Bolsonaro alinea a los duros

La configuración del núcleo del bolsonarismo demuestra que estaba del todo justificado que sonaran las alarmas en cuanto el recuento del 28 de octubre confirmó la victoria del candidato de la extrema derecha en la carrera para presidir Brasil. El perfil ideológico de los primeros escogidos por Jair Bolsonaro confirma la preferencia del vencedor por los muy duros, aquellos que entienden que los males del país y la competencia de la izquierda solo pueden combatirse con puño de hierro, admiradores algunos del legado de la dictadura y de la política de los blancos a pesar de la realidad multicolor de la nación. Nada de cuanto lleva decidido Bolsonaro en su primera semana de presidente electo se separa un milímetro de tal desarrollo argumental mientras la izquierda se lame las heridas y advierte del peligro inminente que se cierne sobre el sistema de libertades.

Cabía esperar cuanto sucede a poco que se hubiese seguido la andadura de Bolsonaro, pero aun así alimenta la inquietud y vaticina un cambio radical que alcanzará a toda Latinoamérica porque cuenta el antiguo capitán con la bendición de Donald Trump, y de presidentes con tanta influencia en los medios como Mauricio Macri (Argetina), Sebastián Piñera (Brasil) e Iván Duque (Colombia), que se han apresurado a resaltar sus coincidencias con el presidente electo. Había en todo lo que difundió Bolsonaro a través de las redes sociales un toque inequívocamente autoritario, de político sin contemplaciones; lo hay ahora en sus primeras decisiones para formar un equipo de fieles adscritos a la mano dura que antes prefieren cometer errores por exceso que por defecto.

Paulo Guedes, el ministro de Economía in péctore, es un seguidor de la escuela de Chicago, que vivió en el Chile de Augusto Pinochet de los años ochenta y admiró la obra de los promotores de la hiperliberalización de la economía, un programa que saneó las cifras macroeconómicas, pero incrementó las desigualdades sociales. Sérgio Moro, el juez que desveló el caso Lava Jato, metió en la cárcel a Lula da Silva y persiguió con saña al Partido de los Trabajadores (PT), será el responsable de Justicia y Seguridad Pública al precio de poner en duda la independencia de sus juicios y su complicidad con el mundo conservador, obsesionado en erosionar el PT. Joao Campos será el próximo presidente de la Cámara de Diputados, impregnará su quehacer con el fundametalismo cristiano que exhiben las iglesias evangélicas –es pastor de una de ellas– y quién sabe si dará una base doctrinal al programa de control-acoso-represión de las minorías tantas veces enunciado por Bolsonaro.

Cualquier posible asomo de transversalidad debe descartarse. No hay en la voluntad de cuantos auparon al vencedor el más mínimo propósito de escuchar al segmento social que no lo votó o que prefirió quedarse en casa. Al igual que Trump hace dos años, el círculo de Bolsonaro interpreta el triunfo como un valor absoluto que lo legitima para tomar cualquier medida en cualquier momento. Ciertamente, no se trata de una forma de pensar ajena a la ambición misma de muchos gobernantes al alcanzar el poder, pero en el caso de Brasil, históricamente sometido a las lacras de la desigualdad extrema, al arraigo de la pobreza y a la doble pandemia de la inseguridad y de la corrupción, la aplicación de cualquier programa exento de matices está irremediablemente condenado a dejar un reguero de víctimas por el camino.

La sentencia de Tácito “el poder nunca es estable cuando es ilimitado” no forma parte del ideario bolsonariano, sino más bien la convicción de que la herencia recibida legitima la aplicación de soluciones extremas. La bolsa de Sao Paulo aplaude este principio, pero el mapa de carreteras que lleva al ganador hasta el palacio de Planalto atiende más a los efectos que a las causas de la crisis social brasileña. Y sin embargo, nada puede deslindarse de la pobreza visible por doquier; de las pretensiones de los grandes propietarios agrícolas, señores de un sistema productivo que cabe considerar indigno; de la codicia que amenaza la explotación de la Amazonia; de la dualidad sin límites de las comunidades urbanas (opulencia máxima y miseria absoluta separadas muchas veces solo por la anchura de una calle).

Nada en Brasil tiende al equilibrio y a la sostenibilidad. Quizá Lula logró materializarlos en parte durante algún tiempo, pero los poderes reales no dejaron nunca de manejar los resortes decisivos de la economía y de la política –dos caras de un mismo dios– y de aprovechar el clima de confusión creado por el caso Lava Jato y sus ramificaciones –Petrobras, un nido de corrupción– para neutralizar el auge del PT. Hoy eso se traduce en una economía emergente estancada por sus propios errores y por el desafío de Trump a la globalización, y por unas clases medias que han buscado el auxilio de un cirujano de hierro capaz de restaurar el orden –no se especifica cuál–, sin que importen mucho los métodos, el coste y la erosión del régimen de libertades.

De los discursos de Bolsonaro y de sus seguidores no se deriva preocupación alguna por la calidad de la democracia en el futuro ni por la posibilidad de cohesionar una sociedad dividida. Se ha impuesto la idea de Thomas Hobbes, quizá muy anterior a él, primum vivere, deinde philosophari, en su peor acepción, como si el riesgo inherente a situar a la extrema derecha en el puente de mando estuviese plenamente justificado vista la situación que hay que superar. Una reacción comprensible entre los electores que añoran los años de la dictadura o del tejemaneje de los gobiernos conservadores, pero no tanto entre el resto de los votantes de la mayoría que se decantó por Bolsonaro, ciudadanos instalados en un pragmatismo lleno de riesgos.

Así se ha concretado la supuesta disputa por el centro después de que los dos candidatos que concurrieron en la segunda vuelta lo hicieran en la primera sin hacer guiños a este espacio político templado, sino al extremismo. Con una ventaja manifiesta para Bolsonaro: él pudo comparecer como potencial reparador de la catástrofe nacional mientras Fernando Haddad apareció como el heredero de los desastres del pasado. Fuese o no cierto esto último, nunca logró convencer a los votantes centristas de lo contrario y solo consiguió movilizar el sufragio militante que, por lo demás, siempre vio en Haddad un sucedáneo de Lula, el gran ausente, el único al que las encuestas daban como posible ganador frente a Bolsonaro, convertido hoy en el triunfador que Donald Trump siempre deseó.

