Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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Choque institucional en la UE

La determinación del Banco Central Europeo (BCE) de seguir con el programa de compra de deuda “sin inmutarse”, fórmula empleada por su presidenta, Christine Lagarde, hace temer un choque institucional con el Tribunal Constitucional de Alemania, que el pasado martes sentenció que el banco se extralimitó en sus funciones a partir de 2015 al aplicar el programa diseñado por Mario Draghi. Los jueces alemanes obligan a revisar en un periodo de tres meses los términos de la compra de deuda y a justificar su necesidad, y aunque aclara la sentencia que tal exigencia no afecta a las iniciativas del BCE a raíz de los efectos económicos de la pandemia, el solo hecho de amenazar con la posibilidad de que el Bundesbank se retire del programa de compra de deuda complica enormemente la solidez de la arquitectura institucional del Eurogrupo. Un signo de debilidad que agrava la pretensión de hecho del Constitucional alemán de situar sus sentencias por encima de las del Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE), que en su día dio por buena y ajustada a derecho la estrategia de compra de bonos promovida por Draghi.

El tono desafiante de Lagarde –“los bancos centrales, incluido el BCE, se guían por su mandato, por lo que haremos todo lo necesario para cumplirlo”– para responder a la doctrina no menos desafiante del tribunal alemán pone sobre la mesa una vez más el conflicto entre soberanías, tradiciones políticas y la compleja configuración de un espacio político europeo que levanta ampollas en muchos estados. Alemania no es una excepción, invocados reiteradamente sus demonios familiares por algunos de quienes recurrieron al Tribunal Constitucional, caso de Alternativa para Alemania (nacionalismo populista ultra). Porque con independencia de los aspectos técnicos del caso juzgado, el criterio de los jueces responde al miedo atávico a la inflación y a la añoranza de la autonomía monetaria antes de la existencia del euro. Pero la repercusión de la sentencia va más allá: si un tribunal constitucional nacional se comporta como una instancia superior al TJUE, ¿cuánto tiempo pasará hasta que lo haga otro por un asunto relacionado, por ejemplo, con el ejercicio de algún derecho fundamental?

Hay demasiadas razones para temer que más temprano que tarde se dé una situación de esta naturaleza. En términos generales, la estrategia de la extrema derecha europea se orienta a deslegitimar las instituciones de la UE en nombre de la soberanía nacional o, peor aún, se encamina hacia un horizonte de oportunismo militante: aceptación de aquello que casa con los programas nacionales e impugnación de aquello que no cuadra con ellos. Los gobiernos de Hungría y Polonia están en una situación privilegiada para hacer escuela en este sentido, y otros socios de la UE pueden seguir sus pasos sin mayores remordimientos. Dicho de otra forma, las cesiones de soberanía asociadas a la pertenencia a la UE resultan cada vez menos admisibles para un conglomerado de euroescépticos y eurófobos.

De forma que quizá no sea la más preocupante la línea de fractura entre norte y sur, entre Alemania y su área de influencia política y doctrinal, y el flanco mediterráneo, sino esa otra que divide a los Veintisiete entre europeístas con grandes dosis de realismo y socios con una idea meramente instrumental de Europa, sin mayor proyecto político de futuro para la UE que limitarlo al máximo. Es esa una división que en gran medida se ve favorecida por los desmesurados costes sociales que tuvo la salida de la crisis de 2008 y que pueden repetirse ahora, corregidos y aumentados, con la congelación de la economía obligada por la pandemia. Basta prestar atención a las expectativas para 2020, de una radicalidad desconocida, para esperar que, según sean el comportamiento y el compromiso institucional europeos, crezca más o menos la desafección hacia la UE en opiniones públicas muy castigadas y desorientadas por el descalabro en curso.

El problema planteado entre tribunales no puede verse solo bajo el prisma jurídico. No se trata de recordar la frase del poeta latino Juvenal, “¿quién vigilará a los vigilantes?”, en este caso, ¿qué tribunal tiene en la UE la condición de última instancia?, sino plantear otra pregunta de naturaleza política: ¿la simple pertenencia a la UE obliga a acatar cuanto de la institución procede o caben los juegos de manos interpretativos según convenga? La profesora de la Universidad de Columbia Katharina Pistor sostiene que la sentencia del Constitucional alemán parte de la idea de que toda cesión de soberanía hecha sin la aprobación expresa del Parlamento “equivale a una violación del derecho individual de voto”, un punto de vista muy restrictivo que ha guiado a los jueces y que, de hacerse extensivo a otros ámbitos, dislocaría por completo la planta institucional de la UE.

