Trump regala el Golán a Israel

La decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reconocer la soberanía de Israel en los altos del Golán subraya el propósito de la Casa Blanca de liquidar el statu quo internacional, de impugnar el papel de las Naciones Unidas y de acudir en apoyo del primer ministro israelí, Binyamin Netanyahu, para que siga en su puesto después de las elecciones del 9 de abril, sea cual sea la coalición de Gobierno que le permita mantenerse en el puente de mando. Investigado por la fiscalía y señalado por la policía como presunto responsable de varios casos de corrupción, el gesto de Trump permite a Netanyahu orientar su campaña electoral con un inesperado triunfo en la mano para convencer a sus electores y a los partidos de extrema derecha del vínculo especial que mantiene con Washington.

Con ser esto importante a menos de dos semanas de las legislativas en Israel, de las que surgirá presumiblemente un Kneset (Parlamento) muy dividido, lo es aún más la determinación de Trump de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338, aprobadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en 1967 y 1973, que establecen la obligación de Israel de retirarse de los territorios ocupados, entre los que figuran los altos del Golán, suelo sirio hasta la guerra de los seis días. La vigencia de ambas resoluciones ha sido un argumento político esencial para el mundo árabe en general y la causa palestina en particular, cuyos líderes temen, no sin fundamento, que la lógica de los halcones a la vera de Trump, para el caso John Bolton y Mike Pompeo, se haga extensiva a Cisjordania y se cierna sobre el futuro el final de la solución de los dos estados, tan reiterada como la única posible para un proceso de paz y para la reparación de los derechos de la comunidad palestina que, dicho sea de paso, hace años que duerme el sueño de los justos.

Durante la presidencia de Barack Obama, con John F. Kerry, primero, y Hillary Clinton, después, al frente del Departamento de Estado, la relación de Israel con Estados Unidos no fue siempre fácil, la Casa Blanca anduvo con frecuencia por detrás de los acontecimientos y no hubo ningún progreso para negociar una alternativa duradera que permitiese alumbrar un Estado palestino. A despecho de las exigencias estadounidenses, siguieron creciendo los asentamientos israelís en Cisjordania y se mantuvo la política del gran garrote en el asedio apenas encubierto de Gaza, pero, al mismo tiempo, Obama y sus colaboradores ni siquiera insinuaron la posibilidad de dejar sin efecto las resoluciones 242 y 338. Es más, el presidente dio orden de abstenerse en la votación de la resolución 2334 –16 de diciembre de 2016–, que reitera que los asentamientos en Cisjordania no tienen ningún fundamento legal y son “una flagrante violación” del derecho internacional.

La preocupación de la Liga Árabe por el cambio de paradigma es perfectamente descriptible: brilla por su ausencia. Nada hizo y apenas dijo la organización cuando Trump reconoció Jerusalén como capital de Israel –también reclaman tal capitalidad los palestinos– a finales de 2017 y trasladó allí la embajada estadounidense, y menos se inquietará ahora por la mutilación de Siria, un país alrededor del cual los estados árabes con más peso han levantado un cordón sanitario. Es más, es una evidencia palmaria que la causa palestina cada día interesa menos a Arabia Saudí, Egipto y los Emiratos Árabes, deseosos todos ellos de establecer un cauce de relación económica estable y fluido con Israel; cada día resulta más obstructiva la reivindicación palestina para cancelar la enemistad con Israel y aceptar de facto las anexiones territoriales sin más esfuerzo que dejar constancia por escrito de un disgusto genérico y sin mayores consecuencias.

Da la impresión de que la Liga Árabe, sometida a los intereses saudís, da por descontado el conflicto palestino-israelí, y se acomoda a un nuevo ciclo político que asume las reglas establecidas por Donald Trump. Al mismo tiempo que el analista Joshua Leifer ve en el paso dado por el presidente una “cínica jugada política”, que violenta el derecho internacional, particularmente la cuarta Convención de Ginebra –viven en el Golán 20.000 israelís–, los líderes del fundamentalismo mosaico ven más cerca que nunca la extensión de Israel del Mediterráneo al río Jordán y la prolongación de su alianza con Netanyahu sin fecha de caducidad. “Si el Likud de Netanyahu gana suficientes escaños el 9 de abril para formar un Gobierno, es muy verosímil que, como mínimo, la anexión estará sobre la mesa para discutirse”, escribe Leifer. Y recuerda que el comité central del Likud votó a favor de tal anexión de Cisjordania en 2017.

Las quejas chinas y rusas por el paso dado por Trump apenas son capaces de afectar a los acontecimientos en curso. Por el contrario, ponen de relieve la debilidad relativa de ambas potencias frente a la doctrina para la seguridad de la región sustentada por el Gobierno de Estados Unidos, en cuyo centro coloca a Israel, ese aliado incondicional al que con harta frecuencia se menciona como el estado 51 de la Unión. El dispositivo de seguridad en Oriente Próximo, que incluye el bloqueo o control de las organizaciones yihadistas que apuntan a Occidente, vale lo mismo hoy para justificar la anexión del Golán como en un pasado muy reciente sirvió para dejar que las primaveras árabes desembocaran en un gran fracaso. Para Israel y Estados Unidos es más fácil y práctico entenderse con autócratas ajenos a todo control democrático que con regímenes deliberativos, sometidos los gobiernos a instituciones de control.

