A Obama le recuerdan a Nixon

La maldición del segundo mandato persigue con saña a los presidentes de Estados Unidos. Lograda la reelección, el partido al que pertenecen acoge los primeros codazos entre quienes piensan sucederle, sobre todo si el vicepresidente no ha dado señales de aspirar a la Casa Blanca, el partido en la oposición se dedica a sacar el mayor rédito posible de las torpezas del presidente y, en general, Washington considera al reelegido una figura amortizada. Así se encuentra hoy Barack Obama, con varios líos políticos entre manos, la necesidad acuciante de desembarazarse de todos ellos y el recuerdo de varios gates sobrevolando el Despacho Oval: el Watergate, el Irangate, el caso Lewinsky, la posguerra de Bush y demás material histórico de infausta memoria. Este es el sino del reelegido: andar un largo trecho hasta la puerta de salida sorteando los empujones de quienes en un futuro no muy lejano anhelarán su puesto.

“Nixon actuó como supuso que cualquiera lo haría”, ha escrito Amy Davidson en su blog de The New Yorker. “La gente tiene que saber si su presidente es un criminal. Y bueno, yo no soy un ladrón”, hubo de responder un Obama acuciado por los problemas a un periodista que le recordó a Richard Nixon, a aquel escándalo que dejó al descubierto lo peor de la política. Así están las cosas al principio de un segundo mandato que, en principio, debería beneficiarse de la desorientación de la facción liberal del Partido Republicano, de la recuperación de la economía y de la fama de primero de la clase que acompaña a Obama allá adonde va. Pero en una semana han aparecido en escena la intromisión en el historial de llamadas de la agencia de noticias Associated Press (AP), el celo especial de Hacienda para olisquear las cuentas de los grupos del Tea Party y las dudas relativas al papel del Departamento de Estado en el asalto al Consulado de Estados Unidos en Bengasi, que costó la vida al embajador en Libia, y el cielo se ha oscurecido como en los peores días de temporal.

Escándalos EEUUEl presidente ha podido salvar razonablemente bien las críticas furibundas por el episodio de Bengasi al hacerse públicos los correos electrónicos enviados desde Washington, que desmienten las informaciones difundidas por la cadena de televisión ABC y el semanario The Weekly Standard sobre la imprevisión de Hillary Clinton, pero en los otros dos casus belli se encuentra atrapado Obama entre la solvencia de sus protestas y los excesos de varios altos funcionarios de su Administración, incluido el fiscal general del Estado (ministro de Justicia), Eric Holder. En el caso del celo escrutador en el universo del Tea Party, porque la dimisión de Steven Miller, director del Internal Revenue Service (IRS), nombre de la Agencia Tributaria de Estados Unidos, está lejos de haber cerrado el escándalo de la inspección discriminatoria; en el caso de AP, la invocación con la boca pequeña de la seguridad nacional para justificar la intromisión en el trabajo de los periodistas suena a algo tan antiguo, desgastado e injustificable que carece de credibilidad.

El comportamiento del IRS, aunque ahora se diga que no obedeció a motivos políticos, causa bochorno por su naturaleza sectaria. Que Obama califique de inexcusable el comportamiento del equipo de Miller tiene un valor relativo, aunque finalmente se confirme que la investigación de las declaraciones de impuestos de organizaciones muy conservadoras, pero perfectamente legales, fue la decisión de alguien que quiso ser más papista que el Papa. Y ese valor relativo obedece al hecho de que los mecanismos de control interno de la Administración no han funcionado como es debido porque no han sido capaces de atajar comportamientos desordenados. Eso si no se descubre alguna implicación de rango superior –los medios con mejores fuentes pondrán manos a la obra– que empeore las cosas. Y en este supuesto no habrá forma de invocar la seguridad nacional para justificar lo que no tiene un pase.

En todo caso, recurrir a las servidumbres de la seguridad nacional en una sociedad adulta, sometida a engaños escandalosos como el de las armas de destrucción masiva, resulta cada día menos eficaz, más indecente incluso. David Bromwich, un profesor de Literatura de la Universidad de Yale, sostiene que las referencias a la seguridad nacional hechas por algunos funcionarios del Gobierno, después de conocerse que habían accedido al historial de llamadas de unos 100 periodistas de AP, responden al perfil de un Estado paternalista que se relaciona con los ciudadanos como si fueran niños. “El paternalismo es la ideología propia de un Gobierno que trata a los gobernados como niños –escribe Bromwich–. El deber de un padre hacia su hijo es, por encima de todo, protegerlo y garantizar su seguridad. De forma parecida, el deber del Estado paternal es custodiar la vida y la seguridad, la salud y la prosperidad del pueblo”. Siguiendo con el símil, el articulista se refiere a que a veces los niños hacen preguntas acerca de asuntos que quedan fuera de su comprensión, y así también el Gobierno considera que solo él está en condiciones de medir el riesgo inherente a algunos asuntos hurtados al conocimiento de la sociedad.

