Después de noches en llamas

Después de la sentencia del procés (durísima), de las manifestaciones pacíficas (las más) y de las noches en llamas (muy alarmantes) no parecía que el momentum fuese el mejor para las grandes proclamas, sino para las grandes prudencias. Por una elemental norma de supervivencia, se antojaba llegado el momento de desinflamar –el verbo lo eligió Pablo Iglesias después de entrevistarse con Pedro Sánchez– mediante un doble ejercicio de responsabilidad: garantizar el derecho de manifestación de quienes a él se acogen para protestar contra lo que les desagrada y negar desde el primer minuto toda legitimidad a quienes echan mano de los manuales para la insurrección y la guerrilla urbana. No lo entendió así el president Quim Torra, que soslayó las responsabilidades propias de un cargo institucional y se enfundó el traje del activista, del agitador o del predestinado, una figura arquetípica cargada de nihilismo.

Como sucede con los clubs deportivos que se entregan a las ensoñaciones de un hooligan para que los dirija y acaban en triste desastre, así sucede con quien confunde o suplanta las responsabilidades del gobernante con un fundamentalismo innegociable. Condenar a regañadientes la violencia de madrugada mientras ardían los contenedores en el centro de Barcelona y acudir al día siguiente al Parlament para comprometerse a abundar en el unilateralismo antes de que acabe la legislatura son manifestaciones de un perfil fundamentalista, incapaz de atenerse a la realidad. En el caso de un líder político, adentrarse por esta senda entraña el peligro de erosionar la institución que representa o a la que pertenece, de deslegitimarse en tanto que titular de un cargo público y de comprometer a cuantos le mantienen en su puesto, desconocedores de sus planes de futuro (eso sucedió el jueves).

La legitimidad del poder es un delicado atributo que se obtiene en democracia mediante el dictamen de las urnas. Al mismo tiempo, puede perderse con suma facilidad cuando el legitimado se comporta o actúa como si fuera poseedor de un cheque en blanco, de forma que la deslegitimación de quien es depositario del poder es consecuencia en parte de comportamientos objetivables y en parte de aquello que percibe un segmento significativo, representativo e informado de la opinión pública. Como explica Max Weber con detalle, hay quienes buscan la legitimidad en un poder carismático, y pueden obtenerla de forma momentánea o episódica, pero esta clase de poder se desgasta rápidamente –Carles Puigdemont, quizá– y rara vez encuentra continuidad en su legatario (puede que el president en ejercicio); se extingue con el titular y al fin, resulta estéril. Así están las cosas ahora mismo.

La reclamación insistente de que Torra someta el presente al dictamen de los electores obedece en gran medida al agotamiento de la vía unilateral, la desencadenante de cuanto ha sucedido desde el 6 y 7 de septiembre de 2017, más la gestión descabellada de la crisis que hizo el Gobierno de Mariano Rajoy en su momento y la degradación de la vía posibilista abierta por el de Pedro Sánchez, enturbiado todo por unas elecciones legislativas en las que el caso catalán aparece en el centro de todas las discusiones. El Govern es un cadáver político, un equipo dividido hasta lo indecible y apoyado por una mayoría parlamentaria que se sostiene con pinzas. No es ya un Ejecutivo sin futuro, sino un conglomerado sin presente. Disolver el Parlament y convocar elecciones cuanto antes es la forma más honorable de renovar la legitimidad institucional y acabar con la modalidad del presidente vicario.

