AMLO saca a México de la rutina

La elección de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para suceder a Enrique Peña Nieto en la presidencia de México certifica el agotamiento de un modelo político dinamitado por la corrupción sin tregua, el narcotráfico y las lacras inherentes a una sociedad extremadamente dual que sufre índices de pobreza insostenibles. Después de los mandatos fallidos de Felipe Calderón y de Peña Nieto, del todo estériles, que confirmaron hasta la última coma los temores manifestados por el escritor Carlos Fuentes poco antes de morir en mayo de 2012, asoma en el horizonte el reformismo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), un conglomerado heteróclito donde coinciden los defraudados por el izquierdismo sin triunfos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), los conservadores muy conservadores movilizados por la Iglesia Evangélica, los añorantes del programa primigenio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una parte muy significativa de la clase media urbana, harta de la venalidad de los gobernantes.

Los electores parecen haberse dicho a sí mismos: son preferibles las incertidumbres que plantea la llegada al poder de AMLO que cualquiera de las alternativas ligadas al pasado más reciente, sean estas presuntamente reformistas (las del PRI) o de corte conservador (las del PAN). Los votantes han preferido rescatar de la historia del país viejas promesas de cambio e innovación social a seguir apresados en una madeja de ineficacia y lenidad. López Obrador ha querido enhebrar su nombre con el de algunos ilustres antecesores, representantes de familias políticas movidas por el deseo de innovar y de rescatar a México de la postración: de Francisco Madero a Plutarco Elías Calles, de José Vasconcelos a Lázaro Cárdenas, todos ellos muy diferentes, pero con atributos que los hacen dignos de recuerdo. Es harina de otro costal que las remisiones al panteón nacional sirvan para desarticular la trama de complicidades que ha hecho de la gestión del Estado un inmenso negocio que ha empobrecido al Estado mismo.

“El mensaje de la jornada es de repudio a una clase gobernante –la cofradía mexiquense– que resultó excepcionalmente voraz e inepta”, afirma un articulista del diario conservador El Universal, que se edita en la capital de México. Es un resumen escueto y preciso de lo sucedido, que tiene un valor singular porque se publica en un medio muy alejado de la propuesta de López Obrador, pero entronca con la atmósfera de final de ciclo que se respira desde el 1 de julio (en realidad, desde que las encuestas vaticinaron el descalabro de los partidos tradicionales). Cosa distinta es que las contradicciones internas del Morena interfieran en la disposición del nuevo presidente a poner al día el Estado, atender las necesidades sociales más apremiantes y encarar dos grandes desafíos: el del narcotráfico y el de las redes de corrupción, asociadas con frecuencia a los circuitos de la droga. Sin tener éxito en ambos frentes es imposible la regeneración y el combate contra la pobreza.

Según entrevió Carlos Fuentes en 2012 y piensan muchos analistas, sin un gran pacto nacional, una solución rooseveltiana de los problemas mediante un new deal, no es posible salir con bien de ambos envites. El disparate cometido por Felipe Calderón de militarizar la neutralización de los narcos no ha hecho más que estimular en muchos estados un clima de guerra civil con un número incalculable de muertos sin que, por lo demás, haya decrecido el tráfico, cuyo principal destino es Estados Unidos. En una sociedad con unos ocho millones de ninis, con gravísimos problemas de subsistencia en el medio rural y déficits educativos escandalosos, los cárteles de la droga se han convertido en nichos de empleo para algunos de los muchos fatalmente condenados a una economía de mera supervivencia. Lo mismo puede aplicarse a cuantos se mueven en los peldaños inferiores de la corrupción, dentro y fuera de las instituciones del Estado.

