El otro futuro de Europa

Ese perfil perentorio, de urgencia extrema, que tiene la multiplicación de refugiados que llegan a Europa o que pretenden hacerlo se ha agravado con las zancadillas de la reportera húngara Petra Laszlo a quienes huían en desbandada hacia ninguna parte. Porque hay otra perentoriedad que precisa ser atendida cuanto antes: llevar al ánimo de los europeos reticentes que la única solución inaceptable es perseverar en la Europa fortaleza, aquella en la que seguramente sueña el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, pero que es políticamente inviable y humanamente indefendible; desalentar a cuantos, aun condenando las zancadillas de Petra Laszlo, se oponen a que los refugiados que llaman a la puerta encuentren cobijo.

El filósofo Jürgen Habermas sostiene en Le Monde que Francia y Alemania deben ponerse al frente de las operaciones para restablecer la unidad de acción europea y respetar el imperativo categórico de asistir a cuantos huyen de las miserias de la guerra –de las guerras– y de la persecución política. La variedad de reacciones nacionales –de los gobiernos y de las opiniones públicas– revelan, dice Habermas, la complejidad de realidades muy diversas: “La antigüedad en la pertenencia a la Unión, las diferencias económicas importantes –a menudo demasiado importantes– entre países miembros y, sobre todo, las diferentes historias nacionales y las diferentes culturas políticas”. Pero esa complejidad no debe ser el pretexto o la causa que lleve al fracaso o al ensimismamiento, tan alejado del compromiso moral que se supone sigue vigente en el proyecto europeo.

Al lado de Habermas, el escritor italiano Erri De Luca establece un paralelismo entre el tráfico de seres humanos en el pasado y ahora: multitudes que se hacinan en embarcaciones precarias –“el peor de los transportes marítimos de la historia humana”– para perecer muchas veces a la vista de la costa de Lampedusa, de Malta, de Lesbos, de Kos, de tantos lugares. “Los esclavos deportados por los negreros viajaban mejor –escribe De Luca– porque eran una mercancía que se pagaba contra entrega. Si moría antes, se perdía el beneficio. Los deportados de hoy pagan por adelantado, y poco importa si llegan a destino”. La comparación es devastadora, pero hay en ella un trasfondo de verdad perturbadora, de impotencia desgarradora de Europa para afrontar el problema desde el punto de vista de las víctimas, que deben superar mil obstáculos hasta llegar a tierra firme y, ya en ella, se encuentran con otras mil barreras envueltas en una retórica política destinada a enmascarar lo dispuesto en el derecho internacional en materia de asilo y de aplicación del estatuto de refugiado.

El primer reparto de acogida decidido esta semana tendrá una efectividad limitada, porque el flujo migratorio no cesará y las actuaciones en origen, de ponerse en marcha, solo darán resultados a medio y largo plazo. La Willkommenskultur, digna de elogio, honra a los alemanes movilizados en todas partes, pero encarar el problema requiere algo más que el dinamismo autónomo de una sociedad próspera. La proliferación de iniciativas asistenciales es asimismo insuficiente para acumular recursos a gran escala. Hace falta establecer un sistema pautado que parta del hecho cierto de que Europa tiene ante sí el mayor problema de refugiados desde el final de la segunda guerra mundial, con el dato añadido de que los de hoy, a diferencia de los de la posguerra, no son europeos y las crisis de encaje surgirán enseguida y no se resolverán en cuatro días. Dicho con palabras de la periodista alemana de ascendencia yugoslava Doris Akrap en The Guardian: “¿Llegará el final de la Willkommenskultur cuando no implique solo cantar Aleluya juntos, sino ayudar a la gente a convertirse en autónoma y articular sus propios deseos?”

