El ‘brexit’ se adentra en el caos

La Unión Europea ha pasado a controlar sin reservas el calendario del brexit después de meses de idas y venidas sin más progresos que los fallidos intentos de la primera ministra Theresa May de lograr el apoyo de la mayoría en la Cámara de los Comunes a su acuerdo con los Veintisiete para consumar un divorcio civilizado. A una semana de confirmarse el brexit caótico, el Consejo Europeo de este jueves y viernes ha dejado establecido que la premier dispone hasta el 22 de mayo de una prórroga para una salida ordenada de la organización, siempre y cuando el Parlamento de Westminster se pliegue a la realidad: el único acuerdo posible de salida es aquel pactado por May en noviembre del año pasado. Si tal aproximación a la realidad no se produce, el aplazamiento de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión se retrasará hasta el 12 de abril, calificado por un alto funcionario de la UE como “el nuevo 29 de marzo”.

Ninguna de las suposiciones manejadas por la primera ministra le ha permitido salir vencedora en su pugna con los brexiteers recalcitrantes. Se ha demostrada infundada la creencia de que conforme se acercaba la fecha límite decaería su arrojo y, en cambio, se ha espesado el ambiente entre dos posturas encontradas e irreconciliables: la de quienes en su día tomaron la palabra a May –“mejor un brexit sin acuerdo que con un mal acuerdo”– y la de cuantos abogan por un adelanto electoral o por un nuevo referéndum que neutralice el desastre que se avecina. La disputa por el poder en las filas conservadoras ha encontrado en el backstop –los requisitos para mantener una frontera blanda entre las dos Irlandas; una frontera inexistente en la práctica– la herramienta política para diferenciar a los brexiteers de los posibilistas, y para contar con el apoyo o complicidad de los unionistas norirlandeses.

Se antoja bastante más que verosímil el cálculo hecho por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, acerca de las posibilidades de que May acuda por tercera vez a los Comunes para que voten el acuerdo con la UE y consiga una victoria: no cree que tenga más de un 5% de posibilidades de éxito. La razón no es el acuerdo en sí, su contenido específico, ni la insuficiencia de las aclaraciones sobre el pacto de noviembre hechas en diferentes momentos por Donald Tusk, Jean-Claude Juncker y Michel Barnier, sino que los promotores del divorcio aplican el eslogan “brexit means brexit” (brexit significa brexit) hasta sus últimas consecuencias. Es imposible apear del burro a personajes tan opuestos a la permanencia en la UE como Jacob Rees-Mogg y Boris Johnson, por citar dos de los más combativos, porque entienden que seguir en la UE o prolongar la discusión con Bruselas es más o menos una claudicación, un acatamiento de las reglas del juego dictadas por la UE y de las que ellos pretenden librarse.

Al mismo tiempo, la nave europea ni puede ni quiere quedar atrapada en un bajío mientras al otro lado del canal la discusión se llena de bizantinismos, con una opinión pública dividida y una crisis de liderazgo insólita en los dos grandes partidos (el papelón laborista merece capítulo aparte). De ahí que la UE se haya preocupado de fijar el tempo de la salida, aunque una separación sin acuerdo entraña riesgos de todo orden para ambas partes. “Los políticos británicos son incapaces de poner en práctica lo que su pueblo ha exigido. El pueblo votó por el brexit”, lamenta Macron. Hasta la fecha de vencimiento, todas las opciones siguen sobre la mesa, manifiesta Tusk. “Estamos en un momento crítico en la construcción de Europa”, declara Pedro Sánchez. Todo suena a lamento por el desaguisado que se avecina.

Solo Angela Merkel mantiene el comedimiento y la esperanza en un desenlace in extremis del brexit bajo control. Al mismo tiempo, Rafael Behr, un brillante analista del periódico progresista y proeuropeo The Guardian, afirma que la UE sabe que Theresa May está acabada, que gastó todo su crédito en el Reino Unido y que el país debe empezar a aceptar un nuevo trato en Bruselas: “Las conclusiones de la cumbre se transmitieron a la nación peticionaria mientras [May] se paseaba por una antecámara. Esta es la relación de poder entre un tercer país y la UE. Gran Bretaña debería acostumbrarse a ello”. La descripción resulta poco menos que patética para la líder de un socio de la UE con tribunos exaltados que prometen que, fuera del entramado europeo, la nación recuperará la grandeza, la soberanía y la autoestima presuntamente perdidas.

El discurso brexiteer soslaya esta imagen, arropado en titulares como el del Daily Telegraph, vocero de un conservadurismo con atributos rancios: “¿Cómo Emmanuel Macron tomó el control del destino del brexit de las manos de Theresa May, mientras la fachada de unidad de la UE comenzó a resquebrajarse?” Un resquebrajamiento imaginado o supuesto que tiene más que ver con el sostenella y no enmendalla que con el desarrollo de los acontecimientos en el Consejo Europeo, pero de una indudable eficacia para mantener cohesionado el campo secesionista, aunque varias encuestas detectan una pérdida permanente de efectivos y una creciente sensación de engaño entre los votantes que apoyaron la salida en junio de 2016.

