Otra vuelta de tuerca de Israel

El anuncio de Hamas de considerar una declaración de guerra la próxima anexión por Israel de una parte de Cisjordania es solo uno de los muchos malos presagios que se derivan de la decisión adoptada por el Gobierno de coalición de Binyamin Netanyahu y Benny Gantz. La flagrante vulneración del derecho internacional, la petición de las Naciones Unidas y de la Liga Árabe de que no se consume la anexión y el rastro de impunidad que deja el propósito de Israel de herir de muerte la solución de los dos estados alimenta la estrategia de los partidarios de las respuestas radicales y procura nuevos auditorios a los predicadores de la yihad. Todo cambiará para mal el día que Israel anuncie que una parte de los territorios ocupados, incluido el valle del Jordán, son tierras bajo su soberanía.

La complicidad de la Administración de Donald Trump refuerza la determinación del Gobierno israelí de desoír a la comunidad internacional y desobedecer cuantas resoluciones han sido aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, singularmente la 242, del 22 de noviembre de 1967, que obliga a Israel a retirarse de los territorios ocupados. Al mismo tiempo, la fragmentación del territorio palestino, sembrado de enclaves israelís, y la gestión en exclusiva del agua del Jordán condena a la Administración palestina a una dependencia permanente de los designios israelís y mutila sin remedio la soberanía de cualquier futuro Estado palestino, más improbable a cada día que pasa.

La declaración del secretario de Estado, Mike Pompeo, según la cual la decisión de anexionarse parte de Cisjordania es responsabilidad exclusiva de Israel es incongruente con el entusiasmo de Trump al anunciar un “acuerdo histórico” para hacer efectiva la solución de los dos estados. Lo cierto es que, más allá de la desfiguración de la realidad mediante un juego de espejos deformantes, el paso que Israel se dispone a dar con el apoyo de Estados Unidos hiere de muerte el proceso abierto en Madrid (1991) y Oslo (1993), deja sin efecto las esperanzas depositadas en una progresiva consolidación de la soberanía palestina y da la razón a cuantos en 1993 señalaron lo acordado como un grave error estratégico de los dirección palestina encabezada por Yasir Arafat.

El eminente Edward W. Said escribió en El fin del proceso de paz (2002): “No hacer negociaciones es mejor que las interminables concesiones que simplemente prolongan la ocupación israelí. Sin duda Israel está satisfecho de poder llevarse el mérito de haber logrado la paz y, al mismo tiempo, continuar la ocupación con el consentimiento palestino”. Por aquel entonces no faltaron voces que consideraron la opinión de Said la de un intelectual radicalizado en el confort de las aulas de la Universidad de Columbia. El establishment prefirió dar crédito a Nabil Saath, colaborador de Arafat, que presentó lo acordado en Oslo y firmado en Washington como expresión de una “paridad total” entre israelís y palestinos. Tal paridad o igualdad de trato se esfumó hace décadas.

El diario progresista israelí Haaretz sostiene que lo que el Gobierno de Israel piensa hacer es “la formalización de su ocupación antidemocrática”, algo en lo que coinciden diferentes sectores minoritarios de la opinión pública. ¿O no tan minoritarios? Una encuesta elaborada por la organización de izquierda Iniciativa de Ginebra concluye que el 41,7% se opone a la anexión frente al 32,2% que la apoya y que el 48% entiende que perjudicará la posibilidad de acordar la paz con los palestinos. Es decir que aquello que empiece a concretarse de la anexión a partir del próximo miércoles, con respaldo mayoritario en el Kneset (Parlamento), apenas estará en sintonía con la calle israelí: solo el 3,5% de los consultados incluyeron la anexión entre sus dos mayores prioridades de futuro.

