Violencia, encubrimiento y populismo

La violencia, el encubrimiento y el populismo se adueñan de la política con suma facilidad. Envuelto todo en una extraña virtud denominada patriotismo, que forma parte de la ideología espontánea y del imaginario colectivo, aunque no se sabe muy bien si detrás de ella se esconde el espíritu limpio de quienes se sacrifican en nombre del interés colectivo o la silueta desdibujada de una herramienta multiusos que lo mismo vale para un roto que para un descosido. “Sería delito actuar con una política de ojos cerrados en nombre del patriotismo”, afirma Iñaki Gabilondo al analizar las explicaciones oficiales relativa a la tragedia de Ceuta. Pero de los relatos emitidos por el Gobierno, el director general de la Guardia Civil, testigos presenciales, la oposición y diferentes medios de comunicación es fácil deducir que los 15 cadáveres devueltos por el mar obligan a mucho más que a salir en defensa del honor patrio.

Así se llega a la situación muy poco honorable de que, puesto que entre la versión del primer responsable de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, y la del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, media un mundo, es preciso recurrir a las imágenes sin editar –reténgase el matiz– para aclarar cuándo y en qué condiciones agentes de la Guardia Civil recibieron la orden de disparar pelotas de goma cuando unos inmigrantes braceaban frente a la playa de El Tarajal, a metros de la valla que separa el municipio de Ceuta de territorio marroquí. El adelanto de estas cintas que reclama todo el mundo permite deducir que los inmigrantes se hallaban en una situación límite, nadando en las frías aguas de febrero, y cualquier otra consideración, se remita a la ley o a razones de Estado, se antoja una obscenidad. Mucho más cuando un cargo electo como Juan José Imbroda, presidente de la ciudad autónoma de Melilla, se permite ironías del peor gusto para justificar lo injustificable.

Si el PP no tuviera mayoría absoluta, es muy posible que por lo menos el director general de la Guardia Civil hubiese dimitido hace días. Como disfruta de mayoría, las imágenes hablarán y luego… seguramente cada partido se reafirmará en sus puntos de vista, desmintiendo el viejo dicho de que una imagen vale más que mil palabras. Aunque fiarlo todo a las imágenes, a las grabaciones sin editar, entraña riesgos ciertos como es muy sabido desde que Richard Nixon, presidente de Estados Unidos, hubo de entregar sus famosas cintas después de intentar una larga cambiada –zanjar el asunto con una transcripción resumida de las mismas– en respuesta a los requerimientos de quienes investigaron el caso Watergate. En realidad, las explicaciones dadas por Fernández de Mesa y el delegado del Gobierno en Ceuta, Francisco Antonio González, suenan a transcripción resumida; las de Fernández Díaz parecen una aproximación más precisa a la verdad, pero las grabaciones sin editar cabe presumir que son más de fiar.

¿Por qué tienen un valor superior? Porque en la ceremonia de la confusión oficiada por el Gobierno se ha pretendido defender el honor de la Guardia Civil, cuando lo que en verdad se ha perseguido es encubrir la responsabilidad política de quienes impartieron las órdenes. En un gesto típico de muchos gobiernos, el equipo de Mariano Rajoy ha desviado la sustancia de las críticas: van dirigidas a él, pero las presenta como una impugnación de la Guardia Civil. Por cierto, sin que Rajoy haya ocupado ni medio minuto en dar las explicaciones que se supone debe cuando 15 seres humanos han perdido la vida en circunstancias más que opacas. De forma que todo queda pendiente de lo que digan las imágenes correspondientes al 6 de febrero en la playa de El Tarajal.

También forma parte de la ceremonia de la confusión desacreditar los comentarios de la comisaria de Asuntos de Interior de la UE, la sueca Cecilia Malmström, so pretexto de que Bruselas no hace todo lo que debiera para controlar la frontera sur de Europa. Lo que no dicen cuantos arremeten contra Malmström es que la despreocupación de la UE tiene más que ver con la interferencia de los gobiernos –no los de España e Italia, claro, que son los directamente afectados por los problemas de la emigración– que con la falta de compromiso de la Comisión de la que la comisaria forma parte. No hay duda de que el coste material y político de la frontera sur de la UE debe ser un asunto que deben abordar y financiar los estados miembros a través del presupuesto comunitario, y no lo hacen o lo hacen solo de forma insuficiente, pero de eso a utilizar este argumento para encubrir el esclarecimiento de responsabilidades en El Tarajal media también un mundo. Dicho de otra forma: es obligación de la UE pedir explicaciones, aunque esto incomode al Gobierno.

El comportamiento de los agentes en la playa ceutí puede resumirse como un recurso a la violencia inapropiado e innecesario. “La actuación de la Guardia Civil es imposible de defender”, escribe en su blog el eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar, pero esa imposibilidad manifiesta es el resultado de órdenes concretas dadas por personas concretas. Ahí no tienen cabida ni el patriotismo ni los excesos verbales de alguien como el senador socialista Marcelino Iglesias, que se refirió a “personas que murieron tiroteadas en el mar”. La explotación política de los dramas humanos es siempre repulsiva, excede las obligaciones de cualquier oposición de controlar al Gobierno y, lo que es peor, debilita a quienes trabajan para que se esclarezca lo sucedido sin dar tres cuartos al pregonero antes de disponer de todos los datos.

