Efervescencia latinoamericana

La efervescencia social que se ha adueñado de muchos paisajes urbanos de América Latina obliga a platearse un rosario de preguntas acerca del origen y naturaleza de la protesta, de su intensidad creciente y de la coincidencia en el tiempo con la sucesión de victorias de la derecha –la última en Uruguay– a pesar del ahondamiento de las desigualdades. El espacio latinoamericano tiene el récord mundial en el ámbito de los desequilibrios sociales, apenas corregidos por el periodo de gobiernos reformistas que precedieron a los ahora en ejercicio en casi todas partes. Se diría que ha crecido la desconfianza con el establishment, sea este conservador o progresista, y al mismo tiempo, la prédica de Donald Trump ha activado a la derecha en igual o mayor medida que ha provocado un movimiento de reflujo o de inseguridad en las filas de la izquierda.

El escritor argentino Martín Caparrós ha publicado en The New York Times un artículo en el que desarrolla un argumento poco menos que definitivo para justificar la pervivencia de sociedades en extremo desiguales. Afirma Caparrós: “Latinoamérica es desigual por muchas razones pero, sobre todo, porque puede. Hay sociedades donde los más ricos necesitan que los más pobres sean menos pobres, donde los precisan para crear o consumir las riquezas que los enriquecen. Las economías latinoamericanas, en general, no: basadas en la extracción y exportación de materias primas —desde la soja al cobre, del petróleo a la coca—, pueden funcionar más allá de esos millones de personas que no son necesarias ni para producir ni para consumir. Solo se necesita contenerlos: que no hagan demasiado lío, para lo cual alcanza con darles su limosna”.

Se trata de un diagnóstico desgarrado acerca de una realidad que raramente desmienten los trabajos de campo. Como parte de una economía global, el modelo latinoamericano de enriquecimiento rara vez va más allá del descrito por Caparrós: materias primas y caridad para atenuar los aspectos más lacerantes de la desigualdad y contener los estallidos sociales. ¿Está fallando el sistema? En realidad ha fallado muchas veces, raro es el país latinoamericano que no se ha visto zarandeado por convulsiones sociales que dieron pie a regímenes autoritarios con todos sus atributos o a un autoritarismo encubierto por un cierto grado de paternalismo caritativo.

El razonamiento de Caparrós coincide en algunos aspectos con el del profesor Daniel Innerarity en El País: “Las derechas desconfían de los gobiernos porque los creen ineficaces y las izquierdas, porque son poco participativos; unos confían demasiado en los expertos y otros confían demasiado en la gente (…) Y mientras tanto la intervención de la gente en el proceso político será una irritación ocasional, que tensiona sin transformar y se resuelve finalmente en frustración colectiva”. Esa irritación tiene características propias en las sociedades latinoamericanas, herederas de un modelo progresivamente desequilibrante, en el que las desigualdades contribuyen a aumentar la desconfianza y el sentimiento de frustración cuando no de engaño en amplísimos segmentos sociales tradicionalmente marginados de la política.

Ciertamente, como dice Innerarity, la desigualdad no lo explica todo, pero es un factor esencial que alimenta el descontento. Si a ello se suma la corrupción –ahora, global, como en el caso Odebrecht–, la ineficacia de los gobiernos y diferentes tradiciones insurreccionales, se completa un marco de referencia que enardece a los desfavorecidos, a esas comunidades que las economías latinoamericanas no tienen necesidad de rescatar de la pobreza porque no las precisan para convertirlas en sociedades de consumidores. Surge así una ideología primaria en la que “la organización deseable o ideal de la sociedad” a la que se refiere el economista Thomas Piketty en su último libro, Capital et idéologie, se reduce a los intereses corporativos de élites sin compromisos públicos.

“Se puede vivir sin poseer, pero no sin alimentarse”, escribe Piketty provocativamente. Y añade: “En una sociedad muy pobre, donde el nivel de producción por habitante correspondería a lo sumo al nivel de subsistencia, no es posible de forma duradera ninguna desigualdad de rentas”. El objetivo establecido por Lula da Silva al iniciar su primer mandato, que todos los brasileños llegaran a tener garantizadas tres comidas al día, tenía que ver con la urgencia en corregir desequilibrios propios de sociedades radicalmente duales y con una economía de mera subsistencia para una parte importante de la población. La fe en la vuelta a los modelos neoliberales –Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera e Iván Duque, sus promotores– pretende confiar a las reglas del mercado la liberación de los más desfavorecidos, una contradicción en términos porque estos últimos no participan de los circuitos económicos del mercado que los debe rescatar de la pobreza.