Fuego cruzado sobre Trump

La publicación en The New York Times de un artículo anónimo en el que un alto funcionario de la Casa Blanca cuenta el empeño de una parte del personal del Ala Oeste en diluir bastantes iniciativas del presidente Donald Trump, de forma especial aquellas que interesan las políticas exterior, de defensa y económica, no hace más que reforzar la imagen de conjunto de la presidencia que transmite el libro Fear (miedo), de Bob Woodward, próximo a publicarse. Atendiendo a la solvencia del diario y del veterano periodista de The Washington Post, solo cabe concluir que la situación que se da en el Despacho Oval es insólita o solo comparable con aquella otra que envolvió en una densa niebla envenenada el segundo mandato de Richard Nixon. La gran diferencia entre Nixon y Trump es que el primero fue un profesional de la política, conocedor de los códigos y los detalles de la guerra fría, y en cambio quien hoy ocupa el puente de mando muestra permanentemente un desconocimiento enciclopédico de asuntos cruciales sobre los que debe tomar decisiones.

Aunque no deja de ser una anormalidad la publicación de un artículo sin firma –una decisión que incluso puede considerarse discutible aunque el medio afirma conocer la identidad del autor–, su contenido es tan explícito y se aproxima de tal manera a revelaciones anteriores que es difícilmente impugnable como testimonio de una realidad demasiadas veces insinuada o descrita por otros autores. Las “decisiones imprudentes” a las que se refiere el alto funcionario confirman algunos detalles aportados por Michael Wolff en Fuego y furia, lleno de pirotecnia sensacionalista, y, desde luego, se antojan del todo consistentes con el minucioso trabajo de investigación de Woodward, el mismo que junto a Carl Bernstein destapó el escándalo Watergate (junio de 1972-agosto de 1974). El twit del presidente en el que se pregunta si el prestigioso periodista es “un operativo demócrata” apenas sirve para contrarrestar el efecto que sobre la campaña de las elecciones midterm –a dos meses vista– puede tener el caudal de informaciones por lo menos preocupantes que degradan la imagen de Trump más allá de los límites de sus adeptos irreductibles (el 35% del electorado, según algunas encuestas).

“La lucha surrealista entre Trump y al menos algunos miembros de su propio equipo ha caracterizado su mandato desde el principio, pero se extendió a la opinión pública esta semana de una manera que plantea preguntas sobre la capacidad del presidente para gobernar y las responsabilidades y deberes de las personas que trabajan para él”, se afirma en The New York Times. Es tanto como decir que en la Casa Blanca se da una doble inconsistencia: la del presidente, carente de la formación y el carácter necesarios para desempeñar el cargo, y la de un equipo de colaboradores y asesores que cobija a no pocos expertos que disienten de Trump y porfían para evitar que se lleven a la práctica ideas descabelladas, inoportunas o altamente peligrosas para la seguridad nacional (un ataque preventivo contra Corea del Norte, una operación para asesinar a Bashar al Asad, la retirada del contingente desplegado en Corea del Sur y otros disparates supuestamente evitados por funcionarios civiles y militares de alta graduación).

Es improbable o poco creíble que lo desvelado esta última semana sea fruto de la inquina y el sentimiento de frustración de personas resentidas. Muchos de los nombres citados por Woodward en su libro son políticos experimentados, militantes del Partido Republicano o cercanos a él a quienes es casi imposible imaginar sometidos a la estrategia electoral del Partido Demócrata, y militares educados en el sometimiento a las decisiones del comandante en jefe. Si se ha quebrado ahora esta tradición, si se ha instalado en el Ala Oeste la creencia de que es necesario controlar al presidente –incluso neutralizarlo– si corre riesgos excesivos, poco meditados o sin fundamento, es a causa del desbarajuste, la tendencia de Trump a la sal gruesa y al desplante sistemático y la desorientación de los aliados, que cada vez con mayor frecuencia no dan crédito a cuanto procede de Washington.

Hay, al mismo tiempo, una creciente desconfianza en los salones del poder en relación con el conflicto de intereses entre el programa político de Trump y los objetivos financieros de un millonario de Manhattan con un currículum empresarial no siempre ejemplar y transparente. Pasó en Italia con Silvio Berlusconi, pasa ahora con Mauricio Macri en Argentina, sucede en Chile con Sebastián Piñera, pero en ningún lugar tiene el eco que en Estados Unidos, con la constante exhibición de opulencia que hace el presidente mientras se dispone a recortar cuando no eliminar los modestos programas sociales puestos en marcha por su predecesor. Y esa desconfianza es especialmente relevante en cuanto atañe a las relaciones de Estados Unidos con Rusia, de Trump con Vladimir Putin, tan opacas y poco convencionales, alarmantes en algunos momentos para cuantos piensan que el presidente debe ser alguien previsible, que no defraude a los aliados ni los debilite.

Las señales que emite el entorno ciegamente fiel a Trump, que incluye a una de sus hijas y al marido de esta, no hace más que alimentar las sospechas de que en la cúspide del Estado se cruzan a todas horas los planes de un hombre de negocios, los objetivos de un gobernante ultraconservador y la falta de preparación de este para aceptar que no puede arramblar con todas las reglas y servidumbres del statu quo sin quebrantar el sistema de pesas y medidas heredado. Como escribió en su día Walter Lippmann, “la prueba final de un líder es que deja tras de sí en otros hombres la convicción y la voluntad de seguir adelante”, algo que está lejos de las posibilidades de Trump, siempre agresivo con las reglas escritas y no escritas de la política, la opinión de los entendidos y los instrumentos de la crítica (la prensa, en primer lugar). Cada vez que alguien intenta blindar la figura del presidente –el juez Brett Kavanaugh, elegido por Trump para ocupar una plaza en el Tribunal Supremo, el último de ellos– no hace más que erosionarla y recalentar el clima de sospecha generalizada.

