Viaje a lo desconocido de Venezuela

La carrera al galope hacia la fractura social y el enfrentamiento civil emprendida por Venezuela mediante la pugna entre Gobierno y oposición dispensa este fin de semana un nuevo marco de referencia: la elección de una llamada asamblea constituyente que pretende desactivar la Mesa de Unidad Democrática (MUD) mediante la creación de una nueva planta institucional que deje sin efecto la mayoría parlamentaria –112 escaños de 167–, obtenida por los adversarios del chavismo en las elecciones de 2015. Ninguna de las mediaciones, intermediaciones y misiones de buena voluntad que han viajado a Venezuela estos últimos meses han conseguido bajar las pulsaciones a una crisis que se desarrolla en medio de un descalabro económico asfixiante, y con el contador de muertos en la calle en marcha en esas manifestaciones y huelgas promovidas por la oposición y reprimidas sin contemplaciones.
El principio de acción y reacción se ha convertido en el único programa político que sobrevive a la pelea entre enemigos irreconciliables, entre un Parlamento legitimado por la victoria electoral y un Ejecutivo empecinado en seguir su camino aunque carece de mayoría para aplicar la receta bolivariana sin atenerse a los requerimientos de la MUD. Respaldado por los restos de la mayoría social que dio la victoria a Hugo Chávez en 1999 y en varias elecciones posteriores, el poschavismo nunca ha aceptado la exigencia democrática de que el Gobierno se someta al control del Parlamento y acepte la independencia del poder judicial; se ha creído con la autoridad moral o la legitimidad histórica de seguir con un programa impugnado en las urnas por la mayoría. El encarcelamiento de Leopoldo López, el estilo desafiante de Nicolás Maduro, el conflicto con la Fiscalía, la idea misma de abrir un proceso constituyente para liquidar al Parlamento, todo cuanto sucede hoy en el país ha agravado el desprestigio de un experimento sociopolítico que empezó a dar señales de agotamiento en cuanto el precio del petróleo cotizó a la baja. Frente a las teorías conspiratorias de Maduro y su círculo más cercano, que quizá contienen algo de verdad, prevalece la impresión de que la desastrosa gestión de la economía durante los años de bonanza ha condenado a Venezuela a la ruina y a la revolución bolivariana, al desprestigio.
Cuando el sociólogo francés Alain Touraine puso en duda en 2006 la capacidad transformadora del modelo chavista, abundaron las críticas. Pero el tiempo ha dado la razón a Touraine y se la ha quitado al coro encargado de exaltar la figura del líder desaparecido: “A pesar de los progresos logrados desde su elección –escribió–, el de Chávez sigue siendo un modelo débil de transformación social, si se consideran los inmensos recursos obtenidos por Venezuela por el aumento brutal del precio del petróleo”. Esto es, la aplicación de las misiones chavistas (programas sociales) fueron un ejemplo de políticas rentistas en una economía poco menos que de monocultivo, cuya viabilidad se desvaneció en cuanto el precio del barril dejó de ser el cuerno de la abundancia. Y el descenso del precio del petróleo coincidió en el tiempo con un retroceso de los abanderados del reformismo social en América Latina; se esfumó aquella atmósfera tan propicia a los ensayos socializantes.
Si a todo esto se añade la proliferación de errores de manual –expulsión de Nicholas Casey, corresponsal de The New York Times, arremetidas contra Mariano Rajoy, recurso al populismo económico (subidas de dos dígitos del salario mínimo con una inflación de tres dígitos, invocación de líderes desprestigiados (Daniel Ortega) o crepusculares (Raúl Castro)–, se llega a esta estación de fin de semana que no es de llegada a ninguna parte, sino que abre una gran incógnita: ¿al día siguiente qué? ¿Será suficiente sacar todo el jugo a la incontinencia verbal de Mike Pompeo, director de la CIA, que el 20 de julio dijo en Aspen (Colorado) que trabajaba duro para restablecer la democracia en Venezuela? ¿Será suficiente con presentar a México y Colombia como el frente conspirador manipulado por Estados Unidos para hacerse con el petróleo venezolano, según repite Maduro? ¿Será necesario que el poschavismo aguce el ingenio para dar vida a nuevos fantasmas?
Sorprende a un analista tan situado en las antípodas de la causa bolivariana como Andrés Oppenheimer que los despachos de Caracas insistan en la codicia estadounidense para hacerse con las reservas de crudo cuando se dan al menos tres factores para dudar de ello: Estados Unidos está a un paso de consolidar su autonomía energética, los países más ricos de la OPEP trabajan en programas para desollar energías alternativas o invertir en ellas y muchos de los yacimientos descubiertos los últimos años entrañan un coste de explotación ruinoso. Al mismo tiempo, resulta indescifrable el diseño de las relaciones con la Unión Europea –a través de España principalmente–, tan al alcance del equipo de Maduro. Y aún resulta más incomprensible que los admiradores de la república bolivariana en el exterior –aquí Podemos y vecindarios próximos– se pongan de perfil, incapaces de distinguir entre lo que es y lo que pudo ser, entre una vía de agua más o menos controlable y el hundimiento del Titanic.
Venezuela puso rumbo a lo desconocido hace tiempo y la elección de una constituyente vislumbrada por los ideólogos del poschavismo no hace más que oscurecer el futuro y suministrar a la oposición argumentos definitivos para ganar la batalla de la opinión pública, no solo de fronteras afuera, sino en el interior del país. Pretender que una asamblea elegida a espaldas de la legitimada por la Constitución puede desposeer a esta de sus competencias, disolverla, soslayar sus funciones o condenarla a vivir en tierra de nadie, sin que se debilite la solvencia y la imagen del Estado, es tanto como pensar que no pasará mucho más de lo que ya pasa: más de cien muertos en las manifestaciones, desabastecimiento, inflación galopante –puede llegar al 700% al acabar el año–, degradación de la sanidad y un largo etcétera de miserias.
No hay nada peor que desentenderse de la realidad cuando esta es tan evidente como el caos de Venezuela de todos los días. En las crisis sociales, ninguno de los inductores suele ser completamente inocente -solo las víctimas que las padecen lo son-, pero sí hay quienes tienen más medios para acometerlas y paliarlas. Seguramente el Gobierno de Venezuela los tuvo en algún momento, pero hoy carece de ellos salvo que lograse llegar a un acuerdo de mínimos con la oposición, algo tantas veces intentado y no conseguido que hoy se antoja una quimera. O acaso la antesala de una pesadilla porque lo peor aún puede estar por llegar.

La UE, en busca de su futuro

Vuelve la Unión Europea a preguntarse quiénes somos, de dónde venimos y adónde vamos con el desasosiego propio de un proyecto en crisis, consecuencia directa de una sociedad en crisis. Se preguntan los gestores de la UE si hay que seguir como hasta ahora para alcanzar un destino enigmático o indescifrable, si conviene volver al pasado del mercado único y poco más o es más atinado admitir que hay europeísmos y europeísmos y, en este caso, aceptar que quizá la respuesta se halle en una Europa a dos velocidades, aunque se ponga en riesgo la unidad de acción. Así cabe resumir las cinco opciones de futuro contenidas en el Libro blanco aprobado por la Comisión Europea y que deposita en manos de los estados para que sean sus gobernantes quienes indiquen el camino a seguir.

El procedimiento es razonable, pero los precedentes son desalentadores. En una atmósfera de pesimismo y provisionalidad a causa de las elecciones a la vista –Francia (abril-mayo) y Alemania (septiembre)–, cabe esperar un análisis confuso de los gobiernos, seguido de las consabidas discrepancias entre los grandes estados de la mitad occidental de la UE, el escepticismo del norte y el muy difuso europeísmo de los socios del este, metidos de hoz y coz en la recuperación del relato nacionalista que interrumpieron la segunda guerra mundial y las servidumbres de la guerra fría (dependencia de la Unión Soviética, economía planificada, partido único, etcétera).

