresividad

El rifirrafe del presidente Donald Trump con un periodista de la CNN pocas horas después de confirmarse que los republicanos habían perdido la mayoría en la Cámara de Representes acaso sea la primera prueba del nerviosismo que se ha adueñado de la Casa Blanca. O puede que lo sea la destitución del fiscal general, Jeff Sessions, poco después de acabar el recuento, una decisión que no por esperada deja de ser significativa. O quizá la prueba del nueve del estado de ánimo del presidente sea su disposición a convertir la política en una guerra de posiciones, transformados el Senado y la Cámara de Representantes en dos trincheras desde las que disparar al adversario sin que ello reporte ganancias significativas para nadie.

El caso es que al vislumbrarse un bloqueo legislativo y los nervios de la Administración, la victoria demócrata en la Cámara baja cobra más relevancia. El enardecimiento de Trump, por el contrario, devalúa el triunfo republicano en el Senado a pesar del discurso de madrugada dirigido a sus simpatizantes, una arenga triunfal bastante alejada de la realidad. Estas midterm, como casi siempre, han servido para confirmar que, aunque las encuestas lo predecían, la asimetría del lance –el Senado sometió a elección 26 escaños demócratas y 9 republicanos– no sirve para aquilatar por completo el grado de desgaste en la andadura de Trump y, en cambio, permite aceptar el argumento demócrata de que ha empezado la remontada –hablar de ola azul, marea o cualquier otro símil es una exageración– porque la elección de la Cámara de Representantes es a escala nacional.

Puede que Trump retenga el grueso de sus electores de 2016, pero la alta participación, excepcional para unas midterm, revela que los demócratas, aun sin un líder para las presidenciales de 2020, han atraído voluntades en nuevos caladeros de jóvenes, mujeres y diferentes minorías hasta ahora ausentes de una elección sin el glamour político que supone apostar por alguien para que ocupe la Casa Blanca. Al mismo tiempo, queda en evidencia la debilidad de los demócratas al recurrir a la figura de Barack Obama en el sprint final de la campaña a falta de un rostro nuevo con títulos para correr la carrera presidencial dentro de dos años. Quizá los aspirantes a disputar el despacho a Trump hacen acopio de fuerzas para aparecer en el escenario a finales del año próximo, conscientes de que hacerlo antes de tiempo puede comportar un gran desgaste de imagen, pero mientras tanto el partido exhibe un doble perfil: el de su establishment tradicional, que sigue aturdido por la derrota de 2016 de Hillary Clinton, y el de una generación joven, con bastantes independientes surgidos extramuros de la organización, más o menos identificados con el espíritu de renovación programática, con pátina socialdemócrata, que es la que encarnó Bernie Sanders hace dos años.

Con independencia de tales factores, que se cocinan en el interior de los dos grandes partidos, el reequilibrio legislativo al controlar cada uno una Cámara del Congreso, consagra o hace más visible la división de una sociedad progresiva y gravemente fracturada por dos versiones incompatibles de Estados Unidos. Como ha escrito un editorialista, se da una división ideológica general, y muchas otras divisiones sectoriales: los estados urbanizados de las dos costas y aquellos en los que las sociedades rurales tienen un gran peso, los jóvenes frente a los mayores que temen la desfiguración del mundo que construyeron, la comunidad blanca frente a un mosaico de minorías –la negra o afroamericana, según se dice ahora, y la hispana en primer lugar–, los proteccionistas, opuestos a los defensores de la globalización sin trabas, y así sucesivamente.

En este panorama no cabe albergar la más mínima esperanza de que tengan cabida las soluciones bipartidistas, gobernar con los adversarios, de acuerdo con la solución explorada por Abraham Lincoln en la peor de las situaciones, o aplicar a los problemas soluciones intermedias, que a nadie satisfagan del todo, pero que tampoco a nadie le resulten ofensivas. Por el contrario, se vislumbra en el horizonte el propósito de los demócratas de someter a Trump a diferentes procedimientos de investigación en la Cámara de Representantes –por su hermetismo en materia fiscal, por el Rusiagate, por el conflicto de intereses entre negocios privados y gestión pública y por algún otro motivo que pueda surgir– y el del presidente de responder en el Senado con comisiones de investigación ad hoc para alterar el pulso al Partido Demócrata. La guerra de trincheras, se diría, que tiene mucho de charcutería política y muy poco de sentido de Estado.