En medio, una UE de ciudadanos desorientados, que acudirán a la cita electoral de mayo sin saber muy bien cómo les afectará la defección del Reino Unido, y unas instituciones sometidas a la presión permanente de una ruptura sin reglas con el Gobierno británico, coinciden en preguntarse si alguna vez, al otro lado del canal, se sintieron integrantes de una organización basada en el continente, o si aceptaron el paso dado por Edward Heath como un mal menor, un parche inevitable para suavizar la pérdida de influencia que siguió a la descolonización. Forma parte de la historia del periodismo el titular El continente, aislado, impreso en portada por un periódico británico a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha. Y forma asimismo parte de las viejas leyendas urbanas la respuesta de Wiston Churchill a un ayudante de Franklin D. Roosevelt que acudió a recibirle y le preguntó por la situación en las islas en plena segunda guerra mundial: “El viejo corcho sigue flotando”, se dice que respondió el premier. A saber si aquel espíritu de resistencia en solitario sigue siendo hoy el que guía a unas élites que aún se emocionan con la letra de Rule Britannia! –“Los británicos nunca serán esclavos”– o se atienen al programa general de actos de la extrema derecha, enemiga declarada de una Europa fuerte con peso político (más parece esto último).

Guerra sin cuartel entre ‘tories’

Después de cuarenta años de guerra civil en el seno del Partido Conservador del Reino Unido, la batalla del brexit lleva camino de convertirse en el episodio que debe dilucidar si el partido puede seguir unido o si la unidad es imposible. La victoria de Theresa May en la votación de confianza a la que hubo de someterse el miércoles ha debilitado extraordinariamente a la primera ministra ante sus correligionarios y ha robustecido el frente brexiter. Los 117 votos obtenidos por los adversarios de May frente a los 200 de apoyo a la premier han permitido conocer a cuánto equivale el descontento en las filas conservadoras: más de un tercio del grupo parlamentario es contrario a que May siga al frente de las operaciones.

Por lo demás, la victoria no tiene efectos sobre el asunto principal: aprobar el pacto con Bruselas para el periodo transitorio comprendido entre el 29 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020. Los diputados díscolos no se sienten obligados a apoyar lo que en primera instancia rechazaron, sino que se mantienen en sus trece, secundados por los unionistas norirlandeses y quién se sabe si, llegado el momento, fortalecidos –algo más que posible– por el voto laborista contra el texto que May llevará en enero a la Cámara de los Comunes. Tampoco tiene mayor trascendencia en plena tempestad que la primera ministra haya renunciado a presentarse en unas próximas elecciones: el ala brexiter coincide con todos los analistas en que se trata de un lame duck (pato cojo) sin futuro político. En Estados Unidos, de donde procede el apelativo, referido al presidente durante sus dos últimos años de mandato, la cojera ha sido en ocasiones un resorte liberador que ha dado pie a decisiones inesperadas o atrevidas –Barack Obama, el último precedente–, pero en el Reino Unido no es más que sinónimo de pura y simple debilidad.

Por encima del asunto concreto que de forma divisiva alarma a los partidarios de la salida de la UE sin contemplaciones –la frontera blanda entre las dos Irlandas, un apartado con enormes implicaciones políticas–, lo que realmente importa a la facción disidente es hacerse con las riendas del poder. Si el propósito de acabar con la guerra civil tory indujo a David Cameron a convocar el referéndum de junio de 2016, el resultado de la consulta no hizo más que avivar el fuego del desacuerdo entre los europeístas y los deseosos de cortar el vínculo con Bruselas, herederos de quienes no dejaron de denostar la adhesión a las instituciones comunitarias desde el ingreso en 1973. La incomodidad de una franja muy importante del conservadurismo para insertarse en el entramado europeo nunca se moderó, coincidiendo demasiado a menudo con similar incomodidad en el Partido Laborista, tan desaparecido o poco resolutivo en la crisis en curso.

La analista Gaby Hinsliff sostiene en el progresista The Guardian que el dinamismo de “los tigres de papel de Jacob Rees-Mogg aún pueden dividir la fiesta tory” de forma poco menos que irreconciliable. Rees-Mogg es con Boris Johnson, Sajid Javid, Jeremy Hunt, Amber Rudd, Dominic Raab, David Davis y algún otro profeta del brexit menos activo la voz que clama en los Comunes contra el acuerdo con Bruselas. Sus intervenciones, escritos y proclamas apelan a una supuesta recuperación de la soberanía plena, liberado el Reino Unido de la intromisión bruselense, y soslaya o silencia el parecer de los expertos, que vaticinan un desaguisado económico. Y su beligerancia tiene una capacidad manifiesta de fracturar el partido de forma irremediable al final de más de cuarenta años de peleas cainitas que el referéndum de 1975 –67% de votos a favor de la integración en Europa– apenas sirvió para mucho más que para oficializarlas y el de 2016 ha llevado al paroxismo.

¿Qué opciones le quedan a May en medio de la escalada? Solo tres: convocar elecciones, algo que seguramente llevaría a los conservadores a la oposición y a los laboristas al Gobierno (se desconoce cuál es su propuesta para sacar al país del atolladero); dejar las cosas como están y exponerse a una derrota sonora en Westminster cuando someta a votación el compromiso negociado con la UE o amenazar a la congregación brexiter con convocar un nuevo referéndum y paralizar el proceso de salida hasta conocer el resultado. Nadie puede decir ahora, en medio de la confusión, si tal camino es o no transitable, pero el analista Thomas Wright lo presenta en Politico.com como aquel que más puede alterar el pulso a los brexiters y en cierta medida puede convertir a los remainers en aliados ocasionales de la premier. May “puede hacer el siguiente cálculo –escribe Wright–: aunque detestan el acuerdo, los rebeldes lo respaldarán para evitar el riesgo de una reversión (que ganaran los partidarios de quedarse en la UE)” si una segunda consulta se celebrara y se cumplieran los vaticinios de los sondeos.

