Grecia, penúltimo acto

Nada puede ser peor para el futuro de la Eurozona que la salida de Grecia del euro y quizá de la Unión Europea. Por malo que sea el acuerdo que se pergeñe para que Grecia se mantenga en la moneda única, siempre será mejor que el tormentoso horizonte más o menos intuido por todo el mundo si el Grexit se hace realidad. Quizá sea este el juego de los gobernantes griegos, que, como tantas veces ha sucedido en la historia de la UE, han llevado a la organización al borde del abismo con la inestimable ayuda de varios de los negociadores que han dado voz al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Europa. Quizá sea este el juego griego o quizá al primer ministro Alexis Tsipras no le quede más juego que este, presionado por el ala más radical de Syriza, alianza heteróclita donde coexisten tantas interpretaciones de la crisis, de la deuda y del pago de la deuda como izquierdas quepa imaginar.

Esa es una posibilidad que no hay que descartar, antes bien, resulta más que verosímil que el gran obstáculo para Tsipras esté en Atenas y no en Bruselas. Esto es, que aquello que confusamente sale de la mesa de negociación europea podría ser asumido por una parte del Gobierno griego como un mal menor, pero podría adquirir la naturaleza de casus belli para la facción de Syriza menos dispuesta a aceptar una solución que no incluya una quita y que no blinde lo que queda –cada día menos– del Estado de bienestar antes de hablar de más reformas. Un informe-auditoria de la deuda elaborado por el Parlamento griego, y filtrado el jueves, ha suministrado munición a quienes están menos dispuestos a transigir: se dice en el texto final que una gran parte de lo adeudado es ilegal, ilegítimo y odioso. Pero la deuda existe y adjetivarla sirve para arrancar los aplausos durante un mitin en la plaza Syntagma, pero no para dar con una puerta de escape o para conjurar el gran riesgo: que la herida de Europa sea más grave con Grecia fuera del euro que con Grecia dentro de él.

Más grave para Europa y para la propia Grecia, cabe precisar. Pues es una incógnita absoluta saber qué consecuencias de futuro tendría en la economía y en la sociedad griegas la salida del euro y, debe repetirse, puede que de la UE. Es un enigma indescifrable dar un valor de cambio a una dracma resucitada, aventurar quién y cómo prestaría dinero al Estado griego, hasta qué punto sería inevitable un corralito, cuál sería la capacidad de resistencia de los bancos griegos antes de desplomarse y cómo se podría contener la fuga de capitales y la retirada de depósitos, que con intensidad creciente –1.000 millones al día esta semana– forma parte de la historia griega de los últimos años. La suposición de que la banca rusa acudiría en ayuda de las finanzas griegas, inducida por el presidente Vladimir Putin, deseoso de incomodar a la UE, resulta tan efectista como improbable (las sanciones a raíz de la crisis ucraniana han dañado la economía de Rusia); en todo caso sería una operación entre simbólica e insuficiente para limitar los daños (suministro de gas y petróleo como parte de la cooperación energética acordada el viernes). Esa es la realidad y no otra.

“Europa debe salvar a Grecia. Las consecuencias de que permanezca en la Eurozona serán malas, pero las de que se vaya serían aún peores. No solo económicas, sino humanas, geopolíticas e históricas. Europa no volvería a ser la misma”, escribía hace unos días alguien tan alejado de las visiones apocalípticas como Timothy Garton Ash. Es muy verosímil que tenga razón, que una exclusión de Grecia del tablero europeo resultase más costosa en términos de estado de ánimo colectivo, de raíces culturales y de identidad común que en términos económicos. Porque todo el mundo sabe que la deuda griega es impagable, salvo una renegociación realista de las cantidades y los plazos. Es imposible que pueda pagar un país de 11 millones de habitantes, con un PIB de 180.000 millones de euros, una deuda equivalente al 180% del PIB y un entramado social y productivo devastado por la crisis. Resulta más que difícil que los acreedores dispongan de un modelo matemático humanamente soportable para recuperar el dinero que se les adeuda (por encima de los 300.000 millones de euros).

