Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

Niza, punto y seguido

Todo puede servir como arma en esta guerra en todas partes desencadenada por el Estado Islámico a través de lobos solitarios o células durmientes, el nombre es lo de menos. Vale lo mismo un teléfono móvil para detonar explosivos que un camión para arremeter contra una multitud pacífica que disfruta de unos fuegos artificiales, porque en esta guerra asimétrica lo que importa es sembrar el terror y descoyuntar una sociedad como la francesa, donde la comunidad musulmana constituye una minoría relevante. Frente a esta lógica del yihadista solitario, del suicida que acarrea explosivos en un chaleco, del camionero que utiliza su vehículo como una apisonadora de seres humanos, todos los dispositivos de seguridad son insuficientes o ineficaces: pueden evitar muchos atentados, pero no pueden evitar todos los atentados; pueden tener bajo vigilancia a unos cuantos, pero no pueden controlar ni tan siquiera conocer a cuantos están dispuestos a desencadenar una matanza.

Los instrumentos de seguridad de los que disponen los estados modernos operan de acuerdo con la existencia de amenazas identificables y localizables en el espacio y en el tiempo, funcionan con criterios de prevención, disuasión y represión en caso extremo. En esta yihad que atemoriza a los europeos y persigue adueñarse de las conciencias en el orbe musulmán, la amenaza tiene una dimensión inabarcable y los militantes de la causa pueden estar en cualquier lugar, movilizarse en cualquier momento y sembrar la desolación en unos minutos sin que hasta entonces nadie haya sospechado de ellos. Dicho de otro modo: los instrumentos de prevención no pueden aspirar más que a éxitos parciales; al final de una serie de actos terroristas neutralizados se abren siempre las puertas del infierno y la muerte se adueña del espacio público.

La carnicería de Niza tiene además un valor simbólico indiscutible: el 14 de julio es el día en que Francia celebra la libertad política y los derechos del hombre, “es decir, todo cuanto da miedo a los titulares del último de los totalitarismos en curso”, como afirmaba Le Monde en su editorial del viernes. Resulta bastante sorprendente que el exprimer ministro Alain Juppé sostenga que “si se hubiesen tomado todas las medidas, el drama de Niza no se habría producido”; resulta bastante sorprendente incluso en el caso hipotético de que se detecten fallos en el despliegue de seguridad dispuesto en el paseo de los Ingleses de Niza, porque matar es extremadamente fácil para quien no tiene ningún interés en salir con vida de su fechoría. Y lo es aún más cuando el victimario está convencido de servir a una causa trascendente, que escapa a toda lógica; cuando el muyahidín observa el mundo a través del prisma de un nihilismo extremo.

Al día siguiente de que el presidente François Hollande anunciara para el 26 de julio el final del estado de emergencia, decretado después de los atentados del 13 noviembre, decidió prolongarlo otros tres meses. Por primera vez desde 1958, el Ejército francés está en la calle de forma visible y permanente. La República piensa movilizar a los reservistas. En resumen, Francia vive en una situación de excepcionalidad angustiosa, algo que objetivamente otorga varios triunfos a los secuaces del Estado Islámico: fijar la agenda política, condicionar el comportamiento de los gobernantes y someter a la sociedad a una presión psicológica permanente (nada es seguro, salir a la calle es arriesgado, tratar con desconocidos también lo es).

Al día siguiente del atentado de Niza, el profesor Jean-François Bayart, del Graduate Institute de Ginebra, llamaba la atención en el diario Libération sobre la inutilidad de esa excepcionalidad permanente: “Frente a la amenaza terrorista, adoptamos malas respuestas al golpear militarmente en Oriente Próximo y al llevar a la práctica una política de seguridad total que se demuestra ineficaz. Los estados-nación occidentales se han convertido hoy en estados de seguridad nacional en los que la obsesión se extiende, más allá del ámbito terrorista, a la inmigración, a la extrema izquierda, a quienes lo denuncian”. Y recuerda cuál es la impresión de muchos especialistas, tan inquietante como probablemente cierta: “Occidente ha caído en la trampa que le tendieron Al Qaeda y después el Daesh, y sus políticas de seguridad alimentan la yihad en lugar de contenerla”.