En esta atmósfera viciada es improbable que los demócratas consideren abrir la caja de los truenos del impeachment. Aunque Richard Ben-Veniste y George Frampton, dos de los ayudantes de Leon Jaworski, fiscal especial para el caso Watergate, sostienen en The New York Times, que la investigación de aquel escándalo sentó un precedente en cuanto a la posibilidad de que el investigador remita directamente al Congreso pruebas incriminatorias, lo cierto es que el procedimiento en sí mismo obliga a los promotores de la destitución a configurar una mayoría cualificada en el Senado, algo que el Partido Demócrata está lejos de poder hacer. Esto es, la existencia de pruebas, salvo en situaciones de flagrante ruptura de la legalidad, como en el caso de Richard Nixon, que optó por dimitir, resultan ser un material sujeto a interpretación, sometido a los malabarismos de los fontaneros de los partidos y a la locuacidad de los oradores (Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1998 superaron la prueba con éxito).

La sustitución de Jeff Sessions, denostado de forma reiterada e insólita por el presidente en varias ocasiones y dispuesto a colaborar con Robert Mueller, el fiscal especial que investiga a Trump y a sus familiares más directos, revela la estrategia de blindaje, cuando no de obstrucción diseñada por la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque Matthew Whitaker, el sucesor de Sessions, es un adversario declarado del trabajo de Mueller y un combatiente incansable de las iniciativas demócratas. No es solo que el presidente está dispuesto a resistir en todos los frentes, es que quiere insistir en su agresividad habitual para presentarse en 2020 ante su electorado como el político que nunca cambió por más que varias veces quisieron obligarle a ello. Que tal procedimiento sea útil para relajar la tensión social o para agravarla es harina de otro costal.

 

 

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

La campaña del 6-N radicaliza a Trump

La pretensión del presidente Donald Trump de descargar en la prensa desafecta la responsabilidad por el clima político en Estados Unidos, enrarecido al máximo, resulta tan incongruente como la maniobra de palacio en Arabia Saudí de presentar a los asesinos del periodista Jamal Khashoggi como un grupo sin conexión con el rey Salman y su heredero, el príncipe Mohamed. En ambos casos y en otros muchos muy recientes –Matteo Salvini y sus baladronadas, el disparate del brexit, la casi segura victoria de la extrema derecha en Brasil, el avance espectacular de la extrema derecha en Alemania– los inductores de desaguisados de naturaleza muy diversa, pero siempre perjudiciales para la estabilidad política y la seguridad de los más vulnerables, desvían la atención hacia terceros no se diera el caso de que finalmente se descubriera el engaño (la manipulación permanente de una opinión pública sometida a los manejos de los especialistas en sembrar la división social).

En la campaña de paquetes bomba es poco menos que imposible deslindar el suceso de la operación de descrédito sin límite emprendida por la Casa Blanca contra los demócratas. Al alentar las más elementales pasiones, por no decir sentimientos primarios, mediante un nacionalismo estentóreo, se ha dado alas a los sectores más radicalizados por medios y entidades de extrema derecha, que desde el nacimiento del Tea Party disponen de un manual de acción con el que regirse y de un ideario donde cobijar sus anhelos. Ninguna de las circunstancias que concurren en el agravamiento de la división social en Estados Unidos es ajena al fomento de una simplificación de los problemas y de las soluciones, a nuevas formas de supremacismo que lo mismo valen para delimitar los flujos migratorios procedentes de países de mayoría musulmana que para cerrar la frontera sur a cal y canto, para impugnar el multilateralismo en todos los foros y para desequilibrar el comercio internacional mediante un proteccionismo extremo.

No se ha registrado en el último siglo un solo acontecimiento con repercusiones a escala internacional ajeno al comportamiento de Estados Unidos, y tampoco se ha registrado en el país una sola crisis social en la que la Casa Blanca no haya tenido alguna responsabilidad. El presente no es una excepción y el enfoque dado por Trump al envío de paquetes no hace más que abundar en la táctica de tirar la piedra y esconder la mano, de calentar los ánimos a través de Twitter y culpar a la prensa de la degradación de las relaciones entre segmentos ideológicos rivales.

