La pandemia atenaza Europa

La segunda ola de la pandemia ha sumido a los europeos en una mezcla tóxica de desorientación y escepticismo por lo que puede deparar el futuro, ha dejado al desnudo la debilidad o la improvisación de muchos liderazgos y ha alentado la reacción disparatada de algunos políticos que creen haber encontrado en la extensión de la enfermedad el arma ideal para desbancar a sus adversarios (el caso español, uno de los más relevantes). Mientras se dispara la curva de contagio y la comunidad científica reclama que se limite la dinámica social a lo estrictamente necesario, hay quien se parapeta en la toga de los jueces para arremeter contra quienes, por lo menos, anteponen la salud de sus conciudadanos a otras consideraciones. Mientras todo esto sucede, opiniones públicas saturadas por informaciones cruzadas, a menudo contradictorias, y por redes sociales que difunden toda clase de teorías extravagantes, se preguntan ¿y ahora qué?

La oportunidad regenerativa que el filósofo Emilio Lledó vio en mayo en la lucha contra el virus se ha desvanecido en gran medida porque una realidad acuciante se ha adueñado del centro del escenario. Una forma insensata de desunión a la hora de afrontar la enfermedad ha sentado a los europeos ante sus propias limitaciones; ha hecho aflorar en España todas las carencias de un modelo descentralizado, pero sin instrumentos de coordinación efectiva de las autonomías; ha puesto en evidencia la estupidez economicista cometida en muchos países, no solo en España, al recortar los recursos de la sanidad pública; ha dejado al descubierto como una falacia la pretendida solidez de estructuras sociales que se desmoronan.

Cuando el profesor italiano Massimo Cacciari afirma que la pandemia “es un formidable acelerador de tendencias culturales y sociales que existían desde hace décadas” evita presentar la crisis desencadenada por la enfermedad como una puerta abierta a la regeneración. Más parece que lo que ahora se concreta de forma acelerada –“la organización general del trabajo, la hegemonía de los sectores económicos y financieros conectados a las nuevas tecnologías, la crisis de las formas tradicionales de democracia representativa”– no es más que un cambio inexorable que causa la quiebra del pacto social porque se da sobre la marcha y va por delante de las iniciativas políticas que pretenden gestionarlo.

El programa de reconstrucción impulsado por la Unión Europea pone el acento en la energía verde, la contención de la emergencia climática y la digitalización en todas direcciones. Al mismo tiempo, el aumento del paro derivado de la hibernación de la economía y la marcha atrás en muchos ámbitos a causa de los rebrotes, obliga necesariamente a retrasar los efectos beneficiosos que puede tener el plan promovido por Bruselas. Y aun en el caso de que tales efectos se pongan de manifiesto a medio plazo, no hay garantías de que sean suficientes para rescatar de la marginalidad a un número indeterminado, pero muy alto de familias europeas, cuyo modo de vida se ha llevado por delante el covid-19 y ha agudizado las desigualdades. La pregunta contenida en un editorial de The New York Times es perfectamente aplicable a Europa: “¿Cuánta gente se verá condenada a una prolongada marginalidad a causa de la crisis económica?”

El punto de interrogación es pertinente porque del precedente dejado por la salida de la crisis de 2007-2008 cabe sacar bastantes enseñanzas. Acaso la principal sea que doce años después de que se tambaleara la economía, aún son muchos los que han visto su estándar de vida disminuido y es un hecho que segmentos muy importantes de la clase media perdieron un poder adquisitivo que no han recuperado. Quizá la segunda lección relevante es el ascenso de la extrema derecha, de un populismo oportunista de inspiración neoliberal o iliberal que gana espacios de poder elección tras elección o bien obliga a los grandes partidos que construyeron la Europa de la posguerra a pergeñar apresuradas alianzas para afrontar el desafío (Alemania, el ejemplo más ilustrativo).

El empresario alemán Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial, advierte: “Las reglas de comercio, tributación y competencia que reflejan décadas de influencia neoliberal ahora tendrán que ser revisadas. De lo contrario, el péndulo ideológico –ya en movimiento- podría oscilar de vuelta hacia el proteccionismo a gran escala y hacia otras estrategias económicas perjudiciales para todos”. Tal revisión es ineludible porque el proteccionismo se ha convertido en una de las señas de identidad de los eurófobos, los euroescépticos y otros especímenes ideológicos que no pretenden corregir los excesos de la globalización, sino herirla de muerte. Pero, de nuevo, los cantos de sirena proteccionistas en el seno de sociedades que están lejos de haber controlado la enfermedad cuentan con auditorios predispuestos a escucharlos.

