El medioambiente suma enemigos

La Cumbre del Clima (COP25) que se desarrolla en Madrid debe afrontar adversarios poderosos, que niegan la influencia del factor humano y del modelo industrial-energético en la degradación del medioambiente. Desde que se firmó en 2015 el Acuerdo de París, ha decaído el compromiso de varios estados y de grupos financieros para lograr que el aumento de la temperatura media del planeta a finales de siglo sea a lo sumo de 1,5º. La decisión del presidente Donald Trump de retirar a Estados Unidos del acuerdo ha movilizado al frente negacionista; mientras la comunidad académica insiste en que caminamos hacia un futuro inasumible, científicos irreductibles siguen entonando el estribillo de que el cambio climático y los desastres asociados a él son fruto de un fenómeno natural no muy diferente al registrado en otros momentos de la historia de la Tierra. Pero lo cierto es que, al multiplicarse los desastre y cumplirse todos los pronósticos con puntualidad rigurosa, se consolida la impresión de que la comunidad humana del siglo XXI se adentra en la mayor crisis imaginable.

El Global Climate Risk Index para el año 2020 recoge datos alarmantes, por ninguna autoridad científica desmentidos, según los cuales el sector extractivo de combustibles fósiles de Estados Unidos, Canadá, Noruega, Argentina y algún otro país –China, uno de ellos– ha planeado inversiones por un monto total de 1,4 billones de dólares que hacen del todo imposible limitar el calentamiento del planeta. Estas inversiones pretenden perpetuar el modelo económico, incluso dando por descontado que incluyan mejoras en la eficiencia de la combustión, reducción de la emisión de gases de efecto invernadero e incluso su almacenamiento y utilización. De tal manera que las advertencias de los expertos tienen un efecto limitado frente a las decisiones políticas y económicas que se adoptan en el día a día, a espaldas muchas veces de la opinión pública.

Solo cuatro años después de firmarse el Acuerdo de París, Laurent Fabius, el ministro de Asuntos Exteriores de Francia que presidió los debates, reconoce que ahora es más difícil la aplicación de los compromisos suscritos en 2015 y que a partir del próximo año sustituirán al Protocolo de Kioto. “El Acuerdo de París sigue manteniendo toda su fuerza, pero el contexto internacional hace que su aplicación sea más complicada”, opina Fabius, que teme que el género humano se vea a largo plazo en el trance de tener que afrontar una situación irreversible.

Una horizonte posible que niegan quienes se mueven entre la negación y el escepticismo y, al mismo tiempo, ponen en marcha políticas que favorecen la marcha atrás de algunos países, aparentemente dispuestos hasta hace poco a introducir factores de corrección en la agresión y degradación del medioambiente. El caso más patente es el de China, que se dispone a poner en marcha centrales térmicas alimentadas con carbón para abaratar la producción de energía y hacer frente a los efectos del proteccionismo y de la política arancelaria de Estados Unidos. El único y al mismo tiempo enorme perjuicio derivado del programa chino es que recurrir al carbón –el país dispone de grandes reservas– es altamente contaminante y no hará más que agravar la calidad del aire, aumentar las enfermedades provocadas por la atmósfera emponzoñada y quizá llevar a competidores de China a recurrir a fuentes de energía sucias para operar en los mercados en igualdad de condiciones.

El ejemplo de China es especialmente significativo, no solo porque es uno de los grandes focos de contaminación a escala planetaria, sino porque a raíz de los Acuerdos de París apareció como el país paladín del cambio de modelo energético al lado de la Unión Europea. Ni siquiera ha precisado el Gobierno chino buscar un científico ad hoc para negar que la situación sea tan grave como se dice: lo que ha hecho simplemente es anteponer el cálculo económico y la necesidad de crecer a cualquier otra consideración, aunque los episodios de contaminación se multiplican en las grandes ciudades chinas, y la contribución de la industria a la emisión de gases de efecto invernadero es, junto a la de Estados Unidos, India y Rusia, la más alta del mundo.

En términos generales, se diría que muchas empresas con peso específico en el sector energético siguen sin creerse que la transformación del modelo basado en los combustibles fósiles es un nicho de nuevas oportunidades de negocio. La descarbonización plantea un desafío tecnológico enorme, dice Laurent Fabius, pero también está provocando el desarrollo de nuevos sectores, incluso en países con grandes reservas de petróleo y gas. Que cunda el ejemplo es más complejo: mientras personajes como Jair Bolsonaro nieguen que la Amazonia –una formidable depuradora del aire– es patrimonio de la humanidad y Donald Trump eluda toda consideración global en nombre del interés nacional, es improbable que al día siguiente de la clausura de la Cumbre del Clima cambie la atmósfera de compromiso y sensación de urgencia que reclaman los entendidos.

