Referéndum presidencial en Francia

La Europa democrática se tienta la ropa a la espera del desenlace de la segunda vuelta de la elección presidencial en Francia, incluso después de que las encuestas posteriores al debate de la noche del miércoles dieran una ventaja de entre 10 y 12 puntos a Emmanuel Macron sobre Marine Le Pen. Aunque se antoja muy improbable la victoria de la candidata de extrema derecha, portavoz de un populismo nacionalista y antieuropeo, la decepción de un electorado que ha fulminado el sistema tradicional de partidos de la Quinta República, por completo desprestigiado, justifica la incertidumbre y los temores hasta que el escrutinio proclame un vencedor o una vencedora. Un estado de intranquilidad emocional azora al establishment europeo, habida cuenta el efecto de contagio que podría tener en no pocos países de la Unión Europea el triunfo de Le Pen y la distorsión que provocaría en el consenso democrático de los Veintisiete.

Por eso está más que justificada la creencia de que la votación del domingo es en gran medida la celebración de varios referéndums en un uno: sobre el compromiso democrático, sobre el papel fundamental de Francia en Europa, sobre la respuesta europea a la guerra de Crimea, sobre el papel de la nueva izquierda, sobre la necesidad de sanear el pacto social y los resortes del Estado del bienestar, sobre, en suma, las reglas del juego que han pasado de generación en generación desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Está en juego cierta hegemonía de la cultura política que permite asimilar a la idea de Europa la de un espacio multicultural que comparte una serie de convenciones no divisivas. Pero también está en juego la imperiosa necesidad de revisar y corregir los desajustes derivados de la globalización, de los flujos migratorios, de la emergencia climática, del agravamiento de las desigualdades y de la sensación de que el futuro puede ser sustancialmente peor que el pasado inmediato.

“La reelección de Macron es un preliminar democrático indispensable”, dice el filósofo francés Michaël Foessel. Y esta síntesis necesariamente incompleta de lo que está en juego resume, al mismo tiempo, una verdad fundamental: del resultado dependen la continuidad del pacto republicano, consustancial a la tradición política francesa, y la solvencia de las instituciones. Foessel confiesa en el semanario progresista L’Obs que la historia le impide confundir neoliberalismo y nacionalismo, y que es “a quienes no disponen de esta memoria histórica a quienes es preciso convencer de la actualidad del No pasarán”.

Es ese un ejercicio de realismo. Basta fijarse en los datos para aquilatar las dimensiones de la progresión de la extrema derecha en las elecciones presidenciales de los últimos 20 años. En 2002, Jean-Marie Le Pen obtuvo el 18% de sufragios frente a Jacques Chirac, llevado en volandas por la movilización general que cerró el paso al candidato del Frente Nacional. En 2017, Marine Le Pen consiguió el 34% de los votos frente a Emmanuel Macron, lo que representó una ganancia neta de más de un punto por año con relación al resultado cosechado por su padre. En la cita de este domingo, la encuesta que le es más favorable adjudica a Macron el 56% de los votos o, lo que es lo mismo, da a la candidata del Reagrupamiento Nacional el 44%, una ganancia neta de dos puntos por año a partir de 2017. Con el factor añadido de que se ha consolidado el apoyo transversal a Marine Le Pen, con caladeros de votos en los barrios burgueses de las grandes ciudades, en las banlieues zarandeadas por la crisis, en la Francia alejada de los centros de decisión y en los entornos sociales donde la tensión migratoria es innegable. Dicho con otras palabras, hay un progreso constante y constatable de la oferta ultraderechista, capaz incluso de captar votos en el zurrón de la izquierda que optó por Jean-Luc Mélenchon o de dejar en casa a una parte de sus seguidores, poseídos por reparos insalvables para acudir a votar por Macron.

Como ha escrito Yves Thréard en Le Figaro, la política francesa ha pasado en medio siglo de dividir al electorado en apoyo de programas políticos manifiestamente diferenciados a gestionar el grado de rechazo de los candidatos. “El desamor, por no decir la detestación, que inspiran los responsables políticos hoy es tal que se vota sobre todo para levantar un muro de contención antes que por convicción”, sostiene Thréard. En la memoria colectiva de los electores más veteranos pervive el recuerdo de la altura política del debate de 1974, que ganó Valéry Giscard d’Estaing –“usted no tiene el monopolio del corazón”– a François Mitterrand y del de 1981, en el que se intercambiaron los papeles de vencedor y vencido; en la memoria del electorado más joven prevalecen las arremetidas desbocadas de Marine Le Pen en el debate de 2017, y la determinación de Emmanuel Macron en el del miércoles para poner en evidencia las contradicciones irresolubles del programa de su adversaria, abanderada de un nacionalismo radicalmente excluyente.