Lo menos que puede decirse de la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania es que sienta un mal precedente para la cultura política europeísta y proporciona asideros a cuantos pretenden relativizar la idea de Europa. Se materializa así uno de los temores más vívidos de George Steiner en La idea de Europa: “La pesadilla de la historia europea”. Tal mal sueño se concreta en nacionalismos chauvinistas de todas clases, la pugna sin tregua por la hegemonía cultural y otros fantasmas que reaparecen cada cierto tiempo. Nada nuevo bajo el sol, puede decirse, pero tan preocupante como siempre o quizá más porque ahora los europeos deben afrontar una situación excepcional de la que la UE debería salir más cohesionada que nunca o, por lo menos, menos fragmentada de lo que sus adversarios esperan y de lo que la inseguridad jurídica que provoca la sentencia alemana hace presagiar, según resalta el comunicado difundido ayer por el TJUE. Se trata de un gran reto sin referencias históricas en las que inspirarse.

El espectro de la recesión asusta a Europa

“Hoy no hay un partido único, sino un pensamiento mediante el cual los depositarios de este pensamiento estiman que hay una única solución, la que aporta el mercado para la totalidad de actividades de nuestra sociedad”.

Ignacio Ramonet, en el documental ‘L’encerclement’

Vuelven las dudas existenciales a Europa después de una semana de incertidumbres, con las bolsas aquejadas de una epidemia de números rojos y el mercado de la deuda sometido a vaivenes especulativos que han hecho repuntar la prima de riesgo de las economías periféricas. Nadie puede llamarse a engaño: todos los datos estadísticos referidos al 2014 incluían las palabras recesión y deflación, a las que se ha unido durante los últimos días el nombre de Grecia, uno de los enfermos más graves en el seno de una Europa asimismo enferma. No fueron alarmismo las advertencias difundidas desde diferentes instancias políticas y económicas a la vista del estancamiento de las grandes economías de la eurozona –Alemania y Francia–, del desacuerdo manifiesto entre los gobiernos de Berlín y París acerca de cómo salir del laberinto, de la indeterminación de Matteo Renzi en Italia y de la dependencia de España del clima circundante para asentar el modesto crecimiento de su economía herida. Pero hasta el desconcierto de estos días fueron demasiados los que pensaron que temer una tercera recesión a la europea era propio de agoreros.

Cuando el vicecanciller de Alemania, Sigmar Gabriel, comunicó el último miércoles que la tasa de crecimiento de la primera economía de Europa iba a quedarse en el 1,2% en lugar del 1,8% al cerrar las cuentas del 2014 y que para el 2015 la previsión es que crezca el 1,3% y no el 2%, como se dijo a principios de año, se adueñó del ambiente la sensación de que los riesgos han dejado de ser una hipótesis académica para convertirse en una realidad palpable. No obstante, el titular de la cartera de Economía se cuidó muy mucho de matizar la apuesta por la austeridad de la cancillera Angela Merkel, un camino que puede haber sido fructífero para Alemania, pero ha resultado desastroso para la periferia de la UE. Gabriel se mantuvo en la idea de que solo hay una salida, seguir por la senda neoliberal de la contención del gasto a toda costa, a lo que hay sumar temores atávicos alemanes –la inflación, el crecimiento de la deuda– y la tradición de los economistas del Bundesbank, un apego a la ortodoxia que disgustó a los operadores financieros y a los grandes inversores.

Pudiera aplicarse a Gabriel la dualidad de pensamiento resumida por Arthur Brooks, presidente del American Enterprise Institute, en la fórmula perfume liberal –para el caso el término adecuado es socialdemócrata–, pensamiento conservador. Algo que no es privativo del político alemán, sino que alcanza a la mayoría de gestores de las finanzas públicas de Europa, plegados a la germanización de la Eurozona sin que, por lo demás, se atisbe la resolución de la crisis siquiera sea a largo plazo. Ni Francia, con una previsión de recorte del gasto público de 50.000 millones de euros hasta el 2017, ni Italia, acostumbrada al regate en corto y los juegos de manos, pueden tenerse por excepciones a esa norma de conducta paneuropea. ¿O puede que sí?