Indira A. R. Lakshmanan, una comentarista del diario The Boston Globe, resume el momento en muy pocas palabras: “Si incluso la mitad de las historias que describen a Trump como no apto para el cargo son verdaderas, es la historia de terror de no ficción del año. Un escenario aún más aterrador es que todas las historias sean verdaderas”. El artículo se titula Crazytown [ciudad loca], USA: por fin hemos coronado la cima Trump, un recurso a la ironía que en nada reduce la sensación experimentada a menudo de que el inquilino de la Casa Blanca es un presidente peligroso.

Venezuela, tan cerca del abismo

Nunca segundas partes resultaron tan confusas y peligrosas como las que en la prolongación del chavismo encarna el presidente Nicolás Maduro, metidos en el despeñadero Venezuela y él desde hace demasiado tiempo como para esperar grandes logros de la cita con la oposición de este domingo en isla Margarita. Desde que un grupo de militantes bolivarianos ocupó la Asamblea Nacional el día 23, cuando debía discutirse el posible procesamiento político de Maduro, se han sucedido las novedades, los momentos de relativa esperanza y los de total desconfianza: el papa Francisco recibió al presidente de Venezuela el 24, diferentes tandas de manifestaciones y proclamas a voz en grito tomaron las calles los días siguientes, se anunció un aumento del 40% del salario mínimo –nada reparador con una inflación que andará cercana al 500% cuando acabe el año–, se convocó huelga general por la oposición para el 28, hubo anuncio de la cita en isla Margarita para el 30 y anuncio también de que la Mesa de Unidad Democrática (MUD) convocaba una concentración frente al palacio de Miraflores, sede de la presidencia, para el 3 de noviembre. Demasiados anuncios à bout de souffle para serenar los ánimos.

Dice Miguel Ángel Bastenier sobre la institucionalidad chavista: “Es el Estado comunal o socialismo del siglo XXI, que un día debería reemplazar plenamente a la institucionalidad democrática”. Es un retrato preciso de un proyecto u opción fallido desde que el petróleo dejó de ser el cuerno de la abundancia que debía financiar y reparar todas las injusticias sociales. Es también la foto fija de lo que podía haber sido mientras la atmósfera acompañaba, pero que dejo de ser factible en cuanto se quedó casi a solas a causa de la decantación conservadora de países de referencia del entorno venezolano, así por las buenas –Argentina, que confío en Mauricio Macri la sucesión de Cristina Fernández– como a las bravas –Brasil, que apartó de la presidencia a Dilma Rousseff mediante impeachment–, o por debilidad de varios aliados históricos (Bolivia, Ecuador, Nicaragua). Y la frase de Bastenier es asimismo la descripción de la cancha en la que el choque de trenes se antoja cada vez más próximo, si no es que estos días convulsos lo son ya o lo fueron antes los del procesamiento de Leopoldo López y la victoria estruendosa de la MUD en las elecciones legislativas.

La pretensión de Diosdado Cabello, diputado chavista y quizá ideólogo del movimiento –uno de ellos, al menos–, de blindar la por él llamada revolución, resulta un ejercicio político de radicalidad extrema, porque la eficacia del entramado bolivariano ha deslizado al país por una pendiente de carencias y frustración cada vez mayores. “La confiscación de derechos por parte de quienes no han sabido administrar el poder está colocando en los límites a la ciudadanía venezolana”, afirma un articulista en El Universal, el periódico más leído de la oposición, y su opinión no es más que la versión local de la declaración aprobada por la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), donde coinciden 25 exjefes de Estado y de Gobierno de orientación muy variada, de Óscar Arias a José María Aznar, de Felipe González a Vicente Fox, pero que comparten una misma opinión: se ha producido en Venezuela una ruptura del orden constitucional.

En esa atmósfera de enconamiento sin límites, la mediación papal es a la vez la última posibilidad de encauzar la crisis y también una operación de riesgo extremo en la que quizá sea insuficiente el prestigio de Francisco, en Latinoamérica mayor que en ningún otro lugar, y la habilidad de la diplomacia vaticana. Hay una tradición que sustenta el paso dado por el Papa –la reanudación de relaciones de Estados Unidos y Cuba, el último caso–, pero hay demasiados cabos sueltos y los bandos enfrentados lo fían casi todo a medir sus fuerzas en la calle y en utilizar las instituciones para lograr sus propios fines y neutralizar los de sus adversarios. A cada día que pasa crece la sensación de que no caben bajo el mismo techo el chavismo sin Hugo Chávez y la oposición variopinta que engloba la MUD, el reformismo centrista de la mayoría parlamentaria y el programa heredado del líder desaparecido. Agravado todo por una irrefrenable crisis de subsistencias.

Si la situación no fuese la que es, la intervención del Vaticano parecería un puerto de llegada seguro, pero cuando en primera línea del conflicto se agita una sociedad dividida siempre, movilizada muy a menudo y desorientada con frecuencia, los riesgos crecen exponencialmente. Cuando los gabinetes de propaganda trabajan a todo gas, apenas quedan momentos para la reflexión; cuando Telesur, iniciativa chavista, difunde un esquema de “golpe suave” presuntamente en marcha, estructurado en cinco etapas –ablandamiento, deslegitimación, calentamiento de la calle, combinación de formas de lucha y fractura social–, se alarma media Venezuela; tiempla la otra mitad cuando El Nuevo Herald, periódico conservador de Miami cercano al anticastrismo en el exilio, da cuenta de hasta tres operaciones diferentes preparadas por los duros del chavismo para sustituir a Maduro. Es posible que nada sea del todo cierto, pero acaso no todo sea falso o fruto de la capacidad de fabulación de los medios, y así crece la alarma y la política se convierte en una reyerta sin tregua.

Ha llevado Nicolás Maduro el experimento chavista hasta un callejón sin salida y ha carecido de la habilidad necesaria para conservar algunos aliados reconocibles e influyentes en América y Europa. Se ha comportado Maduro con una torpeza impropia en quien debe dirigir un proyecto heterodoxo, encaminado a redimir a los más vulnerables de sus conciudadanos, pero que finalmente se manifiesta como una superestructura de poder que pretende perpetuarse en el puente de mando con el recurso permanente a la huida hacia adelante. Nadie es nunca del todo inocente en la brega política, y la oposición venezolana no es una excepción ni por asomo, pero los líderes bolivarianos de hoy han tenido la perniciosa habilidad de perder la batalla de la opinión pública a escala internacional, tan importante en la aldea global.