Al mismo tiempo, es improbable que la anexión dé pie en la sociedad israelí a grandes movilizaciones más allá de las que previsiblemente promoverán Paz Ahora y alguna otra organización que entiende que hacer realidad el lema paz por territorios no es solo la única salida políticamente viable, sino también la única humanamente justa. En una sociedad muy dividida, militarizada en extremo y educada en la idea de que la primera derrota entrañará el final de Israel, es difícil que los contrarios a la anexión pasen de la desaprobación a la protesta; en una sociedad acostumbrada a un nacionalismo exacerbado, aclimatada a la presión del fundamentalismo mosaico y heredera de los pogromos y el Holocausto ha cuajado la idea de que es depositaria de una legitimidad sobrevenida por las penalidades del pasado.

“Tras 2.000 años de una historia trágica, los judíos tenemos una necesidad desesperada de una casa. Israel debería serlo, pero lo que tenemos es una casa con paredes que se mueven y en la que los palestinos exigen propiedad de algunos cuartos. No tendremos un hogar hasta que los palestinos no tengan uno y ellos no tendrán uno hasta que nosotros no tengamos sensación de hogar”, piensa el escritor israelí David Grossman, que perdió un hijo víctima de un misil disparado por Hizbulá. Quizá sea esta una idea compartida por muchos o bastantes ciudadanos israelís, pero más allá de la disidencia habitual en el mundo académico y en el de la cultura, pesa más el espíritu de resistencia. Una situación que se da en mayor medida y con más motivo en Cisjordania y Gaza, condenadas a un rosario inacabable de calamidades, guerras y dos intifadas.

El analista Alain Frachon recuerda en Le Monde el doble reconocimiento del derecho de Israel a existir y de los palestinos a ejercer la autodeterminación, contenido en la declaración de Venecia aprobada hace cuarenta años por los nueve socios de la Comunidad Económica Europea, un tiempo en el que Israel y Estados Unidos se negaban a reconocer a la OLP como representante de los intereses palestinos y nadie defendía la solución de los dos estados. Aquella declaración fue un episodio de verdadera política exterior europea que influyó en el papel desempeñado por Europa en las décadas siguientes en el conflicto palestino-israelí. Fue una muestra de poder blando avant la lettre que hoy es dudoso que se repita, pero que es más necesario que nunca para que quepa resolver el crucigrama sin que ocupen el escenario los jinetes del Apocalipsis.

Nueva crisis de refugiados en Europa

La última entrega del desastre relacionado con la guerra en Siria tiene pocas trazas de ser una herramienta útil para bajar el tensión: el acuerdo de alto el fuego en el frente de Idleb, alcanzado el jueves en Moscú por los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, tiene más de componenda de cara a la galería que de otra cosa. La alianza oportunista cerrada no hace demasiados años por los dos mandatarios ha dejado al descubierto la contradictio in terminis inherente a ella y su cercanía a la imposible cuadratura del círculo. El resumen de tal contradicción es que Rusia es el gran aliado del régimen de Bashar al Asad y Turquía es, ahora mismo, el mayor adversario sobre el terreno del régimen sirio, dos caminos que divergen en el seno de una misma guerra.

El resumen de la situación que hace el think tank Eurasian Group es a la vez breve y preciso: “La lucha ha llevado a la provincia siria de Idleb al punto de ruptura. Las fuerzas sirias están respaldadas por Rusia, los rebeldes sirios atrapados dentro de la ciudad y los militares de Turquía están directamente involucrados, y los riesgos en este conflicto han aumentado dramáticamente en los últimos días a medida que el conflicto amenaza con generar una grave crisis humanitaria que envía ondas de choque a través de Turquía hacia Europa”. Y si la Unión Europea se halla dentro del laberinto es a causa de la resolución en falso de la crisis de los refugiados de 2015 y su pretensión de liberarse del problema mediante el recurso a terceros (Turquía), desoyendo las advertencias de oenegés y analistas independientes que alertaron en su momento de la falta de fiabilidad política y jurídica del régimen turco para los europeos y para los refugiados.