Deuda griegaDe aquí al 30 de junio, cuando Grecia deberá pagar 1.600 millones de euros al FMI, es de prever una guerra de nervios en el seno de la UE, pero también en las bolsas y en el mercado de la deuda, potencialmente muy costosa esta última para países como España. Si al acabar junio el Gobierno griego no ha percibido los más de 7.000 millones de euros correspondientes al último tramo del segundo rescate, es poco probable que pueda eludir la suspensión de pagos y, a partir de ahí, todos los males imaginables hasta llegar a la quiebra financiera después de no atender el reembolso de 3.200 millones de euros al BCE previsto para el 20 de julio. ¿Está la UE preparada para afrontar ese desaguisado sin sufrir daños irreparables en su solvencia como organización en el presente y en su viabilidad como proyecto de futuro? ¿Está la opinión pública griega preparada para adaptarse a las consecuencias de una marginación o exclusión de su país del relato europeo?

Desde un punto de vista meramente técnico, la reforma de las pensiones, estimular el crecimiento, rebajar el presupuesto de defensa, lograr este año un superávit primario del 1% y acelerar la reforma fiscal son medidas con sentido para salir del atolladero. Pero lo son menos en un paisaje dominado por el dato dramático de que un tercio de la economía griega –el 25%, según los más optimistas– se ha esfumado de una forma u otra en los últimos siete años. El diagnóstico publicado en EL PERIÓDICO por el profesor Josep Oliver llega a la conclusión de que “es momento de proyectos políticos de largo alcance”, pero no puede evitar una sombra de pesimismo razonado: “A la luz de los fracasos de estos últimos años, asistiendo a una debacle, la griega, que nadie desea, pero que parece cada vez más probable, se me hace difícil imaginar si nuestros líderes serán capaces de tomar la alternativa”. Una realidad que ensombrece de antemano el Consejo Europeo extraordinario del lunes, donde lo peor que puede suceder es que el léxico economicista se imponga una vez más al pacto necesario después de medio año de diálogo de sordos.

Otras voces comparten el pesimismo razonado de Oliver. Jeffrey D. Sachs, profesor de la Universidad de Columbia, considera “petulantes, ingenuas y fundamentalmente autodestructivas” las demandas de Europa destinadas a asegurar el reembolso de la deuda griega. “Al rechazarlas –dice Sachs–, los griegos no están jugando; están intentando sobrevivir”. “Grecia afronta una tragedia económica”, opina Larry Summers, exsecretario del Tesoro de Estados Unidos. Para el nobel Paul Krugman, debería existir “una alternativa medianamente decente”, que evitara la salida de Grecia del euro y el terremoto subsiguiente en toda Europa. Sachs, Summers y Krugman, desde trincheras ideológicas bastante diferentes, coinciden, sin embargo, en un reproche más o menos implícito: la torpeza política de la UE. Acaso debiera añadirse la mezcla de bisoñez y altanería del Gobierno griego al creer que la contundencia de su victoria electoral le reportaba un plus de fortaleza negociadora más allá de sus fronteras (tesis de Yanis Varoufakis) que, a la hora de la verdad, ha brillado por su ausencia.

Lo cierto es que ha pasado la hora de los análisis del pasado, de los errores cometidos en el nacimiento del euro, de la permisividad del sistema financiero en la concesión de créditos durante el ciclo expansivo, de la prestidigitación con las estadísticas practicada por varios gobiernos griegos, de la tolerancia o la complicidad de Europa en todo ello, del precio pagado por la austeridad. La teoría de juegos, de la que Varoufakis es un brillante especialista, tampoco tiene cabida ahora, salvo que se trate de jugar al tres en raya, donde la victoria entre contendientes avisados es imposible. Porque no queda tiempo más que para poner un parche y evitar que progrese la enfermedad hasta matar al enfermo.

El profesor Sachs recuerda en su diagnóstico del problema griego un pasaje del libro de John Maynard Keynes Las consecuencias económicas de la paz, publicado al final de la primera guerra mundial, cuando el Gobierno de Estados Unidos porfió para asegurarse sustanciosas reparaciones de guerra: “¿Querrán los pueblos descontentos de Europa, en la generación venidera, ordenar sus vidas de tal forma que una parte apreciable de su producción diaria se dedique a hacer un pago externo? En una palabra, no creo que ninguno de estos tributos se siga pagando más que, en el mejor de los casos, unos pocos años”. ¿Es posible que el Consejo Europeo no sea capaz de comprender, como Keynes en su día, que ningún acuerdo puede descansar sobre el futuro de, por lo menos, una generación? ¿Cree el Gobierno griego que puede salir airoso del lance sin presentar un plan técnicamente consistente y políticamente defendible? ¿Están dispuestos, en suma, a aceptar unos y otros que, sea cual sea el desenlace, tendrá por fuerza un altísimo coste político que habrán de justificar ante la opinión pública, y que deberán pechar con sus consecuencias? Si no lo están, el proyecto europeo quedará malherido y no solo el futuro de Grecia.