Lo deseable sería que la cumbre convocada en París por François Hollande para reunir a Francia, Alemania, Italia y España en un debate que dé respuesta a la pregunta qué hacer fuese asimismo el punto de partido para sanear el ambiente, pero la debilidad de los convocados –un presidente con los días contados (Hollande), una cancillera al parecer declinante (Angela Merkel), un primer ministro de perfil bajo (Paolo Gentiloni) y Mariano Rajoy (presidente de un Gobierno minoritario)– presagia poco más que un catálogo de buenas intenciones, que no evitará los recelos de los no convocados, tan contrarios siempre a la concreción de un núcleo duro. Y a pesar de esa desconfianza y después del Brexit, la historia induce a pensar que sin un equipo directivo capaz de sobreponerse a las rivalidades nacionalistas, la UE tiende a desnaturalizarse, a aceptar como irremediable la cicatería de los europeístas a su pesar –Polonia, Hungría, la República Checa y otros–, las arengas populistas y el aplazamiento sine díe de la idea de unión entre diferentes.

La pregunta “¿quién gobernará en un mundo roto?”, formulada hace unas semanas por el profesor Dirk Helbing, puede trasladarse a Europa con pequeños retoques: ¿quién gobernará una Europa que tiende a romperse? Hay demasiadas amenazas en el horizonte para soslayar una respuesta imperiosamente necesaria, para corregir la distancia cada vez mayor entre las pulsiones de la opinión pública y las decisiones de los gobiernos (recuérdese la manifestación de Barcelona, tan reciente), para devolver a la política europea el prestigio que en su día tuvo mediante su capacidad para reinventarse.

La opinión muy extendida de que el poder está cambiando de manos a toda prisa a causa de la transformación de la economía, la degradación del Estado del bienestar después del hundimiento del universo comunista y el éxito momentáneo del modelo chino de expansión debiera llevar a la UE a algo más que a redactar un Libro blanco y sumergirse en la lógica estéril de las cumbres encadenadas que nada resuelven. Porque la claudicación de los grandes bloques ideológicos –democristianos, socialdemócratas y liberales– frente a los requisitos de las finanzas globales ha dañado la idea primigenia de los padres fundadores: el compromiso social para corregir las desigualdades. Ni siquiera se habla del capitalismo compasivo (días de Ronald Reagan) o de la refundación del capitalismo (excesos verbales de Nicolas Sarkozy), sino más bien del sometimiento de los programas políticos a las imposiciones de un modelo económico sin fronteras que escapa al control de las instituciones, cuando no condiciona su funcionamiento.

El vaticinio de Mark Leonard, director del European Council on Foreign Relations, de que los países occidentales deberán plantearse en un futuro inmediato la restitución del orden liberal frente al orden de facto surgido al margen de él, implica directamente a la UE frente al enfoque imprevisible que Donald Trump puede dar al asunto, secundado por el Gobierno de Theresa May, embarcada en reforzar una relación privilegiada con Estados Unidos al tiempo que negocia la deserción de la UE. Eso incluye subrayar el compromiso social de la organización y el de cada uno de sus estados, incluso en apartados tan incómodos para la contabilidad general como lo es el griego. Porque quizá es posible el futuro de la UE sin Grecia en términos superestructurales, o con Grecia convertida en un enfermo crónico, pero es improbable que en tal caso se restaure el prestigio institucional de la UE, ahora muy dañado por una resolución de la crisis que ha dejado demasiadas víctimas por el camino.

“Contra lo que solemos pensar, la historia se repite siempre, solo que se repite de formas tan distintas que a veces es difícil reconocerla. Ahora ni siquiera es difícil: ahora, sobre todo después de que los británicos hayan cometido el disparate de aislarse de Europa, como si fueran españoles del siglo XVII, y después de que los norteamericanos le hayan entregado el poder a un demagogo siniestro, casi se ha convertido en un cliché comparar nuestra época con la de los años treinta, hasta el punto de que algunos historiadores se han sentido obligados a recordar las diferencias entre ambas”, dijo el escritor Javier Cercas el 7 de diciembre al recibir el Premio al Libro Europeo por El impostor. Cercas ha dicho con frecuencia que “una Europa unida es la única utopía razonable”, y, claro, hay diferencias entre la pestilencia los años treinta y los populismos vociferantes de nuestros días, porque los colchones sociales, aunque averiados, siguen ahí. Pero si la UE se pliega a exigencias que aumenten el censo de vulnerables –ya son legión y no paran de crecer–, entonces todo es posible, incluso que se haga realidad el juego de palabras de George Bernard Shaw, citado por Cercas: “Lo único que se aprende de la experiencia es que no se aprende nada de la experiencia”. Para el caso, la vuelta a una Europa dislocada y sin peso, incapaz de desagraviar a los sacrificados en el altar de la austeridad y de una visión meramente contable de la UE.

Las dos orillas otra vez

Está de vuelta la vieja teoría o soflama de las dos orillas de la izquierda mediante la discusión habida en Vistalegre 2, tan antigua (la discusión, no Vistalegre). Aquello que surgió de la estrategia diseñada en su día por Julio Anguita ha reaparecido en la asamblea de Podemos y ha arrasado con otras hipótesis de trabajo, en especial la de comunicar las dos orillas con alguien a horcajadas –un pie en cada orilla–, Íñigo Errejón, un suponer. Esa determinación de ahora, que todo lo supedita a la victoria en las urnas –improbable–, renuncia al posibilismo y pretende consagrar como un acierto ante la opinión pública el voto de Podemos contra la investidura de Pedro Sánchez y, a partir de aquel momento, la convocatoria de nuevas elecciones, la pérdida de un millón de sufragios del conglomerado Unidos Podemos (27 de junio de 2016) y el asentamiento en la Moncloa de Mariano Rajoy.

Ese Retorno al pasado obliga a contar, como en la película de Jacques Tourneur, qué sucedió no hace tanto. Dicho sucintamente: los gobiernos de José María Aznar contaron con el inestimable apoyo indirecto –en diferido, diría María Dolores de Cospedal– de una de las orillas, la dirigida por Anguita, frente a la socialdemócrata, identificada por este, es posible afirmar, como el adversario a batir, a fagocitar o a debilitar. El éxito fue arrollador: en las elecciones del 2000, el PSOE perdió 16 diputados (se quedó en 125) y un millón y medio de votos menos con relación a 1996, no todos desaparecidos a causa de la doctrina orillista; Izquierda Unida se quedó sin 13 diputados y obtuvo solo 8 para una pérdida de 1,4 millones de votos, y el PP logró la mayoría absoluta (10,3 millones de votos y 183 diputados). La marea alta de los conservadores invadió las dos orillas sin mayores problemas ante la desorientación de los votantes de izquierda, sin distinción de orillas la mayoría de las veces.

A saber si la desorientación se mantiene o se ha abierto desde la orilla de Podemos una fase de esclarecimiento. De momento, se ha entrado en un periodo que reproduce, con otros actores, una división clásica en el bando de la izquierda heredera de la tradición política de los partidos comunistas, bien conocida en España a raíz del proceso de liquidación, política por lo menos, del PCE y del PSUC. La misma fragmentación desencadenada en Italia por la transformación del PCI, el más esclarecido e influyente de los pecés de Occidente, y en Francia, por la miniaturización del PCF y la aparición de nuevas siglas de futuro incierto. Favorecido todo en el presente por los efectos sociales de la crisis económica, la propensión de la familia socialdemócrata a plegarse a las recetas conservadoras y la aparición de terceras o cuartas vías de emergencia, de naturaleza populista, a ratos victoriosas (en Grecia, Syriza, atrapada en un laberinto de contradicciones).