“Venezuela vive un punto de quiebre. (…) Y no hay duda de que añadirle más presión a la olla que ya es la sociedad venezolana podría hacerla explotar”, dice Hugo Prieto, un prestigioso periodista caraqueño, en un artículo publicado en The New York Times. El mismo Hugo Prieto que sostenía en mayo: “Este es un país profundamente chavista”. Pero que ahora denuesta la intromisión de los tribunales en el proceso encaminado a convocar un referéndum revocatorio, al entender que “la jugada pone en jaque a la democracia venezolana y entraña riesgos imprevisibles para el Gobierno y la oposición”. Y al emitir tal opinión suma su voz a la de tantos defraudados que contemplan con estupor cómo Venezuela está cada día más cerca del abismo, mientras el gran mudo, el Ejército, se mantiene más silencioso y enigmático que nunca, porque Chávez era uno de los suyos, pero Maduro no lo es.

 

 

 

El chavismo, en el ocaso

La crisis política, económica y social que zarandea Venezuela se ha adentrado en el frondoso bosque del referéndum revocatorio (cancelación del mandato del presidente Nicolás Maduro), lleno de trampas para elefantes y propicio para los debates bizantinos. Los esfuerzos de la oposición para reunir las firmas necesarias para que se celebre la consulta chocan con la predisposición del Comité Nacional Electoral a bloquear el proceso; las proclamas del Gobierno de someterse a lo dispuesto en la ley del 2007 son escasamente convincentes al predominar en ellas el indisimulado propósito de evitar a Maduro la prueba; ambos bandos, en fin, aparecen enfrentados en un litigio que difícilmente admite una gestión estrictamente institucional.

Se respira en Venezuela el aire viciado por un Parlamento abiertamente hostil al presidente y viceversa, una gestión económica errática cuando no insostenible y el hartazgo de una población que debe amoldar su vida cotidiana a tres desafíos: la inseguridad sin remedio, una inflación galopante y la escasez de productos de primera necesidad. Algunas de las medidas adoptadas para ahorrar energía –en realidad se deben a los cortes en el suministro eléctrico–, señal inequívoca de la gravedad del momento, y la sensación de que las teorías conspirativas se han convertido en la gran justificación para todas las penalidades inducen a pensar que el Gobierno marcha muy por detrás de los acontecimientos, improvisa todos los días y aspira a salvar los muebles con la movilización del núcleo de adeptos que aún le quedan.

Si la inflación superó en el 2015 el 200%, según datos que maneja la oposición, y el Fondo Monetario Internacional prevé que la de este año llegue al 700% –cien puntos de más o de menos poco importan–, no es exagerado decir que el bolívar ha dejado de tener valor y todos los aumentos salariales anunciados por Maduro no son mucho más que un brindis al sol. Si el precio del petróleo se mantiene en los parámetros actuales, no es desmesurado decir que el país se encuentra ante un problema irresoluble, típico de economías basadas en un monocultivo: a corto plazo, no hay alternativas visibles para superar la escasez y la crisis social en ciernes. Si el Gobierno no admite la realidad de que el Parlamento le es hostil –la oposición dispone de una mayoría aplastante–, se condena a sí mismo a convertirse en una máquina de poder cada día más alejada de la calle y con menos medios para forjar complicidades.

Mientras Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se dispone a recibir en Washington a una delegación de parlamentarios de la oposición venezolana, la cancillera Delcy Rodríguez considera ridícula la pretensión de activar la Carta Democrática Interamericana. “Además de la profunda ignorancia que significa esta solicitud, además de esta profunda ignorancia que demuestra la derecha, lo único que está en su corazón y en su pretensión es la intervención de Venezuela. Eso no procede. No nos dejemos presionar por esos fantasmas que no existen”, declaró la titular de Relaciones Exteriores a Globovisión. Y la referencia a la derecha apareció entrecomillada en la frase recogida por diario El Universal, altavoz de la oposición, porque es bastante cierto que el conglomerado de los descontentos ha dejado de ser solo el punto de encuentro de los conservadores alarmados desde el principio por el chavismo, y es hoy un movimiento que acoge un amplio abanico ideológico.

Da la impresión de que los herederos de Hugo Chávez han ahuyentado o defraudado a una parte importante de la base social sobre la que se levantó un proyecto de naturaleza populista destinado a refundar la república. El nacionalismo panamericano representado en su día por Simón Bolívar fue el santo y seña genérico de un programa reformista, si no viable, sí al menos posible, financiado con las rentas de un petróleo caro. El rescate de una parte de la población, condenada hasta entonces a vivir en condiciones de pobreza extrema, llevó a los rescatados a aspirar a unas condiciones mínimas de estabilidad para consolidar su nueva situación, pero entre tanto el Estado no buscó en otros campos ingresos diferentes a los del petróleo, y cuando estos menguaron, el mecanismo reformista empezó a fallar por falta de recursos. Si a lo dicho se suman una fiscalidad desconcertante, la corrupción y la tendencia a simplificar los problemas del equipo de Maduro, todo lleva a pensar que el experimento ha llegado al ocaso de su existencia.

El desplome del PIB contabilizado por el Banco Central de Venezuela presagia lo peor. En el 2014 cayó el 4%; en el 2015, el 5,7%; para el 2016 se estima que la caída será del 8%. Con estas cifras no hay sistema económico que resista, y menos en un entorno poco propicio en el que Cuba mira a Estados Unidos y a la Unión Europea, Brasil se debate en una crisis existencial, Argentina emite las primeras señales de conflicto social desde la llegada a la presidencia de Mauricio Macri y en Bolivia no prosperó en las urnas el deseo de Evo Morales de aspirar a un nuevo mandato. No es solo que Chávez tuviese un poder de atracción del que carece Maduro, es que además se movió en un ecosistema político latinoamericano propicio, muy diferente al presente.