Los datos precisos para realizar un diagnóstico definitivo incluye analizar la gestión que Marruecos hace de los flujos migratorios. En septiembre del año pasado, el rey Mohamed VI encargó al Gobierno de Abdelilá Benkirán la elaboración de un programa político global para hacer frente a la inmigración procedente de los países subsaharianos, que se ha cuadruplicado, según palacio. En teoría, la Administración marroquí colabora en el control de fronteras, pero la concentración de ciudadanos de diferentes países en el monte Gurugú, la reiteración de los asaltos a la valla de Melilla y la tensión en la periferia de Ceuta obligan a formular esta pregunta: ¿el compromiso marroquí es sin reservas o el grifo migratorio se abre y se cierra según conviene a cada momento y situación? E incluso resulta obligado dudar de la eficacia marroquí en el control y represión de las mafias que trafican con seres humanos que no tienen nada que perder y cuyo único objetivo es llegar a Europa.

Despejar estas incógnitas atañe tanto a la política exterior española como a la comunitaria, pero, es preciso repetirlo, las carencias o la despreocupación de la UE no pueden encubrir cuanto de inapropiado se ha hecho. Insistir en ello es algo más que un mayúsculo error político. Un enfoque simplemente decoroso del drama de El Tarajal debería llevar al Gobierno a dilucidar responsabilidades antes de que los vídeos aclaren lo sucedido, si es que lo hacen. Sin envolverse en la bandera mediante una verborrea que, por repetida hasta la saciedad durante los últimos días, resulta aún más sospechosa por su semejanza con un descarnado discurso populista.

La Europa del ‘precariado’

Distribución por países de la población por debajo del umbral de la pobreza al estallar la crisis económica en el 2008. Fuente: CIA Factbook.

“Tanto las economías golpeadas por la crisis como las economías prósperas están fracasando en eliminar la pobreza, mejorar la prestación de servicios públicos, como la educación, y mantener y repartir bienes colectivos, como reservas de peces y selvas tropicales, de manera efectiva y equitativa. Al mismo tiempo, las sociedades están cada vez más fragmentadas, dando lugar a que la soledad y las enfermedades relacionadas con el estrés vayan en aumento. Y las estructuras de gobierno se muestran inadecuadas para mejorar esta situación”. La frase no es de un líder de la izquierda radical ni de un activista antisistema, sino de la profesora Tania Singer del Instituto Max Planck, radicado en Leipzig (Alemania), y se refiere al desajuste social y emocional cada vez mayor desencadenado por la crisis económica y los presuntos remedios puestos en marcha. La frase es un retrato trágico del que sobresale ese fracaso en “eliminar la pobreza”, esa sensación de que está en marcha la construcción de un futuro sin futuro para millones de ciudadanos.

Mientras la profesora Singer ve la situación como un vaticinio de la desolación social que nos amenaza, asoma el Gobierno holandés, superado por la crisis y las estadísticas, y pone en boca del rey Guillermo Alejandro que el Estado del bienestar es insostenible y hay que ir hacia una “sociedad participativa”, concepto abstruso donde los haya que suena bastante a allá cada cual se las componga con sus recursos. Al Gobierno de liberales y socialdemócratas que anuncia el final del modelo europeo se le podrá acusar de cualquier cosa, pero no de andarse por las ramas: anuncia que se acabó la fiesta porque carece de recursos para pagarla. ¿Acaso es eso peor que desarmar todos los días una porción del Estado de bienestar para, se dice, ponerlo a salvo?

Cuando un Gobierno con el 80% de la opinión pública en contra de sus planes dice que el modelo social es insostenible, niega la viabilidad de una de las tesis que sostiene Singer: “Es tiempo de reemplazar el marco conceptual del homo economicus con un modelo que refleje la capacidad del ser humano de demostrar un comportamiento altruista y prosocial”. Esto es: el Gobierno holandés, por necesidad o por convicción, renuncia a buscar alternativas a la austeridad sin fronteras, los recortes de toda clase y el saneamiento del tejido económico mediante una operación devastadora de darwinismo social. En suma, el Ejecutivo de Holanda, como tantos otros, se recluye en los balances y prefiere soslayar el descoyuntamiento derivado de un único esfuerzo: lograr que los números cuadren.

Cuadro comparativo de la renta per cápita de los países de la UE. Fuente: Eurostat.

El político socialista Juan Fernando López Aguilar resume en una sola frase lo que está sucediendo: “Lo que se presenta como un éxito es, en realidad, allí donde existe (que, ojo, no es en todas partes), un crecimiento raquítico, sin empleo y sin esperanza para los jóvenes. Y todo siempre en perjuicio del modelo social que debería preservarse y del proyecto europeo”. Las organizaciones sociales lo resumen en la proyección de estadísticas para el 2025, según las cuales la Unión Europea cobijará 27 millones de pobres, de los que 2,6 millones residirán en Catalunya.