La respuesta quizá se encuentra en la profusión de opiniones críticas recogidas por la prensa alemana y en la impresión de que el país se aísla al obstinarse con la austeridad y desoír las voces que reclaman programas de crecimiento, inversión pública y mecanismos de reducción acelerada del paro diferentes a la economía de supervivencia encarnada por los minijobs y otras fórmulas parecidas. La respuesta también se halla en la posición de Francia, en ese disenso conceptual entre Manuel Valls y la cancillera que recuerda añejas disputas franco-alemanas. Puede incluso darse con la respuesta en los difusos compromisos de Matteo Renzi, que aplica a pies juntillas el viejo principio de que la mano derecha no tiene por qué saber lo que hace la izquierda.

Algo de todo ello está suspendido en el aire, aunque prevalecen el desasosiego y el miedo al espectro de una recesión que inutilizaría los sacrificios hechos por la periferia europea y acaso descoyuntaría a Francia e Italia, sin que sea posible determinar qué consecuencias tendría tal situación. Y en esa atmósfera contaminada por la crisis reaparece la discusión sobre el papel reservado al Estado para ordenar el mercado y no dejarlo todo a la lógica de su funcionamiento sin interferencias. Frente a quienes militan en la creencia de que el Estado es esencialmente ineficaz, de acuerdo con teóricos como James M. Buchanan, el nobel de Economía de 1986, se alzan las voces de analistas como el sociólogo francés François Denord, que no dudan en presentar la propuesta neoliberal y el Estado mínimo como “la utopía de los más fuertes”, o el punto de partida de una distopía si las conclusiones derivadas del escrutinio del presente desembocan en los trabajos de otro francés, el economista Thomas Piketty, que subrayan el aumento de las desigualdades a lomos de la desregulación de los mercados.

Hay demasiados indicios de que el momento se asemeja mucho al del verano de hace dos años, cuando solo el compromiso de Mario Draghi, presidente del Banco Central Europeo, de garantizar la supervivencia del euro salvó a Europa de un descalabro sin precedentes. Pero, como dice Gemma Hurtado en el diario Cinco Días, nadie hoy hace caso a Draghi, sino que más bien se da por descontado que, de saltar las alarmas, obtendrá el permiso de Alemania para, en una situación límite, evitar el incendio. Pero esta es una suposición sin fundamento habida cuenta del empecinamiento de Merkel, que ha repetido ante el Bundestag que “todos los países deben cumplir las reglas fiscales”. Es decir, frente a la exhortación de Draghi a abrir la mano para dinamizar la economía se eleva la pretensión alemana de que nadie se salga de la senda marcada, aunque tal planteamiento alarme por igual al Fondo Monetario Internacional, al G-20 y a la Reserva Federal de Estados Unidos, que temen los efectos de una borrasca europea cada vez más profunda.

Si el simple anuncio del propósito del Gobierno griego de salir del programa de rescate antes de los previsto y la posibilidad de una victoria electoral de Syriza, el movimiento de izquierdas que lleva en su programa renegociar los plazos de devolución de la deuda, han contaminado durante un par de días las primas de riesgo meridionales ¿qué podría suceder si Francia e Italia, concertadas o sin estarlo, dijeran basta a Alemania? Si una simple encuesta con datos favorables para Syriza tiene esa capacidad desestabilizadora, ¿qué pasaría –cabe preguntarse– si se ahondan las divergencias entre Merkel, Valls y Renzi, que representan las tres primeras economías de la eurozona?

“A los griegos hay que explicarles que fuera del euro no hay salida y que el euro no es el culpable de sus males, más bien al revés. Hay que pedirles que comparen los sacrificios actuales con los que arrostrarían si terminan saliendo de la moneda única. Y, ante todo, hay que pedir a Bruselas que les convenza poniendo fin de una vez a la política de austeridad por la austeridad con una política que combine crecimiento y austeridad, como Francia o Italia reclaman”, ha escrito Carlos Carnero, director de la Fundación Alternativas. El análisis resulta tan sensato que realza aún más el disparate de seguir sin cambiar nada y no salvar la situación de forma decorosa.