Quizá sea cierta la opinión de Jean Daniel, recordada en El País el último domingo: “Emmanuel Macron es un fenómeno inclasificable. Cada vez que nos hacemos una idea de él, nos equivocamos”. Acaso sea un político líquido que se adapta al envase sin mayores reparos y prejuicios, pero es, sin duda y al mismo tiempo, quien transmite la sensación de que es el depositario de la Francia indispensable para el progreso del proyecto político europeo frente a la trasnochada idea de la Europa de las naciones invocada por Le Pen (de las patrias, podía haber dicho). No hay en el discurso de Macron un engarce ideológico concreto, pero sí un compromiso democrático reseñable, sea en el plano interno o en el europeo. De ahí que resulte más incomprensible en orden a preservar los valores democráticos el cuidado que se ha dado Mélenchon en no pedir específicamente el voto para la reelección del presidente, porque una vez el sistema clásico de partidos ha saltado por los aires, y mientras no se consolide otro, la ambigüedad de la nueva izquierda no hace más que alimentar las expectativas de la extrema derecha a lomos del sectarismo, de la simplificación de los problemas y del aprovechamiento sin escrúpulos de las líneas de fractura que descoyuntan la cohesión social. Como dijo el politólogo Maurice Duverger durante la campaña de unas elecciones europeas, la degeneración del sistema siempre es posible.

 

Un tiro en cada pie del PP

La insólita pelea que amenaza con despedazar al Partido Popular está lejos de ser una adaptación posmoderna de una tragedia shakespeariana y anda muy cerca del goyesco Duelo a garrotazos, el famoso cuadro en el que dos hombres, con las piernas hundidas en la tierra, es imposible que salgan indemnes de la disputa que los enfrenta. La insensatez se ha adueñado del primer partido de la oposición, embarcado en una lucha fratricida que deja sin efecto cuanto hasta el jueves parecía ser el asunto inmediato a debatir por la derecha española: ¿debe el PP compartir el poder con Vox allí donde le haga falta para disponer de la mayoría para gobernar o debe sumarse al cordón sanitario para aislar al partido ultra y proteger la cultura democrática de las arremetidas de sus adversarios?

Habita la semilla de la división irremediable en el paso dado por Isabel Díaz Ayuso para ocultar detrás de una cortina de humo el posible caso de corrupción que alienta en la compra de mascarillas por la Comunidad de Madrid, en abril de 2020, por valor de 1,5 millones de euros, con el hermano de la presidenta como privilegiado comisionista de la operación –286.000 euros, según parece–, un entramado típico de mordida, especialmente sórdido por el momento en que se produjo, en plena pandemia, con cientos de muertos todos los días. La misma semilla germina en forma de división en las explicaciones dadas por José Luis Martínez-Almeida en su condición de alcalde de Madrid, que no de portavoz nacional del PP, una diferenciación imposible en pleno paroxismo, y también se detecta el germen de la división en la comparecencia de Teodoro García Egea, tan agresiva como la crisis misma. Por no hablar de la decisión de Pablo Casado de dar explicaciones en el estudio de la COPE en vez de hacerlo en una conferencia de prensa abierta a todos los medios.

Hay demasiados estrategas de la guerra sucia en la división del partido como para que quepa suturar la herida, aunque quede a la vista de todo el mundo la cicatriz de la refriega (una más, una de tantas). No es posible vaticinar quién puede ganar el envite –nadie, seguramente– y quién deberá retirarse del campo de batalla sin poder gritar siquiera, como Ricardo III lo hace en todos los escenarios del mundo, “mi reino por un caballo”. Solo es posible intuir que planea sobre el futuro la sombra de la escisión, la eficacia del populismo practicado por Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez mediante, para movilizar a los afectos a su causa; planea también el beneficio inmediato que puede sacar Vox del lamentable espectáculo; planea, en fin, la zozobra en las áreas de poder de las que dispone el PP en diferentes comunidades autónomas, coligado con Ciudadanos o sustentado en el apoyo parlamentario de la extrema derecha.

Del deleznable espíritu cainita que se manifiesta en la crisis, nadie puede salir indemne. Todos los cortafuegos son ineficaces cuando el incendio ha penetrado en el bosque; nada sanea la atmósfera emponzoñada el apartamiento de subalternos –Ángel Carromero, uno de ellos–, sino que alimenta la sospecha de que, de una forma u otra, hubo una trama en el interior del PP para contener la ambición de Díaz Ayuso (el recurso al espionaje, el detective privado que no quiso enfangarse en la operación). Incluso es posible prever en los despachos de la calle Génova, con el expediente informativo sobre la mesa, que la presidenta de Madrid líe el petate y vaya en busca del apoyo de Vox para crispar más la situación y poner al PP entre la espada y la pared más de lo que ya lo está.

