El ‘caso Villar’, otro síntoma

La lógica de las finanzas globales se adueñó del deporte de élite hace mucho tiempo. El caso de Ángel María Villar, su hijo Gorka, un vicepresidente de la Federación Española de Fútbol y un ejecutivo de la federación canaria se enmarca en esa nuevo ámbito de actividad, o quizá no tan nuevo, en el que los asientos contables van por un lado y la realidad marcha por otro. Las cifras mareantes del deporte profesional, manejadas por gestores sometidos a controles poco contundentes, cuando los hay, hace posible que cada día sean más las áreas ensombrecidas por comisiones, contratos, prácticas dudosas y coleccionistas de estrellas dispuestos a destinar una ínfima parte de sus ingentes patrimonios para darse caprichos que rara vez no son de ocho cifras.
A todo esto, la televisión de pago ha abierto un nuevo frente en el que las federaciones, los clubes, los intermediarios, los organizadores de eventos y una legión de ejecutantes disponen de una fuente espectacular de ingresos. Por no hablar de los contratos de imagen de las grandes estrellas, con manifiesta propensión a cobijar sus cuentas corrientes en paraísos fiscales. Nada de lo desvelado estos días en el caso Villar escapa a este marco de referencia que envenena el espectáculo con dosis cada vez mayores de sospecha, de que algo profundamente insano mina el deporte de masas.
Después de los escándalos de la FIFA y de la UEFA, de la sorprendente elección de Catar para albergar el Mundial de Fútbol de 2022, del procesamiento de Sandro Rosell, del rompecabezas del fichaje de Neymar y de otros casos menores, pero no menos sintomáticos, el abrupto final del ciclo Villar –29 años en la presidencia– no hace más que subrayar la existencia de una trama de intereses, amiguismo y probables complicidades familiares que escapa a todo control hasta que un día interviene un juez. El economista José María Gay de Liébana insiste en cuanto tiene ocasión en la mala gestión económica de los clubs de fútbol españoles que disputan las ligas de Primera y de Segunda, la mayoría de ellos sociedades anónimas en situación delicada o en manos de empresarios geográficamente muy alejados de las pasiones que desata la competición. Y muchas de las cosas que suceden todos los días en los despachos tienen la apariencia de juegos de manos que se empeñan en dar la razón a Gay de Liébana.
Cuando aparece el propietario de un club dispuesto a pagar 80 millones de euros por Álvaro Morata, suplemente en el Real Madrid y en la selección española, no es que se distorsione el mercado, es que se esfuma en manos de un millonario ruso para quien desprenderse de tal cantidad no plantea mayores problemas, según se desprende de la cuantiosa operación. Cuando Cristiano Ronaldo se siente profundamente ofendido por habérsele reclamado el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en el país en el que se ha hecho millonario, es mayúscula la sorpresa para el resto de contribuyentes, modestos o no, que se personan todos los años en la ventanilla de Hacienda. Cuando por una localidad en la final de la última Champions se paga algún millar de euros, el disparate se consuma y todas las sospechas están fundamentadas. Cuando unos pocos futbolistas valen lo mismo para enardecer a multitudes que para anunciar cualquier cosa a cambio de contratos de imagen astronómicos, lo menos que puede decirse es que el río se ha salido de madre y lo de Villar y asociados está en consonancia con la incontrolada circulación de dinero que encubre un deporte cuya belleza e importancia social están sobradamente probadas.
“Pronto aprendí que la pelota nunca viene hacia uno por donde se espera que venga. Eso me ayudó mucho en la vida, sobre todo en las grandes ciudades, donde la gente no suele ser siempre lo que se dice derecha”, escribió el nobel Albert Camus, un apasionado del deporte, en el artículo Lo que le debo al fútbol. Pier Paolo Pasolini vio en el fútbol un sistema de signos, un lenguaje, un mecanismo de comunicación. Manuel Vázquez Montalbán, entre la política y la ironía, describió el Barça como “el ejército desarmado de Catalunya”. Y Eduardo Galeano colgaba un letrerito a la puerta de su casa, “Cerrado por fútbol”, en cuanto empezaba un Mundial. Hoy muchos domicilios cierran por fútbol con frecuencia, pero el fútbol como valiosa herramienta de socialización corre riesgos ciertos de mutar en algo ajeno al deporte o disfrazado de deporte.
A decir verdad, la desnaturalización o falseamiento o adulteración del deporte, siquiera sea financiera, no es solo un peligro para el fútbol. En torno a otras especialidades o acontecimientos –el boxeo, el baloncesto y el fútbol americano en Estados Unidos, los Juegos Olímpicos, un espectáculo multideportivo de alcance universal– los desafíos no son menores. Hace unas fechas, Juan Antonio Samaranch Salisachs, vicepresidente del COI, explicó la procedencia de los ingresos de la organización y el destino de los mismos: todo perfectamente comprensible, pero evidentemente complicado por una red capilar de supervisión inevitablemente intrincada que se extiende por medios sociales, políticos y culturales muy diferentes, con un muy desigual sentido del rigor y la utilidad pública. Otras veces, por algún motivo especial, entidades gestores del deporte a gran escala han hecho lo mismo que Samaranch, pero siempre ha quedado en el aire la sombra de la duda sobre hasta qué punto lo que figura en los papeles se corresponde con la verdad o, por el contrario, siempre hay resquicios para que circule el dinero extraoficial, poco o mucho, al apagarse los focos.
¿Es posible afirmar que hay demasiado dinero en juego para que todo sea transparente y cristalino? ¿El deporte que moviliza multitudes solo puede funcionar con algún sistema paralelo de ganancias y prebendas? Volvamos a Camus: “Después de muchos años en los que el mundo me ha procurado variadas experiencias, lo que más sé a la larga acerca de moral y de las obligaciones de los hombres, se lo debo al fútbol. Lo que aprendí con el RUA –su club–, no puede morir. Preservémoslo. Preservemos esta gran y digna imagen de nuestra juventud. También os vigilará a vosotros”. Sería reconfortante que el párrafo siguiera teniendo sentido.