En una situación de minorías enfrentadas –la aprobación del presupuesto, tan dificultosa–, con un Gobierno en minoría ejerciendo de facto con enorme desparpajo una hegemonía cultural–véanse los Telediarios, la composición de las tertulias en TVE y las entregas de Informe Semanal, tan analizadas por Ferran Monegal, entre otros fenómenos– que poco tiene que ver con los resultados de junio, y con la función catártica de los tribunales –corrupción, independentismo y otras complicaciones–, la apelación genérica a la movilización contrasta con la realidad: una izquierda sociológica dividida entre la desilusión, el escepticismo y el comportamiento de bastantes de sus líderes, no solo los de Podemos. Hacer política a ratos en el Congreso a ratos en la calle (Pablo Iglesias, en la tarima) o denostar la orilla opuesta (se hace en ambos sentidos) se antoja lejos de la lógica aspiración del votante progresista medio de contar de nuevo con certidumbres razonables.

¿Alguien en la izquierda emite señales de renovación y compromiso para alcanzar objetivos concretos? Ni Podemos, dispuesto más que nunca a disputar el espacio político al PSOE a toda costa, ni el PSOE, condenado a la larga interinidad de una gestora y que ve en Podemos su mayor adversario, están en disposición de poner remedio a la desorientación. La idea de Antonio Gramsci de forjar alianzas que contrarresten el modelo cultural hegemónico vive muy malos días, ensombrecido por la pugna para una hipotética aunque improbable hegemonía en las urnas, según todas las encuestas. Cuando la disputa no es por lograr la victoria, sino por quedar segundo en el mejor de los casos, o se opta por sumar fuerzas o se instala en el ánimo el complejo de Poulidor, aquel ciclista francés que anduvo siempre a rueda de Anquetil, a veces más cerca, a veces más lejos, pero nunca ganó el Tour.

Si en la confrontación por la segunda plaza se abunda en la simplificación de los problemas, es posible que se logre retener a los convencidos, pero es dudoso que se atraiga nuevos efectivos a la causa, según atestiguan las oscilaciones de voto entre diciembre del 2015 y junio del 2016. “Nuestros sistemas políticos no están siendo capaces de gestionar la creciente complejidad del mundo y son impotentes ante quienes ofrecen una simplificación tranquilizadora, aunque sea al precio de una grosera falsificación de la realidad y no representen más que un alivio pasajero”, ha escrito Daniel Innerarity, y algún papel se ha reservado a la simplificación en la nueva versión de las dos orillas. Porque la aparente lejanía entre una y otra obedece más al discurso reiterativo de los líderes que a la percepción de bastantes votantes, siempre muchos más que los militantes.

En el mismo artículo afirma Innerarity que quien osa desarrollar una aproximación argumentada a problemas complejos tiene las de perder “frente a quien establezca unas demarcaciones rotundas entre nosotros y ellos, o entre las élites y el pueblo, de manera que la responsabilidad y la inocencia se localicen de un modo tranquilizador”. No es el caso solo de Podemos, pero este partido ha sucumbido a la tentación de levantar una barrera infranqueable entre nosotros y ellos, y ha llevado al establishment del PSOE a sentirse legitimado para presentar como una herejía cualquier forma de acercamiento a la orilla podemista (Susana Díaz, en la tribuna de oradores). Algo seguramente útil para desactivar a quienes siguieron a Pedro Sánchez en su experiencia al frente del partido después de las elecciones del 2015 y hoy le siguen en su brega por regresar al puente de mando, pero insuficiente para recomponer la red de complicidades sociales que en su día distinguió al PSOE.

“Los partidos de hoy son sobre todo máquinas de poder y de clientelismo, con un escaso o erróneo conocimiento de la vida y de los problemas de la sociedad, de la gente”, dijo en 1981 Enrico Berlinguer, secretario general del PCI. ¿Cómo corregir esa tendencia degenerativa del papel de los partidos? No es esta una pregunta que afecte solo o principalmente a la izquierda, pero en un periodo de retroceso de las fuerzas progresistas, un cambio de hábitos es casi una necesidad acuciante para sobrevivir, para abandonar el papel secundario a que parecen condenados, más con dos orillas que con una, según es posible deducir del presente y de la progresión de las utopías regresivas en todas partes.

Nacionalismos en ascenso

El eslogan Brexit is brexit, tan repetido, se ha transmutado en otro más rotundo e inquietante: Brexit is hard brexit (tradúzcase hard por duro o extremo). La transformación se ha producido a lomos del caballo desbocado del nacionalismo que todo lo coloniza, de esa propensión irrefrenable en mirarse el ombligo, volver la vista al pasado y dar rienda suelta a un sectarismo desmedido. Cuando Theresa May, primera ministra del Reino Unido, sostiene que quien se declara ciudadano del mundo no es ciudadano de ninguna parte, no hace más que reafirmarse en la idea de que la nación debe prevalecer por encima de cualquier otro interés o seña de identidad, sea esta la Unión Europea u otro ámbito que dé cobijo a más de una bandera.

La dolencia no es solo británica o especialmente británica, aunque allí haya desencadenado la salida de la UE en plazos y condiciones por el momento inextricables. En la disparatada campaña de Donald Trump hay dosis espectaculares de demagogia e ignorancia extravagantes, pero también mucho nacionalismo exacerbado, una forma de fundamentalismo tan pernicioso y corto de miras como cualquier otro que se precie, sea en nombre de Dios o de los hombres. En el cruce de despropósitos que ha dejado a Trump sin partido y a los republicanos, sin candidato a la presidencia, un nacionalismo rudimentario y ramplón ha desempeñado un papel principal. Que este nacionalismo a toda máquina se antoje incompatible con la devoción –real o fingida– de Trump por otro nacionalista sin freno como Vladimir Putin resulta al cabo menos importante que los cuatro tópicos que cautivan a una parte del electorado blanco –clase media empobrecida o desencantada– que busca en la bandera la restitución de los privilegios perdidos, la reparación del desposeimiento que sintió con la elección de Barack Obama y que desde entonces no lo ha abandonado.

El fenómeno se extiende por doquier con pasmosa facilidad. Nicolas Sarkozy adopta los ingredientes más sectarios del Frente Nacional para neutralizar a Marine Le Pen mediante una adaptación tan cercana de su programa al de la líder de la extrema derecha de Francia que muy pronto no habrá forma de distinguir uno y otro. En Hungría solo la tasa de abstención en un referéndum ha evitado la aplicación de un nacionalismo xenófobo y destemplado en la gestión de la crisis de los refugiados. Aquí y allá la mitología de las identidades locales se impone a cualquier otra consideración y, llegado el caso, se construye un relato histórico ajeno a la historia, apegado al mito, a las edades de oro que pueden exhibir todas las naciones, comunidades y grupos humanos, aunque para ello sea necesario remontarse a un remoto pasado cuya verosimilitud resulta indescifrable, indemostrable o por lo menos discutible.

La globalización ha desenterrado los mitos nacionales y ha restablecido su vigencia a causa de los costes sociales de las finanzas y el comercio sin fronteras, de la asimetría cada vez mayor en el reparto de la riqueza, del paulatino desmoronamiento del Estado del bienestar en Europa, del modelo social regresivo articulado por las economías emergentes, de los flujos migratorios provocados por las guerras inconclusas y la pobreza extrema y del estéril desgaste de los sistemas democráticos al justificar lo injustificable. Frente al horror vacui por la ausencia de futuro surge el recurso a la nación como puerto de refugio; la nación como salvación colectiva que contiene la presión exterior, se impone a los requisitos de sistemas supranacionales y se desentiende de cuanto siente que puede modificar sus señas de identidad: los refugiados, el euro, los inmigrantes hispanos –en Estados Unidos– y otros ingredientes de naturaleza muy variada.

