Algo podrido huele en Brasil

La más que presunta connivencia entre el fiscal Deltan Dallagnol y el juez, hoy ministro de Justicia de Brasil, Sergio Moro en el procesamiento y condena del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva culmina el proceso de degradación de la política y del sistema judicial en el mayor país de Latinoamérica. Si siempre sobrevoló la sombra de la sospecha en la persecución y destitución de Dilma Rousseff, sucesora de Lula en la presidencia, y el encausamiento de este mediante una confusa vinculación de su figura en dos sonados casos de corrupción, Lava Jato y Petrobras, que en el fondo son solo uno, la información difundida por The Intercept pone al descubierto un mecanismo de adulteración de la política, instigado por la extrema derecha y aledaños, para neutralizar a las grandes figuras de la izquierda, supuesto que a través de las urnas tal objetivo era presumiblemente inalcanzable.

La asociación de la pesquisa emprendida por el medio que ha desvelado la trama con Glenn Greenwald, un periodista de investigación de referencia, confiere un plus de fiabilidad a cuanto se ha publicado y explica el terremoto que afronta el establishment político brasileño y la honorabilidad de los jueces. Las prisas de la fiscalía por esclarecer lo sucedido, la exigencia de los abogados de Lula para que se anule a la mayor brevedad el proceso que lo condenó y se ponga en libertad a su cliente, la bochornosa implicación del diario O Globo en el escándalo y el posible encausamiento de Moro, Dallagnol y algunos otros completa de momento las reales dimensiones del caso. La firma de Greenwald encabezando la información no hace más que reforzar el poder de convicción de cuanto se ha filtrado, porque el nombre del periodista remite a la trama por él descubierta en 2014 de espionaje a líderes políticos organizada por la estadounidense Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés).

Aunque los asesores del presidente Jair Bolsonaro se han apresurado a subrayar la necesidad de esclarecer cómo obtuvo Greenwald las conversaciones entre Moro y Dallagnol, lo que realmente es preciso aclarar es si el presidente en ejercicio participó en la trama urdida para evitar la competencia en las urnas con Lula. Más aún: lo verdaderamente relevante es investigar cuál fue el alcance de la conspiración, hasta dónde llegan las responsabilidades, a quién salpican las irregularidades cometidas en la instrucción de la causa y hasta qué punto la gangrena ha dañado las instituciones. Si en el caso de la NSA lo realmente sustancial fue el espionaje y no quién y cómo llegó está información a la mesa del periodista, la relevancia del Morogate –así se ha bautizado el episodio– radica en los hechos suministrados a la opinión pública no en los prolegómenos –las fuentes primarias– para la difusión del escándalo. No hace falta haber ganado un Pulitzer para presumir que este tipo de  informaciones excepcionales requieren métodos excepcionales (recuérdense el caso Watergate y Garganta Profunda).

Conviene asimismo para la preservación de la higiene democrática rebobinar los hechos acaecidos desde la destitución de Dilma Rousseff y la llegada al poder de Michel Temer, en prisión provisional y a la espera de juicio como presunto implicado en la red de sobornos que forma parte del caso Lava Jato, el mismo que llevó a Lula a la cárcel. La necesidad de ahondar en el asunto es crucial para la regeneración de la política, habida cuenta de la suerte corrida por los tres antecesores de Bolsonaro y las dudas cada vez mayores que acompañan a este, convertido desde su toma de posesión en el liquidador del reformismo social activado por Lula y Rousseff  y apenas mellado por Temer. En última instancia es inaplazable certificar si Bolsonaro llegó limpiamente a la presidencia o mediante métodos poco presentables.

Tal proceder no impide perseguir los casos de corrupción y venalidad probados en el Partido de los Trabajadores (PT), abundantes y no menos reprobables que los atribuidos a políticos de la derecha. Acaso más lamentables si se piensa en los eslóganes regeneradores utilizados habitualmente por el partido de Lula para movilizar a la franja de población más vulnerable en una sociedad históricamente fracturada, teatro de desigualdades lacerantes y acostumbrada a sobrellevar unos índices de corrupción y violencia desbocados. Si en la etapa de Lula se detectaron en la estructura social de Brasil algunos progresos para rebajar la tensión –algo tuvo que ver el PT–, la corrupción en el partido y la suerte corrida por el expresidente y su sucesora sembraron la decepción y el escepticismo en una parte del electorado de izquierdas con una profundidad y efectos desconocidos hasta entonces. Y ganó adeptos la opinión profundamente reaccionaria según la cual todos los políticos son iguales.

