Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.

Daños irreversibles en la UE

Algo parecido al arrepentimiento se ha adueñado de una parte de la opinión pública británica que votó alegremente a favor del brexit envuelta en la Union Jack y ahora se percata de que todo será más complejo fuera que dentro de la UE. Ni siquiera las reflexiones de Timothy Garton Ash acerca de la división de los europeos para diseñar el futuro sirven como bálsamo reparador. Aquí y allá aparecen en todos los medios votantes que lamentan haberse inclinado por la salida mientras el contador de los electores que piden que se repita la consulta (para dar una segunda oportunidad al remain) ha superado las previsiones. Y a pesar de todo, hay quien cree ver en la presidencia eslovaca de la UE, que empezó el viernes, la confirmación post mortem de la Europa grata al Reino Unido, aquella con poca ambición política y una recuperación por los gobiernos de los estados de atributos de soberanía que, en nombre de la integración, deberían gestionar las instituciones europeas.

La suposición de que Eslovaquia carece de entidad política y económica para inclinar la balanza del lado del europeísmo atemperado es tan cierta como que el grueso de los socios de Europa Oriental nunca aspiraron a otra cosa que no fuera una zona de libre cambio para oxigenar y modernizar sus economías; eso y solo eso. La construcción de un entramado político, con instituciones potentes, no formaba parte del futuro que vislumbraban, y mucho del interés británico por ampliar hacia el este la UE, deprisa y sin entrar en detalles –salvo para Bulgaria y Rumanía, ¡qué remedio!–, obedeció a la voluntad del Reino Unido de neutralizar el reforzamiento político de Europa.

La creencia de David Cameron de que la desorientación de unos y la confusión de otros le permiten establecer el calendario de la desconexión no deja de tener sentido, aunque los seis países fundadores de la UE han exigido celeridad y no un largo compás de espera hasta septiembre, cuando el Reino Unido tendrá un nuevo primer ministro o primera ministra, más probable esto último con la pugnaz Theresa May. “Fuera es fuera”, dijo Jean-Claude Juncker en la vigilia del referéndum, aunque aún hoy hay quienes piensan en Londres que bien pudiera ser el brexit el punto de partida de un estado intermedio, ni sólido ni líquido, ni frío ni caliente, ni dentro ni fuera. Una solución o salida tan inconcreta sería insostenible, reforzaría a los euroescépticos de toda clase y haría del principio de pertenencia a la carta, tan ajena al europeísmo, un mecanismo de descomposición de la UE en manos de quienes quieren acabar con ella. O persiguen, al menos, dejarla irreconocible.

Son demasiadas las incertidumbres que se han adueñado de la UE –el crucigrama del euro, la crisis de los refugiados, la efervescencia nacionalista, el euroescepticismo, la competencia de las economías emergentes, entre otras– como para añadir un interrogante de futuro más. Las guerras fratricidas que se han desencadenado en el seno de los partidos Conservador y Laborista, profundamente divididos, no pueden ser la razón última de un aplazamiento de decisiones acuciantes: la comunicación por el Gobierno británico de que desea abandonar la UE, la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión y el diseño de un mecanismo de vinculación del Reino Unido a la UE a través seguramente del mercado único, como Noruega y Suiza. Ir por otro camino, no activar el artículo 50, “sería bastante dañino”, dice Grégory Claeys, del think tank alemán Bruegel; eso mismo piensan el presidente de Francia, François Hollande, y la cancillera de Alemania, Angela Merkel, que inmediatamente después del triunfo del brexit fue cautelosa en exceso.

A la cumbre informal del 16 de septiembre en Bratislava, anunciada por Donald Tusk, es de desear que los jefes de Estado y de Gobierno lleguen con el ánimo resuelto para no convertir la salida británica en una subasta a la baja de las condiciones para pertenecer al mercado único. Los 27 están políticamente obligados a transmitir la imagen de unidad que tantas veces se ha echado en falta, pero están también obligados en el plano económico a serenar los mercados y a dar garantías de que el brexit será un proceso ordenado, sin improvisaciones y sin gestos oportunistas. Marek Dabrowski, profesor de la London School of Economics, se cuenta entre los muchos que estiman que la salida no entrañará ningún beneficio para los británicos, pero tampoco para los europeos, y solo un proceso pautado puede limitar los daños (nunca eliminarlos).

Esta es la realidad: los daños son inevitables y cuantificarlos de antemano es francamente aventurado. ¿Por qué, entonces, ganó el brexit? ¿Por qué tantas falsas hipótesis de independencia nacional sedujeron a la mayoría de Inglaterra y Gales? ¿Dónde radica el poder de atracción de personajes tan poco convencionales como Boris Johnson y Nigel Farage? ¿Por qué sigue viva en las islas la impresión de que el invento europeo no es cosa suya? Al buscar respuestas se mezclan los tópicos del british way of life con el peso de la historia, la cercanía de lo que fue el Reino Unido y ya no es, la convicción británica desde antiguo de que es preferible arbitrar en las disputas continentales antes que participar en ellas y la sensación cada vez mayor en la Inglaterra profunda de que la cultura propia corre grave riesgo de disolverse en un magma multicultural, impresión agrandada por la crisis de los refugiados. Nada de todo ello remite a la economía, al pulso de la City, alterado por el brexit, salvo quizá la supervivencia de la libra, tan seña de identidad para muchos británicos como la monarquía o la Premier League.

Este es un buen caldo de cultivo para el desarrollo de los populismos. Hans Kundnani, de la German Marshall Found, sostiene en The New York Times que “estamos en territorio desconocido”, y reprocha a los gestores europeos haber insistido en la integración, mientras la opinión pública –la británica ahora– no se reconoce en el andamiaje, no acierta a comprender por qué debe someterse a una estructura de poder confusa y con evidentes déficits democráticos. Pero ese arrepentimiento o congoja poselectoral de algunos o bastantes de los que apoyaron el brexit en las urnas pone de manifiesto la confusión sembrada por la demagogia antieuropeísta, que ha llevado los europeos, continentales e insulares, a preguntarse sin obtener respuesta: ¿en qué incierto desafío nos han metido?