 

Grecia, en el laberinto

A juzgar por la gesticulación de los mercados después de las primeras medidas adoptadas por el nuevo Gobierno griego, se diría que los propósitos de Alexis Tsipras eran poco conocidos o se tomaron como un mero enunciado de objetivos que se guardan en el armario al día siguiente de la victoria. Es posible que las bolsas y el mercado secundario de la deuda esperaran una mayor contención de la coalición Syriza, recién llegada al poder, pero nada de lo anunciado después del primer consejo de ministros se aleja de lo que cabía prever en un país baqueteado por la crisis y que ha hecho saltar por los aires el sistema tradicional de partidos para, por lo menos, recobrar el aliento. Hace tiempo que Tsipras olvidó la quimera de ser el Andreas Papandreu del siglo XXI, como ha recordado el diario conservador de Atenas I Kathimerini, pues él nadó en el mar de ayudas comunitarias que recibió Grecia al ingreso en la Comunidad Económica Europea y el nuevo primer ministro, en cambio, ha encontrado la caja vacía, pero la victoria es demasiado reciente para imaginar que enterrará en el olvido cuanto le llevó al triunfo.

Por la misma regla de tres, la sorpresa causada por el anuncio de Yanis Varoufakis, responsable de los planes económicos del Gobierno griego, de que este no reconoce a la troika –Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y Banco Central Europeo– como interlocutor para renegociar la deuda tiene muy poco de sorpresa y bastante de dificultad previsible o conflicto previsible. De hecho, antes que Varoufakis, Giorgos Katrougalos, ministro de la Reforma Administrativa, declaró sin tapujos al diario Le Monde: “No reconocemos  ni el memorándum ni la troika”. De hecho, ni el ala más radical de Syriza ni Griegos Independientes, sus socios de Gobierno, hubiesen aceptado como punto de partida algo distinto a tan rotunda declaración: los unos, por sus convicciones socializantes; los otros, por su confeso nacionalismo antieuropeo.

A mayor abundamiento, Varoufakis es autor de un libro de título sugestivo: El minotauro global. En él reclama la convocatoria de una conferencia internacional para crear un mecanismo asimismo global de reciclaje de excedentes, una herramienta destinada a evitar que vaya en aumento el empobrecimiento de unos y la opulencia de otros, algo así como un factor de rectificación permanente para evitar que los ricos sean cada vez más ricos y los pobres, cada vez más pobres, dicho sea sin ánimo de simplificar. Varoufakis no oculta su desconfianza en el mercado como factor de corrección de los desequilibrios y discute su utilidad para aminorar las desigualdades favorecidas por la crisis de 2007-2008. Es difícil que quien así piensa pueda de buenas a primeras echar al cesto de los papeles aquello que siempre ha defendido y que ha caracterizado su discurso de intelectual comprometido.

De momento, nadie ha pedido a Tsipras y a Varoufakis que dejen de serlo para tranquilizar al establishment europeo, cuyos sueños perturba la victoria de Syriza desde la noche del 25 de enero. Pero incluso en el caso de que tal cosa sucediera, los asustados seguirían asustados y los euros seguirían en fuga –fuga de capitales–, tal cual está sucediendo en Grecia desde hace tiempo. Porque existe una incompatibilidad manifiesta entre el antedicho establishment, que dicta el camino a seguir para sanear las cuentas griegas, y el equipo de Tsipras, y existe otra incompatibilidad, histórica esta, entre la nebulosa social que ha dado la victoria a Syriza y la cortísima lista de apellidos ilustres, dueños de facto del Estado y de sus vicios, que se remonta a los orígenes mismos de la Grecia surgida de la guerra civil (1946-1949). La primera incompatibilidad afecta al programa de rescate (a su aceptación y ejecución en términos durísimos); la segunda interesa el coste asociado al reparto de papeles en la estructura social griega, donde forma parte de la tradición el absentismo fiscal de la Iglesia ortodoxa, de los oligarcas del sector naviero y, en general, de cuantos son titulares de una parte sustancial de la riqueza de la nación.

