Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

Fujimorazo de Maduro

Lo más parecido a un golpe de Estado de palacio es la sentencia del Tribunal Supremo de Venezuela que cancela las atribuciones del Parlamento so pretexto de que la Cámara ha cometido un delito de desacato. Porque las funciones de las que los diputados son desposeídos pasan a los jueces que firman la condena o resolución, y de ellos a Nicolás Maduro, que concentra así todos los poderes del Estado habida cuenta de la disciplina de partido observada por los magistrados desde hace demasiado tiempo como para dudar de ella.

No se trata de un golpe de Estado palaciego porque lo dice la oposición, que tiene mayoría en la Asamblea neutralizada, ni porque la Organización de Estados Americanos (OEA) lo corrobora ni por ninguna otra circunstancia, lo es porque la división de poderes ha saltado por los aires. No es tampoco un golpe de Estado porque así lo ha decidido una conspiración internacional, sino porque culmina un proceso que ha llevado a la cárcel a varios líderes de la oposición, ha descoyuntado la economía y ha inducido a Maduro a dejar sin efecto cualquier aproximación al sistema de contrapesos propio de una democracia. Y por último, no es un golpe de Estado porque lo digan líderes conservadores, los de signo progresista, salvo tibiezas injustificables, están de acuerdo en que la democracia ha sido barrida por la inercia de un régimen ineficaz, imprevisible y arbitrario, incapaz de corregir sus errores.

Nunca estuvo el experimento venezolano iluminado por el halo de desafío ético al establishment que tuvo, por ejemplo, la revolución de los barbudos cubanos, pero Hugo Chávez logró construir un relato regenerador de la política de su país y fue capaz de poner en marcha programas sociales financiados con un petróleo que anduvo cerca de los 150 dólares/barril. Hoy las invocaciones a la agresión imperialista y otras soflamas de Maduro y su corte de adeptos suenan a eslóganes desgastados, tan alejados de la realidad como la pretensión de corregir los efectos de una inflación de tres dígitos con subidas del salario mínimo del orden del 40%. Nada funciona en Venezuela: una encuesta citada por El Universal, un diario de oposición, estima que un tercio de la población, 9,6 millones de personas, “ingieren dos o menos comidas al día” y “es mucho el daño que se puede hacer si seguimos por este rumbo desquiciado”, según un articulista que publica en el mismo medio.

Frente a este escenario de pesadilla resulta grotesco el pretexto esgrimido por los jueces para liquidar el régimen constitucional: la decisión del Parlamento de aceptar a tres diputados de distritos de la Amazonia cuya elección fue impugnada por el chavismo y diligentemente censurada por el Tribunal Supremo. Desde que la oposición ganó las legislativas del 2015, el objetivo del grupo de Maduro ha sido desembarazarse de los vencedores y actuar como si la república fuese de partido único, el Socialista Unido de Venezuela; luego la Mesa de la Unidad Democrática puso en marcha el proceso para convocar un referéndum revocatorio del presidente y la ansiedad de Maduro fue en aumento. Cualquier cosa valía para restablecer el orden y dejar fuera de juego a los adversarios políticos.

Ahora, en una reacción típica de toda autocracia que se precie, el Gobierno ve en cuanto viene de fuera gestos hostiles y una oposición premeditada a sus planes, especialmente desde la Organización de Estados Americanos, Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, pero lo cierto es que la cercanía al fujimorismo de este golpe de Estado disfrazado de resolución judicial tiene todas las trazas de concretarse en los próximos días a poco que la oposición dispute la calle al chavismo, y este opte por la represión a palos. Dice Vladimir Adrianza en Últimas Noticias, una cabecera chavista, que “Venezuela pasa de una posición defensiva a poner los puntos sobre las íes” en la OEA, pero la organización considera activar la Carta Democrática Interamericana de 2001, a la que Venezuela se adhirió, para, en su caso, impedir la participación del país en las diversas instancias de la OEA, sin que se haya dejado oír más voz de descontento que la de Evo Morales, presidente de Bolivia.

Dice Sandra Oblitas, vicepresidenta de la Comisión Nacional Electoral: “Ningún ente o persona independientemente del cargo que tenga puede imponer ningún tipo de ordenamiento jurídico diferente al que existe en Venezuela”. Lo que sucede es que el Gobierno se ha saltado el ordenamiento jurídico con harta reiteración y ha desoído los consejos de personajes tan diferentes como el papa Francisco y José Luis Rodríguez Zapatero, a quienes es difícil imaginar metidos de hoz y coz en una conspiración internacional contra Venezuela. Más parece que el frente de rechazo formado por Nicolás Maduro, Cilia Flores, esposa de Maduro, el vicepresidente Tarek El Aissami, Diosdado Cabello y los ideólogos del chavismo realmente existente han optado por enrocarse en el poder e imposibilitar todo asomo de reforma de un modelo en ruinas a causa de la quiebra económica, la fractura social y la división política.

Como en los peores momentos de la historia venezolana, en los que la violencia se impuso a los programas, hoy caminan el Gobierno y sus adversarios hacia una cita que presagia inevitablemente un desenlace dramático. Quedan muy lejos los días del frente reformista con Argentina, Brasil, Ecuador, Bolivia, acaso Nicaragua, en los que Hugo Chávez encontró el ambiente propicio, olvidados los tiempos del golpe de Estado de los carapintadas que él dirigió para acabar en la cárcel. No hay nada en el vecindario de Maduro que le sea remotamente favorable, ni siquiera las reservas de petróleo almacenadas bajo el subsuelo caribeño; Latinoamérica ha cambiado profundamente, mientras la vía venezolana hacia la redención social ha degenerado hasta desfigurar el sistema democrático mediante el que el chavismo llegó al poder.