Banderas en campaña

Solo la creencia de que prohibir la exhibición de estelades durante la final de la Copa del Rey llenaría de votos el zurrón del PP el 26-J explica el despropósito de Concepción Dancausa, delegada del Gobierno en Madrid, de promover tal medida. Las referencias a la ley del deporte del 2007, a la ley contra la violencia, el racismo y la xenofobia y al riesgo de que se vea alterada la seguridad durante la celebración del partido abundan en el disparate y causan estupor porque no son más que cortinas de humo para encubrir el sectarismo de una decisión descabellada. Es innecesario ser independentista para llegar a la conclusión de que la iniciativa de Dancausa establece un límite arbitrario a la libertad de expresión que ningún antecedente justifica: la estelada es, sin duda, la bandera de una facción política, pero hasta la fecha no ha sido sinónimo o coartada para recurrir a la violencia.

La sensata decisión del juez de Madrid Jesús Torres Martínez de invalidar la prohibición debiera sonrojar a quienes la defendieron, de Jesús Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, al orfeón gubernamental. Que a estas alturas de la historia alguien quiera sostener en España que el fútbol es solo fútbol y nada más que fútbol, resulta francamente pintoresco: en un espectáculo deportivo que comporta la interpretación de himnos, flamear de banderas y presencia abundantísima de autoridades en el palco, incluida la del jefe del Estado, pretender que la política no debe estar presente es una distorsión de la realidad que atenta contra la fuerza de los hechos. Si estos fueran otros, no aparecería la bandera española en el Bernabéu y otros campos (los que la enarbolan están en su perfectísimo derecho), y Manuel Vázquez Montalbán nunca hubiese dicho del Barça que es “el ejército de un país desarmado” (¡viva la ironía!).

En todos los nacionalismos, y el español no es una excepción, hay un fondo de fundamentalismo excluyente, y el conflicto asociado a la final no es diferente a otros muchos episodios que responden a una gran simplificación: nosotros y ellos. En el bien entendido de que tal simplificación lleva sin remedio a alguna forma de confrontación irresoluble. Si, además, hay una cita electoral a la vista y prevalece la suposición de que cuanto peor, mejor, entonces la prohibición de Dancausa se inscribe en una estrategia de propaganda y agitación encaminada a presentar al PP como el guardián de las esencias frente a otras opciones debilitadas por la propensión a la conllevancia orteguiana; menos patrióticas dirían los puristas partidarios de envolverse en la bandera.