“La verdad puede enfermar, pero no muere nunca”, dice Lula remedando a Teresa de Ávila: “La verdad padece, pero no perece”. De momento enturbiaron la verdad quienes convirtieron lo que a todas luces parece una persecución política de libro en causa penal. Por más escapatorias dialécticas que Jair Bolsonaro quiera dar al caso para salvar a Moro de la destitución fulminante y acaso de la acción de sus compañeros de toga, no hay una sola agarradera para que los señalados por The Intercept puedan salvaguardar su fama y mantener ante la opinión pública su perfil de ciudadanos dignos. Su integridad está en duda y la de la opción política que los acoge también lo está, no por lo hecho hasta ahora como gobernantes ni por sus bajísimos índices de aceptación, sino por los manejos que se trajeron para anular a un rival y hacerse con el poder sin contemplaciones.

 

Desafío ultra en Brasil

La espectacular victoria del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones brasileñas desvela el alcance del desgaste del sistema de partidos, el cansancio de una opinión pública harta de asistir a la degradación acelerada de los gobernantes y enfrentada al estancamiento económico. A un paso de la presidencia y muy por delante del candidato del Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, la fuerza de su acercamiento al poder se corresponde a un tiempo con su habilidad para utilizar las redes sociales y desacreditar a sus adversarios, incapaces de despegarse de los escándalos que menudean en los salones del poder sin distinción de colores y desde tiempo inmemorial.

No es que de forma inesperada y repentina el grueso del electorado brasileño se haya convertido al racismo, la homofobia y otras lacras aborrecibles, sino que busca una salida al laberinto, y Bolsonaro, un admirador de la dictadura militar, la mano dura y la política de tierra quemada, defiende una propuesta extramuros del sistema, un populismo desacomplejado y ruidoso que promete lo que otros prometieron antes sin éxito o con eficacia limitada, sin vínculos que se sepa –quedan dos semanas de campaña– con las vergüenzas del establishment. En todo caso, los tenga o no, la carrera de Bolsonaro, sacudida por el ataque que sufrió durante un mitin en plena calle, se resume en un puñado de propuestas de corte neoliberal –privatizaciones, capitalización de las pensiones a través de los bancos, reforzamiento de los estándares de seguridad, etcétera– que atraen por un igual al mundo financiero y a las clases medias urbanas sometidas todos los días a la ducha escocesa de las promesas por cumplir y la multiplicación de escándalos por dilucidar.

A todo lo cual debe sumarse el apoyo indisimulado de los grandes holdings de comunicación, de la Bolsa de Sao Paulo y de las finanzas globales arraigadas en Brasil. Un apoyo que obedece tanto al deseo de desembarazarse de los programas sociales sostenidos por la izquierda con desigual suerte como al hartazgo de las clases medias, que han observado desalentadas cómo Brasil se ha convertido en un foco de contagio de varias formas de corrupción rampante en la periferia –Perú y Ecuador, los escenarios más recientes–, sin que el sistema haya sido capaz de sanearse a pesar de las proclamas de todos los líderes.

En un artículo publicado en el periódico O Estado de Sao Paulo, el historiador Alberto Aggio analiza lo sucedido en su país el 7 de octubre y concluye que ha consagrado la desaparición de facto del centro político, disputado por la izquierda y la derecha durante treinta años mediante un sistema de alianzas que se ha hundido. “El fuera esto o fuera aquello y el nosotros contra ellos produjeron un campo de hostilidades que hizo prosperar la intolerancia y el odio –escribe Aggio–. El rechazo a los políticos y a los partidos ganó corazones y mentes e instauró el reino de la antipolítica en sus diferentes versiones: de las visiones plebeyas a las neoliberales, todas pasaron a buscar un mundo a su imagen y semejanza. Es una victoria de la cultura narcisista y una derrota de la cultura democrática”.

Es también el resultado de una sociedad extremadamente dual, polarizada, con desigualdades lacerantes, que hizo del PT de Lula da Silva la esperanza de los desposeídos y del Movimiento Democrático Brasileño y sus herederos del siglo XXI, la referencia política de las clases acomodadas. Lula llegó a la presidencia con el objetivo de que todos sus conciudadanos tuvieran garantizadas tres comidas al día y de que la pobreza extrema dejara de ser una de las señas de identidad del país: lo consiguió en parte, pero entre la sospecha, la conspiración política y la sentencia condenatoria, la estrella de Lula se apagó. Se apagó asimismo la de la presidenta Dilma Rousseff, apartada del cargo, pero el mandato de Michel Temer, tan bajo sospecha como sus antecesores, anduvo lejos de mejorar las expectativas del centroderecha.

