Un ‘impeachment’ muy lejano

Se preguntaba Miguel Ángel Bastenier en uno de los últimos artículos que publicó en El País si Donald Trump tiene política exterior, y concluía que cuando más cómodo se siente es cuando actúa como “jefe de una tribu, más que de presidente”. Se diría que su papel favorito es el de macho alfa, mientras que las sutilezas de un mundo complejo, globalizado, escapan a su propensión a los planteamientos binarios de los problemas dentro y fuera de Estados Unidos. En esta forma atropellada de dirigirse a la opinión pública, en ese léxico exento de matices, como si mediante la simplificación de sus mensajes en Twitter simplificara asimismo el alcance de los desafíos, cree haber encontrado Trump la manera de contrarrestar la supuesta conspiración –caza de brujas, la llama– que arremete contra él.

Frente a la idea de un orden mundial 2.0 en el que todo está interconectado, sigue vendiendo Trump a sus seguidores el American first, aunque el 60% de los estadounidenses se declaran contrarios a la gestión del empresario solo cinco meses después de instalarse en la Casa Blanca, casi un asalto. Escribió Richard N. Haas, presidente del think tank Council on Foreign Relations, a poco de que Trump ocupara el Despacho Oval: “Las realidades de hoy exigen actualizar el sistema operativo –un orden mundial 2.0– basándose en la obligación soberana, la noción de que los estados soberanos no solo tienen derechos, sino también obligaciones hacia los demás”. Tal matiz no figura en el catálogo de preocupaciones del presidente a pesar de que las obligaciones –la lucha contra el cambio climático, una de ellas; la libertad de comercio, otra– son consustanciales a la globalización, a la noción última de que no hay compartimentos estancos, torres de marfil o jaulas de cristal a salvo de contingencias planetarias de efectos catastróficos, empobrecedores, al menos.

Detrás de todo ello, alienta un nacionalismo lleno de sonoros enunciados, pero de difícil concreción; un nacionalismo suficiente para captar el voto de las víctimas primeras de la crisis económica y de la desindustrialización, pero que con harta frecuencia se antoja destinado a encubrir un conflicto de intereses en el corazón del Estado. Salvo imperdonable ingenuidad, no hay forma de separar los objetivos empresariales de Donald Trump y su familia –la hija Ivanka, first daughter, acaso, y Jared Kushner, su marido– de los políticos del presidente en Estados Unidos y más allá. Algo que recuerda tanto el caso de Silvio Berlusconi, tan estudiado, que parece una nueva versión, puede que el plagio de una teleserie con muy parecidos actores y guionistas, rodada en inglés, por supuesto (un inglés bastante vulgar y poco trabajado, dicho sea de paso).

¿Es suficiente este populismo ultraconservador para salir al cruce de sospechas cada vez mayores acerca de los manejos poco escrupulosos de Trump? ¿Puede salvarle del impeachment, citado abusivamente, la posverdad ocultadora de la verdad, de los hechos empíricamente demostrables si es que existen tales hechos o embrollos o marañas? De momento, la deposición de James Comey, el director del FBI destituido por el presidente, ante el Comité de Inteligencia del Senado, deja a Trump aparentemente muy cerca de una futura acusación de obstrucción a la justicia, y el trabajo del fiscal especial Robert Mueller abunda en idéntica dirección a propósito de los intentos de la Casa Blanca de cercenar la investigación de la trama rusa durante la campaña electoral del presidente y en fechas posteriores. Para completar el cuadro, la relevancia que está adquiriendo la figura de Marc E. Kasowitz, abogado personal de Donald Trump, recuerda mucho la que en su día tuvo Herbert W. Kalmbach, abogado personal de Richard Nixon durante el escándalo Watergate.

Dicho esto, no puede soslayarse el hecho histórico de que solo en dos ocasiones la mecánica del impeachment ha llegado hasta el final y en ambas pararon el golpe los presidentes: Andrew Johnson en 1868 y Bill Clinton en 1999. El tercer caso, el más recordado y citado ahora, es el de Nixon, que presentó la dimisión el 8 de agosto de 1974 y evitó someterse a la preceptiva votación, fue perdonado por su sucesor, Gerald Ford, y tuvo tiempo de rehabilitar su figura ante el establishment de Washington o eso pareció al cabo de unos años. Y la historia pesa mucho, los precedentes son una referencia y los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras del Congreso, un dato fundamental por más que el republicanismo clásico reniegue de un presidente tan improbable como Trump, tan sujeto a un programa indescifrable no solo en política exterior, que sin duda lo es, sino en el resto de apartados que indican cuáles son los objetivos tangibles de una Administración.