Detrás de la ironía del profesor se agita la crítica a la estrategia seguida por el equipo de Obama para cortar las filtraciones que entiende afectan a la seguridad nacional, sobre todo a partir de los despachos difundidos por Wikileaks, que dejaron al descubierto el aparato digestivo del Departamento de Estado. Una estrategia que es, según Bromwich, una prolongación de la diseñada por el vicepresidente Dick Cheney durante la Administración de George W. Bush: “La continuidad desde el 2001 al 2013 explica algunas otras cosas. El secretismo extremo que prevalece en y alrededor de la Casa Blanca de Obama fue en sí mismo un secreto hasta recientemente, silenciado por una prensa dócil esperanzada en recibir un mejor trato en el futuro”.

¿La referencia a la prensa apunta a la presunta sumisión al poder de los medios liberales? ¿El secretismo remite, sin mencionarla, a la corte de sombras de Nixon? ¿Hasta qué punto el secreto en nombre de la seguridad es compatible con los derechos de los ciudadanos? Porque, en última instancia, “¿podría ser cierto que los americanos están mejor en la medida en que conocen las condiciones reales de vida?”, se pregunta Bromwich al final del artículo. Todas esas preguntas resultan inquietantes y pueden formularse en el seno de todas las sociedades democráticas, sometidas a criterios de seguridad colectiva que obedecen tanto a razones confesables como a supuestos indefendibles. Entre estos últimos figura el recurso a recordar, como hace el politólogo Bob Cesca, que la Administración que precedió a la de Obama también hocicó en las cuentas del campo demócrata y se inmiscuyó en la labor de la prensa. El recordatorio tiene efectos demoledores porque por ese camino se puede llegar a la conclusión de que la opacidad es una condición intrínseca al poder a la que se acoge disciplinadamente el liberal y reformista Obama lo mismo que su antecesor, conservador hasta el último detalle.

Resulta inquietante la conclusión de Peter Baker en The New York Times, cuya cercanía al presidente es indiscutible: “Obama puede tener razón en algunas de las cosas que no puede hacer, pero también ha tenido problemas últimamente para presentar una visión de lo que puede hacer”. En el fondo subyace la eterna pregunta que formulan los electores en cualquier democracia: ¿qué utilización hacen los gobernantes del poder y de qué margen de maniobra disponen para sobreponerse a las tramas de intereses creados, las grandes superestructuras cuya existencia se prolonga en el tiempo más allá de los cambios en el Gobierno, los cambios en los programas y los deseos de los ciudadanos? Si a eso se añade que la autonomía de los medios (caso AP), la igualdad fiscal (caso IRS) y la seguridad exterior (caso Bengasi), pilares de Estados Unidos desde los primeros días de la nación, han resultado dañados casi al mismo tiempo, se entiende que Obama tenga que afrontar una primavera tormentosa.

Si el presidente no diluye los problemas mediante una rápida recuperación de su imagen pública, el camino de aquí a las elecciones de noviembre del 2014 puede ser muchísimo más duro de lo que podía prever. Los republicanos saben que, a falta de mejores argumentos, la figura de un presidente debilitado le priva de influencia en el Congreso, siembra la duda en su partido y desgasta a los posibles candidatos demócratas a sucederle antes de que den el primer mitin. Y esto último puede provocar la quiebra de la sintonía entre el presidente y el partido cuando, más allá de lo que recojan las encuestas, se extienda por Washington la impresión de que el desgaste de Obama puede reflejarse en las urnas, como explica el politólogo Jonathan Bernstein en The Washington Post. Barack Obama es un hombre culto, un político experimentado y un orador brillante, pero no es un líder inmune a las flaquezas y servidumbres derivadas de la complejidad del poder que encarna. Se ha extinguido el resplandor de la victoria histórica de un senador negro en noviembre del 2008 y se impone la realidad del coste diario del poder.

Una piedra en el zapato de Obama

Guantánamo

Un grupo de presos en el Campo VI del penal de Guantánamo rezan un día de marzo del 2011.