 

 

El ‘establishment’ presiona al PSOE

La movilización del panteón de vivos ilustres, jarrones chinos y otros clásicos retirados de la política no es más que la punta de lanza de otra movilización, esta de europeos ilustres en activo, encaminada a encarrilar la formación de una mayoría de gobierno en España a gusto del establishment. El enigmático deseo manifestado por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “quiero que España esté a la altura”, es en realidad poco enigmático: confía en que el desenlace se ajuste a lo que se espera en los despachos de la UE. Que se atenga a la manifiesta voluntad de cambio expresada por los electores el 20 de diciembre pasado es menos importante; lo que realmente cuenta es que nada perturbe la ortodoxia.

La proclama o manifiesto de la Fundación España Constitucional, donde se exalta la necesidad de que las negociaciones en curso garanticen “la unidad de España, la igualdad de los españoles, la estabilidad política, el progreso económico, el desarrollo social y la regeneración democrática” mediante una coalición de dos o más “partidos constitucionalistas” –es innecesario enumerarlos–, desprende el mismo aroma que las palabras de Juncker. Habida cuenta de la procedencia de los integrantes de la fundación, exministros de UCD, del PSOE y del PP, no es exagerado concluir que estar a la altura consiste justamente en cumplir con los objetivos prefijados en el texto: la gran coalición o algo parecido, una reforma constitucional contenida para parchear el problema catalán y un enfoque de la economía que respete hasta la última coma la voluntad de los llamados mercados.

Otra proclama en forma de artículo, esta de Luis Solana en elplural.com, completa la de la fundación. Dice su autor que compete al PSOE educar a Podemos, “un partido imposible de encajar en una democracia europea”, pero necesario, “porque es imposible llegar a mayorías democráticas de cambio sin Podemos y porque el PSOE sabe muchísimo de cómo hay que educarse para lograr una izquierda eficaz para los desfavorecidos”. ¿Se refiere Luis Solana al PSOE de la chaqueta de pana de Felipe González o al de Alfonso Guerra cuando amenazaba –no le faltaba razón– con aplicar a algunos latifundistas la ley de fincas manifiestamente mejorables? Porque si se remonta a aquel PSOE, el que sometió a Adolfo Suárez a una moción de confianza sin posibilidades, el de La OTAN de entrada, no y otros eslóganes osados, hay que decir que no le pudo ir mejor su falta de educación política: en 1982 obtuvo 202 diputados, una mayoría absoluta nunca igualada ni de lejos.

Esto es, quizá las presiones para encauzar las cosas mientras se educa a Podemos sea el modo más directo para que este partido llene con más votos el zurrón en el próximo asalto, puede que dentro de un par de años, cuando, consumada la reforma constitucional, según se prevé, se disuelva el Parlamento y se convoquen elecciones. La inquietante idea expresada en su día por Artur Mas a tenor de la cual había que corregir aquello que las urnas no habían otorgado, se diría que hace escuela, gana adeptos que desoyen a quienes advierten de que forzar las cosas más allá de toda lógica puede ser pan para hoy y hambre para mañana (Gobierno para hoy, oposición dentro de un tiempo). Podemos es un conglomerado ideológico con frecuencia imprevisible, pero con una capacidad de movilización que no permite hacer vaticinios sobre cuál es su techo electoral si, mientras se le educa, se mantienen algunas constantes en la reforma económica vigente: crecimiento de las desigualdades, desregulación del mercado de trabajo, aumento de la frustración entre los más jóvenes e insensibilidad social de los gobernantes, trufado todo con una corrupción endémica.

Las presiones para esa coalición de lo previsible soslayan esos datos; sus urdidores se remiten a las cifras macroeconómicas, tan engañosas con frecuencia, a las estadísticas y a la actuación de la policía y los jueces para dejar al descubierto a los corruptos. Pero al parapetarse detrás de tales muros dejan sin respuesta la pregunta formulada por Tony Judt en el 2009: “En nuestro tiempo, ¿cómo hemos llegado a pensar en términos exclusivamente económicos?” Porque detrás de la opinión de cuantos creen, con Felipe González a la cabeza, que ni el PP ni el PSOE deben impedir que el otro gobierne, se adivina la convicción no confesa de que lo que más importa es poner a salvo el statu quo –el económico en primer lugar– y, en cambio, es menos acuciante ser eficaz en auxiliar a los desfavorecidos, el término elegido por Luis Solana.

Claro que no hay forma de situar la multiplicación de gestos y declaraciones de Podemos en el terreno de lo razonable, sino más bien en el de la prepotencia, cuando no de la burla o del desprecio, pero promover su aislamiento no hace más que alentar el discurso fácil, aquel que, prescindiendo de la realidad, desgasta al adversario. Desde la descalificación de la casta a la reclamación de todos los ministerios importantes en una hipotética coalición con el PSOE ha transcurrido muy poco tiempo, suficiente en todo caso para que, guste a no a Pablo Iglesias y su equipo, Podemos se haya adecuado a los peores hábitos de la charcutería política o educado según ella demanda. De ahí que resulte particularmente sorprende que Albert Rivera diga con gesto convincente que no se puede arrinconar al partido que ha obtenido más de siete millones de votos (el PP) a pesar de las últimas pestilencias –el gang valenciano, Acuamed– y, al mismo tiempo, actúe convencido de que sí se puede arrinconar al que ha obtenido más de cinco millones (Podemos), tan acogido a las reglas del sistema, aunque se le tilde de fuerza radical, de extrema izquierda o de antisistema.

Todo lo cual lleva a suponer que las presiones de los poderes fácticos, es decir, financieros, para un pronto desenlace aspiran a que cuanto tenga que suceder no vaya más allá de un reformismo lampedusiano o cosmético para que nada cambie demasiado, aunque vaya en ello la supervivencia de algunas siglas venerables como las del PSOE. ¿Por qué el PSOE? Cuando se invoca la gran coalición que gobierna en Alemania para justificar aquí la conveniencia de imitar el modelo se parte de dos falsos supuestos: que la CDU que fundó Konrad Adenauer es equiparable al PP que creó Manuel Fraga y que el SPD responde a la misma peripecia histórica que el PSOE. No hace falta ser doctor en ciencias políticas para comprender que lo que en Alemania resulta más o menos útil, aquí tiene todas las trazas del abrazo del oso, de una operación que defraudaría al grueso de los votantes socialistas, más de cinco millones también, integrantes de la izquierda clásica española hasta donde alcanza la memoria. A modo de resumen: para el PSOE, la gran coalición pudiera ser una inmolación; la gran coalición de hoy pudiera ser causa primera del desfondamiento de mañana.