Optar por la continuidad y seguir enredando la madeja, encarecerá el coste político elevadísimo que ya tienen ahora las noches con hogueras. Porque la discusión, el debate, la negociación del futuro de Catalunya en España quedará bajo una capa estratigráfica superior: el problema de orden público y de seguridad aparecido a partir de la noche del día 14 en el aeropuerto de Barcelona. Esa debiera ser una perspectiva indeseable e indeseada por el independentismo catalán en sus diferentes versiones porque alimenta las proclamas de cuantos desde diferentes frentes invocan la aplicación de la ley de seguridad nacional, la activación del artículo 116.1 de la Constitución (estado de alarma) y el recurso al artículo 155 de la Constitución (intervención de la autonomía). Que los partidos con vaticinios francamente ruinosos (Ciudadanos) o depositarios de un nacionalismo trasnochado (el PP) tomen este camino resulta intranquilizador, pero que alguien crea hoy en Catalunya que cuanto peor, mejor, cabe considerarlo directamente inexplicable. Toda solución es susceptible de empeorar, pero a cada empeoramiento más difícil se hace la salida, el desenlace ordenado de la crisis, que en cualquier caso será largo y lleno de episodios críticos si es que se da con la tecla adecuada.

La suma de fracasos o de despropósitos nunca se corona con el éxito. Los eslóganes de resistencia tienen el valor que se les quiera conferir, son útiles para alimentar la política de las emociones, pero no sirven para avanzar y para conseguir aliados consistentes más allá de los límites del conflicto en sí mismo. De momento, las noches calientes han internacionalizado el problema, pero en el sentido contrario al que persigue la Generalitat con escasos resultados. Las algaradas incontroladas en una ciudad repleta de turistas, la ausencia (en sentido no tan figurado) de la primera autoridad de Catalunya, la habilidad del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  para dar explicaciones a todas horas y subrayar la cooperación de los Mossos con la Policía Nacional y la Guardia Civil al mismo tiempo que se impugnaba la continuidad de Miquel Buch, conseller de Interior, las imágenes de la televisión y un sinfín de elementos han operado en contra de lo esperado y deseado por los estrategas de la Generalitat.

Gran parte de la imagen sembrada por la revolución de las sonrisas se ha venido abajo en horas veinticuatro a causa de las fechorías cometidas por una minoría en Barcelona y otras ciudades catalanas. Cuando una sociedad culta y desarrollada de la Unión Europa cae en manos de pandillas de incendiarios embozados, debe reaccionar de forma rápida, eficaz y concluyente, sin saltarse el principio de proporcionalidad y garantizando la seguridad a los ciudadanos, un derecho inviolable consagrado por las leyes. Si no lo hace o se enquista el problema, corre graves riesgos de orden moral, pero también social y económico, por eso es preciso que acabe cuanto antes en la programación nocturna de las cadenas de televisión el corte de calles, los contenedores incendiados, los periodistas importunados por energúmenos y el ulular de las sirenas. De paso, liquidada esta fase preocupante de la crisis, será posible (al menos, posible) abordar lo que realmente importa: qué futuro es factible construir desde la razón, el realismo y en beneficio de la mayoría.

La crisis de la política desfigura Europa

Dice el profesor Daniel Innerarity que “la democracia está bastante bien” y que “lo que está mal es la política”, una forma concisa, provocativa si se quiere, de describir dentro de qué laberinto transita Europa –Occidente en general– después de una crisis que ha desfigurado su rostro. Esto es, siguiendo con el razonamiento de Innerarity, la tradición democrática salvaguarda los derechos a protestar, a votar, a opinar, a ir de un sitio a otro, a mandar un twit, en general a expresarse y a vigilar los poderes públicos, a veces de una forma radical e innovadora, pero falla la política, “la capacidad de recoger todas esas reivindicaciones caóticas, a veces contradictorias e incluso incompatibles, y darles un formato positivo”, según manifestó el último lunes en el programa Millennium de La 2, emitido en horario solo apto para insomnes.

La mezcla de escepticismo, desconfianza y auge de la extrema derecha, tan visible en las elecciones celebradas en Europa durante el 2017, le dan en gran parte la razón: las referencias clásicas de la política han dejado de producir ideas nuevas y en su lugar se han dedicado a gestionar miedos colectivos –los flujos migratorios, el desafío islamista, la degradación del mercado de trabajo, etcétera– y a someterse a las exigencias de la economía global. Mientras, los movimientos sociales surgidos durante el desenlace de la crisis –el 15-M en España, fenómenos de similar naturaleza en otros lugares– han quedado como “una indignación un poco improductiva, como un gesto desesperado o desesperanzado porque lo que no está bien es la política” (otra vez Innerarity). La política no funciona para encauzar inquietudes y situaciones nuevas.