¿Cuál será el paso siguiente en el camino desde la división de poderes a la dictadura sin aditamentos que la encubran? ¿Qué movimientos sopesa la oposición agavillada en la Mesa de la Unidad Democrática, acogida a la legitimidad que le otorga haber obtenido una aplastante mayoría en las últimas elecciones legislativas? ¿Qué papel se reserva la OEA en este desastre político, que puede convertirse en tragedia a poco que la escalada de la tensión siga su curso? Y por último, ¿qué hará el Ejército, el gran mudo, en esta carrera de despropósitos: seguirá disciplinadamente del lado del sistema, como en los días de Chávez, o solo ve en Maduro la figura de un líder fracasado? Ninguna de estas preguntas admite una sola respuesta

 

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Ceremonia de tránsito en Venezuela

La determinación del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de seguir con el programa bolivariano sea cual sea el resultado de las elecciones legislativas alarma a la oposición y pone en guardia a los adversarios del régimen fundado por Hugo Chávez, pero no deja de ser un síntoma inequívoco del agotamiento del modelo. Al parapetarse detrás de la memoria del gran ausente, en un gesto característico de los populismos en circulación, el establishment poschavista da la razón o eso parece a cuantos dentro y fuera del país piensan que el experimento no da más de sí, que solo le queda recurrir a la épica de la resistencia, de enrocarse en sus propias convicciones sin atender a la reacción de la calle, a los riesgos cada vez mayores de fractura social, a la quiebra económica y al veredicto de las urnas.

La efervescencia en los medios y la controversia sobre el rumbo que debe tomar la revolución si el escrutinio da el triunfo a la oposición encuadrada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD) –pronóstico de las encuestas– alienta el debate sobre el compromiso del bando bolivariano con los usos democráticos. Al mismo tiempo, el debate ensombrece o empequeñece la debilidad poselectoral que se atribuye a la MUD a causa de su diversidad y de la pugna no extinta entre personalidades a menudo incompatibles. De tal manera que el entorno de Maduro no solo no ha sabido explotar en su beneficio tal circunstancia, sino que ha permitido a los interesados –democristianos, socialdemócratas, liberales, diferentes izquierdas decepcionadas– soslayarla y exacerbar la crítica al madurismo, si así puede llamarse, en especial a partir de la condena impuesta a Leopoldo López al final de un proceso preñado de sospechas.

“Esto no es la fiesta del Chivo [Leónidas Trujillo, dictador dominicano] ni la de Blas [canción popular en los 60], pero todos pretenden colearse [adelantarse a alguien quitándole el puesto en una fila]. El 7 de diciembre, víspera de aquel 8 de luna llena [primera victoria de Chávez], el pueblo celebrará, mientras los entrometidos de todo el mundo sufrirán la decimonovena resaca que les provoca la soberana patria de Bolívar y Chávez”, escribe Earle Herrera en Últimas Noticias. Pero esa ensoñación, esa victoria presentida o deseada está lejos del vaticinio de los sondeos y, en consecuencia, presagia un pospartido lleno de tensiones en el tránsito de las ilusiones a la realidad.

Si hasta ahora las limitaciones del sistema –desabastecimiento, inseguridad, inflación, entre otros– han tenido una repercusión limitada en los comportamientos políticos de la calle, todo puede cambiar a poco que se resquebraje el mito del chavismo invencible, sostenido por los desheredados. Maduro carece del poder de convicción, de movilización y de resistencia que demostró tener Chávez, y que varias veces atenuó el descontento de una clase media urbana exhausta. El trono de Chávez sigue vacío más allá de los formalismos del poder, y han bastado menos de tres años para dejar en evidencia las limitaciones de su sucesor, transmutado con demasiada frecuencia en caricatura extemporánea del fundador del régimen bolivariano.

Ese tránsito de las ilusiones a la realidad puede realzar el perfil depresivo del momento, la esperanza poco fundamentada puesta por los ideólogos del poschavismo en una pronta subida, poco menos que milagrosa, del precio del petróleo en la franja de los 70-80 dólares el barril (ahora se mueve alrededor de los 45 dólares; Chávez soñó en el 2008 que llegaría a los 200 dólares). Las proyecciones son muy otras, aunque en Caracas se esgrima como un acto de justicia histórica el ascenso de la cotización del oro negro. El clima en la OPEP es más propicio a mantener las vigentes cuotas de producción que a reducirlas el 5%, como quiere Venezuela, y el petroislam sigue en la porfía de retrasar la autonomía energética de Estados Unidos mediante un abaratamiento del barril que, dicho en corto, hace imposible que sean rentables los yacimientos que requieren el costoso recurso a la tecnología del fraking.

“Hoy Maduro, proclamado como su hijo [de Fidel y de Raúl Castro], conduce el país al peor barranco de su historia”, sostiene Nelson Baracanda en El Universal, el diario caraqueño de oposición más leído. Más allá del gesto militante del articulista, deseoso de que la victoria sea para la MUD, lo cierto es que la falta de realismo en una situación económicamente insostenible deja el campo libre a los críticos acérrimos, a cuantos arremetieron contra el chavismo antes de que vieran la luz las primeras reformas sociales. Y esa negación de la realidad incluye no admitir la vulnerabilidad de un modelo que fió gran parte del éxito en el monocultivo petrolero, asociado, para mayor contradicción, a la exportación masiva a Estados Unidos, un negocio en el ocaso y a punto de pasar a la historia. Venezuela carece hoy de alternativas, de lo que los expertos llaman explotación de nuevos nichos de negocio.

La experiencia chavista se ha sumido en un ensimismamiento autocomplaciente, ha renunciado a la crítica desde dentro y ha echado mano todos los días a la redención de los pobres para encubrir sus fracasos, sus contradicciones y su tendencia a enrocarse en su prontuario ideológico. Si esto sirvió hasta la fecha para sumar adeptos y desarrollar una política clientelar no siempre saludable y mucho menos sostenible, ahora tiene todas las hechuras de una pesada carga que da alas a la oposición sin que, por lo demás, esta haya concretado cuáles son los grandes objetivos materiales que persigue.

