Facebook pone en evidencia la red

El escándalo en el que se ven envueltas la red social Facebook y la empresa británica Cambridge Analytica confirma la muy difundida sospecha de que las grandes compañías que operan en internet –al menos algunas de ellas– utilizan de forma indiscriminada y voraz los datos de los usuarios, sin estar sujetos a ningún control efectivo, una competencia de los estados, obligados a salvaguardar la vida privada de los ciudadanos. El manejo espurio de 50 millones de perfiles para contaminar la campaña presidencial de 2016 en Estados Unidos –Donald Trump, el presunto beneficiado–, la facilidad para asentar y difundir noticias falsas ante la pasividad de los gestores de las redes sociales y otras lacras relacionadas con la omnipresencia de tales herramientas para distorsionar el juego político dejan indefensa a la opinión pública de los países democráticos. Sometida a un bombardeo de informaciones fragmentadas, imprecisas, de azarosa paternidad o difícilmente comprobable, los ciudadanos carecen de mecanismos de neutralización eficaces y los poderes públicos dan la impresión de estar faltos de útiles a la altura del desafío.

Al mismo tiempo que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, se remite con frecuencia a su propósito de crear no solo una empresa, sino de “construir algo que realmente genere un gran cambio en el mundo” –la naturaleza del cambio no se especifica o precisa–, una comitiva de censores se ocupa de velar por el cumplimiento de normas de un puritanismo ridículo y ágrafo –la censura durante un rato de los senos de la Libertad en el famoso cuadro de Delacroix, el último caso–, como si la herencia de las Luces resultara demasiado atrevida para las epidermis sensibles del siglo XXI. Mientras los afiliados a Facebook, un ejército desarmado de decenas de millones de personas, entran en el universo comunicativo diseñado por el joven Zuckenberg, este difunde sorprendentes ideas personales como esta: “La pregunta no es qué queremos saber de la gente, sino qué quieren saber las personas de ellas mismas”. Un eslogan simplista salvo que los usuarios de Facebook, al entrar en la aplicación, acometan sin saberlo la improbable empresa de sustituir el diván del doctor Freud por otra cosa no especificada o identificada.

Todo resulta ser francamente preocupante. Las invocaciones del gran hermano pueden parecer desenfocadas, fruto de espíritus alarmados y propensos a la exageración, pero quizá no lo sean tanto. Un análisis transversal del funcionamiento de las redes sociales –un negocio, al fin– presenta tantas sombras que es una urgencia manifiesta someterlas a las reglas de los estados democráticos para preservar la autonomía de los individuos y fijar pautas precisas que garanticen la confidencialidad de la información personal en poder de Facebook y de otras marcas. Reconocer los errores cometidos, como ha hecho Zuckerberg –¡qué remedio!– no mengua en nada los efectos de la más que probable manipulación de la opinión pública durante la campaña electoral de Estados Unidos en 2016; sus disculpas para nada sirven más de un año después de cerrarse las urnas y entregar la Casa Blanca a Trump.

El castigo de los inversores a Facebook, con una pérdida del valor en la bolsa por encima del 10%, es un acto reflejo del mundo financiero que no suaviza en absoluto la necesidad perentoria de que los estados pongan manos a la obra para cambiar la situación. No es suficiente que los gobiernos se doten de instrumentos para evitar en lo posible los ciberataques e identificar a sus promotores, es preciso también que las grandes marcas en el universo de las nuevas tecnologías se atengan a un código ético y a unas obligaciones sin los que la libertad en las redes sociales, en las plataformas de compra on line y en otros ámbitos de la revolución digital es solo una fachada utilizada por unos pocos para acumular mayores cuotas de poder a través de la información. Que Paul Grewal, asesor general adjunto de Facebook, declare que la compañía se ha comprometido a reforzar sus políticas “para proteger la información de la gente” apenas es un consuelo si los mecanismos de protección son solo internos y no los guía una norma externa dictada por las instituciones políticas que ostentan la representación de los ciudadanos. En este caso, la autorregulación de las empresas no es una cualidad, sino una muestra de debilidad de los estados.

La mutación cultural producida por internet y el enaltecimiento constante de sus insignes promotores ha cambiado de tal manera las relaciones de poder y la capacidad de influir en la opinión pública que es imposible toda comparación con el pasado. Frente a la creencia clásica de que los periódicos, primero, y más tarde la radio y la televisión eran resortes de poder –del cuarto poder se hablaba y aún se habla con suspiros de nostalgia–, asoma una nueva realidad: la red es fuente de poder, de un poder de facto alentado, servido y alimentado por los foros sociales mediante el intercambio incesante de informaciones personales y datos genéricos, mediante el cruce de perfiles a todas horas, las técnicas del big data y otras especialidades recién nacidas.

“La transformación de la comunicación ha ampliado las posibilidades de acción autónoma de los movimientos sociales, los sujetos de la transformación social”, afirma Manuel Castells en un largo artículo escrito en 2011. Ciertamente, las experiencias de aquel momento en los países árabes (las primaveras), Grecia, España, Italia, Estados Unidos y otros lugares permitían llegar a esta conclusión optimista. Hoy hay espacio para la duda, al menos para admitir la posibilidad de que es tan factible fortalecer los movimientos sociales mediante un uso inteligente y libérrimo de la red, como neutralizarlos o condicionarlos a través del mismo instrumento. De ahí que el diario liberal estadounidense The Washington Post resuma el desafío planteado con un enunciado tan simple como preciso: “Necesitamos abordar los conflictos entre el interés público y de qué forma las compañías de medios sociales obtienen sus ganancias”.

Es impensable que en sistemas políticos como el chino y el ruso, en las antípodas de la tradición liberal, el manejo de la red por las instituciones obedezca a parámetros liberales. Pero tal obviedad no debe ocultar esa otra: en los países occidentales, la acumulación de perfiles –millones, cientos de millones– constituye un capital político y de poder de primer orden en manos privadas que nada tiene que ver con la libre ejecutoria de cada uno de nosotros cada vez que se conecta a la red. Si en vez de tratarse del estatus del que disfrutan los grandes operadores se tratara de un edificio con problemas estructurales, se diría que hace falta sanearlo para mejorar la seguridad de quienes lo habitan. Y ese es también el caso de la red global.