La pregunta de Akrap apunta a la gran incógnita de futuro: ¿cuál es la capacidad de absorción de la sociedad alemana y, por extensión, de la europea? Si Alemania ha recibido en lo que llevamos de año 450.000 refugiados y está dispuesta a llegar a los 500.000, pero no más allá, ¿cuál debe ser la hipótesis de trabajo de los demás estados de la UE si, como es de prever, el flujo migratorio no cesa? Soslayar el asunto queda tan lejos de la realpolitik como lo estuvo antes imaginar que el trasiego de refugiados en la periferia de las áreas de conflicto iba a quedarse allí, no tendría la fuerza expansiva que en la práctica tiene. Y la que tendrá en el futuro si, como más voces aceptan todos los días, es inevitable un acercamiento o negociación con Bashar el Asad ya que no es posible hablar y entenderse con el Estado Islámico, convertido en árbitro indirecto de la situación que impone su agenda por la vía de los hechos: guerra sin cuartel, sectarismo, asesinatos colgados en Youtube y una próspera economía basada en las rendijas del sistema por donde se cuelan el contrabando de petróleo y el mercado de armas.

Muchos europeos sienten que sus países están sitiados”, afirma Daniel Gros, director del Centro para Estudios de Política Europea, y tal sensación va en aumento en la medida en que los estados están lejos de dar una respuesta conjunta, global y sostenida en el tiempo. Esa sensación alimenta la propaganda de los partidos de extrema derecha, que reclaman que los refugiados sean devueltos a sus lugares de origen, y paraliza a los gobiernos, que temen ver desgastadas sus expectativas electorales ante una parte de la opinión pública potencialmente hostil a las políticas de acogida. Pero no hay otra salida que aceptar los hechos tal como son: esa oleada migratoria no es un fenómeno esporádico, un hecho aislado posible de solucionar con algo de tiempo y unos millones de euros.

Jean-Christophe Dumont, alto funcionario de la OCDE, defiende que el coste de los movimientos migratorios –de refugiados– debiera ser visto como una inversión: “A largo plazo serán comparables a los inmigrantes económicos y aportarán una contribución fiscal neta. Es decir, que pagarán más impuestos y cotizaciones sociales que las prestaciones anuales que recibirán”. Y el economista francés Thibault Gajdos se pregunta si sus compatriotas, que dejan cada año 45.000 millones de euros en la caja de la Française des Jeux, la sociedad que gestiona las loterías, no están en condiciones de gastarse 10.000 millones de euros en atender a los refugiados. Claro que detrás de las reservas de una parte de los europeos no alienta solo o principalmente la preocupación por el coste de la operación, sino un doble temor: tener que aceptar a corto plazo nuevos competidores en el mercado de trabajo y diluir la identidad cultural propia en una mezcla variopinta de identidades importadas.

Desde la noche de los tiempos, los movimientos migratorios forman parte de la historia de la humanidad al igual que las guerras, los ciclos económicos y la competencia entre imperios. Nada hay de realmente nuevo en cuanto está sucediendo salvo el dramatismo que se deduce de contemplar los acontecimientos en directo en toda clase de soportes, medios y géneros informativos. Sí es novedad esa reacción espectacular de acogida y ayuda en el continente y debiera serlo, cuanto antes mejor, la reacción coordinada, unitaria y eficaz de los gobiernos ante una situación en la que están en juego la vida y la muerte de demasiados. Ahí también está el futuro de Europa.

Sucesión sin sucesor en el Vaticano

La renuncia de Benedicto XVI ha desatado las especulaciones sobre el futuro que aguarda al gobierno de la Iglesia católica porque en la última monarquía absoluta, pero también electiva, los ingredientes de misterio, liturgia –religiosa y laica– y universalidad del cónclave dan mucho juego. El empeño en las quinielas es dar con el hombre y el nombre, acercarse al máximo al perfil del posible vencedor, cuando quizá es esta una aspiración mayor poco menos que inalcanzable a la luz de la historia, que ha consagrado la convicción de que cuantos entran en el cónclave como papas in péctore, salen de la asamblea confirmados en su oficio de cardenales. En el presente, ni siquiera se vislumbra el sucesor preferido por el Papa, es difícil calibrar el peso de cada facción y, aún más, cuál será el marco de referencia que hará posible consolidar una mayoría, recaiga o no el ministerio pietrino en un europeo.