La crisis del sistema de partidos en varios países se atiene a la doble lógica de desgaste e ineficacia de organizaciones incapaces de interpretar los mensajes que envían los movimientos sociales, las oenegés, la comunidad académica y los medios de comunicación. En Francia dispone de mayoría absoluta un partido creado deprisa y corriendo por el presidente Emmanuel Macron al tiempo que los instrumentos clásicos de la derecha y de la izquierda languidecen o se enfrascan en estériles batallas internas. En Alemania, la formación de Gobierno es un calvario para regocijo de Alternativa para Alemania, un grupo de extrema derecha tan cercano a los peores momentos de la historia del país que causa desasosiego imaginarlo como primer partido de oposición subido a la tribuna de oradores del Bundestag. En España, el salto de un bipartidismo imperfecto a un tetrapartidismo no menos imperfecto resulta escasamente productivo o atractivo para una sociedad decepcionada, con las heridas de la crisis sin curar. En Austria y Holanda, el populismo ultra lleva a los partidos que no lo son o no lo fueron a abrazar el canon ultraconservador; en Polonia, Hungría y otros lugares la prédica ultranacionalista gana adeptos sin cesar.

La democracia funciona, pero la política se ensimisma y desoye las voces que creen indispensable una mise à jour. Jean Daniel recogió el año pasado, en uno de sus comentarios en el semanario L’Obs, párrafos como el que sigue de la introducción de Pierre Rusch para el libro La idea del socialismo, del alemán Axel Honneth: “Hace menos de cien años, el socialismo era un movimiento tan pujante en el seno de la sociedad moderna que no había ningún gran representante de las teorías sociales que no estimara necesario consagrarle un estudio profundo”. Para John Stuart Mill, Emile Durkheim y Max Weber, explica el prologuista, el socialismo era “un desafío intelectual que sin duda acompañaría de forma duradera al capitalismo”. “Hoy las cosas dejaron de ser así”, añade.

En parecidos términos se expresa Fareed Zakaria desde el campo liberal en un artículo publicado en The Washington Post: Estados Unidos ha decidido dejar de ser el instrumento que da forma al mundo mediante un multilateralismo de amplio espectro. Si para el pensamiento liberal y conservador europeo, la inspiración vino de Estados Unidos en muchas ocasiones desde el final de la segunda guerra mundial, con Donald Trump en la Casa Blanca todo es completamente diferente. Zakaria se refiere a esta nueva situación como un problema “casi existencial” para dirigentes como el socialdemócrata alemán Sigmar Gabriel, y aporta un dato determinante para entender el alcance del repliegue estadounidense, su ausencia de la política exterior salvo cuando es estrictamente necesario: Donald Trump es “el primer presidente en cerca de un siglo en cumplir su primer año en el cargo sin haber celebrado una cena de Estado con un líder extranjero”.

Norberto Bobbio explicó a principios de siglo la quiebra del modelo liberal, antiperfeccionista, porque “cree que la historia de la libertad es una historia de continuos pasos del bien al mal, de intentos logrados y fallidos”, en favor de las utopías reaccionarias, que persiguen un fin último predeterminado y, en este sentido cabe calificarlas de perfeccionistas. En estas utopías, acaso distopías, “de transformación radical de la sociedad está implícita una idea antiliberal”, sostuvo Bobbio. Y no hay duda de que en el seno de este pretendido perfeccionismo ultraconservador, donde los equilibrios sociales deben funcionar como un mecanismo de relojería, sucumbe el dinamismo social, esa característica de las sociedades abiertas en las que nada está escrito de antemano, ni siquiera los rasgos de identidad que el nacionalismo de última generación ha resucitado para reconstruir comunidades homogéneas y contener el mestizaje a medio y largo plazo, fruto de los flujos migratorios que tienen como destino Europa.

