La UE, en busca de su futuro

Vuelve la Unión Europea a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos con el desasosiego propio de un proyecto en crisis, consecuencia directa de una sociedad en crisis. Se preguntan los gestores de la UE si hay que seguir como hasta ahora para alcanzar un destino enigmático o indescifrable, si conviene volver al pasado del mercado único y poco más o es más atinado admitir que hay europeísmos y europeísmos y, en este caso, aceptar que quizá la respuesta se halle en una Europa a dos velocidades, aunque se ponga en riesgo la unidad de acción. Así cabe resumir las cinco opciones de futuro contenidas en el Libro blanco aprobado por la Comisión Europea y que deposita en manos de los estados para que sean sus gobernantes quienes indiquen el camino a seguir.

El procedimiento es razonable, pero los precedentes son desalentadores. En una atmósfera de pesimismo y provisionalidad a causa de las elecciones a la vista –Francia (abril-mayo) y Alemania (septiembre)–, cabe esperar un análisis confuso de los gobiernos, seguido de las consabidas discrepancias entre los grandes estados de la mitad occidental de la UE, el escepticismo del norte y el muy difuso europeísmo de los socios del este, metidos de hoz y coz en la recuperación del relato nacionalista que interrumpieron la segunda guerra mundial y las servidumbres de la guerra fría (dependencia de la Unión Soviética, economía planificada, partido único, etcétera).

Lo deseable sería que la cumbre convocada en París por François Hollande para reunir a Francia, Alemania, Italia y España en un debate que dé respuesta a la pregunta qué hacer fuese asimismo el punto de partido para sanear el ambiente, pero la debilidad de los convocados –un presidente con los días contados (Hollande), una cancillera al parecer declinante (Angela Merkel), un primer ministro de perfil bajo (Paolo Gentiloni) y Mariano Rajoy (presidente de un Gobierno minoritario)– presagia poco más que un catálogo de buenas intenciones, que no evitará los recelos de los no convocados, tan contrarios siempre a la concreción de un núcleo duro. Y a pesar de esa desconfianza y después del Brexit, la historia induce a pensar que sin un equipo directivo capaz de sobreponerse a las rivalidades nacionalistas, la UE tiende a desnaturalizarse, a aceptar como irremediable la cicatería de los europeístas a su pesar –Polonia, Hungría, la República Checa y otros–, las arengas populistas y el aplazamiento sine díe de la idea de unión entre diferentes.

La pregunta “¿quién gobernará en un mundo roto?”, formulada hace unas semanas por el profesor Dirk Helbing, puede trasladarse a Europa con pequeños retoques: ¿quién gobernará una Europa que tiende a romperse? Hay demasiadas amenazas en el horizonte para soslayar una respuesta imperiosamente necesaria, para corregir la distancia cada vez mayor entre las pulsiones de la opinión pública y las decisiones de los gobiernos (recuérdese la manifestación de Barcelona, tan reciente), para devolver a la política europea el prestigio que en su día tuvo mediante su capacidad para reinventarse.

La opinión muy extendida de que el poder está cambiando de manos a toda prisa a causa de la transformación de la economía, la degradación del Estado del bienestar después del hundimiento del universo comunista y el éxito momentáneo del modelo chino de expansión debiera llevar a la UE a algo más que a redactar un Libro blanco y sumergirse en la lógica estéril de las cumbres encadenadas que nada resuelven. Porque la claudicación de los grandes bloques ideológicos –democristianos, socialdemócratas y liberales– frente a los requisitos de las finanzas globales ha dañado la idea primigenia de los padres fundadores: el compromiso social para corregir las desigualdades. Ni siquiera se habla del capitalismo compasivo (días de Ronald Reagan) o de la refundación del capitalismo (excesos verbales de Nicolas Sarkozy), sino más bien del sometimiento de los programas políticos a las imposiciones de un modelo económico sin fronteras que escapa al control de las instituciones, cuando no condiciona su funcionamiento.