De tal manera se encadenaron los acontecimientos que, salvo enorme sorpresa, un exmilitar ajeno a los compromisos democráticos ganará la poltrona del palacio de Planalto en Brasilia y se cerrará un nuevo ciclo en América del Sur, con todos los grandes países del continente en manos de conservadores, pero ninguno tan extremo como Bolsonaro. A través de una ley del péndulo, la hegemonía política en el universo latinoamericano la tendrá la derecha, y la izquierda posibilista solo retendrá un escenario influyente: México. Justo lo contrario de lo que sucedía hace una década, cuando era México el único gran país de la región gobernado por un conservador. Todo lo cual pone de manifiesto la incapacidad de los líderes de la izquierda de aproximar el cumplimiento de los programas a lo prometido en campaña y, al mismo tiempo, su propensión a caer en las mismas servidumbres y manejos que sus adversarios de la derecha.

Para Alberto Aggio, la conquista del centro por uno de los extremos es el único mecanismo que puede moderar la ley del péndulo, de derecha a izquierda, y vuelta a la derecha, dando bandazos cada pocos años, con promesas inaplicables o decepciones encadenadas de los electores. “La llegada de dos polos excéntricos a la segunda vuelta no fue un rayo de luz en el cielo azul –afirma Aggio–. El hundimiento del centro político acabó produciendo una situación paradójica: el centro pasó a ser el objeto del deseo de los dos extremos. El centro está muerto. ¡Viva el centro! Su conquista será lo que definirá la segunda vuelta. Y, en el caso brasileño, no solo la futura gobernabilidad, sino la posibilidad real de que el país continúe viviendo en democracia”.

La pregunta obligada es casi imposible de responder: ¿quién está en mejor situación de atraer el centro y condicionar su acción de gobierno? En todo caso, la respuesta alterará en gran medida la evolución de los dirigentes de Colombia, Chile y Argentina, con programas económicos tan cercanos al de Bolsonaro como alejados del de Haddad. Porque Brasil es, sin duda, el país más influyente del continente, un gigante económico en crisis, pero gigante al fin, con independencia de quién dé órdenes en el puente de mando.

Brasil, bajo presión conservadora

La condena de cárcel impuesta a Luiz Inácio Lula da Silva tiene efectos políticos telúricos sobre el futuro político de Brasil y da vida a los fantasmas de un pasado no tan lejano, cuando las grandes fortunas del país y el Ejército se unieron por última vez para poner el Estado a su servicio. Es imposible sustraerse a la idea de que detrás de la prisión de Lula se esconde una flagrante manipulación de los hechos encaminada a desalojar del poder al poco menos que seguro vencedor de la próxima elección presidencial, sin que por lo demás exista un contrapoder efectivo en los tribunales para dejar al descubierto la corrupción sin límites en el campo conservador, en el núcleo de poder que desalojó a Dilma Rousseff de la presidencia y arropó después a Michel Temer. El triángulo de corrupción que mina las instituciones del país –los casos Odebrecht, Lava Jato y Petrobras– alcanza en igual medida al Partido de los Trabajadores (PT) y a la derecha; en los salones del poder han sido muchos los incapaces de sustraerse a la mordida, pero el empeño de los tribunales en la persecución de Lula pone de manifiesto que el expresidente fue, es y será la gran presa que quieren cobrar sus adversarios históricos, jueces mediante.

El veterano periodista Clovis Rossi se pregunta “¿cuándo se jodió Brasil?”, parafraseando a Mario Vargas Llosa en Conversación en La Catedral –“¿cuándo se jodió el Perú”?–, y se responde; “En 1500, cuando llegaron los portugueses”. La respuesta no es más que una ingeniosa forma de afirmar que la política brasileña conserva la triste tradición del golpismo, la venganza personal y una dualidad social extrema. La división del tribunal (6 a 5) que ha condenado a Lula es el dato más reciente de la fractura irresoluble de una comunidad sometida desde tiempo inmemorial a desequilibrios intolerables. El asesinato de la activista y concejala de Río de Janeiro Marielle Franco no hace más subrayar la violencia endémica instalada en una sociedad muy fragmentada en la que los amortiguadores sociales solo funcionan de vez en cuando.