En un seminario celebrado en noviembre en Madrid por el Comité Económico y Social de la Unión Europea se debatió largamente cuál debería ser el papel de los movimientos sociales frente al auge populista ultraconservador y a la crisis de la política, un factor siempre implícito en las discusiones. De aquellas reflexiones en voz alta surgió una conclusión bastante repetida: Europa arriesga su identidad política si las instituciones, los resortes políticos de que dispone, no dan con la tecla que permita poner a salvo, con errores y aciertos, su condición de sociedad acierta, antiperfeccionista puede decirse. “No nos engañemos –afirma Daniel Innerarity en una entrevista en La Vanguardia–: en última instancia son los Estados y sus democracias quienes están en cuestión en este proceso. La integración europea comenzó después de la segunda guerra mundial como un instrumento para salvar al Estado de los excesos del nacionalismo. El desafío actual es continuar esta misión en un mundo muy diferente”. Una empresa urgente y al mismo tiempo compleja en pleno cambio del modelo productivo, condicionado todo por la primacía de las finanzas globales sobre cualquier otra consideración.

Legitimidad en discusión

La portada del jueves de EL PERIÓDICO era suficientemente expresiva de la distancia entre el programa electoral del PP y la praxis política del Gobierno para considerarla un elemento más de discusión incorporado al debate que se ha abierto en Europa sobre la legitimidad moral de los gobernantes para tomar según qué medidas en según qué circunstancias. Solo aquellos que se den por satisfechos con la tesis de Max Weber sobre la legitimidad, según la cual esta se fundamenta en el ejercicio del poder conforme a las leyes, pueden sostener que no caben dudas ni discusiones. En cambio, cuantos dan por bueno el punto de vista del filósofo italiano Norberto Bobbio sobre la materia sienten que ha llegado el momento de poner en duda algunos supuestos. De acuerdo con Bobbio, “cuando el poder está en crisis, porque su estructura ha entrado en contradicción con el desarrollo de la sociedad, entra también en crisis el principio de legitimidad que lo justifica”.

Norberto Bobbio

Norberto Bobbio (Turín, 1909-2004): "El Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes". ('Diccionario de política')

¿En esas estamos? Juan Alberto Belloch (PSOE), alcalde de Zaragoza, sostiene que “la mayoría absoluta del PP descansa sobre un vacío de legitimidad”, toda vez que “ni uno solo de los programas del PP se está realizando”. Incluso si se admite que la opinión de Belloch obedece a una decantación política evidente, debe aceptarse que manifiesta una opinión ampliamente extendida y que constituye el meollo del asunto: ¿acaso una victoria electoral, con mayoría absoluta o sin ella, otorga un cheque en blanco para actuar en dirección absolutamente contraria a lo prometido? Y, si no es así o, aun peor, si los redactores del programa eran conscientes de que no se podía aplicar y armaron un artificio político con un objetivo meramente electoral, ¿se produce una quiebra de la legitimidad democrática, aunque, como en el caso español, la elección fuera escrupulosamente limpia y los procedimientos seguidos para aprobar los recortes se atengan rigurosamente a la ley?

La discusión trasciende con mucho el hachazo dictado por la tecnocracia germano-bruselense y los mercados, y aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy, porque la misma pregunta se formula en muchos lugares, salvo en los foros poseídos por el fundamentalismo contable neoliberal o por aquellos que creen a pies juntillas que no hay posible alternativa viable al recetario de la cancillera Angela Merkel, salvo el precipicio de la quiebra financiera del Estado. Se lo pregunta la comunidad académica en Italia, a pesar de que Mario Monti ha obtenido un apoyo bastante multicolor en el Parlamento; se lo preguntan en Grecia, donde la gran coalición se ha puesto manos a la obra a pesar de que el país se precipita por el pozo de la miseria. Se lo preguntan, en suma, cuantos creen que Europa ha tomado el peor de todos los caminos posibles y arriesga degradar la preservación de la democracia representativa como sistema político.