El vaticinio de Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, de que los países occidentales deberán plantearse en un futuro inmediato la restitución del orden liberal frente al orden de facto surgido al margen de él, implica directamente a la UE frente al enfoque imprevisible que Donald Trump puede dar al asunto, secundado por el Gobierno de Theresa May, embarcada en reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos al tiempo que negocia la deserción de la UE. Eso incluye subrayar el compromiso social de la organización y el de cada uno de sus estados, incluso en apartados tan incómodos para la contabilidad general como lo es el griego. Porque quizá es posible el futuro de la UE sin Grecia en términos superestructurales, o con Grecia convertida en un enfermo crónico, pero es improbable que en tal caso se restaure el prestigio institucional de la UE, ahora muy dañado por una resolución de la crisis que ha dejado demasiadas víctimas por el camino.

“Contra lo que solemos pensar, la historia se repite siempre, solo que se repite de formas tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Ahora ni siquiera es difícil: ahora, sobre todo después de que los británicos hayan cometido el disparate de aislarse de Europa, como si fueran españoles del siglo XVII, y después de que los norteamericanos le hayan entregado el poder a un demagogo siniestro, casi se ha convertido en un cliché comparar nuestra época con la de los años treinta, hasta el punto de que algunos historiadores se han sentido obligados a recordar las diferencias entre ambas”, dijo el escritor Javier Cercas el 7 de diciembre al recibir el Premio al Libro Europeo por El impostor. Cercas ha dicho con frecuencia que “una Europa unida es la única utopía razonable”, y, claro, hay diferencias entre la pestilencia los años treinta y los populismos vociferantes de nuestros días, porque los colchones sociales, aunque averiados, siguen ahí. Pero si la UE se pliega a exigencias que aumenten el censo de vulnerables –ya son legión y no paran de crecer–, entonces todo es posible, incluso que se haga realidad el juego de palabras de George Bernard Shaw, citado por Cercas: “Lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia”. Para el caso, la vuelta a una Europa dislocada y sin peso, incapaz de desagraviar a los sacrificados en el altar de la austeridad y de una visión meramente contable de la UE.

Fillon consolida a Le Pen

El despacho del Eliseo se aleja de François Fillon en la medida en que se concreta la sospecha sobre la opacidad de los ingresos de Penelope, su esposa, y, por esta razón, se pone en duda la probidad de quien el electorado conservador francés convirtió hace unos días en el candidato de Los Republicanos (LR) a la presidencia de Francia. La portada de esta semana de la revista satírica Le Canard Enchaîné pone en la picota a un político que ha hecho de la honradez, algo por lo demás exigible a cualquier cargo público, su primera seña de identidad, porque si su pareja ingresó hasta 600.000 euros como ayudante suya y asesora literaria de La Revue de Deux Monde, tal seña de identidad se desvanecerá, se disolverá en la maraña electoral de una derecha irreconocible, heredera del poder fraguado por el general Charles de Gaulle, pero solo nominalmente depositaria de sus inquietudes.

En ningún lugar está escrito que Penelope no puede ser la asistente parlamentaria de François, el problema es que no frecuentó el Parlamento ni mucho ni poco, no se la vio por allí. Tampoco está prohibido que la esposa de un primer ministro o de un diputado haga carrera literaria, el problema es que su compromiso con las letras no fue más allá de dos o tres críticas, según se dice. Más parece que estos empleos fueron generosamente remunerados a cambio de nada, algo que tendría una importancia relativa, más allá de los precios político y judicial que debieran pagar los interesados, si no acechase entre cajas la amenaza de la extrema derecha –Marine Le Pen, cada día más crecida–, si no anduviesen los socialistas enfrascados en una competición interna sin esperanza, condenados según todas las encuestas a no pasar a la segunda vuelta. Los presuntos enjuagues de François y Penelope tendrían efectos menos dañinos si todo pudiese cerrarse con una crisis familiar, transmutada quizá en crisis de partido, de este LR de ideología difusa, pero cuando está en juego la suerte de los valores republicanos y el papel de Francia en Europa, saltan las alarmas.