La cárcel de Guantánamo es una piedra en el zapato del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que enturbia sus relaciones con el mundo musulmán, inquieta a una parte de su electorado, comprometido con la defensa a ultranza de los derechos humanos, y es motivo de controversia en los pasillos del Congreso. Obama reiteró a comienzos de semana que es preciso acabar con el limbo legal en el que se encuentran 166 internados en las celdas de Guantánamo, recurrió al discurso de los valores para deplorar la situación, pero se impuso la idea de que la solución al problema no será ni fácil ni inmediata. No solo porque hay obstáculos jurídicos y políticos que parecen insalvables, sino porque el atentado de Boston del día 15 ha refrescado en las memorias la guerra contra el terrorismo y el concepto de combatiente enemigo, que llevó a Guantánamo a un conglomerado variopinto de detenidos a los que se aplicó a partir de la guerra de Afganistán una legislación ajena al derecho internacional.

En la prisión de Guantánamo hay un centenar de individuos en huelga de hambre, que en su mayoría son alimentados por la fuerza. De los 166 internados que permanecen en la base, 86 podrían ser liberados si algún país los acogiese con garantías; el resto están incursos en diferentes situaciones alegales que, en el mejor de los casos, violentan los derechos procesales más elementales y, en el peor, hace años que niegan a los interesados ser sujetos de derechos. Frente al derecho internacional humanitario recogido en las convenciones de Ginebra, desde la segunda mitad del siglo XIX hasta las últimas especificaciones del 2005, en la base militar estadounidense en la isla de Cuba se ha levantado un penal con leyes propias –pocas– y la arbitrariedad como norma, un lugar que durante años fue “una cámara de tortura” (Noam Chomsky) si es que no lo sigue siendo por el mero hecho de mantener encerradas contra su voluntad a personas contra las que no se ha formado causa penal alguna. Allí se aplicó por sistema la técnica del “interrogatorio reforzado”, método coactivo defendido por el expresidente Richard Cheney en sus memorias que, más allá del universo neocon, no es tiene por otra cosa que por una forma de tortura.

Familiares de Guantánamo

Manifestación en Saná, capital de Yemen, de familiares de presos en Guantánamo, el 1 de abril de este año.

Max Fischer, analista con un blog en el periódico liberal The Washington Post, ha identificado hasta cuatro posibles desenlaces para los presos de Guantánamo: un proceso civil, un tribunal militar, el traslado a una prisión en el extranjero y la liberación, dependiendo de la situación concreta de cada uno de los 166 internados. Pero detrás de la lógica forense se agitan dificultades insalvables, como el propio Fischer admite:  el Congreso mantiene bloqueada la vía judicial en tanto no se sepa dónde y en qué condiciones se aplicarán las condenas –preferiblemente en cárceles fuera de Estados Unidos o en alguna construida ad hoc–; en el que caso mandar a los presos a cárceles de sus países de origen –la mayoría son yemenís–, debe garantizarse que se respetarán sus derechos y no serán torturados; para los 86 a los que se podría dejar en libertad, la Casa Blanca exige garantías a los países de acogida al tiempo que descarta que puedan instalarse en suelo de Estados Unidos. A esos inconvenientes debe añadirse que el Partido Demócrata ha estado lejos de apoyar en bloque el propósito de Obama de sacar los presos de Guantánamo.

En este complejísimo cuadro en el que se mezclan de forma inextricable derecho y política, pesa el resultado de las encuestas, que siempre recogen la oposición de la mayoría de estadounidenses a toda resolución que no implique alejar a los internados. La otra condición irrenunciable es mantener intacta la seguridad nacional, un objetivo que después del atentado de Boston ha vuelto a ser motivo de preocupación y ha rearmado a los partidarios de las soluciones radicales, hasta el punto de que aquí y allá se alzan voces para que a Dzhojar Tsarnaev, el autor superviviente del atentado del día 15, se le aplique la misma figura delictiva –combatiente enemigo– que figura en los expedientes de los presos de Guantánamo. Obama se encuentra así atrapado entre sus convicciones personales, sus propias dudas, una opinión pública de nuevo alarmada y la necesidad política de encontrar una salida. El presidente se apresuró a prometer el cierre del penal de Guantánamo en cuanto se instaló en la Casa Blanca en el 2009, a los pocos meses pronunció en El Cairo un discurso en el que tendió la mano al mundo árabe y al orbe musulmán, pero poco después surgieron las dificultades insuperables que hubo de reconocer, y no ha dado con la fórmula para romper el círculo vicioso.