El pensador alemán Jürgen Habermas expresó claramente sus temores en los mejores días del dúo Merkozy: “Si no me equivoco, intentan consolidar el federalismo ejecutivo implícito en el Tratado de Lisboa en un control intergubernamental del Consejo Europeo contrario al tratado. Con un régimen así sería posible transferir los imperativos de los mercados a los presupuestos nacionales sin ninguna legitimación democrática”. Algo de eso sospechamos en España, aunque Nicolas Sarkozy haya perdido la presidencia de Francia. Hay tal asimetría en el impacto social de las medidas aprobadas por el Gobierno, que en la práctica institucionalizan la pobreza entre millones de personas y, por esta razón, hacen dudar legítimamente –esta vez sí– de que cuentan con un apoyo social razonable, ya que carecen de la coartada del anuncio previo en la campaña electoral, durante la cual los propagandistas de la derecha se dedicaron a prometer todo lo que después no han podido cumplir.

Jürgen Habermas

Jürgen Habermas (Düsseldorf, 1929): "Angela Merkel y Nicolas Sarkozy han llegado a un acuerdo entre el liberalismo económico alemán y el estatismo francés, que tiene un contenido totalmente distinto".

Habermas se refiere a una “Europa posdemocrática” o “vía posdemocrática” en cuyo seno la traducción de la democracia en medidas concretas depende de factores externos a los programas de los partidos y al propósito de los gobiernos. En esa realidad posdemocrática, las instituciones reducen su función a la configuración de una mayoría dispuesta a poner en práctica las medidas estipuladas por terceros, carentes de representación democrática y subordinados a intereses externos al Estado, a sus necesidades y a las de los ciudadanos, pero dotados de un mecanismo de presión inapelable: un sistema financiero globalizado, opaco y fuera de control.

“Un Estado será más o menos legítimo en la medida en que realice el valor de un consenso manifestado libremente por parte de una comunidad de hombres autónomos y conscientes”, dejó escrito Bobbio en el Diccionario de política. ¿Se da este “consenso manifestado libremente” en la aplicación del hachazo o es fruto de un cambio de rumbo sobre la marcha, algo así como cambiar las reglas del juego una vez empezada la partida? ¿Se ha fijado el Gobierno español algún imperativo categórico moral o el imperativo presupuestario es el único que cuenta? Si es así, ¿se da por satisfecho el Gobierno con constituirse en una entidad meramente caritativa mientras el Estado social y democrático de derecho, que figura definido en la Constitución, se desdibuja y los impuestos se convierten en un mecanismo de redistribución de la pobreza?

El profesor Javier Sádaba afirmó el 16 de julio en Onda Cero: “La legitimidad democrática es inseparable de la moral”. Y fue aún más allá: “Cuando alguien ha prometido en un programa algo, ha hecho un pacto con los electores y, si no lo cumple, eso desde luego es inmoral y está perdiendo legitimidad (…) No vale decir no me gusta, pero lo hago”. Incluso es posible admitir que no todo lo prometido se puede cumplir; en cambio es bastante menos admisible hacer justo lo contrario de lo que se prometió. Visto así existe desde luego alguna forma de imperativo categórico, que en el caso que nos ocupa ha saltado por los aires; visto así no es posible aplicar sistemáticamente una moral de situación ajena a todo compromiso cuyas consecuencias recaen en el segmento más indefenso y dañado de la población. Visto de esta forma no estrictamente instrumental o formalista, la legalidad de los procedimientos se antoja claramente insuficiente para legitimar las decisiones que se adoptan de igual forma a como la aplicación irreprochable y textual del derecho se aleja muchas veces de la justicia (valga para comprobarlo la epidemia de desahucios).