Que la opinión pública exija a los gobernantes medidas efectivas para acabar con la pesadilla, y que estas medidas tengan una visibilidad y repercusión inmediatas, no significa que las que se han adoptado hasta la fecha cubran los objetivos que persiguen. Que no se diese ninguna situación de alarma durante la Eurocopa, al menos que se sepa, no implica que lo dispuesto ahuyentara a los terroristas –puede que así fuese–, sino que también pudiera deberse a que los yihadistas no tenían previsto golpear durante el campeonato. Que en Niza un camión irrumpiera en medio de una celebración multitudinaria permite suponer que Bayart y muchos otros están en lo cierto cuando les invade la duda. A menudo parece que cuanto se hace, aun teniendo una explicación técnica, responde sobre todo a la política de las emociones.

En cambio, va en aumento la sensación de que el Estado Islámico cada vez está más cerca de provocar la fractura en sociedades con una presencia importante de musulmanes. Desde los primeros ataques en suelo europeo, y especialmente en Francia, el objetivo es alimentar la islamofobia para quebrar la convivencia y desencadenar un choque de culturas en el corazón de Occidente, hacer imposible un entramado intercultural y laico en el que convivan diferentes herencias políticas y religiosas, con el propósito final de atraer a su causa a los musulmanes europeos.

Se olvida un hecho decisivo cuando se dice que los ataques del Estado Islámico en Francia son la respuesta a la implicación francesa en la lucha contra los yihadistas en Siria e Irak: el asalto a la redacción de Charlie Hebdo y a un supermercado kosher y la matanza del 13 de noviembre son anteriores a la orden dada por Hollande de bombardear posiciones del califato en Siria. No hay una relación causa-efecto entre la partida al Mediterráneo oriental del portaaviones Charles de Gaulle y la locura desencadena en Francia durante el último año y medio; sí puede haberla entre las últimas derrotas sufridas por los muyahidines en el campo de batalla y la multiplicación de golpes de mano en Europa; sí la hay con toda seguridad entre el recuento de víctimas y la islamofobia creciente, un vínculo perverso explotado ad nauseam por la extrema derecha ultranacionalista (Marine Le Pen) a diez meses de la elección presidencial.

Hay otro vínculo que no puede soslayarse, siquiera sea por respeto a los muertos siempre en aumento en esta guerra que enturbia el presente: se trata de los efectos que a medio y largo plazo ha tenido la guerra de Irak, aquel conflicto justificado con un conglomerado de embustes. Cuantos secundaron al presidente George W. Bush en el atropello –Tony Blair y José María Aznar, los primeros–, adeudan a la opinión pública internacional una satisfacción que sea algo más que una disculpa apresurada (la fórmula elegida por el expremier después de conocerse el informe Chilcot). Fiarlo todo al dictamen de la historia cuando la red se inunda con las imágenes de Niza y antes de Madrid, Londres, Bagdad, París, Bruselas, Estambul, Dacca y tantos otros lugares equivale a parapetarse en un silencioso innoble. Desde luego, no todo empezó en Irak, pero mucho de cuanto atenaza nuestra vida cotidiana tuvo allí su origen. Y porque existe tal vínculo, la opinión pública europea sabe que el de Niza no será el último golpe, sabe que habrá otros tan mortíferos o más que el de este sangriento e inolvidable 14 de julio.

 

 

 

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

EEUU-Cuba, primer acto

El restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba saca brillo a la política exterior del presidente Barack Obama y, al mismo tiempo, abre un compás de espera. La complejidad de los asuntos pendientes, aparcados durante más de medio siglo por Washington y La Habana, impide que la situación evolucione con rapidez en igual o mayor medida que la oposición surgida en las filas republicanas y en una parte del exilio cubano de Florida, que siguen aspirando a la claudicación del castrismo con similar empeño al exhibido durante la guerra fría. Al mismo tiempo, a nadie se le oculta en la isla, como ha destacado la prensa liberal de Estados Unidos, que una rápida transición económica puede entrañar costes tangibles en los servicios básicos de educación y sanidad, puede que en vivienda. Como ha publicado The New York Times, muchos cubanos han depositado sus esperanzas en el desarrollo de la iniciativa privada, de la organización de un régimen multipartidista, pero, al mismo tiempo, otros muchos temen que las llamadas conquistas sociales se diluyan en la economía de mercado.