Incertidumbre sobre incertidumbre, la City se agita ante la imposibilidad de adivinar siquiera remotamente qué deparará el futuro. Los think tanks, el Banco de Inglaterra, los gabinetes de análisis de riesgo de las multinacionales y el mundo académico solo se atreven a aventurar que el brexit equivaldrá en su caso a una contracción de la economía que, si se consuma a las buenas, recortará el PIB el 4% y si se hace a las bravas, caerá no menos del 8%. Por no hablar de los aspectos más directamente relacionados con el futuro que aguarda a los jóvenes británicos en sus expectativas profesionales si su país no tiene con la UE un vínculo sólido y estable. Porque las garantías para los ciudadanos del Reino Unido que viven al otro lado del canal y para los europeos en territorio británico se limitarán al censo actual de residentes, pero nada aseguran en el futuro.

Solo los promotores entusiastas del divorcio han salido enaltecidos de este enésimo asalto del disparate. Mientras, el fuego amigo a discreción y el paso de los días acucian a May para encontrar una vía de escape, pacto o compromiso con la UE que no lleve directamente el proceso a una separación dura; confía May en sacar un conejo de la chistera en el tiempo de descuento y se arrepiente todos los días de haber dicho que es preferible una salida sin acuerdo que un mal acuerdo. Pero este coup de magie que la primera ministra busca a todas horas pretende comprometer a los Veintisiete, unidos como nunca en la gestión del brexit con una sola voz como quedó patente el jueves. Jean-Claude Juncker y Donald Tusk han advertido que queda fuera de sus cálculos toquetear lo aprobado: caben aclaraciones sobre aquello que se antoje más oscuro o impreciso a ambas partes, pero no se revisará una coma de un documento reputado el único posible. Esto es, cualquier modificación solo puede empeorarlo sin que con ello se apacigüe la belicosidad de cuantos defienden la ruptura.

 

 

Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

Europa se insensibiliza

El recurso a los gases lacrimógenos de la policía macedonia para contener a los refugiados en la frontera con Grecia es el último, más reciente y más maloliente baldón que empaña el compromiso moral de Europa con la crisis que viene de Oriente Próximo y más allá. Más exactamente, dicho compromiso se desvanece a toda prisa con el humo que dificulta la respiración y nubla la vista al mismo ritmo que los ministros de la UE de diferentes ramos pierden el tiempo en reuniones que no sirven para acordar nada y abrazan el sueño de que Turquía, debidamente subvencionada, y Grecia, totalmente arruinada, se conviertan en contenedores de una multitud de desesperados. Será verdad el contundente diagnóstico del escritor peruano Santiago Roncagliolo: “Europa es el barrio pijo del mundo, rodeado de peligros”.

En la gestión de la crisis de los refugiados se acumulan dosis intensivas de cinismo, oportunismo, ceguera política y tendencia a la autodestrucción de la UE como proyecto colectivo –no solo económico, claro–, como de forma muy atinada ha lamentado Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, debidamente envuelto su lamento en la corrección formal de un léxico que a nadie inquieta gran cosa y en una petición final a quienes huyen de la guerra: que desistan de entrar en Europa. La sospecha de que el objetivo primero es que cuadren las cuentas y el objetivo segundo, que ningún problema perturbe los balances, se expande en todas direcciones en ese barrio para elegidos cada vez más encerrado en sí mismo, menos sensible a los dramas que se representan en la periferia interior y en el vecindario de la UE.

Esos 3.000 millones de euros prometidos al Gobierno turco para que contenga la avalancha y esos 700 millones destinados a Grecia para que atienda las partidas más perentorias de la cuenta de gastos correspondiente al alojamiento de los refugiados son apenas dos parches, cuyo desembolso, por cierto, no acaba de concretarse. Nadie pone en duda que las dimensiones del desafío superan todo lo imaginable, nadie discute que el derecho internacional recoge mecanismos de acogida e impone obligaciones a los estados que resultan ineficaces cuando se barajan cifras como las que Europa tiene sobre la mesa; lo que sí lamentan un número creciente de voces críticas es que la reacción ante el reto sea contribuir al caos mediante la inacción, esa especie de parálisis deliberativa que encadena reuniones en las que no se toma ninguna decisión precisa, concreta y guiada por el respeto al desamparo de los refugiados, o se hace de forma vaga, desdibujada, sujeta a toda clase de interpretaciones.

Cada día resulta más urgente que bastantes preguntas tengan respuesta. Estas son algunas de ellas:

¿Qué coste político tendrá para Macedonia la utilización de gases lacrimógenos?

¿Piensa la UE imponer algún tipo de sanciones para civilizar a los gobernantes macedonios o no lo cree necesario?

¿Hay alguien dispuesto a admitir, además de la cancillera Angela Merkel, que el problema de los refugiados no es de Grecia, sino de la UE, y que, en consecuencia, es de todos y requiere actuar con prontitud?

¿Se aceptará que Grecia disponga de alguna suavización en las condiciones de su rescate, a cambio de cobijar a miles de refugiados, de la misma manera que Francia adelantó a finales del año pasado que no iba a cumplir con la reducción del déficit, a causa de las inversiones necesarias para combatir el terrorismo yihadista, y nadie rechistó?

¿Hay algún atisbo de disposición colectiva a reconocer públicamente que los refugiados son víctimas de varios conflictos dislocados y como a tales se los debe tratar?