“Nunca antes una votación electoral tuvo la importancia de medir verdaderamente cuánto han calado en el ánimo del ciudadano las presiones, el miedo y la incapacidad para gobernar y echar para adelante al país más prometedor del nuevo mundo”, concluye Álvaro G. Requena en un artículo publicado en el periódico de oposición El Nacional. Con independencia de la adscripción ideológica del firmante, esta es otra realidad ineludible. Nunca antes fue tan grande la sensación de que Venezuela celebra este domingo una ceremonia de tránsito, uno de esos ritos políticos que, como la victoria de Chávez en 1998, abren o cierran un ciclo político, según se mire; abren o cierran un cambio de régimen, de pacto social o de encaje social, como se prefiera, y sitúan a la comunidad ante un desafío nuevo e inaplazable. Las elecciones tienen ese poder taumatúrgico, de modificación de la hegemonía política al final de un proceso de maduración de cambios sociales que casi siempre pasan desapercibidos a ojos del poder, pero ahí están y dislocan un ecosistema político que hasta aquel momento parecía inalterable. Eso parece ocurrir en Venezuela.

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

Una losa insoportable

Algo profundamente extravagante y demagógico une en el despropósito y en la tendencia a descubrir una conspiración detrás de cada esquina a los gobiernos, por no decir regímenes, de Argentina y Venezuela. En ellos alienta una afición desmedida a recurrir al victimismo mientras la economía se hunde y la crisis social avanza, a pesar de tratarse de dos países capaces de poner en los mercados recursos más que notables para llevar una vida desahogada. La “embestida mediática y judicial” a la que se refiere Jorge Capitanich, jefe de Gabinete argentino, y este “eje Madrid-Bogotá-Miami” –eje del mal, pudiera decirse– vislumbrado por Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, comparten la afición o el recurso por el origen espurio, ajeno a su gestión, de la tragedia nacional. Pero el caso es que no hay forma de esclarecer en qué circunstancias se produjo la muerte del fiscal Alberto Nisman en su apartamento de Buenos Aires ni en qué presuntos manejos anda metido Antonio Ledezma, alcalde metropolitano de Caracas y destacada personalidad de la oposición, detenido el jueves en su despacho por el Servicio Bolivariano de Inteligencia.

Hay, en cambio, algunas certidumbres en ambos casos que llevan a pensar que los dos presidentes afectados, Nicolás Maduro y Cristina Fernández, han recurrido a la vieja táctica de huir hacia adelante para no tener que enfrentarse lo que quieren dejar atrás: un caos económicos con mal pronóstico y una degradación permanente, interna y externa, de sus gobiernos, de aquellas apuestas de futuro que el presente ha dejado desnudas. En ambos casos, también, se asiste a un proceso de ensimismamiento que convierte a los gestores de los proyectos impugnados por los resultados –el chavismo y el kirchnerismo– en caricaturas de quienes los concibieron originalmente, Hugo Chávez y Néstor Kirchner. De tal manera, que no solo parecen haber perdido el ímpetu y la vigencia de los primeros días, sino que presentan el perfil clásico de una herramienta de poder manejada por un grupo, tendencia o ideología política con el único o muy principal objetivo de mantenerse en el poder el mayor tiempo posible.

Las contradicciones en las que ha incurrido la presidenta de Argentina desde que se tuvo noticias de la muerte de Nisman, que la acusaba de haber encubierto la responsabilidad de Irán en el atentado contra la mutua judía AMIA –86 muertos el 18 de julio de 1994–, han resultado tan confusas como poco exculpatorias. Han sido más bien el catalizador de la protesta popular que llenó las calles de Buenos Aires y otras ciudades con una multitud silenciosa que exige diligencia a los tribunales y transparencia a los gobernantes. Ese requisito esencial para que en Argentina, como en tantos lugares, se ponga remedio a la propensión cada vez mayor a entender los salones del poder como aquellos lugares en los que todo es posible y casi nunca honorable, ese cambio en las costumbres que puede restablecer en la política los valores cívicos que a menudo acaban hechos girones.

En el caso de Maduro, más que de contradicciones, cabe hablar de extrañas fabulaciones o suposiciones que, si no lo son, obligan a quien las difunde a aportar pruebas para que la opinión pública esté debidamente informada. Lo único del todo cierto es que el líder opositor Leopoldo López lleva un año en la cárcel y ahora se une a él Ledezma. Y es igualmente cierto que el desabastecimiento, la inflación galopante y la crisis de divisas llevan directamente a Venezuela a un callejón sin salida, que antes perjudicará a los más vulnerables, en cuyo nombre dice actuar Maduro, que a quienes disponen de un margen mayor de resistencia ante la adversidad. Para resumirlo en pocas palabras: Chávez soñó con un petróleo a 200 dólares el barril para financiar la revolución bolivariana, pero anda hoy por los 50-60 dólares, dependiendo de las calidades, y es poco probable que vuelva a cotizarse a los precios estratosféricos de hace seis o siete años.

“Nisman ha pasado a ser el símbolo, para importantes franjas ciudadanas, incluso para aquellas que desconocían la personalidad del fiscal desaparecido, de que el país necesita un cambio copernicano de políticas y de estilos”, escribió el editorialista del diario La Nación, de Buenos Aires. “Un Gobierno que se precia ante los miembros de Unasur de ser demócrata no puede seguir utilizando los tribunales y la fiscalía para perseguir a quienes se le oponen”, se dice en las páginas de Opinión de Tal Cual, uno de los poquísimos exponentes de prensa de oposición que queda en Venezuela. Algo así como que también en Venezuela hace falta un cambio copernicano, una rectificación que legitime esa oferta de nacionalismo socializante que puede acabar el año con una inflación de tres dígitos, insoportable para las economías de los más débiles y ruinosa para el Estado.

Sería ingenuo negar que el Gobierno de Venezuela tiene que hacer frente a poderosos adversarios, pero no es menos ingenuo llegar a la conclusión de que cuanto sucede hoy bajo el paraguas poschavista es fruto de un complot interior con apoyo exterior. Esa fue seguramente la estructura del golpe de Estado que en el 2002 estuvo a punto de triunfar, pero desde aquellas fechas hasta ahora han pasado tantas cosas que es absurdo seguir anclado en las teorías conspiratorias de la historia. Dicho de otra forma, el chavismo se ha revelado como un proyecto ineficaz, insostenible e inclinado al clientelismo político, inspirado a menudo en un modelo –el cubano– asimismo ineficaz y en el ocaso de su ciclo histórico; un modelo que no ha evitado, además, las consabidas luchas por el poder en el seno del Partido Socialista Unificado de Venezuela (PSUV), convertido en una formidable máquina de poder político y agitación popular que propende a estimular el culto a la personalidad: antes con Chávez; hoy con Maduro.