El rompecabezas está lejos de tener fácil solución. La derecha republicana presente en el Congreso, el exilio recalcitrante y los ideólogos neoconservadores que calientan motores a año y medio de la elección presidencial quieren impedir que el proceso abierto no tenga marcha atrás o freno, por lo menos, si no se solucionan antes asuntos tan endiabladamente envenenados como el resarcimiento o devolución de las propiedades estadounidenses en Cuba incautadas por la revolución. La Administración demócrata espera que la nueva situación con Cuba sea uno de sus legados históricos. El Gobierno de Raúl Castro se dispone a poner sobre la mesa la continuidad de la base que Estados Unidos tiene en Guantánamo en virtud de un acuerdo-imposición que se remonta a 1903, considerado tradicionalmente por la revolución como la ocupación ilegal de un territorio. Los líderes menos obcecados de la comunidad cubana de Miami ven en el momento la gran ocasión de pasar página y hacer buenos negocios, opinión compartida por una parte relevante de las empresas turísticas norteamericanas que operan en el Caribe e inversores que ven en la isla un lugar ideal para desembarcar con sus dólares. Los cubanos, en fin, curtidos en mil situaciones comprometidas, entienden que ha llegado quizá el momento de dar el gran paso y dejarse de nostalgias y romanticismos.

Por si fuera poco, hay una variable decisiva: la promesa de Raúl Castro de dejar la presidencia en el 2018 y –eso no forma parte de la promesa– la probable dilución de la gerontocracia castrista en un ecosistema político rejuvenecido. Porque a pesar de que el Partido Comunista ha actuado en la normalización de relaciones con Estados Unidos como lo que por tradición es, una estructura monolítica sin fisuras, en la práctica es indiscutible que el peso de las emociones y el recuerdo del pasado influye más en el comportamiento de quienes llegaron a bordo del yate Granma o formaron parte de las unidades dirigidas por los comandantes históricos de Sierra Maestra. Y puede que si muchos de aquellos líderes recorrieron el trecho que iba de un nacionalismo socializante a un socialismo apegado a la URSS, así también en un futuro no muy lejano los herederos del régimen pueden desandar algunos pasos para salirse de un modelo agotado de economía planificada para hacerse cargo de otro nacionalista con inquietudes socializantes y sin demasiados prejuicios anticapitalistas. Solo así cabe imaginar que puede concretarse el levantamiento más o menos equilibrado del embargo comercial de Estados Unidos que la isla soporta.

Mientras llega ese momento, el caso cubano será uno de los argumentos favoritos del republicanismo inquisitorial, que persigue el desgaste de Obama y, con él, el de Hillary Clinton, la gran favorita a ser la candidata demócrata a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre del año próximo. Precandidatos de ascendencia cubana como Ted Cruz y Marco Rubio, alentados por el Tea Party, y libertarios muy conservadores como Rand Paul, asimismo adscrito a la prédica del Tea Party, no han perdido tiempo en denostar la iniciativa de Obama, y William Kristol, uno de los líderes de opinión de la derecha destemplada, no ha dudado en decir que lo que quiere el presidente es remodelar las relaciones de Estados Unidos con sus oponentes y enemigos.

Con una macedonia de precandidatos de todos los colores y ni una sola encuesta que dé a uno de ellos vencedor frente a Clinton, Cuba –Irán también– no es el peor de los recursos para atacar al adversario. Ni siquiera los más avezados en la realpolitik, como Jeb Bush, han dejado de aprovechar la ocasión, y conforme se pase de izar las banderas y escuchar los himnos a la política de las cosas, mayor será la presión desde el campo republicano dentro y fuera del Congreso. Si Cuba fue durante decenios un símbolo de las izquierdas, puede que un ejemplo, el régimen de la isla sigue siendo hoy una obsesión imperecedera para la derecha menos reflexiva, la misma que, por cierto, cierra sin mayores problemas suculentos negocios con China, nominalmente comunista. Pone incluso a China como ejemplo de productividad y eficacia, y deja a un lado cuanto atañe al respeto por los derechos humanos, al pluralismo político y a la libertad de información entre otros asuntos no menores.