Las encuestas que a buen seguro aparecerán a no tardar arrojarán luz sobre cuánto puede costarle al PP la pelea interna por el poder en la que se ha enzarzado. Como es sabido, cabe atraer a toda la opinión pública durante algún tiempo y a una parte de la opinión pública durante todo el tiempo, pero es imposible atraer a toda la opinión pública durante todo el tiempo, incluso en sistemas totalitarios de largo recorrido. Esto es, hay que ver cuál es el grado de fidelidad de los votantes del PP y cuál es la parte de estos que prefieren acomodarse a otras ofertas, existentes ahora o que puedan aparecer en el futuro, fruto de una eventual escisión del PP. De hecho, como ha subrayado Enric Juliana en La Vanguardia, los populares ya han pasado por una experiencia similar con la transferencia de votantes a Vox, un conglomerado desgajado del conservadurismo templado y dirigido por Santiago Abascal, un antiguo militante del PP.

Todo adquiere así un aire de provisionalidad, de incertidumbre irremediable, mientras se multiplican las declaraciones rotundas a ambos lados de la divisoria sin la posibilidad de dilucidar lo enunciado por Walter Lippmann en el clásico La opinión pública: ¿propenderá el universo conservador a guiarse por imágenes preexistentes –el PP como única alternativa potencial al gobierno de la izquierda– o reaccionará de forma diferente a partir de un juicio crítico de los acontecimientos en curso? Puesto que no hay antecedentes de una crisis similar en el sistema de partidos en España, solo cabe esperar y ver; carece de sentido buscar referencias apropiadas en crisis como la muy viva en el Partido Conservador británico o en el desfondamiento de Forza Italia hace unos años.

Es más aleccionadora, aunque mucho más antigua, la atención que en su día prestó Maurice Duverger al “círculo interior” de los partidos políticos. Se encuentra en este núcleo el poder real de un partido de puertas adentro y, como consecuencia, de puertas afuera, pero si este espacio exclusivo no controla todos los frentes y se cuartea en facciones, pierde progresivamente la iniciativa. Si este es el caso del PP, y parece que algo hay de eso en su crisis a voces, el futuro se presiente borrascoso y el liderazgo se pone en discusión. Ignacio Escolar lo resume en Eldiario en muy pocas palabras: “Esta nueva guerra en el PP no es comparable, ni siquiera, a la que se vivió entre Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy. Porque en aquella época el presidente del PP era más fuerte de lo que lo es Pablo Casado hoy. Entonces tampoco existía Vox”.

Decir que el PP se ha descerrajado un tiro en un pie es más que insuficiente. Los tiros han sido por lo menos dos, uno en cada pie, y eso hace harto difícil mantener el equilibrio.

Portugal reprueba el oportunismo

El resultado de las elecciones legislativas celebradas el pasado domingo en Portugal contiene una inestimable lección para cuantos se entregan al oportunismo político. La mayoría absoluta obtenida por el Partido Socialista (PS) y el descalabro de las otras dos patas de la geringonça –el Bloque de Izquierdas y el Partido Comunista–, la mayoría parlamentaria armada por el primer ministro António Costa para gobernar desde 2015 hasta finales de 2021, demuestra que el cuerpo electoral, ante juegos de manos indescifrables, cuando no indefendibles, opta por la estabilidad, la eficacia en la gestión y la claridad de ideas. Creyeron el Bloque y los comunistas que la no aprobación del presupuesto y la consiguiente caída del Gobierno les ponía en franquicia una mayor influencia, acaso les permitiría forzar un Ejecutivo de coalición después de las elecciones; lo que sucedió en la práctica fue que gran parte de su electorado se fue en busca de la seguridad y la continuidad y votó a los candidatos socialistas. He aquí la lección.

En tiempos inciertos como los de la pandemia y la reconstrucción de economías muy dañadas por la hibernación forzosa de 2020, los comportamientos aventurados suelen estrellarse en el muro de la realidad. Que un Gobierno enfrentado al desafío de gestionar la pandemia y atender necesidades perentorias salga de las urnas con mayoría absoluta debería alertar a los prestidigitadores de la charcutería política. Es tan infrecuente en el paisaje europeo que un partido obtenga la mayoría absoluta después de someterse al desgaste que supone gobernar en condiciones excepcionalmente complejas, que el éxito de Costa resulta especialmente relevante.