En un artículo de John L. Allen Jr. colgado en la web del National Catholic Reporter, se citan hasta tres razones para que la Iglesia cambie de rumbo después de la política de masas de Juan Pablo II y de la conspiración permanente que se ha adueñado del pontificado de Benedicto XVI y que, finalmente, le ha llevado a renunciar:

  1. El recordatorio de que, a pesar del apego a la tradición de la Iglesia católica, se trata de una institución “capaz de dar sorpresas de vez en cuando”.
  2. La necesidad que tiene la institución de empezar de nuevo con ideas nuevas.
  3. La decisión del Papa saliente, si así se le puede llamar, pretende separar el fin del papado de la muerte de su titular, de tal forma que el próximo cónclave “estará libre del efecto funeral”, del tributo hagiográfico al fallecido y otros factores emocionales.

Basta recordar el clima de ferviente culto a la personalidad que siguió a la muerte de Juan Pablo II para comprender a qué se refiere Allen. El próximo cónclave se reunirá sin banderolas en los aledaños de San Pedro con mensajes tan acuciantes como Juan Pablo II, santo enseguida, que en el 2005 saludaron a los purpurados llamados a elegir sucesor. Hubo en aquella escenografía abigarrada una invitación implícita a la continuidad, a dar con alguien capaz de seguir por la senda de las multitudes movilizadas, como si tratara de rodar la continuación de una película dirigida por Cecil B. DeMille. En realidad, el sucesor bendecido con la fumata bianca fue alguien más inclinado a la introspección de Ingmar Bergman, con pocos personajes en escena, que a las grandes epopeyas al aire libre; el Papa polaco anduvo siempre muy cerca del personaje encarnado por Anthony Quinn en Las sandalias del pescador, mientras que el alemán nunca aspiró a cruzar Baviera al galope.

Habermas Ratzinger

Jürgen Habermas y el cardenal Josef Ratzinger, durante el diálogo público que mantuvieron en Múnich el 19 de enero del 2004.

Lo dicho por Allen no debe llevar a la conclusión de que se avecinan mutaciones radicales porque son muy improbables. Hasta la fecha, los cambios de pontífice han dado pie a las crisis típicas de los periodos transitorios, recuerda Etienne Fouilloux en Le Monde. Hay que añadir que el legado de Benedicto XVI es muy anterior a su elección, porque se trata de un sólido intelectual conservador, “héroe para los católicos tradicionales” (Laurie Goodstein, The New York Times), teólogo de cabecera de Juan Pablo II y autor de una obra tan controvertida como extensa. Josef Ratzinger es a un tiempo el pensador que vincula razón y fe, el agudo polemista que sostiene un diálogo de gran altura con el filósofo alemán Jürgen Habermas, pero también el religioso que recela del debate sobre los valores y lo convierte en relativismo moral, el indagador de la contemporaneidad depositario de un “sentimiento trágico de la historia”, no muy alejado del sentimiento trágico de la vida unamuniano, y el estudioso poseído por un pesimismo que fundamenta en el pensamiento agustiniano.