¿Qué decir del caso argentino? Desde el final de la dictadura, los peronistas han entendido las etapas en las que no gobernaron como periodos de excepción, así se tratase de Raúl Alfonsín, un hombre honrado, que de Fernando de la Rúa, un político incompetente. El corralito de 2001 abrió las puertas al regreso triunfal del peronismo e hizo olvidar los errores de Carlos Saúl Menem, y, al mismo tiempo, permitió que cundiera la especie de que con Néstor Kirchner llegaba al puente de mando una tercera vía en la que se mezclaban, nacionalismo, prosperidad y solidaridad continental. Así nació el kirchnerismo, revisión para el siglo XXI del peronismo cuya vigencia entró en crisis en cuanto se pasó del original a la fotocopia (la presidencia de Cristina Fernández), de la posmodernidad a los atrevimientos contables de los cachorros del justicialismo, cuya máxima expresión es Axel Kicillof. Se mantuvo el culto a la personalidad y el recuerdo permanente del magisterio de los difuntos, pero los casos de corrupción lo emponzoñaron todo y ahora más parece que la culpa debe recaer en los comentarios del editor de Clarín, Ricardo Roa, paradigma de la oposición a la presidenta, que en el quehacer lleno de sospechas de quienes gobiernan.

Roa afirma en uno de sus comentarios: “El kirchnerismo se enrosca cada vez más sobre sí mismo. Se sintió dueño del poder para largo y así también se supuso impune en los tribunales. Pero cuando un ciclo se acaba, se acaba para todo”. También el chavismo, el PSUV, los herederos del líder fallecido albergaron este sentimiento de continuidad, de permanencia, de poder largo, pero puede que se hallen a las puertas de su final de ciclo, de ese momento inevitable en el que parece que todo conspira para que nada funcione, para que crezcan los adversarios y no quede más remedio que resistir sin esperanza o desistir. Hay en el discurso último de Maduro todas las señales de agotamiento del modelo, de negación de la lógica para construir un relato de cuanto sucede despegado de la realidad. Y también lo hay en la respuesta de Cristina Fernández y su entorno a las reclamaciones de la calle que protesta, como si aceptar la realidad equivaliese a ser aplastado por una losa insoportable.

 

 

Maduro, por la senda radical

La decisión del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, de combatir una inflación desbocada mediante una intervención directa en la fijación de precios tiene todas las trazas de ser la última versión del viejo dicho pan para hoy, hambre para mañana. Al sumar esta medida a otras dos tomadas hace diez años por Hugo Chávez, el control de cambios y la subvención del precio de la gasolina, se empuja a la economía real hacia el crecimiento del mercado negro, el acaparamiento de productos y, más pronto que tarde, el desabastecimiento. Puede pensar Maduro que con la intervención de la cadena Daka de venta de electrodomésticos, cuyos precios ha rebajado espectacularmente, atrae voluntades a su causa para las elecciones municipales del 8 de diciembre, pero más allá de este objetivo a tan corto plazo es difícil imaginar que un solo entendido en economía le haya aconsejado una medida que, en la práctica, cierra la posibilidad de que se mantenga sin alteraciones la importación de productos cuando se agoten los ahora vendidos a precios políticos, poco menos que de saldo.

Si a la intervención de ahora se suma la ley habilitante, que da poderes especiales al presidente durante un año para que legisle fuera del control parlamentario, especialmente en materia económica, cabe afirmar que el proceso venezolano apunta mucho más allá que la cirugía social de emergencia aplicada por Chávez a una comunidad extremadamente dual. Al movilizar a los suyos para abrir un largo paréntesis en la división de poderes, como si fuese posible domeñar por decreto las estadísticas y los flujos de capital, se multiplican las incertidumbres, tanto en la urdimbre institucional del régimen bolivariano cuanto en el compromiso democrático de quienes lo gestionan, cada día menos exigente con el principio de legalidad. Al recurrir a poderes de excepción, Maduro se atiene más al gesto autoritario de quien da por descontado que es depositario de la verdad y de todas las soluciones, sean estas las que sean,  que a la imagen del líder que actúa después de analizar la situación sin parapetarse en prejuicios ideológicos.

Lo cierto es que la realidad económica venezolana no puede ser menos halagüeña, con una divisa, el bolívar, que en el mercado negro se cotiza unas diez veces por debajo del cambio oficial: poco más de seis bolívares por dólar. No hay un solo exportador que esté dispuesto a aceptar la paridad fijada por el Gobierno y, en consecuencia, no hay un solo importador en situación de comprar en las condiciones que pretenden las autoridades monetarias venezolanas. Esa es la primera causa de la escalada de precios, sin que deba descartarse que algunos empresarios hayan decidido acaparar y retirar del mercado cantidades significativas de bienes de consumo para provocar una subida artificial o provocada de la inflación. Soslayar ese dato, que la cotización del bolívar se ha despeñado, es un regate en corto a la realidad que puede ser útil para contentar a auditorios convencidos, pero que en ningún caso sirve para evitar que la inflación ande por encima del 50% con tendencia a seguir creciendo.

Juan Nagel, un bloguero venezolano coeditor de Caracas Chronicles, sostiene que su país es el que más dudas ofrece en el mercado de la deuda, “donde solo presenta menos riesgo que la bancarrota de Puerto Rico”. Su fiabilidad, asegura Nagel en un post colgado en Foreign Policy, está por debajo de las de Grecia y Argentina, de forma que, a la hora de la verdad, no tiene ninguna posibilidad de lograr financiación exterior por cauces convencionales –colocación de títulos en los mercados– y debe fiar su suerte a acuerdos bilaterales con terceros y a la cotización al alza del petróleo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que el Gobierno venezolano ha echado mano de sus reservas y dentro de poco “deberá afrontar graves problemas y tomar decisiones difíciles”, en palabras de la directora de la institución, Christine Lagarde.