No es menos significativo que los sondeos, que llegaron a otorgar la victoria al Partido Social Demócrata (PSD), conservador, equivocaran estrepitosamente los vaticinios. Los cálculos se hicieron en la creencia de una distribución más o menos equilibrada de los votantes indecisos, pero estos, en última instancia, no hicieron más que buscar cobijo en las garantías exhibidas por el Gobierno saliente y rechazaron las razones manejadas por los aliados del PS para descarrilar el proyecto de presupuesto para 2022. Como ha explicado en Dário de Notícias el especialista en demoscopia Almeida Ribeiro, “los sondeos nos dicen con certidumbre razonable cuál es la intención del 90% de los electores, pero no nos dicen con el mismo grado de certidumbre la intención del 10% de votantes que llamamos normalmente indecisos”. Un margen de error acrecentado en el caso de las legislativas portuguesas por el aumento de la participación y la erosión del voto conservador, una parte del cual se decantó por Chega, la extrema derecha encabezada por André Ventura.

Así sucede que mientras un editorialista del periódico lisboeta Público se pregunta “hacia dónde va António Costa”, un interrogante retórico, la reacción de los votantes parece responder en primera instancia a la sensación de disenso sin fundamento dejado por los aliados hasta entonces del primer ministro. O lo que quizá haya sido aún peor para el Bloque y los comunistas: transmitieron la impresión de que la decisión de no apoyar el presupuesto fue un movimiento oportunista, sin razones de peso para poner la geringonça patas arriba.

Durante un curso de verano, finales de los años 90, Mário Soares explicó que cuando los electores no aciertan a comprender a qué obedece el comportamiento de un dirigente político, este acaba siendo víctima de su falta de claridad o de un exceso de osadía. El propio Soares pasó por alguna experiencia de este tipo, pero el fenómeno no se circunscribe a Portugal, a los usos y costumbres de un sistema con dos grandes partidos y un pelotón de pequeños aspirantes a ser aliados de los dos grandes. Es lo que con alguna frecuencia se ha llamado bipartidismo imperfecto, que es capaz de procurar episodios de estabilidad emocional cuando uno de los dos grandes logra la mayoría absoluta con la holgura que lo ha hecho Costa (ganó en 19 de las 20 circunscripciones).

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa, un conservador con gancho y buen olfato político, entendió que, efectivamente, quienes iban a pagar por el atrevimiento de tumbar un Gobierno notablemente popular serían quienes no quisieron apoyar el presupuesto. De forma que coligió que cuanto menor fuese el tiempo empleado en la interinidad de un proceso electoral, más pronto se encauzaría aquello que en Portugal y en todas partes importa por encima de cualquier otra consideración: salir del periodo de excepción provocado por la pandemia con el menor parte de daños posible. Así lo entendió también el centro político y el universo económico, que apenas se movilizó para que Rui Rio, el líder del PSD, pudiera presumir de ser su candidato.

El filósofo alemán Peter Sloterdijk sostiene que los europeos se han refugiado en el privatism, la prioridad de la vida privada. Puede decirse que son muchos los que han renunciado a ser actores políticos más allá del vínculo periódico con el sistema a través de las elecciones, convencidos de que prevalece “la democracia sin el pueblo” –título de un ensayo de Maurice Duverger– y no hay forma de modificar el rumbo de los acontecimientos. Visto lo sucedido en Portugal, parece que las cosas no tienen por qué ser siempre así y de hecho no lo son: la reacción de los votantes ha corregido a una parte de las élites, empeñadas en adentrarse en territorios que tienen poco o nada que ver con la percepción de la calle acerca de la naturaleza de lo que sucede en cada momento.

 

El ‘caso Hasél’, otro síntoma de crisis

Los disturbios que han seguido al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél ponen sobre la mesa por enésima vez la libertad de expresión como un ingrediente esencial de la democracia, pero también qué instrumentos son legítimos para defender tal derecho y, asimismo, cuáles son los límites reconocibles y aceptables de la libertad de expresión. Las imágenes de calles con barricadas en llamas, manifestantes enardecidos y cargas policiales que se suceden en diferentes ciudades españolas no hacen más que alimentar el debate con la pasión propia de cualquier crisis social, induce a los partidos o al menos a algunos de ellos a manejar versiones bastante alejadas de los consensos académicos básicos y causan estupor a una opinión pública alarmada por comportamientos iracundos cuando cae la noche.

