El kirchnerismo, en el ocaso

La continuidad de la propuesta kirchnerista en la Casa Rosada resulta más que problemática después de la pequeña diferencia a su favor obtenida el último domingo por Daniel Scioli sobre Mauricio Macri –36,86% contra 34,33%– en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. La amalgama peronista donde todo cabe, de la derecha a la izquierda, del gremialismo clientelar al sindicalismo irreductible, zozobra frente a la alianza liberal-conservadora que pilota Macri, alcalde de Buenos Aires; al populismo justicialista de Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le salen las cuentas por más que, para la campaña de la segunda vuelta (balotaje, un galicismo), se sienta tentado a invocar la nómina de ilustres ausentes (Perón, Evita, Néstor Kirchner). Aquello tenido por tan genuinamente argentino como el asado de tira o el Martín Fierro –salvadas sean todas las distancias– ha perdido el impulso y da muestras de agotamiento, con la influencia de la presidenta Cristina Fernández en un continuado e irrefrenable ocaso.

No hay en el Frente para la Victoria de Scioli –peronismo oficialista con algunas adherencias– nada de especialmente nuevo o movilizador. Más parece un conglomerado que exagera la diversidad que ha distinguido al justicialismo de las últimas décadas, menguado en sus señas de identidad, en aquella capacidad histórica que tuvo para acogerse a la política del balcón y convocar multitudes en la vía pública. No es que Cambiemos –la Unión Cívica Radical, la socialdemocracia a la argentina y el conservadurismo de todos los colores que representa Macri– resulte sustancialmente innovador o aglutinador de entusiasmos, pero lleva ausente de la presidencia desde los días de Fernando de la Rúa y su desafortunado mandato, que desembocó en el corralito, tan citado, y en la quiebra del Estado. No hay en Macri demasiado margen para la sorpresa y sí mucho para la incertidumbre en el ámbito de las políticas sociales, pero en Scioli tienen cabida los temores que llegan a lomos de una economía descoyuntada, la caída de los precios de las materias primas, la crisis financiera en varias potencias emergentes y la inflación dando pie al recuerdo de viejas miserias.

Cuando personajes con prestigio e influencia reconocidas como el economista y exministro de Kirchner Roberto Lavagna, militante del Partido Justicialista, declara públicamente que no votará por Scioli –“yo estoy en el campo del cambio”, dice–, infligen grave daño a la estrategia electoral del oficialismo. Pero cuando en las urnas se dan desenlaces –de momentum, lo califica The New York Times– como la victoria de la vicealcaldesa de la capital, María Eugenia Vidal, macrista, frente a Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la carrera por obtener la plaza de gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces se hace definitivamente patente la debilidad del frente político patrocinado por la Casa Rosada. Especialmente cuando, hasta el verano, las encuestas daban favorito a Scioli y casi descartaban una segunda vuelta, poco menos que humillante habida cuenta de los medios puestos en apoyo de su causa por la presidenta saliente.

Hasta la votación del 22 de noviembre, Scioli debe convencer a los electores de que está en manos del peronismo evitar una rectificación histórica del rumbo social de la nación y a Macri le corresponde persuadir a los votantes de que su cambio no recortará las inquietudes sociales del Estado, sino que liberalizará la economía sin dañar a los más débiles para rescatar al país de las muy arraigadas inercias del estatismo y del proteccionismo. Ambas líneas argumentales parecen desmesuradas, no están exentas de grandilocuencia, pero se ajustan al relato histórico de Argentina desde el final de la dictadura militar, se amoldan a la tradición de los movimientos políticos poliédricos, puede que de amplio espectro. Las clases medias urbanas, como en todas partes, tienden a buscar el confort del centro, sin grandes compromisos ideológicos, y se alarman ante las propuestas que dibujan un horizonte entre difuso y confuso, pobre en promesas concretas y rebosante de objetivos inconcretos, pero muchas veces han sido esas clases medias la tabla salvadora del peronismo.