No hay duda de que quienes más necesitaban encauzar las relaciones eran los cubanos y el régimen cubano, pero el gran negocio previsible es el de las compañías estadounidenses que dentro y fuera del sector turístico, de los servicios y de la tecnología se llevarán la gran tajada. Algo que convierte el disgusto conservador con la iniciativa de Obama en un gesto que solo cabe mantener mientras no se gobierna, pero que debe esfumarse si se llega a empuñar el timón. En todo caso, la historia demuestra que todas las leyes aprobadas para asfixiar al régimen cubano han sido inútiles para acabar con él, han sometido a la población de la isla a un castigo injustificable y, en muchos casos, no han impedido la presencia de inversores europeos y latinoamericanos desde bastante antes de que hombres de negocio chinos se interesaran por el Caribe.

De ahí que resulte sorprendente la tibieza del Gobierno español y su escasa implicación en los sucesos en curso. Y resulta sorprendente porque las empresas españoles que han invertido en Cuba se hallan en una situación privilegiada para sacar el máximo partido a la nueva situación, pero acaso no lo logren por el retraimiento o la falta de iniciativa gubernamental. La situación no es nueva y se remonta a los dos mandatos de José María Aznar, que antepuso sus prejuicios ideológicos a la realidad y sometió las relaciones con Cuba a un régimen de ducha escocesa. Algo perfectamente inútil, cuando no contraproducente, a la vista de la tozuda realidad: la inevitable evolución, transformación o cambio del régimen de la isla, protegido casi siempre por la nueva realidad latinoamericana, aunque de eso último nunca ha resultado una vida confortable para los cubanos. Alguien debió haber apercibido al Gobierno de que nada es para siempre, ni siquiera el régimen cubano, como seguramente saben los propios cubanos, y aun el extremismo republicano en Estados Unidos, aunque no se da por enterado.

 

 

 

El PP opta por la ‘omertà’

“Sin partidos políticos, el funcionamiento de la representación policía, es decir, de la base misma de las instituciones liberales, es imposible”.

(‘Instituciones políticas y derecho constitucional’, Maurice Duverger, 1970)

Los partidos pillados en falta que se obstinan en guardar silencio y confían en que el tiempo todo lo curará suelen acabar pagando lo que en buena ley les toca más cuarto y mitad. Salvo enjuagues inconfesables con el poder judicial, esa es una regla no escrita de la democracia, pero que se repite con machacona insistencia en los regímenes de opinión pública desde tiempo inmemorial. Por idéntica razón, la reacción del PP de aislar a Mariano Rajoy y blindarlo para que no tenga que dar explicaciones en el Parlamento es un error táctico de manual porque concede a Luis Bárcenas el privilegio de fijar los ritmos. Aunque María Dolores de Cospedal sostenga en público que “las mentiras no se documentan”, los documentos originales publicados por el diario El Mundo y a disposición del juez Pablo Ruz son lo más parecido a armas de destrucción masiva (el Financial Times ha aludido a una bomba atómica).

Es sorprendente que alguien como Rajoy, tan propenso a invocar el sentido común, no haya llegado a la conclusión de que es de sentido común dar explicaciones cuando, lisa y llanamente, el extesorero del partido afirma con papeles que pagó sobresueldos a él y a otros. Que algunos tertulianos en el Canal 24 h de TVE defiendan la posición del presidente del Gobierno, so pretexto de que en febrero se explicó y no hay novedades, solo demuestra que con esos amigos no hacen falta enemigos, porque cambios sí los ha habido: se ha pasado de las fotocopias publicadas por El País a los originales; se ha pasado de no disponer de la contabilidad del PP de 1990 a 1994 a estar colgada en la red, Anonymous mediante; se ha pasado del todo es mentira “salvo algunas cosas” a billetes de curso legal en cajas de puros, gestionadas por Bárcenas y dirigidas a significados dirigentes del PP.