“El poder es como un explosivo: o se maneja con cuidado o estalla”, opinaba Enrique Tierno Galván, mente lúcida. El poder no es una entelequia, es algo concreto, tangible, expresión de una compleja trama de intereses y presiones, y lo que se negocia en este cursillo acelerado de pactismo que realizan los partidos para resolver el crucigrama del 20 de diciembre es exactamente eso, el poder. Para algunos, correr el riesgo de que le estalle en las manos puede significar un viaje hacia la nada; para otros, contemplar el estallido desde el patio de butacas puede ser una inyección de votos para pasmo del establishment que ahora presiona desde Bruselas y más acá.

Nadie ganará en Grecia

Todos los referéndums se convocan con el propósito de ganarlos, y el de este domingo en Grecia no es una excepción, aunque a causa de la confusión que envuelve la crisis griega, la victoria del Gobierno de Alexis Tsipras radica en el no (a la propuesta de los acreedores) y la derrota se halla en el . No es esta la primera ni la mayor de las confusiones. También resulta francamente oscuro el hecho de que se someta a referéndum un programa de actos que, en la práctica, el convocante da por vencido e inservible y trabaja sobre la hipótesis de una nueva propuesta incompatible con la que se votará. Y no lo es menos que a solo tres días del referéndum se divulgue un informe del FMI que, grosso modo, alerta de que la deuda griega es inasumible –¡gran descubrimiento!– , muy probablemente harán falta 51.500 millones de euros adicionales para suturar la herida y, claro, será precisa una quita que aligere la montaña de millones que se supone debe salir del bolsillo del contribuyente griego de aquí a la eternidad.

Esa confusión o propensión a violentar la lógica tiene que ver en gran medida con la tendencia a abordar la crisis desde planteamientos binarios: la propuesta de la troika, ahora ya no llamada así, y la de Tsipras-Varoufakis; la supuesta solidez conceptual del establishment europeo (conservadores, liberales y socialdemócratas) y la heterodoxia presuntamente utópica de Syriza; la intolerancia alemana frente a intolerancia griega; la hipotética insensibilidad social de la derecha frente a las presumibles inquietudes sociales de la nueva izquierda. Y así hasta llegar a un punto de no retorno, a este referéndum con el que, gane el o gane el no, nadie ganará al final de un portentoso error de cálculo colectivo, aquel que llevó a las acreedores a creer que, a última hora, el Gobierno griego cedería mediante un apaño presentable a sus votantes, y aquel otro que indujo a Syriza a medir mal sus fuerzas y a pensar que, con la suerte del euro en juego, o eso creyó, era posible lograr un acuerdo menos gravoso que los suscritos por los gobiernos que le precedieron. Nadie es inocente en ese disparate ejemplar que subraya la precariedad de fondo del proyecto europeo en cuanto se complican las cosas y, como en este caso, se ausenta la política y todo se circunscribe al análisis económico.

Debió de tenerse por mal presagio la opinión vertida hace unos días por Luis de Guindos al adelantar que la solución al problema debía ser económica y no política. Podía haber dicho, pero no lo dijo, que el desenlace debía ser a un tiempo político y económico; debía haber poseído el ánimo de ambas partes que la argumentación política de la salida de la crisis debía legitimar la económica, así en Atenas como en Bruselas, pero no fue así. Lo que sucedió, en cambio, es que los gobiernos de los países baqueteados por la salida de la crisis hasta extremos de sobra conocidos, España entre ellos, se aplicaron en reclamar a Grecia hasta el último céntimo de la deuda y, otra vez España, aprovecharon de paso el momento para desacreditar a fuerzas emergentes que, con más o menos fundamento, aplauden al Gobierno griego y quizá antes de Navidad sean determinantes en el resultado de las elecciones legislativas para configurar una nueva mayoría.

Resulta revelador que, en medio de la crisis del euro, el presidente Mariano Rajoy no deje pasar ocasión para asaetear a Alexis Tsipras con sus críticas, como si fuese con él con quien deberá medir sus fuerzas antes de acabar el año. Resulta revelador porque, en la estrategia conservadora europea, la ruina del primer ministro griego equivale a la de Podemos y, por extensión, a la de todos los movimientos políticos emergentes que ponen en duda la orientación de la cultura político-económica hegemónica en la Unión Europea. La única forma de neutralizar a los adversarios del modelo es garantizar el fracaso de toda alternativa y desprestigiar a sus aliados, a cuantos estiman, como el partido de Pablo Iglesias, que el referéndum es un recurso democrático y una manifestación de soberanía.

Esa cicatería conservadora de vuelo gallináceo salió reforzada con los excesos verbales de los negociadores griegos, su desprecio por los requisitos técnicos de la negociación y su dificultad para aceptar la realidad, unida a la ortodoxia de los eurócratas y a la suposición de que, con las cifras de crecimiento del PIB griego antes de la victoria de Syriza, era posible a medio plazo solventar la crisis (nadie se molestó en calcular la cuantía de los costes sociales al final del camino). La arquitectura del euro descansa sobre supuestos en las antípodas neokeynesianas que han llevado a Paul Krugman y a Joseph Stiglitz a declararse partidarios de que los griegos den la victoria al no. El plan expuesto por Jean-Claude Juncker al inicio de su mandato para reactivar la economía no es más que un tímido mecanismo de corrección de las servidumbres impuestas por Alemania a todos los europeos: austeridad y contención del gasto. El euro no es, como el dólar, la moneda única de un Estado único, sino la moneda única de 19 estados que están lejos de presentar un mismo o parecido perfil.