Según un sondeo difundido por el diario Clarín, de los más de cinco millones de votos que obtuvo el día 25 Sergio Massa, kirchnerista disidente aliado con la democracia cristiana y otros centros ideológicos, el 45% irá al zurrón de Macri, el 22,3%, al de Scioli, y el 24,5% está por decantarse. Y el reparto de los dos millones de votos restantes de la primera vuelta, correspondientes a candidatos menores, favorece asimismo a Macri. Unos datos que justifican la creencia de que Scioli obtuvo una amarga victoria, insuficiente para ser presidente, y Macri sufrió una dulce derrota, seguramente suficiente para salir triunfante el 22 de noviembre, de acuerdo con indicios tan convincentes como las alegrías del último lunes en la bolsa de Buenos Aires y la depreciación del dólar frente al peso.

Como de diferentes maneras han explicado varios comentaristas, el recuerdo de la recuperación económica y la renegociación de la deuda en tiempos de Néstor Kirchner quedan demasiado lejos para contrarrestar la sensación de que su viuda y heredera política, el oficialismo en general y Scioli en particular gobiernan con el piloto automático puesto, sin nada especialmente novedoso que ofrecer para guarecer al país de los negros nubarrones que se vislumbran en el horizonte. Si en un pasado no tan lejano –la nacionalización de YPF-Repsol–, personajes propensos a los excesos verbales como Axel Kicillof eran útiles para recuperar el pulso nacionalista y promover la revolución –bajo control– de las masas, hoy la reserva espiritual y los eslóganes peronistas de toda la vida se antojan insuficientes para corregir las tendencias, y aún más para evitar la dispersión del voto peronista.

¿Se está ante un final de ciclo que repercutirá en toda América Latina? No faltan indicios para esperar tal cosa. Ni Dilma Rousseff en Brasil ni Nicolás Maduro en Venezuela, hermanados tantas veces con la presidenta argentina, viven los mejores días se sus azarosos mandatos, y en ambos casos la impresión de que sufren los efectos de un desgaste inequívoco y de errores encadenados recuerda aquello que hoy sitúa al oficialismo peronismo a un paso de la derrota. Se ha construido en el entramado político latinoamericano una red de complicidades entre los nacionalismos socializantes –Rousseff, Maduro, Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, puede que a ratos Daniel Ortega, no tanto Ollanta Humala, más el dogmatismo aligerado de Raúl Castro, guardián de las esencias– que lleva a pensar en un efecto dominó allí donde más se han alzado las voces de la protesta: en Brasil, a causa de la corrupción; en Venezuela, a propósito de la asfixia de la oposición. Si el 22 de noviembre se consagra el cambio en Argentina, hay grandes posibilidades de que el efecto dominó alcance a otros lugares del continente con el aire viciado por experimentos sociales que han dejado a la vista sus flaquezas, puede que su ineficacia y limitaciones.

 

 

 

 

Desquite de la clase media

“Lo realmente antisistema es la pobreza masiva que nos deja en herencia esta crisis”.

Xavier Martínez Celorrio, profesor de Sociología de la UB

Toda situación es susceptible de empeorar, y ese principio es aplicable al PP a poco que las ocurrencias de Esperanza Aguirre se adueñen del debate poselectoral. Esa sucesión de descalificaciones, propuestas apresuradas y análisis desorbitados contiene algo de profundamente malsano y mucho de sectarismo o de desprecio por lo que el domingo votaron los ciudadanos. Y hay también bastante desconocimiento de qué ha sucedido en este país a causa de la austeridad a rajatabla, la insensibilidad social y el hartazgo de una clase media vapuleada por la crisis que se ha desquitado en las urnas de sus victimarios  o de quienes percibe como tales. No hay en ello asomo de desprecio por el sistema, por el pluralismo y por los usos democráticos, sino más bien la exigencia de que se desanden algunos caminos para que el pago de la factura del desmoronamiento o jibarización del Estado del bienestar quede más repartido.

Las elecciones del último domingo fueron municipales y autonómicas, pero fueron también la primera vuelta de las legislativas de finales de año. Hubo en la cita del 24 de mayo una advertencia, un avance de lo que muy probablemente será el hemiciclo del Congreso a la vuelta de medio año, sin soviets ni cosa parecida, como cree Esperanza Aguirre que se verá en los distritos de Madrid dentro de unas semanas, pero sí con el bipartidismo imperfecto –PP y PSOE– que gestionó la restauración democrática sustituido por un nuevo mosaico ideológico a cuatro bandas. A eso en las facultades de Ciencias Políticas lo llaman evolución del sistema, y es fruto del desgaste de un modelo que fue útil para poner el país al día, pero ha sucumbido al paso del tiempo, a la corrupción, al amaneramiento y al cansancio de unos electores a los que se ha querido convencer de las bondades de la recuperación económica con la buena marcha del Ibex-35 y con la suposición de que, como en mala hora dijo Mariano Rajoy, ya no se habla del paro (Pamplona, 19 de mayo).