Que el enardecimiento se produzca en medio de la campaña a cara de perro correspondiente a las legislativas del 6 de noviembre no justifica nada, más bien lo agrava después de la larga batalla política desarrollada en torno al nombramiento del juez Brett Kavanaugh para ocupar un puesto en el Tribunal Supremo. Los estudios realizados por varios think tank, consumada la confirmación de Kavanaugh por el Senado, confirman que el sorpasso demócrata en la Cámara de Representantes y el Senado es posible, un dato que ha alimentado el desánimo en el republicanismo clásico y ha llevado a la facción de Trump y a las diferentes versiones de la extrema derecha a echar más leña al fuego para movilizar a las bases y contener el ascenso demócrata.  Nada nuevo bajo el sol, cabe decir, por esperado y por convencional, pero muy arriesgado por las consecuencias que puede tener –si no las tiene ya– en el laberinto de pasiones diseñado por los asesores del presidente y por él mismo.

Un dato entre otros muchos justifica la preocupación del Partido Republicano: según Politico.com, durante los primeros 17 días de octubre, las candidaturas conservadoras han recibido donaciones privadas por valor de 73,9 millones de dólares, mientras que las demócratas han sumado 82,5 millones de dólares. ¿Qué revelan tales cifras? Que el olfato de los financiadores ha detectado una tendencia hacia la victoria del Partido Demócrata, mientras el nombramiento de Kavanaugh ha provocado un giro en la opinión pública, no solo entre las mujeres, al final de un proceso de desgaste de la figura de Trump. Se trata solo de hipótesis, pero en unas midterm, con flujos financieros menos relevantes que en unas presidenciales, la activación de los donantes es una señal inequívoca de que resultan convincentes los pronósticos de las encuestas, de las que se hacen públicas y de las que manejan en privado los estados mayores.

La pesadilla de todo presidente es tener enfrente un Congreso en el que tengan mayoría sus adversarios. Lo experimentaron en toda su complejidad y dureza Bill Clinton y Barack Obama, maniatados demasiado a menudo por los republicanos. Le puede suceder ahora a Donald Trump, con índices de aceptación según los sondeos de entre el 40% y el 44%. Un analista de The Washington Post recuerda que Clinton perdió la mayoría de la Cámara de Representantes en 1994 con una aceptación del 46% y a Obama le sucedió lo mismo en 2010 con el 45%. ¿De qué forma puede alterar los compartimientos electorales la suma de una aceptación de Trump dentro de lo previsible y del episodio de las bombas, que amenaza a algunos de los demócratas más sobresalientes de la última década?

La otra pregunta que inquieta a los analistas se refiere al comportamiento de Trump si deja de tener un Congreso sometido a sus designios. ¿Cómo reaccionará el presidente si la madrugada del 7 de noviembre se encuentra con una o las dos cámaras del Congreso en manos de los demócratas? ¿Será capaz de limitar el recurso al privilegio ejecutivo a las convenciones y usos de presidentes anteriores o provocará un choque de trenes institucional? La discusión está lejos de ser una digresión meramente académica habida cuenta del comportamiento político de Trump, de su propensión a saltarse las reglas y a recurrir a un populismo estrambótico con harta frecuencia. Si en una situación de suma gravedad como el envío de paquetes bomba a relevantes figuras del establishment demócrata y a conocidos partidarios suyos, Trump busca la culpa en la crítica de la prensa y los informativos de la radio y la televisión, ¿cuál puede ser su reacción si las urnas le son adversas?

El analista Fareed Zakaria recordaba la pasada primavera que Donald Trump tuiteó en 2015: “Necesitamos líderes que puedan negociar grandes acuerdos para los americanos”. Pero Zakaria subraya que a pesar de tal aserto, el verdadero talento de Trump no está en la negociación, sino en el márketing, una habilidad encaminada a vender un producto antes que a pactar con sus adversarios. ¿Es suficiente el márketing para desmarcarse de las mentes más calenturientas y ultras de Estados Unidos y salir victorioso de la prueba del 6 de noviembre? Las encuestas responden que no, pero el personaje es tan retorcidamente singular que cualquier vaticinio parece aventurado para prever cuál puede ser la capacidad de movilización de la extrema derecha a la hora de la verdad.

