Nacionalismos en ascenso

El eslogan Brexit is brexit, tan repetido, se ha transmutado en otro más rotundo e inquietante: Brexit is hard brexit (tradúzcase hard por duro o extremo). La transformación se ha producido a lomos del caballo desbocado del nacionalismo que todo lo coloniza, de esa propensión irrefrenable en mirarse el ombligo, volver la vista al pasado y dar rienda suelta a un sectarismo desmedido. Cuando Theresa May, primera ministra del Reino Unido, sostiene que quien se declara ciudadano del mundo no es ciudadano de ninguna parte, no hace más que reafirmarse en la idea de que la nación debe prevalecer por encima de cualquier otro interés o seña de identidad, sea esta la Unión Europea u otro ámbito que dé cobijo a más de una bandera.

La dolencia no es solo británica o especialmente británica, aunque allí haya desencadenado la salida de la UE en plazos y condiciones por el momento inextricables. En la disparatada campaña de Donald Trump hay dosis espectaculares de demagogia e ignorancia extravagantes, pero también mucho nacionalismo exacerbado, una forma de fundamentalismo tan pernicioso y corto de miras como cualquier otro que se precie, sea en nombre de Dios o de los hombres. En el cruce de despropósitos que ha dejado a Trump sin partido y a los republicanos, sin candidato a la presidencia, un nacionalismo rudimentario y ramplón ha desempeñado un papel principal. Que este nacionalismo a toda máquina se antoje incompatible con la devoción –real o fingida– de Trump por otro nacionalista sin freno como Vladimir Putin resulta al cabo menos importante que los cuatro tópicos que cautivan a una parte del electorado blanco –clase media empobrecida o desencantada– que busca en la bandera la restitución de los privilegios perdidos, la reparación del desposeimiento que sintió con la elección de Barack Obama y que desde entonces no lo ha abandonado.

El fenómeno se extiende por doquier con pasmosa facilidad. Nicolas Sarkozy adopta los ingredientes más sectarios del Frente Nacional para neutralizar a Marine Le Pen mediante una adaptación tan cercana de su programa al de la líder de la extrema derecha de Francia que muy pronto no habrá forma de distinguir uno y otro. En Hungría solo la tasa de abstención en un referéndum ha evitado la aplicación de un nacionalismo xenófobo y destemplado en la gestión de la crisis de los refugiados. Aquí y allá la mitología de las identidades locales se impone a cualquier otra consideración y, llegado el caso, se construye un relato histórico ajeno a la historia, apegado al mito, a las edades de oro que pueden exhibir todas las naciones, comunidades y grupos humanos, aunque para ello sea necesario remontarse a un remoto pasado cuya verosimilitud resulta indescifrable, indemostrable o por lo menos discutible.

La globalización ha desenterrado los mitos nacionales y ha restablecido su vigencia a causa de los costes sociales de las finanzas y el comercio sin fronteras, de la asimetría cada vez mayor en el reparto de la riqueza, del paulatino desmoronamiento del Estado del bienestar en Europa, del modelo social regresivo articulado por las economías emergentes, de los flujos migratorios provocados por las guerras inconclusas y la pobreza extrema y del estéril desgaste de los sistemas democráticos al justificar lo injustificable. Frente al horror vacui por la ausencia de futuro surge el recurso a la nación como puerto de refugio; la nación como salvación colectiva que contiene la presión exterior, se impone a los requisitos de sistemas supranacionales y se desentiende de cuanto siente que puede modificar sus señas de identidad: los refugiados, el euro, los inmigrantes hispanos –en Estados Unidos– y otros ingredientes de naturaleza muy variada.

El larguísimo editorial publicado el último domingo por el semanario británico The Observer, de alma liberal y tradición comedida, rompió por una vez con su estilo contenido para afirmar lisa y llanamente que Liam Fox, secretario de Comercio Exterior, “debe buscarse otro trabajo” si cree de verdad que el Reino Unido, negociando a solas, puede lograr mejor trato en China, la India o Estados Unidos que haciéndolo como socio de la UE. Y esta no era la peor de las críticas dirigidas a un Gobierno que, adaptado a los excesos verbales del UKIP, un partido en crisis después de lograr la victoria del brexit, parece haberse sumido en la irreflexión en nombre de las esencias, así se ponga en juego la suerte de la libra, la pertenencia al mercado único o el futuro de los centenares de miles de extranjero que han construido su vida en el Reino Unido. Con una paradoja o consecuencia inmediata: alimentar el nacionalismo escocés, que se alarma y moviliza ante la posibilidad de quedar fuera de la UE no a causa de su eventual independencia, sino del viaje a ninguna parte emprendido por el Gobierno británico.

Este renacimiento de la nación como referencia primera y razón última suplanta el debate ideológico o lo simplifica. Susana Díaz puso patas arriba el PSOE con el argumento rotundo de que –más o menos– ahora España es lo primero y luego ya se verá adónde se encamina el partido, algo que firmaría cualquier nacionalista rancio con independencia de su adscripción política. Promover la abstención en el Congreso no es el resultado de una reflexión ideológica, sino de una necesidad acuciante sobrevenida, tener Gobierno, aunque este Gobierno que urge sea el mismo o casi el mismo que se pone de perfil cuando declara Francisco Correa, y las apelaciones a las necesidades apremiantes de la nación resultan insuficientes para atenuar la pestilencia. Mientras el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca ve “simple y llanamente, condonar la corrupción del PP” en la abstención que permitirá a Mariano Rajoy formar Gobierno, el nacionalismo (español en este caso) ve en el gesto un sacrificio necesario en el altar de la nación, una obligación ineludible.

¿A quién puede sorprender que frente a esta modalidad de nacionalismo centrípeto surja, se consolide y llene la calle otro centrífugo, asimismo simplificador del presente y del pasado? ¿A quién puede sorprender que en Europa se multipliquen los casos de desafección, de incomodidad dentro de algunos estados si estos, a su vez, alumbran todos los días nuevas formas de nacionalismo antieuropeo, a veces muy agresivo, o de europeísmo sin más interés que hacer buenos negocios en una zona de libre cambio? ¿A quién puede sorprender, en fin, que el populismo asome por todas partes si comparte con el nacionalismo, tan difundido, el hábito de simplificar los conflictos sociales y políticos, reduciéndolos a eslóganes llamativos con una capacidad de convicción inmediata? A nadie, seguramente.

 

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.