La Europa de la desconfianza

Una de las peores señales que emite el acuerdo in extremis impuesto a Grecia por los acreedores es que en él es de aplicación la opinión vertida por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a propósito del compromiso de Irán con el grupo 5+1 (los miembros permanentes del Consejo de Seguridad y Alemania), con la Unión Europea de mensajera de la paz: “El pacto no se basa en la confianza, sino en la verificación”. Y es una de las peores señales porque Irán aparece en las convenciones políticas de Occidente como un adversario y Grecia, en cambio, no debiera serlo para los otros miembros del Eurogrupo, que la tratan como tal. O como algo peor, como un siervo (Joan Manuel Perdigó, el martes en EL PERIÓDICO), como un ente extraño obligado a pasar por las horcas caudinas e inclinar la cabeza,  jaleados los victimarios por un coro de voces que creen que solo hay futuro en la germanización de Europa y la tradición puritana protestante.

Ese empeño de desarmar a Syriza ante sus electores para que no cunda el ejemplo y otras Syrizas pongan la casa patas arriba es más que una declaración de intenciones: manifiesta el propósito de no tolerar más heterodoxias que las previamente pactadas o consentidas por los eurócratas, habida cuenta de que en cualquier momento un partido socialdemócrata puede salir vencedor aquí o allá y no se le puede dejar indefenso ante las patas de los caballos. Para las demás heterodoxias solo vale la receta impuesta a Grecia, esa consideración de que el deudor debe plegarse sin rechistar a lo que dicten los acreedores, sin consideraciones morales ni digresiones ideológicas que valgan, convencida la derecha europeísta de que no hay más Europa viable que la suya. No hay otra forma de analizar los cuatro folios del acuerdo del Eurogrupo con el Gobierno griego, “lo que para algunos es el documento de rendición más humillante desde que Alemania firmó la paz de Versalles en 1919” (Perdigó), de infausto recuerdo, dicho sea de paso, porque fue el primer eslabón de la cadena de errores que culminaron con la gran carnicería (1939-1945).

Carlos Elordi ha recurrido a la pregunta de Lenin “¿Libertad para qué?” para plantear una incógnita no menos inquietante: “Esta Europa, ¿para qué?”. Las respuestas son asimismo inquietantes: el euro se reduce a un simple mecanismo de tipo de cambio sin mayor futuro, los ciudadanos cada vez ven menos claro qué sacan en limpio de sus sacrificios y “Merkel pasará a la historia como la política que se cargó un sueño, porque le venía grande”. Las conclusiones de Elordi son todo lo matizables que se quiera, pero están en sintonía con la muy extendida opinión de que la componenda griega es lo más parecido a un castigo jupiterino y lo más alejado que imaginarse pueda de los propósitos que animaron a los padres fundadores.

Decir esto no es justificar la disparatada gestión de la economía perpetrada por sucesivos gobiernos griegos desde tiempo inmemorial sin distinción de colores e ideologías, conocida con más o menos detalle desde antiguo en los despachos de Bruselas, pero consentida por razones no siempre evidentes. Decir esto no es considerar la convocatoria del referéndum hecha por Alexis Tsipras como la mejor de las iniciativas posibles. Decir esto es subrayar que la construcción de la Europa política, si así se la puede llamar, ha quedado definitivamente sometida a las exigencias de las finanzas globales y al nuevo eje franco-alemán, que es nuevo porque es alemán siempre y sin descanso y solo franco de vez en cuando y a media voz.

