Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.

¿’Catalonia, capital Edinburgh’ o ‘Spain, capital London’?

Ahora resulta que el modelo a imitar es el anglo-escocés: formas versallescas, apretones de manos y un referendo para la independencia comprometido para antes de que acabe el 2014 y que organizará el Gobierno de Escocia. Catalonia, capital Edinburgh o algo así. La verdad es que las similitudes entre la peripecia escocesa y la catalana, más allá de las emociones, son inexistentes y las del Gobierno británico con el español, imposibles de concretar. La vinculación de Inglaterra con Escocia se remite a la Act of Union de 1707, que cerró un proceso iniciado un siglo antes, cuando el rey de Escocia se convirtió en soberano de Inglaterra. Es lo que el ministro José Manuel García-Margallo, de forma delicuescente, denomina “proceso tasado”, homenaje innecesario al legado literario de Eugeni d’Ors, a quien se atribuye la expresión “oscurezcámoslo un poco” después de haber escrito un texto que a su secretaria le pareció meridianamente claro.

Los ingredientes constitutivos del Reino de España se remiten a tantas posibles variables y memoriales de agravios, más la brega de la sociedad catalana por salvar del naufragio su identidad cultural, que no hay forma de aplicar aquí lo que vale para las islas, salvo, claro, la voluntad manifiesta de ambas partes –David Cameron y Alex Salmond– de renunciar a la política vociferante y las frases hirientes… Al menos, de momento, porque no es oro todo lo que reluce y en cuanto se pongan en marcha los engranajes del referendo habrá que ver dónde quedan la flema británica y la ironía, legada, entre muchos, por George Bernard Shaw, que además era irlandés: “Hemos tomado prestado el golf de Escocia, y pedimos prestado el whisky”. Aunque, cuando Shaw se ponía serio, se ponía muy serio: “Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él”.

Act of Union

Original de la Act of Union, firmada el 16 de enero de 1707, que consumó la unión de Inglaterra y Escocia.

Se dan, eso sí, coincidencias escenográficas entre Escocia y Catalunya. Por ejemplo, el Partido Nacionalista Escocés (SNP, en sus siglas inglesas) sostiene que la independencia haría de Escocia la sexta economía del mundo. ¿A causa de qué o cómo se obraría el milagro? ¿Mediante un incremento de la explotación del petróleo del mar del Norte? ¿Mediante un cambio radical en la política fiscal? “Es un reclamo poderoso”, reconoce Michael White en el progresista londinense The Guardian, pero, acto seguido, ondula la superficie de las tranquilas aguas del estanque con este guijarro lanzado con toda la intención: “Habría que ver cómo se han hecho las sumas”. Todo muy parecido al diagnóstico referido a España de Kenneth Rogoff, execonomista jefe del FMI, recogido por la revista Capital en abril del año pasado: “Tiene multinacionales que son excelentes, tiene regiones como Catalunya que, aislada, sería uno de los países más ricos del mundo…”. Sin pérdida de tiempo, los periódicos soberanistas Ara (papel) y e-Notícies (en la red) recogieron la profecía de Rogoff, cuyo método de cálculo es tan desconocido en este caso como el del SNP para aquilatar la riqueza de Escocia.

Sin llegar al extremo de inquirir si la patria es un negocio o el negocio, todo eso suena a economía de mercado más que a patriotismo, lo mismo que la perdigonada disparada por La Gaceta, extrema derecha de toda la vida, mediante la remisión a un estudio elaborado por Mikel Buesa, catedrático de la Universidad Completense: “El PIB catalán sufriría una caída de 50.580 millones de euros o del 23,4% si se independizara de España”. En realidad, no hay forma de saber si se trata de una excursión por la fría realidad contable de un futuro posible o, por el contrario, de una amenaza envuelta en consideraciones académicas. O de contribuir a la confusión, la ambigüedad y los razonamientos expuestos a medias por las partes implicadas en el asunto: los políticos que operan a escala española, los que lo hacen a escala catalana, los que opinan desde Bruselas. O, peor aún, no hay forma de saber si obedece todo a la desorientación generalizada, que cada bando gestiona a su gusto, a causa de la movilización independentista escocesa, vasca, flamenca, quizá quebequesa, y alguna más de la que por el momento no se tiene noticia.

