Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.

La campaña de las banderas

Cuando lo que más importa son las banderas, la política de las cosas se desdibuja. Así ha pasado con la campaña que acabó el viernes, con los candidatos envueltos en diferentes combinaciones en rojo y amarillo, con los programas para gestionar el desastre que nos acogota ocultos detrás de las emociones y todas las simplificaciones imaginables expresadas desde las tribuna, con la derecha recalcitrante dispuesta a hurgar en el vertedero para sembrar la duda ética. Los candidatos han querido vender el argumento, excesivamente sucinto, de que la única salida posible de la crisis en Catalunya se ha encarnado en la bandera que defienden; los gestores del basurero informativo han optado por desacreditar a los soberanistas, como si esta operación garantizara el éxito de quienes no lo son; los partidarios de la independencia han presentado a sus adversarios como demócratas bajo sospecha.

Así ha discurrido esa alocada carrera en la que han refulgido el rojo y el amarillo de la bandera española, la senyera y la estelada, donde se han barajado, con suerte y rigor dispares, soberanía, independencia, autodeterminación, derecho a decidir, federalismo, confederación y algunos otros vocablos por el estilo, más propios de un seminario de derecho político que de unas elecciones convocadas con un cuarto de la población activa en paro y el Estado del bienestar en estado catatónico. Nadie se ha molestado en aclarar, por ejemplo, a qué momento histórico y político responde el concepto de autodeterminación, incluido en el quinto de los catorce puntos enunciados por el presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson los primeros días de 1918. Así se ha llegado a la hora de la verdad sin que nadie sepa demasiado bien qué consecuencias tendrá su voto, sea este soberanista, federalista, autonomista o algún otro ista no explicitado. Se sabe –es de temer, eso sí– que el día siguiente puede ser mareante, habida cuenta de que a una campaña atosigante, cabe esperar que le suceda fácilmente una interpretación evanescente, delicuescente, puede incluso que hermética.

Woodrow Wilson

El presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson (1913-1921) mencionó el principio de autodeterminación, aplicado a las colonias, en su famoso programa de 14 puntos, presentado ante el Congreso el 8 de enero de 1918.

Para Sandrine Morel, del diario progresista francés Le Monde, la confusión no ha lugar: “Sobre esta capa identitaria maltratada por Madrid, la crisis económica ha sembrado sus propios granos. Ha hecho su camino la idea, largamente alimentada por el Gobierno local, según la cual Catalunya se arreglará mejor sin España”. Edward Cody, comentarista del diario liberal The Washington Post, fue de parecida opinión el 13 de octubre cuando se acercó a los acontecimientos que se desarrollaban en Catalunya: La fiebre separatista crece en España en tiempo de crisis, tituló su artículo, pero le pareció detectar en la opinión pública española la sensación de que, en una sociedad del siglo XXI inmersa en la globalización, el deseo de independencia parecía anacrónico. En todo caso, tanto Morel como Cody abrigan pocas dudas en cuanto a la relación entre el flagelo de la crisis y la efervescencia independentista. ¿Para encubrir con las emociones las políticas puestas en marcha y las por venir, todas ellas condenadas a mutilar el Estado del bienestar? Ahí no entran.

En la crónica de los sentimientos en España y en Catalunya, publicada durante la última semana en las páginas y la web del liberal británico The Guardian, pesan tanto la crisis económica, que ha llevado a la Generalitat a tomar el camino soberanista, como los riesgos de fractura social derivados de la mutua incomprensión del bloque  independentista y del que no lo es, de las diferentes aproximaciones al caso que hacen las sociedades española y catalana. Los autores que han participado en el trabajo de The Guardian hilan muy fino, buscan una explicación global y no dejan escapar un detalle por demás significativo: la naturaleza binaria del debate independentista –a favor o en contra, sí o no– carece en Barcelona del dramatismo con que se produce en otros lugares, según cree percibir el periodista Stephen Burgen. “En nuestro tiempo, las ciudades más internacionales son casi repúblicas por sí solas”, declara Ryan Chandler, que lleva 20 años en la ciudad y es editor de la revista Barcelona INK, escrita en inglés.