La mujer que aparece en la fotografía se llama Clotilde Palomino. Es una empleada doméstica de Caracas que el 11 de noviembre compró una licuadora, un deuvedé y una plancha en una de las tiendas de electrodomésticos intervenidas por el Gobierno venezolano, pero que fue presentada en diversos medios y en las redes sociales como una saqueadora de una tienda de Valencia, aunque mostró la factura de los artículos que adquirió con sus ahorros en un establecimiento de la ciudad en la que vive. Piensa demandar a quienes la acusaron de saqueadora y ha pedido al presidente Nicolás Maduro que la ayude a limpiar su imagen

Las cifras venezolanas para el año que acaba están lejos de las previsiones para las cuatro economías latinoamericanas mejor situadas. Vaticina el FMI que el PIB de México crecerá el 3% el próximo ejercicio; el de Colombia, el 4,2%; el de Chile, el 4,5%; y el de Perú, el 5,7%. Para el mismo periodo, las estimaciones llevan el déficit venezolano por encima del 12,6% con el que cerrará 2013, con el riesgo además de que se registre una contracción significativa de las exportaciones de petróleo a causa del paulatino aumento de la actividad extractiva en Estados Unidos gracias a la explotación intensiva de los yacimientos de esquistos. Ese es, quizá, el mayor problema que a medio plazo amenaza la viabilidad de la economía venezolana.

La euforia de Rafael Ramírez, ministro de Petróleo de Venezuela, que en verano presentó como un gran éxito el aumento de las exportaciones a China (600.000 barriles diarios) e India (400.000 barriles diarios), apenas estaba justificada porque el primer cliente de los yacimientos venezolanos es Estados Unidos, que marcha a toda máquina hacia la independencia energética. Es muy difícil, por no decir imposible, que se mejoren las cifras actuales de exportación –1,5 millones de barriles diarios–; lo que sucederá de forma más que probable será una paulatina caída de las compras de aquí al 2020, cuando todos los cálculos llevan a concluir que Estados Unidos dejará de importar petróleo. Según la US Energy Information Administration (EIA), la producción de petróleo en Estados Unidos en octubre fue de 7,7 millones barriles diarios, una cifra que superó a las importaciones por primera vez desde febrero de 1995. Las importaciones de octubre fueron, al mismo tiempo, las más bajas desde febrero de 1991.

¿Pueden China e India absorber los descensos en las importaciones que prevé la EIA? Todo induce a pensar que no, entre otras razones porque ambas potencias mantienen una lógica política de diversificación de suministros para evitar que problemas locales lejanos afecten a su seguridad energética. ¿Puede Venezuela buscar nuevos mercados para suplir la caída de las importaciones de Estados Unidos? Sí, sin duda, siempre y cuando acepte operar en las condiciones habituales en el complejo mercado del petróleo, sin aspirar a tratos de favor como el dispensado por China en su momento, que accedió a hacer un pago por adelantado en tiempos de Chávez equivalente, se dice, a dos años de pedidos. Puede atraer nuevos clientes, sin duda, si los inversores extranjeros reciben garantías jurídicas, sin que eso signifique que Maduro debe poner el país en almoneda. Pero no puede pensar en un alocado ascenso del precio del petróleo a corto plazo –Chávez soñó un día con que el barril llegaba a los 200 dólares–, salvo que circunstancias imposibles de prever induzcan una escalada.

Pero el populismo grandilocuente de Maduro, imitación desvaída de la foto fija que Chávez dejó para la historia, abre nuevos interrogantes todos los días, acompañados del misticismo sin mucho lustre que le lleva a anunciar la aparición de su predecesor en las obras del metro y de la burda simplificación de la realidad que le permite considerar burgués todo lo que se opone a su política. Hay en Maduro una suerte de iluminismo rudimentario que no hace otra cosa que acrecentar la desconfianza hacia un proyecto cuya estación de llegada pudiera ser La Habana a pesar de la quiebra del experimento en la perla del Caribe. En cambio, se echa en falta en el presidente de Venezuela un acercamiento al realismo para corregir las deficiencias manifiestas de una propuesta ideológica que, a cada día que pasa, parece más un instrumento destinado a consolidar un poder político asentado sobre una sociedad permanentemente subvencionada.

Henrique Capriles, líder de la oposición de todos los colores que impugna la oferta bolivariana, acusa a Maduro de seguir “el libreto castrocomunista”, otra simplificación, pero las decisiones económicas de la última semana facilitan mucho las cosas a los adversarios del presidente. El editorialista del diario El Nacional, que apoya a Capriles, entiende que las medidas adoptadas por el Gobierno tienen el efecto contrario a la justicia distributiva que dice perseguir, y recuerda la hecatombe de la descomposición del bloque comunista: “Basta con mirar –afirma– hacia la bancarrota que marcó el derrumbe de los sistemas del llamado socialismo real, productores de proverbial escasez en los países que los padecieron”.

En este clima, la fractura social es, más que un riesgo, una realidad. La voluntad manifestada por Chávez de no rectificar el rumbo nunca, que el periodista Ignacio Ramonet destacó a su muerte como un mérito, es el punto de partido de los temores de cuantos se oponen a Maduro. “No hay peor sordo que el que no quiere oír. Y muchos, a pesar de la meridiana claridad del proyecto expuesto hace exactamente 14 años por Chávez, a pesar de su claridad evangélica, o no oyeron lo que dijo, o no prestaron atención, o pensaron que eran palabras huecas, de pura retórica”, escribió Ramonet en Le Monde Diplomatique. El problema es que la claridad evangélica y los logros sociales se han enturbiado progresivamente con las dudas razonables que alimenta un programa económico heterodoxo, sufragado con las rentas del petróleo, pero insostenible a poco que mengüen; el gran reproche es que el chavismo y sus legatarios han promovido la justicia social como si fuese un objetivo incompatible con el pluralismo, la autonomía de los individuos y el derecho a disentir.