La camisa de fuerza económica que Krugman ve para Grecia en el euro responde, en gran medida, a la imposibilidad que tiene Grecia de actuar con su moneda tal cómo podría hacerlo si no fuese la de otros 18 estados. Pero Grecia no puede prescindir de esa camisa de fuerza sin grave quebranto. Resucitar la dracma significaría poner en circulación una divisa sin apenas valor de mercado, algo que no escapa al análisis de la situación que hacen muchos ciudadanos griegos cuando, en medio de la pesadilla, prefieren seguir en el euro a embarcarse en aventuras de final más que incierto, de ahí el empate técnico del con el no a pesar de la popularidad de la que aún disfruta el Gobierno de Tsipras, que promueve el no. De ahí, también, el empeño de Barack Obama de mantener a Grecia en el euro para evitar que, acuciado por la asfixia económica, se rinda a los cantos de sirena de Rusia y debilite el flanco sudeste de la OTAN en compañía que no aliada con Turquía.

De forma que si alguien se siente vencedor la madrugada del lunes deberá manifestar su alegría sin mencionar las consecuencias de su victoria porque, de hacerlo, quedará al descubierto que tal victoria es inexistente. Sí gana el no, el Gobierno de Tsipras volverá a la negociación con un nuevo plan, renegociación de la deuda incluida, que sus interlocutores no aceptan con el beneplácito de Alemania, y con el 20 de julio como nueva fecha decisiva (pagos por valor de más de 3.000 millones).Si gana el , quizá los acreedores echen las campanas al vuelo, pero se abrirá en Grecia un periodo de provisionalidad con la probable caída del Gobierno, creciente inestabilidad y quizá una inevitable convocatoria electoral, una situación incompatible con la dinámica de negociaciones que requiere el momento. Horizontes lúgubres encerrados en nubes de tormenta, con el corralito camino del corralón y el futuro del euro, de las primas de riesgo y de la solvencia de otros socios de la moneda única prendido con alfileres.

Puede que haya quienes ven en esa crisis cada vez más compleja el momento ideal para la catarsis de la que debe salir reforzada la identidad europea y la complicidad entre socios. Pero ese enfoque parece fruto de un exceso de optimismo porque se antoja imposible que cuanto está sucediendo no cause algún daño a la moneda única, a la complicidad necesaria entre estados y al apego de muchos europeos hacia la Unión Europea. Sobre todo si el establishment se obstina en presentar su recetario como el único posible y, diciéndolo o sin decirlo, deslegitima cualquier otra opinión que se salga de lo que ahora todo el mundo llama mainstream, que no quiere decir otra cosa que corriente dominante. Una corriente que, no por ser mayoritaria, es seguro que sea la única que está en lo cierto, la única posible, la única que redundará en una vida mejor para los ciudadanos por más que así se presente.

Europa, divida por la desconfianza

Mientras la renegociación de la deuda griega se adentra en un laberinto cuyo trazado, como el del Minotauro, nadie conoce, la UE se atasca o se divide a causa de la negociación del Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), tecnicismo barroco aplicado al futuro acuerdo de libre intercambio comercial y de inversiones que negocia con Estados Unidos. Una mezcla de recelos fundados, antiamericanismo y desconfianza ante posibles realidades o consecuencias encubiertas por el discurso oficial han llevado la discusión al terreno de las amenazas que se ciernen sobre la Europa social, el control de las multinacionales y, sobre todo, las garantías jurídicas en el caso de que surjan litigios entre estados y empresas o gestores financieros. La Europa socialmente comprometida, escamada por la gestión de la crisis y los consiguientes costes, teme entrar sin ovillo en el laberinto del Minotauro, ser derrotada cuando dé con él y no tener siquiera la posibilidad de dar marcha atrás y salir del embrollo siguiendo el rastro –el hilo– que fue dejando según avanzaba.

El gran razonamiento de quienes han puesto manos a la obra y dirigen las operaciones –la comisaria Cecilia Malmström y su equipo– es que se trata de sacar el máximo partido a un mercado de 800 millones de consumidores y unos intercambios que en el 2014 alcanzaron los 980.000 millones de euros. Aquello que lleva a la Europa progresista, a la izquierda clásica y a la organizada en movimientos sociales emergentes –Podemos en España– es el coste humano, de calidad de vida y de conservación del medio ambiente que puede tener el TTIP. “El temor es sobre todo conceder demasiado poder a las multinacionales y abrir nuestros supermercados a productos que no garanticen los mismos estándares de seguridad conquistados por los consumidores europeos”, publicó hace poco el diario progresista italiano La Repubblica. Puede decirse que el problema no son los aranceles, sino el pollo clorado, la carne hormonada, los derechos de autor, los transgénicos y la legislación social, capítulos en los que Europa saca varios cuerpos a Estados Unidos.

La crisis de la última semana, que ha impedido la discusión en el Parlamento de una parte de las negociaciones en curso, ha puesto de manifiesto que la desconfianza no ha anidado solo en la izquierda radical o alternativa, sino también en el Partido Socialista Europeo. No hay en la corriente central de la socialdemocracia un pensamiento dominante que, como sucede en las filas conservadoras y liberales, solo vea ventajas en el acuerdo con Estados Unidos, sino más bien todo lo contrario: incuba toda clase de temores frente a la propensión de la Comisión a ver en el TTIP una lista inacabable de beneficiosas oportunidades. Quizá debiera decirse que lo sucedido entre martes y miércoles ha sido la prueba del nueve de que los trabajos han llegado a un punto en el que los rasgos diferenciadores de la UE han parecido sometidos a amenazas futuras –reales o no es solo relativamente importante–, y se ha producido un movimiento de repliegue ante la respuesta a una doble pregunta: ¿de dónde venimos y adónde vamos? Porque los recelos se refieren tanto a lo que digan los textos como a la interpretación y aplicación práctica de los mismos.