El parecer de Jesús Maraña en infolibre.es está más apegado a la realidad del momento que los partidarios de la omertà (ley del silencio siciliana): “Por muy convencido que esté Rajoy de que el silencio lo cura todo, un presidente del Gobierno no puede mirar al infinito cuando las acusaciones de su extesorero le señalan (al menos) como conocedor y por tanto encubridor de actuaciones que han ido ligadas a la posible comisión de delitos muy graves”. Así de simple, sencillo y sensato. A no ser que vivamos en una democracia de ínfima calidad, en cuyo caso Maraña da doblemente en el clavo con ese otro juicio igualmente simple, sencillo y sensato: “Cuesta imaginar que en cualquier democracia decente no hubieran ocurrido ya un montón de cosas que aquí aún se esperan con notable escepticismo.

Ante las sombras de sospecha cada vez mayores de que desde Rosendo Naseiro hasta nuestros días el PP se ha financiado de forma irregular a través de donaciones opacas, ante la más que verosímil proliferación de sobres para redondear el sueldo de altos cargos, ante el chantaje amenazante que se ejerce desde una celda de la cárcel de Soto del Real sobre el gran partido de la derecha española, la ley del silencio es la peor de todas las alternativas. El silencio no hace más que alimentar las dudas acerca de la libertad de movimientos del presidente del Gobierno y sus colaboradores más próximos, pendientes de que alguien como Garganta Profunda en el caso Watergate diga a otro alguien que siga el rastro del dinero para dejar al descubierto el gran guiñol. Si a causa de unas fiestas celebradas en un ambiente orgiástico se acusó a Silvio Berlusconi de arriesgar la seguridad del Estado, ¿qué decir cuando la atmósfera se enrarece con el intercambio de favores y dinero?

Ni siquiera la debilidad de la oposición, con su propia porquería en la trastienda –eres, palaues, iteuves y otras lindezas–, permite dar con un solo gramo de lógica democrática en esa opción por el silencio. El sistema de partidos surgido de la transición está en riesgo, no solo por lo que vaticinan las encuestas. El riesgo obedece a que el más importante de todos ellos, porque es el que sustenta al Gobierno, calla o confunde, mientras a cada poco surge un portavoz ad hoc que recuerda que los presuntos delitos han prescrito –una cosa es que hayan prescrito y otra, que no se hayan cometido–, y aquí paz y después gloria. El riesgo, en fin, es que el bipartidismo imperfecto salte por los aires porque deje de ser una herramienta útil para garantizar la normalidad institucional en un país sometido a las servidumbres y debilidades de una crisis económica atroz y varios litigios territoriales –de estructura del Estado– cada día más retorcidamente complejos.

Hay precedentes sobrados de procesos político-judiciales que, como una riada, se llevaron por delante cuanto encontraron a su paso. El caso Manos Limpias en Italia es el más conocido y cercano, pero la quiebra del bipartidismo venezolano, con todas las diferencias que se quieran subrayar, no es mala fuente de inspiración para sopesar hasta qué punto la incuria de los estados mayores de los partidos puede poner toda la arquitectura institucional de un Estado en el disparadero de una crisis ingobernables. En Italia y en Venezuela, como ahora aquí, los partidos se entregaron a un intercambio estéril de invectivas mientras se pudría la situación; cada formación creyó estar en disposición de ejercer el monopolio de la ética, pero la soberbia de los moralistas no pudo detener la rotundidad de los hechos, la deserción de los votantes hacia otras siglas y el escepticismo generalizado.

Cuando una periodista tan identificada con la derecha-derecha se expresa en los términos que lo hizo el jueves Isabel San Sebastián en las páginas de Abc, es que la gravedad de la situación no está muy lejos de lo dicho hasta ahora. “Cualquier extorsionador es, por definición, un ser de naturaleza infame, lo cual no invalida necesariamente la veracidad de sus afirmaciones –ha escrito San Sebastián–. La gente así no muta de la noche a la mañana y el extesorero de la calle Génova trabajó para el partido durante más de dos décadas. ¿Nadie se dio cuenta del tipo de persona que les llevaba las cuentas o le asignaron esa función precisamente por su carencia de escrúpulos? ¿Les ha pillado por sorpresa esta actuación del antiguo senador cántabro o ya apuntaba maneras y por eso prescindió Cospedal de sus servicios (aunque siguiera pagándole un generoso estipendio) cuando se hizo cargo de la secretaría general? Estaría muy bien que ella lo explicara con el detalle que merece la dignidad de los once millones de votantes que hace apenas año y medio depositaron su confianza en las siglas que representa”.