A finales de la década de los 70 del siglo pasado llegó a decirse que parte de las élites latinoamericanas habían llegado a la conclusión de que la mejor manera de acabar con la pobreza era aniquilar a los pobres. Esta no fue, desde luego, una opinión muy extendida, pero no está tan lejos de la impresión dejada en Chile por Piñera, a quien se le ha reprochado en alguna ocasión, de forma especialmente inquisitiva, no haber aclarado si quiere combatir la pobreza o combatir a los pobres.

Al mismo tiempo, mientras se suceden las protestas, subsiste el desprestigio de los programas que abogan por abrir procesos de corte revolucionario. Las experiencias de Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido determinantes para que la misma desconfianza hacia los líderes impugnados por la calle se extienda a los eventuales profetas de modelos de corte socializante y estatista. Ni el recuerdo de experiencias inmediatas, que acaso introdujeron algún elemento de corrección de las desigualdades, es capaz de encauzar las manifestaciones hacia un cierto reformismo posibilista. Y entre tanto, se asiste sin remedio a la degradación del clima social, sin que por lo demás se sepa muy bien dónde se halla en cada caso la dirección de las protestas y qué pretenden hacer los gobernantes para reconducir la situación más allá de encastillarse en el poder. Como escribe Martín Caparrós, la gran política “está hecha de opuestos indudables”, pero casi nadie se detiene a pensar que “lo opuesto de la desigualdad es la igualdad”.

Autogol de Colombia

La congelación o suspensión del acuerdo de paz en Colombia después del inesperado triunfo del no en el referéndum celebrado el último domingo deja el futuro a merced de la voluntad negociadora –renegociadora, dicho sea de forma más apropiada– de dos enemigos acérrimos, el expresidente Álvaro Uribe y las FARC, de la complicidad del presidente Juan Manuel Santos con un proceso envenenado por la desconfianza y los agravios históricos, y de la habilidad de los intermediarios para preservar la tregua, prorrogada por el momento hasta el 31 de octubre. “¿De ahí para adelante continúa la guerra?”, se preguntó Rodrigo Londoño, alias Timochenko, sumido en las incógnitas de un porvenir incierto si antes de vencer octubre no se ha dado con la salida de este laberinto. En verdad, nadie sabe hoy a ciencia cierta cómo evitar que la suntuosa firma de los acuerdos en Cartagena de Indias, el 26 de septiembre, quede como “el mayor hecho histórico que nunca sucedió”, en palabras del escritor argentino Martín Caparrós, más allá de la prueba fotográfica de que la comunidad internacional aceptó enfundarse en guayaberas resplandecientes para saludar la paz impugnada luego por los votantes.

En aras de la precisión, hay que decir que fue poco más del 19% del censo el que tumbó el acuerdo de paz, mientras que muy poco menos del 19% lo apoyó. Por no muchos más de 50.000 votos de diferencia el andamiaje se vino abajo y el país quedó dividido en tres bandos: el del , el del no y el de la abstención (62% de los votantes potenciales), aquel que se mantuvo al margen de la decisión, que quizá ve la política como una superestructura poco fiable o de la que no siente formar parte, y que, en última instancia, fue determinante para bloquear el proceso. Muchos colombianos cayeron en la cuenta de esta realidad trifronte cuando el recuento desmintió las encuestas y a ojos suyos se concretó un país inesperado. “Hay momentos en que muchos ciudadanos chocan contra algo que no sabían qué era y resultó ser su país. Ese descubrimiento, el horror de ese descubrimiento. Esa es la sensación que tenían, domingo por la noche, tantos colombianos”, escribió Martín Caparrós en The New York Times.

En este país tridimensional dejado al descubierto por el peso de la abstención resulta revelador que de los 81 municipios más golpeados por el conflicto Estado-guerrilla, en 64 ganase el , según un estudio realizado por la Fundación Pares. En cambio, en distritos urbanos alejados de medio siglo de calamidades y muerte, venció el no. En ambos casos, cabe atribuir el resultado a la política de las emociones más que al análisis político: del lado del , porque la paz permitía cubrir muchos años de tragedias con el manto del perdón, de la amnesia o de la coexistencia pacífica; del lado del no, porque el recuerdo del pasado y la reclamación de que los terroristas comparezca ante los tribunales se impuso al realismo político, a la posibilidad de cerrar el conflicto sin un periodo de expiación. Estas emociones a flor de piel fueron el resorte que sumó votos en un sentido u otro, unido todo a viejas rencillas, a la pugna por el poder entre Uribe y Santos y al riesgo de que el populismo, no solo el que puedan activar los dirigentes de la guerrilla, se apodere del discurso político, según el parecer del analista colombiano Álvaro Forero en las páginas del bogotano El Espectador.