¿Acaso la vía británica para una UE descafeinada ha ganado adeptos y el legado político de los padres fundadores ha acabado en el cesto de los papeles?

¿De qué sirve disponer del tratado de Schengen si se pone en entredicho todos los días y al final, en nombre de la soberanía, cualquier Gobierno puede sentirse legitimado para levantar barreras físicas –concertinas mayormente–, burocráticas y morales para desentenderse de él?

Hay una diferencia clamorosa entre Donald Trump y los líderes europeos que se reúnen a cada poco para hablar de los refugiados sin resultados reseñables: el aspirante a disputar la Casa Blanca a Hillary Clinton no se anda con tapujos, promete que construirá un muro para cegar la frontera con México y que, quizá, echará del país a millones de personas en situación irregular; los gobernantes de la UE se lamentan de la tragedia en curso y, acto seguido, dejan que la represión de la diáspora siga su curso, cierran los ojos a los obstáculos que se levantan aquí y allá y se emplazan para una nueva reunión que, salvo imprevistos, resultará tan estéril como las anteriores. Trump, un populista demagogo de extrema derecha, no engaña a nadie, no esconde sus propósitos; en cambio, son un misterio inescrutable los proyectos que manejan los reiteradamente reunidos en Bruselas con rostro compungido.

Cuando el financiero George Soros asegura que la UE y la Rusia de Vladimir Putin disputan una carrera contra el tiempo en el combate para vencer al Estado Islámico, y va más allá al afirmar que el presidente ruso no es un aliado fiable en la lucha contra el terrorismo global, acierta en el diagnóstico, aunque es incompleto. ¿Por qué? Porque el mayor de los adversarios de la UE, al menos de la que se vislumbraba hasta 2007-2008, es la propia UE, sometida a las exigencias de aquellos de sus socios –con el Reino Unido en primer lugar– que denuestan la institucionalización política de la organización, las cesiones de soberanía y la responsabilidad compartida por cuanto sucede en su interior. Quizá la política de los gases lacrimógenos no forme parte de su manual de operaciones, pero son comprensivos con quienes echan mano de ella y si, como Macedonia, no se trata de países socios de la Unión, entonces entienden que la moral comunitaria no sale dañada.

Viven en un error. Los comportamientos europeos son inseparables de la línea de conducta seguida por la UE. Nadie en Europa pesa más que la UE como referente de cuanto sucede en el continente, y menos cuando el núcleo de la discusión es el compromiso moral con los desvalidos. El Premio Nobel de la Paz del 2012 fue un reconocimiento a los desvelos europeos para defender y preservar los derechos humanos, pero lo que sucede desde hace demasiado tiempo confirma un dato irrefutable: la UE no es la que fue. Como afirma Beatriz Silva, “no es un problema que haya explotado ahora en las manos de los mandatarios, lleva años fraguándose y ha habido tiempo suficiente para abordarlo de manera coordinada y eficaz”. Y si no han sido posibles tales coordinación y eficacia, se ha debido a la falta de voluntad política, a la desnaturalización del legado europeo, cuya última entrega son las concesiones hechas a David Cameron para neutralizar el Brexit.

La situación en el campo de Idomeni (Grecia) es el espejo que devuelve la peor imagen de Europa, la de la insensibilidad de muchos de sus gobernantes, parapetados detrás de la Realpolitik y la razón de Estado para aplazar cualquier medida de alcance y contentarse con soluciones simbólicas. Hay en todo ello una gran ceguera política, un esfuerzo inútil por negar la realidad que se avecina, si no es que ya está ahí. “Europa va a cambiar de color. Y este es un proceso que requerirá mucho tiempo y costará mucha sangre”, declaró Umberto Eco al semanario portugués Expresso en abril del año pasado. Estaba en lo cierto.

 

Un desafío llamado ‘Brexit’

Basta leer el artículo del diputado conservador David Davis recogido por la edición británica de The Huffington Post para comprender la arremetida de los euroescépticos de las islas y adláteres al divulgarse la propuesta transmitida a David Cameron por Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo. Y es suficiente porque en él aparecen recogidos los puntos de partida que orientan desde siempre a quienes consideran que la Unión Europea pretende imponer al Reino Unido un modelo que lesiona los atributos de soberanía de la nación más allá de toda medida, lastra su economía y la somete a los dictados de la Eurozona, al enfoque político del núcleo franco-alemán y a las servidumbres de un modelo en crisis. Entre Nigel Farage, el altisonante líder del United Kingdom Independence Party (UKIP) y la prosa de David Davis la mayor diferencia es el tono; en el fondo, sus mensajes son muy semejantes.

Habría que empezar por preguntarse si alguna vez se sintieron los conservadores británicos a gusto con el paso dado en su día por Edward Heath o si, a las primeras señales de politización de la empresa europea, la sensación de incomodidad se adueñó de ellos y empezaron los gestos desaprobatorios, el deseo de corregir el rumbo o modificar la vinculación con los socios mediante un trato excepcional, cortado a su medida, con mucho libre cambio y pocos compromisos políticos. Habría que empezar por ahí para entender en toda su hondura diagnósticos como el de Davis: “En 1975, la UE era el futuro brillante, una visión de un mundo mejor. Ahora es una reliquia en ruinas de un pasado sombrío. Hay que levantar la mirada al resto del mundo”.