Como ha escrito Rafael Jorba en las redes a propósito de la arremetida del jueves contra la sede de EL PERIÓDICO, es un oxímoron defender la libertad la libertad de expresión y apedrear  y pintarrajear un medio que, por definición, es un ingrediente esencial en la concreción práctica de la libertad de expresión. Está igualmente fundamentada la apreciación hecha por Ernesto Ekaizer en el programa Aquí amb Josep Cuní según la cual, a la luz de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no cabe aplicar sanciones penales a los delitos de opinión (“en España se está aplicando muy mal el derecho penal”, dice Ekaizer). Y tiene muy pocos adversarios el convencimiento generalizado de que la violencia deslegitima a quienes recurren a ella para defender o reivindicar un derecho.

Tales opiniones configuran un acuerdo básico, compartido por capas sociales e ideologías de muy variada procedencia, tradición y signo. Son instrumentos de cohesión social que tienen que ver con uno de los muchos principios enunciados por el politólogo Maurice Duverger en su libro Los partidos políticos (1951). Duverger se pregunta qué define la democracia; la libertad, responde sin dudarlo. Pero añade la siguiente precisión: “No solo la libertad de los privilegiados por el nacimiento, la fortuna, la función, la educación, sino la libertad real de todos, lo que supone cierto nivel de vida, cierta instrucción general, cierta igualdad social, cierto equilibrio político. La distinción marxista de libertades formales y libertades reales no es más que parcialmente exacta”.

¿Hay riesgo de que se rompa un “cierto equilibrio político”? Con tuits tan desafortunados, estridentes e inadecuados como el de Pablo Echenique, ideal para avivar las llamas en las barricadas, seguramente se suma un ingrediente más a los desequilibrios que zarandean una parte no menor de la sociedad, baqueteada por una vulnerabilidad cada vez mayor y cuyo horizonte de futuro no es otro que el de una borrasca permanente. El hecho de que los inductores de los disturbios de Barcelona, Madrid y otras ciudades sean una minoría exigua para la que cualquier pretexto vale para ponerse en acción no reduce los riesgos, porque son demasiados los elementos, reales o intuidos, que permitan allegar voluntades a su propósito de arremeter contra todo. De ahí la impresión de que el episodio en curso no será el último, que habrá en lo venidero nuevos escenarios de violencia en la vía pública, como los ha habido en el pasado con dramática intensidad.

Indagar el origen de la movilización de jóvenes exaltados –“estamos muy enfadados”, declaró una menor a una emisora de radio–, analizar el mar de contradicciones en el que se mueven y su potencial poder de atracción, no es sinónimo de justificar los destrozos, sino la única forma de poder explicar con solvencia qué está pasando y por qué. Es claramente insuficiente darse por satisfecho con explicaciones tan someras y caricaturescas como las de Isabel Díaz Ayuso –“unos niñatos” o algo así–, o reducirlo todo a jóvenes profesionales de la gresca, una versión actualizada de la kale borroka. Con toda seguridad, hay entre los agitadores algunos que se suman a las manifestaciones pacíficas para, antes o después, desencadenar la violencia por el simple gusto de desafiar a los antidisturbios y entregarse a toda clase desmanes, pero hay también desesperanza, amargura y desorientación en algunos otros que creen que el sistema, sea cual sea este, los ha abandonado a su suerte.

Walter Lippmann escribió en su libro La opinión pública (1922): “Todas las personas viven en el mismo mundo, pero piensan y sienten de forma diferente”. El gran ensayista adelantó hace un siglo que el comportamiento humano obedece a “un falso entorno que le induce a actuar en el mundo real” de una determinada manera. De lo que cabe deducir que un mismo entorno es percibido y sentido de diferente forma por diferentes personas que construyen una realidad a la medida de sus anhelos, necesidades y objetivos. Hoy esa construcción de la realidad está más diversificada que nunca y nada se entiende si no se admite tal variedad de versiones.

Una de estas versiones, llamadas ahora relatos, se presenta como una movilización en defensa de la libertad de expresión a propósito del caso Hasél, pero hay demasiadas contradicciones, demasiado ruido, demasiadas inconsistencias para que sea solo eso. La mera impugnación del statu quo por los manifestantes violentos transmite la imagen confusa de un colectivo tan harto del presente como desorientado. Es la imagen de un segmento muy minoritario, pero también muy activo, de una generación que ha pasado de las promesas del Estado del bienestar que conocieron sus padres y abuelos a los daños no reparados causados por varias crisis encadenadas.