Cada vez que surge un caso Fillon con nombres, apellidos e intereses reconocibles, se acrecienta “el profundo desprestigio de las élites y las instituciones democráticas y la generalizada rebelión antisistema”, en palabras del escritor Javier Cercas en el Parlamento Europeo el 7 de diciembre. En el seno de sociedades en crisis o que temen el futuro, en sociedades con cierta tendencia depresiva o faltas de acción, el grand ennui (aburrimiento), identificado por George Steiner en el siglo siguiente al final de las guerras napoleónicas, adquiere rasgos indescifrables, se transforma en algo más que la mera inacción. Cualquier botarate con ganas de jarana, recursos económicos e intuición suficiente para hipnotizar a una multitud desencantada puede ser un líder con futuro.

La desconfianza se ha instalado en los espíritus. En un régimen de opinión pública como el francés, adobado con un sentimiento nacional o nacionalista muy arraigado, los presuntos disparates cometidos por la familia Fillon es maná del cielo para la extrema derecha, pues es el candidato de LR quien parecía señalado para pararle los pies en la segunda vuelta. Bien es verdad que mediante un programa tan cercano al del Frente Nacional, el partido ultra de Le Pen, que apenas se distingue de él en asuntos cruciales de nuestro tiempo: la gestión de la inmigración, la nación como entidad competidora de Europa y cuanto de ello se deriva. ¿Cuántos potenciales electores del presidenciable Fillon pueden entender que la imitación es peor que el original y prefieren sumar su voto a la causa de Marine Le Pen?

El momento es sustancialmente diferente al del 2002, cuando Jean-Marie Le Pen cerró el paso a Lionel Jospin y disputó la elección a Jacques Chirac. Entonces, la movilización de la izquierda en las urnas con la pinza en la nariz en apoyo de Chirac impidió que el líder de la ultraderecha tuviera la más remota posibilidad de salir elegido; hoy el socialismo lame las heridas de su prolongada desorientación frente a los efectos de la crisis y se ejercita en una división estéril, mientras diferentes movimientos alternativos dan más sensación de entusiasmo que de organización y disciplina para contener el asalto al Eliseo de una facción retrógrada y sectaria. Como ha escrito Jean Daniel, la izquierda se siente huérfana a pesar de todo a causa de la crisis socialista y es difícil imaginar a alguno de sus líderes en disposición de levantar un cortafuegos que cierre el paso a la extrema derecha para entregar el poder a un líder conservador, sea este Fillon o quien le sustituya si el elegido en las primarias hace mutis por el foro a raíz del escándalo.

La desnaturalización de la izquierda mediante sucesivas disputas ideológicas, fracturas y desaciertos anduvo paralela hasta la fecha a la desfiguración del conservadurismo a través de una cadena de refundaciones, uniones y cambios de nombre que han dejado sin respuesta una pregunta esencial de los electores: ¿a quién apoyo con mi voto, cuál es su programa? La extrema derecha ha logrado, en cambio, que sus partidarios, siempre en aumento, apenas se formulen la misma pregunta o sientan la misma inquietud: la simplificación de la política y el resumen del programa en eslóganes genéricos ha sido de una pasmosa eficacia.

Nadie pone hoy en duda que nada podía reforzar más y mejor la estrategia electoral de Marine Le Pen que el Penelopegate. Incluso en el improbable caso de que los Fillon crean probar que nada de lo publicado es cierto, no desaparecerá la sombra de la duda –hay testimonios concluyentes de habituales en la Asamblea Nacional que dicen no haber visto nunca a la esposa de Fillon en el edificio– y nada podrá evitar que el hartazgo de muchos contribuyentes engorde el zurrón de votos de la candidata ultra. Ni siquiera la retirada de François Fillon y un nuevo proceso de primarias en Los Republicanos neutralizará la inercia del momento: el deslizamiento hacia el Frente Nacional de muchos votantes conservadores que se daban por satisfechos con el exprimer ministro, pero que hoy se sienten estafados.

A cada episodio que daña la imagen colectiva del establishment político europeo mayor es la tendencia de los ciudadanos a incluir a sus integrantes en la categoría de sospechosos habituales. Cada venalidad conocida resta credibilidad a las instituciones y daña la honorabilidad de sus miembros, el escepticismo pasa a ser la ideología más frecuente o, en su defecto, la de quienes recurren a las emociones primarias o a los prejuicios para sumar adeptos a su causa. Así está hoy Francia a cuatro meses de la primera vuelta de la elección presidencial, con el presidente François Hollande sumido en una impopularidad sin precedentes, con el Partido Socialista condenado a la derrota y con los conservadores clásicos apabullados por la desmoralización. Nunca antes Marine Le Pen fue una candidata tan sólida.