Lo peor no es que “el ridículo que estamos haciendo en Europa no tiene precedentes”, como afirma en elplural.com el abogado Fernando Silva, porque sí hay precedentes, lo peor es que la simulación y el pago diferido a Bárcenas, de los que en su momento dio cuenta De Cospedal durante una comparecencia balbuciente y confusa, parecen ahora pecata minuta al lado del festival de cuentas en Suiza, pagos encubiertos, contabilidades B y el link entre los famosos papeles del extesorero y la no menos famosa trama Gürtel. Aunque el PP es muy reacio a ejercitarse en la memoria histórica, debería por una vez practicarla y ponerse al día, explorar en las hemerotecas y dar con los desmentidos proporcionados por el entorno del presidente Richard Nixon: el montaje se vino abajo en dos años y Nixon dejó la Casa Blanca sumido en el deshonor.

El tiempo que ha ganado el PP en la diputación permanente del Congreso para que Rajoy no tenga que subir a la tribuna de la Cámara durante los dos próximos meses está lejos de ser un triunfo de la estrategia parlamentaria. Antes bien, se antoja una muestra de debilidad que da sentido a la ausencia de la oposición de la comisión que debe dar forma a la ley de transparencia. ¿Cómo se puede hablar de transparencia, siquiera sea en términos jurídicos, cuando la orden impartida por el PP ha sido apagar la luz así caigan chuzos de punta? ¿Cómo se puede hablar de transparencia cuando los presumibles afectados por un escándalo político inabarcable no sueltan prenda y se remiten a cuanto se derive de las actuaciones judiciales en curso? La oposición no es un coro de espíritus puros, como ha quedado dicho antes, pero discutir la ley de transparencia en esas condiciones hubiese sido una mascarada.

Añádase a todo eso el espectáculo de la lucha por el poder desencadenada en el PP para sumar a las preguntas anteriores esa otra: ¿cuánto pueden dar de sí las costuras del sistema antes de rasgarse? La periodista Rosa María Artal describe el campo de batalla en eldiario.es: “Un Rajoy cementado a su roca –que resistirá hasta el final– se enfrenta a quienes postulan a Esperanza Aguirre como sustituta. (…) Gallardón maniobra por su cuenta, apoyado por Aznar. Sáenz de Santamaría y Cospedal –enfrentadas en la carrera– moviendo sus equipos”. No es muy difícil aceptar que la disposición de los contendientes se asemeja mucho a la de ese relato, como si todos ellos entendieran que pueden salir victoriosos del sórdido episodio. Como si de la omertà más la pugna en los despachos pudiera surgir, contra todo pronóstico, algo nuevo y decente.

El rearme moral de la ‘aznaridad’

El rearme moral de la derecha española se concreta todos los días en la aplicación de un programa de rectificaciones de la historia mediante resortes legales cargados de ideología y faltos de la más mínima predisposición al pacto. La mayoría absoluta permite a la derecha aprovechar la coyuntura parlamentaria para modificar todo aquello que hubo de aceptar a regañadientes durante la transición, en un clima entonces propicio a las reformas social y cultural. A esa derecha fiel a la tradición retardataria le cuadran las cuentas gracias a un estado de ánimo colectivo de carácter depresivo, las exigencias de la Iglesia católica, el propósito de someter la periferia a las necesidades del centro y el castigo que los mercados infligen a una economía deshilachada. Además, precisa sofocar los escándalos Gürtel-Bárcenas y la presidencia de Miguel Blesa en Caja Madrid, que han puesto al PP y a la aznaridad –recuérdese el libro de Manuel Vázquez Montalbán La aznaridad: por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio– frente al espejo de sus miserias.