Lo que ha hecho The Guardian con el caso catalán, imposible de desligar del escocés para un medio británico, es un esfuerzo de descripción para comprender qué está pasando y por qué. En realidad le importan más los porqués que otras consideraciones. Y la instrumentalización o el aprovechamiento de la crisis económica para capitalizar el sentimiento independentista aparece por doquier, en los reportajes de The Guardian y en los análisis de otros medios, como el que firma Brad Plumer en su blog de The Washington Post, donde recoge un informe elaborado por Crédit Suisse que incluye este párrafo: “Es extremadamente improbable que Catalunya elija la opción de declararse unilateralmente independiente”. ¿Por qué motivo? “El punto de partida básico es –escribe Plumer– que sería económicamente desastroso, y por este motivo es improbable que suceda. Para empezar, el resto de España sería mucho, mucho más pobre”. Esto es: el presunto miedo del Gobierno español a que se consume la secesión llevaría a este a extremar las presiones internas y externas, en especial en la Unión Europea, para cercenar el camino hacia la independencia. Menos alarmado, Louis Emanuel, en el liberal de Londres The Independent vislumbra una crisis constitucional en España si la derecha gobernante no admite que ha llegado la hora de abordar la reforma.

Crédit Suisse

La situación del PIB per cápita catalán y español en el seno de la UE después de una eventual independencia de Catalunya.

Lo cierto es que la crisis constitucional es poco menos que insalvable. Solo sería posible evitarla en el caso muy improbable de que todos los actores políticos cayeran del caballo como le sucedió a Saulo camino de Damasco. De momento, las diferencias de criterio entre la Fiscalía General del Estado y la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cuanto a que la segunda da por “radicalmente falsa y mendaz” la información difundida por El Mundo y ha abierto diligencias por presuntas calumnias, pone de manifiesto la sonrojante politización de los tribunales. Es extremadamente complejo desligar el comportamiento, la opinión y el desempeño profesional de ambas fiscalías –Eduardo Torres-Dulce, en Madrid; Martín Rodríguez Sol, en Barcelona– de los ecosistemas circundantes que las observan, salvo que se tenga cierta predisposición natural a pecar de inocente.

Por la misma regla de tres, no hay forma de deslindar la seguridad de los soberanistas relativa a que Catalunya seguiría en la UE en caso de independizarse de la necesidad de minimizar los inconvenientes y resaltar las ventajas de la soberanía, destinado todo a evitar un enojoso debate técnico-político que determine si el futuro que aguarda en Ítaca es de leche y miel o una ruta llena de repechones interminables como los de los puertos hors catégorie del Tour de Francia. Hasta la fecha se han puesto sobre la mesa una variada muestra de reflexiones inconcretas, adulteradas por la imprecisión de los debates apresurados. Entre las afirmaciones hechas en la campaña se cuentan las siguientes:

-Es posible seguir en la UE después de un corto periodo transitorio de salida y vuelta a la organización a la velocidad de la luz.

-Es posible seguir en el seno del euro mientras se serenan las aguas y puede negociarse el reingreso sin mayores alteraciones.

-Es posible seguir en la UE visto que no hay precedente de expulsión de una parte de su territorio (tampoco lo hay de una secesión seguida de readmisión automática).

-Es posible seguir en la UE sin problemas porque Catalunya cumple todas las condiciones.

Dominique de Villepin

El exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin, partidario de aprovechar la capacidad de los estados intermedios de facilitar el diálogo.

En muy raras ocasiones se ha ido más allá de enunciados tan esquemáticos para considerar otras realidades que forman parte del acervo político-jurídico de la UE: la interpretación más común de los tratados constitutivos de la UE, la interpretación del Tratado de Àmsterdam, la interpretación del Tratado de Lisboa y el pronunciamiento por escrito del 2004 de la Comisión Europea, mencionado por José Manuel Durao Barroso. El presidente de la Comisión, resulta ocioso recordarlo, no es ninguna autoridad infranqueable, pero no habla a humo de pajas en este caso porque, por encima de todos los textos, exégesis y dictámenes figura el cumplimiento de la regla de unanimidad para que un nuevo Estado pase a formar parte del club. Quiere decirse que los eventuales adversarios de la permanencia automática o casi de Catalunya en la UE disponen de material técnico suficiente para escudarse detrás de él.