Quizá el enfado sin disimulo del presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, al final de su estancia del viernes en Atenas sea la primera manifestación concreta de esa incompatibilidad casi genética entre los fundamentalistas de la austeridad y los sacrificios para salir de la crisis y los partidarios de proceder a un reparto equitativo de las cargas para evitar que los dislates presupuestarios de gobiernos como los de Grecia de distinto signo –practicaron alegremente el deporte de amañar los libros de cuentas– caigan en exclusiva sobre las espaldas del ciudadano medio, vulnerable por definición cuando se esfuman los salvavidas sociales. Por no hablar de la doble o triple vara de medir de los gestores de la crisis, que lo mismo aprietan las tuercas a Grecia que perseveran en la comprensión con Francia e Italia, cuyo PIB es, respectivamente, 6,5 veces y 8,5 veces mayor que el griego (unos 215.000 millones de euros). Pues si no hay más senda por la que transitar que la de la austeridad para Grecia, según se desprende de las apreciaciones de Angela Merkel filtradas a la opinión pública, pero no así para otros países, cuya importancia sistémica, como ahora se dice, nadie discute, habrá que concluir que la descohesión social europea es algo más que un riesgo en un futuro no deseado.

Dicho todo lo cual no queda más que admitir que Grecia solo puede salir del laberinto del minotauro europeo mediante un acomodo de su programa a las exigencias de sus socios de la UE, quizá mediante un hilo de Ariadna que, a la manera de Teseo, guíe sus pasos hacia la salida sin sufrir mayores males de los ya soportados por una población a un paso de la inanición. Ese hilo, esa pista a seguir, ha de tener la forma de pacto entre Grecia y aquello que, aun siendo la troika, no lo parezca o no se llame así, pero sirva para suavizar las condiciones de la devolución de la deuda –así en los plazos como en las condiciones y cantidades a pagar– a cambio de encarar con determinación las reformas estructurales de la economía griega, adormecida en el sueño del turismo y retrasada en todo lo demás: combatir el fraude fiscal, elaborar un catastro, aumentar la competitividad y así hasta completar un largo etcétera. Ese trueque, según el término utilizado por el profesor Josep Oliver en estas páginas, no es el gran hallazgo que sanará al enfermo en un abrir y cerrar de ojos, pero sí puede ser la fórmula que evite más sufrimientos a una sociedad doliente y, al mismo tiempo, apacigüe a los acreedores más exaltados, aquellos que ven en Syriza un compendio de todas las radicalidades a través de su propia radicalidad de defensores implacables de las exigencias de la troika.

Si esa salida o remiendo hace saltar por los aires las reglas del juego en el seno de la Unión Europea y da alas a los partidos o coaliciones que pueden salir más baratos a los ciudadanos –Podemos en el caso español–, de acuerdo con una idea expresada por Josep Piqué en Barcelona esta misma semana, es algo que está por ver, pero el pacto es ineludible si tiene que casar la decisión democrática de los griegos de dar el Gobierno a Syriza con la exigencia europea de que las deudas son de pago obligado. Cualquier otra alternativa se antoja imposible, cuando no arriesgada y profundamente desestabilizadora tanto para Grecia como para Europa en su conjunto, así sea la grexit (salida del euro), el bloqueo sine díe del último tramo del segundo rescate o alguna maniobra encaminada a convencer a los griegos de que votaron en un sentido equivocado y conviene que rectifiquen. Sería tanto como someter a una revisión violenta, apresurada y arbitraria el acervo político de la UE que, en este caso sí, tendría consecuencias: alimentaría las expectativas de los euroescépticos, de los nacionalismos exacerbados, de la extrema derecha rampante y de cualesquiera otros adversarios de la unión, dispuestos a sacar partido a cualquier crisis en cualquier momento.

 

 

La Diada cambia la decoración

“No está demostrado que toda causa nacionalista tenga un efecto emancipador”.

El Roto

Harán bien el Govern y los organizadores de la Via Catalana en no dejarse deslumbrar por la repercusión de la Diada en medios informativos de todo el mundo y de orientación ideológica muy variada, pero aún hará mejor el Gobierno de Mariano Rajoy si presta atención a algunos comentarios difundidos por plataformas tan respetables como Le Monde, The Wall Street Journal o la CNN, por citar solo algunos de los no afectados por la vía escocesa. Harán bien en entender todos que el éxito de la convocatoria –logístico, emocional y cívico– no desvanece ninguno de los problemas que plantea el soberanismo catalán dentro y fuera de Catalunya, una sociedad plural, variada, diversa y compleja, zarandeada por la crisis económica y en buena medida movilizada contra sus efectos devastadores.