La aznaridad

Portada de ‘La aznaridad’, publicado por Mondadori en el 2003

José María Aznar, liberado de los ademanes contenidos que exige estar en el Gobierno, lo resumió el viernes en pocas palabras: echa en falta un “proyecto histórico”. ¿Cuál debe ser este? La vuelta a los orígenes, el desvío del Estado democrático hacia puertos de arribada en los que tengan cabida los rasgos esenciales de la tradición conservadora menos dialogante, la restitución de los dogmas –los religiosos también– a los que la derecha española hubo de renunciar momentáneamente durante el proceso constituyente para sacar del atolladero a un país que no tenía encaje en Europa. A Aznar no le gusta la Constitución desde el primer día, las autonomías le parecen algo inmanejable, las exigencias de Europa se le antojan un mecanismo de intromisión inadmisible. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta todo esto se hizo patente, y el martes, viéndole en Antena 3, la derecha de toda la vida se sintió ratificada en sus principios, aunque luego el PP y el Gobierno se hayan defendido sin disidencias de las críticas que les dirigió Aznar.

Aznar no desenvainó solo para que su presunta conexión con la trama Gürtel-Bárcenas se diluyera lo antes posible en el fragor de la entrevista, sino porque realmente su punto de vista es el de la derecha recalcitrante española, aquella que tiene de las instituciones europeas un concepto meramente instrumental y de la configuración de un Estado laico y descentralizado, una idea del todo accidental. La gran sorpresa para el Gobierno es que creía estar cumpliendo con la familia mediante un reparto asimétrico del coste social de la crisis, la obediencia a la Conferencia Episcopal y el homenaje al pasado del brazo de la División Azul, pero se ha sentido descolocado y discutido por una parte de los suyos, que han visto abierto con Aznar el tarro de las esencias, el retorno del espíritu del aznarato (1996-2004), término acuñado por Javier Tusell.

¿Qué mejor confirmación de que vamos por el buen camino?, debieron pensar los estrategas de Mariano Rajoy al leer Hay vida después de la crisis, de José Carlos Díez, impugnación en todos sus términos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Estamos donde debemos estar, concluyeron los asesores de la Moncloa cuando se toparon el domingo con esta frase en el blog de Díez: “Merkel y Rajoy siguen defendiendo todo lo que este economista observador dice en su libro que no hay que hacer y el resultado es un PIB desastroso y peores datos de empleo. En España ahora hemos pasado del España va bien a ‘no hemos pedido el rescate’. Rajoy lo ha dicho unas 10.000 veces esta semana”. Pero luego salió Aznar por la tele y, claro, las certidumbres se vinieron abajo, aunque no haya forma de saber si su crítica a los remedios aplicados a la crisis obedecen a la creencia sincera de que nos dirigimos hacia el precipicio o a que la europeización de España se le aparece al expresidente como una forma aviesa de desnaturalizar nuestras señas de identidad.

Hay vida después de la crisis

Portada de ‘Hay vida después de la crisis’, publicado este año por Plaza & Janes.

Por lo demás, no hay mayor distancia conceptual entre lo que pasa por la cabeza de Aznar y lo que barrunta un ministro como Jorge Fernández Díaz cuando se remite a la reconciliación nacional para justificar la presencia de María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, en un homenaje de la Guardia Civil a la División Azul. No hay otro solar en Europa en el que se crea preciso y conveniente reconciliarse con los depositarios del legado nazi, por muy mayores que sean; hacerlo puede ser incluso delictivo en muchos países. Pero aquí aún hay quien ve en los divisionarios a héroes desprendidos dispuestos a defender al Occidente cristiano allí donde hiciese falta en aquella Europa arruinada por una guerra atroz.

Tampoco hay gran distancia entre la disciplinada obediencia gubernamental a la receta moral de la Iglesia católica y cuanto Aznar tiene por necesario. La construcción de un sistema político que garantice la neutralidad de los gobernantes nunca ha sido del gusto de la derecha inamovible, y esa batería de cambios, de la ley del aborto a la de educación, solo se explica a la luz del magisterio de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de algo muy interiorizado por los fundamentalistas de todas las religiones: la prédica en los púlpitos y la política deben andar de la mano. Cuando el obispo Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la CEE, declara que los partidos con “poca tradición democrática” -para el caso, el PSOE- son los que se oponen a que la asignatura de Religión valga lo mismo que cualquier otra, expresa una convicción interiorizada por la España monolítica que ve las cosas así desde tiempo inmemorial y entiende que el único adoctrinamiento legítimo es el del catecismo (piénsese en su inquina con la asignatura Educación para la Ciudadanía so pretexto de que adoctrinaba).