La argumentación de Brad Plumer en The Washington Post abona la tesis de que la independencia llevaría aparejada la salida de Catalunya de la UE, aunque no dice explícitamente que tal riesgo exista. Pero, en todo caso, acerca el objetivo de la cámara a las zonas de sombra que nadie ha iluminado durante la campaña. En este mar de banderas convertidas en símbolos del futuro tampoco ha habido tiempo y ganas de explicar y sopesar los riesgos inherentes a cada viaje, la naturaleza irreversible de algunas decisiones y el anquilosamiento del esquema autonómico, innovador en su día, pero hoy injusto e ineficaz.

Para Arnaud Leparmentier, el agotamiento de los modelos destinados a garantizar la unidad de los estados se debe a que “Europa es víctima de la paz”. “Esta paz que fue el cemento de la construcción comunitaria –afirma Leparmentier en Le Monde–, talmente parece que permite a los europeos lanzarse a la fragmentación de las entidades estatales en una carrera sin fin”. Es decir que el rumbo que ha tomado la campaña de las autonómicas obedece tanto a la agenda soberanista catalana, establecida por el president Artur Mas desde que empezaron los preparativos de la manifestación del 11 de septiembre hasta la jornada de reflexión, como a la inercia europea. “El país pequeño parece la vía de futuro, como lo atestigua el éxito en las clasificaciones internacionales de las democracias nórdicas. Es más fácil lograr el consenso para acometer las reformas e integrarse en la mundialización”, según le parece a Leparmentier. Y pone ejemplos: “Es el caso de Irlanda, que reduce el impuesto de sociedades; de Luxemburgo, que se transforma en una plaza financiera offshore; de Dinamarca, que goza de todas las ventajas del euro sin los inconvenientes”.

En la larga digresión de Leparmentier no falta el reproche: reputa “egoístas” a esos pequeños países ricos. “Los candidatos secesionistas no quieren financiar sin límite a sus no-compatriotas menos afortunados y a menudo menos trabajadores [sic]: Catalunya se juzga excesivamente explotada por Madrid; los ricos flamencos, por la Valonia desindustrializada; la Italia del norte, por el Mezzogiorno”. Y, después de los reproches, deja que asomen los peligros: “La atomización de Europa conduce a su desmantelamiento. Solo los grandes estados están en situación de responder a la amenaza militar o a la de los mercados”. “Es Europa y no el euro lo que puede estallar”, previene en el mismo artículo el diplomático danés Jörgen Öström Möller.

Ernest Renan

El pensador francés Ernest Renan (1823-1892) pronunció en La Sorbona el 11 de marzo de 1882 la famosa conferencia ‘¿Qué es una nación?’.

El exprimer ministro de Francia Dominique de Villepin escribe en su blog: “El mundo tiene necesidad de países intermedios que facilitan el diálogo. Es el papel tradicional de Suecia o de Francia. También es hoy el papel de Turquía, de Catar o de Brasil. Estas son las sinapsis que permiten que el mundo evolucione, se convierta en más razonable, esté más conectado consigo mismo”. En la reflexión de Villepin, se trata del “poder de compartir el poder”, que no depende del tamaño de los estados ni de su situación geográfica, sino de otras variables –influencia cultural, capacidad financiera, horizonte de crecimiento, influencia política regional–; a veces depende de verdaderos intangibles. La visión de Villepin se diría que desdramatiza las repercusiones de la propuesta soberanista en términos políticos. Pero ¿es posible desdramatizar el debate de las emociones en la que se ha transformado la campaña de las autonómicas? ¿Hay alguna pócima capaz de serenar los espíritus cuando se barajan propuestas en las que no hay sitio más que para el éxtasis o la frustración?

“La existencia de una nación es (perdonadme esta metáfora) un plebiscito cotidiano”, dijo el pensador francés Ernest Renan en una famosa conferencia pronunciada en La Sorbona el 11 de marzo de 1882, titulada ¿Qué es una nación? ¿Es ese el material ideológico que llevó al president Mas a poner la máquina en marcha y al Gobierno de Mariano Rajoy a hacer lo propio para neutralizar la operación? No parece que quepa otra posibilidad que responder sí, salga lo que salga de las urnas, porque, sea cual sea el resultado, se multiplicarán los analistas que le otorgarán un valor plebiscitario.