Que el presidente dé muestras reiteradas de desconocer la división de poderes –al menos, lo aparenta–, el sistema de contrapesos institucionales diseñado por los padres de la nación y los límites de la presidencia a pesar de la amplitud de sus atribuciones no significa que se avizore un impeachment a la vuelta de la esquina. “Sobre Trump y sus intereses con Rusia hay muchas sospechas, pero a fecha de hoy es pronto para plantear su destitución. Hay que encontrar las pruebas y demostrarlas”, ha declarado a EL PERIÓDICO Bob Woodward, develador del caso Watergate junto con su compañero Carl Bernstein. “No se pueden establecer paralelismos. Nixon estaba dispuesto a romper la ley y no le importaba hacerlo de forma agresiva y constante (…) Esto no lo hemos visto aún en el actual presidente. A fecha de hoy, Trump es una incógnita”, dice Woodward, esto es, no hay pruebas para fundamentar una acusación, un requisito ineludible.

Todas las teorías para sustituir al presidente eluden o apenas insisten en el doble principio acusatorio, competencia de la fiscalía, y probatorio más allá de toda duda razonable. Los juegos recreativos que sitúan al vicepresidente Mike Pence en la Casa Blanca antes de las elecciones legislativas de noviembre del 2018 y a Paul Ryan, líder de la Cámara de Representantes, en la vicepresidencia obedecen más al deseo de quienes fabulan que a la posibilidad cierta de que los acontecimientos se desarrollen de acuerdo con este guion. Ni siquiera se atreve a ir tan lejos alguien con opiniones tan contundentes contra Trump como Paul Krugman –“Su combinación de revanchismo mezquino y descarada indolencia, lo hace inepto para el cargo. Y eso es un enorme problema. Piensen por un minuto cuánto daño ha hecho este hombre en múltiples frentes en solo cinco meses”–; más bien teme que costará mucho moverle la silla por clamorosos que sean sus errores o desmanes.

Como explica el profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, el populismo es la negación del pluralismo, sustituido por el concepto de pueblo unido; este es el gran éxito de Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y añade: “Hasta hoy, ningún ala derecha del populismo ha alcanzado el poder en Europa Occidental o en Estados Unidos sin la colaboración de las élites conservadoras instaladas”. Quiere decirse que Trump llegó a la Casa Blanca con el apoyo más o menos entusiasta del 90% de los votantes que se declaran republicanos a pesar de que muchos albergaban dudas sobre la solvencia del candidato, y las encuestas indican que apenas ha decrecido el entusiasmo entre los electores de base, sin que les importen demasiado las flagrantes contradicciones presidenciales entre los eslóganes y la praxis, entre el interés general y los intereses de sus empresas. Carece de sentido insistir con la hipótesis del impeachment a corto plazo salvo que el fiscal especial levante el pico de la alfombra y dé con las pistolas humeantes (la prueba irrefutable) del Rusiagate o con la pista oculta de los negocios trumpianos (“siga la pista del dinero”, le dijo Garganta Profunda a Bob Woodward en mitad de la tormenta del Watergate). Todo lleva su tiempo.

Los ultras apuntan al Europarlamento

La caída de la confianza de los europeos en la UE eleva hasta cotas desconocidas las perspectivas electorales de la extrema derecha, antieuropeísta y xenófoba, con la mirada puesta en la cita de la próxima primavera, cuando se renovará la Eurocámara. El índice de confianza no alcanza el 40% en ninguno de los grandes países –Polonia se queda en el 39%–, según los datos suministrados por Eurostat correspondientes a un sondeo realizado en mayo de este año; solo Francia supera el 30% y España se queda en el 17%, por debajo incluso del Reino Unido (20%), una foto fija de la desconfianza en todas partes. Se ha pasado de la idea muy extendida de que los periodos de crisis dan oportunidad a las soluciones creativas a la sensación no menos extendida de que la crisis es la gran ocasión de la ortodoxia ultraliberal para someter el Estado del bienestar a las exigencias de un sistema tecno-financiero globalizado.

No hay una sola encuesta que no recoja que el esprit des temps ha acabado con la complicidad necesaria entre gestores y ciudadanos para que la construcción económica y política de la Europa unida no sea solo un proyecto de las élites. La empatía ha desaparecido, las instituciones se han acogido a un léxico indescifrable para los electores, los estados mayores de los grandes partidos se han entregado a la cultura del pacto perpetuo hasta desdibujarse en el seno de una tecnocracia que tiende a homogeneizar las ideologías y los estados han logrado que las cumbres intergubernamentales suplanten en el escenario el papel que los europeístas quisieran ver representado por la Comisión. Un nacionalismo de última generación se ha adueñado de la situación y no son pocos los que temen que, por este camino, el Parlamento Europeo corre el riesgo de acoger una floración de grupos parlamentarios de disciplina estrictamente nacional en detrimento de los grandes grupos de adscripción ideológica: popular, socialista, liberal, etcétera.

