Otra tumba para Franco

“Las guerras civiles no terminan nunca” es una frase de Sebastià Juan Arbó que hace unos días recogía en EL PERIÓDICO Care Santos a propósito de la última película de Alejandro Amenábar, Mientras dure la guerra. Pero resulta tan actual que es perfectamente aplicable al aproximar el objetivo a las reacciones posteriores a la decisión del Tribunal Supremo de dar por buena la exhumación de los restos del general Franco y su inhumación en el panteón familiar del cementerio de Mingorrubio. No hay paz en las guerras civiles, lo sucedido en ellas se transmite de generación en generación, en el bando de los vencedores y en el de los vencidos, mientras sobre el terreno abundan las muestras de enfrentamiento entre los herederos de los vencedores, que pretenden prolongar ad infinitum los efectos de victoria, y de los vencidos, que quieren dignificar la derrota y honrar a sus muertos: a los que perdieron la vida en combate, a los represaliados, a los que fueron víctimas de la venganza en la posguerra, a aquellos que fueron ejecutados y enterrados en fosas comunes.

La profusión de declaraciones del neofranquismo posteriores al fallo del Supremo abunda en la pretensión de imponer la lógica de los vencedores, de quienes se alzaron contra la legalidad republicana, sepultaron la democracia y sostuvieron una dictadura vesánica durante casi cuatro décadas. Hablar de profanación de tumbas (Santiago Abascal, líder de Vox), declarar que les “da igual que sea legal o no” (Vox de nuevo), manifestar que el único afán es dividir a los españoles (Alfonso Serrano, del PP) no son más que reacciones procedentes del mismo propósito: salvaguardar la memoria de la dictadura. Referirse a la vulneración de los derechos de la familia (Rocío Monasterio, diputada de Vox) es desconocer o manipular la historia habida cuenta de que el general Franco nunca manifestó su deseo de ser enterrado en Cuelgamuros, el Valle de los Caídos es patrimonio del Estado y, en consecuencia, es potestad suya decidir quién puede hacer uso de un bien de titularidad pública.

Es igualmente preocupante que el centroderecha presente el asunto como una herencia del pasado amortizada por el presente, por la vigencia de un régimen democrático. Es tanto como sostener que la ley de memoria histórica carece de sentido o es una concesión a los aficionados a contar batallitas. Si el general tiene derecho a una sepultura digna, según reconoce el Gobierno, no menos derecho tienen aquellos que fueron víctimas de su dictadura y fueron enterrados en fosas comunes, en cunetas y en los osarios del Valle de los Caídos, todos aquellos a quienes aún hoy sus descendientes buscan sin haber tenido siempre de su lado el presupuesto y los medios de los poderes públicos.

De la misma manera que una de las peores herencias del nazismo fue la nazificación de la sociedad alemana y uno de los grandes desafíos de la posguerra, al menos durante dos generaciones, fue la desnazificación, la peor herencia del franquismo fue la franquificación de una parte de los españoles para quienes es un dato irrelevante el hecho de que los tres poderes del Estado coincidan en el deber de sacar a Franco del Valle de los Caídos. Es la franquificación la que procura argumentos para sostener que el cambio de lugar de los restos de Franco es un acto divisorio, como si la dictadura que siguió a la degollina no lo hubiese sido por definición durante décadas.

Escribe Stanley G. Payne en El régimen de Franco: “No sirve sugerir, como lo han hecho algunos, que se puede atribuir a Franco el mérito de haber creado la España democrática y tolerante de los años ochenta. Una dictadura no es una escuela de democracia y Franco no fue el responsable de la democratización de España”. No por evidente, la puntualización es innecesaria. El dictador dejó una herencia de sectarismo e intolerancia y es un hecho que la evolución del régimen democrático hubo de afrontar la resistencia permanente del franquismo sociológico, y aún hoy se dan episodios de resistencia en el Congreso, en las comunidades autónomas, en general en todas las instituciones del Estado, cuya única explicación se halla en el legado franquista.

El cambio de sepultura de Franco es un gesto de saneamiento democrático y es, al mismo tiempo, un caso insólito en Occidente. La dignificación de Cuelgamuros como cobijo de víctimas de la guerra civil y de la dictadura cumple con el deber de separar a los muertos de quien les arrebató la vida; la singularidad del caso es que ningún dictador coetáneo de Franco ha disfrutado de una exaltación post mortem como la a él dispensada. Antes al contrario, se ha procurado rodear de discreción y silencio el lugar donde los dictadores fueron enterrados, se ha evitado convertir las tumbas en santuarios de los añorantes de las dictaduras y se han borrado de todas partes los nombres de los secuaces de regímenes felones que liquidaron la libertad.