En los análisis asoma ese batiburrillo de confusión interesada del que no se salva nadie, esa propensión a exigir la Luna un día, amenazar con las siete plagas de Egipto al otro, bajar el volumen al siguiente, poner mala cara una jornada más tarde, y así sucesivamente. En Escocia y en Inglaterra, también, aunque ahora sean el modelo a emular. Por ejemplo, el analista Peter Kellner, contrario a la secesión escocesa, sostiene en un artículo colgado en su web que Alex Salmond nunca pensó en obtener la mayoría que le obligaría a cumplir con la promesa de convocar un referendo para separarse de Inglaterra, y ahora se encuentra atrapado en su propia trampa para elefantes: “Al ganar la mayoría absoluta, ha disparado contra sí mismo. En vez de derramar lágrimas de cocodrilo por su incapacidad para convocar un referendo, ahora debe poner el tema a prueba. Como un hombre astuto e inteligente –de hecho, uno de los más astutos y más inteligente en la política británica–, debe saber que su misión es imposible, que dentro de dos años su país votará seguir en el Reino Unido, y que, lejos de alcanzarse, la independencia se aplazará durante al menos una generación”.

¿Explica la seguridad de los unionistas en ganar el referendo las prisas de David Cameron en llegar a un acuerdo y celebrar la consulta cuanto antes? ¿La actitud del premier sería la misma si las encuestas no vaticinaran la derrota de los secesionistas o se asemejaría más a la del Gobierno español, sin la trágica grandilocuencia de manual que gastan en la Moncloa y aledaños? ¿Podría ser todo más sutil, menos sumario y esquemático, si la crisis económica y las consecuencias que se derivan de ella no quemaran en las manos de los gobernantes en todos los peldaños de responsabilidad? ¿Se ahondaría más en las repercusiones que eventualmente puede tener la secesión en cuanto atañe a la permanencia en la Unión Europea? Las preguntas se agolpan y los ideólogos de cada bando prefieren disparar por elevación y soslayar estos interrogantes o darles una respuesta de argumentario de campaña, en Escocia y en Catalunya.

Surgen de vez en cuando, eso sí, voces tranquilas que aportan material para la reflexión. Así la de Margo MacDonald, en el Evening News, de Edimburgo: “Catalunya se halla ahora en la misma situación que Escocia: en la UE, pero representada por otro poder con diferentes prioridades”. Así también Michael White cuando cree adivinar en Francia una oposición frontal a la multiplicación de nuevos y pequeños estados en un ambiente en el que 27 socios ya son muchos, o cuando el mismo comentarista se atreve a aventurar que la idea de los pequeños estados ejemplares, bastante difundida en el pasado, ha pasado a mejor vida: “Ese modelo no se ve tan claro con la crisis de la eurozona, cuando los pequeños países periféricos como Irlanda están teniendo más problemas –y por consiguiente, menos independencia del control de la UE– para que se sientan cómodos”.

George Bernard Shaw

George Bernard Shaw: “Patriotismo es tu convencimiento de que este país es superior a todos los demás porque tú naciste en él”.

Más allá de los tamaños, merece la pena detenerse un instante en la documentadísima secuencia de datos contenidos en un artículo de Jean-Pierre Stroobants en Le Monde:

  1. Si una región o nación histórica decidiera independizarse, parece ser que estaría obligada a “formular una nueva demanda de adhesión, seguir el difícil recorrido impuesto a todos los candidatos”.
  2. “Una Catalunya independiente no podría integrarse en la Europa comunitaria más que con el aval de Madrid”.
  3. “El Tratado de Lisboa ha previsto un derecho, no a la escisión, sino a la denuncia de la adhesión”, una exigencia del Reino Unido para no transmitir a los euroescépticos la impresión de un matrimonio eterno, en expresión del profesor Pierre Argent, de la Universidad de Lovaina.
  4. “El Tratado de Ámsterdam, que entró en vigor en 1999, evocaba, por el contrario, la integridad del territorio de la Unión, una noción que podía dar a entender que la secesión de un Estado era imposible y que la Unión podía hacer cualquier cosa para que una región no la dejara”.
  5. Ninguno de estos preceptos comunitarios responde de manera nítida a la gran pregunta: “¿qué hacer exactamente si una región quiere dejar un país miembro y acto seguido ingresar de nuevo en la Unión Europea?”