Marine Le Pen y Geert Wilders, el día 13, después de anunciar que se alían para acabar desde dentro con el “monstruo que supone Europa”.

El correlato inmediato es el temor a que una participación espectacularmente baja en las próximas elecciones europeas, situada claramente por debajo del 49% del 2009, dé como resultado un Parlamento con una minoría ultra en condiciones de torpedear toda iniciativa tendente a ampliar las atribuciones supranacionales a costa de la soberanía de los estados. El auge de la extrema derecha en tantos países de la UE y la concreción de una alianza antieuropeísta franco-holandesa constituida por el Frente Nacional, que dirige Marine Le Pen, y por el Partido de la Libertad, que pilota Geert Wilders, no son más que el síntoma visible de que una grave enfermedad amenaza a Europa, que los ciudadanos ven cada día menos como un gran proyecto político con el que merece la pena comprometerse.

A lomos de la crisis o vapuleada por ella, la UE se ha convertido en una estructura antipática, promotora de imposiciones defendidas por burócratas y políticos insensibles a las tragedias personales, figuras distantes que ven en la televisión comunidades condenadas a un futuro incierto y a una pobreza del todo cierta, prescriptores soberbios de recetas encaminadas a cuadrar los números del modelo macroeconómico. Al mismo tiempo, el establishment político europeo se aplica a neutralizar la competencia de la derecha apocalíptica mediante la incorporación a sus programas de las medidas que defienden los adversarios de la unidad europea –véase el rumbo del ministro francés del Interior, Manuel Valls, en cuanto atañe al tratamiento de la inmigración o la instalación de concertinas de seguridad en el perímetro de Melilla–, de tal manera que, en la práctica, facilitan la difusión de las doctrinas más odiosamente sectarias. Por no hablar del debilitamiento de la legitimidad de las instituciones europeas cada vez que un Parlamento nacional somete a ratificación una decisión de la UE (así sucede en Alemania, Austria, Holanda y Finlandia), aunque haya quien ve en ello –Enrique Barón lo defendió el último martes en el Cidob– un ejercicio de compromiso democrático del parlamentarismo nacional con las instancias europeas.

Mientras tanto, abundan los estudios que indican que una Europa sin inmigrantes carece de futuro y una Europa empobrecida, debilitada hasta el tuétano por la austeridad a todas horas, está condenada al estancamiento. Christal Morehouse, una analista de la fundación alemana Bertelsmann Stiftung, afirma que la solución a los problemas demográficos de Europa para el siglo XXI se encuentra más allá de sus fronteras, según los cálculos del Foro Económico Mundial, que ella da por buenos: “En menos de dos décadas, Europa occidental necesitará atraer fuerza de trabajo equivalente al tamaño de la población activa actual de la mayor de sus economías, la alemana, a fin de mantener el crecimiento económico”. Y, al mismo tiempo, el profesor Michael Spence, premio Nobel de Economía, subraya que el exceso de ahorro de Alemania, en aras de la austeridad, agrava los desequilibrios comerciales en el seno de la UE y limita las inversiones.

Cartel electoral de Jean-Marie Le Pen correspondiente a la primera vuelta de la elección presidencial de 1974.

Ni que decir tiene que el refinamiento técnico de estos detalles importa poco a los adversarios por principio del euro, de la unidad de Europa y de la futura viabilidad del continente como actor político. De hecho, la antipatía que se ha ganado la UE mediante el recurso a una contabilidad que todo lo justifica, libera a la extrema derecha de dar mayores explicaciones a capas sociales desorientadas. ¿Quién hubiese podido prever que una hija de Jean-Marie Le Pen, el pintoresco candidato a la presidencia de Francia de 1974, condicionaría la agenda política de 2014 con perspectivas electorales por encima del 20%? ¿Quién hubiese podido imaginar que la sociedad culta de una democracia avanzada como la francesa dejaría la iniciativa a la descendiente del candidato que en 2002 disputó la presidencia a Jacques Chirac, pero pareció entonces que jamás podría igualar aquel hito? Hoy nadie sabe cuál es techo electoral del Frente Nacional.