Al mismo tiempo que liberales y conservadores se remiten a los 30 millones de europeos que trabajan en el sector exportador –1,6 millones en España–, los temerosos de dejar maltrecha la Europa social se refieren a las más de 200 enmiendas presentadas a lo que, enigmáticamente, se denomina Investor-State Dispute Settlement (ISDS), esto es el mecanismo para solucionar los conflictos que eventualmente puedan surgir entre estados y empresas (multinacionales las más de las veces). Así, tres eurodiputados verdes han publicado en el diario británico The Guardian una carta en la que presentan las enmiendas a la resolución de litigios mediante tribunales privados como el indicador fehaciente de la “pasión que esta alianza ha despertado, la división política que ha abierto y el grado de oposición del público”. Lo que, siendo cierto, no es lo más relevante. Lo más sobresaliente es que, por fin, la ruta hacia el TTIP ha salido del secretismo o la opacidad –la Comisión de Jean-Claude Juncker ha querido iluminarla por medio de un apartado específico en su web–, y ha dado pie a una discusión fundamental para alcanzar a ver de dónde venimos y, ¡ay!, acaso a descubrir hacia dónde nos empujan a ir o pretenden que vayamos.

Entiéndase bien: la discusión del ISDS no es un asunto meramente técnico que no afecta al europeo medio. Es, por el contrario, algo que puede interesar el control de los estados sobre el comportamiento de las multinacionales o, por decirlo de otra forma, puede entrañar la pérdida de control sobre los grandes conglomerados empresariales y financieros. Porque si las disputas quedan en manos de tribunales privados –aquellos formados por acuerdo previo de las partes enfrentadas, mediante la designación de un juez por cada una ellas, más un tercero pactado por ellos dos–, sin posibilidad de recurrir a instancias superiores, se pone en riesgo –al menos, lo parece– la seguridad jurídica, piedra angular de la lógica garantistas característica de Europa. Por el contrario, si las disputas deben dilucidarlas tribunales públicos, con mecanismos de recurso garantizados, quizá se pierda agilidad –en España, por descontado–, pero la seguridad jurídica saldrá ganando, siquiera sea porque las consideraciones economicistas, de eficacia o de rentabilidad quedarán supeditadas al interés público, al principio de legalidad y a la utilidad social. Al menos esta es la pretensión de quienes se oponen a que los arbitrajes sean cosa de instancias privadas.

En el fárrago de la discusión resulta muy difícil separar el grano de la paja, pero no tanto cuando se piensa en que, en el punto de partida de la negociación, se dan factores tan preocupantes como la no aceptación por Estados Unidos de la legislación internacional para fundamentar una demanda contra el país. O que en materia de garantías laborables y desarrollo sostenible, Europa se encuentra a años luz de Estados Unidos. Esos son algunos de los pilares de los “temores europeos” a los que se ha referido el Financial Times, vocero de la City de Londres, partidario de la desregulación en todo aquello que limite los flujos financieros.

No se trata de que algunos gobiernos se comprometan más en explicar las bondades del TTIP, como declaró la comisaria Malmström al periódico conservador francés Le Figaro, sino de acotar el tratado, garantizar el control de los estados y de las instituciones europeas y asegurar que ningún tribunal de arbitraje podrá cambiar de facto las legislaciones nacionales o la comunitaria. Alcanzar esos objetivos no conduce directamente a la unanimidad política, antes al contrario, la hace imposible, porque ni siquiera la mejor de las explicaciones puede pasar por encima de las ideologías, de las diferentes versiones del libre mercado y de la economía social que coinciden en el Parlamento de Estrasburgo, pero al menos la opinión pública podrá acercarse al TTIP con un conocimiento de causa ahora inexistente porque reina la desconfianza. Con razón o sin ella, a causa de la oscuridad de las propuestas que se debaten o del temor a sus consecuencias, debido a la confusión sembrada por los tecnócratas o a la sumisión de la política a las finanzas, la desconfianza lo empapa todo.

Baste un dato: la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) Stop TTIP ha recogido dos millones de firmas contra el ISDS. Aunque la cifra puede parecer insignificante sobre un censo de casi 500 millones, es la más alta alcanzada por una ICE desde que entró en vigor esta modalidad en el 2012. Y tan significativo como este dato lo es este otro: el grado de aceptación del TTIP en el seno de las sociedades de la UE crece de oeste a este y de sur a norte, algo que lleva implícita la semilla de la división o la diferenciación cada vez mayor entre la Europa que percibe la globalización como un mecanismo, pero no un ecosistema, y la que entiende la globalización como un ámbito en el que el debate ideológico debe plegarse a la realidad de los resultados macroeconómicos.

La UE ha vivido otras situaciones de naturaleza parecida en las que la división llevó al fracaso y al distanciamiento entre socios y familias ideológicas a causa de una innovación. Ese fue el caso de la larga controversia que se adueñó del debate a propósito de la elaboración de la Constitución europea, origen de una enorme frustración entre los europeístas. Cuando Francia y Holanda rechazaron en referéndum el texto propuesto, la componenda para salvar el expediente ocupó el espacio reservado hasta entonces a la política con mayúsculas. La charcutería suplantó a la academia y el Tratado de Lisboa del 2007 permitió solo encubrir un fracaso con un texto insuficiente para considerarlo una aproximación razonable a lo que pretendió la convención presidida por Valéry Giscard d’Estaing cuando inició sus trabajos. ¿Está de vuelta la lógica de entonces, el enfrentamiento entre defensores acérrimos y adversarios infatigables del tratado, o el pragmatismo de los partidarios se impondrá a la digresión ideológica de quienes lo combaten sin ser antieuropeístas?

La sobriedad, una necesidad europea

Dice José Mujica, presidente saliente de Uruguay, que prefiere hablar de sobriedad antes que de austeridad, desnaturalizada esta por el austericidio cometido en Europa, revalorizada aquella como guía moral. Al hilo del austericidio, puede afirmarse asimismo que el sueño europeísta de la unión se ha visto modificado por el sueño alemán de la hegemonía en Europa por otros medios, diferentes a aquellos que llevaron al continente a las puertas del Armagedón. Cabe sostener incluso que en el cruce de caminos entre la austeridad empobrecedora y la germanización de Europa, millones de personas, jóvenes en su mayoría, han sido condenadas a sobrevivir sin certidumbres de futuro, salvo la viabilidad, improbable a largo plazo, de fórmulas redentoras. Todo eso merece ser tenido en cuenta cuando se dobla el cabo del año nuevo y sin que venga a cuento, a no ser electoral, se anuncia la buena nueva de que se acabó la crisis (Mariano Rajoy para mayor precisión).