La guerra civil no es un capítulo amortizado de la historia porque a cada poco surge el recuerdo del pasado en las discusiones de ahora. Los descendientes de los agraviados, los perseguidos, los sometidos a la arbitrariedad tienen tan presente lo que sucedió que se sienten parte de la tragedia sin haberla vivido o habiéndola vivido durante sus primeros años de vida, y aspiran solo a saber dónde murieron sus antepasados para honrar su memoria. No es el caso de los Franco, movilizados para impedir la aplicación de una medida aprobada por el Parlamento, incluida en el programa del Gobierno y sancionada por el Tribunal Supremo. Es imposible dar con una mayor unanimidad democrática.

 

Otra vez la sombra de Franco

La resolución del Tribunal Supremo que frena el traslado de los restos del general Franco del Valle de los Caídos al cementerio de Mingorrubio-El Pardo es un abigarrado compendio o resumen de la incapacidad manifiesta del poder judicial para preservar la dignidad de las víctimas de la dictadura. “Parece un sarcasmo la protección cautelar y urgente del interés familiar del dictador frente al desentendimiento y abandono del Estado a los familiares de tantas víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, que todavía esperan justicia y reparación”, se dice en una declaración de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia. El párrafo es tan preciso y escueto que apenas deja margen para el disentimiento o la prestidigitación judicial y aporta, en cambio, suficientes argumentos morales como para mover a reflexión a los magistrados que por unanimidad han antepuesto los recursos presentados por la familia del dictador y varios particulares a cualquier otra consideración, y disfrutan del respaldo de las asociaciones conservadoras de jueces y magistrados.

Por si esto no fuera suficiente, la consideración de jefe del Estado atribuida a un militar golpista a partir del 1 de octubre de 1936 es poco menos que un atentado al principio de legalidad, habida cuenta de que el único poder legitimado en aquella fecha era la República, presidida por Manuel Azaña. Es decir, el tribunal antepone –de nuevo el mismo verbo– la conducta de los sublevados a los efectos de la degollina por ellos desencadenada. Algo verdaderamente sorprendente viniendo como viene de personas relevantes del Poder Judicial de un Estado democrático; algo inquietante, cabe añadir, sabido que demasiadas cunetas, campas y fosas comunes de cementerios siguen siendo las tumbas improvisadas de miles de víctimas de la felonía de 1936 y siguientes.

Resulta desconcertante que 44 años después de la muerte de Franco sigan tratándose los asuntos que le afectan post mortem como los de cualquier honrado ciudadano, protegido por toda clase de cautelas más allá del último aliento. Es asimismo desconcertante que sea tan extraordinariamente complejo separar la tumba del verdugo de la de sus víctimas. Mientras la basílica del Valle de los Caídos no deje de albergar los restos de Franco seguirá siendo un monumento descomunal al totalitarismo vesánico, no solo porque su construcción fue iniciativa del general, sino porque mediante él se enaltece su figura y se falsea la historia. Y si por fin los jueces entienden que el Gobierno está del todo legitimado para exhumar los restos del dictador, harán falta dosis enormes de imaginación, espíritu de concordia y saneamiento del lugar para que se desvanezca su impronta franquista y adquiera un carácter civil y democrático.

Primo Levi dejó dicho: “Los monstruos existen, pero son demasiado pocos en número para ser peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios preparados para creer y actuar sin hacerse preguntas”. No hacerse preguntas es extremadamente arriesgado y conformista, y en el caso de la instalación de Cuelgamuros, después de un silencio prolongado, es ineludible plantear un rosario de interrogantes dentro y fuera de las salas de justicia. Y de entre todos ellos, sobresale uno: ¿puede un Estado democrático mantener sin cambios un ámbito destinado a exaltar la figura de alguien que se levantó contra quienes había jurado lealtad –las autoridades de la República–, contó con la asistencia de la Alemania nazi –Adolf Hitler– y la Italia fascista –Benito Mussolini–, devastó el entero país y persiguió con saña a sus adversarios?

Responder a la pregunta con una remisión al procedimiento contencioso-administrativo en curso es, por lo menos, la burda simplificación de un asunto que atañe a la memoria colectiva del país, a la dignidad de los aniquilados por la dictadura, a los forzados a huir para salvar la vida y que murieron en el exilio, a la peripecia de tantos que aguardan un reconocimiento por lo menos moral por los padecimientos que debieron soportar. Al mismo tiempo, esa memoria colectiva incluye los enterados sin asomo de duda que enviaban a la otra España al paradón, la represión sin freno, los tribunales de excepción, las ejecuciones extrajudiciales y la institucionalización de la violencia como arma política contra los oponentes.

