Puigdemont, una estrategia encubridora

La nueva entrega del circo de Puigdemont, expresión manejada por la profesora danesa Marlene Wind, tan poco sometida a los encantamientos del procés y de la internacionalización de la crisis pretendida por el soberanismo, ha certificado el error táctico cometido por el expresident en su pretensión de situar en el centro del conflicto la restauración de una presunta legitimidad democrática y no el cumplimiento de la ley. Las preguntas de la docente, tan precisas y concluyentes, se han vuelto contra los objetivos perseguidos por Puigdemont, acaso también por una parte del independentismo al galope, al aparecer las leyes vigentes, aprobadas por dos parlamentos democráticos, el español y el catalán, como una línea infranqueable que separa lo ilegítimo de lo que no lo es. Las leyes no son inmutables, ni siquiera perfectas y a gusto de todos, deben reformarse cuando son inadecuadas o quedan superadas por la realidad, pero no pueden soslayarse o incumplirse en nombre de principios genéricos tan traídos por los pelos como el derecho a decidir, en nombre de la abusiva creencia de que hay un mandato popular que legitima transgredir la Constitución y cuanto de ella se deriva.

El enfado con la Unión Europea del huidizo Puigdemont es perfectamente lógico y comprensible: esperaba que fuese la caja de resonancia que ampliara las exigencias independentistas frente a la cerrazón, asimismo abusiva y, sin duda, paralizante del Gobierno español. Pero se ha dado de bruces con la realidad, tan tozuda, con la solidaridad interestatal y con la opinión mayoritaria en la comunidad académica de que la ley puede y debe cambiarse mediante mayorías indiscutibles y de acuerdo con los mecanismos que la propia ley prevé, empezando por la Constitución misma. Dicho en corto: si una ley no funciona, es ineficaz o queda superada por los acontecimientos, hay que cambiarla a la mayor brevedad siempre y cuando sea mayoritaria la percepción de dicha urgencia en las instituciones –los parlamentos– encargadas de hacerlo. Si se suplanta el camino fijado por la ley misma por una simple maniobra de transgresión, el disparate o el despropósito están servidos.

Los argumentos de los encarcelados posteriormente liberados y de quienes siguen en prisión y han pedido al juez Pablo Llarena salir de ella han esgrimido por activa y por pasiva, sea de forma implícita o explícita, este principio de acatamiento de la ley –añadir por imperativo legal es una redundancia–, y a nadie puede sorprender que lo hayan hecho porque es consecuencia de la estrategia de sus defensas, del todo coherente con el acervo europeo en cuanto atañe al respeto por la ley. La reacción de los gobernantes europeos no es ni una excepción ni una sorpresa, sino todo lo contrario: era impensable que dudaran y transmitieran la impresión de que pasaban la maroma sin red tendida a medio camino de la defensa del Estado de derecho y de la comprensión con los arrebatos soberanistas registrados en Catalunya entre primeros de septiembre y finales de octubre. Y tal actitud ha continuado después del 21 de diciembre, habida cuenta de que la convocatoria electoral, el resultado de las urnas y la formación del nuevo Parlament es inseparable de los requisitos establecidos por las mismas leyes que el núcleo bruselense quiere dejar sin efecto mediante alguna alternativa, más chocante siempre que imaginativa (la proclamación de Puigdemont plasma mediante, por ejemplo).

El viaje a Bruselas del presidente del Parlament, Roger Torrent, para despachar o auscultar al expresident tiene el valor que se le quiera dar, pero pudiera ser el último acto necesario para certificar que con su eventual elección en el puente de mando del Gobierno catalán sería inalcanzable el objetivo fijado por el propio Torrent: que el Ejecutivo sea eficaz y útil desde el primer día, dicho con estas u otras palabras. Forzar el reglamento de la Cámara y consagrar a Puigdemont lleva indefectiblemente a perpetuar la aplicación del artículo 155 , la división social y la permanencia de la autonomía en la UVI. No hace falta echar mano de los argumentos del bloque constitucionalista para llegar a esta conclusión: los comuns, tan contemporizadores con el soberanismo, descartan apoyar la investidura de un president virtual, cuya primera herramienta de trabajo debería ser Skype.

Quizá la jornada bruselense de Torrent sea un paso obligado, profesional, quizá se trata del último acto de sometimiento de la mayoría parlamentaria a los planes pergeñados por Puigdemont y no tiene más objetivo que demostrar la inviabilidad del propósito. Quizá todo se deba a la necesidad de demostrar que es indispensable la aparición de un candidato alternativo, capaz de formar un Govern en activo desde el primer día, que pueda acudir al despacho todas las mañanas, que haga de la aplicación del artículo 155 un enojoso paréntesis del pasado y que esté en condiciones de pilotar el independentismo sin saltarse la Constitución, el Estatut, los dictámenes de los letrados del Parlament y el reglamento a las primeras de cambio. Quizá el relato vaya de eso o de algo parecido a eso; si, por el contrario, va de insistir en el vértigo de 2017, el propósito último de los rectores del independentismo es volver a la casilla de salida, y salga el sol por Antequera.

En la espera, en el descanso antes de que empiece la segunda parte, el soberanismo desvía la atención de asuntos acuciantes para medir la solvencia de sus gobernantes del pasado, imbuidos la mayoría de un pétreo sentimiento de posesión de la verdad, de una verdad absoluta e indiscutible, depositaria de una superioridad moral sin parangón posible. Así sucede con la sentencia del caso Palau, tan esclarecedora de los manejos del universo convergente y de algunos de sus sucesores, y así sucede con esa revelación reciente, no menos esclarecedora, referida al propósito del mando de los Mossos de incinerar las pruebas del aviso procedente de Estados Unidos (mayo de 2017) acerca del riesgo que corría Barcelona de sufrir un atentado. En ambos casos, no se ha dejado oír una sola voz pidiendo disculpas por la pestilencia del 3% y por la arremetida contra EL PERIÓDICO, dentro y fuera de las redes sociales, en cuanto reveló la existencia de la comunicación estadounidense.

En tradiciones democráticas y periodísticas de otras latitudes, la conclusión del caso Palau y ocultar las falsedades sostenidas por el Govern con posterioridad al atentado del 17 de agosto –no hubo aviso desde Estados Unidos, aseguró– hubiesen desencadenado una crisis de confianza en todas direcciones, seguido de dimisiones, mea culpas y otros daños colaterales. El simple encabezamiento de la información publicada el lunes por EL PERIÓDICO habría zarandeado las columnas del templo (ilustra mucho leer cada cierto tiempo Todos los hombres del presidente, el caso Watergate  propiamente dicho, el precio que retrospectivamente tiene mentir). Aquí no ha pasado nada, o casi nada, o muy poco, porque el circo de Puigdemont lo encubre todo, pasa por encima de cualquier acontecimiento relevante, mantiene a una parte considerable de la opinión pública absorta en el viaje a Ítaca con parada y fonda en Bruselas por tiempo indeterminado, como un atasco en hora punta.