Al echar la vista atrás, sobresalen dos decisiones encadenadas por los socios de la UE: la cicatería a la hora de allegar recursos para afrontar la acogida de centenares de miles de personas que huían –siguen huyendo de la guerra, del hambre y de otras miserias– y el acuerdo con Turquía, que a cambio de percibir 6.000 millones de euros aceptó convertirse en 2016 en un contenedor de refugiados (hoy, 3,7 millones). Un Consejo Europeo limitó a 170.000 los recién llegados que acogería en su suelo, repartidos en cuotas prefijadas para cada país, fue incapaz de doblegar la insolidaridad de los socios que se negaron a hacerse cargo del número de refugiados que en principio les correspondía y demasiados gobiernos presentaron el cierre de fronteras como un gran logro nacional que, por cierto, animó a la extrema derecha a porfiar en sus mensajes demagógicos y a ganar cuotas de mercado elección tras elección.

Si a este despropósito se añade el acercamiento del Gobierno turco hacia Rusia y su pretensión de que, al mismo tiempo, la UE y la OTAN apoyen su posición en la guerra siria, la situación aparece, como poco, más que inmanejable por un mínimo de cinco razones:

Primero, el destino principal de los refugiados que, estimulados por la apertura de fronteras, intentan entrar en Europa es Grecia,  y el secundario, Bulgaria. Ambos países son socios de la UE y de la OTAN.

Segundo, Turquía forma parte de la OTAN desde 1952, fue una pieza fundamental durante la guerra fría, pero ha girado la vista hacia Rusia, una anormalidad absoluta.

Tercero, la decisión del Gobierno turco de reforzar el control policial de la frontera con Grecia para impedir que los refugiados rechazados por Grecia puedan regresar a Turquía afecta a uno de los socios europeos con recursos más limitados, dañada su economía por mucho tiempo a causa de la erosión que sufrió durante el largo y traumático proceso de rescate –perdió más del 25% del PIB–, y obliga a la UE a movilizar recursos en apoyo del Gobierno de Atenas.

Cuarto, la propuesta de Josep Borrell de establecer una zona de exclusión aérea en el noroeste de Siria será una tarea que, en su caso, corresponderá a la OTAN y deberá contar con alguna forma de aceptación más o menos explícita de Rusia.

Quinto, el comportamiento de Turquía al abrir la frontera a los refugiados es un incumplimiento flagrante del acuerdo con la UE y una utilización política inhumana de los refugiados, cuyos derechos mínimos de inviolabilidad y seguridad nadie defiende.

Es una simplificación dar por sentado que el origen de todo está en la muerte de 33 soldados turcos el 27 de febrero durante un bombardeo sirio contra posiciones rebeldes. Es más exacto remontarse a la larga intromisión o implicación de Turquía en la guerra desde el momento en que la comunidad kurda consolidó su posición en el noreste de Siria mediante la eficaz movilización de los combatientes peshmergas, quiso presionarlos y dividirlos en dos frentes y, al mismo tiempo, asegurar una posición segura en la vecindad de Idleb y lograr todo eso con la complicidad de Rusia. O lo que es lo es lo mismo: el presidente Erdogan privilegió un acuerdo bilateral con Rusia, no contó con sus aliados históricos de Occidente y vio en la guerra de Siria una gran oportunidad para participar en la disputa por la hegemonía regional.

También es una simplificación creer que los europeos no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto en curso. Desde el instante en que optaron por solucionar la crisis migratoria con el acuerdo con Turquía se convirtieron en rehenes de un régimen progresivamente imprevisible, que ha optado por estimular el nacionalismo, recurrir al recuerdo del otomanismo para justificar la islamización de los aparatos del Estado y relativizar la profundidad de sus vínculos con Occidente. A la postre, la solución turca adoptada por la UE fue muy reveladora de la debilidad estructural de la organización, incapaz de imponer a todos los socios una solución interna diferente a la que en última instancia adoptó y de sobreponerse a cuantas voces se alzaron en 2015 para rechazar soluciones más costosas, menos simples, pero más respetuosas con los derechos humanos. De aquel ejercicio político de bajos vuelos se deriva el problema que desafía ahora a los socios de la UE en la frontera sudeste de los Veintisiete.