El larguísimo editorial publicado el último domingo por el semanario británico The Observer, de alma liberal y tradición comedida, rompió por una vez con su estilo contenido para afirmar lisa y llanamente que Liam Fox, secretario de Comercio Exterior, “debe buscarse otro trabajo” si cree de verdad que el Reino Unido, negociando a solas, puede lograr mejor trato en China, la India o Estados Unidos que haciéndolo como socio de la UE. Y esta no era la peor de las críticas dirigidas a un Gobierno que, adaptado a los excesos verbales del UKIP, un partido en crisis después de lograr la victoria del brexit, parece haberse sumido en la irreflexión en nombre de las esencias, así se ponga en juego la suerte de la libra, la pertenencia al mercado único o el futuro de los centenares de miles de extranjero que han construido su vida en el Reino Unido. Con una paradoja o consecuencia inmediata: alimentar el nacionalismo escocés, que se alarma y moviliza ante la posibilidad de quedar fuera de la UE no a causa de su eventual independencia, sino del viaje a ninguna parte emprendido por el Gobierno británico.

Este renacimiento de la nación como referencia primera y razón última suplanta el debate ideológico o lo simplifica. Susana Díaz puso patas arriba el PSOE con el argumento rotundo de que –más o menos– ahora España es lo primero y luego ya se verá adónde se encamina el partido, algo que firmaría cualquier nacionalista rancio con independencia de su adscripción política. Promover la abstención en el Congreso no es el resultado de una reflexión ideológica, sino de una necesidad acuciante sobrevenida, tener Gobierno, aunque este Gobierno que urge sea el mismo o casi el mismo que se pone de perfil cuando declara Francisco Correa, y las apelaciones a las necesidades apremiantes de la nación resultan insuficientes para atenuar la pestilencia. Mientras el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca ve “simple y llanamente, condonar la corrupción del PP” en la abstención que permitirá a Mariano Rajoy formar Gobierno, el nacionalismo (español en este caso) ve en el gesto un sacrificio necesario en el altar de la nación, una obligación ineludible.

¿A quién puede sorprender que frente a esta modalidad de nacionalismo centrípeto surja, se consolide y llene la calle otro centrífugo, asimismo simplificador del presente y del pasado? ¿A quién puede sorprender que en Europa se multipliquen los casos de desafección, de incomodidad dentro de algunos estados si estos, a su vez, alumbran todos los días nuevas formas de nacionalismo antieuropeo, a veces muy agresivo, o de europeísmo sin más interés que hacer buenos negocios en una zona de libre cambio? ¿A quién puede sorprender, en fin, que el populismo asome por todas partes si comparte con el nacionalismo, tan difundido, el hábito de simplificar los conflictos sociales y políticos, reduciéndolos a eslóganes llamativos con una capacidad de convicción inmediata? A nadie, seguramente.

 

Una crisis de identidad

La crisis que despedaza al PSOE y pone al más veterano partido español en la senda del caos obedece a muy variados factores, entre ellos la crisis de identidad de la socialdemocracia europea, que se remonta a los albores de la globalización como santo y seña de la economía occidental. Desde aquel entonces, comienzos de los 80, todos los cambios ocurridos –creación del Sistema Monetario Europeo, desaparición de la Unión Soviética, unificación de Alemania, ampliación de la UE y respuesta a la crisis de 2008, entre otros– han empequeñecido la alternativa socialdemócrata, sometida a un posibilismo de bajos vuelos y resignada a aceptar las reglas impuestas por la charcutería política y el reparto del poder más allá de las urnas. Si alguna vez la hegemonía cultural tuvo perfil socialdemócrata, y esto es mucho suponer, hace tiempo que pasó a manos del pensamiento conservador más retardatario y menos comprometido en el combate contra la desigualdad social, y la pelea en curso en las filas del PSOE no es ajena a esa desfiguración socialdemócrata, aunque los personalismos pesen lo suyo y hayan marginado la discusión ideológica.

François Mitterrand declaró en febrero de 1983: “Estoy dividido entre dos ambiciones: la de la construcción europea y la de la justicia social. El Sistema Monetario Europeo es necesario para lograr la primera y limita mi libertad para la segunda”. En la práctica, la construcción europea, tal como se enfocó en los años siguientes, hizo poco menos que inviable todo reformismo que obligara a replantearla. Decir “no, por ahí no” en nombre de los equilibrios sociales se hizo cada vez más difícil, y la socialdemocracia se alejó sin pausa de su legado histórico, aquel que después de la segunda guerra mundial le otorgó el papel de contrapeso del pensamiento conservador y le permitió ser un factor determinante en la reconstrucción de Europa junto con la democracia cristiana. Así mutó el ADN de los partidos socialdemócratas hasta aparecer como partidos social-liberales, cada vez más liberales y menos sociales, cada vez más sorprendentemente transmutados en parte inseparable y muy poco distinguible del resto del establishment europeo.

Es una ingenuidad suponer que el PSOE vivió al margen de esta lógica. La hegemonía cultural del pensamiento conservador también afectó a su deriva ideológica, en 34 años pasó de 202 diputados (octubre de 1982) a 85 (junio de 2016) y careció de capacidad de respuesta frente a la aparición de movimientos políticos nuevos, surgidos en medio de la crisis social, el empobrecimiento de las clases medias y las exigencias abusivas de Bruselas para corregir desequilibrios económicos estructurales casi endémicos. Mientras el sistema financiero jaleó la cirugía de hierro practicada por el PP, la contención socialista produjo una legión de defraudados, así se pasó del equilibrio social como objetivo a los desequilibrios sociales como sistema –leer a Thomas Piketty es poco menos que imprescindible–, y de ahí a la aparición de Podemos, mezcla heteróclita de corrientes políticas de izquierda –no todas radicales, por mucho que se diga– en situación de resucitar la vieja teoría de las dos orillas (de la izquierda, claro).

Quienes gasten buena memoria recordarán que este de las dos orillas fue el gran invento o juego de manos de Julio Anguita, que resultó del todo beneficioso para los gobiernos de José María Aznar y desorientó a una parte de los votantes tributarios de la cultura política comunista en sus muchas y muy variadas acepciones. Porque aquella teoría de las dos orillas llevaba implícita al erosión del PSOE a cambio de un crecimiento siempre modesto de la izquierda de la socialdemocracia, insuficiente en todo caso para alarmar a los conservadores. Puede que en el fondo de la teoría de las dos orillas alentara el recuerdo de aquel crucigrama francés llamado Programa Común, pilotado por Mitterrand, que le permitió llegar a la presidencia y devastó al Partido Comunista; quizá la teoría de las dos orillas fuera un apósito, un parche para contener una hemorragia: el lento proceso de jibarización del poscomunismo.

Pablo Iglesias ha vuelto a las dos orillas o algo parecido, aunque sin mencionarlo o darle nombre. Su abrazo emocionado a Anguita (13 de mayo) pareció confirmarlo después de que el exlíder de Izquierda Unida declarara que Podemos había logrado lo que él siempre persiguió. Hay en todo ello riesgo de absorción, de debilitamiento del PSOE al pasar los votantes de una orilla a otra, decepcionados con la respuesta socialdemócrata a la crisis, descontentos con esa adecuación a los aspectos más lacerantes de la resolución o salida de la crisis. Y en este punto se entienden los recelos de los barones y aún su oposición a pergeñar un pacto con Podemos de estabilidad más que dudosa y rentabilidad política desconocida.

Lo que resulta por lo menos discutible, y lleva directamente a buscar explicaciones en el desfallecimiento de la socialdemocracia europea, de su identidad política, es la insistencia de las baronías en facilitar la investidura de Mariano Rajoy en nombre de una difusa, profusa y confusa responsabilidad política o razón de Estado, un pretexto tan socorrido que merece aplicársele la irónica sentencia surgida de la pluma de Miguel de Cervantes: “La razón de la sinrazón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura” (la del Estado). Como si fuese más responsable y razonable dar facilidades al PP mediante la abstención para que pueda formar Gobierno que atender a los argumentos de Pedro Sánchez hasta llegar a la situación presente, con el secretario general atrincherado en su despacho, la vieja guardia en un grito y la militancia y los votantes –siempre menguantes– preguntándose qué está sucediendo, cómo es posible que se haya impuesto la táctica de la derecha –esperar a que el tiempo pudra la situación– hasta dejar al partido exhausto.