Al cruzar las opiniones con las cifras, acuden a la memoria las peores imágenes de películas localizadas en un futuro tan cercano como calamitoso. El hecho mismo de que aparezca en los informes una nueva clase social llamado precariado lo dice todo: el precariado es una tierra de nadie en la que se impone una economía de mera subsistencia, donde se vive a salto de mata –hoy tengo trabajo; mañana, no; pasado, ya veremos–; es una bolsa de ciudadanos cuyo modo de vida es vivir en precario. Si las cifras de desafección europea son las más altas en decenios, tal como indican las encuestas, ¿qué sucederá conforme crezca el precariado? ¿Es sostenible una organización política y económica como la UE cuando la mayoría de sus ciudadanos reniega de ella? ¿Quién irá a votar el año que viene la renovación del Parlamento Europeo?

Cuando las economías emergentes dejaron  de ser solo un concepto para convertirse en una realidad, enseguida se alzaron voces en Europa que hablaron del dúmping social practicado por algunos países, especialmente China, pero no solo ella. Aquellas voces, entonces tan escuchadas, han perdido fuerza paulatinamente y, paradojas de la historia, mientras las potencias emergentes encaran tímidamente la corrección de los desequilibrios sociales, en Europa se agravan, empujado todo el sistema por la necesidad de competir, asegurar mercados y contener la invasión de productos procedentes de las economías emergentes, favorecido todo ello por el programa liberalizador de la Organización Mundial de Comercio. Europa careció en el pasado de determinación o de voluntad política –la causa poco importa– para fijar obligaciones sociales a la expansión del comercio, y hoy el pensamiento ultraliberal europeo ha logrado imponer desregulaciones sociales para que sea posible competir.

El caso es que la de la UE sigue siendo la mayor economía del planeta –12,6 billones de euros al año– y, en consecuencia, está lejos de ser un muñeco roto sujeto a las leyes que imponen otros. Pero los cambios en el paisaje han inducido a los europeos a plegarse a las condiciones impuestas por terceros. Esos cambios son esencialmente dos, como recoge en un artículo Javier Solana: el crecimiento económico se desplaza hacia el este por primera vez en siglos y los países asiáticos son el primer socio comercial de la UE, por delante de Estados Unidos. Eso es algo más que un cambio de ciclo, es un cambio cultural de primer orden en el funcionamiento de la economía europea, cuyos costes sociales son incompatibles con la pugna por los mercados, colonizados a toda prisa por economías en el seno de las cuales la preocupación social tiende a cero.

La gran duda es si es sostenible –también aquí debe aplicarse el término– un entramado económico basado en la desregulación, la austeridad y el empobrecimiento de una parte no pequeña de la sociedad europea. Y, si lo es, la otra gran duda, quizá mayor que la anterior, es si es moralmente defendible un modelo sustentado en el empobrecimiento y la marginación de una parte significativa de la población. Es preciso introducir este enfoque humanista, más que humanitario, porque de ello depende en gran medida dar continuidad a la identidad europea, a esa larga peripecia histórica que encontró en la cohesión social el bálsamo a sus males mayores. En resumen, la gran duda es si cabe pensar en una Europa aligerada de conflictos entre estados si se imponen las doctrinas de los desequilibrios sociales.

Distribución de la pobreza en España por comunidades autónomas en el 2011. Fuente: Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Un artículo publicado por el profesor Antón Costas en agosto del año pasado, respondía con mucha exactitud a esas dudas. “Todo estudiante de un curso de introducción a la economía de mercado aprende dos principios básicos –escribió Costas–. El primero es que las personas tienen distintas preferencias acerca de los bienes privados y las políticas públicas que mejor satisfacen su bienestar. El segundo es que los mercados y las políticas solo funcionan bien cuando tienen en cuenta esas preferencias sociales”. Lo menos que puede decirse es que ni el Gobierno holandés ni cuantos con él comulgan han tenido en cuenta principios tan elementales; está a la vuelta de la esquina el riesgo de que se evapore el Estado social y democrático de derecho que enuncia la Constitución española y que, con esas u otras palabras, se cita en las demás constituciones europeas.

Es interesante y aleccionador acudir al papa Francisco, cada día más original en su aproximación a la vida cotidiana: “Me dan miedo los laboratorios –dice en una entrevista– porque en el laboratorio se toman los problemas y se los lleva uno a su casa, fuera de su contexto, para domesticarlos, para darles un barniz” (La Civiltà Cattolica, revista de la Compañía de Jesús). Ciertamente, los laboratorios sociales dan miedo; los analistas financieros que los inspiran, resultan aún más inquietantes, y los gestores que aplican sus dictámenes causan pavor porque todo se reduce a un laberinto de cifras –la prima de riesgo, el pacto de Toledo, la presión fiscal, los contratos a tiempo parcial, las pensiones, la supervivencia del euro, el saneamiento de los bancos, el déficit–, todo se reduce a un entramado vertiginoso cuyo mayor logro ha sido alumbrar el precariado en nombre de la sostenibilidad. No hay forma de aceptar que vamos por el buen camino.