En Reflexiones sobre el exilio, Edward W. Said escribió: “La cultura occidental moderna es en gran medida obra de exiliados, emigrados, refugiados”. George Steiner habló alguna vez del tiempo de los refugiados, de quienes se ven obligados a buscar el futuro lejos de su tierra, su mundo, su cultura. Pero los gestores políticos de ese tiempo de desplazados han olvidado la guía ética de estos y otros autores, como si entre aceptar que todo el mundo entre en Europa sin más y desentenderse de la suerte de cuantos intentan hacerlo no hubiesen alternativas intermedias para evitar que los desplazados no fueran doblemente víctimas: por su condición de tales y por su sometimiento a condiciones de vida degradantes. La solución turca para contener el flujo de refugiados con destino a Europa lo es todo menos una alternativa defendible.

Seis días y medio siglo

Al cumplirse medio siglo de la Guerra de los Seis Días (5-1o de junio de 1967), lo menos que puede decirse es que la soberbia israelí, apoyada en la complacencia de Estados Unidos, y el agravio palestino dividen a la opinión pública, radicalizan las opiniones y alimentan los aspectos emocionales del conflicto por encima de otras consideraciones. Todas las consecuencias de aquella guerra han acentuado año tras año la postración palestina y la política de hechos consumados de Israel en los territorios ocupados de Gaza, condenada al asedio permanente, y de Cisjordania, sometida a la lógica humillante de la ocupación, el apartheid y la proliferación de asentamientos, una forma de colonización encaminada a hacer imposible la solución de los dos estados.

Los seis días de junio de 1967 en los que Israel se adueñó de la península del Sinaí, la franja de Gaza, Jerusalén oriental, Cisjordania y los altos del Golán cambió para siempre los datos esenciales del conflicto árabe-israelí y condenó a la comunidad palestina a la postración y al sometimiento. Ni la resolución 242 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que impone a Israel la devolución de la tierra conquistada, ni las que la siguieron hasta la fecha, redactadas todas en idéntico sentido, cambiaron la inercia política. La evolución de los acontecimientos que permitió llegar a los acuerdos de Oslo, y de allí a un desenlace de la crisis resumido en la máxima paz por territorios, en la idea de los dos estados, fue una gran esperanza marchitada por la Realpolitik, la libertad de acción de los colonos y la enérgica oposición de la derecha israelí, la extrema derecha religiosa y diferentes formas de nacionalismo bíblico de desalojar el espacio destinado al Estado palestino, un proyecto sumido hoy en la desesperanza.

“Nadie puede limitar nuestras fronteras”, dijo en 1948 David ben Gurión, padre del Estado de Israel, y a él se atribuye la frase más rotundas de cuantas resumen la línea de conducta seguida por sus sucesores: “Los límites de nuestro Estado está en la punta de nuestros fusiles”. ¿Qué integrante del Gobierno de Binyamin Netanyahu negaría la vigencia práctica de la sentencia? ¿Quién puede negar en nuestros días que la de 1967 fue una guerra de elección con un objetivo territorial? ¿Quién puede negar que la derrota árabe de los seis días fue una segunda naqba (catástrofe) porque convirtió a los palestinos en un pueblo sojuzgado, permitió a Israel fijar la agenda y condenó al olvido el ideal panarabista, predicado por Gamal Abdel Naser, sustituido por el pragmatismo financiero de las petromonarquías, encabezadas por Arabia Saudí?