 

Una partida con cartas marcadas

Tan politizada le parece al conseller Francesc Homs la decisión del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de presentar una querella contra el president Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega y la consellera Irene Rigau como se le antoja a Carlos Floriano, vicesecretario general del PP, una opinión contaminada por la política la manifestada por los fiscales que ejercen en Catalunya, que se opusieron a la presentación. Esa coincidencia en ver la política donde solo debiera prevalecer la aplicación desapasionada de la ley es la más convincente de todas las pruebas: que cada parte sospeche de su contraria, su competidora o su adversaria, porque supone en ella la norma de conducta que previamente ha puesto en práctica en su ámbito de influencia, es la mejor demostración indirecta de que, efectivamente, la politización del criterio de los fiscales tiene algo que ver –bastante, se diría– con el de los políticos de Madrid y de Barcelona. Y cabe añadir que en el ambiente enrarecido por el encastillamiento de unos y otros, hubiese sido realmente milagroso que los fiscales, todos ellos y uno por uno, se mantuvieran inasequibles a las influencias, los editoriales de algunos periódicos envueltos en las respectivas banderas, las tertulias a todas horas y otros patios de vecindad de los que lo menos que puede decirse es que manca finezza.

Si todo este embrollo monumental se debe a que “la legalidad cuenta ya poco para el president” (José María Carrascal en Abc) o si las razones son otras, importa menos que el hecho de que, a partir de ahora, la fiabilidad jurídica de la fiscalía estará bajo sospecha en asuntos catalanes o en otros en los que al Gobierno le vaya el alma. Dice Joan Tapia que “las vísceras han mandado más que el cerebro”, y eso es algo más que una posibilidad. Pero esa versión fisiológica de la política tiene mucho que ver con la necesidad apremiante del Gobierno de corregir las encuestas y llevar a su molino el agua de la España más conservadora y retardataria, aquella que digirió de mala gana los sapos de la transición y cree aún hoy que ya fue mucho lo que dio y concedió en el debate constitucional de 1978 como para poner ahora la Constitución al día. En la encrucijada de las jornadas siguientes al 9-N, restablecer el principio de legalidad, si es que hace falta, importa menos que aparecer como guerrero invicto ante auditorios que creen, como en su día el cardenal Rouco Varela, que la Constitución tal cual está debe ser la norma inamovible por los siglos de los siglos. Se diga así o de cualquier otra manera.

Muy al principio de la novela Así empieza lo malo, Javier Marías escribe: “Tan tentador era el futuro que valía la pena sepultar el pasado, el antiguo y el reciente, sobre todo si ese pasado amenazaba con estropear aquel futuro tan bueno en comparación”. En aquella atmósfera se redactó la Constitución, que entonces pareció aceptable a la España doliente, y excesiva, aunque inevitable, a la otra. Pero entender que de entonces a ahora no se ha registrado cambio climático alguno en el ámbito político, y el famoso consenso constitucional del pasado vale hoy lo mismo, es tanto como desconocer o soslayar cuáles son los instrumentos de transformación social que desencadenan grandes mutaciones. Además, en el futuro vislumbrado para Catalunya por Jordi Pujol, referencia ineludible de la transición, la independencia era algo que formaba parte de lo venidero, como ha recordado Francesc de Carreras en un artículo a propósito del 40º aniversario de CDC. Y así, mientras para una parte –mayoritaria– de quienes aprobaron la Constitución, esta era una estación de llegada, para otros fue solo una estación intermedia. “Pujol tenía una idea prefijada de Catalunya que al fin se ha cumplido”, afirma De Carreras, y su apego a la Constitución, a su aplicación y desarrollo, fue solo instrumental, y lo puso al servicio del fin último perseguido por el nacionalismo hegemónico en Catalunya desde aquel entonces.