El auge de la extrema derecha europea, casi siempre negacionista, y su impacto en el comportamiento de los partidos conservadores y la demasiado frecuente tibieza de la izquierda convierten la ruta hacia una transformación del modelo económico, de crecimiento y de consumo en un campo de minas, en una interminable sucesión de buenas intenciones que no llegan a puerto o lo hacen manifiestamente recortadas. Al mismo tiempo, la discusión sobre el papel desempeñado por algunos actores da pie a debates insustanciales que enturbian o desvían la atención de los importantes. El tiempo consumido en dilucidar si la joven Greta Thunberg es una líder autónoma o utilizada es quizá el más difundido, sin que, por lo demás, se haya prestado atención a la falta de líderes adultos que sintonicen con la sensibilidad de los jóvenes que ven como día a día, salvo ceguera manifiesta, se oscurece su horizonte de futuro. Parece que todo vale para que, como tantas veces sucede, los árboles no dejen ver el bosque.

Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

La poltrona de Maduro se tambalea

La degradación a marchas forzadas del clima social, la economía y el funcionamiento de las instituciones en Venezuela permite afirmar que lo peor está por llegar porque es imposible que la salida de la crisis se produzca en un ambiente razonablemente sereno si es que se produce. Dos legitimidades discutibles se enfrentan en el espacio público con aliados poderosos a sus espaldas, impregnado el proceso en curso de todas las reacciones emotivas imaginables y por imaginar. El alineamiento del lado de Nicolás Maduro o de Juan Guaidó tiene mucho de batalla ideológica –el establishment, al lado del autoproclamado presidente interino; el mundo situado a la izquierda de la socialdemocracia, al lado del sucesor de Hugo Chávez–, contaminada desde el comienzo la decantación por el apoyo inmediato de Donald Trump a la oposición movilizada y de Rusia y China a la causa bolivariana.

Las apelaciones al derecho internacional y al principio de no injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, destinadas a desacreditar el reconocimiento de Guaidó y a apoyar a Maduro, son tan discutibles como las remisiones a la injerencia humanitaria de quienes apoyan al nuevo líder de la oposición. En las desventuras de Venezuela todos los papeles están repartidos, y mientras tanto los padecimientos de la población no paran de crecer a la espera de un desenlace que es de temer largo, confuso y acaso inadecuado para salir del cenagal. Nada hay en la crisis que no responda a intereses concretos dentro y fuera del país: el objetivo conservador de reconquistar el poder, el propósito de quienes ahora lo ocupan de perpetuarse en él, la disputa por el control futuro de PDVSA, la petrolera estatal con las reservas de crudo más grandes del mundo, el exilio enardecido en Estados Unidos y Europa y otros muchos factores que aconsejan analizar el problema con los anteojos del realismo.

Un comentarista del diario caraqueño El Universal otorga a Guaidó y su toque a rebato la condición de cisne negro –algo cuya existencia nadie previó–, como lo fueron las primaveras árabes, pero en ambos casos estaban a la vista de la comunidad internacional los ingredientes para que se desencadenara el levantamiento en la calle y surgieran líderes más o menos espontáneos para encabezar la protesta. Nadie puede sorprenderse de la situación creada, ni siquiera el equipo de Maduro, cuando la moneda dejó de tener valor a causa de una hiperinflación frenética, el PIB se despeñó, la crisis de subsistencias se generalizó y el Estado respondió con una mezcla de populismo ruidoso, ineficacia y bloqueo de las instituciones, singularmente la Asamblea Nacional. Simplemente, la presunta revolución chavista se hundió estrepitosamente sin haber sabido aprovechar ninguno de los momentos favorables: los altísimos precios del petróleo hace una década, el entusiasmo primigenio de los rescatados de la miseria, el rompecabezas de una oposición sin líderes sólidos y, en última instancia, la presidencia de Barack Obama.