Claro que luego sucede que entre los compañeros de partido de la promotora de la medida que tumbó el juez surgen no solo las dudas, sino la incomodidad evidente de verse obligados a defender lo indefendible y, por este camino, arrojar piedras contra su propio tejado. Así los dirigentes catalanes del PP de Ciudadanos, nada sospechosos de promover la independencia, pero tan desasistidos por el núcleo duro de los populares. En fin, basta aceptar que dos y dos son siempre cuatro en base diez, como enseñan en la escuela, para llegar a la conclusión de que no hay mejor manera de inyectar dosis extra de entusiasmo a la brega independentista y, quizá, de producir militantes para la causa de nuevo cuño que dar la vara durante unas horas con la prohibición de la estelada en el estadio Vicente Calderón.

Que desde entornos académicos tan diferentes como los de los profesores Francesc Valls, de la Universitat Autònoma de Barcelona, y Javier García Roca, de la Universidad Complutense de Madrid, se llegue a conclusiones coincidentes debiera preocupar a los rigoristas del Gobierno que tantas veces confunden la ley con un texto revelado y ven en toda discrepancia una afrenta. Dice García Roca: “La estelada es un símbolo de independencia, no de violencia. No es, por ejemplo, una cruz gamada nazi. No tiene nada que ver”. Y tal afirmación es tan meridianamente exacta que resulta agotador tener que repetirla ad nauseam, de la misma manera que lo es tener que recordar que el Tribunal Constitucional estableció en 1982 que la libertad de expresión es uno de los fundamentos de la sociedad democrática incluso cuando contiene opiniones que “pueden inquietar al Estado”.

¿Cómo es posible que antes de la resolución del juez Torres Martínez nadie en los despachos del Gobierno cayese en la misma cuenta que quien ha atendido los recursos presentados? Se dice en el texto salido del juzgado que la prohibición impide manifestar de forma pacífica una ideología política “sin que concurran razones y motivos con la entidad suficiente para poder restringir el uso de un derecho fundamental”. Es preocupante que sea preciso tal recordatorio, porque ese derecho fundamental, la libertad de expresión, es indisociable de la calidad de una democracia, resulte de ello algo que pueda “inquietar al Estado” o a quienes lo administran, o genere el ejercicio de tal libertad una atmósfera favorable a los gobernantes. Y es asimismo preocupante el apoyo dado por la fiscalía a la prohibición dictada por Dancausa en nombre de hipotéticos “perjuicios graves a intereses de terceros”, sin que se especifique si esos terceros son los seguidores del Sevilla (no parece), parte de los espectadores que verán el partido por televisión o quienes siguen creyendo que la calle no es de todos y los estadios, tampoco.

Resulta incomprensible que la misma semana que la deuda del Estado supera el valor del PIB, que la Unión Europea considera imponer a España una multa de 2.000 millones por incumplir el déficit –en realidad, se la impondría a los españoles, que sin comerlo ni beberlo sufrirían las consecuencias–, que la Púnica se asemeja a una hidra de siete cabezas y que el incendio de Seseña deja al descubierto la ineficacia de varias administraciones, pueda alguien perder el tiempo con una guerra de banderas. Como si la política de las emociones, si es que de eso de trata, hubiese de ser la piedra sillar sobre la que se asentará la campaña electoral; como si esa trifulca tuviese por objetivo o misión desviar el foco de asuntos menos triviales, más urgentes, más trascendentes, pero también de más difícil y costosa gestión. ¡Ay, las banderas!

 

Una empresa llamada FIFA

“El fútbol es la parte predecible de nuestra vida. Esto significa que sabemos dónde veremos la final de la Champions, pero no dónde nos va a llevar el resultado”.