Hubo un tiempo durante el cual el chavismo se legitimó más allá de la victoria en las urnas. Lo hizo a través de una reparación histórica: atender las necesidades básicas de una población con un índice de analfabetismo del 69%. Luego sucedió lo que tantos reprochan a los predicadores de la buena nueva bolivariana: las inquietudes sociales se convirtieron en el instrumento ideal para justificar lo injustificable, de forma que, mucho antes de la muerte de Chávez, el régimen se transformó en una caricatura de sí mismo y hoy abunda en esa estrategia, convencido de que su continuidad depende de ello, de radicalizarse sin cesar. Pero hay demasiadas señales que indican que, por ese camino, el futuro se antoja noche cerrada.

 

Brasil, más allá del fútbol

“Donde hay sueños, también hay monstruos, hay traumas reprimidos, hay denegaciones, hay sed de venganza, miedos al cambio, necesidades de mantener privilegios, oportunidades vistas para dar frutos y así sucesivamente”.

Francisco Bosco, columnista de ‘O Globo’

Una dinámica de protestas en la calle y desorientación en los salones del poder se ha adueñado de la política brasileña. El compromiso reformista de Lula da Silva, heredado por Dilma Rousseff, ha situado en el disparadero de las reivindicaciones a una clase media recién llegada a la política que desconfía de los partidos, es consciente de que es depositaria de derechos y no se resigna a permanecer callada. “El rostro turbado por la cólera de las clases medias”, como ha escrito Miguel Ángel Bastenier en El País, marca el ritmo de las decisiones tomadas a toda prisa por la presidenta para apaciguar a los descontentos y, de paso, acometer los males que han desencadenado las movilizaciones: servicios insuficientes, corrupción rampante, policía desbocada y todas las contradicciones inherentes a un crecimiento rápido y a menudo descontrolado.

Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil: “Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos”.

Esas son las líneas rojas de la crisis social en curso. El disgusto por el gasto excesivo asociado a la Copa Confederaciones de estos días, el Mundial de fútbol del año próximo y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del 2016 son otras tantas piezas sin encaje en un rompecabezas de difícil solución. Brasil es el gigante incontestable de América Latina, incluso puede ser el gigante necesario para encauzar un entorno donde con frecuencia prevalece la política de balcón, la sociedad brasileña se proyecta sobre todo el continente con un dinamismo irrefrenable, pero la prosperidad económica y los programas que han rescatado de la pobreza a no menos de 40 millones de ciudadanos durante el último decenio están lejos de ser el bálsamo de Fierabrás que todo lo cura. Son más apropiadamente el resorte que ha puesto en marcha el cambio en una estructura social que cobija a un tiempo la favela y las nuevas tecnologías, el auge de los centros financieros con formas de corrupción inamovibles gobierne quien gobierne.

Puede decirse que la corrupción ha sido durante generaciones un mecanismo de socialización más. En todas las etapas democráticas de la historia de Brasil, los partidos han oscilado entre la complicidad manifiesta con los corruptos y la tibieza para combatirlos. Ni siquiera el PT, el partido de Lula, el de la oposición a los desmanes de gobiernos venales, ha escapado a esa lógica, de tal manera que no pueden sorprender opiniones como la Bruno Lima Rocha en las páginas de O Globo: “Después de diez años de coalición del PT y otros partidos que otrora fueron de izquierdas, siempre aliados con lo peor de las oligarquías brasileñas y sus grandes agentes económicos, los movimientos populares casi se desarmaron. Forma parte de la política que las nuevas formas de organización social procedan de frentes sociales no manipulables”.

Lula y Dilma

Lula da Silva y su heredera política, la presidenta Dilma Rousseff, en una imagen de la campaña de las elecciones del 2010.

Sería ingenuo afirmar que ha llegado a Brasil la desconfianza hacia las formas tradicionales de partición política, porque la desconfianza es anterior a la protesta en la calle; en realidad, es uno de los motores que ha unido la masa crítica de la protesta. Y puede que por ese motivo la convocatoria de un plebiscito sea fruto de una intuición al entender que es la forma más adecuada para que el Gobierno recupere la complicidad de la calle en la lucha contra la corrupción, la intervención en servicios esenciales –transportes, educación, sanidad–, la disciplina fiscal y el control de la violencia policial. La propuesta de plebiscito hecha por Rousseff sería así una fórmula para tomar de nuevo la iniciativa y acercar a las voces de la calle el palacio de Planalto, sede de la presidencia.

“Sé muy bien que ninguna democracia vive sin partidos. Pero hay formas de mitigar esa influencia, de introducir trazos de voluntad popular, de consulta directa a la población”, ha declarado Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal y partidario decidido del plebiscito. Pero ¿es suficiente un plebiscito para encarar un proceso constituyente? El perfil de la protesta no da para tener buenos presagios, sino para temer que se enquiste una crisis social con dos frentes perfectamente definidos: el de la política sustentada en el sistema de partidos en circulación y el de los decididos a depositar la confianza en formas organizativas de nuevo cuño, alejadas de las convenciones y del reformismo a la brasileña encarnado por Lula. El objetivo de este cuando fue investido presidente de asegurar tres comidas al día a todos sus compatriotas ya no es suficiente, aunque todavía no se logrado; ahora hay una clase media que pide calidad de vida y derechos sociales después de haber sido redimida de la pobreza.

“Para hablar directamente con la calle, la solución (del plebiscito) sería seguramente la mejor”, ha escrito Zuenir Ventura en O Globo. Pero cuando ni siquiera el fútbol sirve para ahuyentar los demonios familiares de la sociedad brasileña, entonces los frutos del plebiscito son una incógnita. No valen las referencias a otros mundiales, como el de Sudáfrica, que proyectaron a todo el planeta la imagen de un país renovado; no vale el precedente de Barcelona 92, que puso al día una ciudad que hoy recoge los beneficios de la gran empresa de los Juegos Olímpicos; no convence el ejemplo de Pekín, que utilizó el olimpismo para certificar que China es la gran potencia del siglo XXI. Y no valen estas invocaciones porque el origen de la protesta hay que buscarlo en una izquierda que se ha revuelto “contra un desfase entre los avances económicos y las ganancias sociales”, y reclama “una intervención del Estado en el sentido de abrirse a una mayor participación pública en los procesos”, según el análisis de Francisco Bosco.