No hay peor ni más dañino fuego que el fuego amigo, y este se dispara a discreción o mediante ocultamiento en la sede socialista desde bastante antes de que Sánchez encadenara errores hasta aparecer como un líder obstinado y parapetado en el puente de mando. Hay tanto ruido en esta insólita crisis, tantos personalismos envueltos en la bandera –debiera decirse acaso las banderas, sumadas al suceso las de varias autonomías–, que no hay forma de deslindar las preocupaciones legítimas por la gobernabilidad de la reyerta interna por el poder, reducido a su mínima expresión el debate de las ideas. Pero esta historia de despropósitos no debiera extrañar a nadie porque, como ha quedado dicho, la hegemonía cultural –de cultura política– la ostenta la derecha y la socialdemocracia busca sin encontrar. Véase la desnaturalización del Partido Socialista en Francia, sometido a la ducha escocesa de Manuel Valls –un día el Estado lo es todo y al día siguiente lo es el mercado– y a las divagaciones de François Hollande, véase la sujeción de la socialdemocracia alemana a la receta de Angela Merkel o esa enigmática apuesta del laborismo británico por Jeremy Corbyn, tan propia del comportamiento errático del partido; véase todo, quizá, bajo la luz de una identidad desdibujada por la Realpolitik en su significado menos tolerable.

“Esta extraña época no solo ha conformado a las élites y a los hombres de Estado, sino que, además, se dotó de un cuerpo doctrinal que postulaba el inmovilismo”, escribió Alain Minc en La nueva Edad Media. El libro fue publicado en Francia en 1993, y la frase remite a las reglas de la guerra fría y del equilibrio nuclear, pero puede aplicarse al presente, al inmovilismo que atenaza a la izquierda clásica, la socialdemocracia forma parte de ella, frente a la lógica innegociable de la globalización, de la salida de la crisis mediante la austeridad como receta única y asimismo innegociable. Muchas de las debilidades del PSOE que han aflorado en ese terremoto por el poder que zarandea al partido son de estricta obediencia española, pero otras, bastantes, proceden de una pregunta sin respuesta en el espacio socialdemócrata europeo: ¿adónde vamos? No sería mal comienzo que los nietos de Willy Brandt sometieran a reflexión esta frase suya: “Estamos contra los cínicos que oprimen a sociedades enteras”.

Francia, en el túnel de la fractura social

La reforma laboral puesta en marcha en Francia ha enardecido la calle, dividido al Partido Socialista (PS) una vez más y dejado en estado de debilidad extrema a François Hollande a un año justo de la elección presidencial. La conocida como ley El Khomri por el apellido de la ministra que la promueve, tiene el perfume inconfundible de la legislación española impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy y hace temer a los sindicatos, a diferentes versiones de la izquierda y a organizaciones cívicas de nuevo cuño que el efecto inmediato de la reforma sea una desregulación del mercado de trabajo que, en el colmo de las paradojas, ni siquiera complace a la derecha, siquiera sea porque todo vale para disparar al pianista (Hollande) a un año de que el despacho del Eliseo esté en juego.

Al recurrir a un privilegio del Ejecutivo para sacar adelante la ley mediante una aplicación forzada de la Constitución, el presidente de la República y el Gobierno de Manuel Valls han oficializado la fractura entre el Ejecutivo y una parte no desdeñable del grupo parlamentario socialista, mayoritario en la Asamblea Nacional, pero minado por el debate ideológico. Nunca se ha sentido el ala izquierda del PS satisfecha con el rumbo dado por Hollande a su presidencia, pero cuando pertenecen al partido 26 de los 56 firmantes de una moción de censura animada por diferentes fuerzas progresistas, la situación adquiere tintes de extrema gravedad. Que luego faltaran dos firmas y la moción no prosperara es menos importante que el hecho mismo de que sumaran su nombre a una iniciativa que, a fin de cuentas, fue la respuesta a una ley considerada regresiva, que el Gobierno defiende como fundamental, ineludible, para rescatar la economía francesa de la atonía, pero que es tenida por desastrosa por cuantos la impugnan desde la izquierda, atentos todos ellos a la degradación del mercado de trabajo en España (precariedad, contratación temporal creciente, caída de los salarios, etcétera).

Está la atmósfera de Francia cargada con la electricidad de un gran divorcio entre el poder y la calle; entre las exigencias de la economía global y las conquistas sociales de la Quinta República; entre las recetas de los eurócratas y el sentimiento nacional herido. Las concentraciones en la plaza de la República de París, el movimiento Nuit Debout, las proclamas de Les Économistes Atterrés, del que forma parte el elocuente Frédéric Lordon, uno de los rostros más visibles de las protestas, todo configura una doble fractura: genérica, porque aleja al Gobierno de su electorado tradicional, y generacional en el seno de la clase media, de donde procede el grueso de los jóvenes movilizados contra la ley, decepcionados por un futuro que temen peor que el presente, y que están convencidos de que deberán amoldarse a unos estándares de vida menos confortables que los que disfrutaron sus padres. De tal manera que se antoja demasiado fácil, por no decir injusto, aplicar el sobrenombre de bobobourgeois-bohème– a los movilizados de hoy, rescatando el apelativo aplicado por el frente gaullista a los agitadores de la Sorbona en mayo de 1968.

El argumento central de la izquierda para presentar la moción de censura que en última instancia no prosperó se remite a un solo dato: “A una situación excepcional, una respuesta excepcional”. La reflexión de la derecha al presentar una moción de censura, finalmente derrotada, fue un paso más allá al preguntarse si el presidente no debía disolver la Asamblea Nacional y convocar elecciones para abrir la posibilidad de que se forme una nueva mayoría. El periódico conservador Le Figaro trasmitió la pregunta a sus lectores a sabiendas de que Hollande no se expondrá a una debacle electoral antes de tiempo, pero desde el mismo momento en que el Gobierno optó por el camino expeditivo del artículo 49.3 de la Constitución –lo que evitó en primera instancia que la reforma laboral fuese debatida en la Cámara– se abrió la veda; pudiera decirse que la campaña electoral ha empezado once meses antes de lo previsto.

El intelectual Jean Daniel entiende que cuanto sucede es resultado de un largo proceso en el que “la izquierda ha intentado acomodarse a la economía de mercado, llamada también capitalismo, mientras que la derecha se habituaba a ser liberal y centrista”. “Este trastorno se producía suavemente –sigue Daniel en las páginas de Le Nouvel Observateur, el semanario que fundó–, en todo caso sin una agresividad provocadora. Hasta que llegaron las consecuencias de la mundialización, de la descolonización, de la inmigración, de las primaveras árabes y de la demencia revolucionaria. Sufrimos el paro y la falta de crecimiento, y hemos visto aparecer la violencia religiosa en todo su nihilismo. La reacción se ha producido”.

Quizá el conglomerado social de Nuit Debout, semejante en muchas cosas al 15-M español, no comparta por completo el punto de vista de Daniel, pero puede seguirse en él el rastro de una sociedad en crisis. Si a ello se añade la incapacidad manifiesta de Hollande y Valls para reformar a través del consenso, como se argumenta en un análisis publicado por el diario progresista Le Monde, es fácil llegar a la conclusión de que el modelo francés de sociedad del bienestar, superviviente de numerosas pruebas, emite señales de agotamiento, genera dosis cada vez mayores de insatisfacción y desorienta a una parte de la opinión pública, dispuesta a invocar los valores intangibles de la nación mediante la peor de las opciones posibles: la extrema derecha encabezada por Marine Le Pen. No hay en la demagogia del Frente Nacional otra cosa que la explotación del miedo acumulado por ciudadanos asustados por los desafíos de un mundo cambiante, las finanzas globales, el terrorismo yihadista y una sensación de vulnerabilidad extrema, pero no por ello deja de resultar atractiva la oferta para los electores con alma conservadora.