Juan Villoro, escritor

Los brasileños saben que Juan Villoro está en lo cierto sin asomo de duda desde el 7-1 desgarrador de la noche del martes. Un ambiente de depresión nacional, de incertidumbre colectiva, se ha apoderado de la torcida, que es el país entero, y el Gobierno se tienta la ropa ante el temor de que el desaguisado tenga repercusión en las urnas, aliente de nuevo la protesta social y reactive las preguntas que movilizaron a la calle antes de que empezara la fiesta: ¿está justificado el derroche del Mundial cuando las favelas siguen siendo la imagen doliente de un país profundamente dual?, ¿no se pudo organizar la competición con una mayor y más sensata contención del gasto? A los gobernantes de la FIFA, que nunca han tenido que rendir cuentas más que a sí mismos, y aun con reservas, adónde llevará el resultado solo les importa en la medida en que la cuenta de resultados certifique que el negocio funciona a toda máquina.

Antes de que empezara el Mundial, el escritor uruguayo Eduardo Galeano declaró al diario brasileño O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Y otro uruguayo, Ricardo Peirano, editor del diario El Observador, de Montevideo, destemplado por la sanción impuesta a Luis Suárez a causa de su famoso mordisco, ha escrito: “Todo tiene un precio y la FIFA lo sabe bien. Tan bien maneja la FIFA sus recursos que tiene una pequeña reserva financiera en los bancos. Una reserva que asciende a más de 1.000 millones de dólares. Por las dudas”. Sumadas las palabras de Galeano y las de Peirano se llega a las de Ramón Besa en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”.

Peirano sostiene que la FIFA  “representa el cinismo por antonomasia”; Blesa habla de la pérdida de autoridad moral. El caso es grave, salvo que alguien siga creyendo que el fútbol es solo un juego. Dejó de serlo hace mucho, cuando se convirtió en un resorte de movilización universal, en un mecanismo transversal de socialización de una eficacia y trascendencia inusitadas, en un universo en expansión al que nada le es ajeno. El fútbol es la política por otros medios, la identidad con otras banderas, el sentido de pertenencia por razones distintas a las heredadas del nacionalismo romántico. De ahí que su compromiso con la ejemplaridad fuera lo menos que cabría esperar de cuantos lo dirigen; su disposición a garantizar la transparencia con una gestión decorosa, ordenada, precisa, regulada y púbica.

Nada de esto forma parte del ADN de la FIFA. Todo funciona en la opacidad más estricta, así sea la adjudicación del Mundial del 2022 a Catar o la intrincada trama de intereses tejida por los grandes patrocinadores. Mientras nadie duda de que llevar la Copa del Mundo a Catar es un despropósito que solo se explica por las irregularidades en la elección y el poder hipnótico de los petrodólares, la FIFA despacha el asunto con cuatro frases hechas que no hacen más que hinchar el globo de la sospecha. Al mismo tiempo que todas las voces sensatas reclaman incorporar al arbitraje tecnologías de última generación para evitar que lo que se ve en la televisión no se pite en el campo, la FIFA prefiere acogerse a normas y formas del siglo XIX cuando el fútbol, entonces sí, era solo un juego. En tiempos en los que cada vez más la opinión pública exige tener conocimiento de cuál es el origen y el destino del dinero, de todo el dinero, la FIFA gestiona un negocio de 4.000 millones de dólares –el Mundial y sus derivados– de cuya administración, fines y distribución se sabe muy poco por no decir nada.

“Las presiones ejercidas por la FIFA sobre el Gobierno brasileño para que adopte leyes antidemocráticas constituye en particular un precedente inquietante. Este intento de origen exterior, en nombre de los patrocinadores de la Copa del Mundo, subraya la amenaza que representan las multinacionales para sociedades civiles de articulación reciente”, señala la escritora estadounidense Naomi Wolf. Se refiere Wolf al intento torticero de poner límites a los derechos de reunión y manifestación durante el Mundial a fin de silenciar o limitar la protesta social. Pero se refiere también a la vergonzosa rectificación de la ley brasileña que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en los estadios con el único fin de que la cerveza Budweiser, patrocinadora del Mundial, pudiera venderse a los espectadores sin restricciones. Alude, en suma, a la intromisión en la soberanía nacional y al relativismo moral en nombre del negocio.