Los gobiernos europeos, en general, se han mantenido al margen de este tipo de digresiones, y el español no es una excepción. Salvo la actitud del presidente de Francia, François Hollande, cuya estación de llegada no se vislumbra, los demás gobernantes han optado por la funcionalidad –puede que eficacia– de las decisiones que adoptan, y han obviado una cuestión capital, planteada por pensadores y politólogos a raíz de la crisis y del desmantelamiento del Estado del bienestar, siempre negado y tozudamente evidente: ¿cómo es posible lograr el equilibrio entre democracia, legitimidad y funcionalidad? El profesor Daniel Innerarity, de la Universidad del País Vasco, plantea el problema de una forma por demás transparente: “La globalización está despolitizada, discurre sin dirección o con una dirección no democrática, impulsada por procesos ingobernables o con autoridades no justificadas. Numerosas materias de decisión se están desacoplando del espacio de la responsabilidad estatal y democrática, lo que plantea dificultades de legitimidad y aceptación”.

Daniel Innerarity

Daniel Innerarity (Bilbao, 1959): "¿Cómo se justifican demcráticamente las presiones de los mercados especulativos, las prohibiciones para que ciertos países desarrollen determinados armamentos o las exigencias europeas de austeridad presupuestaria?"

La despolitización a la que alude Innerarity es la más preocupante de todas porque es extremadamente política. La paradoja obedece al hecho de que el funcionamiento de la economía globalizada, de las tecnofinanzas y de la especulación financiera escapa al control y reglamentación de la política institucionalizada, pero constituye una superestructura con una ideología concreta que persigue reducir el Estado a su más mínima expresión y desviar a la iniciativa privada el grueso de la gestión de los servicios distintivos del Estado del bienestar. Todo ello aliñado con la correspondiente prédica referida a la ineficacia del Estado como prestatario de servicios, aunque la realidad desmienta por completo tal aseveración, caso de la sanidad pública en España, por poner solo un ejemplo.

La pregunta que se formula Innerarity es tan sutil como perturbadora: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?” Las referencias parlamentarias de la última semana parecen haber encorsetado el mensaje del Gobierno español entre la pura realidad contable y el recurso a la soberbia absolutista de Luis XIV: “Después de mí, el diluvio”. Algo bastante diferente a la contención en las formas y el léxico de Mario Monti, mucho más a salvo de las críticas gracias a una rara mezcla de conocimientos técnicos y tradición humanista que se echa muy en falta en esta esquina de la UE. Cuando suena en el Congreso la voz de la vulgaridad más abyecta –“que se jodan”–, es casi un sarcasmo contentarse con afirmar que manca finezza (la del profesor Monti). Vuelva pues la inquietante pregunta: “¿hay alguna vía intermedia entre la tecnocracia y la demagogia?”

Es de desear que la haya y que, a pesar de todos los pesares, alguien piense en algún momento que no se puede echar por la borda la inquietud social que ha impregnado la política española desde la restauración democrática. Esa inquietud es un ingrediente más, y no menor, de la legitimación del poder, pero también es el único agarradero al alcance de los más vulnerables, porque su vida cotidiana depende de preservar el cumplimiento de las leyes que los protegen –el Estado del bienestar– y de la compasión de los poderosos y de quienes gobiernan, que no siempre coinciden en las mismas personas. Si alguien duda de que es este un imperativo categórico legitimador, que se remita al artículo publicado el último domingo por el profesor Reyes Mate y anote en un cuaderno: “Eso que unos autosuficientes ministros presentan como ‘valientes medidas que hay que tomar y que este Gobierno tomará’ (la vicepresidenta Soraya dixit) significa de hecho humillación para padres sin trabajo ante sus hijos, miseria en la familia, enfermedad para muchos, hambre en algunos casos, angustia, renuncia a proyectos de vida…”. ¿Alguien es capaz de ponerlo en duda sin recurrir al cinismo?