“Papa en un mundo marcado por la pérdida de influencia de la Iglesia católica, el multiculturalismo y una oferta religiosa multiplicada por la mundialización, Benedicto XVI ha desarrollado durante su pontificado, como lo había hecho antes en sus escritos y discursos, una visión extremadamente inquieta, por no decir pesimista, de la Iglesia, del mundo y de su porvenir”, ha escrito Stéphanie Le Bars. Una visión alimentada por el hecho de que “la Iglesia se encuentra además en un momento en el que el islamismo avanza en Asia y África, como los evangélicos en América Latina, considerada la reserva espiritual del catolicismo, mientras la cristiana Europa se seculariza” (Juan Arias, El País). Un pesimismo confirmado en última instancia por los escándalos a los que ha tenido que hacer frente mientras, al mismo tiempo, los poderes fácticos vaticanos se defendían con uñas y dientes: “La Vaticalia eterna, esa espesa gelatina formada por cardenales y civiles que confunden los intereses de Italia y los del Vaticano y hacen negocios cruzados en los dos estados mientras deciden las cosas importantes –explica Miguel Mora en el mismo periódico–, se ha empleado a fondo en estos siete años para mantener sus privilegios e impedir al mismo tiempo la renovación de la Curia y la modernización de Italia, especialmente en dos sectores, las finanzas y la información, los imperios donde más poder e intereses tienen el Opus Dei y Comunión y Liberación, los movimientos ultracatólicos que más medraron, junto a los Legionarios [de Cristo], durante el largo papado de Wojtyla”.

Eugenio Scalfari

Eugenio Scalfari entiende que la renuncia del Papa es una forma de incorporar criterios laicos en “la distribución del poder en el interior de la Iglesia”.

Por todo lo dicho hasta ahora es improbable un cambio radical y es imposible adelantar quién entrara en el cónclave con más respaldos. Es menos ambicioso, pero más apegado a la realidad seguir el hilo argumental de Eugenio Scalfari en el diario La Repubblica de Roma, recogido oportunamente por Rosa Massagué en las páginas de EL PERIÓDICO del jueves: la renuncia del Papa es una forma de secularizar y laicizar “la distribución del poder en el interior de la Iglesia”. Y ahí si hay una pista acerca de qué desea Benedicto XVI para el futuro o cuál ha de ser uno de los propósitos a priori de su sucesor: ahondar en lo que los católicos progresistas llaman gobierno colegiado de la Iglesia, con menos atributos para la Curia omnipresente y más para los ordinarios de cada diócesis. Se trata de algo verdaderamente más terrenal, menos florentino, menos propio del gran guiñol vaticano, pero de indudable peso para el futuro del orbe católico. El teólogo Federico Pastor lo ve como algo poco menos que ineludible: “La renuncia por agotamiento –así se podría llamar– es un indicio más de la obsoleta estructura de la Iglesia. Que hoy día, teniendo presentes los medios de comunicación, todo esté tan centralizado es simplemente inhumano. Y no contribuye a la evangelización”. En otras palabras: la monarquía absoluta es ineficaz por distante y, como sucede en la Unión Europea, el aprecio por la institución depende en gran medida de que persevere en la subsidiaridad.

El otro propósito a priori del sucesor de Benedicto XVI ha de ser restablecer la unidad, ahora baqueteada, según reconoció el Papa el miércoles de forma explícita: “El rostro de la Iglesia aparece muchas veces desfigurado. Pienso en particular en las culpas contra la unidad, en las divisiones del cuerpo eclesial”. Se trató de una afirmación categórica y la confirmación de una realidad que, no por sabida, resultó menos elocuente. Al dar carta de naturaleza a la división, la pregunta inmediata fue si puede superarla la institución mediante una política de continuidad. ¿Puede alguien con el perfil muy conservador de Angelo Scola, por citar un nombre, domeñar el caos entre sombras de los últimos años? ¿Puede una facción por sí sola acabar con las luchas intestinas por el poder y las redes de intereses opacos que han llevado al Papa a acogerse a un discreto retiro? Las respuestas no atañen solo a la Iglesia como institución religiosa, sino a su prestigio internacional, al peso político que tiene, a su tarea de intermediación social en la aldea global.

Curia

Benedicto XVI preside en la Capilla Sixtina una reunión con la Curia el 21 de diciembre del 2012.