Si se hubiese acabado la crisis, no proliferaría la idea de que, mediante toda clase de austeridades, la situación económica es mala o muy mala (véanse las encuestas). Ni contaminaría la atmósfera la impresión de que los costes sociales de la salida de la crisis, de ser esta cierta, superan con mucho los beneficios aportados, dejada esa contabilidad inevitable entre costes e ingresos en manos de tenedores de libres cuya única misión es cuadrar las cuentas cueste lo que cueste, sin echar la vista atrás para redactar el parte de bajas. Porque si no fuese esta su misión, no tendrían el arraigo que tienen estados de ánimo colectivos de corte depresivo, que lo mismo se remiten a la inanición de Grecia, que a la sumisión de España; que lo mismo desembocan en la condena de Francia a la decadencia, si no renuncia a algunas de sus más viejas convicciones, que en la insistencia de que en Italia, más que en ninguna otra parte, cualquier situación es susceptible de empeorar.

“A la justicia la atemoriza siempre la magnitud, la desborda la superabundancia, la inhibe la cantidad”, en ‘Así empieza lo malo’, de Javier Marías.

“A la justicia la atemoriza siempre la magnitud, la desborda la superabundancia, la inhibe la cantidad”, escribe Javier Marías en Así empieza lo malo (página 397 para mejor referencia). Por eso no hay quien esté dispuesto a mirar hacia atrás con ira o sin ella y, por lo menos, pedir disculpas; lamentar los daños, la lista de damnificados y los campos de ruinas que surgen aquí a allá, fruto de lo sujeción de los líderes políticos a las finanzas globales, consecuencia de la justificación tecnocrática de diferentes escuelas, no todas ellas conservadoras, que consagran y aplican el tratamiento de choque dictado por los profetas de la utopía neoliberal (ya distopía a juzgar por los estragos causados durante el último quinquenio y los que son de temer en el futuro). Por eso las operaciones de rescate de la clase media son mera simulación –al contrario de Estados Unidos– y se apodera con frecuencia del grueso de la opinión pública el vértigo de una corriente que arrastra su forma de vida hacia el sumidero.

Qué extraño, sorprendente y ajeno a la realidad resulta escuchar sin más que acabó la crisis; qué hiriente e inmoral suena oír esta afirmación mientras a la puerta de los supermercados las onegés recolectan comestibles para que la crisis lo sea menos para muchos azotados por ella hasta la extenuación. A no ser que quienes anuncian el final de la crisis observen el entorno inmediato a través de los espejos deformantes del callejón del Gato (el esperpento de Valle siempre tan cerca de la realidad). Si no es así, si todo obedece a un cálculo electoral, y eso parece, entonces es preciso reclamar a los propagadores de infundios el decoro que exige la situación y la precisión en el diagnóstico: que las cuentas se ajusten a lo previsto o sean aún mejores –por el precio del petróleo, por la depreciación del euro, por la inflación desaparecida camino, puede, de la deflación, por una décima de aquí y una prima de riesgo de allá–, no significa que hayamos despertado de la pesadilla.

Hay un dato que abunda en la sensación de que seguimos atrapados en el laberinto de un sueño inquietante: en la Europa doliente, disponer de un trabajo razonablemente remunerado se ha convertido en un privilegio; trabajar por un salario insuficiente es una afrenta frecuente; encadenar los años sin remuneración alguna constituye una epidemia muy extendida (léanse las estadísticas del INE). Frente a la consagración del trabajo como un derecho recogido en las constituciones se impone la realidad del trabajo mal pagado hecho milagro, y hay además algunos expertos en gestionar la catástrofe –entre ellos, economistas a los que escucha Angela Merkel– que anuncian como necesario, inevitable o conveniente, según las escuelas, que la inseguridad en el trabajo, o el trabajo a tiempo parcial, o el trabajo cuando lo haya sean la norma de futuro (la literatura a tal fin difundida es abundantísima).

Joschka Fischer: “Vista la incapacidad manifiesta de las autoridades europeas para poner fin a la enfermedad, muchos países miembros no pueden soportar la austeridad por más tiempo. Algunos de ellos afrontan una sublevación política”.

Así que, al contrario de lo afirmado, la crisis sigue y persevera en sus desajustes inadmisibles, aunque parece que las cifras dicen que ya pasó o está a punto de pasar. Y si es así, puesto que los efectos no se notan en parte alguna o apenas menguan, hay que concluir que Europa se ha instalado en la injusticia y no se deduce utilidad mayor de los instrumentos anunciados por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, para paliarla y cauterizar las heridas. No solo por modestos y contenidos, sino porque los observan con hostilidad manifiesta los guardianes custodios del Bundesbank y, con ellos, cuantos insisten en que la austeridad es el camino y no hay otro (si lo hay o lo conocen, no lo dicen).

El exministro alemán de Asuntos Exteriores Joschka Fischer no ve señales del final de la crisis ni en la Unión Europea, en general, ni en la Eurozona, en particular, y aún menos en los socios meridionales del club. “Se nos dice que la crisis del euro quedó atrás –escribe Fischer–. Los mercados financieros han encontrado la calma, mientras que las autoridades europeas, especialmente el BCE, aseguran que la unión monetaria está a salvo. Pero los países de sur de Europa siguen en depresión, la zona euro en conjunto sufre un crecimiento átono, sometida a presiones deflacionistas, y en los países en crisis, el paro se mantiene a un nivel insoportable”. Y sigue: “Vista la incapacidad manifiesta de las autoridades europeas para poner fin a la enfermedad, muchos países miembros no pueden soportar la austeridad por más tiempo. Algunos de ellos afrontan una sublevación política”.

¿En quién pensará Fischer cuando habla de paro insoportable? Diríase que en España, puede que en Grecia o en algún otro país en estado catatónico. ¿A qué se refiere cuando menciona “una sublevación política”? Es verosímil que piense en Podemos, en Syriza, por el populismo de diseño y por la izquierda; en el Frente Nacional francés, en el UKIP, en Amanecer Dorado, por el flanco nacionalista vociferante, por la extrema derecha desabrida y aun por el ideario neonazi. Sí, en efecto, piensa en esa nueva constelación de partidos que pueden sembrar el desconcierto en la zona euro y poner en duda la viabilidad del statu quo que ha hecho bandera de la austeridad. “Observar la UE desde el exterior es un poco como ver un tren al ralentí que va directo hacia una colisión, un accidente anunciado”, afirma Fischer, que no acierta a dar con el final de la crisis (ve el 2015 como el año de “todos los peligros para Europa”).