“Que nadie dude de que Europa continuará apoyando a Grecia en todo lo que sea necesario para garantizar que se puede financiar en condiciones razonables”, asegura el comisario de Asuntos Económicos, Jyrki Katainen. Pero en una Europa poseída por las dudas, habituada a la desconfianza entre socios y al diktat de Berlín, incluso ese compromiso de solvencia poco discutible resulta insuficiente para serenar los ánimos. Se dan, en cambio, todos los ingredientes para sostener que la crisis tiende a convertirse en una enfermedad crónica, con recaídas periódicas, tratada por médicos apegados a un fundamentalismo clínico que hasta la fecha ha puesta varias veces al sur de Europa a los de los caballos. Ni siquiera queda la esperanza de que el impacto de la crisis en la economía alemana lleve a corregir las medidas más claramente mejorables. Entonces, ¿a quién puede extrañar que cada día sean más los euroescépticos que seducen al electorado y los europeos que ven a la UE como un escenario de pesadilla? ¿A quién puede sorprender el desprestigio del proyecto europeo en segmentos de población cada vez más numerosos, castigados por el rigor de una austeridad asfixiante, cuando finalmente otra recesión, la tercera, está más cerca que nunca?

La inefable levedad de Rajoy

Tribunal Constitucional alemán

Inicio de la sesión celebrada el miércoles por el Tribunal Constitucional de Alemania, que dio el visto bueno a la participación alemana en el Mecanismo Europeo de Estabilidad, aprobada previamente por las dos cámaras del país.

El Tribunal Constitucional de Alemania dijo , dijo que la creación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) no vulnera la soberanía del país, y pareció que escampaba la tormenta porque bajaron las primas de riesgo, repuntó el euro y las bolsas de la Europa doliente mantuvieron el buen tono de los días precedentes. En realidad, la inquietud creciente a la espera de la sentencia no hizo más que subrayar la debilidad de las instituciones europeas, sujetas a la lógica de las instituciones de los estados, que, cuando se trata de Alemania, resulta determinante. Mientras el presidente de la Comisión, José Manuel Durao Barroso, predica la necesidad de que la UE evolucione rápidamente hacia una federación de estados, la hegemonía germánica apunta hacia una asociación condicionada por los intereses alemanes y una opinión pública que recela cada día más de la bondad de acudir al rescate del euro –“el euro es irreversible”, se dice–, de reflotar a los bancos en estado catatónico y de salvar de paso las finanzas de los meridionales.

La cancillera Angela Merkel debe convivir con esa doble realidad: la hegemonía alemana precisa que se salve la Eurozona, pero una parte importante de sus compatriotas añora el marco y la libertad de movimientos de antaño. En apoyo del planteamiento del Gobierno ha acudido la sentencia de los magistrados y en auxilio de los contribuyentes desconfiados se mantiene siempre alerta el Bundesbank (Buba), el banco central alemán, contrario a la compra de deuda pública de los estados, anunciada por el Banco Central Europeo (BCE), “estrictamente condicionada” y si la reclaman las tesorerías con problemas. Dos caras de una misma realidad: nada es posible sin el compromiso alemán, pero la sociedad alemana está lejos de apuntar en una sola dirección. Como escribió en El País Xavier Vidal-Folch con ocasión del viaje de la cancillera a Madrid, el peor enemigo del euro no es anglosajón, es el Bundesbank, “pero no es Alemania”. El recorrido por las decisiones del Buba de los últimos decenios, base argumental del artículo de Vidal-Folch, no deja lugar a dudas en cuanto a la orientación seguida por los gestores del banco frente al europeísmo de cancilleres de referencia –Helmut Schmidt (socialdemócrata) y Helmut Kohl (democristiano)– y a la lectura de la Constitución abierta a las innovaciones realizada por los magistrados de Karlsruhe.