Al recordar los cuantiosos atropellos cometidos por el general Franco y sus secuaces y leer luego la resolución del Supremo es inevitable sentir que, en cierto sentido, los recurrentes juegan como locales y acaso disfrutan de cierta ventaja. Quizá sea solo eso, una sensación desaforada –ojalá sea únicamente eso–, pero que los tribunales dificulten en tan grande medida la aplicación de lo acordado por el Gobierno para la sepultura de un personaje de trayectoria reprobable no deja de contener una paradoja: quien hizo saltar por los aires un régimen democrático, la República, legitimado por las urnas, encuentra tantos años después, en el sistema judicial de otro régimen, asimismo democrático, una cobertura extrema de sus presuntos derechos mediante la acción en los tribunales de quienes quieren poner a salvo su memoria o recuerdo mediante su permanencia en el mausoleo que lo acoge.

En la introducción de la biografía de Franco publicada por Paul Preston se mencionan algunos rasgos característicos de la personalidad y el comportamiento del dictador: se veía a sí mismo “a través del prisma exagerado de su propia propaganda”; “las ansias de adulación, la fría crueldad y esa timidez que trababa su lengua eran manifestaciones de un agudo sentimiento de inadaptación”; la novela Raza, que firmó como Jaime de Andrade, fue “la manifestación más radical y autocomplaciente de los incansables esfuerzos de Franco por crear un pasado perfecto”. Tal pasado no existió como es harto sabido, sino que vulneró todos los límites que impone el respeto al género humano. Sin embargo, la necesidad imperiosa de salvaguardar tal certidumbre histórica se ha ido en parte por el sumidero de una resolución judicial tan exageradamente garantista que solo atiende a los derechos post mortem del dictador y su descendencia y transmite la impresión  de vulnerar o soslayar los de cuantos, vivos o muertos, siguen esperando una reparación.

 

La galopada de Trump alarma

Conforme avanzan las primarias en Estados Unidos crece el desconcierto en la dirección del Partido Republicano, que observa con estupor cómo la única alternativa verosímil a las extravagancias ultraderechistas de Donald Trump es el programa rematadamente ultraderechista de Ted Cruz. Si en otro tiempo Marco Rubio hubiese parecido una rareza en la tradición política republicana, hoy es el único aspirante que cuenta con el apoyo del aparato, pero, al mismo tiempo, es quien peor lo tiene ante sus contrincantes, compendio variopinto de demagogia, populismo y propuestas hirientes para demasiadas minorías. Cada día son más las voces republicanas que reclaman frenar a Trump con la promoción de un candidato que, en el momento de la convención, lo aparte de la carrera, pero es improbable que, en tal situación, renunciara el empresario a seguir adelante, a disputar la presidencia, aunque fuera a costa de dividir el voto conservador.

Los republicanos corren un gran riesgo al buscar atajos para neutralizar el desenlace de las primarias hasta el momento. Trump no tiene rival y ha sido capaz de movilizar a segmentos de población dañados por la crisis, que ven en las nuevas realidades sociales –inmigración, ascenso de las minorías no blancas, ampliación de la sanidad pública y otros rasgos del presente– la causa de sus males cuando las estadísticas indican que el país ha superado el descalabro económico y el paro anda por el 5%. Pero el riesgo no es menor para los republicanos si aceptan resignados el triunfo de Trump y ponen a su disposición la maquinaria del partido para llegar a noviembre y disputar la Casa Blanca al Partido Demócrata. Y no es menor porque, si sucede lo que prevén las encuestas más depuradas, que Trump es seguro perdedor frente a Hillary Clinton, el núcleo dirigente republicano resultará profundamente dañado, muchos de sus prohombres tenderán a abandonar la nave y dejarán el camino expedito a una combinación poco menos que heteróclita de neocons, teóricos del Tea Party, libertarios ultra, fundamentalistas cristianos y otros especímenes de difícil catalogación.

El profesor de la Universidad de Berkeley Robert Reich ha colgado esta semana en su blog un artículo dedicado a Trump con el muy significativo título de El fascista americano. Confiesa Reich que hasta la fecha se había resistido a utilizar la palabra fascista para referirse al aspirante republicano, pero entiende que “finalmente ha alcanzado un punto en el que el paralelismo entre su campaña presidencial y los fascistas de la primera mitad del siglo XX –figuras espeluznantes como Benito Mussolini, Josef Stalin, Adolf Hitler, Oswald Mosley y Francisco Franco– es demasiado evidente para pasarlo por alto”. La causa principal no es que haya citado a Mussolini o haya invitado a sus seguidores a levantar el brazo derecho de forma “escalofriantemente similar” al saludo nazi, sigue el autor, sino que, como los líderes fascistas del pasado, “Trump ha concentrado su campaña en el odio de los trabajadores blancos que durante años han perdido seguridad económica y son presa fácil para demagogos que buscan levantar su propio poder utilizando a otros como chivo expiatorio”.