Paul Krugman sostiene que Europa se dirige hacia la doble trampa de la deflación y el estancamiento.

Cuando resulta, además, que un pequeño país como Grecia, con un PIB inferior al 25% del de España, es capaz de alterar el pulso de los mercados europeos hasta la histeria ante la posibilidad de que Syriza gane las elecciones del 25 de enero, entonces es que, como dice Fischer, el convoy va derecho a la colisión sin que nadie esté dispuesto a echar el freno. Pues si una victoria de Syriza pone en guardia a todo el mundo, entonces resulta que la debilidad del ecosistema político europeo, con receta alemana o sin ella, es mayor de lo presentido, se comporta como un organismo sin defensas que puede pasar en horas 24 del resfriado común a la neumonía. Y puesto que el castigo infligido a los griegos por la famosa troika carece de fundamentación moral y parece muy a menudo un acto de ensañamiento indefendible, puede que Syriza consiga lo que el resto de Europa no desea y, dada esa situación, Europa deba decidir entre la desvergüenza de perseverar en el ensañamiento o admitir que hacen falta medidas correctoras para hacer frente a la rebelión de los desesperados, de cuantos el 25 de enero voten en igual medida contra los gestores de la crisis y a favor de quienes prometen la catarsis, entendida esta como figura definida en la quinta acepción del diccionario de la Real Academia Española: “Expulsión espontánea o provocada de sustancias nocivas al organismo”.

De lo que es fácil deducir que es preferible seguir los pasos de Fischer que los de quienes han realizado el anuncio navideño del final de la crisis, siquiera sea porque el primero no ha de renovar ningún mandato y los segundos aspiran a ello. Los segundos contemplan la consolidación de esa bolsa de desheredados condenados por la austeridad, a los universitarios obligados a liar el petate para probar fortuna en otras partes, a esa lacerante administración de la injusticia que consiste en interferir en la justicia para controlar las causas múltiples y variadas que hacen cada vez más impenetrable las tramas de la corrupción, y, consumada la indagación visual o estadística, prefieren negar la realidad y anunciar que el 2015 serán el de la reparación de daños.

Incluso si el desenlace en Grecia es menos categórico de lo temido por los fundamentalistas de la economía global, persistirá “el conflicto vinculado a la austeridad” al que se refiere Fischer en un pasaje de su artículo. Porque seguirá ahí la trampa para elefantes de la deflación y el estancamiento hacia el que se dirige Europa, según el diagnóstico emitido el pasado verano por Paul Krugman en las páginas de The New York Times. Según Krugman, François Hollande, presidente de Francia, perdió la ocasión de oponerse a Alemania en compañía de Italia y España, tercera y cuarta economías de la Eurozona, para someter a revisión la austeridad. Muy pronto se plegó a la ortodoxia implacable de la contención del gasto, la contracción de la economía pública y el recorte de los programas sociales; su disposición a decir no fue a menos y se esfumó después del nombramiento de Manuel Valls, ejecutante convencido de que nada cabe fuera de la austeridad.

Pero es preciso decir no alguna vez, reconocer que las deudas deben saldarse, pero no a costa de dejar exhausto al deudor, sin aliento para seguir el camino y avizorar un futuro decente. Ahí radica la sobriedad, en ajustar las necesidades, las obligaciones y los compromisos a una supervivencia sin servilismos, en el equilibrio sostenible entre estos tres factores. No es nada seguro que la Europa del 2015 sea precisamente esta, sino más bien aquella otra no deseable de la austeridad inclemente en la que el nacionalismo y el euroescepticismo sigan arraigando, visto el sueño de la unión por muchos europeos como un insoportable descoyuntamiento de los equilibrios sociales que se dio Europa después de la segunda guerra mundial, como una imposición coactiva. La crisis no se ha acabado (no se desvanecerá por mucho que se repita); seguimos en compañía de ese desajuste asfixiante, hijo de los errores cometidos por gobernantes que alguna vez debieron decir no y no lo hicieron.

 

Europa precisa un rostro humano

El anodino debate del jueves por la noche entre Miguel Arias Cañete (PP) y Elena Valenciano (PSOE) no hubiese pasado de ser una incursión superficial por el laberinto de la política española, con la variedad del debatiente-lector de apuntes, si no hubiese sido por “el error no forzado” –Montserrat Domínguez en El Huffington Post– del susodicho al soltar al día siguiente en Antena 3 una perla para la historia de las perlas: “Si haces abuso de superioridad intelectual, parece que eres un machista que está acorralando a una mujer indefensa”. Este disparate cósmico ha salvado el debate del olvido, aunque no ha remediado la ausencia de Europa del sumario intercambio de pareceres, como si la posibilidad de recurrir a Europa como excitativo de entusiasmos políticos fuese una batalla perdida y solo los asuntos de casa fuesen un caladero seguro para cobrar algunos votos el día 25.

Pero hubo algún momento en que los adversarios se salieran del guion nacional, en especial cuando la candidata socialista se refirió a la necesidad de dar a Europa un rostro humano. Los espectadores más veteranos y soñadores debieron dejar que la imaginación volara hasta el socialismo con rostro humano al que aspiró Alexander Dubcek en la Checoslovaquia de 1968; los más pesimistas debieron dejarse llevar por los recuerdos del desastre final, con los tanques del Pacto de Varsovia en las calles de Praga. Los más jóvenes quizá se acordaron de las primaveras más recientes, de desenlace desigual, especialmente de las árabes, de futuro muy incierto. Todos, en cualquier caso, tuvieron ocasión de sopesar, aunque solo fuera por un instante, la necesidad y la conveniencia de una primavera europea que acabe con la sensación cada vez mayor de que la institucionalización de Europa es un proceso hecho a espaldas de los ciudadanos, al servicio de la economía global y destinado a descoyuntar el Estado del bienestar.