La defensa de la salud opuesta a la preservación de la economía parte de un falso dilema porque sin proteger la salud no es posible proteger la economía. Cuanto más tiempo sean necesarias medidas excepcionales que limitan actividades económicas o simplemente las impiden, mayor será el impacto en la economía, que es tanto como decir en el mercado de trabajo, en la viabilidad de las empresas y en el sostenimiento de los amortiguadores sociales que atenúan la onda expansiva de la crisis. Es esta una opinión compartida por la mayoría de analistas, pero que el populismo negacionista se resiste aceptar, aunque las cadenas de contagio se disparan sistemáticamente allí donde prevalece una presunta protección de la economía. Si a ello se suma la brega para erosionar a los contrincantes  políticos –véase Madrid–, se provoca una situación moralmente reprobable y materialmente ruinosa.

“No habrá recuperación sostenible de la economía y del empleo mientras no logremos cicatrizar las heridas mentales y sociales que deja la pandemia”, ha escrito en EL PERIÓDICO el profesor Antón Costas. A los ciudadanos europeos, en general a los ciudadanos de Occidente, nos queda mucho camino por recorrer: de momento, nos hemos instalado en la fase depresiva, que no es incompatible con cierto hartazgo y una sensación colectiva de fracaso. Transitar a través de esa densa neblina requiere el concurso de dirigentes políticos dispuestos de antemano a no manipular las emociones, a olvidarse de los eslóganes y a no dar falsas esperanzas. El recuento de víctimas es demasiado alto como para que salgan indemnes quienes se entreguen a tales prácticas reprobables.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Pandemia y democracia

“De repente, mi cabeza se ha llenado de recuerdos de la guerra civil. Yo era un niño, pero me vienen imágenes muy vivas. La misma inseguridad. Los hábitos del miedo: no salir a la calle, protegerse, ponerse a cubierto. Sin embargo, aquel era un miedo concreto, sabíamos quién era el enemigo. Este es un miedo abstracto, difuso, extraño”,  declaró a finales de marzo en El País el filósofo Emilio Lledó. Este miedo inconcreto, causado por un agente invisible, llevó a la siguiente conclusión al eminente pensador: “El desconcierto no ayuda a pensar bien, cuando lo que más necesitamos en este momento es justo lo contrario: la razón contra el caos”. Y sin embargo, es necesario pensar bien para avizorar los riesgos que se ciernen sobre el futuro como resultado del combate contra la pandemia, y uno de ellos –por cierto, no el menor– es la posible degradación de los sistemas democráticos.

No es este un peligro ni nuevo ni desconocido. La historia de lo que llevamos de siglo XXI guarda pruebas fehacientes de que todo ha ido a peor en cuanto atañe a la calidad de la democracia. El combate contra el terrorismo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la resolución o gestión de la crisis financiera mundial desencadenada en 2008 han tenido un alto coste. En el primer caso, siguiendo la estela de Estados Unidos y las disposiciones del Gobierno de George W. Bush, con la aplicación de protocolos de seguridad que con demasiada frecuencia tratan a los ciudadanos como sospechosos habituales más que como sujetos con derecho a disfrutar de estándares razonables de seguridad. En el segundo caso, mediante una contracción alarmante del compromiso social de los estados, la mutilación del Estado del bienestar y el aumento de las desigualdades y la consiguiente fractura social.

Se ha pasado así a una democracia en la que la seguridad individual y colectiva ha tomado el camino de la contracción sistemática de derechos consagrados hasta fecha reciente. Sin que ningún Gobierno lo haya manifestado con rotundidad, pero con pruebas elocuentes del fenómeno, la seguridad ha pasado a ser algo así como un privilegio cuyo precio es limitar la libertad y la autonomía de los ciudadanos, asociado a la posibilidad de legar a las generaciones futuras modelos políticos en los que los derechos fundamentales serán sistemáticamente mediatizados por razones de seguridad y de viabilidad de la economía (salvo que la emergencia climática tenga tal capacidad destructiva que obligue a una revisión acelerada del modelo).