El panorama resulta desolador salvo que se profese una inmoderada veneración al establishment europeo. “Tomado en su conjunto –se dice en un editorial del diario francés Le Monde–, se ofrece el retrato de una zona euro totalmente disfuncional, incapaz de encauzar la cuestión de la deuda de un país que pesa menos del 2% de la riqueza del club [el Eurogrupo]. Falto de presupuesto propio, falto de un mecanismo rodado de resolución de los conflictos, no consiente transferencias en provecho de algunos de sus miembros si no es en la amargura, el psicodrama y la división. Hubo un tiempo en el que el espíritu europeo rimaba con inteligencia, pero esto fue hace mucho tiempo”. Quizá el mismo tiempo que Europa anda en manos de políticos que no están a la altura del proyecto o que entienden que el proyecto debe arrojar inevitablemente un saldo de vencedores y vencidos; sobre todo de ciudadanos vencidos –hoy griegos, mañana, ¿quién sabe?–, sometidos a la lógica implacable de un europeísmo que haría caer los palos del sombrajo de los propagadores del ideal europeo, va para 60 años.

Ese acuerdo, trágala o castigo impuesto a Grecia vaticina, en el mejor de los casos, un futuro sin futuro para una generación o más. Si las cosas van a peor, y abundan quienes creen que empeorarán, puede darse en Grecia un estallido social que a la vuelta de no muchos meses lleve la crisis a la casilla de salida una vez más. Salvo en los modelos matemáticos, las hojas de Excel y otras herramientas virtuales, las condiciones del tercer rescate –unos 86.000 millones de euros– más las deuda acumulada hasta la fecha hacen “altamente insostenible” la factura que se exige a los griegos que paguen, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), que puede ser muchas cosas, pero no, desde luego, un aliado encubierto del Gobierno griego. El caso es que la doctrina de la quita y un periodo de gracia de 30 años, que el FMI enumera como condiciones sine qua non para que Grecia pueda afrontar sus compromisos, están en las antípodas del credo económico de un fundamentalista de la austeridad luterana como Wolfgang Schäuble, ministro alemán de Finanzas.

¿Nos hallamos en alguno de aquellos momentos tan nuestros en los que los europeos nos volvemos contra nosotros mismos? ¿Vuelve a tener sentido, aunque sin guerras de por medio, la frase de Salvador de Madariaga “cuando Ortega nos había convencido de imitar a Europa, la modelo se volvió loca?” A saber. Lo cierto es que la falta de realismo de cuantos están implicados en el galimatías griego –deudores y acreedores, tecnócratas y políticos, ideólogos y funcionarios– transmite malas vibraciones, pone en duda la esencia misma de los compromisos democráticos y de la autonomía de los ciudadanos, margina la ética en el apartado de las utopías y pone en entredicho la solidaridad de Europa con los europeos más vulnerables, sometidos a las exigencias de una política deshumanizada. Signos todos de una debilidad estructural oculta bajo las negociaciones a cara de perro de las últimas semanas.

Cuando entre socios no hay confianza, la asociación tiene fecha de caducidad. Cuando todo queda supeditado a un sistema de vigilancia intensiva para comprobar que discurre según lo pactado, cobran más sentido que nunca las dudas sobre el objetivo político que persigue la Europa de nuestros días, si es que avizora alguno. Cuando la cesión de soberanía responde a un acuerdo entre iguales, el cambio está legitimado; cuando es resultado de una rendición inevitable con armas y bagajes, entonces reúne todos los ingredientes de una imposición a quien, siendo un socio en los orígenes, se ha convertido en un subordinado o siervo –¿molesto? – al que se aplica cirugía de hierro (valga aquí más que nunca el léxico prusiano).

Ahora que una de las modas más difundidas es echar todas las culpas de los males del euro a François Mitterrand, Helmut Kohl y Giulio Andreotti por lo poco preocupados que anduvieron en precisar el marco institucional y la cohesión interna del grupo de países que adoptaron posteriormente la moneda única, conviene tener presente que quienes han hecho gala de una falta de visión de futuro no fueron ellos, sino quienes, con escasa fortuna, les han sucedido en la aventura. Un periódico tan poco sospechoso de eurofobia como The Guardian insiste estos días en que el gran error, inducido por Alemania y vitoreado por sus incondicionales, fue fiarlo todo a la austeridad mientras en Estados Unidos se ponía en marcha un programa de expansión monetaria para favorecer el crecimiento y el consumo. Es decir, se equivocaron los gestores de hoy, no quienes, 20 años atrás, pusieron los cimientos, y siguen equivocándose al no aceptar que no está al alcance de los griegos pagar lo que se les reclama, salvo que acepten sumergirse por tiempo indefinido en una pobreza lacerante.

