Punto de inflexión en la UE

El acuerdo alcanzado el martes por los estados miembros de la Unión Europea sobre la cuantía y distribución del fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros tiene un carácter refundacional. Aunque suene a tópico, nada será igual a partir de ahora por un cúmulo de razones que van de la cuantía de la operación, más de la mitad en forma de transferencia no reembolsables, a la momentánea consolidación de un nuevo frente de prósperos socios recelosos –los frugales– que discuten al eje franco-alemán, a Italia y a España el enfoque dado a la salida de la crisis económica desencadenada por la pandemia. Con dos innovaciones especialmente relevantes: la mutualización por primera vez de deuda europea y el aumento del cheque compensatorio para los países que son contribuyentes netos.

No menos reseñable es el hecho de que Alemania ha sabido sacar provechosas enseñanzas del disparate cometido a partir de 2010 con los programas de austeridad puestos en marcha para afrontar la crisis financiera. Se trata de un cambio trascendental que insinúa una mayor convergencia de la primera economía europea con el enfoque de la crisis dado por el Banco Central Europeo en tiempos de Mario Draghi y mantenido por Christine Lagarde. Se trata de un salto cualitativo que lleva a Stephen S. Roach, de la Universidad de Yale, a “reexaminar el importante foso entre un dólar sobrevalorado y un euro infravalorado”. Dicho de forma sucinta, es previsible una revaloración de la divisa europea con respecto al dólar.

Lo que más destaca Roach es que, por fin, la unión económica y monetaria descansa sobre tres pilares: una moneda única, un banco central y, gran novedad, un compromiso creíble en la vía de una política presupuestaria unificada con objetivos comunes (la economía digital y la transición verde). En todo ello ve el profesor elementos de solvencia de los que carece la errática política puesta en marcha por el presidente Donald Trump, que siembra la confusión económica mientras avanza la enfermedad fuera de control en demasiados estados. Algo en lo que abunda Lucrezia Richlin, de la London Business School, que pronostica para el futuro inmediato de la UE un cambio de paradigma: la discusión dejará de centrarse en los riesgos de la mutualización de la deuda y las transferencias fiscales para ocuparse de un “progreso genuino” de la unión fiscal.

Estas opiniones, ajenas a la confrontación política dentro de cada Estado de la UE, hace aún más incomprensible la opinión del PP de que lo acordado en Bruselas después de largas y arduas negociaciones es un rescate. Lo dijo Pablo Casado en el Congreso, quizá para asimilar la situación al rescate bancario –60.000 millones– negociado en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy. Es por lo menos arriesgada tal comparación cuando más de la mitad de los 140.000 millones que corresponden a España del fondo de reconstrucción serán subvenciones y el resto, créditos a muy largo plazo –amortización a partir de 2027 y por un periodo de 30 años– a los que el país puede o no acogerse. Y resulta no menos sorprendente el disgusto del PP cuando la condicionalidad de las ayudas se refiere a la solvencia y oportunidad de los programas que cada Estado ponga en marcha y no a una exigencia precisa y concreta de reformas, eufemismo utilizado en el pasado para encubrir recortes en las políticas sociales.

Sería insensato deducir de todo esto que no habrán que adaptarse todos los estados a cierto grado de exigencias y directrices procedentes de Bruselas, pero hablar de rescate es faltar a la verdad, entre otras razones de índole meramente técnica porque es imposible tal cosa con los dos socios comunitarios más dañados por la pandemia –Italia y España–, porque son demasiado grandes y su interrelación con las grandes economías europeas es demasiado determinante para que un rescate fuera posible. Es este un dato esencial, algo que nadie pone en duda y que solo se hace entendible con la brega política a corto plazo.

Se ajusta bastante más a la realidad el análisis de Carlos Santamaría, del Eurasia Group: la UE ha llegado a un acuerdo para salvarse a sí misma. O lo que es lo mismo, hubiese sido ruinoso levantar las negociaciones en el Consejo Europeo sin haber llegado a un acuerdo. No solo por los efectos inmediatos que habría tenido, sino porque, en la práctica, habría dejado a Europa en caída libre en un agujero sin fondo. Con el pacto, seguramente los frugales se han enfundado el uniforme que durante años fue privativo del Reino Unido, pero ese era un precio inevitable y, además, el holandés Mark Rutte y compañía pueden asumir el papel de guardianes de la ortodoxia, pero carecen del poder de impugnación que tuvieron Margaret Thatcher y sus sucesores.

Como se ha repetido con bastante frecuencia estos días, más temprano que tarde se deberá abrir en el marco europeo el debate sobre la necesidad de cancelar los paraísos fiscales –Holanda, Irlanda y Luxemburgo–, de acabar con el dumping fiscal que perjudica a la mayoría y solivianta a los escrupulosos gestores de sistemas tributarios tan rigurosos como los de Austria, Dinamarca y Suecia. Puede decirse que en esta discusión demasiado tiempo aplazada, el frente frugal tendrá graves problemas de cohesión interna.

En última instancia, al sumar y restar lo acordado es difícil rehuir la sensación de que el 21 de julio marcó un punto de inflexión trascendental en la UE y que, aunque toda comparación es odiosa, el new deal establecido en Bruselas puede asemejarse, sin entrar en detalles, con el programa de Franklin D. Roosevelt para sacar a Estados Unidos de la ruina causada por la gran depresión. Ni las condiciones son las mismas ni lo son tampoco las herramientas puestas a disposición de los estados ni los desafíos de futuro, pero en todo lo discutido y decidido cabe detectar, siquiera sea en pequeñas dosis, una suerte de rescate moral de las conciencias ante la gigantesca crisis social provocada por el covid-19. Perseverar en la austeridad hubiese sido para la Unión Europea una forma de suicidio colectivo.