Caben toda clase de interpretaciones cada vez que Joseph Blatter toma la palabra: que lo hace en nombre de la FIFA, de quienes patrocinan sus competiciones, de ambas partes a la vez o, incluso, de otras razones e intereses no conocidos. El deporte de alta competición se ha convertido en un espacio de negocio apenas regulado por las instancias públicas, que atiende a sus propias reglas y a sus propios códigos de conducta. La FIFA expulsa a quienes recurren a los tribunales ordinarios y no reconoce más autoridad en la dilucidación de conflictos que la que se ha dado a sí misma. Eso es bastante más de lo que los colegios profesionales y otras organizaciones entienden por autorregulación y mucho menos de lo que en términos generales se conoce como seguridad jurídica.

¿También aquí es necesaria la seguridad jurídica? La pregunta es pura retórica porque la única respuesta posible es sí. En primer lugar, la precisan los futbolistas, que sostienen el espectáculo. En segundo lugar, la merecen tener los espectadores que financian el artificio de una forma u otra –comprando una entrada o bebiendo una cerveza–, que aspiran a que el juego sea disputado, tenso y limpio. No es mucho pedir. Tampoco es excesivo esperar de los gobiernos la entereza mínima necesaria para poner límites a los organizadores, por más trascendental y rentable que sea la Copa del Mundo, y quizá el equipo de Dilma Rousseff haya desvelado, aunque no por propia voluntad, qué reglas no escritas no deben aceptarse nunca: hay demasiados ciudadanos disgustados por la dispendiosa construcción de estadios y otras infraestructuras como para no prestarles atención.

La lección merece ser tenida en cuenta de aquí al verano del 2016, cuando Río de Janeiro acogerá los Juegos Olímpicos y el COI oficiará como gran administrador del acontecimiento. “En los últimos años, el fútbol ha perdido aquel brillo mágico que debería marcar cada partido”, dice Eduardo Galeano. Y en la declaración se halla implícito el lamento de cuantos, amantes del fútbol y del deporte en general, ven asomar a cada paso la sombra alargada de intereses creados. Es decir, ven en todos los escenarios la religión diseñada por la FIFA y por las multinacionales que un día vislumbró Manuel Vázquez Montalbán: “Los jugadores ya no son sacerdotes fundamentales, como tampoco los feligreses son los dueños de la iglesia: la llenan, pero el poder condicionante del dinero pasa por las exclusivas de televisión y la publicidad”. Es el signo de los tiempos en el Mundial y en todo lo demás.

El rearme moral de la ‘aznaridad’

El rearme moral de la derecha española se concreta todos los días en la aplicación de un programa de rectificaciones de la historia mediante resortes legales cargados de ideología y faltos de la más mínima predisposición al pacto. La mayoría absoluta permite a la derecha aprovechar la coyuntura parlamentaria para modificar todo aquello que hubo de aceptar a regañadientes durante la transición, en un clima entonces propicio a las reformas social y cultural. A esa derecha fiel a la tradición retardataria le cuadran las cuentas gracias a un estado de ánimo colectivo de carácter depresivo, las exigencias de la Iglesia católica, el propósito de someter la periferia a las necesidades del centro y el castigo que los mercados infligen a una economía deshilachada. Además, precisa sofocar los escándalos Gürtel-Bárcenas y la presidencia de Miguel Blesa en Caja Madrid, que han puesto al PP y a la aznaridad –recuérdese el libro de Manuel Vázquez Montalbán La aznaridad: por el imperio hacia Dios o por Dios hacia el imperio– frente al espejo de sus miserias.

La aznaridad

Portada de ‘La aznaridad’, publicado por Mondadori en el 2003

José María Aznar, liberado de los ademanes contenidos que exige estar en el Gobierno, lo resumió el viernes en pocas palabras: echa en falta un “proyecto histórico”. ¿Cuál debe ser este? La vuelta a los orígenes, el desvío del Estado democrático hacia puertos de arribada en los que tengan cabida los rasgos esenciales de la tradición conservadora menos dialogante, la restitución de los dogmas –los religiosos también– a los que la derecha española hubo de renunciar momentáneamente durante el proceso constituyente para sacar del atolladero a un país que no tenía encaje en Europa. A Aznar no le gusta la Constitución desde el primer día, las autonomías le parecen algo inmanejable, las exigencias de Europa se le antojan un mecanismo de intromisión inadmisible. Durante sus cuatro años de mayoría absoluta todo esto se hizo patente, y el martes, viéndole en Antena 3, la derecha de toda la vida se sintió ratificada en sus principios, aunque luego el PP y el Gobierno se hayan defendido sin disidencias de las críticas que les dirigió Aznar.