¿Oportunismo? ¿Sagacidad? ¿Esgrima de alta escuela? Poco importa ahora dilucidar qué atributo encaja más con la ruta seguida por el independentismo confeso y no confeso. Lo cierto es que la querella es la herramienta elegida por una superestructura denominada justicia, sometida a presiones agobiantes, para hacer frente a un problema político que, con querella o sin ella, ahí está, viene de lejos y exige enfoques imaginativos, transversales y ajenos a cálculos electorales que, se mire por donde se mire, tienen en un grito al PP, consciente de que en las próximas citas electorales puede sufrir batacazos históricos.

Si un partido con responsabilidades a escala española no es capaz de ir más allá de los lugares comunes que atañen a la soberanía, la unidad y otros conceptos investidos de solemnidad, si no es capaz de aceptar que hay que modificar la ley –la Constitución– para dar una oportunidad a la política, entonces ese partido pone de manifiesto tener enormes dificultades para adecuarse al presente. Las tiene el PP, desde luego, porque elude la mayor mediante el recurso al juzgado de guardia, esto es, evita afrontar el hecho de que el 30% de los electores catalanes –no la mayoría, no todos los catalanes, no el pueblo de Catalunya, como dice la propaganda independentista– votó sí-sí. Votó sí-sí sin garantías jurídicas, con Oriol Junqueras de presidente de mesa en Sant Vicenç dels Horts, con un control del censo por lo menos discutible en una convocatoria gestionada por una de las opciones –la del sí-sí–; pero el caso es que el 30% votó sí-sí.

Responder con un no-no obstinado es la más rudimentaria de las reacciones; es algo así como dejar sentado que es irrenunciable el programa máximo del PP. Y todo programa máximo, por definición, es una meta inalcanzable o poco realista, salvo para los espíritus doctrinarios que creen ser depositarios exclusivos de la verdad. La reflexión vale lo mismo para los ideólogos del independentismo, pues cualquier alternativa que preserve la cohesión social deberá ser intermedia, no podrá satisfacer al ciento por ciento a nadie, pero sí confortar a todo el mundo. Este fue, por cierto, el espíritu que impregnó el consenso constitucional que alumbró el texto de 1978 y preservar aquel consenso no reside en considerarlo irrepetible, sino perseverar en él para cambiar lo que se precise cambiar, por unanimidad, si es posible, o por mayoría, si no lo es.

El recurso a la fiscalía es de una pobreza política que asusta tanto como la disposición del conglomerado independentista a tomar los 23 puntos de la carta de Artur Mas a Mariano Rajoy como aquello que no admite modificación o retoque que valga. Siendo así que los 23 puntos suenan a programa máximo, aunque al mandarlos por carta como punto de partida de una eventual negociación debe entenderse que son susceptibles de cambio o de retoque, y algunos de ellos pueden ser incluso objeto de renuncia. Pero si no admiten tal margen de maniobra, la carta es tan inútil como las demás maniobras orquestales que constituyen el relato reciente de la llamada cuestión catalana. Será, como tantas otras, una carta marcada más en esta extraña partida de despropósitos que a unos favorece en las encuestas –véase el sondeo publicado el viernes por EL PERIÓDICO– y a otros les corta la respiración.

Todo lo cual no es óbice para concluir que la fiscalía ha unido sus efectivos a la fábrica de independentistas puesta en marcha por el Gobierno mediante su insistencia en no rectificar en nada. “Una de las causas del auge del independentismo catalán es la indigencia y la torpeza del discurso opuesto a él”, sostiene el escritor Javier Cercas, y esa querella por los delitos de desobediencia grave, prevaricación, malversación de caudales públicos y usurpación de funciones en el proceso participativo del 9-N abunda en la torpeza. Pueden todos los integrantes del Gobierno desgañitarse hasta perder la voz para defender la autonomía de la fiscalía, pero lo cierto es que no hay forma de creer en ella; no hay forma de apartar de la imaginación una realidad subyacente que lleva a dudar de que, efectivamente, son razones estrictamente jurídicas las que han puesto en marcha el engranaje de la querella. Esa carta también está marcada.