¿Cuánto hay de desinhibición nacionalista y cuánto de fundamentalismo monetarista en los economistas del Buba? La historia del banco no es ejemplar en cuanto al esfuerzo para mantener apartados de los despachos a los tecnócratas que durante el nazismo se acomodaron a la vesania, pero seguir por este camino podría llevar a conclusiones tan superficiales como precipitadas. Es más fácilmente demostrable que forma parte del ADN de los responsables del banco central alemán no dar ni medio cuerpo de ventaja a la inflación, controlar la masa monetaria hasta el último céntimo y liquidar las deudas mediante la contención a toda costa del gasto. Por eso le parece insuficiente que el presidente del BCE, Mario Draghi, se comprometa a retirar del mercado tantos euros como deuda compre, pero la cancillera Merkel acepta el mecanismo de compra de deuda anunciado por el BCE gracias precisamente a la promesa de Draghi.

Jean Maxime, un experto en gestión de activos, ha colgado en su blog un comentario titulado El euro, ¿divisa esquizofrénica? donde justamente aborda los efectos inmediatos de lo que otros presentan como una posible política expansiva: “Al abrir la perspectiva de la monetarización de una parte de la deuda de la zona (emisión de dinero), el BCE aumentaría la oferta de euros, lo que debería afectar teóricamente al valor de la divisa… al menos mientras los otros bancos centrales, adeptos a la misma receta, no retomaran la iniciativa. En este sentido, el probable lanzamiento en el futuro [se concretó el jueves] de una tercera ola de QE por la FED (Quantitative Easing, un programa que permite al banco central estadounidense monetarizar parcialmente las deudas públicas) es materia de reflexión”. Ni que decir tiene que queda fuera de los cálculos del banco central alemán un QE a la europea que, por lo demás, escapa del todo a las atribuciones del BCE.

Weidmann Merkel

Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, y Angela Merkel defienden dos enfoques diferentes del papel que debe desempeñar Alemania para acabar con los movimientos especulativos en la Eurozona.

Al mismo tiempo, crece la inquietud entre los empresarios alemanes cuyos clientes tienen cada día más problemas para comprarles a causa de la restricción del consumo, la contracción del crédito y las dudas acerca de qué futuro aguarda a una Europa sumida en la austeridad sin miramientos. Al equipo de Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, le apoya una corriente de opinión muy consolidada en los grandes medios y de carácter transversal. Así, el columnista Joachim Jahn, del conservador Frankfurter Allgemeine Zeitung, recurrió al mismo lenguaje de Weidmann al analizar la sentencia del Tribunal Consitucional, en especial el límite de 190.000 millones de euros impuesto a la contribución alemana al MEDE, salvo votación expresa de las dos cámaras (Bundestag y Bundesrat) para aumentarla: “Los jueces han reducido por lo menos el daño potencial a los contribuyentes”. Pero Wolfgang Janisch, Heribert Prantl y Ronen Steinke, tres analistas prestigiosos del Süddeutsche Zeitung, diario de Múnich en la órbita de la socialdemocracia, no se alejaron mucho de la reflexión de Jahn: “Europa está cada vez más cerca de grandes riesgos financieros y políticos. (…) El Parlamento alemán debe seguir siendo el lugar donde se deciden de forma independiente los ingresos y gastos, en particular con respecto a los compromisos europeos”.

¿Por dónde anda el Gobierno de España en medio de esos debates? Lo menos que puede decirse es que el equipo de Mariano Rajoy amaga, pero no se decide, de forma que la inefable levedad del presidente del Gobierno se impone a la urgencia del momento, aunque en periódicos como Le Monde, europeísta sin fisuras, se afirma que la ocasión es bastante propicia a los intereses españoles. “El Bundestag está formalmente en posición de fuerza frente al Gobierno español, pero tiene todas las de perder la batalla. Explicación: los alemanes han exigido garantías para que no se repita el episodio del verano del 2011, cuando Silvio Berlusconi enterró a toda prisa sus promesas de reformas después de que el BCE acudió en su ayuda –escribe Armand Leparmentier–. Se han tomado precauciones: la ayuda del MEDE debe acompañarse de compromisos firmes y de un control por los europeos de la política española. En cuando Rajoy adopte sus compromisos, el Bundestag se encontrará en la casi imposibilidad de desentenderse, al igual que el BCE”.