Aznar no desenvainó solo para que su presunta conexión con la trama Gürtel-Bárcenas se diluyera lo antes posible en el fragor de la entrevista, sino porque realmente su punto de vista es el de la derecha recalcitrante española, aquella que tiene de las instituciones europeas un concepto meramente instrumental y de la configuración de un Estado laico y descentralizado, una idea del todo accidental. La gran sorpresa para el Gobierno es que creía estar cumpliendo con la familia mediante un reparto asimétrico del coste social de la crisis, la obediencia a la Conferencia Episcopal y el homenaje al pasado del brazo de la División Azul, pero se ha sentido descolocado y discutido por una parte de los suyos, que han visto abierto con Aznar el tarro de las esencias, el retorno del espíritu del aznarato (1996-2004), término acuñado por Javier Tusell.

¿Qué mejor confirmación de que vamos por el buen camino?, debieron pensar los estrategas de Mariano Rajoy al leer Hay vida después de la crisis, de José Carlos Díez, impugnación en todos sus términos de las medidas económicas adoptadas por el Gobierno. Estamos donde debemos estar, concluyeron los asesores de la Moncloa cuando se toparon el domingo con esta frase en el blog de Díez: “Merkel y Rajoy siguen defendiendo todo lo que este economista observador dice en su libro que no hay que hacer y el resultado es un PIB desastroso y peores datos de empleo. En España ahora hemos pasado del España va bien a ‘no hemos pedido el rescate’. Rajoy lo ha dicho unas 10.000 veces esta semana”. Pero luego salió Aznar por la tele y, claro, las certidumbres se vinieron abajo, aunque no haya forma de saber si su crítica a los remedios aplicados a la crisis obedecen a la creencia sincera de que nos dirigimos hacia el precipicio o a que la europeización de España se le aparece al expresidente como una forma aviesa de desnaturalizar nuestras señas de identidad.

Hay vida después de la crisis

Portada de ‘Hay vida después de la crisis’, publicado este año por Plaza & Janes.

Por lo demás, no hay mayor distancia conceptual entre lo que pasa por la cabeza de Aznar y lo que barrunta un ministro como Jorge Fernández Díaz cuando se remite a la reconciliación nacional para justificar la presencia de María de los Llanos de Luna, delegada del Gobierno en Catalunya, en un homenaje de la Guardia Civil a la División Azul. No hay otro solar en Europa en el que se crea preciso y conveniente reconciliarse con los depositarios del legado nazi, por muy mayores que sean; hacerlo puede ser incluso delictivo en muchos países. Pero aquí aún hay quien ve en los divisionarios a héroes desprendidos dispuestos a defender al Occidente cristiano allí donde hiciese falta en aquella Europa arruinada por una guerra atroz.

Tampoco hay gran distancia entre la disciplinada obediencia gubernamental a la receta moral de la Iglesia católica y cuanto Aznar tiene por necesario. La construcción de un sistema político que garantice la neutralidad de los gobernantes nunca ha sido del gusto de la derecha inamovible, y esa batería de cambios, de la ley del aborto a la de educación, solo se explica a la luz del magisterio de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y de algo muy interiorizado por los fundamentalistas de todas las religiones: la prédica en los púlpitos y la política deben andar de la mano. Cuando el obispo Juan Antonio Martínez Camino, secretario de la CEE, declara que los partidos con “poca tradición democrática” -para el caso, el PSOE- son los que se oponen a que la asignatura de Religión valga lo mismo que cualquier otra, expresa una convicción interiorizada por la España monolítica que ve las cosas así desde tiempo inmemorial y entiende que el único adoctrinamiento legítimo es el del catecismo (piénsese en su inquina con la asignatura Educación para la Ciudadanía so pretexto de que adoctrinaba).