Si del asalto al Capitolio de Washington, instigado por Donald Trump, se dijo que había dañado uno de los consensos sociales básicos –la inviolabilidad de los representantes electos de los ciudadanos–, lo menos que puede decirse de los sucesos de estos días en España es que la defensa de la libertad de expresión mediante la acción directa es solo un pretexto que remite a problemas sociales que la pandemia no ha hecho más que agudizar. Hay demasiadas señales de desapego con el entorno –aunque se trate del falso entorno del que habla Walter Lippmann o entorno irreal–, como para quedarse en lo obvio, la violencia es inaceptable y no merece otra reacción que la condena, y no buscar otras pistas explicativas de cuanto sucede. La salud de la democracia requiere realizar este ejercicio de introspección colectiva.

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Trump se radicaliza, pero pierde fuelle

A menos de cinco meses de la elección presidencial en Estados Unidos se multiplican los motivos de inquietud por lo que medios tan diferentes como los semanarios Time y The Nation y el diario The Washington Post llaman “errática política” de Donald Trump. También son cada vez más los analistas que advierten de que si se prolonga su mandato otros cuatro años, los efectos que tendrá en el plano interior e internacional pueden ser irreversibles y desastrosos (Richard Ford). La sensación de que la Casa Blanca multiplica sus esfuerzos para “controlar todas las palancas del poder” (Brian Bennett, en Time) y para saltarse todas las convenciones políticas, con grave daño para la solvencia institucional del Estado, no alarma solo a la oposición demócrata y a la movilización transversal desencadenada por la muerte de George Floyd, sino a muchos republicanos clásicos que se llevan las manos a la cabeza cada vez que Trump arremete contra el Tribunal Supremo, denigra las manifestaciones o difunde mensajes desaforados a través de Twitter.

El intento de impedir la distribución del libro La habitación donde ocurrió, Unas memorias de la Casa Blanca, que firma John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional de Trump, es el último episodio con el que el presidente ha alimentado la controversia. Ni Bolton es un compendio de probidad y virtudes ni todo cuanto se dice en el libro es posible que se ajuste a la realidad, pero es desmesurado recurrir a la seguridad nacional para impedir que el texto llegue a los lectores. Bolton no es una voz imparcial, sino un político despechado que, llegado el caso, puede verse obligado a dar explicaciones a un juez si alguien que se siente perjudicado por el libro o que entiende que transgrede la ley, acude a los tribunales. Lo que no es tolerable es que alguien –el presidente, en este caso– pretenda neutralizar un libro a despecho de lo dispuesto en la primera enmienda de la Constitución, que data de 1791 y que consagra la libertad de expresión.

“Desde que los hombres reflexionan sobre la política, han oscilado entre dos interpretaciones diametralmente opuestas. Para unos, la política es esencialmente una lucha, una contienda que permite asegurar a los individuos y a los grupos que detentan el poder su dominación sobre la sociedad, al mismo tiempo que la adquisición de las ventajas que se desprenden de ello. Para otros, la política es un esfuerzo por hacer que reinen el orden y la justicia, siendo la misión del poder asegurar el interés general y el bien común”, escribió el pensador francés Maurice Duverger hace medio siglo en Introducción a la política. Tal descripción general, plenamente vigente, explica en nuestros días la tensión creciente y la polarización política en todas partes, cada vez más alejadas las posiciones de cada bando, singularmente en Estados Unidos, donde la atmósfera política ha adquirido la densidad del plomo.

El hundimiento de Trump en las encuestas, a 13 puntos del candidato demócrata, Joe Biden, ha contribuido decisivamente a radicalizar los mensajes que emite el Despacho Oval. Trump expande su guerra contra Washington, titula Time una crónica; Se prepara el escenario para el repudio de Donald Trump en noviembre, sostiene The Washington Post. Al mismo tiempo, Fox News redobla sus iniciativas para dar cobertura a la rentrée presidencial en campaña este fin de semana, al día siguiente de la celebración del Juneteenth, que recuerda la proclama del general Gordon Granger en Galveston, el 19 de junio de 1865, que otorgó la libertad a los esclavos en el estado de Texas. Y los demócratas se afanan en resaltar el revolcón presidencial en el Tribunal Supremo, que impide a Trump abolir la ley promovida por Barack Obama que protege a los dreemers.

A cada día que pasa se espesa la mezcla y empieza a cobrar vida la diferencia entre legalidad y legitimidad, la deslegitimación del gobernante a través de sus actos y otros aspectos relacionados con el ejercicio del poder en una democracia. En noviembre de 2018, el historiador argentino Federico Finchelstein publicó un artículo en The New York Times en el que describrió a Trump como “el líder populista de una democracia minoritaria”. Esto es, de una democracia en la que se hizo con el poder quien no obtuvo la mayoría de los votos populares. “Muchos observadores afirman que así funciona esta democracia y su sistema representativo. Pero lo contrario es lo cierto: la democracia estadounidense es ahora un Gobierno de minorías y no funciona bien”, escribió Finchelstein, y esa línea argumental reaparece ahora como una impugnación global a su forma de gobernar, a su comportamiento y objetivos.