La fronda en el Parlamento y en la calle, tan apegada a la historia de Francia desde los días del cardenal Mazarino y de Luis XIV, no es formalmente muy distinta a las anteriores, salvo en el apego al realismo: nadie busca la playa bajo los adoquines como en las jornadas del 68, sino que no se configure un futuro poco halagüeño, con una acumulación insoportable de víctimas de la historia en la cuneta del camino hacia no se sabe dónde. El filósofo Edgar Morin habla de una crisis planetaria, de civilización, a la que no escapa Francia, cuya primera consecuencia es un deterioro social, industrial, geográfico, territorial y humano. El futuro no es solo una incógnita, como siempre lo ha sido desde la noche de los tiempos, sino una angustia; cada vez son menos los que confían en que el mañana sea mejor que el presente y, al mismo tiempo, redoblan sus esfuerzos para convencer los profetas del crecimiento ilimitado, de la liberación tecnológica y de la marginalidad de los saberes humanísticos.

La composición heterogénea de las manifestaciones y concentraciones que desde hace días alteran la agenda política del Gobierno de Francia es la prueba fehaciente de que la sensación de oscuridad que viene del futuro es compartida por un segmento ideológico y social cada vez más amplio. El profesor Roland Gori se refiere en las páginas de Libération a la vigencia del taylorismo (por Frederick Taylor), aquella corriente económica de principios del siglo XX orientada a aumentar la productividad y a neutralizar el control sindical sobre los ritmos de producción, un pensamiento que quizá reverdece, aunque hasta no hace mucho pareció superado por el pacto social y la confluencia de la democracia cristiana y la socialdemocracia en un modelo humanamente sostenible. Quién y en qué condiciones puede capitalizar el subsiguiente descontento angustiado, es impredecible; depende en gran medida de cuál sea la sensibilidad del establishment para evitar la fractura o para dar vida a nuevas etiquetas políticas atentas a las reclamaciones de los movilizados, de cuantos ven en la salida de la crisis la quiebra de un engarce social equilibrado.

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

El Gobierno elude el control

1Las explicaciones ofrecidas por el PP para evitar la comparecencia en el Congreso de miembros del Gobierno en funciones para someterse al control de la Cámara son del todo discutibles y, en última instancia, plantean un conflicto de competencias y atribuciones que no hace más que desviar la atención sobre el asunto político principal: la imposibilidad de formar un Gobierno tres meses después de celebradas las elecciones legislativas. Esta situación de provisionalidad, que desgasta singularmente la arquitectura de los populares y de Podemos, erosiona también el funcionamiento convencional de los poderes del Estado, del que el control parlamentario de la gestión del Gobierno es parte esencial. Resulta inverosímil que so pretexto de que el Gobierno en funciones no toma decisiones políticas –en realidad, todas lo son, incluidas las más aparentemente administrativas–, no debe dar explicaciones al Legislativo, someterse a su control político, algo que se antoja por completo ajeno a la naturaleza misma de la democracia.

La incomparecencia de Pedro Morenés ante la Comisión de Defensa del Congreso, al igual que la negativa del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de personarse en el pleno de la Cámara para poner al día a los diputados acerca de los asuntos a debatir y en su caso aprobar por el Consejo Europeo de esta semana, especialmente en cuanto atañe a la crisis de los refugiados en Europa, trasluce un temor cerval a enfrentarse a las críticas de un Parlamento profundamente diferente al de la mayoría absoluta del PP. Detrás de la retorcida interpretación difundida por los portavoces populares alienta la misma lógica que llevó a Rajoy a no atender el encargo de formar Gobierno para evitar la crítica política de un Parlamento sin disponer de mayoría. Pero la realidad tozuda e insoslayable es que, mientras una controversia de naturaleza política se quiere disfrazar con una digresión jurídica que puede acabar en el Tribunal Constitucional o en la vía penal (Ciudadanos no lo descarta), la comunidad académica es bastante unánime en considerar que la condición de Gobierno en funciones no libera a este de dar explicaciones en el Congreso.

La carta dirigida por la vicepresidenta  Soraya Sáenz de Santamaría al presidente del Cogreso, Patxi López, en la que asegura que el Gobierno en funciones actúa “con la debida lealtad al Parlamento” tiene muy escaso valor como explicación de la conducta seguida hasta la fecha: la lealtad es una cualidad política de naturaleza evanescente e imposible de medir. En cambio, el análisis de la situación que hace el catedrático Antonio Torres del Moral, de la UNED, se ciñe a un principio del que es muy difícil disentir: “No puede entenderse que la ausencia de una relación de confianza entre el Gobierno en funciones y el Parlamento lleva a una irresponsabilidad de ese Gobierno”. Como afirma el profesor Torres del Moral en Abc, el Gobierno está en funciones, pero el Estado no se detiene –luego el Gobierno tampoco lo hace–, como por cierto ha insistido el propio Rajoy varias veces a raíz de la impugnación de decisiones adoptadas por el Ejecutivo catalán (la creación de una Conselleria de Relacions Exteriors, por ejemplo). ¿Qué decir, entonces, de la participación en cumbres europeas o de la OTAN –el asunto que compete a Morenés–, donde se adoptan decisiones que afectan directamente a la política española, que no son meras medidas administrativas para despachar los asuntos ordinarios? Si lo que se dilucida en la UE y en la OTAN afecta a la política española, establece compromisos que el Gobierno debe cumplir, la labor fiscalizadora del Congreso es ineludible.

Pudiera incluso aceptarse que, fruto de un pacto entre partidos, se fijaran los límites del control, pero es inconcebible que desaparezca por completo el control efectivo del Parlamento sobre el Gobierno, como sostiene Sáenz de Santamaría en su carta, con la única razón de que no existe vínculo alguno entre él y el nuevo Parlamento al no haberle dado confianza, según expresión utilizada por José Luis Ayllón, secretario de Estado de Relaciones con las Cortes. El artículo 66.2. de la Constitución es meridianamente claro: “Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución”. El punto de vista que comparten la vicepresidenta y el secretario de Estado no tiene cabida por mucho que la norma constitucional se someta a interpretación.

El conflicto de atribuciones en curso subraya la urgencia de un desenlace en el bloqueo de un Parlamento incapaz de concretar una mayoría suficiente que haga viable la formación de un Gobierno. Más aún, realza la necesidad de salir de la sucesión de reuniones infructuosas y de declaraciones adormecedoras que han seguido a la imposibilidad de Pedro Sánchez de lograr la investidura, entregados PP y Podemos a los asuntos propios de crisis de liderazgo que intentan ocultar sin demasiada fortuna; expectantes el PSOE y Ciudadanos, sin mucho más que ofrecer a eventuales socios para desatascar la situación y sumar nuevas adhesiones. La controversia competencial subraya más que nunca la necesidad acuciante de los partidos de plegarse al realismo, y si no es posible formar un nuevo Gobierno, dar con la tecla que permita adelantar la convocatoria de nuevas elecciones sin agotar los plazos para lograr que se celebren bastante antes del 26 de junio. El ensimismamiento de ahora es, por lo menos, inútil y la respuesta a la incapacidad de los cuatro grandes partidos de ponerse de acuerdo está en las urnas, aunque de momento las encuestas no vislumbran cambios suficientes para que se haga la luz, para que dirigentes sin experiencia en negociar coaliciones la adquieran por fin, se sobrepongan a la incomodidad del pacto y renuncien a la grandilocuencia.

Buscar algún precedente que permita salir del atolladero es igualmente inútil, siquiera sea buscándolo en los usos parlamentarios de las comunidades autónomas: ni el Gobierno andaluz se sometió a control del Parlamento regional durante el tiempo que transcurrió entre las últimas elecciones y la formación de Gobierno ni lo hizo el Govern de Artur Mas hasta la constitución del de Carles Puigdemont. No vale tampoco fijarse en lo hecho en otros países en situaciones de parecida complejidad, porque lo que en unos lugares es posible, en otros es por demás inviable. Una situación inédita no admite más que una resolución inédita o imaginativa, jurídicamente consistente y políticamente viable, apegada a la realidad del reparto de escaños y a las servidumbres de un régimen parlamentario que consagra el principio según el cual el derecho a encabezar el Gobierno no es un atributo inherente a la condición de ser el vencedor de las elecciones, sino que está reservado para quien logra concretar una mayoría.