La advertencia hecha por Henry Kissinger hacia 2011 de que Occidente –Estados Unidos– debía acostumbrarse a mantener relaciones con un mundo árabe cambiado por las primaveras, siempre que no dañara sus intereses, apenas tuvo razón de ser porque los levantamientos de la calle tuvieron un impacto final muy limitado salvo en Túnez. “El consenso que está implantándose es que Estados Unidos tiene la obligación moral de alinearse con los movimientos revolucionarios en Oriente Próximo como una especie de compensación por sus políticas durante la guerra fría”, escribió Kissinger en 2012, pero en la Casa Blanca de Obama prevaleció el principio de esperar y ver, y la espera no tuvo otro fruto que la liquidación de la protesta. Y con tal desenlace, el agravio palestino cayó en el olvido, si no en la calle árabe, sí al menos en los gobiernos, plegados a un realismo sin fisuras que incluye la aceptación del plan maestro de Israel.

Nada es demasiado nuevo en el embrollo. Desde hace décadas, el crucigrama de Oriente Próximo se resuelve todos los días en Estados Unidos y en Israel con el consentimiento de las petromonarquías, el silencio de Egipto y la incapacidad europea para dejarse oír. La diferencia ahora es que, salvo un improbable arrebato de prudencia de Trump, la política de hechos consumados puede acabar con las muy limitadas esperanzas de la comunidad palestina de disponer en el futuro de un Estado soberano, viable y seguro. O lo que es lo mismo, los hechos consumados pueden prender la mecha para que surjan nuevos focos de inestabilidad con los derechos palestinos como justificación última o coartada de cuanto pueda suceder.

 

Realismo de EEUU en Oriente Próximo

Un realismo sin fisuras se impone en la actuación de Estados Unidos en Oriente Próximo, con el desastroso precedente de la presidencia de George W. Bush (2001-2009) para desvanecer la más mínima tentación de agarrar de nuevo el palo y renunciar a la zanahoria. El establishment de Washington y el mundo académico que nutre los think tank han llevado al ánimo de la Administración del presidente Barack Obama y al grueso de los legisladores el riesgo que se oculta detrás de toda intervención armada: repetir los mismo errores cometidos en Afganistán e Irak sin asegurar, por lo demás, ninguna ventaja estratégica sobre el terreno.

Seth G. Jones, profesor de la Universidad John Hopkins e investigador de la Rand Corporation, ha expresado en un artículo colgado en la web de la revista Foreign Affairs, los anhelos que deben guiar a Estados Unidos y sus aliados en relación con los acontecimientos que se desarrollan en Egipto desde el 3 de julio. “Deben pensar en primer lugar en proteger sus intereses estratégicos vitales en Egipto y en la región”, escribe Jones, prototipo del analista armado con dosis inagotables de realismo, dispuesto a reprochar a los diplomáticos occidentales el entusiasmo conque acogieron la caída de Hosni Mubarak y la frustración que les ha invadido a causa del golpe de Estado que ha depuesto al presidente Mohamed Mursi. Resulta imposible imaginar alguien con menos apego al paradigma idealista y más inclinado a la realpolitik de todos los días.

¿Cuáles son los objetivos irrenunciables de Occidente en Egipto y, por extensión, en Oriente Próximo? El profesor Jones enuncia tres:

1º Ayudar a prevenir una guerra civil. Para evitarla, propone inducir al Gobierno egipcio a que facilite la participación en las próximas elecciones a los Hermanos Musulmanes y a otras organizaciones islamistas a fin de conjurar el riesgo de una situación a la argelina (la guerra civil de los años 90 que siguió a la intervención del Ejército para evitar que el Frente Islámico de Salvación llegara al poder a través de las urnas).

2º Trabajar con Egipto para que mantenga el compromiso de combatir el terrorismo fundamentalista, alimentado por Hamás y Ansar Bait al Maqdis en la península del Sinaí, a las puertas de la franja de Gaza.

3º Animar la adopción por Egipto de reformas liberales, apoyar a la sociedad civil y proveer de asistencia técnica para que se revise la Constitución.

Este último punto pudiera llevar a la conclusión de que la democratización del Estado preocupa a los realistas en igual o parecida medida que la recuperación económica, el restablecimiento del principio de legalidad y otros requisitos esenciales para que el nuevo Egipto eche a andar. Habida cuenta de que, de acuerdo con la encuesta elaborada por el Pew Center en mayo de este año, las ansias de democracia en la sociedad egipcia marchan por detrás del deseo de disponer de una economía fuerte, un sistema judicial sólido y un funcionamiento institucional que garantice ley y orden, los analistas del perfil de Jones poco menos que se desentienden del compromiso democratizador de las nuevas autoridades y de llevar la prédica democrática a las calles de El Cairo: “La democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”.