La “repetición de cacatúa” –otra vez Carlos Fuentes– de fórmulas o soluciones enunciadas por Peña Nieto que le llevaron a la presidencia demostraron no ser más que eslóganes sin contenido. En la campaña de Claudia Sheinbaum, ganadora del Gobierno de Ciudad de México con una coalición que incorpora al Morena, el gran resorte para atraer a los electores fue subrayar la vacuidad de las promesas presidenciales y el hecho indiscutible de que quienes fijan la agenda política de forma más o menos encubierta son los señores de la droga, las familias en la sombra que controlan el gran negocio. Un sistema de poder clandestino que es como un enorme bloque de hormigón que se interpone entre los supuestos buenos propósitos de los ganadores del 1 de julio y la Realpolitik practicada durante décadas.

Esta situación se da, además, en un momento de manifiesto retroceso del reformismo en el espacio latinoamericano y de revitalización de la oferta conservadora, favorecida por la elección de Donald Trump. El perfil ideológico del presidente de Estados Unidos, su propósito de levantar un muro para contener los flujos migratorios, es un gran problema para AMLO, una amenaza para su presidencia, un quebranto que puede dañar muy pronto su imagen pública de gobernante transformador. A la vista del desprecio de Trump por las tradiciones políticas y por el respeto debido a los aliados, es improbable que esté dispuesto a tratar mejor a un presidente con vitola progresista que a su antecesor, tan apegado a la rutina y al cambalache.

Si las cosas son como parece que son, ¿está AMLO condenado a pilotar un proceso de reformas lampedusianas? La gran pregunta no permite una gran respuesta. El optimismo con que se ha acogido la victoria de López Obrador no sirve como vara de medir porque se registra cuando el interesado aún no ha pasado la prueba de fuego del desgaste político asociado a las primeras decisiones si estas, en aras de la realidad, se alejan demasiado de lo prometido. Tampoco sirve como calibrador de lo venidero la moderación con que la victoria del Morena se ha encajado en los medios más acostumbrados a convivir y sacar provecho de todos los vicios nacionales. Ni siquiera la heterogeneidad de su movimiento justifica hacer pronósticos apocalípticos sobre el margen de maniobra de AMLO cuando se haga cargo del timón porque quizá el hartazgo de la sociedad mexicana sea su mejor punto de apoyo, el más fiable.

Mucho más allá de la mordida

Al cumplirse un mes del secuestro de 43 estudiantes de magisterio en la ciudad de Iguala, estado mexicano de Guerreo, la exigencia de los ciudadanos de que los jóvenes vuelvan a casa sanos y salvos se mezcla con el temor más que fundado de que los narcos hayan perpetrado una matanza, desafiado a los poderes públicos y demostrado que, más allá de la retórica oficial, los grandes partidos prefieren seguir en el lodazal a pedir responsabilidades. La desaparición de los jóvenes es, más que un síntoma, la confirmación –por si hacía falta– de los males que aquejan a México, sometido a la lógica envenenada de la connivencia entre una parte muy grande de los instrumentos de seguridad de que dispone el Estado y la delincuencia organizada, especialmente los cárteles de la droga, señores de un submundo cada día más impune que actúa a plena luz. Como dice el intelectual mexicano León Krauze, “sin decencia no hay futuro”, y ese es el mayor de los riesgos que enfrenta México: que la gangrena venza en la práctica al Estado, incapaz de cumplir con su obligación de garantizar la seguridad y el libre albedrío de los ciudadanos.

Cuenta Krauze en un artículo publicado en la revista Letras Libres que dejó de una pieza a los periodistas de la radio pública de Estados Unidos a quienes contó un día el caso de la muerte en el 2009 de 50 niños en la Guardería ABC de Hermosillo, estado de Sonora, a causa de una incendio que se originó en un edificio de propiedad pública: aunque inicialmente se imputó a 19 funcionarios, ninguno de ellos fue procesado, el gobernador Eduardo Bours, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), jamás pensó en dimitir y, lo que es aún peor, presumió de dormir “como un bebé” a pesar de la tragedia. Que en Sonora nadie dimitiese ni acabase juzgado, procuró muchas pistas acerca de la corrosión de la decencia; que en la desaparición de mujeres en Ciudad Juárez las sospechas sean más que las certidumbres, también contiene muchos indicios de qué está sucediendo; que la podredumbre de Tijuana se ataje los lunes para reaparecer los martes, es del todo elocuente; que el dinero que maneja el narcotráfico sea la primera empresa del país, según aventuran algunos estudios, es por demás significativo. Pero la mayor de todas las elocuencias, aquella que ha dejado desnudas a las instituciones, es la implicación directa en la gestión local del narco, en la movilización de sicarios y en la desaparición de los estudiantes del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y de su esposa, María de los Ángeles Pineda, ambos huidos.