Los resultados de las elecciones municipales en Madrid, Barcelona y Valencia no constituyen victorias de las extrema izquierda, como repiten todos los días algunos tertulianos que TVE invita a sus programas, son, eso sí, la reacción democrática a la fractura social provocada por la crisis y las recetas aplicadas para superarla. La Encuesta de Condiciones de Vida difundida el martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) explica con cifras la reacción de los ciudadanos en las urnas de forma mucho más precisa que los análisis encaminados a aislar a Podemos o a desacreditar a candidatos –Manuela Carmena (Madrid), Ada Colau (Barcelona), Joan Ribó (Valencia)– que no son conservadores, pero tampoco son portavoces de la revolución, cualquiera que esta sea. Cuando, según los datos del INE, el 22,2% de la población vive bajo riesgo de pobreza –el 30,1% en el caso de los menores de 16 años–, los remedios lampedusianos no tienen sentido o son un insulto a la inteligencia. Los ciudadanos, los electores, los votantes, los contribuyentes, cuantos saben lo que vale un peine, no se conforman con cambios aparentes para que nada cambie, sino que, a lo que se ve, exigen cambios manifiestos para que algo cambie.

El temor de Yolanda Barcina, presidenta en funciones de Navarra, de que “las cosas pueden cambiar como cambiaron en la Alemania de antes de las guerras mundiales”, pueden cambiar como cambiaron en la Venezuela de Hugo Chávez o en la Argentina de Juan Domingo Perón, parece tan fuera de foco como el apresuramiento de Rafael Hernando en anteponer la victoria en votos del PP –algo más de seis millones– a la pérdida de votos –2,5 millones– con relación al 2011. No, estos acercamientos sin matices a los resultados carecen del mínimo de consistencia exigible a quienes, por oficio, debieran desdramatizar el futuro y atenerse al hecho de que la opinión pública no quiere seguir como hasta ahora, pero tampoco quiere hacer saltar al Estado por los aires. Esas elecciones del 24-M no han sido como aquellas otras de abril de 1931 que liquidaron la monarquía, sino que se han atenido a un procedimiento pautado, empezando por la lealtad al sistema de los grandes contendientes, incluidas las llamadas fuerzas emergentes.

Por lo demás, es preciso relativizar el peso de estos partidos, agrupaciones o marcas políticas recién llegados porque ninguno de ellos ha obtenido el primer o el segundo lugar en las autonómicas, donde el distrito electoral es la provincia. El caso de Madrid es especialmente ilustrativo: mientras Manuela Carmena ha obtenido el 31,85% de los votos con la etiqueta Ahora Madrid (conglomerado de Podemos y varias fuerzas progresistas y de izquierdas), Podemos en solitario no ha pasado del 18,59% en las autonómicas de la Comunidad de Madrid, bastante por detrás de Cristina Cifuentes (PP, 33,1%) y Ángel Gabilondo (PSOE, 25,44%). Ha pesado más en el ánimo de los votantes el compromiso con los vulnerables de la jueza Carmena que la oferta ideológica del equipo de Pablo Iglesias; ha pesado más la persona que la marca. Lo mismo puede decirse de Ada Colau en Barcelona, aupada por una nebulosa ideológica en la que la militancia de la candidata contra los desahucios ha sido más determinante que cualquier otra consideración.