“[El Papa] tiene en cuenta consideraciones terrestres” al cambiar la naturaleza del papado, ha declarado el profesor Etienne Fouilloux, después de que durante siglos haya prevalecido “la concepción sagrada de la elección”, un concepto que incluye que el ministerio se ejerce hasta la muerte, aunque, al mismo tiempo, el Derecho Canónico prevé la renuncia y los mecanismos que se ponen en marcha para garantizar la sucesión. Pero esta condición terrena de la decisión tomada por Josef Ratzinger no mengua un ápice la naturaleza enigmática del personaje. “No se puede comprender su visión trágica de la historia, su combate contra el relativismo moral, su fidelidad a la liturgia antigua, sin trazar el itinerario de un intelectual más atormentado de lo que dicen las caricaturas”, ha escrito el periodista Henri Tincq, un especialista del universo vaticano que ha publicado un esbozo de referencia del personaje que va del punto de partida del pensamiento de Benedicto XVI a la estación de llegada: “Este Papa puso en guardia al hombre contra toda servidumbre de la fe a la razón de Estado y de la razón de Estado a una fe. En este sentido, entendió que prevenía al mundo contra toda forma de extremismo”. Cabe añadir del extremismo del que quizá él mismo fue víctima en cuanto se apartó del statu quo para renovar el aire viciado de los despachos.

Casi al final del debate que sostuvo con el profesor Habermas en la Academia Católica de Múnich, el 19 de enero del 2004, el cardenal Ratzinger afirmó: “Hemos visto que en la religión existen patologías sumamente peligrosas, que hacen necesario contar con la luz divina de la razón como una especie de órgano de control encargado de depurar y ordenar una y otra vez la religión”. Es poco menos que imposible desligar la idea de patología de los escándalos de pederastia, mala administración y filtración de documentos (caso Vatileaks), y aún lo es menos desligar la renuncia del Papa de la luz de la razón en la que se fundamenta la lógica. Todo eso pesará en el cónclave y apartará a muchos candidatos de la carrera por la silla de Pedro, asustados por la modernidad, atrapados en el secretismo o sin ánimos para fajarse con los problemas que han llevado a Benedicto XVI a la renuncia. Pero, incluso así, el número de aspirantes seguirá siendo lo suficientemente alto como para que se mantenga la incógnita hasta la hora decisiva de la fumata bianca y para que todas las quinielas tengan algún punto de apoyo. A fin de cuentas, la tradición es la tradición.

 

Legitimidad en discusión

La portada del jueves de EL PERIÓDICO era suficientemente expresiva de la distancia entre el programa electoral del PP y la praxis política del Gobierno para considerarla un elemento más de discusión incorporado al debate que se ha abierto en Europa sobre la legitimidad moral de los gobernantes para tomar según qué medidas en según qué circunstancias. Solo aquellos que se den por satisfechos con la tesis de Max Weber sobre la legitimidad, según la cual esta se fundamenta en el ejercicio del poder conforme a las leyes, pueden sostener que no caben dudas ni discusiones. En cambio, cuantos dan por bueno el punto de vista del filósofo italiano Norberto Bobbio sobre la materia sienten que ha llegado el momento de poner en duda algunos supuestos. De acuerdo con Bobbio, “cuando el poder está en crisis, porque su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad, entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica”.

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio (Turín, 1909-2004): "El Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes". ('Diccionario de política')

¿En esas estamos? Juan Alberto Belloch (PSOE), alcalde de Zaragoza, sostiene que “la mayoría absoluta del PP descansa sobre un vacío de legitimidad”, toda vez que “ni uno solo de los programas del PP se está realizando”. Incluso si se admite que la opinión de Belloch obedece a una decantación política evidente, debe aceptarse que manifiesta una opinión ampliamente extendida y que constituye el meollo del asunto: ¿acaso una victoria electoral, con mayoría absoluta o sin ella, otorga un cheque en blanco para actuar en dirección absolutamente contraria a lo prometido? Y, si no es así o, aun peor, si los redactores del programa eran conscientes de que no se podía aplicar y armaron un artificio político con un objetivo meramente electoral, ¿se produce una quiebra de la legitimidad democrática, aunque, como en el caso español, la elección fuera escrupulosamente limpia y los procedimientos seguidos para aprobar los recortes se atengan rigurosamente a la ley?