Manifestación en Iguala, estado de Guerrero, el jueves para pedir la liberación de los 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre.

El escritor Héctor Aguilar Camín ve en la trama dirigida desde la alcaldía de Iguala un salto cualitativo, que se agrava con la parálisis del Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el que se presentó Abarca, incapaz de descalificar al funcionario y, por lo menos, pedir disculpas y mostrarse consternado. “Habría que preguntarse cuántos hay así en México”, añade Aguilar Camín; cuántos presuntos servidores públicos van más allá de la vieja mordida y se enfangan en los pantanos de la delincuencia a gran escala.

La dimisión el jueves de Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, “para favorecer el clima político” apenas cauteriza la herida sangrante provocada por las pruebas que hacen de las autoridades figuras venales que condenan al desamparo a los más vulnerables, a cuantos se manifiestan contra la degradación de la vida pública y, en suma, a todos aquellos que no forman parte de la urdimbre del narcotráfico. La dimisión del gobernador no es más que un detalle menor, en cualquier caso insuficiente para serenar los ánimos de una opinión pública que cuenta por sorpresas angustiosas cada uno de los pasos dados desde que se perdió la pista de los 43 jóvenes; desde que se descubrieron en una fosa común más de una veintena de cuerpos cuya identidad no se ha podido determinar. Esos cuerpos a los que nadie puede poner rostro resultan tan intranquilizadores como la imposibilidad de dar con un solo indicio que lleve hasta los estudiantes desaparecidos.

Todo conspira para que el desprestigio de las instituciones lleve al país hacia el estallido social que vislumbra el escritor Juan Villoro de no atajarse la epidemia. Incluso el presidente Enrique Peña Nieto, que hasta la fecha mantenía cotas de popularidad y eficacia aceptables, puede ver cómo se apaga su buena estrella. Ni siquiera la detención de Sidronio Casarrubias, jefe del cártel Guerreros Unidos, suaviza el hartazgo de una sociedad sometida al chantaje de los delincuentes en comunidades donde los jóvenes son tratados con demasiada frecuencia como sospechosos habituales. Es preciso, subraya Villoro, que los jóvenes dejen de ser vistos como “un enemigo posible” para que arraigue la idea, cabe añadir, de que son tan víctimas de la situación como sus convecinos.

No hay muchos signos alentadores, empezando por las señales que se emiten desde la presidencia del país, cuyo argumento más reciente es considerar la corrupción “un asunto cultural”. Por este camino, los gobernantes pueden alentar la idea de que se trata de una característica intrínseca a la identidad nacional mexicana y que, salvo casos de flagrante inseguridad colectiva, hay que convivir con el fenómeno, sobrellevarlo, soportarlo a pesar de todo. Quizá cuando el escritor Carlos Fuentes, poco antes de morir, descalificó a Peña Nieto por ser un político poco capacitado para abrir caminos con dirección al futuro, intuyó que podía dejarse vencer por el tópico y las explicaciones fáciles cuando hubiera de afrontar los grandes problemas del Estado. Pudiera ser. Pero en el fondo de la explicación cultural de la corrupción dada por Peña Nieto subyace un gesto de impotencia preocupante, de debilidad incurable para combatir un mal que ha invadido todos los órganos y es posible dar con él hasta en el más diminuto intersticio.

Portada del libro ‘México: 45 voces contra la barbarie’, de Lolita Bosch.