Que esto guste poco al establishment es comprensible; que en el reparto de etiquetas políticas se adjudique la de extrema izquierda a Carmena y a Colau es una exageración. O acaso es útil para sopesar el conservadurismo extremo de quienes creen que, en efecto, dos grandes ciudades europeas han caído en manos radicales, como alguien dijo una de estas noches poselectorales en un debate televisado. O acaso sirve para medir la incomprensión de una parte de la generación que hizo la transición frente a la siguiente, la que desea ajustar el modelo, el sistema, a su enfoque del futuro mediante la generalización de la cultura del pacto, algo no tan nuevo a poco que se repase la composición histórica de los gobiernos de muchos ayuntamientos y comunidades autónomas. O, quién sabe, quizá ilumine las presiones de una parte del mundo financiero y explique la reacción de personajes tan poco dados a la improvisación y a los excesos como Xavier Trias, que de repente, a toda prisa, propuso un pacto municipal al estilo todos contra Ada Colau, como si la victoria de esta amenazara con secar las fuentes, con ahuyentar los cruceros y con dejar sin clientes las tiendas de lujo del paseo de Gràcia.

Nada de lo sucedido es ajeno a los usos democráticos: ni el cambio de configuración del mapa político, ni las incógnitas relativas a la situación en que queda el PSOE dentro del laberinto de la izquierda, ni la desorientación del PP, que debe mover ficha y, al mismo tiempo, teme que la cita electoral de otoño sea aún peor de lo que ha sido la de primavera, Ciudadanos de Albert Rivera mediante. Todo forma parte de la capacidad de reacción democrática de una sociedad condenada demasiadas veces a asistir a debates estériles y a la gesticulación desmesurada de los líderes, atrapada la calle en las redes de una política superestructural, sin alma, con costes sociales desbocados y un aumento insoportable de las desigualdades, más la metástasis de la corrupción. Si alguien creyó que nada de esto tenía una importancia determinante, el cambio de decorado salido de las urnas le ha señalado el camino de vuelta a la realidad.

El chavismo es el Estado o casi

El debate abierto en Venezuela referido a la constitucionalidad o no del aplazamiento de la toma de posesión de Hugo Chávez tiene el valor jurídico y académico que se le quiera dar, pero siempre será inferior al peso político de la controversia. La Constitución venezolana, y más aún la interpretación que de ella se hace a cada lado de la polémica, está lastrada por su naturaleza ad hominem. Se trata de un texto al servicio de la singularidad del régimen articulado por el presidente Chávez, esa república bolivariana de perfiles difusos en la que se mezclan las rentas del petróleo con un nacionalismo socializante difundido a los cuatro vientos por los resortes de propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), más la aquiescencia del Ejército en el seno de una sociedad pavorosamente dual.

Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, vicepresidente de Venezuela, a quien Hugo Chávez confío la continuidad del régimen.

La estrategia informativa seguida por el vicepresidente Nicolás Maduro para informar del estado de salud del presidente, el comportamiento de Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, y el veredicto del Tribunal Supremo, que ha dado por buena la prórroga para que Chávez renueve mandato, responden a las previsiones constitucionales no escritas, pero sobreentendidas, según las cuales la agenda debe ajustarse a las necesidades del comandante-presidente, un apelativo con resonancias castristas. Es este un camino transitado con frecuencia por regímenes latinoamericanos de perfil democrático y no democrático, que en el caso venezolano permite al chavismo organizarse –Maduro y Cabello mediante– para atar las previsiones sucesorias ante la más que probable ausencia definitiva de Chávez del puente de mando. Y a Cuba le da tiempo a garantizar el futuro de la alianza de privilegio que mantiene con el petróleo venezolano, sobre la que descansan las necesidades energéticas más apremiantes de la isla y la reforma económica inaplazable emprendida por Raúl Castro.

Los argumentos jurídicos vertidos por especialistas que militan en el bando bolivariano y en el de sus adversarios admiten toda clase de juicios. Es discutible que a Chávez no se le deban aplicar los plazos para tomar posesión (Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo), pero no es un dogma de fe que el juramento para desempeñar el cargo sea un requisito que legitima a la institución, no a la persona (Armando Rodríguez García, jurista). Este último va más allá al declarar a Los Angeles Times que “la ausencia de Chávez de la ceremonia puede ser inconstitucional”. En todo caso, el bizantinismo de la discusión no da para mucho más que las conclusiones en las que cada bando se encastilla. “Una especie de traje listo para llevar”, ha llamado a la Constitución venezolana Asdrúbal Aguiar, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un debate entre personalidades de la oposición emitido por Globovisión, la cadena a la que el chavismo puso la proa y ha de emitir por internet; “una garantía de continuidad institucional”, ha escrito el editorialista de una publicación afecta al chavismo; “ninguna de las personas que está en el poder actualmente fue electa el 7 de octubre”, recuerda con acierto Henrique Capriles, que disputó la presidencia a Chávez.