No es ninguna originalidad, pero sigue siendo oportuno formular una vez más la pregunta tantas veces repetida: ¿la agitación sería la misma sin la tragedia del paro, la quiebra del Estado del bienestar y la diseminación de la pobreza? Y, ya puestos, cabe preguntarse, además, si todo sería como hoy es si la proliferación de casos de corrupción política no alcanzara la escandalosa notoriedad presente. De hecho, una cosa va unida a la otra: la corrupción remueve las entrañas sociales en un marco de estrecheces dentro del cual unos cuantos ventajistas utilizan la política para enriquecerse. El profesor Josep Oliver lo expresaba muy bien el último jueves en las páginas de EL PERIÓDICO, porque cualquier alternativa política que no atienda en primera instancia a las víctimas de la crisis se deslegitima por sí sola, y muchos de los movilizados con ocasión de la Diada creen que la salida del túnel está en la independencia y otros –que sean más o menos, poco importa–, que reformar la relación de Catalunya con España mediante una fórmula federalizante explícita es el camino adecuado para poner remedio a una situación insoportable para cientos de miles de ciudadanos.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Cartel de promoción de la Via Catalana, la movilización soberanista de la Diada que cruzó Catalunya de norte a sur.

Para José Ortega y Gasset, Europa era la solución al problema de España, pero dos o tres generaciones después, la solución del problema es para muchos catalanes sumergirse a solas en el seno de la Unión Europea. A nadie debe sorprender que ese sea el camino soñado por el nacionalismo, cuyo objetivo final es alcanzar para Catalunya la condición de actor político sin intermediarios. En la UE, los actores políticos únicos son los estados y la meta no puede ser otra para el soberanismo en acción; otra cosa es que la separación incluya el reconocimiento automático o casi de un nuevo socio o, más probablemente, un fatigoso proceso de adhesión. De eso último se habla poco, apenas nada, salvo las fórmulas de rigor para despejar el enigma a brochazos: la independencia entrañaría la salida de la UE (tesis del Gobierno); la independencia abriría un corto paréntesis que desembocaría en el ingreso –Catalunya cumple todas las condiciones para la adhesión– y la permanencia en el euro estaría garantizada desde el primer día (tesis del Govern con matices y del conglomerado independentista).

Lo cierto es que ha pasado la hora de acudir al panteón para desenterrar a los héroes de antaño glorificados por ambos bandos. Las mitologías nacionales valen para lo que valen, pero cuando se llega a una situación como la presente, sirven de poco las mixtificaciones históricas, la invocación de un pasado luminoso y otros ingredientes heredados de los teóricos del nacionalismo romántico. La poesía del pensamiento (George Steiner) y otros registros del binomio literatura-filosofía no tienen acomodo en la discusión, porque el debate de las ideas ha desembocado en la política de las cosas.

La presión que la realidad ejerce sobre los gobiernos de Madrid y de Barcelona es de tal naturaleza que ambos dan la impresión de andar detrás de ella a grandes trancos, desbordados por una dinámica social con la que no contaban. La obstinación del equipo de Rajoy de acogerse a la Constitución como lo podía hacer un teólogo preconciliar con el catecismo del padre Ripalda es una operación estéril que aplaza los problemas, pero no los resuelve, sino que los agrava. La mezcla de compromisos adquiridos por Artur Mas, entre el referendo pactado y las elecciones plebiscitarias –una etiqueta sorprendente aplicada a unas legislativas– desorienta a los templados, disgusta a los radicales y otorga la iniciativa política a ERC y a las organizaciones cívicas que se implicaron en la organización de la Via Catalana.

El comportamiento de los ministros se atiene a una lógica similar a la que ha dado pie al batacazo de Madrid 2020. De la misma manera que los Juegos Olímpicos no son nunca el resorte que saca de apuros a una ciudad –a un país–, sino que su designación obedece a condiciones previas favorables –Madrid, por desgracia, no las reunía–, la Constitución es el resultado del encaje político de la transición, pero 35 años después todo ha cambiado y el texto ha envejecido a ojos vista; han cambiado las condiciones y, al ser estas muy otras, no queda otro rumbo posible que poner en marcha la máquina de la reforma. La estructura territorial, el diseño de competencias, los modelos de financiación y la praxis diaria han puesto en evidencia las debilidades del sistema, la asimetría en el reparto de esfuerzos, en suma, las disfunciones que una parte de la sociedad catalana apreció como conflictos insalvables a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional referida al Estatut. Si la Constitución se reformó aprisa y corriendo para limitar el déficit público, ¿por qué no puede corregirse para mejorar la eficacia funcional y política del Estado? ¿O teme el Gobierno que una parte del electorado le pase factura si transmite sensación de debilidad?