“¿Cuál es nuestro futuro en un país donde el Estado mata a sus estudiantes?”, se pregunta la escritora Elena Poniatowska. El punto de interrogación es meramente retórico porque la respuesta es obvia: renuncia al futuro y se adentra por un sendero que conduce directamente a la deslegitimación de los poderes del Estado. Las voces que se alzan para reclamar una refundación de México, del poder político, que preserve los valores republicanos y los rasgos distintivos del complejo mosaico cultural del país, ven en el inmediato porvenir el riesgo cierto de que, salvo que se recurra a tratamientos de choque, se enquiste para siempre en el perfil político del Estado una dualidad de hecho: de una parte, la planta institucional establecida por la Constitución; de otra, los hechos consumados impuestos por el narcotráfico en los cuatro puntos cardinales. De hecho, temen algunos de los analistas más lúcidos que coexistan en plano de igualdad el Estado oficial y el narcoestado, provisto este de recursos económicos, militares y logísticos suficientes para mantener de forma permanente el desafío y obligar al Gobierno a aceptar espacios de impunidad.

En el ilustrativo libro México: 45 voces contra la barbarie, de Lolita Bosch, la periodista Magali Tercero resume con claridad meridiana lo que avizoran cuantos creen ineludible la refundación: “Los que son conscientes de lo que va a ocurrir dentro de treinta años están horrorizados”. Un horror que vale tanto para temer el futuro como para denostar el presente: “Por un lado, parece que no hubiera solución, porque no hay disposición de detener el lavado de dinero y confiscar cuentas de los criminales que son conocidos abiertamente. La solución está, entre otras cosas, en la acción enérgica contra la corrupción, porque sin Estado corrupto no hay crimen organizado. Pero mientras el Estado no tenga una estrategia de expropiación del dinero y bienes esto va hacia un sinsentido. A Calderón no le interesaba retirarle el dinero al crimen organizado, que es lo primero que debió hacer. A Peña Nieto tampoco”.

La alusión a Felipe Calderón, anterior presidente de México, como origen de la crisis en curso, es común en todos los análisis. La declaración de guerra de Calderón contra los narcos, la militarización del conflicto, condenó a la población a ser espectadora y víctima desprotegida de un problema que se agrandó con el concurso del Ejército donde hasta entonces, cierto que con poco éxito, actuó la policía federal y, aun con menos éxito, se movilizaron los cuerpos policiales locales, tan a menudo infectados por organizaciones criminales. “Felipe Calderón le declaró públicamente la guerra al narcotráfico –escribe Lolita Bosch en la introducción de su libro– y puso este vocablo en el centro de la conciencia nacional. Su decisión no estuvo cautelosamente pensada ni partió de una estrategia sensata ni absolutamente honesta. Y la ciudadanía mexicana quedó entre lo que Marcela Turati [periodista mexicana] llamó un fuego cruzado”.

Allí sigue, con el riesgo de que el estallido social se concrete en cualquier momento en una comunidad herida por enormes desigualdades económicas. No hay en México un sistema de contrapesos que atenúe los efectos de una distribución muy desigual de la riqueza y, al mismo tiempo, cada vez es más visible la conversión del narcotráfico en un ascensor social poco exigente frente a la parálisis, la fragilidad y en muchos casos la inexistencia de aquellos otros ascensores basados en la meritocracia, el esfuerzo personal y la tutela del Estado. Y tal situación se da en un universo donde, según las estadísticas del Banco Mundial, el 70% de la población –unos 75 millones de habitantes– dispone de entre un máximo de cinco dólares al día para sobrevivir y un mínimo de 1,25 dólares, muy por debajo del umbral de la pobreza. Fiarlo todo a la probada capacidad de resistencia de los mexicanos para no precipitarse por el despeñadero sería, quizá lo es ya, una actitud irresponsable que, como dice Elena Poniatowska, cerraría todas las ventanas que dan al futuro, dignifican al Estado y proveen de esperanza a los ciudadanos.