La incontinencia verbal del presidente venezolano, que lo mismo arremete contra Mariano Rajoy que contra Barack Obama, contra la oposición o contra los defensores –Felipe González entre otros– de los líderes encarcelados, ha dejado de ser el resorte adecuado para desviar la atención de los problemas internos. Cuando la cultura de las colas frente a los comercios desabastecidos se suma a la falta de medicamentos, a los apagones y muchas pequeñas carencias presentes en todas partes, solo los muy convencidos siguen pensando que la culpa es de los otros y no de quienes gobiernan y se obstinan en perseverar en un programa que no aporta ninguna solución o solo una: una permanente y estéril huida hacia adelante.

La demanda por traición a la patria que los diputados chavistas interpondrán en el Tribunal Supremo contra los de la oposición que han instado a la OEA a activar la Carta Democrática Interamericana no es más que una maniobra de evasión para soslayar la realidad. Diosdado Cabello, expresidente del Parlamento y promotor de la iniciativa, es la viva imagen del distanciamiento de la realidad que cultiva el régimen. Ni siquiera la izquierda ilustrada que apoyó al chavismo en sus inicios ve hoy en sus continuadores el remedio a los males que atenazan a la sociedad venezolana. Tampoco se vislumbra una receta eficaz en las proclamas de la oposición, bastante menos cohesionada de lo que pudiera pensarse, pero de momento está legitimada por el apoyo de las urnas y por su apego a los usos democráticos. Si este punto de partida es suficiente para rescatar al país de la postración y evitar la fractura social, nadie lo sabe, pero es de temer que no baste si no es posible un pacto político en el que participe el chavismo, que controla todos los resortes del Estado y tiene por el momento al Ejército de su parte. O eso parece.

 

Panamá, un universo paralelo

La teoría de los universos paralelos se ha concretado en las finanzas globales mediante el goteo de nombres que destilan todos los días los papeles de Panamá. Ha dejado de ser una suposición o sospecha que por debajo de la superficie del ya de por sí hermético mundo del dinero fluye un caudaloso río de oro que escapa al común de los mortales, aquellos que todos los años dan con los impresos en una ventanilla de Hacienda para pagar lo que les corresponde. Hay dos sistemas tributarios, pero solo tenemos conocimiento de uno de ellos –y no se trata de un conocimiento exhaustivo y comprensible–, mientras que el otro, el paralelo, no hay forma de localizarlo. O sí la hay, pero se trata de una mera aproximación a la realidad cuando el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación u otro grupo de esforzados logra internarse en el laberinto de las sociedades offshore, en la espesa trama que permite acumular fortunas exorbitantes sin tributar o haciéndolo de forma poco menos que simbólica en paraísos fiscales.

También el mito de la caverna tiene aquí su aplicación: encadenados a la suposición de que Hacienda somos todos, de espaldas a la entrada de la cueva, se deslizan sombras en la pared que son solo una aproximación confusa de la realidad. Sabemos que el mundo de la política, de los negocios, de las élites cultural, deportiva y del papel cuché desfilan sin cesar por detrás nuestro, pero no podemos saber cuántos son, de dónde proceden, cuánto guardan en la faltriquera. Una sensación de impotencia, cuando no de burla grotesca, se adueña de los contribuyentes al contemplar el espectáculo; unas clases medias desposeídas por la crisis económica se preguntan qué desvergüenza es esta farsa de pillos perfumados que acuden en procesión a Panamá, a Belice, a las islas Vírgenes, a las Bahamas, al archipiélago de las Caimán, a Jersey, a Gibraltar, al silencioso discurrir de Luxemburgo, al resplandor de Mónaco, al encubrimiento de los testaferros y de las sociedades fantasma para eludir impuestos.

Ha quedado al descubierto la vulnerabilidad de los estados o las pocas ganas de muchos de ellos de controlar las cuentas de según quién, algo asimismo intuido o sospechado. En muchos casos, solo la falta de voluntad política de perseguir a los contribuyentes huidizos explica la facilidad con la que han podido exportar el dinero. Y lo que de ello se deriva no es solo un debate legal o jurídico –puede incluso que algunas de las evasiones no sean tales, sino operaciones de ingeniería contable amparadas por la ley–, sino moral y ético acerca de la viabilidad de modelos sociales que descansan sobre el principio de la redistribución de una parte de la riqueza, de la obligación tutelar del Estado para garantizar que el mecanismo funcione y para neutralizar las vías de escape de cuantos, al viajar a los paraísos fiscales, se desentienden de la suerte de sus conciudadanos.

Desde el mismo momento en que los papeles de Panamá ocuparon las portadas, los gobiernos aparecieron ridículamente desnudos ante la opinión pública. La multiplicación de declaraciones y promesas de actuación para dar con cuantos buscan refugio en el confort panameño es de una pobreza moral y política execrable; el compromiso de abrir de nuevo la lista de paraísos fiscales y someterlos a estricta vigilancia, no lo es menos. ¿Por qué se hará ahora lo que no se hizo antes, por qué los ideólogos de las amnistías fiscales (en España y en otros lugares) extremarán ahora el celo fiscalizador (de fisco)? Ambas preguntas están doblemente justificadas: porque en la documentación de Panamá aparecen políticos de diferentes lugares, cuya función, entre otras muchas, es evitar que engorden las finanzas globales opacas, y porque, sin la iniciativa de unos particulares que porfiaron hasta obtener la información, ninguna de esas promesas hubiese llegado a los telediarios. Es más, las artes prestidigitadoras del bufete Mossack Fonseca alcanzaron fama universal en según qué ambientes mucho antes de que estallara el escándalo, el despacho dispone de una web como cualquier sociedad mercantil, opera en 40 países y, por si no fuera suficiente, en fecha tan reciente como el mes de enero las autoridades brasileñas acusaron a cinco de sus empleados de blanqueo de dinero y corrupción.