Tiene fundamento la opinión de que tales riesgos intuidos responden a análisis superados por las características específicas de la sociedad, pero no los cancelan, sino que acaso los agravan. Así se expresa el profesor Daniel Innerarity: “Me parece que, siendo una cuestión importante, ese es un debate de otro tiempo, keynesiano, cuando el asunto acuciante hoy es de qué modo gestionamos inseguridades e incertidumbres que se generan en un mundo acelerado, volátil e interdependiente”. Cabría añadir que se trata de un mundo deslumbrado con demasiada frecuencia por la eficacia, real o presunta, de regímenes como el chino, cuyo compromiso con los derechos humanos, los valores democráticos y la autonomía de los individuos es inversamente proporcional a su esfuerzo de propaganda a escala internacional a raíz de la resolución del contagio del coronavirus.

Los analistas Andrew Sheng y Xiao Geng han firmado un largo artículo para subrayar que la diferencia a la respuesta a la pandemia en Estados Unidos y China no debe atribuirse solo a la diferencia de sus sistemas políticos, sino a su modelo de crecimiento, al impacto de la enfermedad en su sistema financiero. Para el Gobierno chino, la imposición de una determinada forma de resolver la crisis sanitaria es perfectamente consistente con el ADN del régimen; tal aplicación forzosa de medidas chirría en un sistema deliberativo de estructura federal y se hace imposible si, además, quien está legitimado para promoverlas –el presidente Donald Trump– las desacredita y apoya en público a quienes se oponen a ellas en nombre de una idea iliberal de la libertad. En Europa, la distancia entre el modelo chino y el cultivado en la UE no es menos reseñable.

De forma que la referencia china para justificar según qué medidas o según qué proyectos de futuro es del todo indefendible. Esta es una guerra por la salud colectiva, pero no debiera ser la ocasión para una adulteración de la democracia, sino para un reforzamiento de las convicciones democráticas, para la protección de los modelos democráticos y su compromiso futuro con políticas sociales que protejan la dignidad individual y colectiva de los ciudadanos. La situación hoy no es la de 1940, cuando el presidente Franklin D. Roosevelt proclamó que Estados Unidos debía ser “el gran arsenal de la democracia”, porque hoy no hay ninguna arremetida específica contra la democracia como lo fue el régimen nazi, sino que toda posible degradación futura del respeto a las libertades individuales y colectivas será fruto de decisiones tomadas de forma consciente por instituciones y gobernantes originariamente legitimados por sistemas democráticos (véase el caso de Hungría).

La advertencia de Patrick Gaspard, presidente de la Open Society Foundation, acerca de los peligros que entraña el recurso al autoritarismo y a la imposición de soluciones sin fijar plazos es del todo vigente: la historia demuestra que tales medios tienden a perpetuarse como instrumentos de gobierno y control. Dicho de otra forma: de la misma manera que la pandemia justifica las medidas adoptadas por la mayoría de países en nombre del combate contra la enfermedad y la seguridad colectiva, es preciso que los poderes públicos precisen en qué consistirá la “nueva normalidad” en los procesos de desescalada, qué requisitos deberá reunir el futuro para que se restablezca sin restricciones la normalidad conocida hasta que se generalizó el contagio –¿después de una vacunación masiva de la población cuando tal cosa sea posible?– y qué garantías hay de que, superada la pandemia, se restaure la autonomía y libertad de movimientos de los ciudadanos, sin controles adicionales procurados por el desarrollo de las nuevas tecnologías. Es eso algo que no depende ni dependerá de los científicos, sino de los políticos, de los gobernantes, de quienes tienen el deber de garantizar la salud de la democracia.

Como ha escrito Yuval Noah Harari en el libro Sapiens, la cultura occidental ha consagrado la idea de que “todo humano es un individuo y su valor no depende de lo que los otros piensen de él”. El combate contra la pandemia no debe convertirse en la ocasión para menoscabar la autonomía futura de los ciudadanos.

Bárcenas se adueña del micrófono

Resumen de lo publicado entre poco antes y poco después de que Luis Bárcenas saliera de la cárcel previo pago de una fianza de 200.000 euros, que a muchos les parecen pocos menos que simbólicos, pero que se ajustan a derecho según conviene decir en aras de la corrección política y los buenos modales. Vayamos al resumen:

Los bancos andorranos no quieren testificar en el Parlamento catalán sobre las cuentas de Pujol, los dineros de los Pujol o al menos de algunos de los Pujol.

Carlos Floriano, del PP, dice de Luis Bárcenas: “Este señor nos engañó”. Pero el tal señor recibió el aliento decidido de Mariano Rajoy para que resistiese como un jabato.