Niteroi

Manifestación en Niteroi, cerca de Río de Janeiro, el 21 de junio.

Frente al tópico del fútbol como una religión compartida por todos los brasileños y a la creencia de que el culto al cuerpo es una obsesión nacional, que genera una complicidad espontánea con los Juegos Olímpicos, surge la realidad de las tensiones derivadas de una sociedad cambiante. Frente al Brasil alejado de los grandes debates internacionales se concreta otro destinado a ser el gran interlocutor de Estados Unidos en Latinoamérica, a participar activamente en la reforma de las Naciones Unidas, a condicionar el mercado energético con sus ingentes reservas de petróleo en el fondo del océano, a competir con los grandes polos de la industria del ocio y a buscar, en fin, un lugar bajo el sol en el selecto club de las potencias emergentes de este comienzo de siglo. La vecindad inmediata ha dejado de ser el campo de actuación preferente de Brasil porque ahora su condición es la de potencia regional.

El riesgo es que, de no corregirse el desajuste social con medidas concretas y tangibles, crezcan el desapego a la política y la desconfianza en las instituciones. “Una execración de la política tiene cuanto es preciso para degradarse, de una u otra forma, en populismo autoritario”, sostiene el diario O Estado de Sao Paulo, que evoca un peligro que está ahí como suma y compendio de las debilidades del sistema. Al mismo tiempo, una parte de la opinión pública, incluso de tradición progresista, comparte el análisis del comportamiento de la presidenta Rousseff publicado por Hélio Schwartsman en el periódico Folha de Sao Paulo, de orientación conservadora: “Intentó dar contenido y dirección a un movimiento popular que ganó enseguida, pero no sabe hacia dónde camina. Cuando se analizan las propuestas concretas de la mandataria se tiene la sensación de que se incorporó al clima de las manifestaciones y decidió actuar sin pensar”.

Claro que al apuntar directamente a Rousseff, el medio preferido de la muy conservadora burguesía paulista pone las cartas sobre la mesa. ¿Cuáles son estas? Esencialmente, aprovechar el momento para erosionar la imagen de Rousseff, quien a pesar de los acontecimientos de las últimas semanas mantiene su estatus de presidenta respetada, con un alto índice de aceptación y, no se olvide, encargada de administrar la herencia política de Lula. Y para los ideólogos del compromiso social y de la lucha contra la pobreza, para los planificadores de un futuro sin favelas y una Amazonia salvaguardada de una explotación descontrolada, para los defensores de las naciones indígenas, para cuantos esperan que para el 2020 se haya completado una reforma ecuánime en el reparto de las tierras de labor, el mensaje de Lula, sea dicho por él o mediante persona interpuesta –Dilma Rousseff–, sigue siendo la principal fuente de inspiración. Habría que decir, quizá, la referencia principal del reformismo latinoamericano que no ve futuro en la prédica bolivariana de los albaceas de Hugo Chávez.

 

Venezuela consagra la división

Resultados Venezuela

Resultados oficiales finales de la elección presidencial en Venezuela celebrada el 14 de abril.

El fracaso con recompensa de Nicolás Maduro y el éxito sin contrapartidas de Henrique Capriles han llevado a Venezuela a la antesala de la crisis institucional y el caos político. El efecto duelo, tan decisivo en otros casos, fue esta vez un lastre para el heredero ungido en diciembre por el comandante-presidente antes de viajar a Cuba para ser operado: el uso, abuso y utilización exagerada de la memoria del líder desaparecido trasladó a la opinión pública la imagen de un candidato sin proyecto propio, refugiado en una especie de legado mesiánico. El aspirante de la oposición supo sacar partido a las contradicciones del régimen bolivariano, a sus limitaciones para atajar problemas como la inseguridad o la crisis económica, y supo buscar en el frente exterior la proyección cada día más difícil en el interior. Pero la gran brecha social surgió al día siguiente de las elecciones, cuando el establishment chavista se negó a realizar el recuento de votos pedido por Capriles y se apresuró a proclamar la victoria de Maduro por un margen de votos no muy superior al 1,5%.

Así se llegó a una situación que no fue posible gestionar sin costes, incluida la marcha atrás del Consejo Nacional Electoral (CNE), que finalmente accedió a auditar el 46% de los votos que quedaron excluidos del primer recuento. En la trinchera chavista, el precio inmediato a pagar fue que afloraron las primeras señales de división a través de la necesidad de realizar una autocrítica de las causas del retroceso electoral, una iniciativa encabezada por Diosdado Cabello, presidente de Parlamento. En el Ejército, acaso el precio futuro sea descubrir que el pretendido entusiasmo del generalato para seguir por la senda bolivariana está menos extendido de lo que quieren dar a entender el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor. En el conglomerado de oposición Unidad se concreta desde ahora mismo en el hecho de que el reforzamiento de la figura de Capriles no puede ocultar un dato capital: salvo sobresaltos, se abre un periodo de espera de seis años para intentar de nuevo llegar al palacio de Miraflores.

Si se desbordan las pasiones, los costes pueden crecer exponencialmente porque no cicatriza las heridas el recuento aceptado a pocas horas de que Maduro jurara el cargo. En el ánimo de muchos venezolanos, a un lado y otro de la refriega, ha arraigado la idea expresada por el político Oswaldo Álvarez Paz en El Nacional, diario caraqueño que apoya a Capriles: “La naturaleza de la crisis es existencial, de principios y valores que desaparecen en nombre de una revolución socialista a la cubana”. Hay en esa opinión un punto de exageración, pero desde luego pesa en Maduro la enseñanza castrista recibida en La Habana en sus días de joven líder sindical. En cambio, ha olvidado las referencias de una autora clásica del pensamiento revolucionario, Rosa Luxemburgo, recordada por el escritor Carlos Fuentes en su libro póstumo Personas: “La libertad solo para quienes apoyan al Gobierno, solo para los miembros del partido, por numerosos que estos sean, no es de ninguna manera libertad. La libertad es siempre y exclusivamente libertad para los que piensan distinto”.