Entonces ¿cómo es posible que el padre dispare a dar contra sus hijos? ¿En qué disiente Aznar de la escrupulosa aplicación de los programas neoconservadores impuestos por Alemania vía Bruselas? ¿Qué de malo encuentra a cuanto se ha dispuesto para neutralizar el laicismo del Estado? ¿A quién se dirige cuando dice echar en falta un proyecto histórico? Quizá todo obedezca al hecho de que, como escribe Montserrat Domínguez, Aznar tiene menos influencia de la que supone en el sector más conservador y nostálgico del partido, pero, en cambio, sigue siendo el líder añorado por el núcleo duro del electorado conservador, aquel que ve en el Gobierno la práctica de un cuádruple vasallaje: a Europa, que exige obediencia a los estados periféricos endeudados; a la movilización, siquiera sea moderada, de las organizaciones sociales que hablan en nombre de las víctimas de la crisis; a algo muy parecido a una ideología espontánea de cariz laico que ha arraigado en un segmento social en el que confluyen diferentes corrientes progresistas, y a la aventura soberanista que agita Catalunya.

El aznarato

Portada de ‘El aznarato’, publicado por Aguilar en el 2004.

Ese núcleo duro reclama un proyecto histórico con independencia de algunas realidades que están a la vuelta de la esquina. “Hacia 2050, Asia será responsable del 50% de la producción mundial, Europa y América del Norte, de un 15% cada una, y América Latina y África, de algo menos del 10% cada una. La economía china doblará en tamaño a la de Estados Unidos y Alemania será la única economía europea entre las diez más grandes, por detrás de la India, Brasil, Indonesia, Rusia, Japón y tal vez Nigeria o México. Además, la India se convertirá en la mayor economía del mundo antes de 2050, ya que su población envejecerá más despacio que la de China”, pronostica un informe del Real Instituto Elcano de finales del año pasado, pero vaticinios como ese pesan poco en el imaginario colectivo de quienes ven en el Estado monolítico el compendio de todas sus ensoñaciones identitarias.

Según estadísticas elaboradas por el Banco Mundial, la economía española era la octava del mundo en 1990, con un PIB de 520.000 millones de dólares; hoy la décima economía es la de la India, con un PIB de 1,8 billones de dólares, el 70% por encima del PIB español. Contra esos vectores de crecimiento, que nada indica que se moderarán, cabe solo adaptarse al medio, ser eficaz y buscar salidas tangibles, o agarrar la bandera. Quien dice la bandera dice acogerse al fundamento de todos los nacionalismos: preservar las esencias de cuanto es ajeno a la patria imaginada. Claro que todo nacionalismo tiende a alimentar, por oposición, otros nacionalismos, y así sucede que en los discursos políticos en circulación, y el de Aznar no se sale de la norma, el nacionalismo exacerbado del centro da alas a los de la periferia, y estos, a su vez, al del centro. Ese es el juego y ese es el proyecto histórico que contenía el mensaje lanzado por Aznar mirando a los ojos de sus adeptos, sin mover un músculo, como el predestinado que cumple con una obligación asimismo histórica.

¿Cómo puede afectar todo esto al PP y al Gobierno? ¿Se trata simplemente de una tormenta de verano que escampará, como en la novela de Juan García Hortelano, en cuanto se serenen los espíritus turbados por las pasiones? Por lo que se va oyendo, el desafío de Aznar tiene recorrido, entre otras razones porque la oposición se ocupará con entusiasmo de hurgar en la herida de la división de los populares, y estos carecen de los instrumentos para evitar lo que ha logrado Barack Obama: que los escándalos de su Administración no dañen su popularidad, por encima del 50% según la última encuesta de la CNN. “El público simplemente ha separado los escándalos de Obama”, afirma Ezra Klein en The Washington Post, pero en una sociedad sacudida por desequilibrios desbocados, ¿puede reproducirse el fenómeno y salir Rajoy indemne de la disputa? Más parece que Aznar, al arrojar una piedra contra la superficie del estanque, quiso desencadenar un temporal y no un suave oleaje.