No pasa un día sin un Gürtel ni semana sin imputación.

Juan Carlos Monedero, de Podemos, promete aclarar cuanto convenga de sus ingresos por trabajos facturados si se lo autoriza… Venezuela.

Tania Sánchez, de IU, tendrá que renunciar a su candidatura por Madrid si resulta imputada en un confuso caso de subvención pública de actividades privadas en las que aparece su hermano.

Susana Díaz, del PSOE andaluz, con el lío de los ERE de por medio (una burrada de millones), sopesa convocar elecciones para obtener la legitimación de las urnas antes de disputar el despacho del PSOE en Madrid a Pedro Sánchez.

Un juez requisa los contratos con la red Púnica en varias dependencias del Gobierno de la Comunidad de Madrid (las sospechas alcanzan a colaboradores directos de Ignacio González, presidente madrileño).

El matrimonio Urgandarín-Borbón vende por seis millones de euros el palacete de Pedralbes, en parte embargado.

Oriol Pujol da a entender que todos son inocentes (entiéndase, los Pujol).

El llamado caso Palau anda atascado en un galimatías procesal que quizá tenga justificación técnica, pero carece de justificación social.

Artur Mas se dispone a aprobar un presupuesto, apoyado por ERC, que incluye ingresos virtuales (dependen de la caja del Estado).

Mariano Rajoy y su séquito están exultantes con las cifras de empleo del 2014, pero resulta que hay más de cinco millones de desocupados, la tasa de paro se mantiene en el 23,7% y en 1,7 millones de hogares nadie tiene un puesto de trabajo.

Y así se podría seguir muchas líneas más a riesgo, claro, de sembrar el aburrimiento cuando no la depresión.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

Datos de Transparencia Internacional correspondientes al año 2013.

El filósofo Daniel Innerarity dice: “Si ponemos el foco en la corrupción, existe el riesgo de pensar que, si no la hay, la política funciona bien. Y a mí me preocupa más la política que no funciona bien cuando no hay corrupción. La política es un instrumento para dar solución a los problemas, por lo que no se trata tanto de un problema de rearme moral, sino de construir un sistema inteligente de gobierno”. El razonamiento resulta impecable, pero a la opinión pública, a los electores, a los contribuyentes, a los ciudadanos, a los votantes, a los administrados les resulta cada día más difícil comprender o aceptar que los administradores son servidores abnegados en su inmensa mayoría; los administrados circulan con la reserva de confianza bajo mínimos y cada día les viene más cuesta arriba admitir que eso de la corrupción es un submundo en el que se ha refugiado una minoría para enriquecerse a costa de la mayoría y de expandir el desprestigio de la política.

Innerarity sostiene, además, a propósito de la corrupción: “Se erosiona la única autoridad por encima de los técnicos, de los expertos. Indirectamente, esa crítica furibunda contra la clase política, a la que algunos quisieran ver fuera de juego, otorga una autoridad a técnicos y expertos que no deberían tener”. Eso está sucediendo ahora, y es un refugio ideal para que gobernantes mediocres y gestores osados se apareen y arrinconen la política, el viejo arte de afrontar los retos de cada época más allá de los libros de contabilidad y de las estadísticas interesadas. Cuanta menos política, más tecnocracia; cuanta menos política, más hojas de Excel, más Fondo Monetario Internacional y desmantelamiento del Estado de bienestar bajo el epígrafe de reformas.

Nada del todo nuevo bajo el sol. Maquiavelo escribió en los Discursos: “Adviértase también la facilidad con que los hombres se corrompen, y cambian de costumbres, aunque sean buenos y bien educados, trocando en malas sus buenas costumbres. Bien estudiados tales sucesos por los legisladores en las repúblicas o en los reinos, les inducirán a dictar medidas que refrenen rápidamente los apetitos humanos y quiten toda esperanza de impunidad a los que cometan faltas arrastrados por sus pasiones”. Lo que sucede hoy –los días de Maquiavelo no fueron muy diferentes en ese aspecto– es que quienes dicen ocuparse de atajar la corrupción albergan, al mismo tiempo, la preocupación de salir trasquilados, de que aquello pensado para sanear la vida pública se vuelva contra ellos o sus allegados políticos a través de una trama de intereses que quizá no controlan o de la que simplemente desconocen la existencia (es último es poco creíble).