Todo dicho y analizado de forma bastante más sosegada a cómo lo hace en nuestro entorno Carlos Carnero, director gerente de la Fundación Alternativas: “Si en España se fuera hacia atrás como el cangrejo, el horizonte federal de la Unión se vería directamente perjudicado. Por eso, la UE debe ser clara: una secesión unilateral no cabe jurídicamente en su seno, pero además no la vería con buenos ojos. Catalunya, nuevo estado europeo es una contradicción evidente con los objetivos básicos de la UE”. Lo más discutible de la opinión de Carnero es que dé por bueno el objetivo federalizante de la UE, que lo es, y en cambio el así llamado núcleo duro del Estado no quiera afrontar la transformación del Estado en un sentido federal e insista en perpetuar el modelo autonómico simétrico que contiene la Constitución, como si se tratara de un texto revelado e intocable que, por lo demás, ha sido corregido varias veces (la última, en el verano del 2011 para incorporar la famosa regla de oro presupuestaria).

Manca finezza. Por desgracia, en todas partes. Bernat Dedéu, periodista, filósofo y musicólogo de registro independentista, asoma en BTV y suelta la siguiente andanada, dedicada a Pere Navarro, líder de los socialistas catalanes: “Con la gente que me engaña no soy respetuoso. Y este señor nos está engañando. Quiere un referendo validado por el Gobierno español, y esto no sucederá nunca. Él lo sabe”. Vaya. Aparece José Ignacio Wert y anuncia y enuncia sus propósitos españolizadores. Surje de cualquier parte un energúmeno, tira de fotoshop y viste a Artur Mas con el negro uniforme de las SS. Se sube a la tarima Felip Puig y hace juegos de manos con los Mossos. Se sube a otra peana Esperanza Aguirre y otorga a la historia de España 3.000 años de antigüedad. Todo esto resulta tan lamentablemente pintoresco e inconsistente como aquella extraña película en la que aparecía Arturo Pendragón (el del ciclo artúrico, la reina Ginebra, el mago Merlín, la Dama del Lago, Fata Morgana, los caballeros de la mesa redonda y toda la parentela) convertido en general romano de descubierta por Escocia o cerca de ella. Y, a todo eso, no hay día en el que Mas dé el mismo significado a las palabras soberanismo e independencia.

Parlamento de Escocia

El Parlamento de Escocia, en Edimburgo.

En medio de esa ilimitada capacidad para diversificar el disparate, surgen espacios de sólida reflexión. El Centre d’Estudis Jordi Pujol cumple este cometido cuando reproduce el editorial publicado el día 15 por The Guardian. “España y Canadá se han sorprendido por la disposición del Gobierno del Reino Unido a facilitar ese movimiento [el referendo] –escribió el diario de Londres–. En un momento en que el sentimiento separatista catalán y quebequés es alto, Madrid y Ottawa no han actuado de forma tan relajada como Londres. El Gobierno del Reino Unido merece crédito por este enfoque. Es el camino democrático. Pero puede parecer imprudente y un exceso de confianza si Escocia vota sí. No hay que subestimar este momento”.

¿Es de desear un Spain, capital London o algo así? Por lo menos, es de desear que el rigor político prevalezca para que sean imposibles comentarios tan demoledoramente certeros como el que sigue de Sandrine Morel en las páginas de Le Monde: “¿Hay un independentista catalán infiltrado en el Gobierno español? ¿Cómo explicar si no es así las recientes declaraciones del ministro de Educación, José Igancio Wert, quien afirmó el 10 de octubre ante el Congreso de los Diputados que era preciso ‘españolizar a los alumnos catalanes’?” Si se acabara este griterío, se acabaría también con la polisemia a todas horas, la anfibología interesada, la tendencia de todos a envolverse en la bandera y remontarse a pasados gloriosos que siempre lo fueron menos de los que se dice. Y así sería más fácil indagar por qué, de momento, Inglaterra y Escocia se atienen al british way of life; estaríamos más cerca de preguntarnos cuál es el truco y de apartarnos de las respuestas fáciles e inverosímiles, que en este asunto más que en ningún otro carecen de validez.