El periodista Mateo Madridejos recoge en su blog una afirmación del diplomático mexicano Jorge G. Castañeda sobre la situación en Estados Unidos: “El sistema político ha dado pruebas de estar mal equipado para reestructurar su red de seguridad y ampliar su contrato social”. Los hechos dan la razón al analista: la pandemia ha cercenado la buena marcha de los negocios, han aflorado las flaquezas crónicas del sistema sanitario y los mejores presagios auguran de aquí a final de año la recuperación de solo el 20% de los 40 millones de empleos perdidos por la congelación de la economía. Nadie culpa a Trump de ser el causante de la enfermedad, sí son cada día más los que entienden que el presidente ha gobernado de forma nefasta la emergencia sanitaria, ha facilitado la extensión del mal y se ha apoyado en cuantos, en nombre de una aberrante idea de libertad, han exigido normalizar la vida cotidiana a pesar del virus.

Por primera vez en tres años se extiende la impresión de que el choque de la Casa Blanca con las instituciones, el parte de infectados y muertos a causa de la covid-19 y el espinoso asunto de la tensión racial han debilitado la figura de Trump, incluso entre los suyos, sobre todo en aquellos estados en los que Hillary Clinton perdió por escasísimo margen. El semanario The Atlantic lo resume con una frase: “Trump pierde crédito allí donde puede necesitarlo más”. Faltan muchas etapas hasta llegar a la meta del 3 de noviembre, pero el griterío del presidente lastra cada día más sus posibilidades.

El ‘Brexit’ siembra el pánico

La Unión Europea se tienta la ropa conforme se acerca el 23 de junio, esa fecha fatídica o punto de inflexión o de no retorno, depende de cómo se mire. El Brexit ha puesto las bolsas en un grito, ha desencadenado sombríos vaticinios en las finanzas mundiales si el Reino Unido deja la UE y ha movilizado a todo el mundo –instituciones, políticos, medios de comunicación– para evitar que las urnas confirmen las encuestas, según las cuales son mayoría los partidarios de la salida. Cómo afectará o corregirá el pronóstico la muerte de la diputada laborista Jo Cox a manos de un presunto ultra –Gran Bretaña primero– con problemas psíquicos es algo que escapa a los modelos matemáticos y a los análisis demoscópicos, y lleva quizá la campaña hacia los sentimientos a flor de piel, tan poco medibles.

El choque incruento de dos flotillas en aguas del Támesis, a favor y en contra de seguir en la UE, la refriega en los periódicos alentada por Rupert Murdoch, eurófobo sin fisuras, la reacción previsora de los técnicos del Banco de Inglaterra y del Banco Central Europeo para hacer efectivo un plan de choque si vence el Brexit, la intranquilizante política de recortes presupuestarios que anuncia George Osborne, el éxito de Nigel Farage, tan enaltecido por Murdoch, configuran un panorama desasosegante y, al mismo tiempo, bastante apegado a las tradiciones políticas británicas: nosotros y el continente; sus disputas y nuestra disposición a arbitrarlas. Y, a renglón seguido, el debate sobre la pertenencia a la UE pone de manifiesto la fractura de una sociedad en la que, en términos generales, los jóvenes (políticamente poco activos) se inclinan por quedarse y las generaciones que los precedieron (más resueltas a ir a votar) se sienten atraídas por el repliegue, por reconquistar los atributos de soberanía del pasado y contemplar las refriegas entre europeos desde la orilla norte del canal.

Claro que la crisis de identidad no es solo británica, también es europea o de la Unión Europea para mayor precisión. Porque al plantear siquiera la posibilidad de dejar la organización, el Reino Unido deja al descubierto la debilidad estructural o la descohesión que mina el proyecto político. Para los europeístas que, no sin cierta ingenuidad, creían que la adhesión a la EU era una carretera de sentido único, cuanto ahora sucede los coloca ante la evidencia de que nada es para siempre, y menos en política: es posible salir de la EU sean cuales sean los costes que tal operación puede conllevar. No solo eso: el europeísmo y la necesidad de pertenecer a una organización política –no solo económica– paneuropea han dejado de ser anhelos ampliamente mayoritarios (cuando menos, hay una minoría de disidentes o desafectos cada vez mayor).