De forma similar, la opción soberanista se ha llevado por delante la neutralidad del Govern, que entiende el derecho a decidir como el apoyo a la independencia y no como la posibilidad de escoger entre diferentes opciones. Perseverar en el Estado de las autonomías, apostar por el federalismo o vislumbrar una estructura confederal son otras tantas opciones que han desaparecido de la brega política de Mas y sus consellers, alineados todos en la secesión con levísimos matices. La insistencia en que el referendo debe convocarse con una sola pregunta no es más que una reducción de todas las opciones a su expresión más escueta: o nos marchamos o nos quedamos. Sin que se sepa, por lo demás, cuáles serían las consecuencias reales en cada caso. El riesgo de caricaturizar el futuro es enorme y la tentación se hace presente cuando asoman por los medios profetas que presentan la independencia poco menos que como el bálsamo de Fierabrás que permitirá superar la crisis económica.

Una crónica del diario Le Monde daba algunas pistas sobre la tendencia a simplificar y la razón de las prisas por realizar la consulta. “El riesgo es, sobre todo, ver que el movimiento se deshincha. Especialmente, si la reactivación económica se confirma”, escribía Sandrine Morel, corresponsal en Madrid. Alfred Bosch, jefe de filas de ERC en el Congreso de los Diputados, le daba la razón: “La crisis no es el motor del independentismo, pero es un potente carburante”. ¿Quién hubiese podido prever en el 2008 que aquellos polvos traerían esos lodos?

Pero hay otros potentes carburantes. El más importante es la debilidad del Gobierno de Rajoy, desgastado hasta el esqueleto por el caso Bárcenas y criticado desde varios frentes por el desaguisado de la candidatura olímpica de Madrid. Agravado todo con la proliferación de opinantes con tendencia a apagar el fuego con gasolina. Claro que el Gobierno no debe practicar el tancredismo, aunque a veces parece refugiarse en él, pero para oír según qué comentarios, mejor sería que algunos portavoces hiciesen voto de silencio, porque la desafección se alimenta tanto con los hechos como con las palabras, como muy bien saben, por cierto, en la Generalitat –y en los medios que gobierna–, dispuesta a demostrar a todas horas que nada bueno puede llegar del otro lado.

Combatir la desafección con un llamamiento a la mayoría silenciosa, como ha insinuado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, es un ejercicio de equilibrismo sin red en la cuerda floja. ¿Quién es capaz de sacar conclusiones y determinar qué lleva a la mayoría silenciosa a quedarse en casa? En un clima de crisis social demoledora, la decisión de no participar puede deberse a un sinfín de razones diferentes de las que pueden pasar por la cabeza de la vicepresidenta, incluida la desconfianza incurable de un segmento social cada vez mayor hacia cuanto atañe a la política, los políticos y las instituciones. Si el president Mas sacó conclusiones precipitadas de la manifestación de la Diada del 2012, midió mal sus fuerzas y acabó perdiendo 12 diputados en las elecciones autonómicas, ¿qué decir de la oportunidad de invocar a la mayoría silenciosa para contener los efectos de la cadena humana del 11-S?

Nadie espera un abrazo de Bergara, un baile en el salón de los espejos del palacio de Versalles o cualquier otra atenuación de las diferencias con miradas de complicidad, pero sí cabe esperar que se imponga el realismo –la política– como norma de conducta. El realismo excluye la victoria por goleada de una de las partes, tiende a la transacción y al empate y, en última instancia, tiende a encontrar salidas honrosas. El realismo excluye el fundamentalismo dogmático y disparates altisonantes del tenor de los contenidos en el editorial de Abc de análisis de la Diada: “Lo que debe haber es Constitución y cumplimiento de la ley, utilizando si es menester todas las herramientas que prevé la Carta Magna. Una vez que los sediciosos acaten el marco legal será cuando se pueda dialogar, no antes”. Ni la Constitución es un texto revelado ni nadie, que se sepa, ha cometido delito de sedición.

Perseguir el programa máximo como la única alternativa aceptable puede conducir directamente a la frustración; negar por principio todo cambio significativo lleva a la crisis permanente. La tentación de esperar sin más a que escampe (el Gobierno) es tan arriesgada como la de no levantar el pie del acelerador ni un segundo (el Govern). Reducirlo todo a una pugna de nacionalismos –el español y el catalán– carece de justificación política y llenará el futuro de malos presagios.