A diferencia de otros precedentes históricos, con la revolución cubana en primer lugar, el prestigio de la aventura bolivariana pronto sembró el mundo académico y los medios de comunicación de defraudados que creyeron ver en el programa chavista de 1999 un proyecto ilusionante de redención de los desheredados, pero pronto cayeron en la cuenta de que el universo de Chávez era poco más que un nacionalismo populista grandilocuente, con la figura de Simón Bolívar como profeta del cambio. Nunca logró la dirección bolivariana atraer suficientes voluntades fuera de Venezuela para convertirse en el gran compromiso ético de la izquierda en todas partes, y cuando empezó a duplicar las instituciones para controlarlas, mediatizó el pluralismo, persiguió a la oposición y controló casi en su totalidad los periódicos y la televisión dejó de atraer a los teóricos de la innovación social, a los alentadores de la redención de los oprimidos y a los defensores de los derechos de los más vulnerables.

Es indudable que ahora se asiste a la coreografía poco menos que insultante de unas clases pudientes que se rasgan las vestiduras por los desastres presentes, pero no movieron un dedo para remediar las miserias pasadas, la corrupción galopante, el monocultivo del petróleo y la fractura social irremediable. Pero no es menos cierto que Maduro más que Chávez ha hecho cuanto ha estado en su mano para facilitar las cosas a sus adversarios políticos y sociales, incapaz de aceptar que a la larga la correlación de fuerzas operaría en su contra. Una ceguera política que quizá no es más que su incapacidad manifiesta para gobernar, ceñirse a los hechos y distanciarse de los profetas de la presunta ortodoxia de izquierdas, empezando por Diosdado Cabello, de nefasta influencia en el desarrollo de los acontecimientos.

Que la clase dirigente del turno de partidos –un rato para la Alianza Democrática y un rato para el Copei– cerrara los ojos ante los desequilibrios sociales, con la complicidad de Estados Unidos y Europa, que jamás levantaron la voz, no sirve para contrarrestar el descalabro presente. En realidad, lo agrava porque Chávez ganó la presidencia apoyado por actores políticos y sociales de todos los colores –los empresarios y la Iglesia entre ellos–, pero todo se fue por el desagüe a partir de 2002, con el golpe de Estado fracasado, cuyos actores últimos siguen envueltos en una espesa niebla, y mucho más cuando el precio del petróleo empezó a bajar y las llamadas misiones (programas sociales) dejaron de ser viables. De tal manera que cada día fueron más los adversarios dentro y fuera de Venezuela, y muchos menos los adictos.

Hoy la resistencia numantina de Maduro entraña riesgos de una gravedad y profundidad evidentes. Al aparecer el Ejército como el gran bastión tras el que se parapeta el régimen saltan las alarmas y surge el temor de que las armas suplanten a la política. Porque si el Ejército se mantiene unido y del lado de Maduro, la deriva totalitaria del proceso, siquiera sea por poco tiempo, es una posibilidad cierta; si los generales optan por abandonar a Maduro, se multiplican las incertidumbres de futuro con los uniformados al frente de las operaciones; si el Ejército se divide, no debe descartarse un enfrentamiento armado. Dicho de otra forma: la única salida sin lágrimas es aquella que se produzca de forma ordenada, que permita convocar elecciones inmediatas bajo tutela internacional y que atienda las necesidades más perentorias de una población exhausta.

“La libertad es siempre la libertad de los disidentes”, escribió Rosa Luxemburgo, tan recordada en el centenario de su asesinato. Los teóricos de la república bolivariana y quienes en ella gobiernan olvidaron esta frase hace tiempo si es que alguna vez tuvieron noticia de ella. El precio de tal olvido resultará seguramente altísimo porque quienes han alentado el levantamiento desde fuera –es ingenuo creer que no hay financiación exterior de la protesta–, salvo honrosas excepciones, no aspiran más que a poner a Venezuela en el pasillo central deseado para Latinoamérica por personajes tan bajo sospecha como Jair Bolsonaro, Mauricio Macri, Iván Duque y algún otro, cobijados todos ellos bajo el paraguas protector de la extrema derecha que tiene en Donald Trump su primera referencia. Respetar a la disidencia, escucharla y acaso atender sus reclamaciones es un instrumento indispensable para evitar que los episodios de aceleración de la historia desemboquen en pesadillas y den alas a cuantos se oponen al cambio social. Maduro ni respetó ni escuchó ni atendió a los discrepantes, anduvo a vueltas con el enemigo exterior culpable de todos los malos y ahora su poltrona se tambalea.

Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.