¿Por qué es precisa tal operación? Porque para los euroescépticos cobijados en el UKIP, sentados en la Cámara de los Comunes –conservadores y laboristas, empezando por su líder, Jeremy Corbyn– y que se agitan en la prensa todos los días, mirar al resto del mundo significa más desregulación, menos política y más mercado; más fronteras para gestionar los flujos migratorios y menos derechos adquiridos para los no británicos de cuna; más libra y menos obligaciones y condicionantes a causa del euro; más soberanía nacional y menos cesiones de soberanía.

A ojos de cuantos se han movilizado para exigir más concesiones a la UE bajo la amenaza de promover el Brexit en el referéndum que Cameron se ha comprometido a celebrar, la UE es hoy, por exceso de reglas, menos democrática, menos competitiva y más disfuncional, lo que la ha condenado al declive, castigada por el lento crecimiento, el desempleo alto y una influencia menguante. Nada dicen los euroescépticos de la necesidad de poner a salvo el Estado del bienestar, aunque pudiera deducirse de sus ideas que creen poder ir tras ello evitando la institucionalización política de la UE, pero la realidad constatada es que allí donde se manifiestan las inquietudes sociales, el programa euroescéptico pasa de puntillas. En cambio, se extienden en recriminaciones a las obligaciones impuestas por la UE, más o menos como hace Cameron cuando critica el proteccionismo social comunitario, muy menguado por la crisis económica y la austeridad, pero aún en vigor.

La llegada a Europa de más de un millón de refugiados durante el 2015 ha exacerbado la movilización con voces tan potentes como la de Rupert Murdoch, que ha puesto sus cabeceras a disposición del Brexit o de un cambio sustancial, profundo, que puede dejar irreconocible a la UE. Los editoriales de The Times, el buque insignia de Murdoch, proponen poco menos que una mutación genética de la UE para que, siquiera sea en el caso británico, acepte ser algo así como un club que admite socios a la carta: Londres pone las reglas y Bruselas las da por buenas. Llevado a la práctica: aquello que se decida para el caso de los refugiados o para preservar la libre circulación de los ciudadanos comunitarios no será efectivo en el Reino Unido.

El analista Matthew d’Ancona en The Guardian ha escrito que las instituciones europeas tal como funcionan en la actualidad “están fallando frente a la movilidad de la población del siglo XXI”. Tan cierto como que la forma de afrontar el desafío por el primer ministro permite vislumbrar un futuro con tres categorías de ciudadanos: de primera, los británicos y los comunitarios con más de cuatro años de residencia; de segunda, los comunitarios con menos de cuatro años de residencia; y de tercera, los refugiados, si es que queda abierto algún resquicio en la frontera después de denostar el tratado de Schengen, del que el Reino Unido no forma parte.

Nadie duda de que Cameron quiere seguir en la UE, entre otras razones de peso porque la City lo desea fervientemente, aunque sus portavoces se manifiesten en términos muy contenidos. Pero el de Cameron es un deseo de quedarse lleno de condiciones para frenar la dinámica de los euroescépticos –un tercio de los diputados conservadores y al menos cinco ministros lo son– y convocar el referéndum con suficientes garantías para alcanzar la victoria, y, al mismo tiempo, para sentar un precedente que sirva para poner freno y aun marcha atrás a la construcción política de Europa. Y aun así, los euroescépticos no se dan por satisfechos porque, según creen adivinar, nada de cuanto Tusk ha ofrecido al primer ministro altera sustancialmente el engranaje institucional y normativo de la UE, como recoge el semanario conservador The Spectator en un artículo significativamente titulado Todo les ha salido bien a los euroescépticos. Entonces ¿por qué están en crisis?

La respuesta está en el comentario de George Eaton en New Statesman, el viejo semanario de centroizquierda: no hay forma de que los euroescépticos lleguen a un acuerdo sobre cómo sería la vida al día siguiente del Brexit. Dicho de otra forma: ¿es factible y viable el Brexit más de 40 años después del ingreso en la UE o es poco menos que un sueño nacionalista tardío, alejado de la realidad y el pragmatismo tan propios de la cultura anglosajona? En este punto, se acumulan las dudas, desfallecen las quimeras y se imponen las certidumbres, el hecho indiscutible de que la economía británica está indisolublemente unida a las ventajas y a las exigencias del mercado europeo, guste más o guste menos. Pocas dudas caben en cuanto a los efectos poco deseables que el Brexit tendría en la articulación de Europa, pero el día siguiente a la salida no sería menos dañino para el Reino Unido, para su influencia económica y para su cohesión política (el Brexit seguramente movilizaría al independentismo escocés, del todo europeísta).

¿Qué pesará más de aquí a junio, cuando se celebre el referéndum: el desapego de los euroescépticos o la determinación de los votantes de aferrarse a lo seguro; la nueva relación del Reino Unido con la UE o un particularismo caduco? En el imaginario colectivo británico tiene aún mucha fuerza la idea de que el viejo corcho se ha mantenido siempre a flote merced a su voluntad de quedar al margen de las disputas en el continente, pero en el seno de la economía global es cada día más difícil actuar en solitario. Y acaso esa característica de nuestros días es la que juega más en contra del euroescepticismo y más a favor del realismo de los votantes.