Es muy posible que el silencio político de Francia tenga que ver con el auge ultra. El pensamiento europeísta de Francia es demasiado importante, hasta hoy ha sido demasiado influyente, como para que no tenga ninguna repercusión la ausencia del debate del acento francés, factor de equilibrio tradicional del acento alemán. El hermetismo del presidente François Hollande pesa en la desorientación europea en la misma medida que la reacción defensiva de una sociedad asustada y envejecida, la francesa, ante los peligros que se ciernen sobre un modelo social que discuten a un tiempo el Gobierno alemán, el Banco Central Europeo y los adversarios históricos del Estado social. Acaso los síntomas de decadencia de Francia sean, asimismo, un síntoma elocuente de la decadencia de Europa, en la misma proporción que lo es la dirección alemana de los asuntos europeos, con la mirada de Berlín dirigida hacia el norte, el centro y el este del continente, mientras el mundo greco-latino aparece como una molesta impugnación del futuro perseguido por los mercados hegemónicos.

En este cruce de caminos, Thomas Wieder se ha remitido en las páginas de Le Monde al precedente de 1983, cuando François Mitterrand, a los dos años de ser elegido, hubo de enfrentar una crisis social y política de grandes proporciones con unos índices de aceptación del 30%. Entonces, como ahora, el Gobierno estaba dividido y la presión conservadora funcionaba a toda máquina, pero, a diferencia de hoy, era muy inferior la predisposición de una parte del auditorio a  buscar cobijo en la extrema derecha. La disputa social se desarrollaba desde frentes políticos convencionales, con viejas y sólidas convicciones democráticas, mientras que ahora la lealtad democrática de los antieuropeístas acérrimos hay que ponerla en cuarentena. Por lo demás, no había en la calle europea siglas como la de la refundada Forza Italia, que ocultan su oposición a Europa detrás de un confuso discurso populista que todo lo contamina.

El texto de Wieder recoge una cita de 1983 aplicable al presente: es del periodista Jean-François Kahn y alude al proyecto prematuramente envejecido con el que Mitterrand se presentó a la elección de 1981, algo parecido a lo que le sucede hoy a Hollande. Pero el articulista se refiere también al estado de desgracia, una expresión acuñada por Jean Charlot que se corresponde con el ambiente depresivo que se ha adueñado de Francia y la desazón de millones de europeos que no oyen desde hace años un solo mensaje comprensible que induzca a confiar en el futuro.

CrecimientoLos trabajos de prospectiva difundidos cuando el año se encamina hacia su fin justifican esos estados de ánimo. El último, publicado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), prevé para la Eurozona un crecimiento medio del 1% en el 2014 –la media mundial se situará en el 3,6%; la de la OCDE, en el 2,3%; la de Estados Unidos, en el 2,9%–, y del 1,6% en el 2015, muy por debajo de la media mundial (3,9%) y de Estados Unidos (3,4%). El vaticinio depende, además, de que no se concrete una borrasca que amenaza dar al traste con los augurios para el 2014: más debilidad de la prevista en las economías emergentes, incluida la china. Si eso sucede, es de temer un debilitamiento de los intercambios comerciales a escala mundial, de los flujos de inversión y formación de capital, y el mantenimiento de la media de la tasa europea de paro por encima del 12% (el 25% para España, décima más décima menos).

¿Cómo movilizar a los electores si ese es el porvenir que nos aguarda mañana? ¿Cómo evitar que crezcan las adhesiones en las filas del euroescepticismo más ruidoso si los europeísta convencidos, salvo excepciones, no son capaces de ir más allá de una gestión de la crisis con efectos extenuantes? ¿Cabe considerar a la extrema derecha antieuropeísta la última adaptación al medio de las ideologías totalitarias, opuestas a la democracia? Si es así, ¿debe aceptarse el recurso a los mecanismos del Estado democrático –de la Europa democrática– por quienes se oponen a él?

El profesor Jan-Werner Mueller, de la Universidad de Princeton, se pregunta: “¿Existe un lugar dentro de las democracias liberales para los partidos aparentemente antidemocráticos?” Las respuestas son harto arriesgadas. Mueller sostiene que, frente a las amenazas, “la autodefensa democrática parece un objetivo legítimo”. Pero la determinación del nosotros y del ellos presupone –es mucho presuponer– que no hay asomo de duda en cuanto a la fijación del límite a partir del cual la cultura democrática se pone en peligro. Y, aun en este caso, cualquier restricción política no justificada por el recurso a la violencia, conlleva privar del derecho de representación política a colectivos de dimensión variable. Ese no es el debate que debe afrontar Europa, sino otro en el que se planteen alternativas viables y visibles al estado de desgracia que ha hecho posible que el verbo inflamado de los ultras cautive a una parte de la calle europea, privada de esperanza.