Sí es del todo pertinente preservar la función fiscalizadora del Parlamento, salvaguardar el principio genérico de que el contrapeso de poderes es fundamental en un sistema democrático. Esta convicción debiera estar profundamente arraigada en todos los partidos, esté el Gobierno en funciones o cuente con el apoyo de la Cámara. Lo contrario equivale a situar la labor del Ejecutivo en un limbo, convertido en un poder excepcional y separado de la planta institucional descrita en la Constitución, cuya invocación permanente por Rajoy y sus ministros a propósito del programa soberanista catalán forma parte, por cierto, del paisaje político cotidiano.

Partidos bajo la lupa

En esta tierra de nadie o de todos entre el 27-S y el 20-D se suceden los acontecimientos, crecen la confusión y aún más la dudas acerca de la investidura del president Artur Mas, y la tentación a envolverse en la bandera está siempre ahí como último recurso. Acabada la legislatura, el PP se fue en busca del apoyo de sus socios europeos en el congreso de Madrid, más que un acto político, una preelectoral claque –“grupo de personas que aplauden, defienden o alaban las acciones de otra buscando algún provecho” (segunda acepción del diccionario de la RAE)–, el mismo día que la Guardia Civil y los fiscales se personaron en el domicilio de Andreu Viloca, tesorero de CDC, y en la sede del partido en busca de pruebas del famoso 3%, de esa presunta financiación irregular que todo lo enturbia. Nada está escrito acerca de cuál debe ser el equipaje para realizar el viaje a Ítaca, pero es oportuno recordar la siguiente frase de Joan J. Queralt de su artículo del jueves en EL PERIÓDICO: “A Ítaca no puede llevarse como lastre la podredumbre de la corrupción”.

La incomodidad manifiesta de los socios de CDC, en una situación más imposible cada día, confirma lo atinado del aserto. No es solo la CUP la que reitera con más determinación que nunca que Mas no reúne las condiciones para repetir en la presidencia; el silencio de ERC y de las entidades soberanistas que alientan el procés es del todo elocuente. Como ha publicado El País en un editorial, “por muchísimo menos de lo que aquí se investiga, dirigentes políticos de los países con los que Mas gusta de comparar a Catalunya habrían dimitido ya”, y su disposición a presentarse a toda prisa en el Parlament para dar explicaciones apenas corrige su debilidad extrema para pilotar la nave. Todo el mundo tiene derecho a creer en tramas conspirativas, pero habida cuenta del tiempo que el asunto rueda por los juzgados y de los precedentes –los casos Palau, Pujol, Innova y otros–, nadie debe llamarse a engaño: algo no pequeño está por esclarecer.

Apelar a la inoportunidad del momento y la aparatosidad de las formas resulta pueril. Con el calendario preelectoral, electoral y poselectoral en la mano es imposible que la labor de los tribunales no pise o provoque un cortocircuito en las estrategias de los estados mayores de los partidos. Salvo que todo el aparato judicial pospusiera durante varios meses –quizá hasta enero– sus indagaciones relacionadas con la actividad de partidos o políticos bajo sospecha, es inevitable que a cada auto o diligencia se le encuentre un pero, un propósito oculto para dañar los planes de alguien. Es tan ingenuo no sospechar que en este embrollo y en otros –los Bárcenas, los Gürteles, los ERE, la Púnica y otras lindezas– no hay dosis de juego sucio como maliciar que todo responde a un plan predeterminado para neutralizar a adversarios políticos. Más que a simplificación de la realidad suena a manipulación de la historia.

Después de la publicación de las declaraciones de Francisco Correa en eldiario.es, lo menos que puede decirse es que la plaga del 3% –o de otros porcentajes– adquiere la categoría de pandemia. De ser cierto lo dicho por el cabecilla de la trama Gürtel, y hoy ya todo es posible o verosímil, “se trataba de adjudicar obras a empresarios a cambio de que abonaran un porcentaje que yo recaudaría en beneficio de Luis Bárcenas”, gerente y tesorero del PP. Tampoco ahí tiene sentido buscar la acción de una mano negra que pretende chafar la precampaña de los populares, con Angela Merkel, Nicolas Sarkozy y compañía en la tribuna de oradores, sino esperar que los jueces hagan la luz y pongan a cada cual en su lugar, aunque tenga un elevado coste para la credibilidad del sistema la judicialización de la política, inevitable cuando la opacidad es un hecho. “Luis. Lo entiendo. Sé fuerte”, el sms que Mariano Rajoy mandó a Bárcenas un día de principios del 2013, lastra irremediablemente el relato elaborado por el PP para distanciarse de los presuntos manejos del extesorero.

Ese 3% ominoso y desvergonzado que aparece en todas partes debe esclarecerse, sea cual sea el coste, para evitar que arraigue la sospecha generalizada, se propague el escepticismo como enfermedad incurable y los ciudadanos lleguen a la conclusión de que son víctimas de un engaño permanente y premeditado. Es preciso, asimismo, para que queden a salvo de recelos cuantos se dedican a la política y no recurren al 3% (para que les cuadren las cuentas del partido o para procurarse todos los meses un sobresueldo dentro de un sobre). Es una necesidad de higiene democrática inaplazable que prevalezca la honorabilidad de las instituciones y de quienes las sirven. La regeneración democrática requiere reformas de todo tipo, entre ellas la de la Constitución, pero precisa ante todo descontaminar el aire viciado que se respira en demasiados despachos, en demasiadas tramas de poder, en los intersticios a través de los cuales es posible adulterar la financiación de los partidos políticos, necesarios por lo demás para que una democracia realmente lo sea.

Sería muy de lamentar que la Reforma para la Agilización de la Justicia Penal –nombre oficial del invento–, una iniciativa del PP aprobada por las Cortes, provocara un cuarteamiento de las causas en curso, como teme el exfiscal José María de Mena, debido a la obligatoriedad de que las investigaciones no se prolonguen más allá de 18 meses, prorrogables si lo autoriza el juez a petición del fiscal. “Preocupado el Gobierno, al parecer, por los macroprocesos, como el de la Gürtel –escribe Mena–, ha decidido agilizar la justicia acabando con ellos. Con la reforma legal, los grandes procesos deberán trocearse. Se juzgará a cada uno de los delincuentes por separado, con lo que, en la práctica, se difuminarán las grandes tramas de criminalidad financiera colectiva, y punto final”. Porque los males de la nación, sea la que sea la dimensión del territorio al que se aplica el término, no son asunto en manos de individuos que actúan por su cuenta y riesgo, sino que hay algo más que indicios de que en los 3% y otros enredos el funcionamiento se atiene a una logística precisa, a sólidas redes clientelares en las que participan corruptores y corrompidos con parecido desparpajo.

La mera posibilidad de imponer un punto final a las investigaciones supone dejar la puerta abierta a cegar los caminos para la depuración de responsabilidades en los casos del primer partido de Catalunya, del que hasta ahora ha dispuesto de la mayoría parlamentaria en España y de otros muchos asuntos que afectan a la limpieza y solvencia de las instituciones. Y esa mera posibilidad, de hacerse realidad, llevaría inevitablemente a una parte de los ciudadanos, de los votantes, de los contribuyentes a la desafección, a pensar que nada es trigo limpio, que todo es fruto de un rosario de componendas innobles. Porque rige hoy más que nunca en toda su extensión el juicio del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos: “El poder de infección de la corrupción es más letal que el de las pestes”.