Baviera marca el camino

El batacazo de la CSU en las elecciones celebradas en Baviera es una señal más de la transformación de los partidos y los electores de perfil conservador. La irrupción de la extrema derecha en la política alemana, con una confortable presencia en el Bundestag, ha llevado a la CSU a asumir parte de la gesticulación pública y los eslóganes de Alternativa para Alemania (AfD por sus siglas en alemán), pero como suele suceder casi siempre en los casos de imitación oportunista del adversario, es este quien sale beneficiado y no el imitador. O lo que es lo mismo, entre el original y la copia, muchos votantes prefieren al primero.

Si hasta la fecha se ha dicho que la izquierda tradicional europea no sale de su desorientación y pena su incapacidad para disponer de un programa propio poscrisis, ahora cabe decir lo mismo del universo conservador, zarandeado por la extrema derecha. Los flujos migratorios, la convivencia con el islam en suelo europeo y el terrorismo global, más una eurofobia sin descanso, han alimentado los programas ultra, simplificando al máximo los problemas y las soluciones, como si la complejidad extrema del momento pudiera gestionarse con enunciados tan genéricos como cerrar las fronteras, salir del euro o poner en marcha un proceso masivo de repatriaciones. El líder de la CSU, Horst Seehofer, ministro del Interior –y de Patria, una aportación suya de inquietante significado–, da la impresión de haber olvidado la sentencia de Konrad Adenauer: “La historia es la suma total de todas aquellas cosas que hubieran podido evitarse”.

El contagio del virus ultra se extiende entre las derechas convencionales a la velocidad propia de las grandes epidemias. El caso de Vox, con un Vistalegre lleno en el zurrón, no es ajeno a los giros hacia la derecha de la derecha del PP y de Ciudadanos, temerosos de que finalmente la segmentación del voto conservador les condene a la derrota electoral. El temor a aparecer demasiado blandos, demasiado contemporizadores, demasiado liberales y poco nacionalistas lleva a algunos de sus dirigentes a subrayar sus coincidencias con los propósitos que animan a Vox, retardatarios cuando no claramente contrarios a la Constitución (la supresión de las autonomías, por ejemplo).

Se frustra así el papel moderador de la democracia cristiana y afines en entornos tan distintos como Alemania, Italia, Austria y en España al final del franquismo al neutralizar los ímpetus de la extrema derecha en sus diferentes versiones. Una operación que condenó a los irreductibles a la irrelevancia durante décadas, convertidos poco menos que un pintoresco residuo del pasado. Carente de líderes asentados y de una base electoral suficiente, el universo ultra hubo de recorrer una larga travesía del desierto hasta que el coste social de la salida de la crisis económica, la decepción de una parte de los más vulnerables con los partidos tradicionales y la insensibilidad de los tecnócratas de la UE al hacer el recuento de bajas puso en bandeja el renacimiento de los partidos con una nueva generación de líderes: Marine Le Pen, Frauke Petry, Matteo Salvini, Geert Wilders, Heinz-Christian Strache y otros menos renombrados.

La mayoría de ellos remaron contracorriente durante muy poco tiempo: si las elucubraciones del Tea Party fueron una primera fuente de inspiración, junto con el legado de la extrema derecha de entre guerras, la victoria de Donald Trump les procuró un líder universal, predicador de la nación agresiva frente al multilateralismo pactista, liquidador del statu quo y de la globalización. Puestos a minar la UE y las exigencias políticas de Bruselas, hallaron en Trump el pilar adecuado para debilitar la propuesta europeísta y sumarse a la labor de zapa de estrategas como Steve Bannon y otros ideólogos del nacionalismo de última generación, tan ajeno al cosmopolitismo que alienta en el proyecto europeo.

Basta sumar la inclusión de programas sociales en las arengas de la extrema derecha para comprender lo atractivo de la oferta en caladeros tradicionales de la izquierda golpeados por la crisis, sometidos a las políticas de austeridad y condenados a  sufrir un mercado laboral precario (pobres con trabajo). Los resultados en la periferia de París de la elección presidencial de mayo de 2017 –victoria de Emmanuel Macron– ilustran sobradamente este fenómeno de transferencia del voto de izquierdas al lado opuesto del espectro político y contribuyen en todas partes a ahondar la desorientación de la izquierda tradicional, a dar vida a proyectos políticos de influencia limitada –los insumisos en Francia– y a alentar diferentes formas de populismo progresista que impugnan el reparto de papeles en los regímenes democráticos.