En esa hipotética primavera, los gestores europeos estarían obligados a reconocer los errores cometidos, la angustia provocada por una austeridad asfixiante y la desafección estimulada por la imposición de programas de efectos insoportables. Humanizar Europa debería ser una forma de acabar con la coartada de los recortes o la ruina, utilizada por el establishment conservador para imponer un modelo que liquida el pacto social con las clases medias y deja a los ciudadanos más vulnerables frente a las patas de los caballos. Si, como ha dicho el profesor Henry Kissinger, “la demonización de Vladimir Putin no es una política, es una coartada a falta de una política”, la austeridad sin contrapartidas oxigenantes es también una coartada a falta de una política capaz de diseñar un futuro creíble y capaz de generar complicidades.

Hay, en cambio, una obcecación destemplada en la derecha europea cuando, por boca del candidato del PPE a presidir la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, insiste en la necesidad de dar continuidad a las políticas que devastan la Europa social y en la conveniencia aún mayor de perseverar en la austeridad. Como si no existiera otra forma de desenredar la madeja; como si las advertencias y los análisis con otra orientación no fueran más que digresiones académicas para discutir en un seminario de verano. “El éxito económico no asegura la paz, pero el fracaso económico y la desintegración casi garantizan el conflicto. Les corresponde a los líderes de las principales naciones resolver cómo lograr un crecimiento económico más rápido y sostenido”, afirma Lawrence Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos, en un artículo publicado en El País. No parece que sus opiniones tengan muchos adeptos en Europa a juzgar por la contumacia en aceptar un crecimiento raquítico y un paro catastrófico.

Lo peor del caso es que los socialdemócratas, principales adversarios del PPE, parecen fundamentalmente resignados a pasar por las horcas caudinas a pesar de contar con un candidato a presidir la Comisión, Martin Shulz, casi siempre brillante y con un acendrado espíritu crítico. Esa es al menos la sensación que transmiten a un electorado cansado de generalizaciones y que no encuentra en ellos el impulso renovador, de humanización de Europa, invocado por Valenciano. Se trata de un estado de ánimo de alcance europeo, no solo español, que parte de una convicción que nadie ha sido capaz de demostrar que no se ajusta a la realidad: existen unas reglas del juego económico, unos apriorismos financieros, que nadie modificará sea cual sea la futura mayoría parlamentaria.

Se da así un problema de credibilidad en el conjunto de la UE, que estos días es especialmente visible en Francia. “Austerófilos en Francia (pero chitón, no es preciso pronunciar la palabra, es tabú), austerófobos en Europa, he aquí la gran diferencia a la que deben entregarse los socialistas”, escribe Roland Greuzat en Le Nouvel Observateur, el gran semanario de la izquierda europea, muy crítico con el programa puesto en marcha por el socialista Manuel Valls. ¿Quién puede imaginar que el mismo partido que se ha entregado a la poda presupuestaria en París, urgido por Alemania y allegados, exigirá programas expansivos en Bruselas junto con los otros partidos socialdemócratas? Si eso hace, entrará en flagrante contradicción consigo mismo, salvo que alguien esté en condiciones de demostrar que unas mismas siglas pueden defender a la vez dos programas diferentes e incompatibles, y aun aplicarlos.

Como el propio Summers ha escrito para reclamar un compromiso a las grandes potencias destinado a defender el orden internacional, estas “nunca pueden ir de farol”. “Cuando lo hacen –ha subrayado–, cuando sus intenciones son inciertas, se las somete a examen. Cuando se las somete a examen, surgen las preguntas, y la posibilidad de conflicto aumenta”. Puede aplicarse esta regla a los partidos que utilizan dos varas de medir, dos barajas o eslóganes diferentes según sea la obra que representan.

Si las votaciones habidas en el Parlamento Europeo durante la última legislatura sirven de orientación, resulta que el grupo socialista disiente del popular solo en el 30% de lo hecho, un porcentaje muy pequeño a poco que se piense en algunos de los momentos vividos durante los últimos cinco años: rescates, primas de riesgo estratosféricas, destrucción acelerada de empleo, osadía de los defraudadores fiscales a pesar de todo, presión migratoria, debilidad exterior y varios etcéteras para que los rellene cada lector a su gusto. Pareciera que la Europa esotérica, de los pactos entre bambalinas y los intereses creados desde siempre, se impone a la exotérica, la de las declaraciones en los debates y los grandes principios del humanismo que inspiraron a los padres fundadores, pero que inquietan bastante poco a sus nietos.

Mientras el economista francés Thomas Piketty ha abierto un gran debate intelectual y político con su libro El capital en el siglo XXI, donde desarrolla la idea de que las fuerzas dominantes del capitalismo causan desigualdad e inestabilidad, y no pocas mentes brillantes se han sumado a la discusión, en la Europa política se desaprovecha una campaña crucial para abrir el melón de la asimetría en la distribución de ingresos y rentas, meollo de los problemas de la Unión Europea. Uno de los lectores de Piketty más crítico con su obra, Robert J. Schiller, nobel de Economía el año pasado, le reconoce el mérito de haber dado un grito de alarma convincente en cuanto a los riesgos que entraña la generalización de la desigualdad. Y otros seguidores de Piketty se preguntan si puede Europa ser una gran potencia sin enfocar la salida de la crisis de forma diferente a como lo ha hecho hasta ahora, el ahondamiento en una economía dual, con un norte rico y un sur relativamente pobre, sometido a la lógica y las necesidades del norte.

No hay forma de que se oiga hablar de esto en la campaña en curso salvo en aquellas candidaturas que de antemano saben que su peso en el Parlamento Europeo será pequeño. Y, sin embargo, es esta la base de cualquier proyecto que permita a Europa tener un rostro humano. La vaguedad argumentativa, por el contrario, no compromete a nada, convierte los debates en un pimpampum de barraca de feria y aleja a los ciudadanos de las urnas o los tienta a ir con sus penas a candidaturas que fían su éxito en el empeoramiento de Europa. He aquí otro riesgo, como lo describe Ian Buruma: “El atractivo del populismo es su afirmación de que bastaría con que pudiéramos ser otra vez dueños de nuestros propios países para que mejorara sin lugar a dudas la situación”. Se trata de una falacia, pero gana adeptos todos los días.