Sucedió además que, más allá de la resolución 242, la guerra borró muchas de las preocupaciones de los aliados de Israel, y en primer lugar de Estados Unidos, que siempre vieron en el rais a un adversario, cuando no a un enemigo. Pero ese alivio hizo posible un futuro en el que con harta frecuencia el Departamento de Estado anduvo por detrás de los acontecimientos, inclinado demasiadas veces a justificar lo injustificable o a aceptarlo de facto en nombre de la seguridad en Oriente Próximo y de la influencia estadounidense en una región inclinada a la inestabilidad. Si en un primer momento cupo atribuir esta situación a la lógica de la guerra fría, superada esta no quedó otro argumento sobre la mesa que la necesidad de Estados Unidos de contar con un aliado fiable en el centro del mundo árabe, pertrechado de una superioridad tecnológico-militar sin comparación posible con sus vecinos.

El convencimiento de intelectuales palestinos tan relevantes como Edward W. Said de que los acuerdos de Oslo no fueron más que “un instrumento de la rendición palestina, un Versalles palestino” obedeció al hecho de que, analizada la situación desde 1967, el objetivo del acuerdo fue comprometer a los líderes Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en un proceso sujeto a las necesidades de Estados Unidos e Israel. Mientras Occidente y la OLP, dirigida por Yasir Arafat, saludaron la creación de la Autoridad Nacional Palestina como el paso definitivo para liquidar la ocupación y dar una oportunidad a la solución de los dos estados (paz a cambio de territorios), el frente crítico entendió que quedaba en manos de la disposición israelí a hacer concesiones el alumbramiento de un Estado en Cisjordania y Gaza. La historia les ha dado la razón.

También ha dado la razón a quienes vieron en el desplazamiento del eje árabe de Egipto a Arabia Saudí la progresiva mutación genética de la crisis: de un conflicto árabe-israelí a otro palestino-israelí (con el apoyo sentimental del mundo árabe). La derrota de Naser, un autócrata nacionalista con inquietudes socializantes, fue la ocasión propicia para cambiar el signo de los tiempos: los señores del petróleo se sintieron liberados para acercarse a Estados Unidos, condicionar el comportamiento de la Liga Árabe y explorar terceras vías para hacer negocios en Occidente. La muerte de Naser en 1970, la guerra árabe-israelí de 1973 y el subsiguiente embargo petrolífero fueron tres acontecimientos definitivos para el acuerdo que permitió a Egipto establecer relaciones con Israel sin que, por lo demás, se tuviera en cuenta el coste que la operación tuvo para los palestinos.

Puede decirse que la Guerra de los Seis Días y cuanto sucedió después de ella se hizo a costa de una alternativa política razonable para la comunidad sometida a ocupación. La multiplicación de proyectos radicales, tintados de yihadismo –Hamás, la Yihad Islámica y algún otro–, la división de las facciones palestinas y el desprestigio de la autonomía son la consecuencia directa de la manipulación del agravio palestino por todo el mundo, incluidos muchos de los dirigentes que acompañaron a Yasir Arafat en su larga peripecia personal y que ahora constituyen el entorno de Mahmud Abás.

Golda Meir dijo en 1969: “¿Cómo nos piden que nos retiremos de los territorios ocupados si allí no vive nadie?” Si alguien sostuviera hoy esto en público, le lloverían las descalificaciones. Y acaso sea este el mayor de todos los cambios habidos en esa larga crisis: la decantación de la opinión pública, el impacto moral de un conflicto asimétrico sin visos de que pueda evolucionar hacia un divorcio amistoso, ya que se antoja poco probable una vecindad cooperativa. Otros logros posibles son meros deseos que no hay forma de encauzar salvo que se den por lo menos dos cambios significativos: la implicación decidida de Estados Unidos en el conflicto, por un lado, y la unidad de la dirección palestina, por otro. Mientras esto no suceda, las penalidades palestinas remitirán siempre a la derrota de 1967, a aquellos seis días que cambiaron por tiempo indeterminado el mapa de Oriente Próximo; mientras prevalezca la lógica israelí de los hechos consumados, de los asentamientos, del muro de Cisjordania y de las operaciones de tierra quemada en Gaza, ganarán adeptos los predicadores del apocalipsis en el universo palestino.