La más genuina diferencia entre Alemania y casos como los de Francia y España, es que la configuración del Parlamento está lejos de compensar el afloramiento de la extrema derecha con una similar capacidad de movilización de nuevas formas de la izquierda –Die Linke es un partido estancado–, capaces de retener una parte del electorado que ha abandonado a la socialdemocracia (SPD). Los resultados de Baviera tienden a consolidar ese modelo y ahora la mayor de las incógnitas es saber hasta qué punto el traspiés bávaro de la democracia cristiana puede repetirse a escala federal. Porque si, como parece, Angela Merkel se ve obligada a adelantar las elecciones, someterá a su partido, la CDU, a una dura prueba de resistencia frente a las acometidas de AfD y a la prédica nacionalista y poco menos que xenófoba de la CSU, cada vez más presunta aliada y menos aliada sin más de la CDU.

Resulta innecesario subrayar que una Alemania enfrentada al desafío de AfD influiría en el curso de los acontecimientos en el resto de la UE y daría alas a la extrema derecha en todas partes. No es ni exagerado ni grandilocuente imaginar que los sucesivos ascensos en los resultados obtenidos por AfD mejoran las perspectivas del voto ultra, amenazan el proyecto político europeo y contribuyen a endurecer los programas de la derecha tradicional por esa tendencia suya a intentar la neutralización de sus adversarios ultraderechistas mediante la asimilación de parte de sus programas. Y sobre todo de su lenguaje, de un léxico agresivo y extemporáneo que lo mismo le vale a Pablo Casado para referirse a un supuesto efecto llamada en el Estrecho, que a Horst Seehofer para amenazar con el cierre de fronteras.

Quienes se adueñan del lenguaje, siquiera sea para amedrentar, tienen mucho camino recorrido, porque al final es el instrumento para prometer la Luna, desacreditar a los rivales y administrar las victorias. Si la apropiación se produce en entornos marcados por las desigualdades y la decepción de los ciudadanos, entonces se dan dos de las condiciones básicas para que los demagogos sin escrúpulos se suban a la tribuna y atraigan voluntades.

Fuego cruzado sobre Trump

La publicación en The New York Times de un artículo anónimo en el que un alto funcionario de la Casa Blanca cuenta el empeño de una parte del personal del Ala Oeste en diluir bastantes iniciativas del presidente Donald Trump, de forma especial aquellas que interesan las políticas exterior, de defensa y económica, no hace más que reforzar la imagen de conjunto de la presidencia que transmite el libro Fear (miedo), de Bob Woodward, próximo a publicarse. Atendiendo a la solvencia del diario y del veterano periodista de The Washington Post, solo cabe concluir que la situación que se da en el Despacho Oval es insólita o solo comparable con aquella otra que envolvió en una densa niebla envenenada el segundo mandato de Richard Nixon. La gran diferencia entre Nixon y Trump es que el primero fue un profesional de la política, conocedor de los códigos y los detalles de la guerra fría, y en cambio quien hoy ocupa el puente de mando muestra permanentemente un desconocimiento enciclopédico de asuntos cruciales sobre los que debe tomar decisiones.

Aunque no deja de ser una anormalidad la publicación de un artículo sin firma –una decisión que incluso puede considerarse discutible aunque el medio afirma conocer la identidad del autor–, su contenido es tan explícito y se aproxima de tal manera a revelaciones anteriores que es difícilmente impugnable como testimonio de una realidad demasiadas veces insinuada o descrita por otros autores. Las “decisiones imprudentes” a las que se refiere el alto funcionario confirman algunos detalles aportados por Michael Wolff en Fuego y furia, lleno de pirotecnia sensacionalista, y, desde luego, se antojan del todo consistentes con el minucioso trabajo de investigación de Woodward, el mismo que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate (junio de 1972-agosto de 1974). El twit del presidente en el que se pregunta si el prestigioso periodista es “un operativo demócrata” apenas sirve para contrarrestar el efecto que sobre la campaña de las elecciones midterm –a dos meses vista– puede tener el caudal de informaciones por lo menos preocupantes que degradan la imagen de Trump más allá de los límites de sus adeptos irreductibles (el 35% del electorado, según algunas encuestas).