Reclamaciones de Cameron a la UE

Después de saberse el punto de partida de David Cameron para defender el mantenimiento del Reino Unido en la Unión Europea vuelve a tener sentido la pregunta tantas veces formulada: ¿qué es menos deseable: la aceptación por la UE de las exigencias británicas o una UE sin los británicos? Y lo es porque el premier ha abierto la precampaña del referéndum del 2017 que deberá decidir la permanencia o no del Reino Unido en la UE presentando a Bruselas una serie de condiciones o modificaciones en las relaciones británico-comunitarias que interesan el acervo jurídico paneuropeo y, al mismo tiempo, desnaturalizan futuras etapas en la construcción política de Europa. Así sucede en los campos de la libre circulación de personas, de la relación de la economía de la libra con la del euro y en los atributos administrativos y de Gobierno de las instituciones europeas so pretexto de que las cesiones de soberanía deben acabarse.

La realidad es que Cameron se comprometió en su momento a convocar un referéndum que desea ganar, pero que, en parte por convicción propia y en parte por la presión del euroescepticismo histórico británico –más el posmoderno del UKIP–, ha de plantear como una disputa con la UE de la que salga vencedor con algunos triunfos para contrarrestar la brega de sus adversarios. “La jugada es enormemente arriesgada”, opina el profesor Christopher Tulloch, de la Universitat Pompeu Fabra, quizá porque el primer ministro cree equivocadamente que “puede manejar las cartas de la misma manera que las jugó en Escocia” con ocasión del referéndum independentista. Esta vez la historia va en contra de la propensión de Cameron a practicar las habilidades propias de un judoca, adiestrado para aprovechar la fuerza de sus contrincantes en beneficio propio.

A diferencia de John Major, que entendió que no podía condicionar permanentemente la política europea al toque británico, el conservadurismo que ganó con extraordinaria holgura las últimas elecciones legislativas entiende que es la hora de poner condiciones a la UE. El objetivo es preservar la unidad del partido, con un bloque de euroescépticos nada desdeñable –quizá más de cien diputados en la Cámara de los Comunes– y, de paso, dejar sin argumentos al correoso Nigel Farage, el líder del UKIP, tan propenso a la demagogia como imprevisible. No hay nada genuinamente nuevo en el programa de Farage, sino más bien una remisión al pasado, a aquella creencia muy extendida durante la era victoriana de que todo lo no británico era por lo menos sospechoso, se tratase de una manufactura o de un programa político, pero sigue teniendo aceptación y resonancia en la Inglaterra profunda, más alejada de Londres mentalmente que físicamente.

“En realidad, el referéndum será sobre nuestra identidad nacional”, ha escrito Rachel Sylvester en las páginas del muy conservador The Times. O, lo que es lo mismo, desde el conservadurismo histórico se ve la europeización de la política y la economía como una desnaturalización del toque británico. Como si, frente a la intromisión de los europeos, aún fuese posible publicar titulares como el que apareció en un periódico de Londres el 22 de octubre de 1957 a raíz de un episodio de niebla muy espesa en el canal de la Mancha: Heavy fog in Channel. Continent cut off (Densa niebla en el Canal. El continente, aislado). Si en 1957 el titular podía entenderse como una boutade o una extravagancia ocurrente, hoy se consideraría un gesto de suficiencia injustificable a pesar del peso de la libra, de la influencia de la City y de la densidad histórica del vínculo atlántico por no decir hermandad atlántica (la sintonía de Londres con Washington).

El general Charles de Gaulle, tan conservador como nacionalista, astuto y culto, entendió con admirable anticipación cuál sería el papel del Reino Unido en el seno de la Europa unida esbozada en el tratado de Roma, y así se opuso con obstinación a su ingreso en lo que entonces se conocía como Mercado Común. Esa incomodidad manifiesta y permanente de atenerse a la política comunitaria, unida a la fidelidad británica a la política europea de Estados Unidos, fue adelantada por el general, y cada vez que ha surgido el desacuerdo o el desapego británico a los designios europeos se ha hecho memoria de los vaticinios gaullistas. El presente no es una excepción y el recuerdo del general no está de más.

“Si este es el modelo del primer ministro tory ofreciendo la paz para nuestro tiempo, preparémonos para la guerra civil”, afirma con fina ironía Rafael Behr en The Guardian, un periódico de tradición progresista y europeísta. En la carta de Cameron a Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, donde se detallan los cambios que desea introducir en el estatus británico en la UE, el articulista adivina varias maniobras al mismo tiempo encaminadas a neutralizar a los antieuropeístas y euroescépticos de su propio partido y a desmovilizar a una parte del electorado del UKIP. En suma, en la pretensión de revisar la europeidad del Reino Unido ve Behr algo por demás repetido: desactivar el Brexit y los riesgos que conlleva. Claro que si Cameron no consigue acallar a los díscolos se expone a llegar al día del referéndum con la opinión pública dividida y, lo que sería aún peor, con el establishment conservador fragmentado y su liderazgo sometido a discusión.

En Bruselas está muy extendida la impresión de que la propuesta del primer ministro no tiene cabida en la ordenación de la UE, pero, en cambio, un semanario con tanta audiencia como The Economist se atreve a titular así uno de sus análisis: David Cameron está jugando bien una mala mano elegida por él mismo. El problema real es que, como se reconoce en el artículo, el primer ministro debe lograr un acuerdo que mantenga equilibrada la balanza entre quedarse e irse, y ese equilibrio topa de entrada con dos grandes obstáculos: la suspicacia de los europeístas continentales, que consideran incompatibles los tratados de la UE y las exigencias de Cameron y, al mismo tiempo, la convicción de los euroescépticos británicos de que ninguna alternativa es mejor que dejar la UE. Y si es posible que un retoque meramente cosméticos del estatus británico sea aceptable para el europeísmo militante, nunca lo será para los partidarios del repliegue a las islas o para quienes, más contenidos, transigen con permanecer en la UE si se deja de veleidades políticas –institucionalizar y reforzar la unión política– y se limita a ser una zona de libre cambio con mecanismos reguladores comunes.