La discusión trasciende con mucho el hachazo dictado por la tecnocracia germano-bruselense y los mercados, y aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, porque la misma pregunta se formula en muchos lugares, salvo en los foros poseídos por el fundamentalismo contable neoliberal o por aquellos que creen a pies juntillas que no hay posible alternativa viable al recetario de la cancillera Angela Merkel, salvo el precipicio de la quiebra financiera del Estado. Se lo pregunta la comunidad académica en Italia, a pesar de que Mario Monti ha obtenido un apoyo bastante multicolor en el Parlamento; se lo preguntan en Grecia, donde la gran coalición se ha puesto manos a la obra a pesar de que el país se precipita por el pozo de la miseria. Se lo preguntan, en suma, cuantos creen que Europa ha tomado el peor de todos los caminos posibles y arriesga degradar la preservación de la democracia representativa como sistema político.

El pensador alemán Jürgen Habermas expresó claramente sus temores en los mejores días del dúo Merkozy: “Si no me equivoco, intentan consolidar el federalismo ejecutivo implícito en el Tratado de Lisboa en un control intergubernamental del Consejo Europeo contrario al tratado. Con un régimen así sería posible transferir los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales sin ninguna legitimación democrática”. Algo de eso sospechamos en España, aunque Nicolas Sarkozy haya perdido la presidencia de Francia. Hay tal asimetría en el impacto social de las medidas aprobadas por el Gobierno, que en la práctica institucionalizan la pobreza entre millones de personas y, por esta razón, hacen dudar legítimamente –esta vez sí– de que cuentan con un apoyo social razonable, ya que carecen de la coartada del anuncio previo en la campaña electoral, durante la cual los propagandistas de la derecha se dedicaron a prometer todo lo que después no han podido cumplir.

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929): "Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han llegado a un acuerdo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés, que tiene un contenido totalmente distinto".

Habermas se refiere a una “Europa posdemocrática” o “vía posdemocrática” en cuyo seno la traducción de la democracia en medidas concretas depende de factores externos a los programas de los partidos y al propósito de los gobiernos. En esa realidad posdemocrática, las instituciones reducen su función a la configuración de una mayoría dispuesta a poner en práctica las medidas estipuladas por terceros, carentes de representación democrática y subordinados a intereses externos al Estado, a sus necesidades y a las de los ciudadanos, pero dotados de un mecanismo de presión inapelable: un sistema financiero globalizado, opaco y fuera de control.

“Un Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes”, dejó escrito Bobbio en el Diccionario de política. ¿Se da este “consenso manifestado libremente” en la aplicación del hachazo o es fruto de un cambio de rumbo sobre la marcha, algo así como cambiar las reglas del juego una vez empezada la partida? ¿Se ha fijado el Gobierno español algún imperativo categórico moral o el imperativo presupuestario es el único que cuenta? Si es así, ¿se da por satisfecho el Gobierno con constituirse en una entidad meramente caritativa mientras el Estado social y democrático de derecho, que figura definido en la Constitución, se desdibuja y los impuestos se convierten en un mecanismo de redistribución de la pobreza?