Nadie es inocente al caer el telón de esa representación inclasificable e incalificable, y menos que nadie el Gobierno griego, que creyó que podía ganar la prueba de resistencia a la Unión Europea realmente existente. Si alguien se siente satisfecho con el desenlace, es que es insensible a los padecimientos que van a soportar quienes desde el 2010 viven a un paso de la asfixia; si alguien se siente vencedor, es que desconoce cuál es el verdadero sabor de la victoria. Nadie podía ganar en este litigio entre socios, pero sí podían salir todos vencidos de él, puede que deslegitimados. La construcción de Europa como entidad política vive una de sus peores horas, olvidada junto con otras muchas la afirmación hecha en su día por Edmund Husserl y recordada por George Steiner: “Europa designa la unidad de una vida, de una actividad, de una creación espiritual”.

La Corona, en la rampa del juzgado

Todas las monarquías tuvieron, tienen y tendrán en el futuro sus annus horribilis, según expresión rescatada del olvido por Isabel II, soberana del Reino Unido. Es el signo de los tiempos y de una modalidad de Estado que ha dejado de serlo por designio divino y que, se mire por donde se mire, tiene todas las trazas de constituir un anacronismo histórico, aunque en varios países goza de una envidiable buena salud. Es el signo de los tiempos porque los días de las testas coronadas que vivían a años luz de sus súbditos se extinguieron con todas las revoluciones –la industrial, la tecnológica, la social, la de los medios de comunicación, la de la aldea global y otras muchas– que han cambiado a Occidente y han rasgado la cortina detrás de la cual se ocultaban las flaquezas de las familias reales, así fueran de alcoba, de dineros o de cualquier otra naturaleza, siempre imposible de confesar. Repásese la muy restringida lista de familias entronizadas y se dará en ella con triángulos imposibles difundidos con desenfado por el papel cuché –Diana-Carlos-Camila, por ejemplo–, comisionistas con el título de príncipe –Bernardo de Holanda–, reyes sin asomo de respeto hacia el prójimo –Leopoldo I de Bélgica–, y así hasta nuestros días.

José Ortega y Gasset, autor del artículo ‘El error Berenguer’, publicado el 15 de noviembre de 1930 en el diario ‘El Sol’ de Madrid, que contiene la frase “delenda est monarchia”.

Desde el “delenda est monarchia” de José Ortega y Gasset en el diario El Sol (15 de noviembre de 1930) al paso de la infanta Cristina por un juzgado de Palma de Mallorca (8 de febrero del 2014) han transcurrido casi 84 años en los que la Monarquía española ha pasado del tormento del exilio de Alfonso XIII y su descendencia al éxtasis de la restauración, del juancarlismo desbordado que siguió al 23-F al martirio del caso Urdangarin-Nóos, según diagnóstico emitido por Rafael Spottorno, jefe de la Casa Real. Eso también forma parte del signo de los tiempos. Como ha explicado en EL PERIÓDICO el catedrático Javier Perez Royo, “en el Estado, la familia carece de relevancia constitucional” salvo que se trate de la familia real, porque en su seno funciona el mecanismo sucesorio que inviste a uno de sus miembros con la jefatura del Estado. No por derecho divino, claro está, sino de acuerdo con la decisión adoptada en su día por quienes redactaron la Constitución, aprobada por las Cortes y directamente por el pueblo español mediante referendo posterior.