El historiador Tony Judt dejó escrito en Posguerra: “Europa no es tanto un concepto geográficamente absoluto –que define dónde se encuentran un país o un pueblo– como relativo, es decir, aquel en el que sus habitantes se sitúan con relación con los demás”. En el Reino Unido, en lo que cabe considerar cultura espontánea de muchos británicos, ese sentimiento de pertenencia europeo es difuso, cuando no, inexistente. Es difícil discernir si la crisis ha revitalizado o no tal sensación o estado de ánimo, pero los casi cuatro millones de votos logrados por el UKIP en las últimas elecciones certifica que sigue muy vivo y la apuesta de Cameron no está exenta de riesgos si la política de los sentimientos o la demagogia populista se imponen al realismo y la visión de futuro que guiaron los pasos de Edward Heath, conservador, al negociar la adhesión hace más de 40 años.

 

Dilema europeo entre seguridad y libertad

Después de la gran manifestación del domingo último en París, de la ceremonia de la unidad ante el desafío yihadista, concretada en la cabecera de la marcha republicana, surgen por todas partes señales de fatiga o de desunión en el seno de la Unión Europea, en Francia y entre diferentes enfoques ideológicos. El gran problema es dar con el punto de equilibrio que permita a un tiempo garantizar el ejercicio de las libertades que distinguen a la cultura política europea y garantizar la seguridad, un derecho que asiste a los ciudadanos y que compromete a los gobernantes. En términos generales, resulta contradictorio recortar las libertades para preservar su ejercicio, pero no lo es menos dejar de tomar medidas en el campo de la seguridad en nombre de la libertad de los individuos.

Cuando la exministra francesa Valérie Pécresse propone una ley patriótica francesa, imitación de aquella aprobada en Estados Unidos después de los atentados del 11 de septiembre del 2001, abre la caja de los truenos de las garantías constitucionales, del derrumbamiento de los muros de contención que protegen a los ciudadanos de las eventuales arbitrariedades del poder. El historiador Antonin Benoit recuerda que no hay demasiados datos para deducir de ellos que la ley patriótica “ha hecho que América esté más protegida frente al terrorismo”, según figura en un informe elaborado por la Unión Americana de Libertades Civiles. La libertad de movimientos que la ley otorga a las agencias federales, especialmente a la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en inglés), ha tenido poca influencia en el control de los islamistas, pero ha consolidado un estado de excepción permanente que afecta a la vida cotidiana de todo el mundo e impone de facto el principio de la sospecha generalizada.

Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está convencido de que es “perfectamente compatible” mantener los estándares de libertad y reforzar la seguridad, pero alcanzar este principio obliga a atravesar un campo de minas donde el pensamiento conservador, en general, se muestra poco exigente en cuanto al daño que se puede causar al sistema de libertades individuales y colectivas de los europeos. Surge así un debate de ideas de desenlace incierto y con la simiente de la división siempre presente. Puede decirse incluso que en sociedades asustadas o desorientadas como las europeas, arraiga la utopía reaccionaria (distopía en el pensamiento progresista) de aumentar la seguridad a costa de la libertad. O de imponer la corrección política como sea y acerca de cualquier asunto para evitar el conflicto –véanse los equilibrios de la prensa anglosajona para no reproducir las viñetas de Charlie Hebdo–, algo que tiene todas las trazas de constituir un triunfo de la coacción de los violentos frente a la libertad de expresión, aunque se vista con el pretexto del respeto debido a todas las creencias.

Diríase que resulta más fácil para los gobernantes y más tranquilizador para los gobernados seguir la lógica de la mutilación encubierta de las libertades que analizar qué está sucediendo y sacar conclusiones. El editorialista de Le Monde Gilles van Kote sostiene que “una refundación política (de Francia) es necesaria”, pero para ello es preciso comprender, que no significa justificar, como ha explicado con acierto el filósofo Tzvetan Todorov: “Comprender el mal no significa justificarlo, sino darse los medios para impedir su regreso”. Comprender es dar con las causas de la crisis social, política y cultural, que lleva hoy a jóvenes de ascendencia musulmana, pero criados en países europeos desde su nacimiento, a unirse a la guerra santa del Estado Islámico, a la prédica apocalíptica de Al Qaeda y a la vileza de los atentados contra sus conciudadanos. Sin comprender es imposible actuar o conduce directamente al error, a estigmatizar a una o varias comunidades, aunque todos los días se insista en el respeto y la tolerancia a la hora del telediario. Y habría que preguntarse hasta qué punto la tolerancia es tolerable o, como sostuvo en su momento Eduardo Haro Tecglen, es intolerable porque no es más que una forma de condescendencia más o menos caritativa con el diferente, con el discrepante, con el otro, origen del fracaso del esquema multicultural en el Reino Unido –cada uno con los suyos–, muy alejado del mestizaje en todos los ámbitos.