Las conclusiones que pudieron sacar los electores británicos del referéndum de Escocia del 2014 apenas valen ahora. Si entonces se dijo que los beneficios y los perjuicios de la independencia inclinaron el voto del lado unionista, hoy ese cálculo pesa poco. A pesar de la caída de la cotización de la libra, de la alarma de los bancos, del apoyo de muchas grandes empresas a seguir en la UE, de la intranquilidad de la City, la mezcla de nacionalismo trasnochado y hartazgo con Bruselas se ha adueñado del escenario con evidente desparpajo. Aunque, como escribe Dominique Moisi y proclama el laborista Gordon Brown, “en realidad, el Reino Unido no tiene otra vía que seguir en la UE si desea asegurarse un porvenir digno de su pasado”. No tiene otro camino pensando incluso en la más que posible reacción que puede suscitar el Brexit en la sociedad escocesa, manifiestamente proeuropea, que muy probablemente exigirá poner de nuevo a votación la independencia para, de lograrla, iniciar de inmediato los trámites para ingresar en la UE.

En el compromiso de David Cameron de convocar un referéndum hubo siempre cierta disposición al desafío, aunque en su partido los síntomas de división eran más que manifiestos. Para muchos conservadores, fue un trago amargo acudir a la UE en 1973, aunque Edward Heath, el firmante de la adhesión, era uno de los suyos. Aquellos conservadores de hace más de cuarenta años que, al igual que muchos de sus compatriotas, seguían pensando como la mayoría de sus más ilustres antepasados que el galimatías o crucigrama continental era mejor observarlo y tutelarlo desde fuera, aquellos conservadores que vieron en la política de Heath un gesto de debilidad, son los padres de este otro galimatías o crucigrama de hoy. Cuatro décadas largas no son nada en términos históricos para cambiar una mentalidad política de siglos, y lo cierto es que el Reino Unido nunca se ha sentido cómodo en la UE, sumergido en las querellas de familia a las que tan habituado está el continente; nunca ha aceptado de buen grado que sus instituciones estén a merced de una superestructura política radicada en Bruselas no siempre descifrable.

Aun así, la cuestión o el asunto que se dilucidará el día 23 no será solo el ser o no ser británico en la Unión Europea, sino también el de la Unión Europea misma. El dilema shakespeariano no afectará solo al futuro del Reino Unido, sino también al del proyecto europeo. Abierta la veda de la fuga, nadie puede prever quiénes serán los siguientes en abandonar el barco o, al menos, en someter el caso a consulta a causa de la presión euroescéptica. Puede que no surjan imitadores, pero si aparece alguno –¿Dinamarca?, ¿Holanda?–, puede animar a otros o abrir otra veda, la de las adhesiones a la carta mediante la revisión de las vigentes, que es justo el camino contrario al favorecido por las llamadas cooperaciones reforzadas, que debían estimular la cohesión económica y política, y atraer a la larga a los europeístas más tibios.

Durante la campaña de las europeas de 1989, el politólogo Maurice Duverger, que salió elegido en una lista socialista, insistió varias veces en la necesidad de construir la europeidad poco a poco, con suavidad. Pensaba, seguramente con razón, que cualquier atajo podía alarmar a los custodios de los atributos de la nación, pero daba por descontado que no había socios dispuestos a retirarse, sino más bien una mayoría ansiosa de avanzar en un sentido unitario. Puede que así fuese entonces, incluso aceptando la propensión al escepticismo europeísta de las islas, pero es más aventurado suponer que los disidentes eran poco menos que una facción marginal. La cultura política del Estado-nación, tan difundida y alentada, era entonces tan sólida como ahora, se conservaba intacta y cobijaba en su seno los odios étnicos, el chovinismo nacionalista, los regionalismos y otros desafueros que justifican el pesimismo de George Steiner en La idea de Europa más que el optimismo de Mario Vargas Llosa en el prólogo a la edición española del libro.

Quizá incluso Cameron, con su carrera y liderazgo tan comprometidos, sea un euroescéptico, pragmático, eso sí. Porque si no fuese un europeísta accidental, habría hecho hincapié en la unidad de Europa como proyecto político, pero cuanto ha dicho y reiterado en campaña ha sido anunciar un apocalipsis económico si gana el Brexit, sin internarse en otros campos que le incomodan o por los que no quiere transitar. Porque si no fuese un europeísta a su pesar, forzado por las circunstancias, hubiese invertido más tiempo en europeizar a la opinión pública británica y bastante menos en renegociar los términos de la pertenencia a la UE, siempre tan en discusión, como si permanecer en ella fuese una necesidad ineludible, pero no un deseo. Que, por cierto, para Jo Cox sí lo era.