Remitirse simplemente a lo que prescribe la ley, a los agujeros que en ella hay y a la habilidad de algunos bufetes para adentrarse en las finanzas globales paralelas no es más que una aproximación incompleta, insuficiente, diríase que casi oportunista, hija de una doble moral o moral de situación insostenible ante un auditorio atónito y conmocionado por la desfachatez imperante. Cuando el consorcio de periodistas se hace con más de once millones de documentos y los cálculos más moderados elevan el valor de la riqueza opaca a seis billones de euros, algo rematadamente podrido huele en todas partes. Si a ello se suma, como en España, una tasa de corrupción escandalosa, el riesgo de desmoralización colectiva es evidente, por no decir que el relativismo moral se adueña de los comportamientos. Alcanzar la opulencia es motivo de admiración; cómo se llega a ella, cada día importa menos (en algunos salones, pagar impuestos debe tenerse poco menos que por una extravagancia de millonario aburrido).

La dimisión del primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, conectado con Panamá, hizo pensar a algunos que quizá la filtración pusiera en marcha un mecanismo de saneamiento automático de los hábitos económicos. Pero cuando la enfermedad alcanza a un mínimo de 50 países, incluidos China (la familia del presidente), Rusia (los plutócratas afectos a Vladimir Putin), el Reino Unido (el primer ministro David Cameron), España (una variada gama de personajes), Argentina (los negocios de Mauricio Macri), pero no se registran más episodios significativos que la dimisión de José Manuel Soria después de la de Gunnlaugsson, y la movilización de las policías y los tribunales es más que contenida, solo puede concluirse que pecaron de ingenuos quienes creyeron que iba a desencadenarse la catarsis. No la hubo y sí abundaron, en cambio, las excusas de mal pagador.

El caso es especialmente sangrante en España, donde un vendaval incontenible zarandea a un Gobierno en funciones y al partido que lo sostiene, el PP, que desde el 20 de diciembre contabiliza hasta siete escándalos y decenas de detenidos e investigados (antes imputados). Las aguas turbias han llegado a la sala de reuniones del consejo de ministros a través de José Manuel Soria y sus confusas explicaciones hasta el momento de la renuncia, y del expresidente José María Aznar, descubierto en una maniobra de encubrimiento de parte de sus ingresos a través de una sociedad para tributar el 25% a Hacienda y no cerca del 50%, correspondiente al IRPF. El principio de ejemplaridad, inseparable de la función pública desempeñada por cargos electos, ha saltado una vez más por los aires y, lo que es aún peor, cada día suma más militantes el bando de quienes opinan que la doble moral es inseparable del ejercicio de la política, una doble moral, culminación del cinismo político, que consiste en predicar sin dar trigo (llamar a la responsabilidad fiscal y, acto seguido, buscar cobijo en Panamá y otros paraísos acogedores).

Como ha recordado el periódico The New York Times, cuatro años mediaron entre la publicación en sus páginas del primer artículo dedicado a los papeles del Pentágono y el final de la guerra de Vietnam, dos años transcurrieron entre la primera noticia del caso Watergate en The Washington Post y la dimisión de Richard Nixon, pero no hay forma de prever siquiera vagamente cuánto tiempo será necesario para acabar con esa lacra social de los paraísos fiscales. Y no la hay porque la red de intereses que los utilizan es de tal magnitud que ni siquiera los estados mejor pertrechados pueden removerles la tierra bajo los pies más que de forma simbólica. En este universo paralelo de las finanzas globales a oscuras, proteger el dinero es el primero de los preceptos, y no se admiten excepciones. ¿En nombre de que principios está alguien en situación de pedir nuevos sacrificios, recortes y disciplinas cuando quienes en mayor medida debieran contribuir, o al menos una parte de ellos, practican sin rubor ni mala conciencia un disimulo obsceno? ¿En qué momento la obscenidad recibirá justo castigo en las urnas?

El kirchnerismo, en el ocaso

La continuidad de la propuesta kirchnerista en la Casa Rosada resulta más que problemática después de la pequeña diferencia a su favor obtenida el último domingo por Daniel Scioli sobre Mauricio Macri –36,86% contra 34,33%– en la primera vuelta de las elecciones presidenciales argentinas. La amalgama peronista donde todo cabe, de la derecha a la izquierda, del gremialismo clientelar al sindicalismo irreductible, zozobra frente a la alianza liberal-conservadora que pilota Macri, alcalde de Buenos Aires; al populismo justicialista de Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires, no le salen las cuentas por más que, para la campaña de la segunda vuelta (balotaje, un galicismo), se sienta tentado a invocar la nómina de ilustres ausentes (Perón, Evita, Néstor Kirchner). Aquello tenido por tan genuinamente argentino como el asado de tira o el Martín Fierro –salvadas sean todas las distancias– ha perdido el impulso y da muestras de agotamiento, con la influencia de la presidenta Cristina Fernández en un continuado e irrefrenable ocaso.

No hay en el Frente para la Victoria de Scioli –peronismo oficialista con algunas adherencias– nada de especialmente nuevo o movilizador. Más parece un conglomerado que exagera la diversidad que ha distinguido al justicialismo de las últimas décadas, menguado en sus señas de identidad, en aquella capacidad histórica que tuvo para acogerse a la política del balcón y convocar multitudes en la vía pública. No es que Cambiemos –la Unión Cívica Radical, la socialdemocracia a la argentina y el conservadurismo de todos los colores que representa Macri– resulte sustancialmente innovador o aglutinador de entusiasmos, pero lleva ausente de la presidencia desde los días de Fernando de la Rúa y su desafortunado mandato, que desembocó en el corralito, tan citado, y en la quiebra del Estado. No hay en Macri demasiado margen para la sorpresa y sí mucho para la incertidumbre en el ámbito de las políticas sociales, pero en Scioli tienen cabida los temores que llegan a lomos de una economía descoyuntada, la caída de los precios de las materias primas, la crisis financiera en varias potencias emergentes y la inflación dando pie al recuerdo de viejas miserias.