Diosdado Cabello

Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional del Venezuela, que tutela la continuidad del chavismo al lado de Nicolás Maduro.

Más allá del virtuosismo jurídico está la realidad política, que Capriles ha resumido en una sola frase: “El tribunal tomó una decisión para resolver un problema del PSUV”. Algo en lo que abunda El Nacional, en las filas de la oposición caraqueña: “La crisis política que estamos viviendo tiene su origen en la ausencia de Chávez y en la subsiguiente turbulencia en el interior del PSUV –asegura el sociólogo Heinz Sonntag–. Se ha sabido que una fracción cada vez mayor de oficiales de la FAN [Ejército] ve con creciente irritación la influencia de Cuba. Por otro lado, la alternativa democrática ha logrado construir una corriente de oposición que tiene creciente influencia en la ciudadanía”. En realidad, la “corriente de oposición” está lejos de agavillar las voluntades suficientes para competir con la movilización chavista en la calle y cada vez que se convocan elecciones. Al mismo tiempo, el problema interno del PSUV es solo relativo porque nadie discute de momento que Maduro fue ungido por Chávez antes de marchar a Cuba para operarse por cuarta vez, y tampoco que Maduro es el enlace con La Habana y, por añadidura, con los aliados más próximos: el sandinismo desfigurado por la corrupción de Daniel Ortega, el neoindigenismo de Evo Morales y el populismo petrolero de Rafael Correa, más unas gotas de solidaridad peronista siempre que Cristina Fernández caiga en la cuenta de que la política de balcón y pancarta pasa por Cuba y Venezuela.

En el 2008, el economista venezolano Francisco Rodríguez publicó en Foreign Affairs un artículo de análisis de la situación en su país titulado Una revolución vacía, que dio pie a un prolongado intercambio de opiniones. Poco después, en las páginas del liberal The New York Times, con un título casi idéntico –La revolución vacía de Venezuela–, volvió a la carga para poner en duda el efecto beneficioso de la revolución más allá de los logros alcanzados a caballo del aumento de los precios del petróleo. Rodríguez se refirió a los estereotipos que permiten el arraigo de diferentes formas de populismo y llegó a la siguiente conclusión: “Esos estereotipos refuerzan la opinión de que el subdesarrollo latinoamericano se debe a los vicios de sus clases depredadoras en vez de a algo más prosaico como las políticas equivocadas. Una vez se acepta esto, es fácil olvidarse de la necesidad de elaborar iniciativas en el mundo real que podrían ayudar a América Latina a crecer”. Dando por descontado que en el relato de Rodríguez hay una dosis no pequeña de antichavismo, es lo cierto que las carencias y debilidades del régimen –inflación, desabastecimiento, inseguridad, corrupción– se achacan a una mezcla de adversarios en el interior y en el exterior, y ese enfoque ha calado en segmentos sociales que consideran la dinámica chavista la única vía que les queda para salir de la postración. Y la música que llega de Cuba, de Nicaragua, de Bolivia y de Ecuador ayuda a crear este clima de confianza desmedida en el mensaje del comandante-presidente.

Luisa Estella Morales

Luisa Estella Morales, presidenta del Tribunal Supremo de Venezuela, que no vio inconstitucionalidad en que se aplace el juramento de Hugo Chávez.

Entre tanto, la realpolitik se mueve entre bambalinas con las exigencias de siempre, porque el régimen afronta un gran problema a medio plazo: Estados Unidos, el primer importador de petróleo venezolano, será autosuficiente hacia el año 2020 gracias a la explotación de los esquistos bituminosos. En consecuencia, mientras nadie sabe exactamente más allá de la familia y unos pocos fieles hasta dónde llega la gravedad de Chávez, Maduro ha iniciado los preparativos para asegurar el futuro al poschavismo a través de una fórmula de acercamiento a la Casa Blanca que incluiría la reanudación de las relaciones diplomáticas. Lo cuenta Andrés Oppenheimer en El Nuevo Herald de Miami, con justa fama de portavoz de todos los anticastrismos imaginables, pero con antenas muy bien orientadas en los salones de Washington. O sea que la conversación telefónica de Roberta S. Jacobson, responsable de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, con Maduro, de la que habla Oppenheimer, debió producirse –el pretexto fue la cooperación en la lucha contra el narcotráfico–, decidido el heredero de Chávez a hacer de la necesidad virtud y a dejar la grandilocuencia para los momentos de zozobra.