“La lucha surrealista entre Trump y al menos algunos miembros de su propio equipo ha caracterizado su mandato desde el principio, pero se extendió a la opinión pública esta semana de una manera que plantea preguntas sobre la capacidad del presidente para gobernar y las responsabilidades y deberes de las personas que trabajan para él”, se afirma en The New York Times. Es tanto como decir que en la Casa Blanca se da una doble inconsistencia: la del presidente, carente de la formación y el carácter necesarios para desempeñar el cargo, y la de un equipo de colaboradores y asesores que cobija a no pocos expertos que disienten de Trump y porfían para evitar que se lleven a la práctica ideas descabelladas, inoportunas o altamente peligrosas para la seguridad nacional (un ataque preventivo contra Corea del Norte, una operación para asesinar a Bashar al Asad, la retirada del contingente desplegado en Corea del Sur y otros disparates supuestamente evitados por funcionarios civiles y militares de alta graduación).

Es improbable o poco creíble que lo desvelado esta última semana sea fruto de la inquina y el sentimiento de frustración de personas resentidas. Muchos de los nombres citados por Woodward en su libro son políticos experimentados, militantes del Partido Republicano o cercanos a él a quienes es casi imposible imaginar sometidos a la estrategia electoral del Partido Demócrata, y militares educados en el sometimiento a las decisiones del comandante en jefe. Si se ha quebrado ahora esta tradición, si se ha instalado en el Ala Oeste la creencia de que es necesario controlar al presidente –incluso neutralizarlo– si corre riesgos excesivos, poco meditados o sin fundamento, es a causa del desbarajuste, la tendencia de Trump a la sal gruesa y al desplante sistemático y la desorientación de los aliados, que cada vez con mayor frecuencia no dan crédito a cuanto procede de Washington.

Hay, al mismo tiempo, una creciente desconfianza en los salones del poder en relación con el conflicto de intereses entre el programa político de Trump y los objetivos financieros de un millonario de Manhattan con un currículum empresarial no siempre ejemplar y transparente. Pasó en Italia con Silvio Berlusconi, pasa ahora con Mauricio Macri en Argentina, sucede en Chile con Sebastián Piñera, pero en ningún lugar tiene el eco que en Estados Unidos, con la constante exhibición de opulencia que hace el presidente mientras se dispone a recortar cuando no eliminar los modestos programas sociales puestos en marcha por su predecesor. Y esa desconfianza es especialmente relevante en cuanto atañe a las relaciones de Estados Unidos con Rusia, de Trump con Vladimir Putin, tan opacas y poco convencionales, alarmantes en algunos momentos para cuantos piensan que el presidente debe ser alguien previsible, que no defraude a los aliados ni los debilite.

Las señales que emite el entorno ciegamente fiel a Trump, que incluye a una de sus hijas y al marido de esta, no hace más que alimentar las sospechas de que en la cúspide del Estado se cruzan a todas horas los planes de un hombre de negocios, los objetivos de un gobernante ultraconservador y la falta de preparación de este para aceptar que no puede arramblar con todas las reglas y servidumbres del statu quo sin quebrantar el sistema de pesas y medidas heredado. Como escribió en su día Walter Lippmann, “la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante”, algo que está lejos de las posibilidades de Trump, siempre agresivo con las reglas escritas y no escritas de la política, la opinión de los entendidos y los instrumentos de la crítica (la prensa, en primer lugar). Cada vez que alguien intenta blindar la figura del presidente –el juez Brett Kavanaugh, elegido por Trump para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, el último de ellos– no hace más que erosionarla y recalentar el clima de sospecha generalizada.

Indira A. R. Lakshmanan, una comentarista del diario The Boston Globe, resume el momento en muy pocas palabras: “Si incluso la mitad de las historias que describen a Trump como no apto para el cargo son verdaderas, es la historia de terror de no ficción del año. Un escenario aún más aterrador es que todas las historias sean verdaderas”. El artículo se titula Crazytown [ciudad loca], USA: por fin hemos coronado la cima Trump, un recurso a la ironía que en nada reduce la sensación experimentada a menudo de que el inquilino de la Casa Blanca es un presidente peligroso.