Quiere decirse que la familia real posee un carácter singular que sí tiene relevancia constitucional, y la legitimación del papel desempeñado por esta familia depende directamente de su comportamiento público y privado. Y ahí se entra en el meollo del asunto: la legitimación está íntimamente relacionada con la probidad con la que el Rey y su familiares directos desempeñan las funciones que tienen asignadas; tiene que ver con la neutralidad política, con el cumplimiento de sus obligaciones cívicas y con la discreción de sus apariciones públicas y en los quehaceres privados de los que se tiene noticia. En una comunidad angustiada por los efectos de la crisis económica, la opinión pública acoge peor los manejos económicos a oscuras que la profusión de pamelas en una fiesta o las sesiones de bronceado en la cubierta de un yate. Esto último deriva de una cierta tradición mundana que la sociedad –al menos, una parte de ella– es capaz de metabolizar; los líos con Hacienda llegan directamente al alma y los bolsillos de contribuyentes exhaustos.

Alfonso XIII, segunda figura a la izquierda, detrás del coche, parte al exilio desde Cartagena.

Así están las cosas, y mientras tanto las encuestas presentan la institución en caída libre y sin que haya forma humana de desvanecer las dudas sobre qué curso seguirán los acontecimientos en el futuro si el caso Urdangarin-Nóos no lleva a la infanta Cristina a renunciar a sus derechos como integrante de la familia real para defenderse como cualquier otro ciudadano, de acuerdo con el argumento jurídico expuesto por Pérez Royo en el artículo citado antes. “La Monarquía se somete a un plebiscito popular diario de aprobación”, afirma el constitucionalista Fernando Rey, y la situación de la infanta interfiere en el mecanismo de aprobación, por no decir que lo hace imposible. La imputación de Cristina de Borbón lastra el cometido simbólico de un Rey físicamente debilitado y que tiene que superar, además, las nefastas consecuencias de sus propios errores.

Esa rampa que desciende desde la calle a la puerta del juzgado donde José Castro cita a los imputados para interrogarlos es una metáfora del momento; ese perfil de caída se asemeja mucho al que dibujan los sondeos. Ha dejado de tener vigencia el mecanismo de protección a toda costa que rodeó a la Casa Real durante por lo menos treinta años, con el Rey y su entorno librados de críticas mayores. Y la rueda de la historia ha girado de esta forma porque la maduración democrática de los hábitos sociales y la dimensión de los problemas han hecho imposible que se mantuviese el pacto de caballeros –¿de silencio?– que todo lo cubría bajo un manto de campechanía no siempre bien entendida. En los regímenes de opinión pública, los tratos de privilegio tienen siempre fecha de caducidad.

El príncipe Bernardo de Holanda, esposo de la reina Juliana, se vio envuelto en varios escándalos, entre otros del cobro en 1974 de una comisión de 1,1 millones de dólares de la compañía aeronáutica Lockheed.

¿Puede una institución meramente simbólica, según fija la Constitución, cumplir con sus funciones en esta situación? La pregunta entronca con la afirmación contenida en el artículo publicado por Fernando Rey en El País el 26 de abril del año pasado: “Ahora bien, esta impronta simbólica de la Monarquía la hace, al mismo tiempo, extraordinariamente vulnerable. El secreto de su éxito es su potencial punto débil. La Monarquía se alimenta de la confianza ciudadana de un modo más acuciante que el resto de instituciones porque los titulares de estas pueden ser cesados, sancionados o no reelegidos, pero el Rey no”. El juancarlismo era, en cierta medida, la concreción social de la confianza ciudadana, pero aquel mecanismo de apoyo o complicidad con la persona ha decaído y, para sustituirlo, no ha surgido ningún otro ismo coronado o en condiciones de poder serlo, sino más bien el cansancio colectivo enmarcado por la desconfianza hacia las instituciones y la política, los casos de corrupción sin desenlace y el desgaste del entramado surgido de la transición. Tan urgente resulta revisar la Constitución de 1978 para poner al día el modelo territorial, por más que el PP diga lo contrario, como actualizar el funcionamiento de la Corona si la meta es conseguir para ella una larga, venturosa y confortable vida. Dejar las cosas tal cual están sería tanto como olvidar la proclama que William Shakespeare puso en boca del rey Lear: “Armado está el arco y tendida la cuerda; evitad la flecha”.

 

 

 

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.