Se completa así el círculo de los tres poderes fácticos sobre los que se sostiene la república bolivariana: el partido, que encuadra al chavismo militante; el Ejército, cuna de Chávez, que garantiza la continuidad institucional; y la compañía petrolífera PDVSA, que nutre de divisas el experimento social. Esta trinidad de facto enmaraña la clásica división de poderes, pero se ajusta como un guante a una mano a los objetivos socializantes del régimen, al espíritu de la Constitución, que ahora está en boca de todos, y puede que también al propósito inconfesable de controlar a la oposición. Todo esto tiene poco que ver con la búsqueda apresurada de argumentos jurídicos para legitimar la ausencia de Chávez o poner en duda la legitimidad del régimen desde el jueves, cuando el presidente no compareció para jurar el cargo. Y hace aún más estéril la verborrea desquiciada a la que se entregan algunos articulistas, como Antonio A. Herrera-Vaillant en El Universal, de un tremendismo sin límite: “La verdadera tragedia no es que el poder esté en Cuba, sino que está vivito y coleando en la chusma desaforada y procaz de la Asamblea y algunos cuarteles: un atajo de perros sin amo que rápidamente pierde legitimidad. Los cubanos lógicamente intentan que no se caigan a dentelladas entre sí”.

Herrera-Veillant recuerda que en 1952 aparecieron en Buenos Aires pintadas que rezaban ¡Viva el cáncer!, la enfermedad que acabó con la vida de Eva Perón, convertida desde entonces en referencia ideológica y mitológica del justicialismo. Acto seguido, se atreve a decir que aún hoy paga Argentina aquel atrevimiento, porque sigue siendo el peronismo la fuerza hegemónica, y teme que en Venezuela suceda otro tanto –no lo dice, pero es fácil sacar esta conclusión– si la enfermedad vence a Chávez. Sea o no esta una opinión muy extendida en las filas de la oposición, el hilo argumental del articulista es, además de poco respetuoso con la peripecia vital del presidente, bastante inexacto: nada tiene que ver con la carnadura peronista ni el momento histórico ni la cronología de acontecimientos que permitieron a un comandante golpista llegar al poder a través de las urnas. Merece la pena leer en la publicación progresista estadounidense In These Times las reflexiones de Bhaskar Sunkara después de la reelección de Chávez en octubre, discutibles, pero bien argumentadas, para concluir que el peronismo y el chavismo no tienen más nexo de unión genérico que la tradición populista, y aun este debe tomarse con todas las reservas. “Juan [Domingo] Perón y sus seguidores cooptaron una izquierda en ascenso. Chávez aparentemente la ha resucitado y ha tenido a veces dificultades para mantenerse en sintonía con las fuerzas que ayudó a liberar”.

Venezuela. Mapa

Parámetros esenciales de la República Bolivariana de Venezuela.

Lo que la oposición venezolana apenas es capaz de reconocer es que el chavismo es un producto genuino del país, que ha arraigado porque el turno de partidos –un rato para la socialdemocracia (Acción Democrática) y otro para la democracia cristiana (COPEI)– acabó siendo un ominoso negocio familiar que se despeñó por la pendiente de la decadencia a partir del caracazo de 1989. Mucho antes de la asonada de Hugo Chávez, todo dejó de ser chévere, las desigualdades crecieron de forma galopante, pero el bipartidismo permitió que el edificio se hundiera sin que el petróleo alcanzara para atenuar el descontento social. Entonces no hubo debate constitucional ni intervención judicial, cuando era posible y necesario que los hubiera, y hoy los hay, aunque sin que tengan efectos prácticos porque el chavismo es el Estado o casi.