Maquiavelo cree incluso preferible confiar en “hombres montaraces” –de nuevo, los Discursos– para fundar una república (entiéndase un Estado de nueva planta) que aquellos de “corrompidas costumbres” que acumulan la experiencia de quienes están avezados en ejercer el poder. A saber si al autor de El príncipe tendría por adecuado cambiar los “hombres montaraces” por recién llegados sin mayor experiencia de gestión política que las tertulias y las aulas universitarias ni más avales que sus promesas bien intencionadas, para el caso Pablo Iglesia y su equipo de Podemos. Pareciera que es ese un ropaje muy sucinto para afrontar el rearme moral que Innerarity no cree primordial, aunque quizá los votantes lo estiman indispensable para superar la insoportable levedad del ser que se ha adueñado de una comunidad decepcionada, desencantada, quizá desesperanzada, aunque Luis de Guindos coseche en Davos felicitaciones de muy variada procedencia, tributarias la mayoría del recetario contra la crisis redactado por los economistas del Bundesbank.

El filósofo Emilio Lledó declaró a El País el 15 de noviembre del 2011, cuando ya llovían chuzos de punta a causa de la corrupción, aunque menos que hoy: No podemos dejar el país en manos de una política con una parte regida por oportunistas y por indecentes. Que el imperio de la indecencia domine en la política es intolerable; ese imperio es fruto del dominio de ciertas oligarquías que piensan que lo único que hay que hacer es ganar dinero y crear ideologías aptas para que esa oligarquía siga con poder”. Pero al escuchar los noticiarios y leer los periódicos desde que Luis de Bárcenas agarró el micrófono a las puertas de la cárcel es difícil sustraerse a la idea de que la agenda política la marca la indecencia de quienes están dispuestos a poner el plato de detritus frente al ventilador para ensuciar a todo el mundo y, de paso, aligerar su cargamento de porquería. Porque al sembrar la sospecha en todas direcciones y socavar el prestigio de todo el mundo, con fundamento o sin él, todos los Bárcenas que hoy se pasean por los juzgados inducen a una opinión pública aturdida a concluir que todos son lo mismo, que ellos no han hecho ni más ni menos que lo que han hecho los demás: llenarse los bolsillos con comisiones, concursos amañados, black cards, cuentas en paraísos fiscales o cualquier otra desvergüenza imaginable o por descubrir.

Esa idea de que todos son lo mismo, de que todos frecuentan la misma alcantarilla, es profundamente reaccionario, antidemocrático e inmoral, pero suma cada día más adeptos y no hay otra forma de salirse de ella que atender a quienes como Antonio Sitges-Serra en este periódico reclaman a los políticos, a los que hasta ahora han dispuesto del poder y a cuantos puedan verse en el futuro en parecida situación, “un propósito de enmienda” que les autorice a ganarse “nuestra confianza y nuestro voto”. Esta petición o ruego tan sencillo, manifestar “un propósito de enmienda”, se halla en las antípodas de la peor versión de la charcutería política que asoma por todas partes, de la política de bajos vuelos pergeñada por gabinetes de asesores encargados de buscar la forma de retener el poder o de conquistarlo mediante las encuestas, los sondeos y los programas que se olvidan en cuenta se apagan los focos al final de cada campaña y empieza el recuento de votos. Se halla, asimismo, en las antípodas del rictus forzado de Rajoy al llegar a la convención del PP mientras Bárcenas seguía con sus declaraciones envenenadas y marcaba el tempo a la orquesta.

“El conformismo es una ideología peligrosa”, declaró el gran periodista y pensador francés Jean Daniel en el 2008. Y el conformismo, debe añadirse, es una forma de pesimismo o de sometimiento, puede que de fatalismo, que alimenta en gran medida el rumbo tomado por la política, sometida a las exigencias implacables de los finanzas globales y al diagnóstico de los tecnócratas. Pero alimentado también por la sensación de impunidad –quizá inexacta o exagerada, pero sensación al fin– de la que disfrutan los Bárcenas de toda ralea, una sensación acrecentada por la salida de la cárcel del exsenador, cuya justificación jurídica, en principio, no hay que poner en duda, aunque mueva a muchos a ver en ella un trato de favor o una mayor comprensión que no alcanza a otros procesados en causas que provocaron menor escándalo, alarmaron menos o simplemente no llegaron a conocimiento de la opinión pública. Serían un gran logro que antes de las elecciones de mayo se impusiera la movilización regeneradora al conformismo para evitar que sean los Bárcenas de turno quienes dicten las reglas de campaña.