¿Por qué lo dicho para Egipto vale para otros puntos de la región? En primer lugar, porque Egipto tiene un poder de irradiación sin comparación en el resto del mundo árabe; puede decirse que Egipto dispone de la masa crítica suficiente para desencadenar el efecto dominó, para bien y para mal. En segundo lugar, porque las grandes crisis de Oriente Próximo se abordan en público en Estados Unidos en términos de pérdidas y ganancias, y cada vez menos en términos mesiánicos, como si formara parte del rango internacional de Estados Unidos llevar la buena nueva de la democracia liberal a cualquier parte, por las buenas o a cañonazos. Puesto que “la democracia es virtualmente imposible imponerla desde fuera”, es mejor plegarse a la realidad: “Washington debe conducir su política con el mundo árabe que tiene, no con el mundo árabe que desearía tener”.

Cabe detectar cierto fatalismo social en esa cosmovisión, pero resulta menos arriesgada que la utopía neocon –de un sectarismo ideológico agresivo y costosísima en vidas, material y dinero– y, desde luego, más útil para complementar el multilateralismo enunciado por Obama a continuación del fracaso del mundo unipolar soñado por Bush, que debía ser administrado por la hiperpotencia sin rival. Así se entiende mejor la resistencia de los estrategas de los departamentos de Estado y Defensa a enfangarse en la guerra de Siria, el alejamiento de Irak –julio está siendo el mes más sangriento en lo que llevamos de años–, la nueva coreografía negociadora en el conflicto palestino-israelí, sin más esperanzas de éxito que en ocasiones precedentes, e incluso la disposición a buscar la cara amable del nuevo presidente de Irán, el clérigo Hasán Rohani –léase a Ramin Jahanbegloo en El País–, que pasa por moderado aunque forma parte de la teocracia de los ayatolás. Así se entiende mejor que, antes de tomar cualquier decisión, se formulé siempre la misma pregunta: ¿qué vamos a sacar en limpio?

El general Marty Dempsey, jefe de la Junta de Jefes de Estado Mayor de Estados Unidos, ha remitido un memorando a Carl Levin, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, en el que analiza el coste de una eventual intervención en Siria: 1.000 millones de dólares al mes durante el primer año para atacar objetivos de alto valor, lo que requeriría “utilizar cientos de aviones, barcos y submarinos, además del establecimiento de una zona de excusión aérea”, según los párrafos reproducidos por Gordon Lubold en Foreign Policy. Pero lo más significativo del memorando de Dempsey, un militar experimentado y en absoluto alarmista, viene a continuación: “En los diez últimos años hemos aprendido que no es suficiente un simple cambio en el equilibrio del poder militar sin considerar de forma cuidadosa qué es necesario para preservar el funcionamiento del Estado”.

La referencia implícita a la posguerra de Irak no escapa a nadie. Los riesgos que se pueden correr en Siria son de naturaleza similar: desmantelar el Estado, dar alas al islamismo en armas y desalojar a un dictador que se ha ensañado con su pueblo para, acto seguido, tener que hacer frente a la presión de los fundamentalistas adscritos a la guerra de guerrillas. Y esa es una hipótesis que excluye otra tanto o más perturbadora, aquella que admite la posibilidad de que el rearme y la ayuda directa a la resistencia provoque una dinámica de rearme permanente de las partes –Occidente, con la oposición; Rusia, Irán y alguna otra potencia, con Bashar el Asad–, el enquistamiento de la guerra civil y la contaminación de la crisis al entorno (Líbano) con mayor virulencia que hasta la fecha.

La consecuencia de todo ello es lo que la analista de la Chatham House Claire Spencer llama en la revista británica Prospect “el dilema diplomático”. Pudiera hablarse incluso del bloqueo diplomático que lleva a dejar sin efecto, y sin alternativa posible, el propósito reiteradamente expresado por Estados Unidos y sus aliados de apoyar a la oposición armada siria. Spencer cree que si se orientaran “las prioridades hacia los costes humanos a largo plazo en la lucha de Siria”, la diplomacia podría superar las contradicciones que la atenazan. Pero siempre está ahí la pregunta: qué ganamos con chapotear en el barrizal. Y ese realismo descarnado impide entrar en otras consideraciones morales que son, por cierto, las que movilizan a la opinión pública que contempla la degollina en el televisor de la sala de estar.

Pareciera que después de las experiencias afgana e iraquí, cuajadas de muertos, decepciones políticas y ruina económica, la democracia agresiva ha dado paso a la democracia traumatizada. Si el largo recorrido desde la guerra contra el terror global que siguió al 11-S debe terminar en la búsqueda del talibán moderado, con quien el secretario de Estado, John F. Kerry, cree que es posible llegar a un pacto político para poner a salvo la república de Hamid Karzai, y el nuevo Irak no es mucho más que el Estado de los atentados, qué sentido tiene aterrizar en Siria, se preguntan en Washington. Si el sueño democrático egipcio acabó en un golpe de Estado aplaudido por la multitud de la plaza de Tahrir, a qué viene preocuparse por la democratización del país, meditan en los aledaños del Despacho Oval. Los realistas tienen clarísimas las respuestas. Y la suficiencia energética de Estados Unidos hacia el 2020 refuerza las certidumbres.