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Victoria europea a los puntos

Pasadas las elecciones holandesas, poco hay para celebrar salvo que Geert Wilders sigue en la reserva. Es poco realista presentarlo como el gran vencido después de ganar cinco escaños –de 15 pasa a 20– en el mismo envite en el que los liberales, a pesar de su derechización, han perdido ocho –de 41 a 33– y los socialdemócratas han descendido a los infiernos al dejarse por el camino 29 escaños –de 38 a 9–, todo lo cual obliga al primer ministro en funciones, Mark Rutte, ha articular una variopinta coalición de Gobierno. La idea de que la movilización de los votantes ha detenido a la ultraderecha xenófoba a las puertas del poder es solo parcialmente cierta, porque la presión del antieuropeísmo sobre el comportamiento de los partidos seguirá siendo muy grande, y ni Marine Le Pen en Francia ni Frauke Petry en Alemania se sienten impugnadas por el resultado holandés. Antes al contrario, las ratifica en sus convicciones: crecen las adhesiones al nacionalismo destemplado y decae la influencia de los partidos clásicos.

Tampoco es un gran éxito de la tradición liberal europea que en este juego de pérdidas y ganancias, el resultado de Rutte, menos malo de lo esperado, se deba en parte a la crisis con Turquía de los últimos días de campaña, tan poco edificante y llena de un indiscutible valor simbólico. Porque ese desahogo in extremis ha puesto de manifiesto que el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, está en condiciones de marcar la agenda mediante su recurso a un nacionalismo islamizado, y ha confirmado que la Unión Europea hizo el peor de todos los negocios posibles al convertir Asia Menor en un contenedor de refugiados y pagar por el servicio a un dirigente cada día más imprevisible. Da la impresión de que Europa es rehén de su disparate y Turquía, la gran beneficiada, en disposición de utilizar la suerte de tres millones de refugiados en defensa o apoyo de sus intereses.

Si lo políticamente correcto es alegrarse después de cada convocatoria electoral porque no ha salido ganador un adversario de la UE, sin hacer nada para neutralizar las causas del ascenso ultra, es de temer que finalmente alguno de los nuevos profetas de la nación excluyente se instale en la cima. De hecho, Viktor Orbán reina en Hungría y tiene un creciente poder de convocatoria entre los socios del este, la primera ministra de Polonia, Beata Szydlo, es una nacionalista sectaria, y aquí y allá asoman aprendices de brujo que ven en Europa una buena oportunidad para hacer negocios, pero no quieren saber nada de consolidar estructuras políticas supranacionales. Solo es cuestión de tiempo que el populismo ultra dé el sorpasso en un gran Estado para que la crisis de identidad europea se agrave, salvo que antes los llamados ahora cuatro grandes –Alemania, Francia, Italia y España– reaccionen para suturar las heridas de la crisis social, rescatar el proyecto de una lógica meramente economicista y volver a la política.

Mientras la reacción no se produzca, el programa neolibreal apoyado por los líderes europeos seguirá provocando deserciones, alimentará el discurso antieuropeísta y dará facilidades a terceros para utilizar la debilidad europea en interés propio (hoy, Erdogan; mañana, Donald Trump; al siguiente, ya se verá). Cuando Jean-Claude Juncker acude en apoyo de Rutte en su disputa con Turquía –“es Turquía la que quiere unirse a Europa, no Europa a Turquía”–, logra llamar la atención un momento, pero en el segundo siguiente se impone la realidad: Europa ha decidido que necesita a Turquía para no encarar con sus propios recursos y el consiguiente precio político la gestión de los flujos migratorios, esa crisis de los refugiados que es un compendio de todas las incapacidades imaginables, un baldón en la historia reciente de la UE. Cuando se invoca la cohesión social, el auditorio aplaude, pero luego el castigo infligido a Grecia, condenada a la depauperación, trae de vuelta la realidad. Cuando se habla de ciudadanía europea se hace como si nadie la discutiera, pero es solo un espejismo: enseguida piden la palabra los partidarios de que prevalezcan las identidades nacionales, los poderes nacionales.

Resulta francamente desmoralizador comprobar que, para neutralizar el ascenso populista, la táctica seguida ha sido derechizar los programas de los partidos que más directamente se sienten amenazados. Mark Rutte no es una excepción. Ahí está François Fillon, atascado en las encuestas a causa de su nepotismo exarcebado y su imputación en los tribunales, o la rectificación sobre la marcha de Angela Merkel para contener a Alternativa por Alemania –nacionalismo germánico enardecido– y a la socialdemocracia renacida de Martin Schulz a través de una versión restrictiva de su estrategia para acoger a los refugiados. Ahí está la incapacidad compartida por la mayoría de gobernantes para movilizar a la opinión pública frente a ofertas políticas ultraderechistas, un fenómeno que mantiene viva la sospecha de que, a decir verdad, la floración de demagogos en todas partes configura un escenario idóneo para radicalizar los programas conservadoras poscrisis so pretexto, se dice, de salvaguardar el modelo europeo, cualquiera que este sea.

Hay demasiados precedentes ominosos en la historia europea como para conformarse con esta victoria a los puntos en Holanda. Basta recordar que las encuestas otorgan la victoria a Marine Le Pen en la primera vuelta de las presidenciales en Francia, que un candidato xenófobo quedó a un paso de convertirse en presidente de Austria, que la Liga Norte en Italia tiene viento de popa. Estos datos, unidos al hecho de que en la próspera, culta y liberal Holanda un millón de electores no han tenido mayor reparo en votar por Wilders, son un mal presagio; por lo menos son una inquietante advertencia: ninguna comunidad está a salvo de poner su futuro en manos de los peores demonios familiares. Sobre todo cuando se siente amedrentada por un futuro indescifrable.