Entonces ¿cómo es posible que el padre dispare a dar contra sus hijos? ¿En qué disiente Aznar de la escrupulosa aplicación de los programas neoconservadores impuestos por Alemania vía Bruselas? ¿Qué de malo encuentra a cuanto se ha dispuesto para neutralizar el laicismo del Estado? ¿A quién se dirige cuando dice echar en falta un proyecto histórico? Quizá todo obedezca al hecho de que, como escribe Montserrat Domínguez, Aznar tiene menos influencia de la que supone en el sector más conservador y nostálgico del partido, pero, en cambio, sigue siendo el líder añorado por el núcleo duro del electorado conservador, aquel que ve en el Gobierno la práctica de un cuádruple vasallaje: a Europa, que exige obediencia a los estados periféricos endeudados; a la movilización, siquiera sea moderada, de las organizaciones sociales que hablan en nombre de las víctimas de la crisis; a algo muy parecido a una ideología espontánea de cariz laico que ha arraigado en un segmento social en el que confluyen diferentes corrientes progresistas, y a la aventura soberanista que agita Catalunya.

El aznarato

Portada de ‘El aznarato’, publicado por Aguilar en el 2004.

Ese núcleo duro reclama un proyecto histórico con independencia de algunas realidades que están a la vuelta de la esquina. “Hacia 2050, Asia será responsable del 50% de la producción mundial, Europa y América del Norte, de un 15% cada una, y América Latina y África, de algo menos del 10% cada una. La economía china doblará en tamaño a la de Estados Unidos y Alemania será la única economía europea entre las diez más grandes, por detrás de la India, Brasil, Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México. Además, la India se convertirá en la mayor economía del mundo antes de 2050, ya que su población envejecerá más despacio que la de China”, pronostica un informe del Real Instituto Elcano de finales del año pasado, pero vaticinios como ese pesan poco en el imaginario colectivo de quienes ven en el Estado monolítico el compendio de todas sus ensoñaciones identitarias.

Según estadísticas elaboradas por el Banco Mundial, la economía española era la octava del mundo en 1990, con un PIB de 520.000 millones de dólares; hoy la décima economía es la de la India, con un PIB de 1,8 billones de dólares, el 70% por encima del PIB español. Contra esos vectores de crecimiento, que nada indica que se moderarán, cabe solo adaptarse al medio, ser eficaz y buscar salidas tangibles, o agarrar la bandera. Quien dice la bandera dice acogerse al fundamento de todos los nacionalismos: preservar las esencias de cuanto es ajeno a la patria imaginada. Claro que todo nacionalismo tiende a alimentar, por oposición, otros nacionalismos, y así sucede que en los discursos políticos en circulación, y el de Aznar no se sale de la norma, el nacionalismo exacerbado del centro da alas a los de la periferia, y estos, a su vez, al del centro. Ese es el juego y ese es el proyecto histórico que contenía el mensaje lanzado por Aznar mirando a los ojos de sus adeptos, sin mover un músculo, como el predestinado que cumple con una obligación asimismo histórica.

¿Cómo puede afectar todo esto al PP y al Gobierno? ¿Se trata simplemente de una tormenta de verano que escampará, como en la novela de Juan García Hortelano, en cuanto se serenen los espíritus turbados por las pasiones? Por lo que se va oyendo, el desafío de Aznar tiene recorrido, entre otras razones porque la oposición se ocupará con entusiasmo de hurgar en la herida de la división de los populares, y estos carecen de los instrumentos para evitar lo que ha logrado Barack Obama: que los escándalos de su Administración no dañen su popularidad, por encima del 50% según la última encuesta de la CNN. “El público simplemente ha separado los escándalos de Obama”, afirma Ezra Klein en The Washington Post, pero en una sociedad sacudida por desequilibrios desbocados, ¿puede reproducirse el fenómeno y salir Rajoy indemne de la disputa? Más parece que Aznar, al arrojar una piedra contra la superficie del estanque, quiso desencadenar un temporal y no un suave oleaje.