 

Vigilias ruidosas

A saber si se ha dado el salto de la política de las emociones a los fundamentalismos obsesivos que nublan el juicio y arrinconan la razón, el caso es que en las vigilias tormentosas de la campaña electoral que se avecina, previsiblemente ruidosa, se han adueñado del puente de mando los fabricantes de frases rotundas, que suministran a  los líderes políticos para que las suelten a diestro y siniestro. Nadie está dispuesto a bajar la pelota a ras de suelo –que alguien la baje gritaba Alfredo Di Stefano cuando el balón circulaba cerca de las nubes– o eso parece antes de que se abran las urnas el día 27 y Catalunya pase por ellas en medio de un clima entre confuso y estrambótico, propenso a los excesos verbales, a la demagogia y a despreciar la realidad. Las voces sensatas son inaudibles a causa del griterío y cuando alguna de ellas trata de abordar el asunto con solvencia académica es inmediatamente sometida al arbitraje destemplado de las redes sociales –a favor y en contra–, canchas ideales para que el ruido sea aún mayor.

De todo esto hay muestras sobradas en los periódicos, las radios, las televisiones, las webs y demás circuitos de la aldea global, y es de temer que el guirigay tendrá un crescendo a la medida del momento a partir de la tarde del día 11, cuando la Meridiana hará las veces de aplausómetro del independentismo o del procés. Si se toma como referencia el ambiente en las postrimerías de agosto, quedan pocas esperanzas de que se serenen los estrategas de campaña, los tribunos, los presuntos agraviados de cada bando y otras categorías de agitadores presentes en la contienda. Pásese revista a lo sucedido en un suspiro:

Jordi Sánchez dice que una Catalunya independiente quedaría fuera de la UE y debería negociar su ingreso desde cero, pero enseguida rectifica y matizan, él y su entorno, que no fue bien interpretado, que no quiso decir lo que dijo, aunque lo dijo.

Felipe González publica en El País una carta dirigida al electorado catalán y velozmente sale al quite Josep Antoni Duran Lleida con otra carta en el mismo diario. Cada uno ellos cosecha los parabienes y las críticas esperadas (el proceso no admite sorpresas).

-La Guardia Civil asoma por domicilios de Convergència y aledaños en búsqueda afanosa del 3% y la dirección del partido ve en ello una maniobra política, electoralista, de utilización de las instituciones con fines inconfesables.

-El Gobierno anuncia que tramitará una reforma de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para que este tenga capacidad sancionadora. El propósito es que la reforma quede aprobada el 29 de septiembre, dos días después de las elecciones catalanas, por si es preciso aplicar cirugía de urgencia al proceso o contra el proceso. La oposición se lleva las manos a la cabeza y los victimistas ponen en marcha el victimismo.

Artur Mas comparece en el Parlament para explicar por qué anticipa las elecciones y para dar explicaciones por el 3%, y no encuentra mejor línea de defensa que acusar a otros partidos, no dice cuáles, de haber cobrado de Teyco (se antoja una variable ad hoc de la vieja táctica y tú más).

Salvo una milagrosa rectificación colectiva no prevista en el guion, con estos moldes es de esperar que, ya ahora, los autores de los argumentarios –¡qué palabro!– de todos los partidos, coaliciones y candidaturas hayan puesto manos a la obra para presentarse como vencedores la noche del 27, solos o en compañía de terceros, sea cual sea el resultado. Sobra decir que no todos pueden ganar, menos cuando unos se dan por satisfechos con tener mayoría de escaños, otros exigen que solo la mayoría de votos otorgue la victoria, y aun hay quienes entienden que, salga lo que salga, no quedará otra que negociar una salida airosa en la que imperen la prudencia y la razón. Pero la tentación de cantar victoria será tan poderosa que cuesta imaginar que alguien reconozca haber perdido.

O puede que no. Puede que la multiplicación de declaraciones en la Unión Europea de aquí al 27 sea más efectiva que cualquier otro mecanismo de rectificación imaginable. El significado de las palabras de Angela Merkel en Berlín al final de la visita de Mariano Rajoy no admite dudas: Europa entiende que los estados-nación son los actores políticos de la Unión y todo cambio debe atenerse a la ley. Puede gustar más o menos, ser más o menos justo y aceptable, pero así están las cosas. Colegir de lo dicho por la cancillera que no está en contra “de lo que supone el 27-S” (Neus Munté) es una falta de realismo que bordea la manipulación. Lo dicho por Merkel ni es ambiguo ni confuso, sino un gesto político cuyo significado no da pie a barrocas interpretaciones. Ni puede medirse con el mismo rasero que la alarma expresada por la patronal Foment del Treball ni puede atenderse con la misma actitud con que se acoge el diagnóstico de un jurista tan experimentado y prestigioso como Jean-Claude Piris: “Desde el punto de vista de los dirigentes de muchos estados miembros, como Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, etcétera, nadie va a defender esa posición [la de los promotores del proceso], sería tanto como arriesgarse a abrir la puerta a un posible contagio y provocar problemas políticos internos, por no hablar de los estados que se han negado a reconocer a Kosovo por razones parecidas (Chipre, Grecia, Rumanía, Eslovaquia)”. Y la declaración de Merkel no se puede aquilatar de igual forma que otras porque no es un dictamen técnico, sino un compromiso político público y sin reservas de la gobernante más poderosa de la Unión Europea, que influye en todos los ámbitos de la organización para bien y para mal (pregúntese a los griegos).

Sería tranquilizador que los argumentos de autoridad puestos a disposición del electorado fueran los que se desprenden de solventes trabajos académicos y sería asimismo un tributo a la serenidad que se fuese respetuoso con el significado de las palabras. Pero al prevalecer la propaganda política y la simplificación de conceptos, resulta más eficaz o ilustrativo para el debate en curso una frase de Merkel que el libro de Josep Borrell y Joan Llorach, que induce a reflexionar sobre Las cuentas y los cuentos de la independencia, o El llarg procés, la esclarecedora digresión histórica de Jordi Amat. Cuando unas elecciones autonómicas como las del día 27 mutan en plebiscitarias o Xavier García Albiol, que no es diputado, se presenta en el Congreso de acompañante de Rafael Hernando en el momento de presentar el proyecto de reforma de las atribuciones del Tribunal Constitucional, es que la veda de la mixtificación se ha levantado oficialmente y, en ese trance, entrar en detalles es menos efectivo que la escueta sintaxis de Angela Merkel.

Si alguien creyó alguna vez que un gran Estado de la Unión Europea podía ser desairado por algún otro gran Estado, o frecuenta poco Bruselas o cree con una fe inasequible al desaliento que cuenta con recursos suficientes para superar todos los obstáculos sin sufrir grave daño. Lo primero es un error de escala fácilmente remediable; lo segundo es un caso de autosuficiencia injustificable. Todos los juegos de manos destinados a presentar la continuidad de Catalunya en la Unión Europea como algo remediable y a bajo coste están tan alejados de la realidad como la creencia del Gobierno de que tiene un cheque en blanco para utilizar la Constitución como un arma arrojadiza contra algo que, como señalan las encuestas y se verá en la Meridiana, moviliza a una multitud (el último sondeo del CEO otorga un 42% al independentismo).

Al final, quizá todo se reduce a dos nacionalismos antagónicos, el catalán y el español, que han llegado a la infeliz conclusión de que cuanto más enconamiento más votos –cuánto peor, mejor, en la escuela clásica–, así en el 27-S como en el domingo de diciembre que se celebren las elecciones legislativas españolas. En medio, en tierra de nadie, quedan los estupefactos, los equidistantes, los sorprendidos y los hartos por esa disparatada transformación de la política en un diálogo de sordos, en un entremés o en un sainete, en un tan estéril como aparatoso intercambio de declaraciones a cual más altisonante o desdeñosa con el rival. Diríase que, sin darnos cuenta, hemos pasado del golpe de Estado permanente, que François Mitterrand atribuyó al general Charles de Gaulle, al disparate diario, que nadie se atribuye, pero que asoma por todas partes acompañado de los peores presagios.