El análisis de Reich puede parecer tocado por los excesos verbales, pero se trata de un intelectual solvente, especialista en políticas públicas, miembro de un claustro de prestigio y que transmite en gran medida las inquietudes de los liberales estadounidenses, una franja ideológica bastante transversal y que no puede atribuirse solo al universo del Partido Demócrata. Hay demasiados indicios para pensar que la jerga y las actitudes de Trump son solo una pose; la crispación sonriente del candidato induce a considerar que sus andanadas no son fuegos de artificio, sino que realmente pretende demoler algunos de los pilares sociales de un país muy complejo que hace ocho años, cuando arreciaba la crisis económica y la clase media se tambaleaba, llevó a la Casa Blanca a Barack Obama, un reformista moderado… y negro. Porque el éxito de Trump no puede deslindarse del color biológico de Obama, además del político, y de la suposición –mera suposición– de que una victoria de Hillary Clinton será más de lo mismo, aunque la piel sea blanca.

La movilización de latinos que pueden solicitar la ciudadanía estadounidense y votar en noviembre si antes se la conceden, recogida por The New York Times, es una señal elocuente de la alarma provocada por Trump, pero también de la fractura política cada vez más profunda entre dos versiones diametralmente opuestas de Estados Unidos. Dos frases recogidas por el periódico de labios de una residente de ascendencia mexicana son por demás significativas: “Quiero votar para que no gane Trump” y “no nos gusta”. Es decir que importa poco quién sea el candidato demócrata, lo único que cuenta es que el republicano salga derrotado; da lo mismo que el adversario de Trump sea Hillary Clinton o Bernie Sanders, aunque sus perfiles políticos son muy diferentes y las posibilidades republicanas, al parecer, serían mayores si, contra todo pronóstico, el senador por Vermont se impusiera a la exsecretaria de Estado.

El último debate entre demócratas ha puesto de manifiesto la distancia ideológica entre los dos aspirantes y, al mismo tiempo, ha hecho aflorar cierto nerviosismo en el campo de Clinton, que no esperaba de Sanders tal capacidad de resistencia y de sumar delegados. El dato significativo de que durante las 24 horas siguientes a su triunfo en el estado de Michigan recaudó cinco millones de dólares en donaciones a través de internet no hace más que subrayar que, si no hay partido, sí habrá al menos, cuando empiece la convención, la necesidad de que Clinton asuma alguna forma de compromiso político para recoger capítulos del programa de Sanders y atraerse así a quienes a él votan ahora y pudieran tener la tentación de abstenerse, llegado el 8 de noviembre, al no reconocerse en la candidata a ocupar la Casa Blanca, asociada siempre a la élite financiera de Wall Street.

No hay en el bando demócrata la misma tensión ambiental que en el republicano, pero el paseo militar de Hillary Clinton que se presumía no hace tanto tiempo no se ha confirmado durante estos dos primeros meses de primarias. No hay en la dirección demócrata la preocupación palpable, permanente, de los barones republicanos, pero no puede disimular su deseo de que se confirme cuanto antes la victoria de la exprimera dama para poner en marcha la operación destinada a ahuyentar de las urnas a una parte del electorado conservador que nunca votará demócrata, pero que entre apoyar a Trump y quedarse en casa, puede preferir esto último, aunque sea a costa de dar la victoria a la candidata rival. A la hora de la verdad, quizá no será esta una reacción muy extendida, pero puede producirse si la oratoria del multimillonario sigue por los mismos derroteros desabridos de hasta la fecha.

Tales cábalas parten del convencimiento de que en una sociedad educada en la democracia, el comportamiento de Trump rompe el vínculo tradicional de un segmento de electores con la militancia o la simple simpatía por un partido. El profesor Reich sostiene: “Los ataques verbales incendiarios de Trump contra los inmigrantes mexicanos y los musulmanes, incluso su resistencia a distanciarse de David Duke y del Ku Klux Klan, siguen el viejo guion fascista”. Pero ¿qué sucedería si, en la práctica, la fractura social y la división política, las dimensiones de la América blanca que se siente agraviada, fuesen mayores de lo recogido en sondeos y estadísticas? Todo vaticinio es arriesgado. Lo único cierto es que ha pasado a mejor vida la sólida coalición conservadora forjada por Ronald Reagan hace casi 40 años, y los republicanos experimentan su mayor crisis de identidad y cohesión interna desde los aciagos días de la dimisión de Richard Nixon. Noviembre queda demasiado lejos para predecir si esto ayuda o debilita a Trump en su galopada.