Aunque los electores de Obama siguen pensando que la culpa de la situación es de la Administración de George W. Bush y de los legisladores republicanos, que mantienen el problema bloqueado, ha empezado a cundir la idea de que el presidente prefiere que no cambien las cosas. “De hecho, Obama es partidario de la detención indefinida –concluye Conor Friedersdorf en la revista The Atlantic–. Pero ofrece su versión menos sincera para preservar la ilusión de que su crítica de Guantánamo no ha cambiado desde que fue candidato”. El profesor Ben Wittes, de la Brookings Institution, recuerda que “el propio Obama impuso una moratoria sobre la repatriación de personas a Yemen”. Y el columnista Glenn Greenwald cree que Obama adoptó un lenguaje contenido con relación al problema de Guantánamo “casi inmediatamente después de llegar a la Casa Blanca y antes de que los legisladores tomaran algunas medida que constreñían sus acciones”.

Kuwait. Apoyo presos

Asamblea de activistas kuwatís celebrada el 31 de marzo para pedir la excarcelación de los presos de Guantánamo. En el cartel se lee: Estados Unidos trata a sus enemigos mejor que a sus amigos.

Esas opiniones soslayan el hecho de que el problema de los presos complica el trato del presidente con los líderes árabes, singularmente aquellos que se han instalado en el poder como resultado de las primaveras y que visten los ropajes del islamismo moderado. Cuando un preso sin cargos publica una carta del estilo de la que apareció en The Guardian, firmada por Shaker Aamer –“He pasado más de 11 años en la bahía de Guantánamo. Para ser preciso, 4.048 días y noches. Nunca estuve acusado de crimen alguno”–, y la red la lleva hasta la opinión pública árabe-musulmana, se registra un fenómeno evocado por Obama: crece el número de radicales. Ese mecanismo de radicalización ideológica repercute directamente sobre el comportamiento de unos gobernantes que, sometidos a los requisitos de la realpolitik, tienen cada día más dificultades para contener a sus bases y a los estados mayores de los partidos islamistas. El dosier de Guantánamo no es el eje en torno al cual gira el entramado diplomático árabe-estadounidense, pero contribuye a mantener vivo el sentimiento antioccidental, cimentado en un largo y conocido memorial de agravios, y facilita el discurso salafista de Marruecos a Irak.

Más que ver en el comportamiento de Obama algo parecido a la doble moral que separa las palabras de los hechos, se vislumbra la imposibilidad cierta de dar salida a un problema con un gran valor simbólico. “Obama no hace nada con Guantánamo porque no sabe qué hacer”, escribió un usuario de una red social después de la última rueda de prensa del presidente. A juzgar por el comentario de Michael Williams, asesor del Departamento de Estado, recogido por el semanario progresista The Nation, algo hay de cierto en esta apreciación: los yemenís –susceptibles de ser puestos en libertad– “permanecerán en Guantánamo durante un futuro indefinido”.

¿Cómo se compagina ese anuncio con la convicción del presidente de que la situación de los presos encerrados en la base caribeña es algo “contrario a nuestros principios”, los de Estados Unidos, se entiende? ¿Cómo se puede prolongar la situación cuando Navi Pillay, comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, recuerda que la mayor violación de esos derechos es mantener encerrados a aquellos cuya liberación ha sido aprobada? En esa misma línea, el analista Jason Linkins considera que el cierre de la prisión de Guantánamo plantea un dilema menor “comparado con el problema de las detenciones indefinidas de quienes debían haber sido puestos en libertad”. Eso último tiene un mayor peso emocional porque, al mantenerse las detenciones, se prolonga una condena por unos delitos que nunca existieron o nunca se pudieron probar, que para el caso es lo mismo. Y si Eric Holder, fiscal general de Estados Unidos, destacó en el pasado como defensor comprometido de los derechos civiles, hoy aparece como un político incapaz de conjugar las exigencias de la política con los requisitos de la moral.

Esa es en última instancia la cuestión que se dilucida. En el seno de una democracia donde el principio de legalidad debe quedar siempre a salvo, incluido el respeto al derecho internacional, el poder no se legitima solo mediante la celebración de elecciones limpias y la gestión honrada de los asuntos corrientes, sino también mediante la aplicación escrupulosa de la ley sin excepciones o normativas ad hominem. La anterior Administración burló esos requisitos con la apertura de la cárcel de Guantánamo, donde quiso aplicar una legislación excepcional que, finalmente, convirtió a los allí encerrados en reos de una sistema ajeno a cualquier norma. La Administración en ejercicio se encuentra atrapada por el doble cepo de una opinión pública con una sensación de vulnerabilidad muy grande y una oposición refractaria al pacto, de forma que se antoja imposible una solución por consenso porque en el bando conservador no hay nada más alejado de sus preocupaciones que los presos de Guantánamo. ¿Justifican las razones de Estado dejar las cosas tal como están? Resulta inquietante, pero realista, admitir la posibilidad de que la respuesta más repetida sea sí.