Por eso causa asombro la resistencia a dar el paso de pedir al BCE que compre deuda española, so pretexto de que el Gobierno desconoce qué condiciones nuevas se derivarán de la petición. La “condicionalidad estricta” a la que ha aludido Draghi remite más al cumplimiento escrupuloso de los compromisos adquiridos que a la imposición de medidas suplementarias, algo que sabe el Gobierno tan bien como los comisarios de la UE que hablan de ello –Joaquín Almunia y Olli Rehn, entre otros–, que no se cansan de alabar la presteza de Rajoy cuando se trata de empuñar el podón. En cambio, sí muestran cierta fatiga ante la indeterminación española –esperemos al próximo Consejo Europeo, esperemos a que pasen las elecciones gallegas y vascas, esperemos…– y algunas explicaciones exóticas para justificarla, como la caída de la prima de riesgo en cuanto el BCE dijo estar dispuesto a comprar deuda y antes de que Rajoy haya dicho esta boca es mía. “El riesgo país disminuye porque los mercados están convencidos de que habrá rescate y de que este es factible, pero no por una mejora de la resistencia española a las operaciones en los mercados”, ha escrito un editorialista del semanario británico The Economist.

Merkel, Rajoy, Hollande y Monti

Reunión de Angela Merkel con Mariano Rajoy, François Hollande y Mario Monti celebrada en Roma el 22 de junio para abordar la crisis del euro y la presión sobre las deudas de España e Italia.

“Todos los dedos apuntan hacia España, pero Madrid pone el freno”, subrayó Antonio Pollio Salimbeni en Il Sole 24 Hore, el gran periódico económico de Italia, en cuanto se supo que el BCE estaba dispuesto a intervenir en el mercado secundario. Las prisas de Italia para que Rajoy se pronuncie tienen una razón inequívoca: “Si la intervención del BCE tiene un sentido, el objetivo principal es despegar a Italia de España, intentar el decoupling (desacoplamiento) en la percepción de los inversores, de los mercados, e incluso en los hechos”, precisó el articulista. Hay solo un paso de ahí a diagnosticar la agonía, frente a las exigencias alemanas, del tándem Mario Monti-Mariano Rajoy, François Hollande mediante.

Las proyecciones de futuro juegan a favor de Italia y contra los riesgos que corre España. “Si puede, el rescate ha de evitarse. Nadie quiere ver a la tercera mayor economía de la eurozona [Italia] con respiración asistida. En los intereses actuales, la deuda italiana parece al menos sostenible: Roma necesitaría un crecimiento nominal del 2,4% del PIB y un superávit primario del 3% del PIB, que el FMI espera para este año”, destaca Neil Unmack, columnista del servicio Breakingviews de la agencia Reuters. Para España, las cosas pintan menos bien: según el boletín de septiembre del BCE, si las operaciones en curso no surten efecto, incluida la reducción del déficit por debajo del 3% del PIB, la cuantía de la deuda en el 2016 podría equivaler al 104% del PIB –la de Italia está ahora en torno al 125%–, más de 20 puntos por encima de su valor actual.

Cuando un periódico tan puesto a disposición de Rajoy como La Razón publica un comentario de Julián Lirola, analista de Self Bank, en el que se subraya que, en caso de que los magistrados alemanes hubiesen dicho no, “las consecuencias habrían sido dramáticas, ya que la ayuda al sector bancario dependía de la aprobación del instrumento”, la parsimonia del Gobierno resulta aún más incomprensible a cada día que pasa. Porque, entiéndase bien, El plan alemán no cambia, según tituló su último artículo el economista Pierre Briançon: “Por encima de todo, Merkel cree que el principal problema de Europa es que los países con déficits no cambiarán. La corte ha hablado. Y la crisis perdura”. Y el convencimiento de que en la austeridad está el remedio de los males de la Eurozona sigue siendo la doctrina oficial en Berlín, aunque luego los hechos siembren dudas todos los días por razones éticas y prácticas: el empobrecimiento a toda máquina de los deudores, sin obtener ningún resultado a cambio, obliga una y otra vez a zurcir lo ya zurcido. En Portugal, sin ir más lejos; en Grecia, en medio de una descomposición social galopante. ¿Hasta dónde y hasta cuándo?