La variedad de argumentos a favor y en contra de la paz recogidos por el periódico liberal londinense The Guardian refleja esa mezcla de emociones incontenibles y de argumentos políticos simplificados. “Estoy decepcionado”, “no se alcanzará un nuevo acuerdo”, “una vergüenza nacional”, “necesitamos perdonar”, “necesitamos unirnos”, “[el referéndum] revela una debilidad importante”, son algunas de las frases de los partidarios del . “Más compromiso y menos arrogancia”, “soy extremadamente optimista”, “las libertades no deben concederse a los terroristas”, “demuestra que somos un pueblo responsable”, “[el ] es como apoyar los crímenes de Pablo Escobar”, proclaman los adscritos al no. Entre unos y otros, en el seno de esta versión binaria de una realidad muy compleja, quedan sin dueño los tonos grises propios de un acuerdo político para un conflicto a todas luces político con más culpables que inocentes o con menos inocentes de los que cada parte cree atesorar.

Jaime Abello Banfi, director de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano, creada por Gabriel García Márquez, ve detrás de la pugna de Santos y Uribe “la guerra que se ha venido dirimiendo no solo contra las FARC, sino una despiadada lucha por el poder en las élites de Colombia”. Pero este conflicto en el seno del establishment, tan presente en los medios, tuvo una incidencia definitivamente menor en la decantación de los votantes, confundió a los encuestadores, que vislumbraron comportamientos políticos inducidos por los estados mayores de los partidos, pero poco visibles en la calle, y recluyó en su domicilio a la mayoría del censo, como si el conflicto no fuese con él y no afectara a su futuro, como si un escepticismo radical y profuso alejara a la mayoría de las urnas.

¿Y ahora qué? Cuando buscar una salida depende en gran medida de la negociación entre Álvaro Uribe y las FARC, “dos enemigos jurados”, en palabras de Álvaro Forero en Le Monde, ninguna muestra de optimismo está justificada. Porque en el alma del partido del no alienta el deseo de que, fruto de la revisión de lo acordado en La Habana, la guerrilla acepte alguna forma de castigo que borre a ojos suyos –de Uribe y su entorno (el Centro Democrático)– la sensación de impunidad que se desprende de lo pactado, firmado y rechazado en referéndum. “¿Cómo los van a convencer de recibirlo [un castigo]?”, se pregunta Martín Caparrós, si una de las premisas de los comandantes de las FARC es que su acomodación a la política institucional descanse sobre una especie de perdón implícito o sobrevenido por la renuncia a las armas, la incorporación a la vida civil de los combatientes y la conversión de la organización en partido con presencia asegurada en el Parlamento durante dos legislaturas. ¿Quién puede convencer a la guerrilla de que debe desandar este camino y acepar que sean los jueces los que determinen quiénes deben ser exculpados y quiénes no?

“El centro no declarado del debate no ha sido la paz de los colombianos, ha sido la utilización de la votación por el plebiscito como un instrumento político. Pero no de alta política. Ha sido de la baja: del asalto al poder, de la puja por saber quién es más fuerte, de la imposición ideológica”, afirma el intelectual Carlos Castilla Cardona en el diario El Tiempo, de Bogotá. Esta puja por medir quién es más fuerte llevó a Santos a someter a consulta el acuerdo, cuando nada le obligaba a ello, y a Uribe a instalarse en el no sin un plan alternativo para cuando, llegado el caso, hubiese que reescribir lo acordado en La Habana. En ambos casos, el error de apreciación fue enorme: el presidente sufrió una derrota en el referéndum que le debilita en grado sumo y el expresidente se ve obligado a acudir a la mesa de negociación sin más propuesta que judicializar la paz. Nadie salió ganando, ni siquiera los partidarios del no, y, en cambio, todos pusieron al servicio de su futuro político la concreción de una paz histórica que despejaba el futuro de Colombia, llenó a un tiempo de incertidumbres y oportunidades. Como ha escrito Héctor Abad Faciolince en las redes sociales, “no hay nada que disimular”: el referéndum del 2 de octubre fue una derrota en todas direcciones, un autogol. Ni siquiera el Premio Nobel de la Paz otorgado al presidente Santos parece suficiente para aligerar una atmósfera tan cargada.