El comportamiento de una parte mayoritaria de los grandes grupos de comunicación durante la instrucción, el proceso y la condena de Lula es otro síntoma del clima de vendetta que se ha adueñado del escenario. “O Globo y Veja van a tener orgasmos múltiples con mi foto preso”, declaró Lula antes de entregarse. Y aunque la frase simplifica los hechos y elude cualquier eventual responsabilidad en la pervivencia de tramas de corrupción, se acerca al menos a lo dicho por estos dos medios y otros muchos, alineados en una persecución militante y sin tregua. Si O Globo se refiere al triunfo de los tribunales, Veja subraya en un titular Del sindicalismo a la cárcel; si alguien recuerda en una televisión que la presidencia de Lula rescató de la miseria a 50 millones de brasileños –una exageración estadística, seguramente–, el periódico O Estado de S. Paulo dispara contra la línea de flotación del presumible legado del expresidente: “La obra monumental del PT fue el montaje de un sistema de explotación colonialista del Estado para sustentar un proyecto de poder”.

Algo hay de cierto en cuanto se dice, pero se trata en todos los casos de medias verdades, informaciones y opiniones que eluden cualquier dato que las contradiga. Puede decirse que la pretensión de Rousseff de nombrar a Lula ministro a toda prisa para que evitara el proceso fue en su día un disparate; es cierto que las encuestas muestran el crecimiento de un fenómeno clientelar en los apoyos a Lula, perfectamente explicable como resultado inmediato de sus programas sociales, pero no lo es menos que le otorgan un mínimo del 35% en intención directa de voto frente a cualquiera de sus contrincantes si hoy se celebraran elecciones (en el caso del posible candidato ultraderechista y exmilitar Jaír Bolsorano le saca una ventaja de 20 puntos). Es posible, en fin, que el estancamiento de hoy sea fruto de la euforia de ayer, pero no lo es menos que Brasil, durante el mandato de Lula, se consolidó en el pelotón de cabeza de las potencias económicas emergentes.

Aunque ahora se descubran flaquezas en el despegue y aun tramas de corrupción que dañan el erario, no es menos cierto que la vitalidad de la economía brasileña al estallido de la crisis mundial fue motivo de análisis en todas partes. En el ejercicio correspondiente al año 2008, el siguiente a la crisis de las subprime y coetáneo de la quiebra del banco Lehman Brothers, el PIB del país creció el 7,5%. En los años siguientes, mientras las economías occidentales se deslizaban por la pendiente del decrecimiento, Brasil obtuvo la organización del Mundial de fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, dos acontecimientos que solo están al alcance de sociedades que pueden garantizar a la FIFA y al COI cuentas de resultados saneadas, al menos en el momento de concedérselas. Que hoy languidezcan las instalaciones construidas para aquellas dos grandes citas no hace más que subrayar la incapacidad de quienes en los dos últimos años se han ocupado más de ocultar sus vergüenzas y perseguir a sus contrincantes que de adecuar la economía brasileña al final de un ciclo expansivo.

Los comentarios amenazantes de algunos generales, con el espectro del golpe de Estado apenas oculto, completa un cuadro clínico que otras veces cercenó el desarrollo de una democracia asentada. El ambiente político en América Latina, tan cambiante los últimos años, tiende a privilegiar las alternativas autoritarias o simplemente conservadoras frente al reformismo social, mayoritario hace una década, y ahí los uniformados se mueven con destreza, mientras la base social del PT se deja llevar por la política de las emociones y la movilización, quizá menos dinámica que en el pasado y menos asistida de apoyos exteriores. Basta repasar la nómina de presidentes para concluir que al frente progresista le ha sucedido otro conservador, alentado además desde Estados Unidos por una Administración que favorece un cambio profundo en el ecosistema político latinoamericano.

Es posible que lo que Lula representa siga siendo un fenómeno digno de estudio en el campo académico, incluso cabe la posibilidad de que ni la cárcel ni las amenazas golpistas ni el comportamiento de los tribunales desanimen a la militancia del PT y al grueso de sus votantes, pero es difícil imaginar el futuro inmediato de Brasil en la órbita del líder condenado. Es más previsible, por el contrario, una complicidad expresa de diversos sectores de las finanzas, la política y la milicia para una solución que neutralice a los defensores de Lula, a los deseosos de que vuelva a Brasilia. Sea o no sea culpable Lula del delito por el que se le ha condenado, su regreso al puente de mando requiere tantos cambios en las casillas del tablero en que se juega la partida que se antoja algo poco menos que imposible verle disputar la presidencia una vez más.