Sin perseverar en el análisis es imposible dar una respuesta consistente, detallada, sistemática a una pregunta capital: ¿qué amalgama de circunstancias permiten que arraigue el delirio islamista en el pensamiento de los hermanos Kouachi, de Amédy Coulibaly, de los terroristas abatidos el jueves en Verviers (Bélgica)? O a esta otra pregunta, tan capital como la anterior: ¿cuántas cosas hay que corregir para que, por una parte, no crezca exponencialmente la militancia en las filas islamistas europeas y, por otra, la violencia sectaria no se convierta en algo habitual en el paisaje europeo? E incluso esta, tanto o más inquietante que las dos anteriores: ¿qué extraña forma de nihilismo se ha adueñado de unos jóvenes –hombres y mujeres– dispuestos a viajar hasta Siria para empuñar las armas y morir a mayor gloria del califato sanguinario del caudillo Abú Bakr el Bagdadi?

Timothy Garton Ash: “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”.

Quizá si se optara por este gesto de comprensión de las causas se llegara a dos conclusiones parecidas a las de Abdel Asiem el Difraoui, especialista en terrorismo islamista: Europa está desbordada por el crecimiento del número de yihadistas y no es suficiente una respuesta en términos de seguridad. De tomar solo el atajo de la respuesta policial, cada vez que los terroristas burlen los controles y cometan un disparate, surgirá la frustración por lo hecho hasta entonces y ganará nuevos adeptos el bando de quienes ya hoy piensan que las exigencias de la seguridad deben prevalecer o imponerse a las de la libertad. En cambio, si se dispone de instrumentos de análisis que eviten el esquematismo y sopesen alternativas a medio y largo plazo, cabe la posibilidad de acercar el objetivo de la cámara a los entornos concretos enumerados por Gilles van Kote en su editorial: “El papel de la cárcel en la radicalización de ciertos islamistas, las dificultades de las familias para asumir su papel en nuestro modelo de integración, las lagunas de un sistema educativo que deja en la cuneta a decenas de miles de jóvenes, las carencias de formación de los imanes, los límites de un ideal materialista que el aumento del paro y de la precariedad hace inaccesible a una parte creciente de la población, la necesidad de permitir a cada uno construir una autoestima por vías diferentes a la violencia extrema, la utilización de internet y de las redes sociales por las tramas yihadista”.

Es este un programa menos expeditivo –“Si no te gusta la libertad, haz la maleta”, dice el musulmán Ahmed Aboutaleb, alcalde de Róterdam–, pero seguramente más útil a la larga. Es, en todo caso, aquel que evita que la inevitable confrontación de idearios sea entre el espíritu de las leyes europeo y los defensores de un islam retardatario y sectario, encerrado en sí mismo y enfrentado a la modernidad; es este un programa que pretende preservar la unidad europea más allá de la foto de familia del domingo y de las soluciones fáciles o de las dictadas por la política de las emociones, acaso por la exigencia visceral de una opinión pública traumatizada por la carnicería. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, reclama unidad para preservar la seguridad, pero hay discrepancias de peso que la hacen poco menos que imposible si no se formaliza de manera clara y precisa el porqué de lo que sucede.

Frente a quienes parecen poco preocupados por las repercusiones de una reforma de la ley que sitúe a la policía un peldaño por encima de los jueces se alzan quienes entienden que en nombre de la seguridad no debe mutilarse el sistema de garantías. Frente a quienes son partidarios de imitar a la NSA en sus técnicas y atribuciones se sitúan cuantos consideran que, de hacerlo, la vida privada y el derecho a la intimidad resultarán dañados. Frente a aquellos que piensan que cada país debe proceder de acuerdo con sus necesidades inmediatas toman posiciones los que creen que solo puede ser eficaz una solución a escala europea. Pero incluso si este bando resultase ser el más numeroso y reflexivo, surgirían en él discrepancias en aspectos esenciales como la reforma, modificación o puede que suspensión del tratado de Schengen, lo que limitaría la libertad de movimientos de millones de europeos.

Ismail Kadaré: "Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

Ismail Kadaré: “Europa no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse para ella misma y para todos los demás”.

No es menos complejo o enmarañado el debate de ideas entre la tradición europea y la musulmana. La edición de este miércoles de Charlie Hebdo ha puesto en un grito a los gobiernos y organizaciones de los países musulmanes, que han considerado blasfemo el recurso a la imagen de Mahoma, a la caricatura del profeta, a las alusiones a la religión. “Es la libertad de expresión que defendemos la que permite a los musulmanes expresar sus más profundas creencias”, recuerda el historiador británico Timothy Garton Ash, pero esa forma de libre examen que garantiza la neutralidad del Estado es poco menos que ajena a la cultura política musulmana o, en el mejor de los casos, es solo aceptada por una minoría. En la cultura espontánea de los países musulmanes, no es la corriente dominante aquella que aspira a la secularización del Estado, aquella que entiende la práctica religiosa como algo correspondiente al ámbito de la vida privada de los ciudadanos, sino un tipo de heterodoxia combatido por el islamismo político, incluso en sus versiones más contenidas.

Cuando el escritor albanés Ismail Kadaré sostiene que Europa “no tiene solo el derecho, sino el deber de protegerse” para dejar a salvo su legado cultural “para ella misma y para todos los demás” esboza un punto de partida que nadie discute. Pero el paso siguiente, preguntarse cómo hacerlo sin dañar ese legado, da pie a respuestas tan diametralmente diferentes que no atañen en exclusiva al encaje de las comunidades musulmanes europeas, a las relaciones de Europa con el islam en general, sino que afectan también a la protección de las señas de identidad de la cultura política europea, incluido el combate contra el antisemitismo. Y aquí también hace falta comprender para tomar decisiones que sean tributarias de la razón y no de la herida sin cicatrizar de los atentados de París.