Impugnaciones

Datos difundidos por la candidatura de Henrique Capriles.

Los pronunciamientos públicos de las máximas responsables de las cuatro instancias relacionadas con el proceso electoral y la interposición de recursos han contribuido decisivamente a extender la sombra de la sospecha en igual o mayor medida que el memorial de agravios –irregularidades– presentado por Capriles, donde constan los episodios supuestamente impugnables de los que la oposición dice tener constancia. La rapidez de la CNE en dar por bueno el triunfo de Maduro unido a las amenazas más o menos explícitas formuladas por la fiscal general de la República, la defensora del pueblo y la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, destinadas todas ellas a imputar a Unidad –léase Capriles– actos de desestabilización, no hacen más que llevar al país a un callejón sin salida. Los tecnicismos para oponerse a un recuento de votos erosionaron la legitimación de Maduro que, como ha escrito Marianella Salazar, debía haber sido el primer interesado en despejar cualquier duda para iniciar su mandato sin plomo en las alas. En cambio, prefirió que cundiera la sospecha de componenda electoral antes de que finalmente se accediera al recuento de todos los votos, algo que en última instancia la oposición, a través del Comando Simón Bolívar –el nombre de Bolívar vale para todo–, puede presentar como un triunfo frente a los juegos de manos de los afectos a Maduro

Es evidente que una diferencia de unos 270.000 votos en un universo de casi 15 millones de votos emitidos es suficientemente pequeña como para que el deseo de Capriles de que hubiera un recuento fuese satisfecho. Realizarlo ahora no mejorará la posición de debilidad poselectoral del sucesor de Hugo Chávez, pero sí su legitimidad para ocupar el palacio de Miraflores. Aun así, Maduro tendrá que ganarse todos los días la adhesión de los suyos, porque perdió casi 700.000 votantes que en octubre del año pasado eligieron la papeleta de Chávez, pero quizá pueda ahorrarse la ruidosa erosión de las caceroladas y el desgaste de los reproches a todas horas. Lo que en ningún caso amortizará Maduro es la desconfianza generada por figuras como Luisa Estella Morales, presidenta del Supremo, que invocó “la seriedad, la sindéresis [discreción, capacidad natural para juzgar rectamente]” para que no llegara la lucha a la calle, ni los recelos sembrados por el tono intimidatorio exhibido por el presidente al excluir “un pacto con la burguesía”, amenazar con “radicalizar la revolución” e invocar “el chantaje del fascismo” (algo que también hizo Capriles, poseído por una fogosidad irrefrenable).

La estrategia de Maduro de rescatar de los manuales revolucionarios de antaño la estrategia de clase contra clase hoy puede encender la mecha del enfrentamiento social y de un caracazo de nuevo cuño a poco que se rompan los diques de la contención política. El núcleo duro del chavismo –¿habría que hablar de poschavismo?– se escuda en que hizo “una campaña electoral apegada a la Constitución y ellos [la oposición] hicieron la guerra”, para, acto seguido, manifestar respeto hacia quienes dieron el voto a Capriles, pero desacreditar al candidato y a su entorno, a los que acusa de someterse a los designios de Estados Unidos y de enfangarse en los preparativos de un golpe de Estado. Y esa diferenciación entre el candidato y los votantes no hace más que revelar que hay sectores en el régimen que comprenden que no puede generalizarse el acoso a la oposición siquiera sea porque la mayoría del 49% de los votantes que prefirieron a Capriles están lejos de ser representantes de la oligarquía retardataria. ¿Forma parte esta convicción de la autocrítica que reclama Cabello?

Puestos a formular preguntas inquietantes, vale la pena plantear esta otra: ¿cuánto ha pesado en la decisión de auditar todos los votos el anuncio hecho por el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, de no reconocer la elección de Maduro si no había recuento? Más aún: ¿hasta qué punto el chavismo posibilista ha preferido atender las reclamaciones de Capriles a situar a la república bolivariana en un limbo a causa de las dudas suscitadas por la elección de Maduro? Es el ala posibilista la que tiene más meridianamente claro el hecho de que la Casa Blanca de hoy está lejos de ser la caja de resonancia de la derecha reaccionaria, cuyos pasos guían los latinoamericanos resentidos con domicilio en Miami, y es la que reclama en voz baja que se disipen las sospechas sembradas por académicos venezolanos de prestigio como José Domingo Mujica, coordinador de la Red Observatorio Electoral, porque de paso se desarmará a cuantos piensan que es posible un ataque por ese flanco para liquidar al chavismo por la vía rápida. De poco le valdría a Maduro el botafumeiro agitado en Lima por los jefes de Estado del Unasur si persiste la impresión de que “el resultado pudo ser otro” (Mujica) porque el 5% de los votos emitidos permanece bajo sospecha (Mujica otra vez).

La redención a cualquier precio de las víctimas de la historia está en entredicho en Venezuela desde la noche del 14 de abril porque una parte de los destinatarios del mensaje de Maduro prefirieron a Capriles. Es más, dudaron de que Maduro pueda ser el continuador esclarecido del empeño de Hugo Chávez de rescatar de la miseria a los más débiles. Quizá sea esto lo peor que le puede ocurrir a un líder pretendidamente populista, aunque poco dotado para utilizar las herramientas del populismo y enardecer a la calle. La denegación del recuento y “la sucia trampa” invocadas por el analista Antonio A. Herrera-Vaillant en el conservador El Universal no hicieron más que empeorar las cosas. Llevaba razón el presidente de México Lázaro Cárdenas, un reformador social de referencia, al reclamar el respeto al adversario para dejar a salvo la democracia en América Latina. ¿Acaso Maduro olvidó leer a Cárdenas?