El profesor Javier Sádaba afirmó el 16 de julio en Onda Cero: “La legitimidad democrática es inseparable de la moral”. Y fue aún más allá: “Cuando alguien ha prometido en un programa algo, ha hecho un pacto con los electores y, si no lo cumple, eso desde luego es inmoral y está perdiendo legitimidad (…) No vale decir no me gusta, pero lo hago”. Incluso es posible admitir que no todo lo prometido se puede cumplir; en cambio es bastante menos admisible hacer justo lo contrario de lo que se prometió. Visto así existe desde luego alguna forma de imperativo categórico, que en el caso que nos ocupa ha saltado por los aires; visto así no es posible aplicar sistemáticamente una moral de situación ajena a todo compromiso cuyas consecuencias recaen en el segmento más indefenso y dañado de la población. Visto de esta forma no estrictamente instrumental o formalista, la legalidad de los procedimientos se antoja claramente insuficiente para legitimar las decisiones que se adoptan de igual forma a como la aplicación irreprochable y textual del derecho se aleja muchas veces de la justicia (valga para comprobarlo la epidemia de desahucios).

Los gobiernos europeos, en general, se han mantenido al margen de este tipo de digresiones, y el español no es una excepción. Salvo la actitud del presidente de Francia, François Hollande, cuya estación de llegada no se vislumbra, los demás gobernantes han optado por la funcionalidad –puede que eficacia– de las decisiones que adoptan, y han obviado una cuestión capital, planteada por pensadores y politólogos a raíz de la crisis y del desmantelamiento del Estado del bienestar, siempre negado y tozudamente evidente: ¿cómo es posible lograr el equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad? El profesor Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco, plantea el problema de una forma por demás transparente: “La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de legitimidad y aceptación”.

Daniel Innerarity

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959): "¿Cómo se justifican demcráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de austeridad presupuestaria?"

La despolitización a la que alude Innerarity es la más preocupante de todas porque es extremadamente política. La paradoja obedece al hecho de que el funcionamiento de la economía globalizada, de las tecnofinanzas y de la especulación financiera escapa al control y reglamentación de la política institucionalizada, pero constituye una superestructura con una ideología concreta que persigue reducir el Estado a su más mínima expresión y desviar a la iniciativa privada el grueso de la gestión de los servicios distintivos del Estado del bienestar. Todo ello aliñado con la correspondiente prédica referida a la ineficacia del Estado como prestatario de servicios, aunque la realidad desmienta por completo tal aseveración, caso de la sanidad pública en España, por poner solo un ejemplo.

La pregunta que se formula Innerarity es tan sutil como perturbadora: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?” Las referencias parlamentarias de la última semana parecen haber encorsetado el mensaje del Gobierno español entre la pura realidad contable y el recurso a la soberbia absolutista de Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”. Algo bastante diferente a la contención en las formas y el léxico de Mario Monti, mucho más a salvo de las críticas gracias a una rara mezcla de conocimientos técnicos y tradición humanista que se echa muy en falta en esta esquina de la UE. Cuando suena en el Congreso la voz de la vulgaridad más abyecta –“que se jodan”–, es casi un sarcasmo contentarse con afirmar que manca finezza (la del profesor Monti). Vuelva pues la inquietante pregunta: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?”

Es de desear que la haya y que, a pesar de todos los pesares, alguien piense en algún momento que no se puede echar por la borda la inquietud social que ha impregnado la política española desde la restauración democrática. Esa inquietud es un ingrediente más, y no menor, de la legitimación del poder, pero también es el único agarradero al alcance de los más vulnerables, porque su vida cotidiana depende de preservar el cumplimiento de las leyes que los protegen –el Estado del bienestar– y de la compasión de los poderosos y de quienes gobiernan, que no siempre coinciden en las mismas personas. Si alguien duda de que es este un imperativo categórico legitimador, que se remita al artículo publicado el último domingo por el profesor Reyes Mate y anote en un cuaderno: “Eso que unos autosuficientes ministros presentan como ‘valientes medidas que hay que tomar y que este Gobierno tomará’ (la vicepresidenta Soraya dixit) significa de hecho humillación para padres sin trabajo ante sus hijos, miseria en la familia, enfermedad para muchos, hambre en algunos casos, angustia, renuncia a proyectos de vida…”. ¿Alguien es capaz de ponerlo en duda sin recurrir al cinismo?