Cuando personajes con prestigio e influencia reconocidas como el economista y exministro de Kirchner Roberto Lavagna, militante del Partido Justicialista, declara públicamente que no votará por Scioli –“yo estoy en el campo del cambio”, dice–, infligen grave daño a la estrategia electoral del oficialismo. Pero cuando en las urnas se dan desenlaces –de momentum, lo califica The New York Times– como la victoria de la vicealcaldesa de la capital, María Eugenia Vidal, macrista, frente a Aníbal Fernández, jefe de gabinete de Fernández de Kirchner, en la carrera por obtener la plaza de gobernadora de la provincia de Buenos Aires, entonces se hace definitivamente patente la debilidad del frente político patrocinado por la Casa Rosada. Especialmente cuando, hasta el verano, las encuestas daban favorito a Scioli y casi descartaban una segunda vuelta, poco menos que humillante habida cuenta de los medios puestos en apoyo de su causa por la presidenta saliente.

Hasta la votación del 22 de noviembre, Scioli debe convencer a los electores de que está en manos del peronismo evitar una rectificación histórica del rumbo social de la nación y a Macri le corresponde persuadir a los votantes de que su cambio no recortará las inquietudes sociales del Estado, sino que liberalizará la economía sin dañar a los más débiles para rescatar al país de las muy arraigadas inercias del estatismo y del proteccionismo. Ambas líneas argumentales parecen desmesuradas, no están exentas de grandilocuencia, pero se ajustan al relato histórico de Argentina desde el final de la dictadura militar, se amoldan a la tradición de los movimientos políticos poliédricos, puede que de amplio espectro. Las clases medias urbanas, como en todas partes, tienden a buscar el confort del centro, sin grandes compromisos ideológicos, y se alarman ante las propuestas que dibujan un horizonte entre difuso y confuso, pobre en promesas concretas y rebosante de objetivos inconcretos, pero muchas veces han sido esas clases medias la tabla salvadora del peronismo.

Según un sondeo difundido por el diario Clarín, de los más de cinco millones de votos que obtuvo el día 25 Sergio Massa, kirchnerista disidente aliado con la democracia cristiana y otros centros ideológicos, el 45% irá al zurrón de Macri, el 22,3%, al de Scioli, y el 24,5% está por decantarse. Y el reparto de los dos millones de votos restantes de la primera vuelta, correspondientes a candidatos menores, favorece asimismo a Macri. Unos datos que justifican la creencia de que Scioli obtuvo una amarga victoria, insuficiente para ser presidente, y Macri sufrió una dulce derrota, seguramente suficiente para salir triunfante el 22 de noviembre, de acuerdo con indicios tan convincentes como las alegrías del último lunes en la bolsa de Buenos Aires y la depreciación del dólar frente al peso.

Como de diferentes maneras han explicado varios comentaristas, el recuerdo de la recuperación económica y la renegociación de la deuda en tiempos de Néstor Kirchner quedan demasiado lejos para contrarrestar la sensación de que su viuda y heredera política, el oficialismo en general y Scioli en particular gobiernan con el piloto automático puesto, sin nada especialmente novedoso que ofrecer para guarecer al país de los negros nubarrones que se vislumbran en el horizonte. Si en un pasado no tan lejano –la nacionalización de YPF-Repsol–, personajes propensos a los excesos verbales como Axel Kicillof eran útiles para recuperar el pulso nacionalista y promover la revolución –bajo control– de las masas, hoy la reserva espiritual y los eslóganes peronistas de toda la vida se antojan insuficientes para corregir las tendencias, y aún más para evitar la dispersión del voto peronista.

¿Se está ante un final de ciclo que repercutirá en toda América Latina? No faltan indicios para esperar tal cosa. Ni Dilma Rousseff en Brasil ni Nicolás Maduro en Venezuela, hermanados tantas veces con la presidenta argentina, viven los mejores días se sus azarosos mandatos, y en ambos casos la impresión de que sufren los efectos de un desgaste inequívoco y de errores encadenados recuerda aquello que hoy sitúa al oficialismo peronismo a un paso de la derrota. Se ha construido en el entramado político latinoamericano una red de complicidades entre los nacionalismos socializantes –Rousseff, Maduro, Fernández de Kirchner, Rafael Correa, Evo Morales, puede que a ratos Daniel Ortega, no tanto Ollanta Humala, más el dogmatismo aligerado de Raúl Castro, guardián de las esencias– que lleva a pensar en un efecto dominó allí donde más se han alzado las voces de la protesta: en Brasil, a causa de la corrupción; en Venezuela, a propósito de la asfixia de la oposición. Si el 22 de noviembre se consagra el cambio en Argentina, hay grandes posibilidades de que el efecto dominó alcance a otros lugares del continente con el aire viciado por experimentos sociales que han dejado a la vista sus flaquezas, puede que su ineficacia y limitaciones.

 

 

 

 

Hedor insoportable en la FIFA

Es imposible aventurar las dimensiones que finalmente tendrá el escándalo que zarandea a la FIFA desde que varios de sus directivos fueron detenidos en un hotel de Zúrich a raíz de una investigación iniciada por el FBI y desvelada por The New York Times. Después de la dimisión de Joseph Blatter solo cuatro días más tarde de ser reelegido presidente de la organización, es de temer que la carcoma ha llegado hasta la médula ósea del fútbol y el hedor es más insoportable a cada día que pasa. Nadie desconoce que la FIFA es un gran negocio privado, privadísimo cabe decir, que forma parte de las finanzas globales; solo los incautos o los ingenuos pueden sostener que la FIFA no forma parte de la política, no se atiene a criterios políticos; solo los niños pueden creer que un Mundial va a Rusia y otro a Catar por razones objetivas: mejor proyecto, gasto contenido, clima idóneo, etcétera. En suma, casi todo el mundo admite que detrás de la puerta de la FIFA se esconde un misterio envuelto en un enigma cuya única y mejor explicación se encuentra en las cuentas corrientes de algunos –¿muchos, pocos, bastantes?– de sus dirigentes.

Nada es transparente en la FIFA: ni el criterio de adjudicación del Mundial cuatrienal, ni la política de sanciones, ni las preferencias electorales de sus integrantes para prolongar el mandato de los presidentes, ni los contratos publicitarios, ni la negociación de los derechos de televisión ni nada que huela a dólar, euro, franco suizo o cualquier otra divisa fuerte. Todo resulta rematadamente sospechoso cuando una entidad impide a sus miembros recurrir a los tribunales ordinarios bajo amenaza de sanción. Lo realmente sorprendente es que el pastel haya tardado tanto en ocupar las portadas desde que Joao Havelange –mediados de los años 70– estableció un vínculo indisoluble entre fútbol y negocio (en realidad, hizo del fútbol, de la FIFA, un gran negocio a escala mundial); un negocio sin inquietudes éticas, gestionado en la más absoluta y categórica oscuridad, insensible ante la situación interna de países que han acogido mundiales con las cárceles llenas de perseguidos políticos (Argentina 78) o que los acogerán  (Rusia y Catar) a pesar de las dudas más que fundamentadas que despiertan sus gobernantes. El negocio es el negocio y lo demás poco importa.

A raíz de la sanción impuesta a Luis Suárez por el mordisco a Giorgio Chiellini, Ramón Besa escribió en El País: “El máximo organismo futbolístico ha perdido cualquier autoridad moral desde que no sanciona la corrupción de sus miembros y ejemplariza sin criterio los castigos a los jugadores”. Pudiera parecer a alguien exagerado el juicio del periodista, pero otros muchos pensaban como él: así el escritor Eduardo Galeano, que antes del Mundial de Brasil declaró al periódico O Estado de Sao Paulo: “Hay dictaduras visibles e invisibles. La estructura de poder del fútbol en el mundo es monárquica. Es la monarquía más secreta del mundo: nadie sabe de los secretos de la FIFA, cerrados bajo siete llaves. Los dirigentes viven en un castillo muy bien resguardado”. Así consideran muchos una desmesura la reserva media de mil millones de dólares que maneja la FIFA para que no se detenga la máquina.

En todo ello hay algo enfermizo, nocivo, malsano. Cuando un periódico liberal como The Guardian considera a Blatter el “dictador de más éxito”, poco puede añadirse. Aun admitiendo la posibilidad de que el autor del texto lastre su opinión con el disgusto por la concesión del Mundial del 2018 a Rusia y no a Inglaterra, 17 años de presidencia de Blatter y decenios en los pasillos de la FIFA es demasiado tiempo para no temer lo peor. Incluso admitiendo que el celo investigador del FBI no es absolutamente desinteresado, y que el deseo de perjudicar a Rusia forma parte de las pesquisas, esos 10 millones de dólares en sobornos son una razón más que suficiente para que se multipliquen las exigencias de que la FIFA ventile el local y dé cuenta de sus cuentas. Mientras no se regenere la institución de pies a cabeza, irán en aumento la desconfianza y la atmósfera estará cada vez más viciada.

El profesor Mauricio Santoro, de la Universidad de Río de Janeiro, ha recordado en un artículo la opinión vertida hace unos años por el expresidente costarricense Óscar Arias: “El fútbol no trata de la guerra y la paz. Es algo mucho más importante”. Ese algo más es la movilización de fuerzas políticas y económicas a través de un deporte que apasiona a cientos de millones de personas, y que ha dejado de ser, como dijo Galeano en su día, “la más importante de las cosas poco importantes” para transformarse en una de las cosas más importantes entre las importantes. Al mismo tiempo que los futbolistas y los aficionados mantienen encendida la llama de las grandes pasiones, Montoro se ocupa de recordar que comprar un club de fútbol o dirigir una federación nacional “es un pasaporte a la política que proporciona una enorme visibilidad” (véanse los casos de Silvio Berlusconi y Mauricio Macri, entre otros, o el palco del Bernabéu sin ir más lejos). Eso es lo que importa a los ideólogos de la FIFA.

Sería extraordinario que todo en el fútbol se redujera a las emociones en la despedida de Xavi, al baile de entrenadores, a la desmesura en los fichajes y a la pitada de la final de Copa, pero ese escándalo inaudito coloca al fútbol de élite entre los negocios de dudosa estirpe, aquellos que hace falta limpiar a conciencia para que siga el espectáculo sin que nadie tenga mala conciencia. El fútbol ha adquirido tales dimensiones que precisa gestores profesionales –no Diego Armando Maradona, ocurrencia de Nicolás Maduro; no lo quieran los idus de todos los meses del año–, pero también transparentes, que expliquen de dónde viene el dinero, a cuánto asciende, en qué se gasta, para qué se guarda y dónde se guarda. Es algo indispensable, acuciante, inaplazable.

No hacerlo es dar pie a la sospecha, es dejar que vuele la imaginación en busca de explicaciones al comportamiento errático de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol, que en pleno escándalo votó la reelección de Blatter. Dejar sin sancionar los partidos amañados, la elección forzada de sedes, los maletines de aquí para allá, no hará más que alimentar la creencia de que la FIFA es una organización dirigida por sospechosos habituales. De la misma manera que mantener según qué castigos –la prohibición al Barça de fichar hasta el 1 de enero del 2016, por ejemplo–, incluso en el supuesto de que obedezcan a razones objetivas y defendibles, quizá a chapuzas administrativas de los sancionados que nunca debieron darse, alentarán la creencia de que la FIFA mantiene la fea costumbre de utilizar diferentes varas de medir o se mueve a instancia de parte para perjudicar a unos (a saber quiénes) en beneficio de otros (a saber quiénes).

Esa es la situación. Cuando The New York Times habla de “corrupción institucionalizada” (27 de mayo), describe una paisaje; cuando L’Équipe (28 de mayo) se refiere a “efluvios pestilentes liberados por la máquina que gobierna el fútbol mundial”, describe un estado moral: el desbordamiento de las alcantarillas de la FIFA, según el mismo periódico. Y que el montaje quede al descubierto es un triunfo del fútbol –final de un editorial de The Guardian (2 de junio)– sobre las tinieblas, pero si estas no se desvanecen, si una cortina de humo oculta las miserias ahora apenas intuidas, será un triunfo pírrico que dará pie como mucho a una reforma lampedusiana destinada a limitar la lista de bajas. No sería la primera vez que tal cosa sucediese en un negocio a escala planetaria.